Sentencia SC10640-2014 de agosto 12 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad: 50001-31-10-002-2004-00017-01

Magistrado Ponente:

Dr. Jesús Vall de Rutén Ruiz

(Discutido y aprobado en sesión de nueve de junio de dos mil catorce)

Bogotá, D.C., doce de agosto de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones.

El documento que reclamó la atención del Tribunal y al que se refirieron varios de los declarantes en este proceso, fue aportado con la contestación de la demanda, en fotocopia autenticada (fl. 52, cdno. 1), por la codemandada S........ M....... S....... P.......; y en copia simple (fl. 159), por la codemandada D...... B............. S...... P........ Asimismo lo aportó, en fotocopia autenticada y con ocasión del testimonio que rindió, B........ N......... P...... P......, madre de las anteriores codemandadas y cónyuge de J...... S.......

Está suscrito por J...... S...... G..........., quien lo reconoció notarialmente el 9 de agosto de 2001. Lo dirigió a la Jefe de Admisiones del Instituto de Seguros Sociales, tiene dos notas de recibido, una manuscrita y otra mecánica (que incluye un logotipo y el nombre “Seguro Social”), ambas del 10 de agosto de 2001.

Reza así:

“De la manera más atenta y cordial me dirijo a usted para solicitar desafiliar a la señora B........ L... M....... P.......... O............ con cédula de ciudadanía 21.240.753 de Villavicencio quien es mi beneficiaria desde hace siete (7) años más o menos como mi compañera en unión libre de hecho; pero desde hace dos años aunque vivimos bajo el mismo techo no convive conmigo, ni la más mínima atención como por ejemplo lavado de ropa, cocción de alimentos muchos (sic) menos vida marital, sólo quedan como afiliadas y beneficiarias mis dos hijas menores D...... B............. S...... P....... y J........ K........... S...... P....... quienes ya están afiliadas.

No se ha podido llegar a un acuerdo para la terminación total de la sociedad en unión libre de hecho por falta de disponibilidad de diálogo de la mencionada señora.

Original autenticada en notaría para que tenga validez en todos los estamentos legales como el I.S.S, pensiones y beneficencia del Meta etc.”.

En el escrito presentado con ocasión del traslado de las excepciones (fls. 201 a 202), la demandante se refiere al mentado documento, no para tacharlo de falso o desconocerlo, sino para poner en entredicho la veracidad de lo que allí manifiesta J...... S...... y recalcar que dichas declaraciones, a más de ser unilaterales, no demuestran que se hubiese disuelto o terminado la unión marital de hecho. Tal argumento lo reitera en el alegato de conclusión (f. 419, c. 2) y en el que sustenta su recurso de apelación (fls. 29 a 39, c. 3), donde añade que el juzgado de primera instancia consideró el escrito, tácitamente, como una confesión extrajudicial. Y a partir de esa afirmación, en el mentado alegato de la apelación, resalta la impugnante que las declaraciones contenidas en el documento de desafiliación, distintas de las dirigidas a dicho propósito, se encaminan a fabricar una prueba, por cuanto su autor retrotrae la terminación de la unión marital dos años atrás, lo que trasgrede un principio esencial de la confesión, consistente en que el hecho admitido debe producir consecuencias adversas a quien lo acepta o favorables a la contraparte.

En el ataque por error de derecho contenido en el cargo, la impugnante se dirige a desmoronar el argumento del tribunal ofrecido por este en respuesta a la tesis de la confesión extrajudicial que planteó la impugnante en la apelación referido a que no se trata de una confesión sino de un documento privado no tachado de falso y reconocido implícitamente.

El anterior recuento luce procedente por cuanto debe partirse de un hecho irrebatible: las partes ni los jueces dudaron de la autenticidad del documento, esto es, existe en el proceso plena certeza de que J...... S...... lo suscribió y es su autor. Es lo que, por lo demás, expresa el numeral 1º del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, que indica que el documento privado es auténtico “1. Si ha sido reconocido ante el juez o notario…”, como en este caso aconteció.

De cara a esta conclusión, luce por entero impertinente arribar a la autenticidad del documento en mención, apelando a su reconocimiento implícito o con base en que no fue tachado de falso, eventos todos dirigidos a dotar de autenticidad un documento privado al que la ley no ha concedido ab initio tal atributo.

De lo anterior se desprende que el error de derecho de que trata la acusación, que a fin de cuentas se dirige a enervar de toda eficacia probatoria al mentado documento, no existe, aun cuando tampoco fue atinado el Tribunal al apelar al reconocimiento implícito para justificar la pertinencia de la estimación probatoria que el documento merecía, y por esa vía replicar un argumento de la apelación —el de contener una confesión extrajudicial— con base en normas ajenas al caso, disciplinado sí, por el mentado numeral primero del artículo 252 del Estatuto Procesal Civil.

2. Ahora bien, si la valoración del documento y su contenido, para el Tribunal “de singular importancia” (fl. 65, cdno. 3), es pilar fundamental del fallo y ha quedado en pie, las conclusiones que con base en él extrajo esa Corporación han de mantenerse aun si prosperaran los embates que a la prueba testimonial lanza la impugnación.

La jurisprudencia de esta Sala ha sido reiterativa en explicar que

“no solo es deber del recurrente echar a pique, en su integridad, los soportes en que se apoya la sentencia impugnada, sino que frente a cada uno de ellos debe, asimismo, combatir la totalidad de las pruebas con las que el ad-quem dio por acreditados los hechos relevantes, pues si alguna de ellas no es descalificada y por sí misma presta base sólida a la decisión judicial censurada, ésta quedará en pie y el fallo no puede infirmarse en sede de casación, resultando completamente intrascendente si se logra o no demostrar la existencia de desaciertos que el impugnante le imputa a la apreciación de otras pruebas, criterio por cierto acogido por la Corte en múltiples providencias en las cuales se afirma que "la acusación de un fallo por error de hecho manifiesto o error de derecho en la estimación de las pruebas no puede prosperar cuando se refiere a una o algunas, si las demás constituyen un soporte suficiente de la decisión" (G.J. T. CXLIII, pág. 146) (CSJ-SC 121-1995)”.

De acuerdo con lo anterior, si el tribunal dedujo del documento en cuestión que J...... S...... “muestra repulsa a una protección y por ende, su carencia de solidaridad hacia su compañera, lo que permite vislumbrar que su deseo era el de no continuar con dicha unión”; y si al enlazarlo con la prueba testimonial corrobora el ad quem la ruptura de la unión marital con la demandante y la reconciliación de J…... con quien fuera su esposa, para señalar que en agosto de 2001 tuvo lugar aquella, pues desde 1999(1), ese lapso “transcurrió sin pena ni gloria” (fl. 75, cdno. 3), tales conclusiones son intocables. En el último caso, además, porque, como se verá, no se estructura el error de hecho en la apreciación de los testimonios, como la censura lo afirma.

En efecto, el denodado esfuerzo de la recurrente por hilvanar con ostensible minuciosidad las diversas fisuras que estima se presentan en cada testimonio, resulta una tarea vana, pues, a más de quedar en pie la conclusión del tribunal obtenida a partir del documento cuya apreciación quedó incólume, tal laborío decae en una especie de contraposición del criterio de la impugnante con el que adoptó el sentenciador. Y ello dista mucho de la necesaria demostración del error de hecho, cuya característica más sobresaliente es la de que sea manifiesto, particularidad que separa y distingue a la casación de las instancias del proceso e impone que en esta sede se respete la prudente autonomía del tribunal en la valoración de las pruebas, salvedad hecha de una conclusión que desafíe los dictados de la lógica.

Precisamente, esa discreta autonomía del juzgador de instancia tiene cabal aplicación en la ponderación que, a la hora de sopesar el dicho de los testigos, debe otorgar a los detalles, las circunstancias fácticas y temporales que el declarante narra, su cercanía con los hechos a que alude, y por supuesto a su imparcialidad y credibilidad.

En tratándose de testigos tachados por sospechosos, nótese que el artículo 217 del Código de Procedimiento Civil, al describir qué personas lo son para declarar, deja al “concepto del juez”, esa calificación, a partir de la evaluación que haga de factores tales como el “parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus apoderados, antecedentes personales u otras causas”.

Acorde con lo anterior, los motivos y pruebas de la tacha se estimarán por el juez en la sentencia, pudiendo apreciar los testimonios sospechosos, de acuerdo con las circunstancias de cada caso (CPC., art. 218).

La anterior preceptiva denota, como se dijo, que en la evaluación de la sospecha, en el sistema procesal civil colombiano —en donde impera la sana critica como método de apreciación de las pruebas—, el juez goza de una libertad y autonomía en la que, a partir de la persuasión racional a la que llegue tomando en consideración cada prueba en particular y todas ellas en conjunto, se forme una idea que, en general, tiene como límite no rebasar el sentido común.

Aun así, en el camino de cotejar los yerros fácticos que la censura denuncia, con la lectura detenida de los testimonios, la Corte constata, que la deducción del tribunal consistente en que la pareja de esposos conformada por B........ N......... P......... y J...... S...... se reconcilió al final de la vida de este, quien además, años atrás, suspendió la convivencia marital con su compañera permanente y demandante, no tiene los ribetes de ser contraria a la evidencia del proceso. No son conclusiones probatorias contraevidentes, “juicios del sentenciador alejados de tal forma de la realidad del proceso, que resultan inexplicables o absurdos” (CSJ-SC-025-1995) y que, de ser trascendentes, conduzcan al quiebre del fallo.

Porque las declaraciones de parte de las codemandadas, cuya estimación ciertamente debía tomarse en lo que fuese desfavorable a ellas, pero que no recibió embate alguno por la vía adecuada (error de derecho), fueron examinadas por el Tribunal junto con las declaraciones de terceros y de familiares, a partir de lo cual halló afirmaciones similares o concordantes, con naturales lagunas e imprecisiones entre ellas, en episodios de menor valía, de lo cual se formó una idea que lo persuadió, junto con el documento a que se hizo mención.

Y no por el hecho de existir en el proceso otro grupo de testigos que afirmara que J...... S...... convivió como compañero permanente de la demandante hasta la fecha de su muerte, debe la Corte, cual tribunal de instancia, analizar al detalle, como lo propone la censura, el dicho de cada deponente, pues tal proceder sólo aquilataría la inexistencia de un error fáctico con el carácter de manifiesto o evidente.

Con la anterior advertencia, pone de presente la Corte, y sólo para realzar la inexistencia del yerro, relatos de varias declaraciones de las que tuvo en cuenta el Tribunal para llegar a la conclusión que adoptó.

Así, en su declaración B........ N......... P....... P...... (fls. 268 a 278, cdno. 2), madre de las demandadas y esposa de J...... S...... G..........., manifestó que su esposo se fue a vivir con la demandante a partir del año 1992 hasta 1999, año este en que “se rompió la relación que tenían ellos los dos”, para lo cual entrega al juzgado copia del oficio que J...... S...... dirigió al Instituto de Seguros Sociales, en el que indica que desafilia a B........ L... M....... P.......... O............. Dice la declarante que cinco meses antes de ese oficio, que lleva como fecha 8 de agosto de 2001, su esposo le había pedido que reanudaran su matrimonio a lo que ella contestó “que arreglara su situación con esa señora” y así, él trató por todos los medios de hacerlo, pero en vista de que no pudo lograrlo, “entonces fue cuando me entregó el oficio, que esa era una prueba que él tenía que no tenía nada con esa señora”. Agrega que “ya entregado este documento nosotros reanudamos nuestra relación a mediados de agosto de 2001, hasta el día de su fallecimiento”.

J.... A........... B............ L........... (fls. 309 a 314), amigo por 25 años de J...... S......, declaró, en relación con la convivencia de la pareja conformada por J....... S...... y B...... L.... M...... P........... que no creía mucho en ella “porque J...... S...... me invitó en el 2001, a lo que (sic) lo acompañara a los seguros, en esa época quedaba en el Banco Ganadero y Cafetero, porque iba a desvincular del seguro a una compañera que supuestamente le había vinculado al seguro, porque tenía más de dos años que esta señora no le servía como compañera para nada”.

O..... F............. P........... A........ (fls. 314 a 318, cdno. 2), quien da cuenta de la fecha y circunstancias en que conoció a J...... S...... (en 1983 cuando era administrador de una tipografía que elaboraba los resultados de la lotería de la Beneficencia, para la cual trabajaba el occiso), manifiesta que de la relación de éste con la demandante supo porque cuando B...... P..........., hacia 1990, llegó a la tipografía para ofrecer los servicios como vendedora, le preguntó por su esposo, a lo que respondió que se había ido de la casa. Agrega que “en los últimos días, los últimos meses de su existencia que fue en el 2003 en el año que falleció ya tenía yo conocimiento que J...... S...... había restablecido las relaciones matrimoniales con su esposa desde hacía aproximadamente dos años atrás”. El testigo detalla pormenores de los bienes inmuebles de los esposos, recuerda que por el año 2001 fue invitado por J...... S...... a una reunión que hizo en la casa del barrio Manantial para celebrar los 15 años de su hija D......, manifiesta que en 1998 o 1999 supo que había recibido maltratos de palabra y físicos por parte de B........ P......... y sus hijas.

A........ G........ D.. S........ (fls. 320 a 325), madre de J...... S......, se refiere en varias ocasiones a que supo de la reconciliación de su hijo con B...... P........... a raíz del maltrato que recibía de B........ L... M....... P.......... O........

H........ D.. J....... L............. A............ (fls 325 a 328), quien le vendió un lote al occiso y manifestó ser amigo de él por espacio de 25 años, relató que la última vez que habló con él en el año 2001, J...... S...... le había dicho que había vuelto a convivir con B...... P............

N...... R........ S..... G.........., hermana de J...... S......, indica que este alcanzó a vivir casi dos años con B...... P..........., que le consta por que iba a la casa de esta y “hacíamos reuniones en la casa de ella, ella es cristiana, hicimos una reunión a mi sobrina D...... B.............. que cumplió los 15 años en el 2001”.

En suma, resulta de lo dicho que la conclusión del tribunal tiene firme asidero en las pruebas testimoniales recaudadas, por lo que tampoco se configura el yerro fáctico que la censura le atribuye al juzgador, a resultas de lo cual, concluye la Sala en el fracaso del cargo.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 27 de junio de 2012 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, dentro del proceso de B........ L... M....... P.......... O....... contra J....... K............. S........ P......, D...... B............. y S........ M.......... S....... L......., en su condición de herederas determinadas de J...... S...... G........ y contra sus herederos indeterminados.

Costas a cargo de la recurrente. Para su liquidación la secretaría deberá tener en cuenta agencias en derecho por valor de $3.000.000, en vista de que el recurso no fue replicado.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

(1) Recuérdese que en la solicitud, de agosto de 2001, indica J.... S...... que “hace dos años” no conviven como compañeros permanentes.