Sentencia 2014-01464 de agosto 11 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.: 11001-02-03-000-2014-01464-00

SC10645-2015

Magistrado Ponente

Dr. Ariel Salazar Ramírez

(Aprobado en sesión de veinticuatro de junio de dos mil quince)

Bogotá, D.C., once de agosto de dos mil quince.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. En virtud del postulado de la exclusividad de la jurisdicción, los jueces de cada Estado son los únicos que, en principio, pueden proferir decisiones judiciales obligatorias al interior de sus respectivos países, pues de no ser ello así se violaría la soberanía nacional. De ahí que ninguna providencia dictada por jueces extranjeros tiene obligatoriedad ni ejecución forzada en Colombia, a menos que medie la autorización del órgano judicial competente, que según la Carta Política es la Corte Suprema de Justicia.

Esa excepción a la regla general se justifica en virtud de los principios de cooperación internacional y reciprocidad, en atención a los cuales es posible que a las sentencias dictadas en otras Naciones se les otorgue validez en la nuestra siempre y cuando en aquéllas se le reconozca valor al mismo tipo de providencias emanadas del poder judicial colombiano.

La reciprocidad diplomática con el Estado en el cual se profirió la sentencia se puede verificar con la existencia de tratados celebrados entre Colombia y esa nación, de modo que en su territorio se le otorgue valor a los fallos pronunciados por la jurisdicción colombiana. A falta de esos convenios, debe acreditarse que hay reciprocidad legislativa, la cual consiste, al tenor del artículo 693 del estatuto procesal, en la consagración en ambos países de disposiciones legales con igual sentido.

Sobre el particular, la Sala ha sostenido que «[E]n primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el país. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia».» (G.J. T. LXXX, p. 464, CLI, p. 909, ClVIII, p. 78 y CLXXVI, p. 309; CSJ, 4 May 2012, Rad. 2008-02100-00)

Además del anterior requisito, para que un fallo extranjero surta efectos vinculantes en nuestro país se requiere que se cumplan los presupuestos que reclama el ordenamiento legal interno, específicamente los contenidos en el Capítulo I del Libro V del Título XXXVI del Código de Procedimiento Civil.

El trámite del exequátur deberá ceñirse, por tanto, a la forma y términos establecidos en el artículo 695 ejusdem, y la providencia que se pretende se reconozca, deberá cumplir con los requerimientos previstos en el artículo 694 del mismo ordenamiento, cuyo numeral segundo señala que para que la sentencia extranjera pueda surtir efectos en nuestro país no se debe oponer «a leyes u otras disposiciones colombianas de orden público, exceptuadas las de procedimiento».

2. En el asunto que se analiza, la reciprocidad diplomática entre la República de Colombia y el Reino de España, que permite reconocer efectos a las decisiones judiciales pronunciadas en las causas civiles en las dos países, deviene del tratado bilateral celebrado el 30 de mayo de 1908, que se encuentra vigente e incorporado en el ordenamiento nacional mediante la Ley 7ª de ese año, el cual se allegó a la actuación por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores. [Folio 58]

El enunciado convenio establece en su artículo 1º lo siguiente: «Las sentencias civiles pronunciadas por los Tribunales comunes de una de las Altas Partes Contratantes serán ejecutadas en la otra, siempre que reúnan los requisitos siguientes: Primero. Que sean definitivas y que estén ejecutoriadas como en derecho se necesitaría para ejecutarlas en el país en que se hayan dictado; Segundo. Que no se opongan a las leyes vigentes en el Estado en que se solicite su ejecución».

A efectos de acreditar la ejecutoria de la decisión judicial, el señalado instrumento reclama que es necesario aportar «un certificado expedido por el Ministro de Gobierno o de Gracia y Justicia, siendo la firma de éstos legalizada por el correspondiente Ministro de Estado o de Relaciones Exteriores, y la de éste a su vez por el Agente Diplomático respectivo acreditado en el lugar de la legalización». [Artículo 2°]

El primer requisito contemplado en el referido tratado aparece cumplido, pues del documento que obra a folio 12 del expediente, emana con claridad que la decisión judicial sometida a homologación, se encuentra debidamente ejecutoriada, pues así lo hace constar la funcionaria competente del Ministerio de Justicia de España, en certificación que se apostilló con seguimiento de los requerimientos contenidos en la «Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros», suscrita en la ciudad de La Haya (Países Bajos) el 5 de octubre de 1961, a la cual Colombia adhirió el 27 de abril de 2000 y la aprobó mediante la Ley 455 de1998.

3. Ahora bien, para la procedencia de la homologación de la sentencia extranjera no resulta suficiente con que se haya demostrado la mencionada reciprocidad diplomática, sino que es necesario corroborar que la decisión que se somete al exequátur no contravenga el orden público, concepto sobre el que esta Corporación ha tenido la oportunidad de precisar que «no es más que la indispensable defensa de esos principios esenciales en los que está cimentado el esquema institucional e ideológico del Estado en aras de Salvaguardarlo». (CSJ SC, 8 Jul 2013, Rad. 2008-2099-00).

De ahí que la noción que se impone acoger es la de «orden público internacional», el cual habrá de ser atendido por el juez estatal cuando se trata del reconocimiento y la ejecución de una sentencia extranjera «sólo para evitar que una sentencia o ley extranjera tenga que ser acogida cuando contradice los principios fundamentales». (Ibídem)

La Corte ha enfatizado que en los trámites de exequátur «no existe inconveniente para un país [en] aplicar leyes extranjeras, que aunque difieran de sus propias leyes, no chocan con los principios básicos de sus instituciones. Sin embargo, cuando una ley extranjera o la sentencia que la aplica, se basan en principios no solo diferentes, sino contrarios a las instituciones fundamentales del país en que aquellas pretenden aplicarse, los jueces del Estado pueden, excepcionalmente, negarse a aplicar la ley o el fallo extranjero que se aparta de esa comunidad de principios», pues el significado del enunciado concepto en asuntos de esta índole se evidencia «la noción de orden público se evidencia en asuntos de esta índole como un mecanismo de defensa de las instituciones patrias impidiendo la grave perturbación que significaría la aplicación de una decisión de un juez o tribunal extranjero que socava la organización social colombiana. De ahí que en la materia deba estar plenamente clarificado que la sentencia cuyo exequátur se reclama no contraría el orden público nacional, ni hiere en forma grave aquellas normas del ordenamiento que son intangibles». (Ibídem)

En ese orden de ideas, únicamente una incompatibilidad grave entre el pronunciamiento jurisdiccional para el que se pide el exequátur y los principios fundamentales en que se inspira la normatividad nacional, podría dar lugar a que aquélla no fuera objeto de homologación, pues al fallador, como asunto propio de su decisión, tan solo le corresponde verificar si la aludida determinación se opone o no a los pilares de las instituciones jurídicas patrias.

A ese propósito, se corrobora que el procedimiento de adopción fue promovido por quien está unido en matrimonio a la madre de la menor adoptada, previo el asentimiento de esta última, cuya prueba se mencionó en el proveído dictado dentro de dicha causa, documento al que, por su incorporación a este trámite en copia debidamente legalizada, se le debe reconocer valor probatorio y la mención del juzgado de conocimiento sobre que el mismo se aportó al proceso de adopción ha de tenerse por cierta, pues proviene de autoridad competente y no obra prueba que desvirtúe tal aserto, lo que, de contera, hace suponer que se cumplió debidamente el requisito de contar con la aquiescencia de la madre biológica de X X X X X X X X X X X X, nacida en Bucaramanga (Santander).

En la providencia objeto de convalidación, se hizo referencia al cumplimiento de las disposiciones legales relativas a la capacidad del adoptante y «prestando el consentimiento de las personas prevenidas en el Artículo 177 del mismo Cuerpo Legal», esto es, el adoptante, el adoptado y la progenitora de éste; sumado a que en concepto del Ministerio Fiscal debía decretarse la adopción reclamada.

Además, se advierte que la relación que surge entre el adoptante y su hijo adoptivo, conforme a la Sección Segunda de Código Civil Español, que obra a los folios 94 a 98, y que se arrimó a costa de los interesados, en copia auténtica, es similar a la que se establece en el derecho colombiano.

De igual forma, entre el adoptante y su hijo adoptivo existe una diferencia de edad de más de 20 años, pues el nacimiento de aquél data de 1961 y el del adoptado de 2004, como se desprende de la sentencia objeto de homologación respecto del primero y del registro civil de nacimiento del segundo.

Significa lo precedente que se satisfacen los requerimientos que, sobre el particular, contemplaba la regulación contenida en el Código del Menor, previstos ahora en la Ley de la Infancia y la Adolescencia, toda vez que la niña X X X X X X X fue adoptada por el cónyuge de su madre biológica, lo que también se permite en Colombia, para lo cual se contaba con la anuencia de esta última y en virtud de la determinación adoptada, el lazo filial se estableció en forma concordante con la normativa patria.

4. Finalmente, en lo que respecta al requisito dispuesto en el numeral 3° de la norma precitada, impone destacarse que al plenario se allegó copia debidamente ejecutoriada y legalizada de la aludida providencia, como enseguida se explica.

Se cumplen los requisitos de apostilla, como lo reglan, en su orden, la Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961, y el artículo 260 del Código de Procedimiento Civil. Además, la decisión está en firme, de conformidad el Convenio suscrito entre Colombia y el Reino de España tal y como puede extraerse de las pruebas allegadas al expediente.

En otra oportunidad, la Corte indicó que:

En el año 1998 a través de la ley 455, se aprobó la ‘Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros’, suscrita en la Haya el 5 de octubre de 1961, mediante la cual se introdujeron modificaciones que consistieron, esencialmente, en sustituir la autenticación Diplomática o a través de Cónsul, por la colocación de un sello de apostilla, rigiendo en los términos previstos en ella y respecto de los países suscriptores.

Luego, en la actualidad, la legalización de documentos públicos – incluidos los que emanan de autoridad o funcionario relacionado con las cortes o tribunales de un Estado-, provenientes del extranjero y a que alude la mentada convención de la Haya, se surte agotando ese sencillo procedimiento, dejando reservadas las exigencias a que se contrae el artículo 259 del C. de P. C., para los documentos que no reúnen las condiciones que allí se mencionan.

5. Así las cosas, de lo consignado se colige que la sentencias de la cual la parte actora pretende surta efectos en el país, la que alcanzó ejecutoria de conformidad con la ley de la nación de origen y se presentó ante la Corte en copia debidamente autenticada y legalizada, no compromete el orden público, pues la decisión contenida en dichos proveído no es contraria a los principios en los que se inspiran las disposiciones legales que disciplinan el instituto jurídico de la adopción.

Adicional a lo anterior, constata esta instancia que el objeto del referido pronunciamiento no es de competencia exclusiva de los jueces colombianos, y no obra prueba de que en el territorio nacional exista proceso en curso.

6. Con fundamento en las precedentes motivaciones, procede el reconocimiento de efectos jurídicos a la determinación jurisdiccional sometida al presente trámite.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONCEDER el exequátur de la providencia dictada el dieciséis de marzo de dos mil once por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción No. 5 de Talavera de la Reina, España , que aprobó la adopción de la menor X X X X X X X X X X, en adelante X X X X X X X X X.

2. Para efectos de los artículos 6°, 10, 11, 22 y 60 del Decreto 1260 de 1970, en concordancia con los artículos 1º y 2º del Decreto 2158 de 1970, se ordena inscribir esta decisión junto con el fallo homologado, en el folio del registro civil de nacimiento del adoptado. La secretaría libre las comunicaciones a que haya lugar.

Sin costas en el trámite.

Notifíquese y cúmplase».