Sentencia SC10699-2016/2013-00945 de agosto 5 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Radicación n°. 11001-0203-000-2013-00945-00

Magistrado Ponente

Dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo

Aprobada en sesión de quince de junio de dos mil dieciséis

Bogotá, D.C., cinco de agosto de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

1. De conformidad con el artículo 1° del Acuerdo PSAA15-10392 del Consejo Superior de la Judicatura, que pone «en vigencia en todos los distritos judiciales del país el día 1° de enero de 2016, íntegramente», el Código General del Proceso.

En el presente asunto se tendrán en cuenta las reglas en tránsito legislativo previstas en el artículo 625 ídem, que en sus numerales 1 a 4 determina patrones especiales para los procesos ordinarios, abreviados, verbales de mayor y menor cuantía, verbales sumarios y ejecutivos. Y en lo referente a otros asuntos, precisó en los numerales 5 y 6 que:

5. No obstante lo previsto en los numerales anteriores, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. 

6. En los demás procesos, se aplicará la regla general prevista en el numeral anterior. 

Lo anterior permite concluir que al no existir una referencia concreta al exequátur en los numerales 1 a 4 de la norma anotada, este queda inmerso dentro del transcrito numeral 6º, razón por la cual se tendrán en cuenta las pautas que establecía el Código de Procedimiento Civil, para decidir el caso bajo examen, por ser las aplicables al momento en que se inició el presente trámite.

2.-En ejercicio de la soberanía, los jueces patrios son los únicos investidos para administrar justicia en el territorio colombiano, en virtud de los postulados normativos vigentes. En consecuencia, bajo este principio son los jueces nacionales los únicos encargados de impartir justicia.

Sin embargo, este principio no es absoluto, ya que ha sido morigerado con miras a atender requerimientos impuestos por el aumento de relaciones sociales, económicas y familiares que se presentan en el mundo contemporáneo y globalizado; por lo tanto, estas relaciones trascienden hoy en día las fronteras de los Estados.

En tal contexto, el ordenamiento jurídico colombiano ha aceptado que las sentencias y providencias pronunciadas por las autoridades judiciales extranjeras, puedan surtir efectos en nuestro país, siempre y cuando cumplan con los contenidos exigidos por el artículo 693 del Código de Procedimiento Civil, el cual consagra dos sistemas de reconocimiento, principalmente, el de reciprocidad diplomática y, a falta de esta, el de reciprocidad legislativa. De ahí, que sea necesario demostrar uno de estos dos aspectos para que tengan fuerza dichas providencias en Colombia.

En cuanto al primer sistema, esto es, la reciprocidad diplomática, la Sala ha sostenido que:

“(…) atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el país”.(G. J. t. LXXX, pág. 464, CLI, pág. 69, CLVIII, pág. 78 y CLXXVI, pág. 309 entre otras)-(CSJ SE, 18 dic. 2009, rad. 2008-00315-00; 11 ene. 2011, rad. 2007-00499-00; 8 nov. 2011, rad. 2009-00219-00; 19 dic. 2012, rad. 2011-00579-00 y 21 feb. 2014, rad. 2008-01175-00).

Y en lo tocante a la reciprocidad legislativa ha dicho que:

“(…) opera en ausencia de derecho convencional, [acogiendo] normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia (…)” (ibídem).

3.-En el caso que ocupa la atención de la Corte, se pide autorizar efectos legales en el territorio nacional a la providencia de 20 de julio de 2010, complementada el 09 de noviembre de 2011, proferida por el Juzgado de Primera Instancia n° 2 de Benavente, del Reino de España, mediante la cual se aprobó la adopción del niño Julián Andrés Olano Montoya, de nacionalidad colombiana, por parte del ciudadano español Juan Carlos Ares González. Por lo tanto, le corresponde a la Sala verificar si se dan los presupuestos previstos en los artículos 693 y 694 ídem.

Para lo anterior, se emprendió inicialmente el examen a confirmar, si entre la República de Colombia y el Reino de España existe reciprocidad diplomática.

En ese orden de ideas se obtuvo que, el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante oficios S-GTAJI-14-008339 y S-GTAJI-14-045694 informó que entre los Gobiernos de Colombia y el Reino de España se firmó el «Convenio sobre Ejecución de Sentencias Civiles», en la ciudad de Madrid el 30 de mayo de 1908, el cual se halla en vigor desde el 16 de abril de 1909, remitiendo copia auténtica de este (fls. 50 y vto. y 51, 58 al 60 vto.).

Dicho instrumento consigna lo siguiente en su artículo 1:

Las sentencias civiles pronunciadas por los Tribunales comunes de una de las Altas Partes contratantes, serán ejecutadas en la otra, siempre que reúnan los requisitos siguientes:

Primero. Que sean definitivas y que estén ejecutoriadas como en derecho se necesitaría para ejecutarlas en el país en que se hayan dictado. 

Segundo. Que no se opongan a las leyes vigentes en el Estado en que se solicite su ejecución. 

En relación con el artículo 2, establece:

La primera de las circunstancias a que se refiere el artículo anterior, se comprobará por un certificado expedido por el Ministro de Gobierno o de Gracia y Justicia, siendo la firma de éstos legalizada por el correspondiente Ministro de Estado o de Relaciones Exteriores y la de éste a su vez por el Agente Diplomático respectivo acreditado en el lugar de la legalización. 

Por último el artículo 3 señala:

Antes de ejecutarse la sentencia deberá oírse al Ministerio Público o Fiscal de acuerdo con las leyes de cada uno de los dos países contratantes, y contra el auto o sentencia que dictare el Tribunal requerido, no podrá interponerse apelación. 

Establecido el punto relativo a que entre Colombia y el Reino de España, existe reciprocidad diplomática, a continuación se revalidará la procedencia de la homologación solicitada, confrontando el cumplimiento de los requisitos dispuestos para dicho efecto en el instrumento bilateral.

a.-)En lo concerniente a la primera exigencia estipulada en el aludido acuerdo, se tiene que los interesados aportaron copia auténtica de la providencia de 20 de julio de 2010, complementada el 09 de noviembre de 2011, proferida por el Juzgado de Primera Instancia nº. 2 de Benavente, Reino de España, mediante la cual se acordó la adopción de Julián Andrés Olano Montoya por Juan Carlos Ares González, acompañada de la prueba de su ejecutoria, según da cuenta la constancia de firmeza expedida por la Subdirectora General Adjunta de Cooperación Jurídica Internacional de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia del Reino de España, que informa lo siguiente:

Que conforme al artículo 2º del Convenio sobre Ejecución de Sentencias Civiles entre España y Colombia, hecho en Madrid el 30 de mayo de 1908 (Gaceta de Madrid de 18 de abril de 1909), la Secretaria Judicial del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Benavente, hace constar que, la sentencia dictada por auto 295/10 de ese Juzgado el 20 de julio de 2010, acordando la adopción de los menores Katerine Olano Montoya y Julián Andrés Olano Montoya por Juan Carlos Ares González es firme (fl. 9 y vto.).

Los documentos anunciados fueron adosados con las respectivas apostillas, conforme lo previene la Ley 455 de 1998(6) (fls. 2 al 9 vto.).

b.-)En lo referente al segundo requisito relativo a que la providencia no se oponga a normas de orden público vigentes en el territorio nacional, se advierte que la decisión de adopción se ajusta al ordenamiento positivo patrio referente a la materia, el cual se encuentra recogido en los artículos 63 y ss. de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia), comoquiera que se trató: (i) del acogimiento de un menor de edad, pues, Julián Andrés para esa fecha contaba con 13 años de edad; (ii) el adoptante es cónyuge de la progenitora del adoptado; (iii) el Ministerio Fiscal emitió concepto favorable al respecto; (iv) Glady Helena Montoya Bermúdez estaba legalmente facultada para expresar el beneplácito en la medida en que ejercía en forma exclusiva la patria potestad de su hijo, por cuanto el padre biológico del menor falleció el 17 de septiembre de 2001, como se acredita con el registro civil de defunción de César Julio Olano Osorio (fls. 2 al 7 y 15); y (v) el menor adoptado manifestó(7)(8) su interés en la adopción ante la autoridad judicial cognoscente(9).

Ahora confrontando lo enunciado con el proveído materia de estudio, proferido por la autoridad judicial del Reino de España, estimó cumplidos los requisitos prescritos; partiendo de la base que: En los artículos 175, numeral 1º, 176, numeral 2º y 177 del Código Civil de dicho país(10), los cuales en su orden, consagran: (i) el adoptante sea mayor de 25 años, o por lo menos, tenga 14 años más que el adoptado; (ii) se atienda el interés del adoptado y la propuesta previa de la entidad pública, no obstante esta última no se requiere cuando el adoptado sea hijo del consorte del adoptante; y (iii) el consentimiento del adoptando mayor de 12 años y de su progenitora, expresando al respecto que; «habiéndose cumplido todos estos preceptos, habida cuenta el informe favorable del Ministerio Fiscal, (…), así como teniendo en cuenta la audiencia a los menores (…) y Julián Andrés Olano Montoya en que manifestaban su interés en la adopción, así como el consentimiento de la madre de los menores, el fallecimiento de su padre biológico, y habida cuenta de que los mismos llevan conviviendo con el solicitante desde que su madre contrajera matrimonio con este último, y asumido desde entonces el papel de padre, procede acordar la adopción solicitada» (fls. 2 al 5).

c.-)Por otra parte en cuanto hace referencia al concepto del Ministerio Público colombiano, las Delegadas de la Procuraduría General de la Nación, para Asuntos Civiles y para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, como se ha firmo anteriormente, no se opusieron a la concesión de la autorización.

Sin embargo, en atención a la solicitud de la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, en cuanto observar los tratados internacionales en la materia se compruebe la «existencia de tratados o convenios relativos a la reciprocidad sobre el reconocimiento de sentencias extranjeras en este tema», por otra parte, se precisa que aun cuando Colombia y el Reino de España suscribieron el «Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopciones Internacionales»(11), en el presente caso no tiene viabilidad su aplicación(12), pues, no se cumplen los presupuestos para ello. En efecto, en el plenario no hay prueba que permita inferir que el desplazamiento del niño Julián Andrés hacía el Reino de España se produjo a causa del acogimiento, así como tampoco existe evidencia de la intervención del órgano central colombiano en dicho trámite de jurisdicción voluntaria, por cuanto la solicitud de adopción fue directamente incoada por el adoptante ante la autoridad judicial del Reino de España(13).

A esta altura de la providencia por darse los requisitos de la reciprocidad diplomática, no será necesario abordar el de reciprocidad legislativa; consecuentemente, se estudiaran los demás presupuestos requeridos para el éxito de la solicitud.

4.-Siguiendo las exigencias del estatuto de procedimiento civil(14), se precisa que el asunto no es de competencia exclusiva de la justicia colombiana, así como no hay prueba de que exista proceso en curso ni sentencia en firme de los jueces nacionales sobre el mismo caso. Por las razones expuestas se dan los presupuestos previstos en los artículos 693 y 694 ídem.

5.-Con apoyo en lo discurrido, se concluye que se encuentran reunidos los requisitos sustanciales y formales para acceder al exequátur suplicado.

IV. DECISIÓN 

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrado justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1.CONCEDER el exequátur a la sentencia de 20 de julio de 2010, complementada el 9 de noviembre de 2011, proferida por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Benavente, Reino de España, mediante la cual aprobó la adopción del niño JULIÁN ANDRÉS OLANO MONTOYA por parte de JUAN CARLOS ARES GONZÁLEZ.

2.ORDENAR la inscripción de esta providencia, junto con la sentencia reconocida, para los efectos legales previstos en los artículos 6°, 106 y 107 del Decreto 1260 de 1970, 1 y 2 del Decreto 2158 de 1970 y 13 del Decreto 1873 de 1971, en el folio correspondiente al registro civil de nacimiento de Julián Andrés Olano Montoya. Por Secretaría líbrense las comunicaciones pertinentes.

3. Disponer que en la publicación que de esta providencia haga la Relatoría de la Sala, se guarde reserva de la identidad de los intervinientes.

4. Sin costas en la actuación.

Notifíquese y cúmplase»,

Magistrados: Álvaro Fernando García Restrepo, Presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco—Fernando Giraldo Gutiérrez, (Ausencia Justificada)—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Luis Alonso Rico Puerta—Ariel Salazar Ramírez, (Ausencia Justificada)—Luis Armando Tolosa Villabona.

6 Ley 455 de 1998. Por medio de la cual se aprueba la «Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros», suscrita en la Haya el 5 de octubre de 1961.

7 Artículo 26 de la Ley 1098 de 2006. «Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a que se les apliquen las garantías del debido proceso en todas las actuaciones administrativas y judiciales en que se encuentren involucrados».

8 Ley 12 de 1991, introductoria de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Artículo 12. 1. «Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional».

9 CC T-276/12 «en resumen, el derecho de todo niño, niña o adolescente a ser escuchado y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta, conlleva la obligación del Estado de garantizar espacios dentro de los procesos judiciales y administrativos para que puedan ejercer su derecho de forma libre, así como la obligación de las autoridades de efectivamente oír las opiniones y preocupaciones de los niños, valorarlas según su grado de madurez y tenerlas en cuenta a la hora de tomar decisiones que les conciernan».

10 El texto de las normas sobre adopción, artículo 175 y ss. del Código Civil Español fue incorporado al presente trámite, conforme fuera ordenado en autos de 13 de junio de 2014 y 9 de abril de 2015 (f. 54, 55, 81 al 91 y 94).

11 Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopciones Internacionales de la Haya de 29 de mayo de 1993, suscrito por el Reino de España el 27 de marzo de 1995 y confirmado el 11 de julio del mismo año, entrando a regir desde el 1º de noviembre siguiente; por su parte, Colombia adhirió al mismo y lo introdujo al ordenamiento interno mediante Ley 265 de 1996, declarada exequible mediante sentencia C-383/96, cuyo instrumento de ratificación se depositó el 13 de julio de 1998, encontrándose vigente desde el 1º de noviembre del mismo año (CSJ SE de 19 dic. 2011, rad, 2008-00029-00).

12 Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional. Artículo 2. «1. La Convención se aplica cuando un niño con residencia habitual en un Estado contratante (“el Estado de origen”) ha sido, es o va a ser desplazado a otro Estado contratante (“el Estado de recepción”), bien después de su adopción en el Estado de origen por cónyuges o por una persona con residencia habitual en el Estado de recepción, bien con la finalidad de realizar tal adopción en el Estado de recepción o en el Estado de origen. 2. La Convención sólo se refiere a las adopciones que establecen un vínculo de filiación».

13 F. 2.

14 Código de Procedimiento Civil. Artículo 694 numerales 4 y 5.