Sentencia SC10808-2015 de agosto 13 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC10808-2015

Radicación 4700131030042006-00320-01

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Giraldo Gutiérrez

Bogotá, D.C., trece de agosto de dos mil quince.

(Discutido y aprobado en Sala de 2 de junio de 2015)

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la demandada contra la sentencia de 28 de agosto de 2013, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, dentro del proceso ordinario promovido por Pedro Pablo Melo y Dilma Cecilia Díaz Cantor, esta en nombre propio y en representación de sus menores hijos Cristhine Valeria Melo Díaz y Miguel Ángel Melo Díaz, frente a la Electrificadora del Caribe S.A. ESP “Electricaribe”.

I. El Litigio

1. Los actores pidieron declarar que la convocada es civilmente responsable de la muerte de Yovanny Melo Correa, ocurrida el 23 de noviembre de 2005 “por la irresponsabilidad en la transmisión de energía” y la violación de “la obligación de seguridad”. Consecuentemente, solicitaron condenarla a indemnizarles los perjuicios materiales, morales, “fisiológicos o de vida de relación” y “psicológicos”, por “el valor que se establezca con peritos idóneos”, estimado en la demanda en suma “superior a trescientos millones de pesos ($300.000.000)”, fls. 4 a 7 del cdno. 1.

2. La causa petendi admite el siguiente compendio (fls. 3 y 4 ibíd):

a) Yovanny Melo Correa trabajaba en la Policía Nacional como patrullero adscrito a la Dirección Antinarcóticos, devengando un salario mensual de novecientos ochenta y cuatro mil pesos ($984.000), con el que sostenía a su familia.

b) Nació en 1975, estaba casado con Dilma Cecilia Díaz Cantor y era padre de Cristhine Valeria y Miguel Ángel Melo Díaz, de cinco y un año de edad, respectivamente.

c) El 23 de noviembre de 2005, mientras disfrutaba de sus vacaciones, subió al techo de la casa Nº 10 de la Manzana E 1 del barrio La Concepción III, de la mencionada ciudad, cuando lo atrajo y alcanzó un cable de alta tensión sin forrar, y tras la descarga fue arrojado al suelo, sufriendo contusiones y quemaduras.

d) Su progenitor, Pedro Pablo Melo, quien residía en dicha vivienda, le recogió y llevó a la Clínica Nuestra Señora del Rosario, sitio al que llegó sin vida.

e) Medicina Legal dictaminó como causa del deceso, “electrocución por alto voltaje”.

f) El “cable” de trece mil doscientos (13.200) voltios estaba sin cubrir y a ochenta (80) centímetros del tejado, por lo que Electricaribe S.A. ESP actuó con negligencia e imprudencia, al transmitir la energía a una distancia no permitida.

g) Yovanny era hasta el instante del siniestro la persona que se encargaba del sostenimiento económico del hogar que conformaba con Dilma Díaz y sus pequeños.

3. La admisión del libelo se notificó a la enjuiciada, quien se opuso a las pretensiones y adujo las excepciones de mérito de “rompimiento del nexo causal por culpa exclusiva de la víctima” y “hecho de un tercero” (fls. 46 a 49 ib).

4. El juzgado de conocimiento rechazó el llamamiento en garantía al propietario del inmueble en el que se produjo el accidente; determinación ratificada por el superior (fls. 13 a 18 del cdno. de apelación 1).

5. La sentencia de primera instancia:

a) Declaró civil y extracontractualmente responsable a la accionada del insuceso.

b) Ordenó pagar, por daño moral:

1. Veinte millones de pesos ($20.000.000) para Dilma Cecilia Díaz Cantor, en su calidad de esposa.

2. Veinticinco millones de pesos ($25.000.000) a favor de cada uno de los hijos y de Pedro Pablo Melo, padre del difunto.

c) Desestimó la condena por los perjuicios materiales, e

d) Impuso costas a la electrificadora (fls.189 a 202 ejúsdem).

6. La alzada interpuesta por ambas partes fue desatada mediante fallo que (fls.108-130 cdno. 2):

a) Confirmó lo relacionado con la declaración de responsabilidad y gastos del pleito.

b) Modificó lo atinente a lesión extrapatrimonial, en el sentido de precisar que lo otorgado por ese concepto a los menores asciende, per cápita, a cincuenta y cinco millones de pesos ($55.000.000).

c) Revocó lo tocante al detrimento patrimonial, para a cambio conceder:

1. A título de lucro cesante consolidado:

(i) Setenta millones trescientos treinta y un mil ochocientos treinta y cinco pesos ($70.331.835) a Dilma Cecilia Díaz Cantor.

(ii) Catorce millones setenta y dos mil setecientos treinta y nueve pesos ($14.072.739) para Pedro Pablo Melo, y

(iii) Veintiocho millones ciento treinta y dos mil setecientos treinta y cuatro pesos ($28.132.734) a cada uno de los descendientes.

2. Como lucro cesante futuro:

(i) Ciento nueve millones ochocientos cuarenta y ocho mil setecientos ochenta y nueve pesos ($109.848.789) para la cónyuge.

(ii) Once millones seiscientos ochenta y siete mil quinientos veintinueve pesos ($11.687.529) a favor del progenitor.

(iii) Veinticuatro millones quinientos cincuenta y seis mil quinientos treinta y nueve pesos ($24.556.539) en beneficio de Christhine Valeria Melo Díaz, y

(iv) Veintiocho millones novecientos diecinueve mil cuatrocientos noventa y seis pesos con nueve centavos ($28.919.496.09) en pro de Miguel Ángel Melo Díaz.

II. Fundamentos del fallo impugnado

En breve, son los siguientes

1. Están colmados los presupuestos de ley, y no se observa motivo que pueda restarle validez a lo actuado.

2. La juzgadora de primera instancia halló configurados los elementos que estructuran la responsabilidad civil extracontractual, a saber: hecho, daño y nexo causal.

3. La discusión en segundo grado se circunscribe al último presupuesto, por cuanto en su alzada la convocada se queja de no haberse tenido en cuenta la conducta imprudente de la víctima cuando subió el techo de la edificación, aún percatándose de la ubicación de las líneas de transmisión de corriente.

4. No se disputa que el objeto social de la accionada sea la conducción de energía eléctrica, actividad que la jurisprudencia de la Corte ha definido como “peligrosa”, por lo que incumbe a ella probar que en la producción del perjuicio influyó un elemento extraño.

5. En el expediente se evidencia que para la fecha del accidente, 23 de noviembre de 2005, Electricaribe ya venía explotando su “objeto”, dado que en respuesta al hecho séptimo de la demanda acepta la distribución y comercialización de energía sólo para sus clientes, “pero sin negar que se la suministrara al inmueble en que acaeció el siniestro”, de donde surge que le correspondía controlar el riesgo de su ejercicio mercantil, sin importar quién ubicó las redes, cuál era la entidad encargada de verificar el cumplimiento de las normas sobre esa materia o qué autoridad otorgaba las licencias de construcción urbana, porque la titularidad de los cables estaba y sigue estándolo en la accionada.

6. Para la convocada está acreditado con el libelo introductor (hecho 2) y las declaraciones de Dilma Díaz Cantor y José Armando Sánchez, que la responsabilidad del percance fue de la víctima, pero lo cierto es que tal segmento del pliego inicial no pone de presente el reconocimiento de culpa ninguna, y a los dos testigos poco valor se les puede conferir por ser “relatos de oídas”.

Quienes sí estuvieron presentes en el lugar y momento del insuceso, Pedro Pablo Melo y Sandra Milena Sanguino Galvis, pueden dar fe de lo realmente ocurrido porque en ese momento no permanecían en la terraza, de manera que tampoco esclarecen si el occiso se agarró o no de las cuerdas.

Incontrovertida es la muerte de Yovanny Melo Correa por una descarga eléctrica, cuando subía al techo de la residencia de su progenitor; lugar en el que, además, se practicó una inspección judicial, observándose las líneas de corriente a una altura entre cincuenta centímetros y un metro, lo que ratificó el perito ingeniero al explicar de forma clara, coherente y precisa, que el cableado puesto al servicio de ese inmueble no guardaba la distancia mínima exigida por el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas —RETIE—.

Con esa evidencia, aún aceptándose en gracia de discusión que Melo Correa se asió al alambrado, no podría configurarse el elemento extraño alegado, toda vez que todo se suscitó por la indebida “alineación” de las redes, pues, de no haber estado allí,

“no habrían generado el resultado funesto cuando la víctima se encontraba en el techo para desarrollar la noble tarea de detectar la gotera que afectaba la casa en la que vivía su anciano padre, actitud que puede asumir cualquier ser humano ante una similar situación, y que en manera alguna puede catalogarse como imprudente, menos aún si quien desarrolla esa tarea era un patrullero antinarcóticos de la Policía Nacional, joven aún, quien, por tanto, dado su oficio, debía tener destrezas para desplazarse en las alturas”.

Basta recordar que la fuente de peligro la controla quien saca provecho del mismo, de manera que la empresa no podía contentarse con una actitud reactiva frente al riesgo, ya que era de su resorte detectar la irregularidad para corregirla a tiempo, máxime cuando el legislador, artículos 28 y 135 de la Ley 142 de 1994, impone a las entidades prestadoras de servicios públicos “el control, mantenimiento y reposición tanto de las redes de su propiedad, como de las de los particulares”.

En consecuencia, al margen de cuándo se construyó el inmueble, y de cómo se expidió su licencia de construcción (Planeación sólo respondió lo atinente al barrio), no son de recibo los argumentos de la accionada para liberarse de su obligación resarcitoria, por cuanto

“no es la imprudencia de la víctima la detonante del insuceso, ni siquiera proporcionalmente (…) porque pese a su presencia en el techo para arreglar la gotera, el riesgo se materializó, itérase, por las redes energizantes indebidamente situadas; el comportamiento del señor Melo Correa no fue, pues, influyente o decisivo en semejante resultado”.

7. El reconocimiento del daño moral fue a favor de la cónyuge, los hijos y el padre del fallecido, de modo que las reglas de la experiencia indican que la muerte irrogó en ellos una aflicción y congoja cierta y directa en su estabilidad emocional, que amerita una indemnización, por lo que no se avizora el yerro que en la apelación de la sociedad se le endilga al a-quo en este sentido, más cuando la primera instancia se fincó en “la indiscutida relación marital y de consanguinidad que los liga con quien por causa del hecho dañoso desapareció de sus vidas, que está debidamente soportada con los registros civiles allegados en esta instancia”. Si la convocada pretendía eludir la sanción por dicho rubro, debió probar que los gestores no padecieron el daño, o que entre ellos existía un desapego que rompía con los “estereotipos del amor que se profesan” los miembros de la familia.

Los actores piden aumentar la condena por ese aspecto, a lo que debe decirse que su tasación, según la jurisprudencia, es cuestión que se ha dejado al prudente arbitrio del juzgador, atendiendo las circunstancias del caso concreto, la magnitud de la lesión y los lineamientos trazados por la Corte.

A la luz de esos parámetros, el quántum de lo otorgado a la esposa y al padre del occiso no es desproporcionado, porque siendo mayores de edad tuvieron más tiempo para disfrutar de ese familiar, cosa que no ocurre con los hijos, que por su tierna edad se ven más afectados, al desvanecerse la figura paterna, de manera que la condena, por el señalado concepto, para cada uno de los niños se incrementará a cincuenta y cinco millones de pesos ($55.000.000).

8. Las súplicas en torno a los perjuicios materiales se desestimaron en el fallo reprochado con sustento en que no se demostró la sujeción económica de los reclamantes con el fallecido, conclusión inexplicable conforme lo previsto en el artículo 411 del Código Civil, que consagra la obligación alimentaria para el esposo, los descendientes y los ascendientes.

Además, la dependencia de los peticionarios para con el occiso se infiere de los testimonios de Jorge Armando Sánchez, Manuel José Sanguino Abril y Sandra Milena Sanguino Galvis, a lo que se agrega que los registros civiles de nacimientos y matrimonio allegados en copia simple a la primera instancia, se recogieron en reproducción auténtica en la apelación, por virtud de los medios de persuasión de oficio ordenados.

Los ingresos percibidos por el accidentado como patrullero de la Policía Nacional ascendía a un millón ciento setenta y tres mil novecientos ocho pesos con treinta centavos ($1.173.908,30), suma que sirve de base para calcular los daños patrimoniales, descontado el veinticinco por ciento (25%) que se presume la víctima destinaba para sus gastos personales.

Para especificar el lucro cesante se tiene en cuenta que: Melo Correa contaba con treinta años; su expectativa de vida era de cincuenta punto tres más; los beneficiarios de la indemnización son cuatro; la distribución se hace en un cincuenta por ciento (50%) para la cónyuge, diez por ciento (10%) para el progenitor y veinte por ciento (20%) a favor de cada hijo; y la proyección en el tiempo frente a estos últimos va hasta cuando cumplan veinticinco años.

III. La demanda de casación

Contiene tres ataques: los dos iniciales sustentados en la causal primera, vía indirecta, errores de hecho en la apreciación de las pruebas, y el restante apoyado en el motivo segundo del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil. Se empezará el estudio con el planteado en último lugar, por referirse a un yerro in procedendo, y después se evaluarán, conjuntamente, los otros dos relativos a error in iudicando, por servirse de fundamentos comunes.

Tercer cargo

Con base en la causal segunda de casación, acusa la sentencia del Tribunal de ser incongruente, por “extra petita”.

Le sirven de fundamento las razones que se pasan a exponer:

1. Al cuantificar el daño patrimonial, el ad-quem sostuvo que la distribución del ingreso proyectado de la víctima “se hará en un cincuenta por ciento (50%) para la cónyuge, un diez por ciento (10%) para el progenitor y un veinte por ciento (20%) para cada uno de los hijos”.

2. Como resultado, condenó a la convocada a pagar a favor de Pedro Pablo Melo catorce millones setenta y dos mil setecientos treinta y nueve pesos ($14.072.739) por lucro cesante consolidado y once millones seiscientos ochenta y siete mil quinientos veintinueve pesos ($11.687.529) como lucro cesante futuro.

3. La demanda no incluyó una pretensión específica para que se le dieran perjuicios materiales al padre del accidentado, ya que si se revisa el acápite correspondiente a “Daños o perjuicios materiales”, donde se concreta la aspiración, se observa con claridad que tales rubros sólo fueron peticionados respecto de la cónyuge y sus dos hijos, dejando por fuera a Pedro Pablo Melo.

4. Lo anterior no corresponde a un error de mera enunciación, pues, en el apartado en comento se indicó que para efectos de la condena el salario del occiso debía repartirse el “50% cónyuge o sea $595.320” y “50% para los hijos o sea $595.320”.

5. El artículo 305 del Código de Procedimiento Civil consagra que la sentencia no puede acceder a sumas superiores a las imploradas o a cantidades no requeridas, so pena de inconsonancia, y bajo esta perspectiva basta con cotejar lo pedido con lo finalmente reconocido para apreciar la equivocación cometida por el fallador de segundo grado.

Consideraciones

1. Los actores pidieron declarar civilmente responsable a la demandada de la muerte de Yovany Melo Correa, y reclamaron la consecuente condena para que se les resarzan “la totalidad de los daños materiales e inmateriales” que sufrieron en virtud del siniestro en el que falleció su familiar.

2. El Tribunal ratificó la providencia del a quo en cuanto determinó la responsabilidad civil de la convocada en el insuceso; la modificó para incrementar la suma asignada a los descendientes del occiso a título de perjuicios morales; y la revocó en la parte que negó la condena por daño material, para a cambio conceder el lucro consolidado y futuro a favor de la esposa, los dos pequeños y el progenitor de la víctima.

3. La recurrente persigue que se case el fallo por el camino de la causal segunda, por cuanto, según su planteamiento, le ordenó pagar a favor de Pedro Pablo Melo “lucro cesante”, no obstante que la demanda no incluyó una súplica específica para que se reconocieran perjuicios materiales al padre del accidentado, ya que si se revisa el acápite correspondiente a “Daños o perjuicios materiales”, donde se concreta la aspiración, se observa con claridad que tales rubros sólo fueron solicitados respecto de la cónyuge y sus dos hijos.

4. La incongruencia, como falencia capaz de producir el quiebre del proveído rebatido, no es más que el desconocimiento de los mandatos que impone al juzgador el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, esto es, (i) que “la sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley”, y (ii) que “no podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en esta”.

Por lo mismo, para el buen suceso del ataque en cuestión, cumple demostrar que el sentenciador se alejó bruscamente tanto del escrito introductor como de las refutaciones que de este hicieron los oponentes, y que por ello dirimió la disputa por fuera de los linderos establecidos por las partes, ya sea al hacer ordenamientos excesivos frente a los reclamos o defensas, o bien por dejar de lado asuntos sometidos a su escrutinio, o resolver puntos completamente ajenos a la litis, salvo cuando procede en estricto cumplimiento de las facultades oficiosas conferidas por la ley.

Sobre el particular, la Corporación ha enseñado que

“La demanda que inaugura el proceso civil es la pieza fundamental del debate, pues no sólo marca el norte de la actividad judicial, sino que además limita el poder y la competencia del juez, que como es sabido, no puede abandonar los confines que traza el demandante al formular sus pretensiones y los supuestos fácticos que les sirven de apoyo. Por ello, se ha definido en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil que hay vicio de actividad si la sentencia no refleja fielmente lo que se planteó en la demanda, en particular cuando el fallo desborda los lindes de las pretensiones, incorpora antojadizamente otras, deja de resolver las propuestas o sustituye a su capricho los hechos invocados por el demandante. El fundamento constitucional para proscribir el yerro de incongruencia es el derecho de defensa, en tanto la novedad que intempestivamente incorpora el juez al debate, justamente en el epílogo del proceso, inhibe la controversia, anula las posibilidades de réplica y contradicción, y sin lugar a dudas menoscaba el derecho a probar (…) Por todo ello, ha repetido la jurisprudencia de esta Corte que el principio de la consonancia está encaminado a que la sentencia guarde armonía con el thema decidendum adscrito a los hechos y a las pretensiones aducidas en la demanda, así como en las demás oportunidades que el Código de Procedimiento Civil consagra, y a las excepciones que hubieren sido alegadas y probadas o que debidamente acreditadas, puedan reconocerse de oficio. Por todas, en sentencia de 1º de agosto de 2001 dijo la Corporación: ‘entre las múltiples y muy heterogéneas razones que podrían argüirse para explicar la necesidad de que el juez no se desentienda de los límites plasmados por el demandante en la demanda, habría que destacar una que, por estar entrañablemente ligada con los derechos fundamentales del demandado, cobra sin igual importancia, cual es la de no sacrificar su derecho de defensa y contradicción, el cual sufriría evidente mengua ante un vasto e incalculable poder hermenéutico del juez, ya que difícilmente podría el demandado vislumbrar el sentido que, a la postre, aquél le diese a dicho libelo, con el obvio estrago que ello le causa para efectos de orientar su posición ante las reclamaciones que se le oponen (…) Quiérese significar, entonces, que la interpretación de la demanda es una labor racional del juzgador, encaminada a elucidar el genuino querer del demandante que está ahí, implícito en el libelo, y que no se muestra claro o coherente, pero en modo alguno, so pretexto de interpretar lo que es obvio, puede el fallador darle un alcance distinto a la misma, o hacerle decir lo que objetivamente no dice, o, en resumidas cuentas, alterar ostensiblemente su contenido, aún por motivos que el intérprete considere justos o valederos; por supuesto que, insístese, la tarea de comprender la demanda no significa prescindir de su contenido, de modo que el juzgador, sustituyendo al actor, vea en ella lo que, a su guisa, debió éste pedir o invocar en sustento de su petición, sino, por el contrario, la de realizar un detenido examen del texto y el contexto de la misma para revelar lo que en ella se alegó, ambigua o confusamente, pero que, en todo caso, se adujo (Sent. Cas. Civ., exp. 5875) (…)’” (CSJ, SC 20 ago. 2013, rad. 2003-00716-01).

5. Está probado con incidencia en la decisión que se adopta, lo siguiente:

a) Que en la demanda formulada por Pedro Pablo Melo y Dilma Cecilia Díaz Cantor en nombre propio y en representación de sus menores hijos Cristhine Valeria Melo Díaz y Miguel Ángel Melo Díaz contra la Electrificadora del Caribe S.A. ESP “Electricaribe”, se pidió, en lo aquí pertinente (fl. 4, cdno. 1):

Declarar que

“1. [L]a empresa Electricaribe S.A. ESP, es civilmente responsable de la muerte y de la totalidad de los daños materiales e inmateriales sufridos por el señor Yovanni Melo Correa (Q.E.P.D.), de su esposa, sus menores hijos y su padre con motivo del siniestro accidente ocurrido el día 23 de noviembre de 2005.

(…).

“3. [L]a demandada (…) a causa de la irresponsabilidad en la transmisión de energía, debe indemnizar a [los demandantes], por la totalidad de los daños sufridos descritos por el señor Yovanni Melo Correa (Q.E.P.D.) que perjudican a los demandantes no solo en estas declaraciones, sino también, en los hechos expuestos en la demanda y en la parte motiva de esta sentencia.

“5. [L]a actividad peligrosa de transmisión de energía desarrollada por la Empresa Electricaribe S.A. ESP, provocó la muerte del señor Yovanni Melo Correa (Q.E.P.D.) daños y perjuicios (sic) materiales e inmateriales”.

b) Que en el capítulo denominado “consecuencias del hecho dañoso”, los actores indicaron que en virtud del insuceso sufrieron “daños o perjuicios fisiológicos o de vida en relación morales y materiales”, así:

1) Materiales:

(i) Daño emergente: “gastos de transporte de la señora Dilma Cecilia Díaz Cantor y sus hijos a su tierra natal Soacha (C/marca)”.

(ii) Lucro cesante: Dilma Cecilia Díaz (esposa) “$ 12.170.581” (pasado) y “112.426.596” (futuro); Cristhine Valeria (hija) “$ 3.042.645” (pasado) y “$ 41.137.870” (futuro) y Miguel Ángel (hijo) “$ 3.042.645” pasado y “$ 45.299.936” futuro.

2) Morales: la muerte de la víctima “afectó a los demandantes aspectos íntimos, sentimentales y afectivos […] el juez se servirá estimar”.

3) Fisiológicos o de vida de relación: “la supresión de las actividades vitales que puede sufrir la víctima […] que en el caso en cuestión padece su señora y sus hijos […] Perjuicios estos que el juez se servirá estimar”.

4) Psicológicos: “Al padre Pedro Pablo Melo, a su esposa Dilma Cecilia Díaz Cantor, a sus hijos […] por el daño ocasionado a su salud y plenitud síquica, alteraciones emocionales y de su conducta, depresión aguda y pérdida de interés en la vida […] en la cuantía que se pruebe” (fls. 5 a 7 ib.).

c) Que en el apartado de condenas, los reclamantes deprecaron ordenar a su contraparte pagarles “a título de indemnización por el daño ocasionado, los perjuicios de orden material en su doble concepto de daño emergente y lucro cesante, y de orden inmaterial los perjuicios morales, fisiológicos y psicológicos”, por un valor “superior a trescientos millones de pesos ($ 300.000.000)” folio 7, cuaderno 1.

d) Que en segunda instancia se reconoció indemnización por lucro cesante consolidado y futuro al padre del finado, Pedro Pablo Melo, en cuantías, respectivas, de catorce millones setenta y dos mil setecientos treinta y nueve pesos ($ 14.072.739) y once millones seiscientos ochenta y siete mil quinientos veintinueve pesos ($ 11.687.529), folios 129 y 130 del cuaderno de apelación.

6. Al analizar objetivamente la demanda inicial, la Corte advierte que en la sentencia cuestionada no se incurrió en el error de actividad denunciado, habida cuenta que, como acaba de relacionarse, en los capítulos de declaraciones y condenas sí fueron reclamados perjuicios materiales para todos los accionantes, lo que incluye a Pedro Pablo Melo, ascendiente directo del occiso.

Así las cosas, cuando en la providencia fustigada se accedió a lucro cesante consolidado y futuro para el último, no se resolvió sobre aspectos no pedidos (extra petita), cual se denuncia en el cargo, porque con total elocuencia los gestores imploraron, ab initio, declarar a la convocada civilmente responsable de “la totalidad de los daños materiales e inmateriales sufridos por […] esposa […] menores hijos y […] padre” de Yovanny Melo Correa.

Ahora bien, que los petentes, en el pliego introductor, en la sección llamada “consecuencias del hecho dañoso”, hubiesen discriminado conceptos y cifras de los “perjuicios” a conceder, no se traducía en una limitante o restricción insuperable para el fallador, porque en el título referente a las “condenas” aclararon que “los perjuicios” los establecerían “peritos idóneos” por un “valor superior a trescientos millones de pesos ($ 300.000.000)”.

Es más, atendiendo el principio de la reparación integral de los daños, la Corte ha orientado su jurisprudencia hasta el punto de señalar que la falta de mención o señalamiento expreso de ciertos rubros indemnizatorios, no es óbice para que el sentenciador los incorpore en su fallo definitorio, si de la comprensión integral, racional, lógica y gramatical de la demanda se deduce su invocación.

En efecto, en proveído de casación de 18 de diciembre de 2012, radicación 2004-00172-01, que aplica a este caso, dijo la Corporación:

“… la cuantificación del daño emergente futuro no fue excesiva respecto de lo pedido, ni, por tanto, el fallo pudo ser incongruente, porque a partir de un detenido análisis de las pretensiones de la demanda, se logra constatar que en ellas el actor no limitó la indemnización por ese concepto a una suma específica, sino que la cantidad que señaló fue solo una pauta o guía susceptible de modificación, toda vez que de modo expreso manifestó que los gastos de recuperación debía hacerse ‘por el tiempo que se requiera, según el concepto médico y que inicialmente estimamos en 24 meses’. En este punto conviene aclarar que la ausencia de petición expresa de ciertos rubros no es impedimento para que el juez los incluya en la sentencia, si en la demanda se reclama en forma generalizada la reparación integral de los daños, o si se emplean palabras o expresiones que estén inequívocamente dirigidas a obtener el pago de una indemnización plena […] Por consiguiente, para poder inferir si existió o no incongruencia entre lo concedido en el fallo y lo solicitado en la demanda, no bastará con examinar las cifras que se hayan reclamado en el libelo, sino que esas cantidades deberán ser analizadas en el contexto íntegro de la pretensión y de conformidad con la verdadera intención que a ella subyace, lo cual se consigue a partir de la interpretación de las palabras y frases aclaratorias y en consonancia con las demás pretensiones principales”.

Por lo tanto, no hubo un desbordamiento en la medida en que la alzada se desató sin excesos, conforme a lo suplicado, y en ese sentido, la condena impuesta a favor del progenitor del accidentado no agravió sorpresivamente a la enjuiciada, la cual en todo momento pudo conocer los límites de la controversia, tal como quedaron plasmados en el pliego genitor.

7. Por estos motivos, el ataque no prospera.

Primer cargo

Acusa el fallo del ad quem por violar indirectamente los artículos 1494, 1616, 2341, 2347 y 2356 del Código Civil, a causa de evidentes errores de hecho en la apreciación objetiva y material de varios medios de prueba.

En su desarrollo expone:

1. El Tribunal tuvo por demostrada la responsabilidad de la sociedad por el ejercicio de una actividad peligrosa, a consecuencia de la descarga eléctrica que provocó la muerte de Yovanny Melo Correa, mientras él se encontraba en el techo de la vivienda donde residía su padre, ejecutando labores de arreglo de una gotera, situación que se atribuye a una supuesta indebida colocación de los cables eléctricos y a la materialización del riesgo, pues, la víctima contaba con destrezas para desplazarse en las alturas, lo cual, elimina la posibilidad de un actuar confluyente en la producción del daño.

2. Esa conclusión es fruto de los siguientes yerros fácticos:

a) El juzgador de segunda instancia dio por acreditado, sin estarlo, que el insuceso se desencadenó por una descarga que impactó a Yovanny Melo Correa, originada en la inadecuada ubicación de las cuerdas eléctricas, descartando que este se hubiera sujetado de ellas accidental o voluntariamente.

En el expediente no obra prueba que establezca lo asegurado por el Tribunal, por lo que se supuso; de contera, mientras que en el plenario está determinado que la víctima se subió a la parte superior de la edificación exponiéndose imprudentemente a un peligro que la llevó a tener contacto directo con las redes, para el sentenciador es “apenas normal y casi loable que una persona se suba al tejado a realizar reparaciones, habiendo sufrido una descarga de energía”.

Por el contrario, los elementos de juicio allegados indican que el patrullero se agarró del cable de energía al estar en un espacio reducido e inestable, produciéndose su electrocución y posterior muerte. En efecto:

1) El “informe diligencia de inspección judicial a cadáver 255” obrante a folio 23, cuaderno de pruebas de la parte actora, relaciona que

“se continuó con la inspección a la residencia subiendo al techo del lugar donde se encontraba el occiso en el momento del incidente, se logró observar que en una de las guayas que poseen 13.200 voltios (…) se encuentra a solo 86 centímetros aproximados del techo de la residencia y así mismo se logró observar que esta guaya tiene adherido pequeños pedazos de masas parecidas a la piel”.

De lo cual se colige, que la víctima entró en contacto directo con el cable, pues, incluso existían pedazos de piel adheridos a este.

2) La “Diligencia de Inspección Judicial con Perito”, vista a folio 1, cuaderno de pruebas de las partes, da cuenta del precario estado de la cubierta:

“… la vivienda está formada de dos pisos y en la segunda planta se observa que frente a la misma y hacia arriba (sic) una invasión de redes encontrándose dentro de ellas redes eléctricas de baja tensión (220 voltios) a más o menos 50 centímetros del frente de la casa en su parte horizontal. Siguiendo hacia arriba en el área del techo del segundo nivel se observa que una de las líneas de media tensión invade el área del techo así: hacia dentro del techo unos 50 centímetros más o menos desde su inicio y de altura más o menos un metro del techo. El techo de la vivienda está levantado sobre eternit y en dicha área se observa un declibe (sic) hacia la parte donde se observa la existencia de las líneas eléctricas (…)”.

3) Resolución inhibitoria de la Fiscalía Once Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Santa Marta, que concluye que “cuando el occiso se sube al techo a tapar unas goteras, tocó la guaya antes anotada, y por la descarga eléctrica que recibió cayó al suelo, de donde fue recogido y llevado a la clínica” (fl. 33, cdno. de pbas. parte actora).

4) Dictamen elaborado por Ricardo J. Donado (fl. 5, cdno. de pbas. de las partes), que infiere que

“… la red trifásica de distribución eléctrica del sector, observamos que pasaba peligrosamente por encima de una parte de la vivienda, a una altura que no sobrepasa el metro (1.00 mts), es decir, el alejamiento y altura no cumplen con las especificaciones del Retie, normas de Electricaribe S.A. ESP y demás, constituyéndose en un serio factor de riesgo y peligro”.

5) Interrogatorio de parte de Dilma Cecilia Díaz Cantor, que al expresarse sobre el lugar en el que ocurrió el accidente, dijo: “El espacio del techo, es muy pequeño relativamente cerca de la gotera (…) el espacio es entre un metro entre las cuerdas de alta tensión y las goteras”.

Los medios citados no fueron apreciados en su real alcance material y objetivo, pese a certificar que la verdadera causa del fallecimiento no fue una descarga eléctrica, sino el producto de una maniobra imprudente de quien decidió subir al tejado, el cual, “además de ser estrecho e inestable, contaba con un declive o bajada hacia las líneas de electricidad”.

b) En la sentencia fustigada se sostuvo que existió una indebida “alineación” en los cables que conllevó al fatal desencadenamiento de los sucesos, pasándose así por alto las pruebas que demuestran que las redes de energía se trazaron y tendieron bajo el entendido de que las casas de la zona tendrían una sola planta, con lo cual la distancia reglamentaria se respetaría. La secuela fáctica es que los cables estaban cerca de la edificación, por la construcción de un segundo piso imprevisto.

Los medios sobre los que recae el error, por preterición, son:

1) Certificación de 16 de septiembre de 2011 de la Secretaría de Planeación de la Alcaldía de Santa Marta, según la cual

“la vivienda ubicada en la Casa 10 de la manzana E1 de la Urbanización La Concepción (lugar donde ocurrieron los hechos), fue aprobada mediante la licencia de construcción 026 de 4 de abril de 1984, que pueda construir ciento ochenta y dos (182) viviendas unifamiliares de una planta […] hasta la fecha no ha encontrado ampliación, adición o remodelación a partir de la fecha de expedición de licencia hasta la actualidad”.

2) Acta de la “Diligencia de Inspección Judicial con Perito” (fl. 1. cdno. de pbas. de la parte demandante), que señala:

“La vivienda está formada por dos pisos y en la segunda planta se observa que frente a la misma y hacia arriba (sic) una invasión de redes encontrándose dentro de ella redes eléctricas de baja tensión (220 voltios) a más o menos 50 centímetros del frente de la casa en su parte horizontal”.

3) Testimonios de:

Jorge Armando Sánchez, que al describir el inmueble en el que se presentó el evento, manifestó:

“En esa época era una casa de dos pisos ubicada en una especie de callejón y es común que las cuerdas estén cerca de los segundos pisos o plantas de estas y en este momento desconoce si han hecho algún tipo de mejora a la casa o a la línea, como es un sitio tan cerrado no hay espacio entre poste y poste y frente de una casa a la otra” (fl. 9, cdno. pbas. parte demandante).

Sandra Milena Sanguino Galvis, quien en su calidad de arrendataria, al ser interrogada sobre las redes externas de energía, explicó que

“Estaban normales, en buen estado, lo único que puedo decir como anomalía es que estaban muy bajitas esas redes. Nunca había pasado nada de ese estilo” (fl. 57, cdno. de segunda instancia).

Manuel José Sanguino Abril, propietario del predio, adujo que

“se le había puesto protección a las cuerdas y como ahí arriba nadie subía no sé cómo él llegó a subir allá. No sé quién dio autorización, parece había una gotera. La altura ha sido la misma desde que se construyó. Cuando yo hice la casa esa, ya otras casas estaban hechas y yo me basé en las mismas condiciones de las demás” (fl. 51 ibíd.).

Y de Jhon Jairo Londoño, que al preguntársele si el tendido eléctrico fue anterior a la obra contestó:

“Para ese barrio, lo que existían eran lotes con servicios (…) estaban todas las redes construidas y cada propietario iba construyendo su vivienda” (fl. 58, cdno. de pbas. de la parte demandante).

Así las cosas, el error alegado se materializó al no valorar en debida forma y restar mérito sin razones objetivas, a las pruebas que demuestran que la ubicación de los cables de energía cerca del techo no se produjo adrede al momento de tenderlo por parte de la empresa, sino que fue producto de la construcción de un piso adicional en el inmueble, sin licencia para ello.

c) El Tribunal dio por demostrado, sin estarlo, que Yovanny Melo Correa ostentaba destrezas especiales para desplazarse en las alturas, con lo que descarta una eventual imprudencia de su parte en el accidente; sin embargo, en las pruebas que hay en el expediente no existe ninguna referencia a esas habilidades, por lo que tal conclusión “sólo puede provenir del imaginario del sentenciador”. Se está en presencia, entonces, de un típico error de hecho por suposición.

3. La trascendencia del desatino es incuestionable, pues, sin este, se habría señalado que Yovanny se expuso sin cautela al riesgo, configurándose la eximente de responsabilidad denominada culpa exclusiva de la víctima.

Segundo cargo

Ataca el fallo de segunda instancia a través del motivo primero de casación, por vulnerar indirectamente los artículos 2341, 2356 y 2357 del Código Civil, por efecto de la comisión de ostensibles yerros fácticos en la ponderación objetiva y material de varios medios de convicción.

En síntesis, lo explica así:

1. En el juicio se descartó la concurrencia de causas en la realización del daño, al determinarse que la víctima padeció una descarga eléctrica mientras se encontraba en el techo de la vivienda donde residía su padre, situación atribuida a la indebida “alineación” de los cables y a la materialización del riesgo.

2. Esa deducción viene precedida del desatino consistente en que se tuvo por verificado, sin estarlo, que la causa eficiente de accidente fue una descarga eléctrica por la incorrecta alineación de la red, descartando que el accidentado haya contribuido significativamente en la producción del daño, pues, si bien obra prueba científica de que el deceso ocurrió por un choque eléctrico y que las líneas no guardaban la distancia requerida, “no media en el proceso ningún tipo de prueba que permita demostrar la supuesta ocurrencia de una descarga eléctrica aislada que haya, sin más explicación, atrapado la víctima”.

De esa manera, el ad quem dejó de sopesar probanzas en las que se desprende que Yovanny sujetó el cable por encontrarse en un espacio reducido e inestable, bien por un acto voluntario o accidentalmente, siendo ellas:

1) El “informe diligencia de inspección judicial a cadáver 255” obrante a folio 23 del cuaderno de pruebas de la parte actora, 2) La “Diligencia de Inspección Judicial con Perito”, vista a folio 1, cuaderno de pruebas de la parte demandante y demandada, 3) Interrogatorio de parte de Dilma Cecilia Díaz Cantor, 4) Testimonio de Jorge Armando Sánchez; y 5) Resolución inhibitoria de la Fiscalía Once Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Santa Marta.

3. El error se patentiza, entonces, en haber descartado la conducta del lesionado en la producción del daño, cuando lo acreditado es que “existió un contacto directo con las líneas después de que la víctima se expuso al riesgo al haber subido al techo que se demostró contaba con un espacio estrecho e inestable y con un declive o bajada hacia la línea de electricidad”.

4. La trascendencia del desacierto es incuestionable, porque sin este se habría concluido que el actuar de Yovanny resultó determinante como percutor del hecho lesivo, motivo por el cual “se configuró la llamada concurrencia de causas que conlleva a la reducción en la apreciación del daño”.

Consideraciones

1. Se pide declarar que Electricaribe S.A. ESP es civilmente responsable de los perjuicios irrogados a los demandantes como consecuencia de la muerte por electrocución de Yovanny Melo Correa, ocurrida “por la irresponsabilidad en la transmisión de energía” y la violación de “la obligación de seguridad” (fls. 4 a 8, cdno. 1).

2. El Tribunal ratificó la decisión del a-quo, que adjudicó la responsabilidad del siniestro a la contradictora, porque aún si en gracia de discusión se aceptara que la víctima se aferró a la red eléctrica, no podía estructurarse el elemento extraño alegado, pues, todo se suscitó por la indebida alineación de los cables; puntualizando que si la fuente del peligro la controla quien saca provecho del mismo, a la empresa citada le incumbía detectar la irregularidad para corregirla a tiempo.

3. En los cargos primero y segundo, se acusa la sentencia del ad quem por la comisión de errores de hecho que condujeron, según las censuras, a descartar la “culpa exclusiva de la víctima” o “la concurrencia de causas”; específicamente, pasar por alto pruebas que demuestran que la víctima se agarró de los tendidos eléctricos (voluntaria o involuntariamente), y que las redes están cerca de la casa en la que ocurrió el accidente por la construcción no autorizada de un segundo piso; suponer la probanza de la señalada destreza especial del accidentado para desplazarse en las alturas; y descartar los medios de persuasión que indican que este contribuyó significativamente en la producción del daño.

4. Cumple memorar, a manera de prolegómeno, que la actividad consistente en la prestación, suministro o distribución de la energía eléctrica ha sido catalogada por la jurisprudencia patria, en forma constate y reiterada, como peligrosa, razón por la cual siguiendo las pautas trazadas a partir de la hermenéutica del artículo 2356 del Código Civil, a quien demanda la indemnización del perjuicio por un obrar de tal linaje, le basta demostrar el daño y la relación de causalidad, y a la parte demandada, para liberarse de esa responsabilidad, le compete acreditar una causa extraña, es decir, fuerza mayor o caso fortuito, hecho de un tercero o “culpa exclusiva de la víctima”.

Así, se ha expuesto que

“Esta Corporación ‘(…), en reiteradas oportunidades, ha calificado la electricidad como peligrosa, ubicando la responsabilidad derivada de los daños causados por su virtud en las previsiones del artículo 2356 del Código Civil, en cuyo caso, el damnificado tiene la carga probatoria de ‘demostrar que el perjuicio se causó por motivo de la generación, transformación, transmisión y distribución de energía eléctrica’ (…), esto es, el daño y la relación de causalidad con elementos probatorios suficientes e idóneos, sujetos a contradicción, defensa y apreciados por el juez con sujeción a la sana crítica y libre persuasión racional. En esta especie de responsabilidad por actividades peligrosas, en la cual se sitúa, a no dudarlo, la emanada de la electricidad, a quien se señala autor del menoscabo inmotivado de un derecho o interés legítimo protegido por el ordenamiento jurídico, no es dable excusarse ni exonerarse con la probanza de una conducta diligente, pues, aún, adoptando la diligencia exigible según la naturaleza de la actividad y el marco de circunstancias fáctico, para tal efecto, debe acreditar el elemento extraño, o sea, la fuerza mayor o caso fortuito, la participación exclusiva de un tercero o de la víctima como causa única (…), es decir, que no es autor. [...] Con los lineamientos precedentes, el régimen de responsabilidad por las actividades peligrosas está sujeto a directrices concretas o específicas. En lo concerniente al régimen probatorio de la responsabilidad por actividades peligrosas, el damnificado tiene la carga probatoria del daño y la relación de causalidad; y, el autor de la lesión, la de probar el elemento extraño para exonerarse de responsabilidad, o sea, iterase, la fuerza mayor o caso fortuito, la participación de un tercero o de la víctima que al actuar como causa única o exclusiva rompe el nexo causal’” (CSJ SC, dic. 19/2008, rad. 1999-02191-01, reiterada CSJ SC, sep. 8/2011, rad. 2006-00049-01 y CSJ SC, abr. 28/2014, rad. 2009-00201-01).

En lo relativo al eximente de responsabilidad conocido como “culpa exclusiva de la víctima”, de forma general la Corte ha enseñado que

“El hecho de la víctima puede influir en el alcance de la responsabilidad, llegando en muchas situaciones hasta constituirse en la única causa del perjuicio” y que “también sin mayor dificultad se comprende que esa participación del damnificado puede determinar tanto la ausencia total de la relación de causalidad en cuestión -cual acontece en las aludidas situaciones en que el hecho de la víctima es causa exclusiva del daño y por ende conduce a la liberación completa del demandado- como implicar la ausencia apenas parcial de dicho nexo, caso este último que se presenta cuando en el origen del perjuicio confluyen diversas causas -entre ellas la conducta imputable a la propia víctima- de modo que al demandado le es permitido eximirse del deber de resarcimiento en la medida en que, por concurrir en aquel agregado causal el elemento en estudio, pruebe que a él no le son atribuidos en un todo el hecho dañoso y sus consecuencias” (CSJ SC, nov. 23/90, G.J. CCIV, Nº 2443, pág. 69).

En ese contexto, ha precisado también que la ponderación fáctica sobre la causa del daño se debe realizar a través de un minucioso o detallado análisis de los comportamientos de cada uno de los partícipes en el hecho, máxime si se está frente a una actividad peligrosa.

En efecto, en Sentencia CSJ de 9 de julio de 2007, rad. 2001-00055-01, dijo la Sala que

“[E]n el examen sobre la causa del daño, el juzgador debe establecer mediante un cuidadoso estudio de las pruebas la incidencia del comportamiento desplegado por cada litigante alrededor de los hechos que constituyan causa de la reclamación pecuniaria, en particular cuando ésta proviene del ejercicio de una actividad calificada como peligrosa y, al tiempo, se aduzca culpa de la víctima, para ver cuál se excluye o si ambas concurren en la realización de aquél; es decir, en la ejecución de esa tarea evaluativa no se puede inadvertir ‘que para que se configure la culpa de la víctima, como hecho exonerativo de responsabilidad civil, debe aparecer de manera clara su influencia en la ocurrencia del daño, tanto como para que, no obstante la naturaleza y entidad de la actividad peligrosa, ésta deba considerarse irrelevante o apenas concurrente dentro del conjunto de sucesos que constituyen la cadena causal antecedente del resultado dañoso’. Lo anterior es así por cuanto, en tratándose ‘de la concurrencia de causas que se produce cuando en el origen del perjuicio confluyen el hecho ilícito del ofensor y el obrar reprochable de la víctima, deviene fundamental establecer con exactitud la injerencia de este segundo factor en la producción del daño, habida cuenta que una investigación de esta índole viene impuesta por dos principios elementales de lógica jurídica que dominan esta materia, a saber: que cada quien debe soportar el daño en la medida en que ha contribuido a provocarlo, y que nadie debe cargar con la responsabilidad y el perjuicio ocasionado por otro (G. J. Tomos LXI, pág. 60, LXXVII, pág. 699, y CLXXXVIII, pág. 186, Primer Semestre, …); principios en los que se funda la llamada ‘compensación de culpas’, concebida por el legislador para disminuir, aminorar o moderar la obligación de indemnizar, en su expresión cuantitativa, hasta o en la medida en que el agraviado sea el propio artífice de su mal, compensación cuyo efecto no es otro distinto que el de ‘repartir’ el daño, para reducir el importe de la indemnización debida al demandante, ello, desde luego, sobre el supuesto de que las culpas a ser ‘compensadas’ tengan virtualidad jurídica semejante y, por ende, sean equiparables entre sí’ (Sent. 102, nov. 25/99, exp. 5173)”.

5. Es relevante para la decisión que se está adoptando, lo siguiente:

a) Que a las 9:20 de la mañana del 23 de noviembre de 2005 falleció Yovanny Melo Correa (fl. 25, cdno. de pbas. de los demandantes).

b) Que el deceso se produjo en la casa 10 de la Manzana E 1 del barrio La Concepción III (fls. 15, 16, 22, 23 y 30 ib.).

c) Que según el informe técnico de necropsia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la muerte fue: “accidental”, teniendo como “Mecanismo” de ella: fibrilación aurículo ventricular electrocución por alto voltaje” (resaltado adrede, fls. 28 a 31 id.).

d) Que los cables eléctricos que pasaban por la casa no cumplían las especificaciones técnicas.

Según la Policía (fls. 22 y 23, ibíd.):

“El techo lugar donde se encontraba el hoy occiso en el momento del incidente, se logró observar que en una de las guayas que poseen 13.200 voltios según lo manifestado por Edgar Viloria Mena […] funcionario de electricaribe, se encuentra a solo 86 centímetros aproximados del techo de la residencia y así mismo se logró observar que esta guaya tiene adherido pequeños pedazos de masas parecidos a la piel”.

Y de acuerdo con el perito designado para el proceso (fls. 3 a 7, cdno. de pbas. de ambos extremos):

“Peligrosamente [la red está tendida] por encima de una parte de la vivienda, a una altura que no sobrepasaba el metro (1.00 mts), es decir, el alejamiento y altura no cumplen con las especificaciones RETIE, normas de Electricaribe S.A. ESP y demás, constituyéndose en un serio factor de riesgo y peligro de choques o descargas eléctricas que pudieran causar daños tanta a la propiedad, las personas, e inclusive, al medio ambiente, por ser una red trifásica de media tensión (13.200 voltios entre fases)” (fls. 2-7, cdno. de pbas. parte demandante y demandada).

e) Que Electricaribe era la empresa que distribuía energía eléctrica para el sector en el que acontecieron los hechos desafortunados (fl. 22, cdno. de pbas. de la parte demandante).

f) Que la Secretaría de Planeación de la Alcaldía de Santa Marta certificó que

“La vivienda ubicada en la Casa 10 de la Manzana E1 de la Urbanización la Concepción, fue aprobado (sic) mediante la licencia de construcción 026 de 4 de abril de 1984 que (sic) pueda construir ciento ochenta y dos (182) viviendas unifamiliares de una planta en la urbanización denominado (sic) La Concepción (…) hasta la fecha no ha encontrado ampliación, adición o remodelación a partir de la fecha de expedición de licencia hasta la actualidad” (fl. 3, cdno. de pbas. parte demandada).

6. No prospera la acusación examinada por los motivos que pasan a exponerse:

a) Los ataques de los que se viene haciendo mérito, en lo esencial, reprochan la preterición de pruebas que, a la manera de ver de la recurrente, dan por establecido que la muerte de Yovanny Melo fue producto de una maniobra imprudente que lo llevó a sostenerse, voluntaria o involuntariamente, de la red eléctrica que franqueaba la casa en la que vivía su padre.

Vistos con objetividad los fundamentos del fallo del Tribunal, esto es, más allá de cualquier juicio de valor sobre ellos, se encuentra que materialmente tal juzgador aceptó que Melo Correa se asió de los cables de energía, solo que a ese comportamiento o reacción no le dio el alcance suficiente como para estructurar un eximente de responsabilidad, porque el “riesgo se materializó” por “las redes energizantes indebidamente situadas”.  

No surgiendo, de esa forma, una controversia fáctica en torno al anotado aspecto, no se evidencia el desatino denunciado, en la medida que este aflora cuando el fallador

“Ignora del todo su presencia o lo cercena en parte, para, en esta última eventualidad, asignarle una significación contraria o diversa. El error ‘atañe a la prueba como elemento material del proceso, por creer el sentenciador que existe cuando falta, o que falta cuando existe, y debido a ella da por probado o no probado el hecho’ (G. J., T. LXXVIII, pág. 313)”.

Ahora bien, si la polémica no puede recaer en la presencia de pruebas que demuestran que la víctima falleció por sujetarse a las líneas de electricidad, porque ese hecho lo consideró el Tribunal, cualquier otra disputa versará, necesariamente, sobre la teoría del riesgo esbozada en la sentencia atacada, y su desarrollo para el caso concreto, cuestión que escapa del marco de análisis que plantean los cargos.

b) Con relación a los restantes reparos hechos a la valoración de las elementos demostrativos, valga anotar, (i) que se pasaron por alto las pruebas que demuestran que las redes de energía se trazaron y tendieron bajo el entendido que las casas de la zona tendrían una sola planta, y (ii) que se supuso la existencia de habilidades en Yovanny Melo Correa para desplazarse en las alturas; la Sala halla que con ellos el impugnante no removió, como le correspondía para lograr el quiebre de la sentencia, su argumento cardinal, según el cual, todo se suscitó por la indebida alineación de las redes, pues, de no haber estado allí, “no habrían generado el resultado funesto cuando la víctima se encontraba en el techo para desarrollar la noble tarea de detectar la gotera que afectaba la casa en la que vivía su anciano padre, actitud que puede asumir cualquier ser humano ante una similar situación, y que en manera alguna puede catalogarse como imprudente, menos aún si quien desarrolla esa tarea era un patrullero antinarcóticos de la Policía Nacional, joven aún, quien, por tanto, dado su oficio, debía tener destrezas para desplazarse en las alturas”, recordándose que la fuente de peligro la controla quien saca provecho del mismo, de manera que la empresa demandada no podía contentarse con una actitud reactiva frente al riesgo, ya que era de su resorte detectar la irregularidad para corregirla a tiempo, máxime cuando el legislador, artículos 28 y 135 de la Ley 142 de 1994, impone a las entidades prestadoras de servicios públicos “el control, mantenimiento y reposición tanto de las redes de su propiedad, como de las de los particulares”. Y, en consecuencia, al margen de cuándo se construyó el inmueble, y de cómo se expidió su licencia de construcción (Planeación sólo respondió lo atinente al barrio), no son de recibo los argumentos de la accionada para liberarse de su obligación resarcitoria, por cuanto “no es la imprudencia de la víctima la detonante del insuceso, ni siquiera proporcionalmente […] porque pese a su presencia en el techo para arreglar la gotera, el riesgo se materializó, itérase, por las redes energizantes indebidamente situadas; el comportamiento del señor Melo Correa no fue, pues, influyente o decisivo en semejante resultado”.  

La base argumentativa del ad quem se centra en lo nodal en la exclusiva responsabilidad de la empresa de energía por ser, con abstracción de cualquier otro factor como la construcción y licencia del inmueble, la que controla el riesgo y está obligada a detectar y corregir cualquier irregularidad de manera preventiva y no reactiva. No obstante, obsérvese que la impugnante orientó su alegato a resaltar una indebida edificación de la casa en la que se presentó el deceso, desconociendo que ese aspecto no fue fundamento o ratio decidendi de la providencia.

En síntesis, como este planteamiento en lugar de constituir un ataque frontal y contundente al verdadero razonamiento del fallador se muestra desenfocado, el reproche no tiene virtud para erosionar la decisión acusada.

Así lo estimó la Sala en proveído CSJ AC2256-2014, cuando dijo:

(…) ‘el reproche resulta desenfocado, en la medida en que no guarda una estricta y adecuada consonancia con lo esencial de la motivación que se pretende descalificar’ (…) o que ‘resulta desenfocado, pues deja de lado la razón toral de la que se valió el ad quem para negar las pretensiones (…) Ignorado fue, entonces, el núcleo argumentativo del fallo impugnado, haciendo del cargo una embestida carente de precisión, pues apenas comprende algunas de las periferias del asunto, lo cual anticipa su ineficacia para propiciar el pronunciamiento de la Corte’ (…).

8. Por todo lo expuesto, las censuras no prosperan.

9. Como la determinación es adversa a la impugnante, de conformidad con el último inciso del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con el 19 de la Ley 1395 de 2010, se le condenará en costas, y fijarán en esta misma providencia las agencias en derecho, para lo cual se tendrá en cuenta que el libelo no fue replicado.

Decisión

En mérito de las anteriores consideraciones, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 28 de agosto de 2013, por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, dentro del proceso ordinario de la referencia.

Costas a cargo de la parte recurrente, las que serán liquidadas por la Secretaría, la que incluirá la suma de tres millones de pesos ($ 3’000.000) por concepto de agencias en derecho.

Notifíquese y devuélvase.

Magistrados: Luis Armando Tolosa Villabona, presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Fernando Giraldo Gutiérrez—Ariel Salazar Ramírez—Jesús Vall De Rutén Ruiz, con ausencia justificada.