Sentencia 10881-2015/2001-01514 de agosto 18 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC10881-2015

Rad.: 11001-31-03-005-2001-01514-01

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Armando Tolosa Villabona

(Aprobado en Sala de veintiocho de abril de dos mil quince)

Bogotá, D. C., dieciocho de agosto de dos mil quince.

EXTRACTOS: «4. Consideraciones.

4.1. La recensión efectuada, en función del recurso de casación, concentra la controversia alrededor de dos frentes. El primero, involucra las decisiones adversas al extremo demandante, contenidas en el fallo de primera instancia, y el segundo, lo espetado, también en su contra, en la sentencia objeto el recurso extraordinario.

4.1.1. Para mirar la trascendencia de la acusación, la precisión se torna absolutamente necesaria, porque si la parte actora, ahora impugnante, respecto de la decisión del juzgado, desistió del recurso de apelación elevado, significa que aceptó tanto lo favorable como lo desfavorable.

En esa dirección, en el eventual caso de resultar infirmado el fallo del ad quem, a raíz del recurso de casación materia de estudio, la Corte, como juzgador de segundo grado, dentro de los confines funcionales, ninguna determinación distinta de las adoptadas por el juzgado en favor de la sociedad actora podría otorgar.

Por esto, no serían de recibo decisiones alrededor de la cláusula penal, de los servicios de seguridad cancelados o suprimidos, de lo indebidamente descontado o exigido, de las utilidades dejadas de percibir y de las pérdidas por obligaciones laborales o comerciales, porque si todo ello fue negado en grado inferior, refulge claro, ante la renuncia del agraviado a su apelación, en esos tópicos, nada pervive.

No obstante, en apartes del cargo, en concordancia con lo expuesto, la censura recaba, en general, en la falta de conmutatividad de la cláusula penal, en el acatamiento literal de sus obligaciones y en que no es responsable de la pérdida de equipos y de asaltos armados.

Como lo anterior, sin lugar a equívocos, se entronca con las súplicas resueltas en forma adversa a la recurrente, cuya firmeza no admite polémica, pronto se advierte, lo discurrido resulta intrascendente, inclusive en la hipótesis de aceptarse tales inequidad, cumplimiento e inimputabilidad, porque en cuanto a lo decidido al respecto por el juzgado, la demandante se contentó únicamente con la orden de pago de ciertos servicios prestados y con el valor del contrato durante la controvertida prórroga.

Desde luego, al decir de la Corte, “(...) para que la violación de la ley adquiera real incidencia en casación, de suerte que conduzca al quiebre de la sentencia acusada, es menester que tenga consecuencia directa en la parte resolutiva del fallo, por lo que aquellos errores que apenas aparezcan en las motivaciones o razonamientos de la providencia, sin esa forzosa trascendencia en la conclusión final, no alcanzan a obtener la prosperidad del recurso (...)”(1).

De ahí, en el caso, ante la eventual comisión de los errores de hecho denunciados sobre los anotados temas, carecerían de la necesaria relación de causa efecto para infirmar la providencia atacada, puesto que ninguna incidencia tendrían en las decisiones del tribunal, al menos en lo desfavorable a la parte actora, esto es, en lo relativo a la revocatoria de los perjuicios reconocidos.

4.1.2. Ahora bien, correlacionados los alegados en el cargo, cumplimiento de la recurrente de sus obligaciones y ausencia de responsabilidad, esta vez, en contraste con lo despachado en su contra en segunda instancia, se observa, el tribunal, con ese propósito, para nada tuvo en cuenta la cuestionada terminación unilateral e injustificada del contrato por parte del organismo demandado.

La condena revocada, respecto de lo dejado de percibir por la parte actora en el plazo faltante para cumplir la controvertida prórroga, el sentenciador acusado la fulminó sobre la base de no haber existido esta, en concreto, porque durante el término señalado por el a quo, son sus letras, “(...) no existía vínculo contractual entre las partes (...)”. Y no es lo mismo la extinción de un contrato por vencimiento del término fijado para su duración, que abatirlo en su curso ante el avenimiento de una causa legal o convencional, pues al ocurrir aquello, esto último se excluye.

Como tiene explicado esta corporación, “[a]l expirar el plazo, termina el contrato en cumplimiento del pacto, y extinguido, no puede haber terminación unilateral o por consenso, ni abuso del derecho (Cas. Civ. Sent. oct. 31/95, CCXXXVII, 1269). Por supuesto, salvo precepto legal o contractual, la expiración del plazo termina ipso facto el contrato, hace incompatible el acuerdo extintivo (mutuo disenso) y la terminación unilateral, por cuanto el acto concluye en la fecha pactada a consecuencia del término, y extinguido, nada hay por terminar, pues ya no existe”(2).

Dentro de ese contexto, en el subjudice, no puede ser de recibo lo alegado en este otro apartado de la acusación, porque si para el tribunal no existió la prórroga del contrato de marras, pues durante el término de los perjuicios había desaparecido el lazo obligacional entre las partes, desviado resulta sostener que estando vigente la relación contractual, el BCH, para hacerla cesar en forma unilateral y anticipada, indistintamente, esgrimió una causa inexistente, ambigua, falsa y extemporánea.

Y las críticas en casación, bien es sabido, en palabras de la Sala, deben guardar “(...) adecuada consonancia con lo esencial de la motivación que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcción jurídica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta de que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no a los que constituyen el fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto técnico por desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente (...)”(3).

Con todo, ninguna controversia se puede enarbolar sobre el particular, por cuanto el juzgado, bien o mal, relativo a la pretensión dirigida a que se declarara terminado el contrato con base en el actuar unilateral, injusto e intempestivo del ente demandado, dejó sentado, al margen del acierto, que “(....) no está llamada a prosperar (...)”. Reeditar la discusión, por lo tanto, resulta intrascendente, pues como se recuerda, la demandante, al desistir del recurso de apelación, aceptó lo así decidido.

4.2. En lo demás, la censura concentra su protesta en punto de la cláusula duodécima del convenio, parágrafo único, puesto que en su sentir, en contra del juzgador de segunda instancia, al incumplirse por el BCH el requisito expresis verbis previsto, el “(...) contrato se renovó automáticamente por el solo paso del tiempo (...)”.

4.2.1. En materia contractual, los errores de apreciación suelen ocurrir no solo cuando el juzgador supone estipulaciones no expresadas o ignora las incluidas, sino también cuando tergiversa las realmente insertadas.

Por esto, en palabras de la Corte, “(...) en los eventos en que surja un conflicto a propósito de la comprensión que ha de dársele a un contrato, a su cumplimiento o incumplimiento, la valoración que haga el sentenciador es una cuestión fáctica que el legislador confía a su discreta autonomía, de donde se desprende que el juicio que al respecto edifique es susceptible de echarse a pique únicamente en la medida en que brille al ojo que el alcance que le otorgó al respectivo negocio es absolutamente diferente del que ciertamente surge de su propio contenido (...)”(4).

La razón de lo anterior estriba en que esa actividad se correlaciona, precisamente, con la materialidad y con el contenido objetivo del respectivo negocio jurídico.

4.2.2. Según la estipulación en comento, lo anterior tenía lugar “(...) por un (1) año más, por única vez, previa evaluación del servicio por parte de la dirección de seguridad bancaria del banco y de la dirección de recursos físicos del banco, la que deberá constar por escrito y en su momento hará parte integrante del presente contrato (...)”.

En los términos de este otro segmento y último del cargo, como la referida calificación de los servicios de seguridad prestados no se efectuó, cuestión que el tribunal pasó por alto fijar en el proceso, pese a la evidencia existente en los autos (num. 3.2., supra), esto conllevaba la vigencia del negocio jurídico celebrado entre los contendientes hasta el 31 de diciembre de 2000.

No obstante, el ad quem, para negar la permanencia exceptiva del contrato, partió del mismo sustento fáctico y probatorio reclamado. En su entender, la “(...) previa evaluación del servicio (...)” por parte de las direcciones de seguridad bancaria y de recursos físicos del BCH, “(...) no ocurrió, pues tal consecuencia jurídica estaba supeditada al cumplimiento de una condición que no se dio”.

De manera que si entre el juzgador acusado y la recurrente existe acuerdo o consenso sobre el particular, esto es, que efectivamente la indicada “(...) previa evaluación del servicio (....)”, no fue realizada por la parte demandada, aparece diáfano, los errores de hecho sobre la materialidad del contrato se descartan por completo y de existir todo se reduciría a la fijación de su contenido objetivo.

4.2.3. En efecto, para la sociedad impugnante la sustracción de su contraparte a materializar o emitir la señalada evaluación del servicio, implicó que el “(...) contrato se renovó automáticamente por el solo paso del tiempo (...)”, mientras para el tribunal tales consecuencias se encontraban atadas a la mentada calificación.

Desde luego, distinta a la cláusula en discusión, la duodécima, parágrafo único, en el texto del documento contentivo del convenio no existe ninguna otra donde se haya pactado, a falta de denuncia o preaviso contractual para terminarlo, su renovación o prórroga automática por el simple “(...) paso del tiempo (...)”.

Y en el cargo tampoco se singulariza un medio de convicción que la indique. Es más, ni siquiera se enarbola un ataque concreto y expreso alrededor de una posible tácita reconducción, puesto que la subsistencia reclamada simplemente se predica por el silencio del organismo demandado acerca de la evaluación del servicio. En otras palabras, la recurrente demandante entronca la temporalidad y permanencia excepcional del contrato, exclusivamente, a lo pactado en la cláusula en cuestión.

4.2.4. En punto de dicha estipulación, la condición es la que supedita el nacimiento o la extinción de un derecho a un hecho futuro e incierto. El acontecimiento del cual depende, por lo tanto, afecta la obligación, en sí misma, no su fuente, y se refiere, al decir de esta corporación, a la “(...) posibilidad de suceder o no, albur que no puede adivinarse con antelación (...)”(5).

Si se espera que el hecho ocurra, la condición es de carácter positivo, y negativa, en caso contrario (C.C., art. 1531). Según su naturaleza, si es suspensiva, esto es, mientras el acontecimiento se encuentre latente, la obligación contraída carece de efectos jurídicos, y si es resolutoria, de cumplirse, el derecho adquirido queda, por sí, extinguido (art. 1536, ibídem).

Se distingue, entonces, el hecho condicionante y el derecho condicionado. No obstante, como en la fase de pendencia de éste se supone las partes en relación, aquel puede dejarse librado a un acontecer voluntario del acreedor o del deudor, pero no a la mera voluntad de la persona que se obliga, por ejemplo, “(...) si ella quiere, si le place (...)”(6), vale decir, según su libre determinación, en cuyo caso la condición, calificada como puramente potestativa, se considera nula (art. 1535, ejusdem), dado que repugna a la lógica que alguien, al mismo tiempo, se obligue y conserve la libertad de quedar desligado.

La Corte, por esto, tiene sentado que “(...) todas las condiciones potestativas son perfectamente válidas, salvo aquellas que consistan en la ‘mera voluntad del deudor’, es decir, las que dependan exclusivamente del capricho de este, como cuando dice me obligo si quiero, porque esa expresión equivale a negar el respectivo vínculo”(7).

Hecho voluntario y mera voluntad, desde luego, no son lo mismo, porque así tengan en común la libertad de acción, aquel no obedece tanto al capricho del deudor, como sí en el caso de la última. La posibilidad de materializar un acontecimiento, por supuesto, se proyecta del exterior, en cambio, la de obligarse o no, desde el interior.

Por esto, si hecho voluntario no es la mera voluntad, así el primero dependa de la última, “(...) en la hipótesis de que el deudor haya ligado su voluntad a la ejecución de un hecho externo que esté en su facultad ejecutar o no ejecutar, la obligación es válida, porque no pudiendo desligarse sino a costa de ejecutar o de omitir aquel hecho dado, la obligación ya no depende del mero arbitrio (...)”(8).

Por supuesto, válida la condición, si el hecho que la estructura resulta fallido, el derecho se extingue o se desvanece. Si es positivo, cuando el acontecimiento no llega a realizarse, y si es negativo, cuando se ha verificado.

El artículo 1539 del Código Civil, reputa haber fallado la condición positiva o cumplido la negativa, cuando, respecto de esta última, ha llegado a ser cierto que el acontecimiento contemplado no sucederá, y de aquella, cuando ha expirado el tiempo durante el cual ha debido realizarse y no se ha verificado.

4.2.4.1. En el subjudice, no cabe duda, según quedó explicado, las partes supeditaron la permanencia del contrato, durante “(...) un (1) año más, por única vez (...)”, a una circunstancia positiva, a la “(...) previa evaluación del servicio por parte de la dirección de seguridad bancaria del banco y de la dirección de recursos físicos del banco (...)”.

Y si es punto pacífico que antes del vencimiento del plazo inicialmente pactado, la calificación del servicio no se verificó, esto trae como consecuencia que la condición, de naturaleza suspensiva, resultó fallida. El tribunal, por lo tanto, al apreciar el convenio celebrado, tampoco se equivocó al concluir que la renovación o prórroga del contrato “(...) no se presentó (...)”.

4.2.4.2. Ahora, como alrededor de esa decisión se supone otra, inclusive antecedente, la cual si bien no se explicitó, sí aparece implícita, como es la validez de la condición, o si no otro habría sido el resultado, el punto, en el cargo, por ninguna parte aparece confutado, ni siquiera insinuado. La Corte, por tanto, se releva de cualquier consideración al respecto, dado el carácter estricto y dispositivo del recurso.

En ese orden, al seguir el particular amparado por la presunción de legalidad y acierto, debe seguirse que el tribunal, bien o mal, descartó la existencia de una condición puramente potestativa.

4.3. El cargo, por lo tanto, no se abre paso. Como consecuencia, se condenará a la recurrente demandante a pagar las costas en casación y para la tasación de las agencias en derecho se tendrá en cuenta que el recurso fue replicado por su contraparte.

5. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 23 de junio de 2011, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil de Descongestión, en el proceso ordinario promovido por Radar Seguridad Limitada, en liquidación, contra el Banco Central Hipotecario, en liquidación.

Las costas en casación corren a cargo de la demandante recurrente. En la liquidación que habrá de realizar la secretaría de esta corporación, inclúyase la suma de seis millones de pesos ($ 6’000.000), por concepto de agencias en derecho.

Cópiese, notifíquese y cumplido lo anterior, devuélvase el expediente a la oficina de origen».

(1) CSJ. Civil. Sent. de dic. 12/2014, Exp. 00166, reiterando doctrina anterior.

(2) CSJ. Civil. Sent. de ago. 30/2011, Exp. 01957.

(3) CSJ. Civil. Sent. de sept. 21/2011, Exp. 01105, citando precedentes.

(4) CSJ. Civil. Sent. 162 de jul. 11/2005, Exp. 7725, reiterando en fallos de may. 11/2010 (Exp. 00037) y de oct. 23/2013 (Exp. 00215), entre otros.

(5) CSJ. Civil. Sent. de ago. 8/74 (CXLVIII-194).

(6) CSJ. Civil. Sent. de jun. 27/30 (XXXVIII-576).

(7) CSJ. Civil. Sent. de sept. 15/2009, Exp. 15015.

(8) Giorgi, Jorge. Teoría de las Obligaciones. Volumen IV, Ed. Reus S.A., 1977, pág. 318.