Sentencia SC10919-2016/2012-01029 de agosto 9 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC10919-2016

Rad. 11001-02-03-000-2012-01029-00

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Fernando García Restrepo

(Aprobado en sesión de 27 de abril de 2016)

Bogotá, D.C., nueve de agosto de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. La exclusividad de la jurisdicción es una de las manifestaciones de la soberanía del Estado, y como tal, comporta que este se reserve para sí la sublime función pública de administrar justicia, en virtud de la cual, únicamente las decisiones judiciales adoptadas por los jueces permanentes y los particulares habilitados transitoriamente para ello, producen consecuencias jurídicas y son de obligatorio acatamiento dentro del territorio nacional.

Sin embargo, dicho imperio jurisdiccional, y más concretamente, el axioma de la independencia de los Estados, ha adoptado “una nueva concepción (…), más acorde con la universalización de ciertos valores y formas de organización política y económica”, en razón al inacabado proceso de globalización, “[e]l creciente flujo de bienes y personas y la agilidad de todo tipo de comunicaciones” (CSJ SC, 16 jul. 2004, Rad. 2003-00079-01, reiterado en SC14776-2015).

Es por eso que, excepcionalmente se ha admitido, en atención a exigencias prácticas de internacionalización, cooperación y eficacia de la justicia, que las sentencias, laudos arbitrales y otros proveídos que tengan tal carácter, dictados en un Estado foráneo, en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria, surtan efectos en Colombia, siempre que se respeten los postulados sustanciales y procesales establecidos en los artículos 693 y 694 del Código de Procedimiento Civil.

2. Así las cosas, el legislador nacional diseñó un sistema mixto en aras de conceder las mencionadas homologaciones, sobre el cual ha precisado esta Corporación:

“[P]ara que los fallos extranjeros produzcan efectos en el territorio colombiano, necesariamente deberá acreditarse la existencia de un tratado suscrito entre Colombia y el país que dictó la sentencia, es decir lo que es conocido como la reciprocidad diplomática; o, en su defecto, lo que a ese respecto prevea la ley foránea o la práctica jurisprudencial imperante, en orden a reconocerle también efectividad a las sentencias dictadas en Colombia, fenómenos denominados en su orden reciprocidad legislativa y reciprocidad de hecho” (CSJ SC, 17 jul. 2001, Rad. 0012, reiterada en SC14776-2015).

Por consiguiente, al adoptar esta clase de decisiones,

“se atiende [en primer lugar] a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el país. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera [o su jurisprudencia reinante] para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley [o la doctrina jurisprudencial] a las proferidas en Colombia” (G.J. t. LXXX, pág. 464; CLVIII, pág. 78; CLXXVI, pág. 309; CSJ SC, 18 dic. 2014, rad. 2013-02234-00, reiterada en SC14776-2015).

3. No obstante, como se anticipó, para el éxito del exequátur, no basta con demostrar alguna de las advertidas reciprocidades, sino que se requiere, adicionalmente, que la respectiva providencia que se aspira irradie efectos en Colombia, cumpla con los requisitos consagrados en el prenotado artículo 694 del Código de Procedimiento Civil y las del correspondiente instrumento internacional, ley o jurisprudencia.

4. En el asunto que se analiza, Fernando Enrique Acosta García solicitó la homologación de una decisión en virtud de la cual el Juez de la Corte Superior de Nueva Jersey, Tribunal - Parte Familiar, Condado de Hudson, Estados Unidos de Norteamérica, ordenó el divorcio del vínculo marital que aquel contrajo con Patricia Sánchez Díaz, razón por la cual, corresponde a esta Sala analizar la convergencia de las exigencias mencionadas en párrafos precedentes.

5. En primer lugar, se advierte que en virtud de la consulta elevada por esta Corporación ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y de la respuesta que aquel emitió el 29 de noviembre de 2012 por conducto de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, según la cual no existe “un tratado vigente entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América en materia de reconocimiento recíproco de sentencias” (fl. 47), no es posible otorgar efectos jurídicos en este territorio a la determinación mencionada a través de la figura de la reciprocidad diplomática.

6. En segundo lugar y a propósito de la reciprocidad legislativa, se resalta que, como se trata de una resolución adoptada en los Estados Unidos, país en el cual

“opera el sistema del derecho anglosajón, [en el que] las decisiones judiciales “tienen por objeto no solo definir la controversia planteada sino también descubrir la ley natural aplicable a los hechos presentados, creando un precedente que puede ser utilizado por otros tribunales enfrentados a casos similares”, (…) resulta viable aceptar que “la ley salvo en determinadas materias, no se encuentra escrita en términos generales” (Sentencia de 19 de junio de 1994, G.J. CCXXXI, Nº 2470, 2º semestre de 1994, Volumen I, pág. 83 y s.s.).

De manera que, “tratándose de normatividad extranjera no escrita, como ocurre en el presente caso, para probar la reciprocidad legislativa el artículo 188 del estatuto procesal civil dispone que puede demostrarse con el testimonio de dos o más abogados del país originario de la providencia” (CSJ SC, 18 dic. 2012, rad. 2008-00775-00).

Por tanto, se arriba a conclusión diferente en lo que concierne a la correspondencia normativa, pues con base en la aducción de las opiniones emitidas por abogados estadounidenses sobre la aplicación de dicha regla, a propósito de los procesos radicados bajo los números 11001-0203-000-2006-00716-00 y 11001-0203-000-2007-01704 y tramitados ante esta Corporación, así como, a partir del recaudo del concepto de una firma extranjera, es claro que en Nueva Jersey se ha asignado valor jurídico a aquellos fallos dictados en territorio foráneo por conducto de la denominada “doctrina de cortesía”.

6.1. En efecto, procedentes de los juicios antes identificados, obran en el plenario dos pronunciamientos de asesores jurídicos del Consulado de Colombia en Nueva York y en Nueva Jersey, Soraya Ruiz Abderrashman (fls. 75 a 77) y Hantman & Associates (fls. 91 y 92), remitidos en su oportunidad por la Cancillería, de los cuales se deduce, en síntesis, que en asuntos como el debatido,

“[l]a norma aplicable proviene de decisiones judiciales previas que se constituyen, en normas obligatorias para los jueces que van a fallar casos similares. Un acto de divorcio otorgado en un país extranjero generalmente es reconocido en un estado de los Estados Unidos basado en el concepto de demandas de reciprocidad. Hilton v. Guyot, 159 U.S. 113, 163-164 (1985). Un divorcio otorgado en Colombia tiene efecto legal en los Estados Unidos si ambas partes recibieron noticia adecuada del divorcio al igual que un debido servicio de proceso (recibieron los documentos). (…) [E]s importante reconocer que el concepto de demandas de reciprocidad es basado en la discreción del Tribunal y no es obligatorio el reconocimiento del mismo”.

Reproducciones a propósito de las cuales la Sala puntualizó:

“Así, si bien en estrictez no aparecen los dos testimonios reclamados por el artículo 188 del ordenamiento procesal en lo civil, encuentra la Corte que con los textos aportados: la certificación del Cónsul General de Colombia en Nueva York, el concepto de la oficina de asesoría jurídica y la decisión judicial, se constata incuestionablemente que en el Estado de Nueva Jersey de los Estados Unidos de América, se da lo que la jurisprudencia ha llamado “reciprocidad legislativa” caracterizada esta por “reconocérsele efectos jurídicos a las sentencias de los jueces colombianos por la legislación del país de donde proviene la decisión materia de exequátur, pues igual fuerza vinculante tendrán las decisiones de sus jueces en Territorio Nacional” (CSJ SC, 4 dic. 2008, Rad. 2006-00716-00, reiterada en CSJ SC, 29 jul. 2009, Rad. 2007-01704-00).

6.2. De igual forma, dentro de este asunto se recaudó el concepto emitido el 8 de enero de 2013 por la agrupación legal norteamericana Ruiz Abderrashman, en el cual se destacó:

“En el caso de New Jersey, sus cortes estatales aplican la doctrina de “cortesía” para el reconocimiento de sentencias de otros países, pero dicho reconocimiento es discrecional y no es mandatorio pues no existe ninguna obligación constitucional para ello. Uno de los criterios fundamentales para el reconocimiento de sentencias extranjeras es el hecho de que la sentencia no viole ninguna política pública de New Jersey. (…) En materia de familia, las cortes de New Jersey han indicado que “el reconocimiento judicial de sentencias de custodia emitidas en el extranjero refleja una realidad de que los países se están acercando cada vez más. Información, capital y bienes diariamente cruzan las fronteras internacionales. Las personas de igual forma viajan regularmente de país a país. Las fronteras nacionales ya no evitan que las personas se reúnan o se casen. Y algunas veces estos matrimonios terminarán en divorcio o disputas por la custodia” (Ivaldi v. Ivaldi. 147 N.J. 190, 685 A.2d 1319, 65 USLW 2480, N.J., Diciembre 23, 1996). Las cortes de New Jersey a fin de admitir el reconocimiento de sentencias foráneas, realizan un examen riguroso de los hechos de cada caso a fin de determinar que no existe ninguna violación al derecho del debido proceso en contra de la parte que queda obligada con la sentencia” (fls. 54 a 58).

6.3. Declaraciones a partir de las cuales resulta pertinente afirmar que como en el estado en el cual se emitió la decisión a homologar se procura el cumplimiento de las providencias emitidas en territorio extranjero, siempre y cuando se satisfagan determinados requisitos, como la no transgresión de sus políticas públicas y el respeto al debido proceso, entre Colombia y el Estado de New Jersey, Estados Unidos de Norteamérica, existe reciprocidad legislativa y en consecuencia es viable la solicitud elevada.

7. Clara como se encuentra entonces la consolidación de la figura de la correspondencia normativa para el caso estudiado, se impone determinar si en el mismo se cumplieron a cabalidad las exigencias previstas en el artículo 694 del Código de Procedimiento Civil.

7.1. La reproducción de la sentencia extranjera está revestida de las formalidades que permiten establecer su autenticidad, legalidad y firmeza, pues además de que fue debidamente apostillada y traducida al castellano (fls. 3 a 10), con ocasión de la prueba de oficio decretada, se pudo determinar a través del legajo firmado por la Subsecretaria del Tribunal Superior del Condado de Hudson, el 8 de abril de 2015, que a partir de que entró en vigor la mencionada decisión, es decir, desde el 10 de febrero de 2011, esta no ha sido modificada o afectada en manera alguna (fls. 271, 276 y 277).

7.2. La decisión resulta acompasada con las disposiciones colombianas que salvaguardan el orden público, como quiera que al tenor de lo previsto en el numeral 9º del artículo 154 del Código Civil, en este territorio se admite como causal de divorcio y por ende de cesación de los efectos civiles del matrimonio católico, el mutuo acuerdo, así como las determinaciones accesorias o efectos que en torno al mismo se adopten.

7.3. El pronunciamiento no versó sobre derechos reales constituidos sobre bienes que se encontraban en el territorio nacional y, en lo que se relaciona con el acuerdo de liquidación de propiedad que también fue anexado, se indicó que aquel “no es aprobado ni desaprobado pero se incluye como parte de este Fallo Final a pedido de las partes y ellos deben acatar sus términos”.

7.4. El asunto no es de competencia privativa de los administradores de justicia patrios y no se demostró en manera alguna que en Colombia exista un proceso en curso o sentencia ejecutoriada de jueces nacionales frente al mismo litigio.

7.5. Finalmente, la entonces cónyuge del aquí solicitante, Patricia Acosta, hoy, Patricia Sánchez Díaz, tal y como se constató a propósito de este debate (fls. 257 a 265), fue citada al juicio y pudo ejercer su derecho de defensa, como se constata de la lectura tanto de la decisión final como del acuerdo de liquidación de propiedad (fls. 4 y 5 y 11 a 14).

8. Con fundamento en las motivaciones que anteceden, procede el reconocimiento de efectos jurídicos a la decisión jurisdiccional sometida al presente trámite.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. CONCEDER el exequátur de la sentencia proferida el 10 de febrero de 2011 por el Juez de la Corte Superior de Nueva Jersey, Tribunal - Parte Familiar, Condado de Hudson, Estados Unidos de Norteamérica, mediante la cual se dispuso el divorcio del matrimonio católico celebrado entre Fernando Enrique Acosta García y Patricia Sánchez Díaz, el 4 de enero de 1997 en la Catedral de Espinal - Tolima y registrado en la Notaría Primera de la misma municipalidad.

2. ORDENAR para los efectos previstos en los artículos 6º, 10, 11, 22 y 72 del Decreto 1260 de 1970 y de conformidad con los artículos 1º y 2º del Decreto 2158 de 1970, la inscripción de esta providencia junto con el fallo reconocido, en el folio correspondiente al registro civil de matrimonio de los señores Acosta García y Sánchez Díaz, así como en el de su nacimiento. Por secretaría líbrense los oficios a que haya lugar.

3. Sin costas en el trámite».