Sentencia SC11149-2015 de agosto 21 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC11149-2015

Radicación 08001-31-03-006-2007-00199-01

Magistrado Ponente:

Dr. Jesús Vall de Rutén Ruiz

(Aprobado en sesión de primero de junio de dos mil quince).

Bogotá, D.C., veintiuno de agosto de dos mil quince.

EXTRACTOS: “Consideraciones

A. Cuando una sentencia se impugna en casación al amparo de la causal primera, por error de hecho o de derecho en el análisis de las pruebas, el recurrente no debe limitarse a la demostración del yerro, porque si se repara en que la causal apunta no tanto a la constatación de los hechos a partir de las pruebas blanco de los errores de que se acusa al fallador, sino a si éste infringió la norma sustancial base esencial del fallo o que debía serlo, este segundo segmento es determinante para la labor de tutela del derecho objetivo y unificación de la jurisprudencia, que el recurso extraordinario le asigna a la Corte Suprema de Justicia.

Esta advertencia se hace porque es notorio que en el cargo primero, el recurrente únicamente se esfuerza por demostrar la comisión del yerro de derecho en tanto el Tribunal apreció unas pruebas a las que no podía darles mérito, por obrar en copia simple y ser trasladadas de otro proceso en el que no participó, y por ende no pudo contradecir, sin preocuparse por continuar articulando cómo ese yerro probatorio pudo ser el camino para la violación de las normas sustanciales que enuncia en el cargo, en relación con las cuales ningún despliegue argumentativo exhibe. Y si la fundamentación de cada acusación debe hacerse en forma clara y precisa (CPC, art. 374) la que se conciba para la demostración de la violación indirecta de las normas sustanciales, debe comprender precisamente esa infracción, y no solamente la equivocación del Tribunal en los aspectos fácticos de la causa.

B. Al margen de lo anterior, debe señalarse que el cargo es intrascendente, pues si, como lo propone la recurrente en el cargo, se hiciera caso omiso de esas copias del expediente penal, y por supuesto de las de los fallos penales que aportó asimismo en copia simple, a diferencia de lo que sostiene, sí que encuentra la Corte pruebas que le permitirían, sin asomo de duda, y en el hipotético caso de un quiebre del fallo, llegar a la misma conclusión del Tribunal, esto es, a la existencia del hecho dañoso, del daño y la obligación resarcitoria de la empresa demandada; así como a la falta de pruebas que enerven el régimen de responsabilidad que pesa sobre ella, en los términos del artículo 2356 del Código Civil, si en cuenta se tiene que el fallecimiento del esposo y padre de los accionantes acaeció con ocasión de un accidente de circulación, lo que permite aseverar que esa empresa podía solo exonerarse de responsabilidad con la demostración de los eventos determinantes de la ruptura del nexo causal, dentro de los cuales descuella, por haberlo alegado como excepción, la referida a que “los daños ocurran por obra exclusiva de terceras personas”.

En efecto, resulta relevante a los solos efectos de demostrar el anterior aserto, señalar que el relato de la demandante, atinente al accidente en que estuvieron involucrados un tracto camión y el bus afiliado a Expreso Brasilia S.A., en el cual iba como pasajero el señor Jaime Elías Reyes, quien a consecuencia de las heridas recibidas en la colisión falleció días más tarde, no sufrió reproche alguno, pues la defensa estuvo focalizada en intentar demostrar que el hecho de un tercero, esto es, del conductor del tracto camión, fue la causa del accidente, lo que en sí mismo supone la admisión del accidente mismo y de los demás pormenores mencionados, incluida la condición de pasajero del occiso en un bus afiliado a la empresa demandada.

En adición a lo anterior, el expediente da cuenta de las siguientes pruebas:

— A folio 17 del cuaderno 1 obra copia auténtica del registro civil de defunción de Jaime Elías Reyes Benavides, en el que consta que falleció el 26 de diciembre de 2004, registro asentado por documento presentado por el Fiscal 25 local U.R.I.

— A folio 18 figura también en copia auténtica, el registro civil de nacimiento de Jaime Elías Reyes Benavides, en el que se constata que su nacimiento ocurrió el 25 de noviembre de 1963.

— A folio 22 del cuaderno 1 consta la certificación suscrita por el asistente judicial IV de la Fiscalía Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Chiriguaná, en la que se hace constar la investigación que esta entidad entonces impulsaba contra los conductores de los vehículos que chocaron,

“donde resultó como víctima la persona que en vida respondía al nombre de Jaime Elías Reyes Benavides, con c.c. 91.228.924 cuando se transportaba en el bus de la empresa Brasilia, marca Chevrolet, modelo 1999, placa SHE-001, color blanco, rojo y azul, motor… cuando colisionó con el tracto camión de placas SYT-153 modelo 2005…”.

— En la contestación a la demanda, la empresa Expreso Brasilia S.A. admitió que “los hechos que dieron origen a esta demanda fue por la imprudencia del conductor del tracto camión, tal como lo demuestran y se deja constancia en el informe de tránsito donde se involucra este vehículo en el accidente. En cuanto al conductor de Expreso Brasilia S.A. podemos demostrar dentro del transcurso de este proceso que tenía todas las capacidades y la pericia” (fl. 58, cdno. 1).

— A folio 163 del cuaderno 1, en fotocopia auténtica remitida por el Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses, seccional César, figura el protocolo de necropsia practicado al cadáver de Jaime Elías Reyes Benavides, documento en el cual se indica, entre otras cosas, que “los hallazgos de necropsia son consistentes con los datos disponibles en el acta de inspección del cadáver, el sentido de que fue muerte violenta en el evento de tránsito”.

En suma, el anterior cuadro fáctico es demostrativo de la existencia del hecho dañoso (accidente de tránsito) en el que está involucrada la empresa demandada y que produjo el fallecimiento de Jaime Elías Reyes Benavides.

De otra parte, si bien es cierto que el Tribunal, al desatar la alzada, se refirió única y expresamente a las copias simples del expediente penal y a las de las sentencias penales que la parte demandada volvió a aportar ante el Tribunal, en copias igualmente simples, también lo es que afirmó que aun si se concluyese que intervino una causa extraña (el hecho del tercero), ese principio de responsabilidad que recae en la empresa que ejerce la actividad de transporte no fue desvirtuado, porque, para el Tribunal, trascribiendo reconocido autor nacional, “la sentencia penal absolutoria por ausencia de culpa del directamente responsable del daño no tiene efectos de cosa juzgada para un proceso civil” (fl. 83, cdno. 6).

Pero, situados en el ámbito del cargo, como quiera que esas copias habrían de tener el mismo tratamiento por el que aboga la recurrente con el expediente penal, es decir, no tienen mérito probatorio, la situación queda entonces en que ninguna prueba válida aportó la demandada para acreditar la causa extraña que invocó para desvirtuar las consecuencias del régimen de responsabilidad propio de quien realiza actividades peligrosas.

Lo dicho es suficiente para concluir en el fracaso del cargo.

V. Cargo cuarto

Al amparo de la causal segunda de casación, en este cargo se acusa la sentencia por incongruencia, en la modalidad ultra petita, en relación con las pretensiones de la demanda principal, toda vez que el Tribunal otorgó una indemnización mayor a la solicitada.

Anota que Gloria María Arias, en su propio nombre y en representación de Daniel Felipe Reyes, y la joven Katia Fernanda Reyes solicitó para los tres una indemnización de perjuicios en la modalidad de lucro cesante, “partiendo de una base de liquidación de $ 3.400.000” (sic, fl. 47, cdno. Corte). Agrega que en el hecho noveno de la demanda afirman los actores que Jaime Elías Reyes “tenía ingresos mensuales de $ 3.200.000” (ib.). Y en el acápite de las pretensiones los demandantes solicitan que se liquide el lucro cesante “con base en la suma de $ 2.400.000” (ib.), resultante de descontar el 25% los gastos propios del causante sobre la base de un salario de $ 3.200.000.

Sin embargo, el Tribunal condenó a la sociedad accionada al pago de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante con fundamento en un ingreso base de liquidación superior al pedido de la demanda, toda vez que procedió a liquidarlo con ingreso de tres millones quinientos mil pesos ($ 3.500.000).

VI. Cargo quinto

Al amparo también de la causal segunda de casación, se acusa en este cargo la sentencia del Tribunal por incongruente en la modalidad extra petita, toda vez que el fallador de segunda instancia estableció que “al ingreso base de liquidación se le debía sumar el 25% correspondiente a las prestaciones sociales a que tiene derecho el trabajador, sin que dicha solicitud se la hubieran realizado los demandantes” (fl. 50).

Consideraciones

De acuerdo con el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, “La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley”.

Este precepto impone al juez, al decidir el proceso, una particular limitación referida a que el fallo con que ponga fin al conflicto judicial, de un lado, debe comprender y desatar la totalidad de los extremos que integran la litis y nada distinto, y, de otro, no puede superar los límites que de esos mismos extremos se desprendan, salvo que se trate de condenas o excepciones que por disposición legal puedan disponerse de manera oficiosa.

El quebrantamiento de tal regla de procedimiento da lugar a un fallo disonante, atacable en casación por la vía de la causal segunda, y para cuya fundamentación, en lo esencial, se impone hacer un parangón entre las pretensiones y hechos de la demanda, las excepciones planteadas por el demandado o reconocibles de oficio, y la parte dispositiva de la sentencia, a efecto de que aflore la inconsonancia.

En providencia que compendia el fenómeno, dijo la Corporación:

A la luz del principio dispositivo que rige primordialmente el procedimiento civil, debe el juez, al dictar el fallo con el cual dirime la controversia, respetar los límites o contornos que las partes le definen a través de lo que reclaman (pretensiones o excepciones) y de los fundamentos fácticos en que se basan ante todo los pedimentos, salvo el caso de las excepciones que la ley permite reconocer de oficio, cuando aparecen acreditadas en el proceso, o de pretensiones que, no aducidas, asimismo deben declararse oficiosamente por el juez.

A eso se contrae la congruencia de la sentencia, según lo establece el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, dirigido no sólo a disciplinar que esa respuesta de la jurisdicción corresponda con lo que las partes le ponen de presente, sino, subsecuentemente, a impedir que el juez desconozca el compromiso de fallar dentro del marco de referencia que le trazan las partes, y cuyo incumplimiento es de antaño inscrito en una de estas tres posibilidades: en primer lugar, cuando en la sentencia se otorga más de lo pedido, sin que el juzgador estuviese facultado oficiosamente para concederlo (ultra petita); en segundo lugar, cuando en la sentencia olvida el fallador decidir, así sea implícitamente, alguna de las pretensiones o de las excepciones formuladas (mínima petita); y en tercer lugar, cuando en el fallo decide sobre puntos que no han sido objeto del litigio, o, de un tiempo a esta parte, en Colombia, con apoyo en hechos diferentes a los invocados (extra petita) (CSJ SC 1806-2015, feb. 24/2015, rad. 85001-3189-001-2000-00108-01)

Para la demostración de la incongruencia invocada en el cargo cuarto (incongruencia ultra petita), el recurrente no acude a las pretensiones deducidas en la demanda para compararlas con las condenas efectivamente dispuestas por el Tribunal, sino a la asignación mensual de la víctima que esa corporación tomó para efectuar la liquidación, olvidándose, por tanto, de la labor de contraste entre las pretensiones y la sentencia. Tal elemento, antecedente a la cifra que obtuvo el Tribunal, corresponde a un puntual aspecto fáctico para cuya crítica la causal segunda no está prevista. En efecto, si en él se increpa al Tribunal por haber tomado una asignación salarial distinta a la que se indicó en la demanda, significa, en otros términos, que se le achaca un yerro de apreciación probatoria. Y lo que estructura la incongruencia ultra petita es el haber condenado “al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda” (CPC, art. 305, inc. 2º, resalta la Corte).

Efectuada la comparación omitida en el mismo, al rompe se deduce que la sentencia no incurrió en los excesos de que se la acusa pues al paso que los actores pidieron que como consecuencia de que se declarase civilmente responsable a Expreso Brasilia S.A., se la condenara a pagar perjuicios materiales tasados en $ 480.602.994,1, en proporción del 50% ($ 240.301.497,05) para la esposa del fallecido, Gloria María Arias Pinzón, y 50% para los dos hijos Daniel Felipe y Katya Fernanda Reyes Arias, la sentencia del Tribunal condenó a la demandada a pagar a Gloria María Arias Pinzón la suma de $ 131.263.022, a Katya Fernanda Reyes Arias $ 90.915.639 y a Daniel Reyes Arias $ 128.145.140, rubros estos dos últimos que sumados, no arrojan en límite que la demanda señaló.

En punto de la acusación de incongruencia por haber otorgado el Tribunal un objeto diferente de lo pedido (extra petita), a que se contrae el cargo quinto, pasa algo similar: a más de no haber realizado el recurrente el cotejo antedicho, lo cierto es que las partes pidieron indemnización por perjuicios materiales y morales en dinero y eso fue lo que el Tribunal otorgó, sin que la configuración de la causal pueda lograrse con la aducción de un elemento fáctico (prestaciones sociales como parte del ingreso del occiso) tenido en cuenta por el fallador para la obtención del quantum del daño reclamado porque, se reitera, es lo mismo lo que se pidió y lo que se otorgó: sumas de dinero como indemnización de perjuicios materiales y morales.

Estos cargos no prosperan.

VII. Cargo sexto

En este cargo se acusa la sentencia de violación directa por falta de aplicación del artículo 42 inciso 7º de la Constitución Política así como de los artículos 413 y 422 del Código Civil, en concordancia con los artículos 1º y 2º de la Ley 27 de 1977, 3º y 4º de la Ley 1098 de 2006, y 15 literal b y 163 de la Ley 100 de 1993.

En procura de su demostración, recuerda el recurrente que el Tribunal condenó a Expreso Brasilia S.A. a pagarle a Daniel Felipe y a Katia Fernanda Reyes Arias indemnización por lucro cesante, considerando que la obligación alimentaria les asistía hasta los 25 años de edad, con lo cual el Tribunal desconoció las normas acusadas que establecen que “es hasta los 18 años de edad o los 25 años de edad siempre y cuando el solicitante no labore y ostente la calidad de estudiante en un establecimiento de educación formal básica, media o superior, éstos debidamente aprobados por el Ministerio de Educación Nacional” (fl. 52).

Advierte que sin discrepar del análisis probatorio que realiza el fallador de segunda instancia, se equivocó éste al reconocer la indemnización a estos jóvenes hasta los 25 años, cuando las normas sustanciales en la materia determinan que para que se prolongue la obligación de dar alimentos se deben cumplir algunos presupuestos, como ser estudiantes. Resalta en particular la falta de aplicación del inciso séptimo del artículo 42 de la Carta Fundamental en cuanto a que dicho precepto establece que la pareja debe sostener y educar a sus hijos “mientras sean menores o impedidos”.

Consideraciones

A. El Tribunal se valió de la obligación alimentaria que deriva de la relación filial, para de ella inferir, según dijo de acuerdo con la jurisprudencia, que se presume el perjuicio futuro irrogado a los hijos del padre fallecido.

En lo que hace a la forma en la cual el vínculo de consanguinidad ha servido de base para inferir la existencia de lucro cesante, en caso de muerte o incapacidad de la víctima directa, la jurisprudencia ha efectuado pronunciamientos orientados por las siguientes consideraciones:

En una sentencia de la Sala de Negocios Generales, de aquellas producidas con ocasión del siniestro del campo de aviación de Santa Ana, la Corte señaló:

“Para que los hijos y el esposo de la señora Barrera de Medina tengan derecho a reclamar perjuicios materiales por causa de su muerte, deben acreditar que ellos recibían de dicha señora un apoyo efectivo y que con su sueldo contribuía a la subsistencia y alimentación de los demandantes. No está comprobado debidamente que ellos hayan sufrido perjuicios de carácter estrictamente patrimonial, y tampoco en el informativo está demostrado que la occisa sostenía a sus hijos mayores. En consecuencia, la Corte nada puede decir respecto a los daños materiales que alegan haber padecido los demandantes… Ya que, como lo anota el señor Procurador Delegado en lo Civil, no es presumible la existencia de tales perjuicios por el mero hecho de la muerte del obligado a prestar alimentos, con solo alegar el carácter abstracto de acreedor alimentario, o la simple calidad de heredero. En tales casos es necesario que quien demanda por dicho concepto, evidencie su condición concreta de acreedor alimentario o de que recibía el apoyo del occiso” (CSJ SNG, nov. 27/42, G.J. LIV bis Nº 39, pág. 421).

Poco tiempo después, en sentencia del 22 de julio de 1943 (G.J. LV Nº 19998-1999, págs. 764 a 773), la Sala de Negocios Generales, decididamente tomó apoyo en la tesis de los hermanos Mazeaud, de quienes trascribió apartes de su obra, en particular, éste:

“Ante todo, puede suceder que el demandante sea acreedor alimentario (tenga derecho a pedir alimentos) del difunto incapacitado: el carácter de certidumbre del daño en este caso es indudable. Es cierto en efecto que si la persona no hubiera muerto o el herido no se hubiera incapacitado o disminuido su capacidad de trabajo, aquélla o el herido hubieran subvenido a las necesidades del demandante y este habría podido, en efecto, constreñirlos en caso de necesidad”.

Se encaminaba la Corte, en esa ocasión, a utilizar como fundamento de la certidumbre del daño, no tanto la obligación alimentaria sin más, cuanto que la “probabilidad capaz de convertirse en certidumbre”, a partir de reglas naturales aplicables a diversos tópicos como la supervivencia probable de las personas hasta cierta edad, la adquisición de nuevos deberes con ocasión de su matrimonio, la probabilidad —“casi necesaria”— impuesta por la biología humana de la ayuda que los hijos prestan a los padres en su invalidez y ancianidad. Tal convicción la aquilató en jurisprudencias posteriores, en las que además, se apoyó en otros distinguidos autores franceses —Planiol, Ripert, Esmein, Lalou— para sentar la tesis de que “los Tribunales pueden contentarse con probabilidades” (G.J. LX, Nº 2029 al 2031, pág. 296).

Otro razonamiento sentó la Sala de Casación Civil, en fallo del 28 de abril de 1951:

no basta la simple condición de acreedor alimentario en el demandante para que la muerte por accidente de su hija legítima le cause un perjuicio actual y cierto, sino que se requiere además la demostración plena de que aquél recibía la asistencia a que por ese concepto le da derecho la ley, o que cuando menos se encontraba en situación tal que lo capacitara para demandarla y obtenerla y que aquella estaba en capacidad económica para suministrársela. En este sentido puede citarse la sentencia de casación de 20 de abril de 1947, tomo LXII, página 136 (G.J. LXIX, Nº 2099, pág. 558).

En posterior ocasión, dijo que

“[S]i por el presunto damnificado no se da la demostración de que sobre la víctima pesaba la obligación de suministrar alimentos, se carece de base para afirmar que aquél se le ha privado de un beneficio cierto(G.J. Tomo LI, pág. 450). Sana doctrina en la que hoy se reafirma la Corte, máxime cuando existen disposiciones tales como el artículo 257, inciso 3° del Código Civil, según el cual si un hijo tuviere bienes propios, los gastos de su establecimiento, y, en caso necesario, los de su crianza y educación, podrán sacarse de ellos…” (CSJ SC, mar. 1º/54, G.J. LXXVII, Nº 2138-2139, pág. 56).

Andando el tiempo, la jurisprudencia, con criterio general, afirmó que

habiendo un lazo conyugal o de parentesco próximo, entre unas personas con el fallecido, que les otorgaba el derecho legal de alimentos (C.C., art. 411) y que existiendo el principio general de que las personas obran conforme a la ley y que, por lo tanto, ordinariamente se entiende que cumplen sus obligaciones; no puede menos que afirmarse que en este evento tales personas, al estar gozando y disfrutando de su derecho de alimentos del causante, el fallecimiento de este último, al suprimirle la capacidad de ingreso patrimonial, también le afecta ese derecho por la imposibilidad consecuencial para obtener su satisfacción. De allí que se encuentren legitimados activamente para reclamar dicha indemnización, debiendo demostrar los supuestos de hecho que sirvan de sustento al derecho lesionado y la capacidad de sostenimiento del fallecido. Por ello corresponde a quien desconoce tal legitimación la demostración no solo del hecho del incumplimiento de los alimentos sino también de la extinción futura de dicho derecho o la imposibilidad absoluta de su satisfacción (CSJ SC 042-1996, jun. 24/96, rad. 4662).

Apuntaló aún más su doctrina, para señalar que

lo que confiere el derecho para reclamar el pago de perjuicios materiales de índole extracontractual, derivados de la muerte de una persona es la dependencia económica del reclamante con respecto al extinto, siempre y cuando, claro está, exista certeza de que, dadas las circunstancias, la ayuda o socorro habría continuado de no haber ocurrido su fallecimiento” (SC. 244-2000,

Lo antes expuesto ilustra la forma en la cual no resulta del todo exacta la afirmación del Tribunal, formulada en el sentido de que los “perjuicios materiales […] se presumen en los parientes que son acreedores a obligaciones alimentarias”, con el alcance de entender que, en cualquier contexto, la sola relación de parentesco contemplada en el artículo 411 del Código Civil, releva por completo de prueba a los demandantes con respecto a la efectiva generación del perjuicio material -a consecuencia del fallecimiento de aquel que alegan contribuía o podía contribuir a su sostenimiento-. Nótese a este respecto que la tajante proposición que ha sido referida ha merecido diversas puntualizaciones en las cuales la Corte ha exigido, las más de las veces, la demostración directa de la “dependencia económica”, esto es de que se recibía el “apoyo efectivo” del difunto o incapacitado; o a lo menos de que se dan en concreto todos los elementos de la obligación alimentaria, estableciendo al efecto que “no basta la simple condición de acreedor alimentario en el demandante para que la muerte por accidente de su [pariente] le cause un perjuicio actual y cierto, sino que se requiere además la demostración plena de que aquél recibía la asistencia a que por ese concepto le da derecho la ley, o que cuando menos se encontraba en situación tal que lo capacitara para demandarla y obtenerla y que aquella estaba en capacidad económica para suministrársela”.

Naturalmente que en tratándose de hijos menores, o de adultos jóvenes en etapa de formación para el desempeño de una actividad productiva, las máximas de la experiencia permiten tener por establecida la situación de efectiva dependencia económica, salvo que se demuestre que el alimentario cuenta con bienes propios, caso en el cual “los gastos de su establecimiento, y, en caso necesario, los de su crianza y educación, podrán sacarse de ellos, conservándose íntegros los capitales en cuanto sea posible” (C.C., art. 257).

B. En lo que hace a la duración del período indemnizable, el Tribunal, dijo lo siguiente:

En los perjuicios económicos, el lucro cesante lo constituyen las sumas que dejó de percibir el demandante como consecuencia de la muerte de esa persona.

Quiere decir lo anterior, que la víctima debía proporcionarle ayuda o beneficio económico, a esa persona perjudicada, siendo esa ayuda a veces legal, como los alimentarios, pero también puede ser contractual o voluntariamente adquirida por la víctima.

Cuando una persona muere, las personas que recibían ayuda o beneficio reciben un perjuicio, pues pierden el ingreso o beneficio que les daba la víctima, debiendo acreditarse fehacientemente esa ayuda o beneficio que se recibía.

En cuanto al período indemnizable, es el que cubre el lapso de tiempo durante el cual la víctima, de no haber fallecido, habría suministrado ayuda al demandante y éste habría tenido la posibilidad de recibirla.

En el presente caso, hay que distinguir entre la cónyuge que mientras viviera habría requerido de la ayuda de la víctima y los hijos que sólo lo habrían necesitado durante cierto periodo de su vida, para lo cuales (sic) se tendrá en cuenta la edad de 25 años, que es la necesaria para que cursen una carrera profesional o técnica que los prepare para enfrentarse a la vida (fls. 84 y 85, cdno. 6).

De lo anterior se deduce que el juzgador, más allá de los aspectos generales sobre el lucro cesante —su fuente y los legitimados por ley (alimentarios), contrato o por voluntad de la víctima—, se refirió al periodo indemnizable, en lo tocante a los hijos menores de Jaime Elías Reyes, como aquel durante el cual habrían de recibir “ayuda” de éste de no haber fallecido. Y lo fijó hasta los 25 años, más no por razones legales sino por una regla de experiencia que tuvo a bien aplicar, pues no otro calificativo puede recibir el argumento del ad quem, quien se orientó para fijar ese término en un criterio que entendió de conocimiento general, relativo al tiempo requerido para que los hijos menores “cursen una carrera profesional o técnica que los prepare para enfrentarse a la vida”.

Dicho lo anterior, enseguida se advierte el desenfoque del cargo, en vista de que el recurrente no repara en la verdadera razón aducida por el juzgador colegiado, sino que, sin criticarla siquiera, “delinea a su mejor conveniencia” (CCLVIII, 294) otra, al suponer que el fundamento legal de la extensión del lucro cesante hasta una edad determinada en el caso de un hijo cuyo padre ha fallecido viene dado por la duración de la obligación alimentaria —hasta los 18 años— o el ser beneficiario del plan obligatorio en salud, caso en el cual —en su entender— puede extenderse la obligación alimentaria hasta los 25 años, siempre que se acredite la condición de estudiante, por aplicación que hace del artículo 163 de la Ley 100 de 1993(1). Pero si se sigue la ilación argumentativa del censor, habría que concluir que en dicho contexto el cargo estuvo planteado por una vía equivocada, por cuanto habiendo el Tribunal decretado el lucro cesante hasta los 25 años de cada uno de los hijos menores, forzosamente tuvo que haber dado por establecida la prueba —de dificultad extrema, por lo demás— de que estos iban exclusivamente a dedicarse al estudio hasta esa edad, suposición de prueba que, entonces, debió atacar por la vía indirecta.

Pero más allá de esa razón formal, es lo cierto que la determinación de la edad máxima hasta la cual es dable entender que la ayuda económica de un padre hacia su hijo menor —al cual le está actualmente suministrando alimentos— se ha de proyectar en el tiempo, no es criterio que se encuentre plasmado en regla legal alguna. Ha sido la jurisprudencia la que en aplicación de máximas de la experiencia ha venido estableciendo algunos límites de conformidad con factores sociales (mayor necesidad de capacitarse, por ej.) y de diverso orden (entorno rural o urbano) que inciden en el mismo. Así, es de ver como en Sentencia CSJ SNG del 31 de agosto de 1949 (G.J. LXVI Nº 2077-2078, pág. 849) la Corte aplicó la mayoría de edad, entonces en 21 años. Con mayor precisión, y con ánimo de síntesis dijo en oportunidad posterior:

la jurisprudencia nacional ha optado cuando hay menores con capacidad laboral futura, por indemnizarlos hasta el día en que estén en condiciones de obtener empleo y si no hay pruebas al respecto se presume que el auxilio se habría prestado hasta cuando éstos cumplieran 18 años (jul. 2/68. Anales, T. LXXV, pág. 324; mar. 27/81. Anales. T. C. pág. 403) (CSJ SC GJ CCXXXI Nº 2470, pág. 877).

Pero las circunstancias del país han cambiado. Hoy es natural y deseable entender que las nuevas generaciones no se contenten con estudiar hasta los 18 años alcanzando solo el bachillerato para obtener luego un empleo. Y es por ello que la Corte de un tiempo a esta parte ha venido estableciendo el límite que aplicó el Tribunal a efectos de liquidar el lucro cesante futuro derivado de la ruptura, por causa del fallecimiento del padre, de la ayuda económica que entonces brindaba al hijo demandante. En efecto, en jurisprudencia que a continuación se transcribe para ratificarla, dijo esta Corporación

“Es regla de principio, en punto de la liquidación de los perjuicios padecidos por los hijos en razón del fallecimiento accidental del progenitor del que dependían económicamente, que esa ayuda, desde el punto de vista temporal, no es ilimitada o irrestricta, en el entendido que ella resulta necesaria, inicialmente, sólo hasta tanto el hijo se encuentre en condiciones de atender funcionalmente su propia subsistencia, que en el medio nacional, con apoyo en las reglas de la experiencia, esta Corporación ha estimado, ocurre al arribo de la edad de veinticinco años, siempre y cuando, claro está, se verifiquen los supuestos fácticos por ella descritos”.

“Sobre el particular, ha dicho la Corte que ‘la discusión que podría centrarse en torno a la edad límite que se tomó como período de tiempo en que los hijos de las víctimas requerían de sus sustentos, corresponde a la proyección más correcta si se tiene en cuenta que atendiendo a las reglas de la experiencia, es dable deducir que, en principio, a los 25 años, una persona de la zona urbana del país, dedicada al estudio, puede adquirir su completa educación que lo habilita para velar, a partir de entonces, por su propio sostenimiento, desde luego que tampoco obra prueba ninguna que desvirtúe, para aumentar o disminuir, esa edad tope” (Se resalta; Cas. Civ., sent. oct. 18/2001, exp. 4504).

“Posteriormente, la misma Sala, refiriéndose a los criterios que han de tenerse en cuenta a fin de concretar la liquidación del lucro cesante, precisó: ‘Este cometido exige establecer de manera razonada la cuantificación, actualizada, de los ingresos percibidos por el causante durante la época que precedió a su muerte, al igual que el porcentaje de lo que el hoy difunto podía destinar para sí mismo, la vida probable de los demandantes y el periodo durante el cual estarían destinados a seguir recibiendo la truncada asistencia económica...’, en torno de lo cual más adelante puntualizó, ‘que sus hijos recibirían tal ayuda económica hasta la edad límite de 25 años, época que razonablemente se asume como la de culminación de sus estudios superiores, todo esto de conformidad con las directrices admitidas por esta misma Corporación en asunto similar” (sent. oct. 18/2001, exp. 4504)’. (Cas. Civ. Sent. oct. 5/2004, exp. 6975).

“Ese mismo criterio también lo aplicó la Corte en la sentencia de 30 de junio de 2005, en la cual expresó que, ‘Para esos fines, es necesario determinar: a) el monto de los ingresos mensuales que la occisa percibía, o podía percibir, cuando se produjo su fallecimiento; y su valor actualizado; b) el porcentaje de esos ingresos que destinaba para su propio sostenimiento; c) la vida probable de la víctima, y d) el período durante el cual podía beneficiarse la demandante de la ayuda económica que le brindaba su progenitora’ y que dicha ayuda se ‘percibiría hasta los 25 años, por ser la edad en la que ordinariamente se culmina la educación superior y se está en capacidad de valerse por sí mismo” (Sent. oct. 18/2001 y oct. 5/2004)’ (se resalta; exp. 0650)” (Cas. Civ., sent. dic. 19/2006, exp. 2000-00483-01). (CSJ SC 078-2008, jul. 31/2008, rad. 23001-3103-004-2001-00096-01). En el mismo sentido SC del 17 de noviembre de 2011, rad. 11001-3103-018-1999-00533-01.

Este cargo, en consecuencia, fracasa.

VIII. Cargo séptimo

Con fundamento en la causal primera de casación, en este cargo se acusa la sentencia haber infringido indirectamente los artículos 2341, 2342, 2343, 2347, 2356, 2358 del Código Civil y el artículo 1006 del Código de Comercio, como consecuencia de errores de derecho al desconocer el Tribunal el régimen de la apreciación en conjunto de las pruebas, consagrado en el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil.

Y para demostrarlo, anota que para la liquidación del lucro cesante, el Tribunal se fijó en la certificación existente en el expediente, que da cuenta de ingresos mensuales del fallecido Jaime Elías Reyes del orden de los $3.500.000,oo, sin hacer un análisis de conjunto, pues omitió valorar las pruebas siguientes: los testimonios obrantes en las foliaturas que relaciona en los cuales no se demuestra con suficiencia sus ingresos; la certificación del Ministerio de Protección Social en la que consta que dicha persona no se encontraba registrada en el Sistema de Seguridad Social en Salud; el certificado de existencia y representación de la sociedad Diseños y Construcciones Ltda. en donde consta que la sociedad tiene un capital de $ 4.500.000.

Agrega que si el Tribunal hubiera realizado una apreciación conjunta de las pruebas, hubiera valorado las referidas y de haberlas confrontado entre sí, hubiera llegado a la convicción de que la certificación de ingresos en que se apoyó, no tiene fuerza probatoria, pues la misma carece de soporte contable, resulta inverosímil porque no es razonable que una empresa con un capital de $ 4.500.000 pague salarios a un solo trabajador por $ 3.500.000.

Consideraciones

En teoría, la violación del artículo 187 del Código de Procedimiento Civil por parte del juzgador, al no acatar la regla de valorar las pruebas en conjunto, lo haría reo de error de derecho. Se trata de una norma que le impone un proceder en el último tramo del iter probatorio consistente en examinar el mérito que le merece cada prueba y todas ellas en conjunto, explicándolo en el fallo. Y si como consecuencia de aquella omisión el Tribunal arriba a un cuadro fáctico distinto del que hubiera deducido a partir de la visión de conjunto de los diferentes elementos de prueba, es factible plantear esa equivocación como error de derecho que conduce a la violación de normas sustanciales. No obstante, la jurisprudencia ha advertido, de tiempo atrás, sobre la exigente senda que ha de transitar el recurrente, porque si en ese tipo de error de derecho las pruebas deben haber sido aprehendidas en su realidad fáctica por parte del juzgador, y lo reprochable en él es no haber enlazado los diversos detalles que cada prueba aporta y que, juntos, hacen brotar una realidad distinta, ha de partirse del hecho de que el juzgador, en efecto, sí vio todas esas pruebas, pero no las concatenó, según lo dicho.

Ha dicho la jurisprudencia que,

“En lo que a la casación atañe, y como quiera que la norma antes mencionada exige la apreciación de las pruebas en conjunto, la jurisprudencia de la Corte ha sostenido que el desconocimiento de tal mandato por el legislador da lugar a un error de derecho, desde luego que se desconocería una prescripción de la ley instituida para evaluar las pruebas. Como es natural, en procura de que ese error aparezca, debe el impugnante demostrar que la tarea evaluativa de las distintas probanzas cumplida por el sentenciador se llevó a cabo al margen del análisis de conjunto pedido en el artículo 187, o sea, poniendo de manifiesto cómo la apreciación de los diversos medios lo fue de manera separada o aislada, sin buscar sus puntos de enlace o de coincidencia. Ese y no otro debe ser el criterio a seguirse cuando de individualizar este tipo de yerro se trata. En consecuencia, si, con prescindencia de las conclusiones obtenidas en el campo de los resultados de la prueba, pues es asunto que cae en el terreno rigurosamente fáctico, la referida tarea valorativa se ciñó a la norma citada, no será admisible la prédica de la sustitución del examen de conjunto realizado por el sentenciador por el que proponga el recurrente. Expresado de otra manera, se debe tener un cuidado sumo para que el planteamiento no derive hacia el aspecto de la objetividad de los hechos pues en éste la cuestión queda ya bajo el influjo del error de hecho que como se sabe tiene una naturaleza distinta a la del error de derecho” (Cas. Civ., sep. 14/2011, exp. 050013103012200500366-01, en la que se reitera sentencias de mayo 25/2010, exp. 73001-3110-004-2004-00556-01; 067 mar. 4/91; 047 abr. 28 y 055 jun. 6/95; jun. 5/2009, exps. 4102, 4174 y 00205-01).

Como es menester que el recurrente se dé a la tarea de pasar revista a las diversas probanzas que debió haber apreciado el Tribunal y extraiga de ellas aquellos puntos de contacto que, sin embargo, esa corporación no denotó, y que de haberlo hecho, hubiese percibido un cuadro fáctico distinto del que se planteó el juzgador, resulta claro que en este cargo, lo que se bosqueja en el fondo es un yerro fáctico y no el que se propuso el recurrente.

En efecto, es este mismo quien advierte que “la única prueba que valoró el Tribunal, para establecer el índice base de liquidación del lucro cesante” (fl. 54, cdno. Corte) fue la certificación expedida por la sociedad para la cual laboraba el occiso. E insiste en el punto, al afirmar que la Corporación “omitió valorar” (ib.) testimonios, una certificación del Ministerio de Protección Social y el certificado de existencia y representación de la sociedad Diseños y Construcciones Ltda.

Es decir, para el recurrente, el Tribunal sólo vio la certificación proveniente de la empresa en la que trabajaba la víctima, lo que vale tanto como decir que el resto de pruebas que no las apreció el ad quem, lo que tipifica entonces un caracterizado error de hecho por omisión de esas probanzas, que conducirían a una conclusión contraria a la adoptada.

Aparte de lo anterior, el argumento ofrecido para restarle credibilidad a la certificación del subgerente de Diseños y Construcciones Ltda. no deja de ser, ciertamente, la simple proposición de la sustitución del examen probatorio que el Tribunal hizo por el que plantea la censura, sobre la base de predicar que la asignación salarial de $ 3.500.000 mensuales carece de base probatoria pues nada dijeron los testigos; una certificación del Ministerio de Protección Social indica que Jaime Elías Reyes no se encontraba registrado en el sistema de la seguridad social en salud; y , en fin, aquella empresa registra en la cámara de comercio un capital social de tan solo $4.500.000, por lo que no podía contar en su nómina con un empleado que tuviera un ingreso salarial mensual de $ 3.500.000.

Pero esta deducción en sí misma no se desprende de las pruebas cuyo examen no hizo el Tribunal. Porque, en primer lugar, que nada dijeran los testigos no demuestra que el occiso obtuviese una cantidad mayor o menor a la certificada por la sociedad Diseños y Construcciones limitada; que la sociedad tuviese un capital social de $ 4.500.000 tampoco lo demuestra pues la fuente de sus recursos para pagar obligaciones como la laboral que certificó su subgerente, pueden ser muchas otras que conformen sus activos o rentas, diferente del capital aportado por los socios. En cuanto a la certificación del Ministerio de la Protección Social, la equivocación del censor sube de punto, pues a diferencia de lo que sostiene, allí claramente se lee que, si bien en la base de datos PILA Jaime Elías Reyes no se encuentra registrado, en el maestro para el sistema de seguridad social que administra el Fosyga, el último mes compensado por aquel fue diciembre de 2004 —fecha en que falleció—, y su última EPS fue Salud Total.

En suma, ninguna de las pruebas indicadas por la censura, vistas aisladamente o en conjunto permite concluir que la certificación salarial que tuvo en cuenta el Tribunal no fuese digna de crédito.

Este cargo tampoco prospera.

Ante el fracaso de todos los cargos se impondrán costas a la impugnante, incluyendo por concepto de agencias en derecho el valor que aquí se fijará, para lo que se tiene en cuenta que hubo réplica.

IX. Decisión

En mérito de las anteriores consideraciones, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 14 de mayo de 2012, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el proceso ordinario que contra Expreso Brasilia S.A. instauraron Gloria María Arias Pinzón, Daniel Felipe Reyes Arias y Katya Fernanda Reyes Arias y en el que la demandada llamó en garantía (fl. 75, cdno. 1) a la sociedad Aseguradora de Vida Colseguros S.A.

Se condena en costas del recurso de casación a los recurrentes. Por concepto de agencias en derecho inclúyase la suma de seis millones de pesos ($ 6.000.000).

Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.»

1 Establece este precepto: ART. 163.—La cobertura familiar. <Aparte tachado INEXEQUIBLE. Artículo y expresión subrayada en letra itálica CONDICIONALMENTE exequibles> El Plan de Salud Obligatorio de Salud tendrá cobertura familiar. Para estos efectos, serán beneficiarios del Sistema el (o la) cónyuge o el compañero o la compañera permanente del afiliado cuya unión sea superior a 2 años; los hijos menores de 18 años de cualquiera de los cónyuges, que haga parte del núcleo familiar y que dependan económicamente de éste; los hijos mayores de 18 años con incapacidad permanente o aquellos que tengan menos de 25 años, sean estudiantes con dedicación exclusiva y dependan económicamente del afiliado. A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, e hijos con derecho, la cobertura familiar podrá extenderse a los padres del afiliado no pensionados que dependan económicamente de éste.