Sentencia SC11185-2014 de agosto 22 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC11185-2014

Rad. 11001-31-03-008-1999-01992-01

Magistrado Ponente:

Dr. Jesús Vall De Rutén Ruiz

(Aprobado en sesión de quince de julio de dos mil catorce)

Bogotá, D.C., veintidós de agosto de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Sabido es que para el desarrollo de las operaciones que masivamente y a nivel profesional llevan a cabo los comerciantes y para el caso que se estudia, los establecimientos bancarios, el instrumento idóneo al que acuden es el contrato, figura jurídica que como ninguna otra facilita el tráfico de bienes y servicios y que para su estructuración —a pesar de la velocidad con la que esas transferencias hoy se logran efectuar y parecieran desdibujar sus elementos—, requiere de un acuerdo de voluntades entre sujetos de derecho —el banco uno de ellos— del cual surjan obligaciones y derechos cuya regulación, modificación y extinción tiene como marco jurídico las estipulaciones pactadas y admitidas por las partes y las normas legales imperativas y dispositivas, a falta de acuerdo expreso, que regulen el contrato correspondiente.

Con miras a la celebración de esos contratos, tanto de aquellos que corresponden a las operaciones pasivas o de captación de recursos como de los que van dirigidos a la colocación de los mismos por parte del establecimiento crediticio, corresponde a este realizar una adecuada y especialísima investigación acerca de la persona del contratante o cliente. Por el lado pasivo, y en relación con el contrato de cuenta corriente bancaria, es apenas elemental que el banco identifique de manera precisa e idónea a la persona del cuentahabiente, a quien le ha de suministrar talonarios de cheques con los cuales dispondrá de los depósitos, operación en la cual de alguna manera el banco está verificando que ese titular o tenedor de la chequera ha sido previamente examinado en cuanto a sus condiciones morales, financieras y de capacidad, a fin de establecer que no utilizará los instrumentos financieros para facilitar u ocultar el desarrollo de actividades ilícitas. Quizás con mayor importancia por los efectos perversos, delictivos y de deterioro moral, que en la sociedad y la economía internacional e interna de los países ha producido el denominado “lavado de activos”, son numerosas las convenciones internacionales, los acuerdos multilaterales impulsados por organismos internacionales y tratados que procuran frenar ese flagelo, comenzando por lo más básico: el conocimiento cabal del depositante.

Así, en lo que hace a la legislación interna, baste solo indicar que en el estatuto orgánico del sistema financiero adoptado mediante Decreto 663 de 1993, con las modificaciones que se la han venido introduciendo, sobresale la obligación de las instituciones sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de

“adoptar medidas de control apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que en la realización de sus operaciones puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación, o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas” (art. 102).

Medidas estas que comprenden aquellas dirigidas a “conocer adecuadamente la actividad económica que desarrollan sus clientes, su magnitud, las características básicas de las transacciones en que se involucran corrientemente y, en particular, la de quienes efectúan cualquier tipo de depósitos a la vista...” (ib.).

De suerte que la consideración teórica acerca de que el contrato de cuenta corriente bancaria es intuito personae hoy más que nunca cobra vigor práctico, de cara a las incidencias que en la sociedad, la economía, las finanzas públicas, entre otros ámbitos, tiene la actividad bancaria y los depósitos que ella recibe. En suma, la confianza que la sociedad debe tener en dicha actividad impone, entre otras cosas, que el conocimiento de la persona del cliente sea una directriz axial.

Precisamente por ello, con ocasión de la apertura de la cuenta corriente es usual, deseable y mandatorio que el banco identifique a quien va a fungir como su contratante y cuentacorrentista, no solo en lo tocante a su comportamiento financiero y su solvencia moral, aspectos técnicos de medición del riesgo propios de la actividad profesional que el establecimiento ejerce, sino en lo relacionado con circunstancias estrictamente jurídicas, referidas a la identificación legal de la persona, a su capacidad, y en tratándose de personas jurídicas, a la constatación de su existencia y el ámbito de facultades del representante que actúa en nombre de ella, por medio de documentos idóneos, como los certificados de existencia y representación legal, las copias de actas o extractos de las actas de los órganos colegiados en que consten las autorizaciones que sean menester, entre otras.

De otra parte, a las anteriores previsiones profesionales y legales, han de sumarse aquellas que es esperable que desplieguen los empresarios que contratan con el banco los servicios financieros de este para el desarrollo de sus actividades comerciales, de forma tal que el acto de confianza que supone la entrega de dineros y recursos suyos al ente bancario así como la disposición de los mismos, pueda, con todo, asegurarse en forma diáfana con facultades y restricciones expresa y claramente convenidas. Se refiere la Corte a, por ejemplo, instrucciones para el manejo de la cuenta corriente, a facultades para ordenar que el banco realice débitos automáticos a los recursos depositados en dicha cuenta para el pago de obligaciones a cargo del depositante y a favor del ente bancario, o a la posibilidad de que a través del manejo de la cuenta corriente operen otros contratos como el de apertura de crédito.

El eje a partir del cual debe analizarse el caso de que da cuenta la sentencia, está constituido, como lo puso de presente el tribunal, en la identificación de quiénes son las partes en el contrato de cuenta corriente bancaria, y especialmente, por el lado del cuentahabiente, si como titular de la relación contractual anotada, puede entenderse incluido el señor Julio Roberto Díaz Neira.

A tal fin, debe recordarse que el tribunal, con base en los documentos de apertura de la cuenta corriente y en atención a que en los mismos figuraba la mención de un contrato y la firma de Julio Roberto Díaz Neira, llegó a la conclusión de que esa cuenta corriente fue abierta conjuntamente por la sociedad junto con este. Tal conclusión la apuntaló al observar el contenido de las comunicaciones que este interventor remitió al banco demandado y a la sociedad demandante, lo que, en su sentir, produjo por parte de la entidad financiera la admisión de que en dicha apertura se habían cometido fallas operativas. Y, asimismo, soportó su conclusión desde el principio adoptada, en el hecho de que el gerente de la sociedad demandante, Germán Niño Duque, hubiera sido condenado penalmente a raíz de los hechos que de alguna forma sustentan la demanda de este proceso, fincada en el pago que se dice irregular de cheques provenientes de la cuenta corriente de la empresa actora.

Del cotejo que el recurrente propone a la Corte, en orden a constatar la existencia de los endilgados errores, se demuestra que, en efecto, el tribunal incurrió en las falencias que la censura denuncia, pues si se tienen presentes las directrices teóricas mencionadas al comienzo de estas consideraciones, se aprecia en los documentos aportados por la demandante al solicitar la apertura de la cuenta corriente y que asimismo trajo al proceso la demandada con su contestación, lo siguiente:

a. En el denominado “solicitud de apertura de cuenta corriente” claramente se lee que el formato preestablecido por el Banco Cafetero, se diligenció —sin que pueda afirmarse que el banco lo haya hecho, pues no obra elemento de convicción alguno que a ello apunte— incluyendo la siguiente información: se trata de una cuenta abierta por una persona jurídica, pues así se indica en la solicitud, sin que se haya seleccionado el espacio concerniente a “persona natural”. Dicha persona jurídica es Agropecuaria del Norte del Tolima Ltda. El “nombre o razón social” que se incluyó en la solicitud de apertura es el de la sociedad, al que se le agregó el de su representante legal (aparece tachado) y la indicación “Contrato 05-0479-0-91”. Esto, que fue lo que resaltó el tribunal, debe complementarse con las informaciones atinentes al conocimiento de la persona del cuentahabiente de conformidad con el formulario preestablecido por el banco, tales como su identificación tributaria, la clase de negocio a que se dedica, su dirección y teléfonos, así como las referencias bancarias y comerciales incluidas en el formato, que se predican de dicha sociedad, sin que exista dato alguno en esa solicitud que permita inferir, como lo hizo el sentenciador, que la misma hubiere sido elevada por la sociedad y por Julio Roberto Díaz Neira, nombre que tan solo figura al final de la solicitud, en el acápite correspondiente a las personas autorizadas para firmar los cheques. De él no aparece reseña alguna sobre sus referencias comerciales o personales, su dirección, teléfonos, etc. Es, para decirlo en breve, un nombre seguido de una firma con la indicación de una cédula.

Pero aun si a esa escueta mención se le agrega el número de un contrato, sin más, no puede razonablemente entenderse que la persona que responde a ese nombre fuese titular de la cuenta. Nótese al respecto que dicha persona, a la sazón interventor de un contrato que la sociedad demandante había celebrado con Ferrovías, no adujo su condición de cuentahabiente cuando hubo de presentar reclamos al banco y a la sociedad, de acuerdo con las comunicaciones tenidas en cuenta por el juzgador colegiado. Su queja se dirigió a otras cuestiones que, frente a esa que el tribunal dedujo, lucen de menor entidad. Si se es titular o cotitular de una cuenta, tal condición se hace valer ante el banco para pedir explicaciones. Sin embargo, lo que se observa de ellas es que el señor Julio Roberto Díaz, adujo su condición de interventor y en parte alguna figura que en tal calidad haya participado en la apertura del contrato de cuenta corriente.

b. En el documento denominado “novedades de apertura o cambio” se repite la información concerniente al nombre o razón social (Agropecuaria del Norte del Tolima Ltda.) y “Contrato 05-0479-0-91” sin ninguna otra información relevante a los efectos que se investigan.

c. Y en la tarjeta de registro de firmas autorizadas, vuelve a repetirse el nombre ya mencionado, con la única mención del número de identificación tributaria correspondiente a la persona jurídica aludida para a continuación dejarse estampadas las firmas autorizadas y el sello convenido, correspondiente a la sociedad.

De suerte que cuando el tribunal dedujo que a partir de la indicación del número de un contrato había una persona cuentahabiente adicional a la sociedad demandante, cometió un evidente y trascendente error fáctico por desfiguración del medio al agregarle algo que en él no aparece, en vista de que los contratos no son personas, y en parte alguna figura que en razón de la inclusión de su firma como autorizada, Julio Roberto Díaz habría forzosamente de ser tenido por cuentacorrentista.

Quizás como método de identificación de la cuenta corriente, en su apertura se incluyó el número de un contrato, práctica de suyo común en la esfera negocial cuando un comerciante decide tener manejo separado de recursos y por ello, abre numerosas cuentas. Pero la inclusión de ese número de contrato por sí misma no permite deducir que el establecimiento financiero debía de conocer el contenido del contrato, sus partes o la naturaleza jurídica de las mismas, las obligaciones que se adquirieron en desarrollo del convenio, tales como la presencia de la interventoría, la necesidad de que los recursos destinados para la ejecución del contrato deban ser manejados en cuentas conjuntas, tópicos todos que supuso el tribunal al considerar oponible al banco las cláusulas del contrato celebrado por la sociedad Agropecuaria del Norte del Tolima con Ferrovías. En efecto, no hay una sola prueba que permita establecer que el banco hubiera recibido instrucciones con ocasión de la apertura de la cuenta corriente tendientes a tener como conjunta la cuenta abierta con las indicaciones anteriores y las instrucciones para la firma de los cheques, o que siquiera hubiere recibido copia del mismo cuando se gestionaba la apertura de la cuenta.

El solo hecho de que en el espacio destinado a las “instrucciones especiales” para el giro de los cheques, que contiene la tarjeta de registro de firmas autorizadas (fl. 4, cdno. 1) se hubiere consignado la leyenda “dos firmas conjuntas y un sello húmedo” no permitía al tribunal concluir que la cuenta —abierta exclusivamente por la sociedad demandante— tuviera el carácter de conjunta, como quiera que son condiciones jurídicas bien distintas la de titular de la cuenta y la de autorizado para firmar.

A lo anterior se suma el hecho irrebatible de la conducta procesal de la demandante, caracterizado por un total descuido en el trámite del proceso, tal como la censura se encarga de resaltar, así como su inasistencia a la diligencia de declaración de parte, de la cual claramente se desprenden las consecuencias destacadas en providencia dictada el día 26 de noviembre de 2008 (fl. 210, cdno. 1) que, en conjunto con las anteriores deducciones, ponen de manifiesto que la cuenta corriente no pudo ser conjunta sino individual.

Finalmente, como punto adicional que la entidad impugnante también se encarga de resaltar, debe considerarse el relacionado con la posición procesal del interventor en esta causa. Porque si se trataba de un cotitular de la cuenta corriente su vinculación al proceso era perentoria en vista de que la decisión habría de afectarlo.

Se sigue de lo anterior que el cargo prospera

En sede de instancia, se impone por consiguiente absolver a la entidad financiera demandada, para lo cual, además de las consideraciones antecedentes, debe destacarse que si la cuenta corriente se abrió por la sociedad demandante y por el interventor Julio Roberto Díaz, y si este actuó en tal calidad con ocasión de la prenombrada apertura, de forma tal que si bien no tenía la connotación jurídica de ser cotitular de los recursos allí depositados sí debía ser tenido como contratante, esto es, parte en el contrato de cuenta corriente, tal circunstancia —esencial a los efectos de este proceso—, no fue demostrada por la demandante. Tal calidad, debió haber quedado explicitada al momento de la apertura de la cuenta corriente mediante la entrega al banco de la documentación correspondiente, pues si tal fuera la voluntad de quienes concurrieron a solicitar la apertura de la cuenta así lo exigía la diligencia propia tanto del empresario contratante como del interventor designado por la entidad estatal mencionada. Y debió subsecuentemente quedar demostrada en este proceso.

Bien por el contrario, lo que aparece demostrado en el proceso es que la sociedad Agropecuaria del Norte del Tolima Ltda., obrando como único cuentacorrentista abrió en el Banco Cafetero sucursal la Candelaria de la ciudad de Bogotá, una cuenta corriente respecto de la cual inicialmente instruyó al establecimiento de crédito que los cheques serían girados mediante dos firmas y un sello húmedo, sin que el banco hubiere sido advertido siquiera de que la función que uno de los firmantes habría de desempeñar era al mismo tiempo la de interventor de un contrato celebrado con una entidad oficial.

Está igualmente acreditado que el representante legal del titular único de la cuenta corriente, modificó las condiciones de giro, mediante comunicación de octubre 19 de 1992, sin que hubiere sido tachada de falsa la referida misiva, o cuestionadas las facultades de su suscriptor.

En ese contexto, cuando la entidad financiera demandada procedió a pagar los cheques referidos en el libelo genitor, lo hizo con pleno acatamiento de las instrucciones vigentes a la fecha de pago, razón por la cual no puede predicarse que hubiere incumplido el contrato de cuenta corriente bancaria.

Ahora bien, como en derecho se impone la absolución plena del demandado, debe igualmente revocarse la condena impuesta al llamado en garantía, por sustracción de materia, sin que resulte menester entrar a pronunciarse sobre la relación sustancial que vincula al extremo pasivo con el tercero interviniente.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley CASA la sentencia del 7 de junio de 2012 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso de Sociedad Agropecuaria del Norte del Tolima Ltda. contra el Banco Cafetero S.A., Bancafé (hoy Banco Davivienda).

Sin costas en la casación, por la prosperidad del recurso.

Como tribunal de instancia,

RESUELVE:

1. Se revoca la sentencia apelada. En su lugar se deniegan las pretensiones de la demanda y las del llamamiento en garantía.

2. Costas de ambas instancias a cargo de la actora. Para la tasación de la correspondiente a la segunda instancia, deberá tenerse en cuenta la suma de $ 30.000.000, como agencias en derecho.

Notifíquese».