Sentencia SC11197-2015/2008-00390 de agosto 25 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.: 11001 31 03 004 2008 00390 01

SC11197-2015

Magistrada Ponente

Dra. Margarita Cabello Blanco

(Aprobado en sala de cinco de mayo de dos mil quince)

Bogotá, D. C., veinticinco de agosto de dos mil quince.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

1. Conforme quedó reseñado en precedencia, la discrepancia planteada en el recurso extraordinario que ocupa a la Corte, atañe a la simulación de un negocio jurídico que los demandados concertaron, ficción que no fue acogida por el tribunal de segunda instancia, de ahí, la confutación del fallo.

2. Según la descripción del Diccionario de la Lengua Española —Real Academia Española—, Vigésima Primera Edición), la expresión simular indica: “Representar una cosa, fingiendo o imitando lo que no es”.

Y simulación es la: “Acción de simular. Alteración aparente de la causa, la índole o el objeto verdadero de un acto o contrato”.

Por manera que arribar a la conclusión sobre la existencia de la apariencia denunciada, impone, por obvias razones, ahondar en la voluntad de quienes participaron en esa farsa para descubrir que, realmente, en ellos anidaba ese propósito de engaño.

3. La ficción negocial, en cuanto que enmascara una apariencia de realidad, puede afectar tanto las actividades cotidianas de las personas, en cualquiera de los roles en que se desempeñen, como aquellas que surgen de los actos o negocios con implicaciones o que trascienden la esfera jurídica y, por igual, nada extraño que dicha institución comprenda el entorno total o parcial del hecho pertinente.

Cuando tal circunstancia sucede, las consecuencias, por supuesto, varían y, si de un pacto o contrato refiere, con mayor razón, los efectos se muestran significativamente diferentes.

En esta última hipótesis, dos eventos pueden estructurar la institución en comento: el primero, surge en el evento en que se celebra un acto jurídico que carece por completo de realidad; las partes no tienen intención de ajustar negocio alguno (simulación absoluta). Pero, también, dicha figura puede recaer sobre la naturaleza del acto, sobre su contenido y objeto o aún respecto de las personas que fungen como partes del mismo, situación que describe, bajo cualquiera de esas condiciones la simulación relativa. En todo caso, no puede dejar de aceptarse que ese comportamiento aparente, engendrado en una u otra clase de ficción (absoluta o relativa), tiene un propósito bien definido: traslucir una negociación diversa a la que realmente tuvo lugar.

La Corte Suprema abordó el tema y, entre muchas decisiones en las que plasmó su parecer, propicio resulta memorar la siguiente:

De antaño la Corte, dentro de una construcción doctrinaria más acorde con la realidad y el verdadero alcance de la figura en cuestión, con acierto precisó el entendimiento prístino de la estructura negocial simulatoria, en perspectiva exacta que hoy se reitera, indicando que en ‘la simulación, las partes contratantes, o quien emite una declaración y aquél que la recibe, imbuidas en un mismo propósito, acuden a un procedimiento, anómalo pero tolerado por el derecho, mediante el cual su dicho público se enerva con su dicho privado, creándose así un contraste evidente, no entre dos negocios diversos, pero conexos, sino entre dos aspectos de una misma conducta, constitutivos de un solo compuesto negocial, pasos integrantes necesarios de un iter dispositivo único aunque complejo. Esto es que las partes desean crear una situación exterior, que solamente se explica en razón de otra oculta, única valedera para entre ellas; fases que no pueden ser entendidas sino en su interrelación, funcionalmente como hitos de un mismo designio. En fin, lejos de haber una dualidad contractual, lo cierto es que se trata de una entidad negocial única, de doble manifestación: la pública y la reservada, igualmente queridas y ciertas, cuyas consecuencias discrepan, según los intereses y las disposiciones en juego, con arreglo a los principios generales del derecho; o sea un antagonismo, no entre dos negocios, sino entre dos expresiones de uno solo, que se conjugan y complementan, que es en lo que radica la mencionada anomalía’ (cas. mayo 16/1968, Acta Nº 17, mayo 14/1968).

(…)

Por consiguiente, la simulación constituye un negocio jurídico, cuya estructura genética se conforma por un designio común, convergente y unitario proyectado en dos aspectos de una misma conducta compleja e integrada por la realidad y la apariencia de realidad, esto es, la creación de una situación exterior aparente explicada por la realidad reservada, única prevalente y cierta para las partes.

En consecuencia, si de simulación absoluta se trata, inter partes, la realidad impone la ausencia del acto dispositivo exterior inherente a la situación contractual aparente y la permanencia de la única situación jurídica al tenor de lo acordado, y, en caso de la simulación relativa, esa misma realidad precisa, entre las partes, la prevalencia del tipo negocial celebrado, el contenido acordado, la función autónoma que le es inherente, ora los sujetos; a este respecto, lo aparente no está llamado a generar efecto alguno entre las partes y, frente a terceros, in casu, dentro del marco de circunstancias concretas se definirán las diferentes hipótesis que pueden suscitarse entre éstos conforme deriven derechos del titular real o del titular aparente en la cual, por principio se privilegia el interés de quien actuó de buena fe con base en la apariencia en preservación de esta, la regularidad y certidumbre del tráfico jurídico y de las relaciones jurídicas negociales (CSJ SC 30 de julio de 2008, Rad. 1998-00363-01). Pronunciamiento reiterado por la corporación en sentencias de 30 de agosto de 2010, Radicado 2004-00148-01; 16 de diciembre de 2010, Radicado 2005-00181-01; y, 13 de octubre de 2011, Radicado 200200083-01.

En esos términos ha mantenido esta corporación su percepción alrededor de la institución jurídica mencionada, tanto en cuanto a su naturaleza, los elementos que la estructuran y sus características, así como las consecuencias que de la misma dimanan.

4. En cuanto a los elementos probativos idóneos para establecer la existencia o no de esa ficción, por sabido se tiene que hay libertad probatoria; no existe restricción alguna con miras a la acreditación de tal fingimiento.

Sobre el particular la Corte, en reciente pronunciamiento, dejó ilustrado el punto en los siguientes términos:

“De este modo, podrá demostrarse mediante prueba de confesión, declaración de tercero, documento, inspección judicial, dictamen pericial e indicio de cuya valoración lógica, racional y sistemática derive inequívocamente (cas. civ. sentencias de 15 de febrero de 2000, Exp. 5438, S-029 y 15 de marzo de 2000, Exp. 5400; 28 de febrero de 1979, CLIX, Nº 2400, pp. 49 a 51; 25 de septiembre de 1973, CXVII, Nos. 2372 a 2377, pp. 65 a 68; 10 de marzo de 1955. CCXXXIV, pp. 406 y ss.)”.

5. Sin embargo, la naturaleza y particularidades de semejante proceder han encumbrado una de tales pruebas como el mecanismo más apropiado para dichos fines, es decir, el indicio. La Sala Civil de esta corporación, en los siguientes términos lo explicitó:

Por las características, modalidades, cautela de las partes y circunstancias ‘que rodean este tipo de negocios, en orden a desentrañar la verdadera intención de los contratantes, se acude las más de las veces a la prueba de indicios, mediante la cual a partir de determinados hechos, plenamente establecidos en el proceso, como lo exige el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, el juzgador despliega un raciocinio mental lógico que le permite arribar a otros hechos desconocidos’. Por tanto, ‘… como es natural en el desarrollo de la actividad judicial, la valoración (…) en cuanto a la demostración de los hechos indicadores, al igual que respecto de la gravedad, concordancia y convergencia de los indicios o acerca de su relación con las demás pruebas, constituye una tarea que se encuentra claramente enmarcada dentro de la soberanía de los sentenciadores para examinar y ponderar los hechos, por lo que su criterio o postura sobre ellos está, en principio, amparada por la presunción de acierto… (Sent. de 23 de febrero de 2006, Exp. 15.508, no publicada aún oficialmente)’ (CSJ SC 24 de octubre de 2006, Rad. 00058 01).

Y, de manera puntal, la Corte ha enlistado un importante número de aspectos cuya presencia, bajo las condiciones señaladas en la normatividad vigente, son sopesados bajo el tapiz de ese elemento probatorio que es el indicio.

De ordinario, se establecen por indicios de la simulación, ‘el parentesco, la amistad íntima, la falta de capacidad económica del adquirente, la retención de la posesión del bien por parte del enajenante, el comportamiento de las partes en el litigio, el precio exiguo, estar el vendedor o verse amenazado de cobro de obligaciones vencidas, la disposición del todo o buena parte de los bienes, la carencia de necesidad en el vendedor para disponer de sus bienes, la forma de pago, la intervención del adquirente en una operación simulada anterior, etc.’, ‘el móvil para simular (causa simulandi), los intentos de arreglo amistoso (transactio), el tiempo sospechoso del negocio (tempus), la ausencia de movimiento en las cuentas bancarias, el precio no entregado de presente (pretium confesus), el lugar sospechoso del negocio (locus), la documentación sospechosa (preconstitutio), las precauciones sospechosas (provisio), la no justificación dada al precio recibido (inversión), la falta de examen previo por el comprador del objeto adquirido, especialmente cuando se trata de un bien raíz, etc. (CSJ SC, 13 de oct. de 2011, Rad. 200200083-01).

6. Todas esas circunstancias, consideradas de manera aislada o concurrente, como medios de persuasión, deben llevar al funcionario judicial a la convicción plena de que las partes convergieron en tal estratagema involucrando, como en el caso presente, una compraventa de bien inmueble. Los actos cumplidos tienen, indefectiblemente, que traslucir la apariencia denunciada.

Así lo refirió la Corte:

(…) siendo necesario ‘que los indicios y las conjeturas tengan el suficiente mérito para fundar en el juez la firme convicción de que el negocio es ficticio; lo cual sólo ocurrirá cuando las inferencias o deducciones sean graves, precisas y convergentes. Vale decir, la prueba debe ser completa, segura, plena y convincente; de no, incluso en caso de duda, debe estarse a la sinceridad que se presume en los negocios (in dubio benigna interpretatio ad hibenda est ut magis negotium valeat quam pereat)’ (cas. jun. 11/1991) CSJ SC, 13 de oct. de 2011, Rad. 200200083-01).

7. Ahora, como el recurso de casación no constituye una tercera instancia, es decir, a través de este mecanismo impugnativo no puede pretenderse la revisión, nuevamente, del aspecto fáctico de la controversia —thema decidendum—, al actor le surge el compromiso de focalizar el ataque propuesto en el cuerpo de la sentencia emitida; esta decisión, en rigor, es el objeto de la censura extraordinaria —tema decissum—, razón por la cual, corresponde escudriñar dicho fallo y poner de relieve el desliz en que incurrió el tribunal.

Empero, por responder a la naturaleza de esta censura, los eventuales errores en que haya podido incursionar el ad quem tienen que ser notorios, protuberantes y decisivos en el sentido de la sentencia adoptada, pues así lo exige el legislador en el artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, con mayor veras si se trata de yerros en lo fáctico y, en particular, en el laborío probatorio.

En reciente decisión la Corte expresó:

Si, como se sabe, en tratándose del recurso extraordinario de casación y por razones que no es del caso reiterar en esta oportunidad, es claramente excepcional el reexamen de la cuestión fáctica del litigio, al punto que tal aspecto de la acusación queda circunscrito a denunciar y demostrar, dentro del reducido y específico ámbito previsto en la ley, los errores de apreciación probatoria en los que hubiese podido incurrir el sentenciador, ora por haber omitido, alterado o supuesto de manera manifiesta el contenido objetivo de determinados medios probatorios, o ya por haber asentado algunas inferencias contrariando las normas reguladoras de la actividad probatoria, no le es dado, subsecuentemente, al recurrente, conformarse con ensayar su propia estimación de las pruebas, a manera de sustentación de su inconformidad, pues su tarea, como ha quedado dicho, es de distinta naturaleza.

No debe olvidarse, al respecto, que el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, le atribuye categóricamente al juzgador la libertad de ponderar las pruebas y obtener a partir de ellas su propio convencimiento, siempre y cuando, claro está, las examine conforme a los mandatos de la lógica, la ciencia y a las reglas de la experiencia, labor en la que, en principio, no puede ser desplazado por la Corte, dada la autonomía que en el punto tiene el juzgador.

Empero, como la soberanía del juzgador de instancia en el punto no puede desbocarse hacía la arbitrariedad, cabalmente, porque su ponderación debe ser razonada, la labor del recurrente en casación sube de punto cuando trata de cuestionar la crítica que de la prueba haga el tribunal, pues puede acontecer que éste la hubiese percibido en su realidad objetiva, sólo que al razonar sobre ella, o sea, al pasarla por el tamiz que la lógica, la experiencia y la ciencia conforman, le reste credibilidad, “... de modo que sería vana una confrontación entre lo que el medio dice con lo que el Tribunal afirmó de él, desde luego que en tal evento ambos coincidirían. Por el contrario, debe circunscribirse a demostrar que el fallador, desligado de toda lógica y sensatez, valoró antojadiza e inicuamente la prueba, o que la supuesta regla de la experiencia de que se vale, raya en lo absurdo, o porque se equivoca manifiestamente al creer ver en el proceso la hipótesis de aquella regla, sin que ella en verdad exista” (CSJ SC 24 de mar. de 1998, Rad. 4658).

En fecha más próxima asentó:

(…) Sucede, entonces, que por regla general las conclusiones razonables a que arribe en el punto quedan a salvo de reproche, y se mostrarán así impermeables al ataque en casación (sent. de 11 de jul. de 1990 y 24 de ene. de 1992)’ (cas. Oct. 24/2006, Exp. 00058-01), pues, ‘… en la prueba por indicios se trata fundamentalmente de que el juzgador, por el hecho conocido, pase a descubrir el hecho que se controvierte’, ‘… no existe duda alguna acerca de que por regla general el debate sobre su mérito queda cerrado definitivamente en las instancias, y que la crítica en casación se reduce a determinar si por error evidente de hecho o de derecho estuvieron admitidos como probados o como no probados los hechos indicativos; si todas las conjeturas dependen exclusivamente de un indicio no necesario; y si la prueba por indicios es o no de recibo en el asunto debatido. Pero en lo que atañe a la gravedad, precisión, concordancia y nexo de los indicios con el hecho que se averigua, el sentenciador está llamado por la ley a formar su íntima convicción, que prevalece mientras no se demuestre en el recurso que contraría los dictados del sentido común o desconoce el cumplimiento de elementales leyes de la naturaleza’ (LXXXVIII, 176; CXLIII, 72); y ‘… aún en el evento de que surgieran dudas a través del nuevo examen de los indicios, es bien claro que el recurso extraordinario no podría fundarse en base tan deleznable como el estado dubitativo para decretar el quiebre de la sentencia objeto de acusación’ (LXXXVIII, 176 Y 177), (cas. Feb. 16/1996, CCXL, pp. 194, reiterada en Sent. S-029 de mar. 15/2000, Exp. 5400, cas. jul. 16/2001, Exp. 6362, cas. oct. 24/2006, Exp. 00058-01)” (cas. civ. sent. de 30 de jul. de 2008, Exp. 41001-3103-004-1998-00363-01) CSJ SC, 13 de oct. de 2011, Rad. 200200083-01).

8. Síguese, entonces, que la validez de la impugnación, en función de derruir los cimientos de la sentencia proferida, está determinada por un lado, en la magnitud de la equivocación del funcionario fallador; por otra, en la contundencia de la tesis esgrimida por el recurrente, es decir, si esta última no reviste tal grado de aceptación que descarte, en términos absolutos, la ensayada por el sentenciador, no deviene con la suficiencia necesaria para quebrar la providencia emitida. Por lo mismo, si los planteamientos esbozados por el tribunal no riñen con la lógica o el sentido común, la réplica bajo examen no tendría acogida, pues quedaría en evidencia que lo razonado por el funcionario no es contrario a su potestad interpretativa o falladora.

9. Fijados esos derroteros, volcada la Corte al análisis de la impugnación, cumple recordar que el demandante afirmó que los accionados concertaron simular la compraventa recogida en la Escritura Pública 727 de 29 de marzo de 2007, planteamiento que cuando fue analizado por parte del juzgador de segunda instancia encontró, ciertamente, algunas inconsistencias que fueron calificadas de tales; sin embargo, no destellaron, en ningún momento, contundencia tal que llevara a infirmar el fallo. En otros términos, los elementos de prueba necesarios para quebrar la decisión impugnada brillan por su ausencia y, los aducidos, no fueron suficientes.

Empero, adicional a tales circunstancias, del escrito sustentatorio se desprende que el recurrente dejó de confutar en su totalidad los fundamentos del fallo, pues guardó silencio, por ejemplo, sobre los siguientes aspectos fácticos:

i) El juez de segunda instancia y en lo que al precio refiere, su establecimiento y su pago, expuso que la ausencia de prueba sobre los créditos que adquirió el comprador para cancelar el precio y lo reseñado en la escritura pública sobre su satisfacción, trasladaba al demandante, quien puso en duda esas situaciones, el compromiso de asumir la carga de demostrar sus afirmaciones.

ii) La razón del por qué existió una marcada distancia temporal entre la fecha de la venta y la del secuestro, situación que, para el tribunal, resultaba razonable en la medida en que la titulación del fundo en favor del vendedor (José Zapata) no se había formalizado. Así lo infirió el juzgador: “dicho en otros términos, mientras no tuviera el bien bajo su dominio, no podía vender y fue cuando se obtuvo esa propiedad legalmente que se realizó el negocio previsto” (fl. 49, sent. de segunda instancia).

iii) No se aludió a la fecha en que la deuda se constituyó, habida cuenta que “sin que exista prueba de cuándo se demandó el ejecutivo acumulado, para concretar en el supuesto de que la venta se hiciera por época concomitante al cobro coercitivo” (fl. 49 ib.).

Asuntos respecto de los cuales, el impugnante, no expuso razón alguna; no combatió tales inferencias si es que las consideraba equivocadas y, al no hacerlo, continúan sirviendo de soporte al fallo y, de paso, exhibe un cargo incompleto y, por ende, inidóneo.

10. Sin embargo, dejando de lado tales situaciones, el error de hecho acusado no existió, por lo que se abordará el análisis de todas las inconsistencias que, según el casacionista, se desprenden del fallo adoptado por el tribunal y constituyen las equivocaciones en que incurrió dicha corporación; las mismas refieren, de manera resumida y particular:

i) Al precio de la venta, la forma de su pago y las fechas en que debía realizarse el mismo;

ii) La concurrencia de la transferencia con la condena impuesta al vendedor en el proceso de rendición de cuentas, en favor del actor; y,

iii) La distancia de siete (7) años entre la fecha del secuestro del vendedor (José de Jesús Zapata), lo que determinó, según se dijo, la enajenación y la época de la transmisión del dominio del bien raíz.

10.1. Es así que, sobre las contradicciones alrededor del precio, entre lo dicho por los demandados (vendedor y comprador), y el contenido de la escritura pública que incorpora el referido negocio (cláusula tercera), ello fue un asunto que el tribunal visualizó y se declaró persuadido de las deficiencias probativas alusivas al mismo. Sin embargo, para el fallador, no resultaban suficientes en función de concluir sobre la existencia de la simulación, por el contrario, expresó que:

“(…) ese único concepto no es suficiente para fundar el convencimiento de que la negociación contenida en la escritura pública censurada no contiene la expresión la voluntad de las partes (…) no se demostró esa misma falta de voluntad, o la no necesidad de las ventas, o que no se pagó el precio acordado, porque no se hubieran efectuado hechos posteriores de dominio y posesión del comprador sobre el bien (…)”.

Es decir, para el ad quem, el trabajo del juzgador de primer conocimiento resultó, en algunos apartes, equivocado; así lo visualizó y bajo esa consideración lo plasmó en la sentencia acusada. No obstante, como allí mismo lo asentó, tales deficiencias probativas, relacionadas con el precio, su pago, la forma en que el mismo se produjo, etc., en rigor, además de que no resultaron ajenas o extrañas a su labor judicial, tampoco las percibió con la jerarquía suficiente para derruir el fallo revisado. En ese orden, los desatinos evidenciados no resplandecen con la contundencia suficiente para infirmar la decisión cuestionada, habida cuenta que, en su sentir, otras realidades procesales vinculadas al negocio destellaban la fortaleza necesaria para validar la negociación, vr. gr., las declaraciones de renta del comprador elaboradas con posterioridad al negocio mencionado y la capacidad económica del señor Ismael Antonio Franco (fl. 47, sent. recurrida).

Por manera que ese estado de cosas ni las ignoró ni las tergiversó; sencillamente, consideró que no connotaban tal gravedad para socavar los cimientos de la decisión final. En esa dirección, resaltó, entre otros aspectos, que la necesidad de la venta no quedó desvirtuada o que el precio, de no haber sido cancelado, no se demostró tal evento; tampoco que el comprador no hubiese realizado actos de nuevo propietario.

Razonar en esa forma no estructura un desconocimiento del sentido común o la lógica; no se muestran como argumentos que contraríen toda coherencia; tales planteamientos menos resultan excluidos debido a la tesis ensayada por el recurrente, por tanto, bajo esa perspectiva, no habría mérito para desechar la sentencia censurada.

10.2. Referente a la época de la venta que resultó siete (7) años distante de la liberación del secuestro a que fue sometido el vendedor, causa que, supuestamente, determinó la enajenación, si bien puede resultar sospechosa tal argumentación, no debe perderse de vista que el tribunal consideró razonable y atendible lo expuesto por el vendedor en cuanto que la venta no la había podido realizar dado que la división del inmueble no se produjo antes y, por ende, no estaba en condiciones de vender (fl. 49, sentencia del juez de segundo grado). Dicho planteamiento, según se dejó en líneas precedentes reseñado, el impugnante no lo cuestionó, quedó libre de confrontación.

Sobre este punto, el censor expuso que:

“Es a todas luces contrario a la realidad que el vendedor demandado haya sido liberado de las (sic) Farc y solo siete años después haya cancelado el valor del rescate y lo haya cubierto con la totalidad del precio recibido en estamentos. Las Farc podía esperar siete años y recibir el dinero después de una llamada que le hicieron a Zapata? Como (sic) sabían las Farc que Zapata ya tenía el dinero?”.

A ese texto se limitó el cuestionamiento formulado a lo razonado por el sentenciador, lo que, en técnica de casación no resulta suficiente, pues, en estrictez, no combate las reflexiones del tribunal, se limita, únicamente, a poner en duda la veracidad de dicha versión, mas no arremete contra lo inferido por el fallador que, como atrás quedó visto, las explicaciones dadas resultaron suficientes para validar esa exposición.

10.3. Y en cuanto a la data de dicha venta y la fecha en que se impuso condena al señor Zapata López en el proceso de rendición de cuentas, el recurrente no atinó a desvirtuar lo manifestado sobre el particular por el tribunal (fl. 49, sent. del juez de segunda instancia), en el sentido de que no existía “prueba de cuándo se demandó el ejecutivo acumulado, para concretar en el supuesto de que la venta se hiciera por época concomitante al cobro coercitivo, provocar la insolvencia y evitar las medidas cautelares que garantizaran el pago”. Empero, adicionalmente, según lo razonó el sentenciador, la fecha de las cautelas fue posterior a la fecha de la venta, pues la «medida se dispuso en auto del 16 de mayo de 2008 (fl. 52), el oficio comunicando se libró el 6 de julio (fl. 53) (…)”.

11. Contrariamente a la postulación del actor, en el expediente aparecen otros elementos que no solo validan la posición asumida por el juzgador de segundo grado, sino que descartan la fundamentación esgrimida por el casacionista.

11.1. En efecto, obsérvese que en folio 65 del expediente aparece carta a través de la cual el señor Zapata —vendedor— notifica a su arrendataria (Johana Vargas), en el sentido de que el predio había sido vendido al señor Ismael Antonio Franco y que se le advertía que, en el futuro, debía entenderse con él, ya que, por razón de la venta, sobrevino la cesión del contrato de arriendo. Esta misiva tiene fecha 27 de marzo de 2007, data concurrente a la de la venta del inmueble. Circunstancia que fue ratificada por la destinataria de esa comunicación (fls. 3 y 4, cdno. de pbas.).

11.2. También aparece la declaración del señor Néstor L. Gutiérrez Sánchez (fl. 5 ib.), maestro de obra, quien manifestó que realizó en el predio objeto de la venta algunos trabajos de construcción. Y si bien no fue explícito en mencionar el propietario del inmueble, no dudo en aseverar que recibió las órdenes del demandado Ismael Antonio Franco y por cuenta del mismo se le cancelaron los trabajos realizados.

11.3. Y, en el propósito de desvirtuar las aseveraciones en torno a la simulación referida, en folios 10 y 11 de la encuadernación señalada, aparece glosada la versión del demandante y, expresamente, manifiesta que las únicas razones que tuvo para calificar de simulada la venta es que ‘Zapatas (sic) acostumbra a hacer eso’ y cuando fue requerido para precisar los motivos de tales referencias expuso: ‘YO NO, a mi no me consta nada de eso, si zapata (sic) haya vendido, por que (sic) es que Zapata acostumbra a hacer eso’. Y alrededor de la calificación de que el señor Franco (comprador) es un testaferro de su codemandado, explícitamente sostuvo que él no había afirmado tales cosas.

Por supuesto, de la exposición anterior puede inferirse que, ni siquiera el propio actor, tiene certeza o convicción de que la venta fue ficticia.

11.4. A lo anterior debe agregarse que en folio 812, del mismo cuaderno, se adosó copia de un extracto bancario (Banco de Colombia), en donde se registró un desembolso de $100.000.000, coincidiendo dicho valor con uno de los pagos a los que refirió tanto el vendedor como el comprador.

Elemento probatorio este que no fue controvertido ni desvirtuado durante el proceso y, en ese orden, además de validar las afirmaciones de las partes sobre el precio, su pago y las cantidades a las que las mismas refirieron, desvirtúa la censura del impugnante en torno a la ausencia de ese elemento esencial de un negocio como el ajustado por los demandados.

12. En cuanto a la solvencia del comprador, el tribunal enfatizó que se había acreditado con las declaraciones de renta del mismo para el año en que se llevó a cabo la adquisición del predio, afirmación que quedó desprovista de ataque alguno.

13. En síntesis, lo expuesto por el sentenciador en el fallo recurrido, en primer lugar no contraría la razón o la lógica; no aparece como un argumento incoherente o desconectado de toda motivación admisible; en segundo lugar, la propuesta impugnativa del casacionista no destella como la única aceptable y, por tanto, no excluye los planteamientos del fallador, luego, esa presunción de legalidad y acierto del mismo se mantiene intacta.

El cargo no prospera.

V. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el siete (7) de diciembre de dos mil doce (2012), profirió la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario de simulación por él promovido en contra de Ismael Antonio Franco y José de Jesús Zapata López.

Costas a cargo de la parte recurrente. Conforme lo previene la Ley 1395 de 2010, se fija por concepto de agencias en derecho la suma de $6.000.000, atendiendo, además, que la opositora hizo presencia en este trámite, dando respuesta al recurso.

Cópiese, notifíquese y, en su momento, devuélvase».