Sentencia SC11285-2016/2014-02901 de agosto 17 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.:110001-02-03-000-2014-02901-00

Magistrado Ponente:

Dr. Ariel Salazar Ramírez

(Aprobado en sesión de veintidós de junio de dos mil dieciséis)

Bogotá D.C., diecisiete de agosto de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. En virtud del postulado de la exclusividad de la jurisdicción, los jueces de cada Estado son los únicos que, en principio, pueden proferir decisiones judiciales obligatorias al interior de sus respectivos países, pues de no ser ello así se violaría la soberanía nacional. De ahí que ninguna providencia dictada por jueces de Estados extranjeros tiene obligatoriedad ni ejecución forzada en Colombia, a menos que medie la autorización del órgano judicial competente, que según la Carta Política es la Corte Suprema de Justicia.

Esa excepción a la regla general se justifica en virtud de los principios de cooperación internacional y reciprocidad, en atención a los cuales es posible que a las sentencias dictadas en otros países se les otorgue validez en el nuestro siempre y cuando en aquellos se le reconozca valor al mismo tipo de providencias emanadas del poder judicial colombiano.

La reciprocidad diplomática con el Estado en el cual se profirió la sentencia se puede verificar con la existencia de tratados celebrados entre Colombia y esa nación, de modo que en su territorio se le otorgue valor a los fallos pronunciados por la jurisdicción patria. A falta de esos convenios, debe acreditarse que hay reciprocidad legislativa, la cual consiste, al tenor del artículo 693 del estatuto procesal, en la consagración en ambos países de disposiciones legales con igual sentido.

Sobre el particular, la Sala ha sostenido que “[E]n primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el país. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia”” (G.J. T. LXXX, p. 464, CLI, p. 909, ClVIII, p. 78 y CLXXVI, p. 309; CSJ, 4 May 2012, Rad. 2008-02100-00).

Además del anterior requisito, para que un fallo extranjero surta efectos vinculantes en nuestro país se requiere que se cumplan los presupuestos que reclama el ordenamiento legal interno, específicamente los contenidos en el capítulo I del libro V del título XXXVI del Código de Procedimiento Civil.

El trámite del exequátur deberá ceñirse, por tanto, a la forma y términos establecidos en el artículo 695 ejusdem, y la providencia que se pretende se reconozca, deberá cumplir con los requerimientos previstos en el artículo 694 del mismo ordenamiento, cuyo numeral segundo señala que para que la sentencia extranjera pueda surtir efectos en nuestro país no se debe oponer “a leyes u otras disposiciones colombianas de orden público, exceptuadas las de procedimiento”.

2. En el asunto que se analiza, la reciprocidad diplomática entre Colombia y España, que permite reconocer efectos a las decisiones judiciales pronunciadas en las causas civiles en los dos países, deviene del tratado bilateral celebrado el 30 de mayo de 1908, que se halla vigente e incorporado en el ordenamiento nacional mediante la Ley 7ª de ese año, el cual se allegó a la actuación por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores (fl. 69).

El enunciado convenio establece en su artículo 1º lo siguiente: “Las sentencias civiles pronunciadas por los tribunales comunes de una de las altas partes contratantes serán ejecutadas en la otra, siempre que reúnan los requisitos siguientes: Primero. Que sean definitivas y que estén ejecutoriadas como en derecho se necesitaría para ejecutarlas en el país en que se hayan dictado; Segundo. Que no se opongan a las leyes vigentes en el Estado en que se solicite su ejecución”.

A efectos de acreditar la ejecutoria de la decisión judicial, el señalado instrumento reclama que es necesario aportar “un certificado expedido por el Ministro de Gobierno o de Gracia y Justicia, siendo la firma de estos legalizada por el correspondiente Ministro de Estado o de Relaciones Exteriores, y la de este a su vez por el agente diplomático respectivo acreditado en el lugar de la legalización (Artículo 2º).

El primer requisito contemplado en el referido tratado aparece cumplido, pues del documento que obra a folio 3 del expediente, emana con claridad que la decisión judicial sometida a homologación, se encuentra debidamente ejecutoriada, pues así lo hace constar la funcionaria competente del Ministerio de Justicia de España, en certificación que se apostilló con seguimiento de los requerimientos contenidos en la “Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros”, suscrita en la ciudad de La Haya (Países Bajos) el 5 de octubre de 1961, a la cual Colombia adhirió el 27 de abril de 2000 y la aprobó mediante la Ley 455 de 1998.

3. Ahora bien, para la procedencia de la homologación de la sentencia extranjera no resulta suficiente con que se haya demostrado la mencionada reciprocidad diplomática, sino que es necesario corroborar que la decisión que se somete al exequátur no contraviene el orden público, lo que se cumple en este caso.

En efecto, esta Corte ha tenido la oportunidad de indicar acerca del reseñado instituto que “no existe inconveniente para un país en aplicar leyes extranjeras que, aunque difieran de sus propias leyes, no chocan con los principios básicos de sus instituciones. Sin embargo, cuando una ley extranjera o la sentencia que la aplica, se basan en principios no solo diferentes, sino contrarios a las instituciones fundamentales del país en que aquellas pretenden aplicarse, los jueces del Estado pueden, excepcionalmente, negarse a aplicar la ley o el fallo extranjero que se aparta de esa comunidad de principios”, pues aplicarlo de forma contraria, “implicaría aceptar la excepción de orden público como ‘un simple subterfugio para facilitar el triunfo de antojadizos nacionalismos’ que conducirían al ‘absurdo de permitir a las personas residentes en Colombia asumir compromisos en el exterior, sabiendo que pueden incumplir impunemente en tanto se pongan al abrigo de las fronteras de su país’” (resaltado fuera del texto) (CSJ SC, 27 de julio de 2011, Rad. 2007-01956-00).

En un pronunciamiento más reciente la Sala, resaltó que: “el concepto de “orden público” que en el foro nacional tiene la virtualidad de enervar el reconocimiento o la ejecución (…) se limita a los principios básicos o fundamentales de las instituciones, a lo cual servirían de ilustración: la prohibición del ejercicio abusivo de los derechos, la buena fe, la imparcialidad del tribunal arbitral y el respeto al debido proceso” (CSJ SC, 6 de junio de 2013, Rad. 2008-01381-00).

En ese orden de ideas, únicamente una incompatibilidad grave entre el pronunciamiento jurisdiccional para el que se pide el exequátur y los principios fundamentales en que se inspira la normatividad nacional, podría dar lugar a que aquella no fuera objeto de homologación, pues al fallador, como asunto propio de su decisión, tan solo le corresponde verificar si la aludida determinación se opone o no a los pilares de las instituciones jurídicas patrias.

A ese propósito, se corrobora que ambos procedimientos fueron promovidos de mutuo acuerdo por los cónyuges, incluso, las partes presentaron para los dos litigios convenio regulador.

Documentos, que el juzgador extranjero tuvo en cuenta al tomar sus decisiones y luego de comprobar dentro de los trámites judiciales que la voluntad de los esposos era real y que sus acuerdos, confirmados individualmente, eran libres y lúcidos, accedió a las pretensiones, en primer lugar a la separación entre los esposos y luego a la disolución del matrimonio, respectivamente. Esta última providencia que ordenó se inscribiera en el registro civil correspondiente, lo que guarda consonancia con lo establecido acá en Colombia, cuando la separación y divorcio son de común aceptación.

Significa lo precedente que se satisfacen los requerimientos que, sobre el particular, contemplaba la regulación contenida el numeral 2º del artículo 165 y 9º del artículos 154 del Código Civil, toda vez que se declaró la separación de cuerpos y posteriormente se disolvió el vínculo matrimonial, por consentimiento de ambos contrayentes.

En asuntos como el que es objeto del presente análisis, la jurisprudencia ha aceptado que los fallos que en el exterior declaren el divorcio del matrimonio civil son susceptibles de homologarse en Colombia, como quiera que en aplicación del artículo 1º de la Ley 1ª de 1976 el domicilio en el extranjero de los cónyuges determina queesa ley extranjera —la del domicilio conyugal que allí se tenga— es la reguladora de la procedencia, causa, procedimiento y clase de divorcio (incluyendo en este, el divorcio por mutuo acuerdo y el divorcio contencioso)” por lo que “resulta compatible con dicha legislación y ejecutable en Colombia el divorcio decretado por mutuo acuerdo, tanto en los países extranjeros en que así lo reconozca su legislación, como el que se profiere en España en desarrollo de dicho convenio” (CSJ SC, 13 Oct 1999, Rad. 7298, citada en SC, 19 Dic 2012, Rad. 2011-00579-00).

4. Ahora bien, en relación a la discordancia que la procuradora delegada para los asuntos civiles manifestó, ha de decirse que no existe tal discrepancia, toda vez que si bien en el pronunciamiento materia de este especial trámite se hizo referencia a que existió una separación de cuerpos por un término determinado entre la pareja, tal circunstancia no fue la causal por la que se decretó el divorcio, sino que ello tuvo lugar en virtud del mutuo acuerdo de las partes, expuesto en el convenio regulador, que se presentó ante el juez de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 86 del Código Civil español, y el artículo 777 de la Ley 1ª del 2000.

Normas que regulan el procedimiento para la disolución del vínculo matrimonial, cuando se presenta la voluntad conjunta de los esposos, lo que resulta compatible con la legislación nacional.

Al respecto la Corte ha indicado que:

Al comparar esa preceptiva con la regulación nacional, se concluye que en principio los dos regímenes solo son compatibles cuando se trata de la solicitud de terminar el vínculo matrimonial por mutuo acuerdo de los cónyuges, porque las demás formas de pedir el divorcio en España, no acompasan con las causales del Código Civil Colombiano, en especial porque las foráneas no tienen el carácter tuitivo que inspira a las del derecho patrio. A diferencia de lo que aquí sucede, en España es posible que baste la manifestación unilateral de uno de los cónyuges para romper el vínculo matrimonial, sin que se analice la realización de hechos o actos culposos, la legitimidad para alegarlo o la pérdida del derecho a pedir el divorcio por el paso del tiempo.

En esas condiciones y atendiendo el estado actual de las cosas, para que pueda homologarse la sentencia de divorcio proferida por las autoridades jurisdiccionales españolas, el demandante debe demostrar que el divorcio fue el resultado de la mutua petición de las partes, en tanto que, se repite, esa es la única causa que resulta compatible con la legislación nacional. (CSJ SC, 26 May. 2010, Rad. 2009-01066-00).

Por ende, se encuentra acreditado el presupuesto del ordinal 2º del artículo 694 del ordenamiento adjetivo, ya que la sentencia a homologar no se opone a las disposiciones nacionales de orden público.

5. Finalmente, en lo que respecta al requisito dispuesto en el numeral 3º de la norma precitada, impone destacarse que al plenario se allegó copia debidamente legalizada de la aludida providencia, como enseguida se explica.

Se cumplen los requisitos de apostilla, como lo reglan, en su orden, la Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961, y el artículo 260 del Código de Procedimiento Civil.

En otra oportunidad, la Corte indicó que:

En el año 1998 a través de la Ley 455, se aprobó la ‘Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros’, suscrita en la Haya el 5 de octubre de 1961, mediante la cual se introdujeron modificaciones que consistieron, esencialmente, en sustituir la autenticación diplomática o a través de Cónsul, por la colocación de un sello de apostilla, rigiendo en los términos previstos en ella y respecto de los países suscriptores.

Luego, en la actualidad, la legalización de documentos públicos —incluidos los que emanan de autoridad o funcionario relacionado con las cortes o tribunales de un Estado—, provenientes del extranjero y a que alude la mentada convención de la Haya, se surte agotando ese sencillo procedimiento, dejando reservadas las exigencias a que se contrae el artículo 259 del C. de P. C., para los documentos que no reúnen las condiciones que allí se mencionan.

6. Así las cosas, de lo consignado se colige que la sentencia de la cual la parte actora pretende que surta efectos en el país, alcanzó ejecutoria de conformidad con la ley de la nación de origen y se presentó ante la Corte en copia debidamente autenticada y legalizada, no compromete el orden público, pues las decisiones contenidas en dicho proveído no son contrarias a los principios en los que se inspiran las disposiciones legales que disciplinan el instituto jurídico del divorcio.

Adicional a lo anterior, constata esta instancia que el objeto de los referidos pronunciamientos no es de competencia exclusiva de los jueces colombianos, y no obra prueba de que en el territorio nacional exista proceso en curso.

7. Con fundamento en las precedentes motivaciones, procede el reconocimiento de efectos jurídicos a las determinaciones jurisdiccionales sometidas al presente trámite.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONCEDER respecto de las sentencias dictadas el dieciocho de diciembre de dos mil uno y veintiocho de octubre de dos mil tres, por el Juzgado de Primera Instancia Nº 29 de Madrid, España, mediante las cuales se decretó la separación y posteriormente el divorcio del matrimonio que el 1º de abril de 2000, contrajeron Adolfo Pulgarín Pulgarín y María Encarnación Lujan del Rio.

2. Para los efectos previstos en los artículos 6º, 10, 11, 22 y 72 del Decreto 1260 de 1970 y de conformidad con los artículos 1º y 2º del Decreto 2158 de 1970, se ordena la inscripción de esta providencia junto con la sentencia que decretó el divorcio reconocida, en el folio correspondiente al registro civil de matrimonio celebrado entre Adolfo Pulgarín Pulgarín y María Encarnación Lujan del Río, y en el de nacimiento del primero. Por secretaría líbrense los oficios a que haya lugar.

Sin costas en el trámite.

Notifíquese y cúmplase».