Sentencia SC11286-2016/2015-01561 de agosto 17 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.: 110001-02-03-000-2015-01561-00

Magistrado Ponente:

Dr. Ariel Salazar Ramírez

(Aprobado en sesión de veintidós de junio de dos mil dieciséis)

Bogotá D.C., diecisiete de agosto de dos mil dieciséis

Decide la Corte sobre la solicitud de exequátur promovida por Gloria Amparo Calderón, respecto de la sentencia dictada el quince de octubre de dos mil nueve, por el Juzgado de Primera Instancia 13 de Valencia, España.

I. Antecedentes

A. La pretensión

La demandante, a través de apoderado judicial, solicita homologar el fallo que se viene de referenciar, mediante el cual se decretó la incapacidad total del señor Noé Sánchez Muñoz y se designó como su tutora a la señora Gloria Amparo Calderón (fl. 22).

B. Los hechos

El Ministerio Fiscal de Valencia, España, inició proceso especial de capacidad y declaración de prodigalidad contra Noé Sánchez Muñoz, ciudadano colombiano con permiso de residencia en dicho Estado, a fin de que se declarara la incapacidad de éste y en consecuencia, se le designara un tutor para que lo representara y velara por él (fl. 7, cdno. 1)

2. Asunto del que conoció el juzgado de primera instancia 13 de la referida ciudad, que luego de admitirlo y realizar los trámites de notificaciones de las personas que debían ser vinculadas, ordenó la práctica de un dictamen médico forense al mencionado señor (fl. 9, cdno. 1)

3. El fallador foráneo, en sentencia de 15 de octubre de 2009, accedió a las pretensiones y nombró como tutor del incapaz a su pareja de hecho la señora Gloria Amparo Calderón, así como ordenó inscribir el fallo en el registro civil de nacimiento del extremo pasivo (fls. 7 a 10, cdno. 1)

C. El trámite del exequátur

1. El 24 de julio de 2015, se admitió la demanda, y se corrió el traslado de rigor a los agentes del Ministerio Público, así como a la parte afectada por la sentencia, a quien se ordenó emplazar (fl. 38, cdno. 1).

2. El curador ad-litem designado al extremo pasivo se notificó y contestó la demanda sin oponerse a las solicitudes (fls. 38 a 39, cdno. 1).

3. La funcionaria del ente de control, delegada para asuntos civiles, se pronunció sobre los hechos afirmados en el libelo, manifestando que son ciertos y agregó, que se oponía a las pretensiones por cuanto no se acreditaron todos y cada uno de los requisitos para conceder la homologación de la providencia, como quiera que la copia de la decisión no se allegó debidamente autenticada y legalizada (fl. 52, cdno. 1).

4. La procuradora delegada para la defensa de la infancia, la adolescencia y la familia, luego de discurrir sobre las normas relativas al exequátur, manifestó que existe diferencias entre la legislación interna y la del país en la que se profirió la determinación, pues en aquella se le designó al incapaz un tutor; mientras que en Colombia se debe nombrar es un curador (fl. 60 a 63, cdno.1)

5. En la debida oportunidad se admitieron las pruebas presentadas con la demanda, y se ordenó librar oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que remitiera copia auténtica del Convenio sobre Ejecución de Sentencias Civiles, firmado el 30 de mayo de 1908 entre la República de Colombia y el Reino de España; así como al Cónsul del país en Valencia, para que enviara con destino al proceso, reproducción total o parcial, de la Ley vigente en dicho lugar en lo concerniente al tema objeto del exequatur (fls. 65 y 66, cdno.1).

5. Finalmente se corrió traslado para alegar, conforme lo dispuesto en el numeral 6º del artículo 695 del Código de Procedimiento Civil (fl. 135, cdno.1).

II. Consideraciones

1. En virtud del postulado de la exclusividad de la jurisdicción, los jueces de cada Estado son los únicos que, en principio, pueden proferir decisiones judiciales obligatorias al interior de sus respectivos países, pues de no ser ello así se violaría la soberanía nacional. De ahí que ninguna providencia dictada por jueces de Estados extranjeros tiene obligatoriedad ni ejecución forzada en Colombia, a menos que medie la autorización del órgano judicial competente, que según la Carta Política es la Corte Suprema de Justicia.

Esa excepción a la regla general se justifica en virtud de los principios de cooperación internacional y reciprocidad, en atención a los cuales es posible que a las sentencias dictadas en otros países se les otorgue validez en el nuestro siempre y cuando en aquéllos se le reconozca valor al mismo tipo de providencias emanadas del poder judicial colombiano.

La reciprocidad diplomática con el Estado en el cual se profirió la sentencia se puede verificar con la existencia de tratados celebrados entre Colombia y esa nación, de modo que en su territorio se le otorgue valor a los fallos pronunciados por la jurisdicción patria. A falta de esos convenios, debe acreditarse que hay reciprocidad legislativa, la cual consiste, al tenor del artículo 693 del estatuto procesal, en la consagración en ambos países de disposiciones legales con igual sentido.

Sobre el particular, la Sala ha sostenido que “(E)n primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el país. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia” (G.J. T. LXXX, pág. 464, CLI, pág. 909, ClVIII, pág. 78 y CLXXVI, pág. 309; CSJ, 4 may. 2012, Rad. 2008-02100-00).

Además del anterior requisito, para que un fallo extranjero surta efectos vinculantes en nuestro país se requiere que se cumplan los presupuestos que reclama el ordenamiento legal interno, específicamente los contenidos en el Capítulo I del Libro V del Título XXXVI del Código de Procedimiento Civil.

El trámite del exequátur deberá ceñirse, por tanto, a la forma y términos establecidos en el artículo 695 ejusdem, y la providencia que se pretende se reconozca, deberá cumplir con los requerimientos previstos en el artículo 694 del mismo ordenamiento, cuyo numeral segundo señala que para que la sentencia extranjera pueda surtir efectos en nuestro país no se debe oponer “a leyes u otras disposiciones colombianas de orden público, exceptuadas las de procedimiento”.

2. En el asunto que se analiza, la reciprocidad diplomática entre Colombia y España, que permite reconocer efectos a las decisiones judiciales pronunciadas en las causas civiles en los dos países, deviene del tratado bilateral celebrado el 30 de mayo de 1908, que se halla vigente e incorporado en el ordenamiento nacional mediante la Ley 7ª de ese año, el cual se allegó a la actuación por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores (fl. 126).

El enunciado convenio establece en su artículo 1º lo siguiente: “Las sentencias civiles pronunciadas por los tribunales comunes de una de las altas partes contratantes serán ejecutadas en la otra, siempre que reúnan los requisitos siguientes: Primero. Que sean definitivas y que estén ejecutoriadas como en derecho se necesitaría para ejecutarlas en el país en que se hayan dictado; Segundo. Que no se opongan a las leyes vigentes en el Estado en que se solicite su ejecución”.

A efectos de acreditar la ejecutoria de la decisión judicial, el señalado instrumento reclama que es necesario aportar “un certificado expedido por el Ministro de Gobierno o de Gracia y Justicia, siendo la firma de éstos legalizada por el correspondiente Ministro de Estado o de Relaciones Exteriores, y la de éste a su vez por el agente diplomático respectivo acreditado en el lugar de la legalización” (Art. 2º).

El primer requisito contemplado en el referido tratado aparece cumplido, pues del documento que obra a folio 20 del expediente, emana con claridad que la decisión judicial sometida a homologación, se encuentra debidamente ejecutoriada, pues así lo hace constar la funcionaria competente del Ministerio de Justicia de España, en certificación que se apostilló con seguimiento de los requerimientos contenidos en la “Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros”, suscrita en la ciudad de La Haya (Países Bajos) el 5 de octubre de 1961, a la cual Colombia adhirió el 27 de abril de 2000 y la aprobó mediante la Ley 455 de1998.

3. Ahora bien, para la procedencia de la homologación de la sentencia extranjera no resulta suficiente con que se haya demostrado la mencionada reciprocidad diplomática, sino que es necesario corroborar que la decisión que se somete al exequátur no contraviene el orden público, lo que se cumple en este caso.

En efecto, esta Corte ha tenido la oportunidad de indicar acerca del reseñado instituto que “no existe inconveniente para un país en aplicar leyes extranjeras que, aunque difieran de sus propias leyes, no chocan con los principios básicos de sus instituciones. Sin embargo, cuando una ley extranjera o la sentencia que la aplica, se basan en principios no solo diferentes, sino contrarios a las instituciones fundamentales del país en que aquellas pretenden aplicarse, los jueces del Estado pueden, excepcionalmente, negarse a aplicar la ley o el fallo extranjero que se aparta de esa comunidad de principios”, pues aplicarlo de forma contraria, “implicaría aceptar la excepción de orden público como ‘un simple subterfugio para facilitar el triunfo de antojadizos nacionalismos’ que conducirían al ‘absurdo de permitir a las personas residentes en Colombia asumir compromisos en el exterior, sabiendo que pueden incumplir impunemente en tanto se pongan al abrigo de las fronteras de su país’” (subrayado fuera del texto) (CSJ SC, 27 de julio de 2011, rad. 2007-01956-00)

En un pronunciamiento más reciente la Sala, resaltó que: “el concepto de “orden público” que en el foro nacional tiene la virtualidad de enervar el reconocimiento o la ejecución (…) se limita a los principios básicos o fundamentales de las instituciones, a lo cual servirían de ilustración: la prohibición del ejercicio abusivo de los derechos, la buena fe, la imparcialidad del tribunal arbitral y el respeto al debido proceso” (CSJ SC, 6 de junio de 2013, Rad. 2008-01381-00).

En ese orden de ideas, únicamente una incompatibilidad grave entre el pronunciamiento jurisdiccional para el que se pide el exequátur y los principios fundamentales en que se inspira la normatividad nacional, podría dar lugar a que aquélla no fuera objeto de homologación, pues al fallador, como asunto propio de su decisión, tan solo le corresponde verificar si la aludida determinación se opone o no a los pilares de las instituciones jurídicas patrias.

A ese propósito, se corrobora que el procedimiento de incapacitación contra Noé Sánchez Muñoz, fue promovido por el Ministerio Público español, por cuanto el mencionado sufre una “parálisis cerebral por meningitis, lo que le produce una limitación de sus facultades volitivas e intelectivas, impidiéndole gobernarse por sí mismo”, por lo que era necesario nombrarle una persona que lo asistiera, representara y velara por él, quien señaló la entidad podría ser la compañera permanente de éste la señora Gloría Amparo Calderón.

De igual forma se encuentra, que el Juzgado de Primera Instancia 13 de Valencia, España, luego de admitirlo y realizar los trámites de notificaciones de las personas que debían ser vinculadas, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad de dicho Estado y en procura de la verdad real ordenó la práctica de dictamen médico forense, el cual indicó que el mencionado señor sufre de un grave deterioro cognitivo y es “psíquicamente incapaz de gobernar su propia persona y bienes, que le produce una deficiencia física y psíquica de grado total, de carácter persistente y con una evolución que se prevé de carácter irreversible, lo que le causa un menoscabo total en sus funciones intelecto volitivas, mermándole plenamente su capacidad de autogobierno y administración de bienes” (fl. 9, cdno.1).

Informe clínico, que el fallador foráneo analizó en conjunto con el examen que él realizó al demandado y los testimonios de sus parientes más cercanos, para concluir que era procedente conceder las pretensiones de declaración de incapacidad, pues el estado mental del extremo pasivo revela una deficiencia física y psíquica ostensible que le causa “una incapacitación total”, de conformidad con lo establecido en artículo 200 del Código Civil que indica “son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico, que impidan a la persona gobernarse por sí misma”.

En consecuencia, designó como representante del incapaz a su compañera permanente, luego de constatar que la misma reunía los requisitos legales, siendo una persona idónea para ostentar la guarda y protección del señor Noé Sánchez.

Supuestos fácticos que coinciden con lo dispuesto en la normatividad colombiana, Ley 1306 de 2009, que regula la situación de las personas con discapacidad mental.

En efecto, el artículo 2º de tal ordenamiento, de manera explícita, señala que “una persona natural tiene discapacidad mental cuando padece de limitaciones Psíquicas o de comportamiento, que no le permiten comprender el alcance de sus actos o asume riesgos excesivos o innecesarios en el manejo de su patrimonio”, estado que según el artículo 25 de la misma legislación, permite declarar la interdicción de la persona, luego de practicado un dictamen completo de la misma (art. 28), y una vez declarada la incapacidad designarle un representante para que cuide de éste y le facilite la realización de sus condiciones de vida (art. 52).

Ahora bien, en relación a la discordancia que la Procuradora Delegada Para los Asuntos Civiles manifestó, ha de decirse que no existe tal discrepancia, toda vez que si bien el ordenamiento de España hace referencia a la figura de tutor para el absolutamente incapaz y en Colombia se relaciona la de curador, lo cierto es que las funciones de uno y de otro no difieren, pues según cada una de las legislaciones los mencionados representantes quedan a cargo del cuidado de la persona declarada incapaz y de sus bienes.

Por ende, se encuentra acreditado el presupuesto del ordinal 2º del artículo 694 del ordenamiento adjetivo, ya que la sentencia a homologar no se opone a las disposiciones nacionales de orden público.

5. Finalmente, en lo que respecta al requisito dispuesto en el numeral 3º de la norma precitada, impone destacarse que al plenario se allegó copia debidamente legalizada de la aludida providencia, como enseguida se explica.

Se cumplen los requisitos de apostilla, como lo reglan, en su orden, la Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961, y el artículo 260 del Código de Procedimiento Civil.

En otra oportunidad, la Corte indicó que:

“En el año 1998 a través de la ley 455, se aprobó la ‘Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros’, suscrita en la Haya el 5 de octubre de 1961, mediante la cual se introdujeron modificaciones que consistieron, esencialmente, en sustituir la autenticación Diplomática o a través de Cónsul, por la colocación de un sello de apostilla, rigiendo en los términos previstos en ella y respecto de los países suscriptores.

Luego, en la actualidad, la legalización de documentos públicos —incluidos los que emanan de autoridad o funcionario relacionado con las cortes o tribunales de un Estado—, provenientes del extranjero y a que alude la mentada convención de la Haya, se surte agotando ese sencillo procedimiento, dejando reservadas las exigencias a que se contrae el artículo 259 del C. de P. C., para los documentos que no reúnen las condiciones que allí se mencionan”.

6. Así las cosas, de lo consignado se colige que la sentencia de la cual la parte actora pretende que surta efectos en el país, alcanzó ejecutoria de conformidad con la ley de la nación de origen y se presentó ante la Corte en copia debidamente autenticada y legalizada, no compromete el orden público, pues las decisiones contenidas en dicho proveído no son contrarias a los principios en los que se inspiran las disposiciones legales que disciplinan el instituto jurídico de la interdicción de personas con discapacidad mental absoluta.

Adicional a lo anterior, constata esta instancia que el objeto de los referidos pronunciamientos no es de competencia exclusiva de los jueces colombianos, y no obra prueba de que en el territorio nacional exista proceso en curso.

7. Con fundamento en las precedentes motivaciones, procede el reconocimiento de efectos jurídicos a la determinación jurisdiccional sometida al presente trámite.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONCEDER respecto de la sentencia dictada el quince de octubre de dos mil quince, por el Juzgado de Primera Instancia 13 de Valencia, España, mediante la cual se declaró la incapacidad total de Noé Sánchez Muñoz y en consecuencia, se nombró como su tutora a la señora Gloria Amparo Calderón.

2. Para los efectos previstos en los artículos 6º, 10, 11 y 22 del Decreto 1260 de 1970 y de conformidad con los artículos 1º y 2º del Decreto 2158 de 1970, se ordena la inscripción de esta providencia junto con la sentencia reconocida, en el folio correspondiente al registro civil de nacimiento del señor Noé Sánchez Muñoz. Por secretaría líbrense los oficios a que haya lugar.

Sin costas en el trámite.

Notifíquese y cúmplase,

Magistrados: Álvaro Fernando García Restrepo—Margarita Cabello Blanco—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Luis Alonso Rico Puerta—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.