Sentencia SC11294-2016/2008-00162 de agosto 17 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC11294-2016

Rad.:11001-31-10-010-2008-00162-01

Magistrado Ponente:

Dr. Ariel Salazar Ramírez

(Aprobado en sesión de quince de marzo de dos mil dieciséis)

Bogotá, D.C., diecisiete de agosto de dos mil dieciséis.

Decide la Corte el recurso extraordinario de casación que interpusieron los demandados Felipe, Juan Diego y Lady Mariana Africano Cruz, en su condición de herederos determinados del causante Héctor Orlando Africano Mesa contra la sentencia proferida el 5 de julio de 2013, por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario de la referencia.

I. Antecedentes

A. La pretensión

Julieth Nataly Franco Díaz demandó a los menores Felipe, Juan Diego y Leydy Mariana Africano Cruz y a los herederos indeterminados del difunto Héctor Orlando Africano Mesa, para que se declarara que entre aquella y éste existió una sociedad patrimonial desde el 22 de agosto de 2003 y hasta el 8 de diciembre de 2007.

B. Los hechos

1. La demandante convivió con Héctor Orlando Africano Mesa de manera permanente, singular e ininterrumpida, desde el 22 de agosto de 2003 hasta el día de su deceso, ocurrido el 8 de diciembre de 2007. (fl. 142, cdno. 1).

2. Durante ese período los compañeros conformaron una comunidad de vida estable y se comportaron como marido y mujer, aunque no tuvieron descendientes (fl. 142, cdno. 1).

3. La pareja adquirió seis inmuebles, un vehículo, la empresa Unión Nacional de Catedráticos E.U. y un depósito bancario por valor de $ 112.478.348 (fl. 148, cdno. 1).

4. Héctor Orlando Africano Mesa se casó con Rosa María Cruz Chacón el 17 de junio de 1994, en la Notaría Cuarenta y Seis del Círculo de Bogotá, enlace que estuvo vigente hasta el día del deceso de aquel (fl. 198, cdno. 1).

5. Producto de ese vínculo marital nacieron los menores Lady Mariana, Juan Diego y Simón Felipe Africano Cruz, los días 30 de noviembre de 1996, 25 de septiembre de 2001 y 26 de septiembre de 2003, respectivamente (fls. 195 a 197, cdno. 1).

6. Mediante la escritura pública 00077 de 21 de enero de 1999, otorgada en la Notaría Cuarenta y Seis del Círculo de Bogotá, los esposos liquidaron la sociedad conyugal (fl. 111, cdno. 1).

7. Los hijos de Héctor Orlando Africano Mesa iniciaron el juicio de sucesión del difunto ante el Juzgado Décimo de Familia de Bogotá (fl. 149, cdno. 1).

C. El trámite de la primera instancia

1. El 26 de febrero de 2008 se presentó la demanda, admitida por auto de 7 de marzo siguiente, se ordenó correr el traslado de rigor y emplazar a los herederos indeterminados (fl. 154, cdno. 1).

2. Notificada la representante legal de los demandados, se opuso a las pretensiones y formuló la excepción que denominó: “carencia del derecho a demandar la existencia de unión marital de hecho su liquidación” (fl. 192, cdno. 1).

El curador ad litem designado a los sucesores indeterminados manifestó que se atenía a lo que resultara probado en el juicio (fl. 276, cdno. 1).

3. Mediante sentencia dictada el 25 de junio de 2012 se negaron las pretensiones de la demanda, por considerar que la relación afectiva entre la demandante y el difunto, no cumplió con los requisitos legales para su existencia, porque no tuvo las características de permanencia, continuidad y singularidad, “menos aún de publicidad o seriedad”(1) (fl. 812, cdno. 3).

4. Apelada esa decisión, la demandante adujo que el a quo no analizó en conjunto las pruebas, sino que las valoró de manera independiente y parcial, cuando con sustento en los medios persuasivos recaudados se acreditó que entre la actora y el difunto se conformó una unión marital por espacio superior a los cuatro años (fl. 10, cdno. 7).

D. La sentencia impugnada.

El 5 de julio de 2013 se dictó el fallo de segundo grado que revocó el de primera instancia, en su lugar, declaró no probada la excepción de mérito propuesta por la demandada y dispuso que entre el fallecido y la demandante existió una unión marital de hecho y una sociedad patrimonial desde el 31 de agosto de 2003, hasta el 8 de diciembre de 2007 (fl. 32, cdno. 7).

El ad quem consideró con base en la prueba documental y testimonial; en especial de las declaraciones solicitadas por la actora, que ésta y el difunto iniciaron una relación de noviazgo y, posteriormente en el año 2003, decidieron irse a vivir juntos, para compartir techo, lecho y mesa y socorrerse mutuamente.

Por el contrario, los testimonios pedidos por la parte demandada, con base en los cuales se pretendió acreditar que Héctor Orlando Africano Mesa continuó la relación marital con su esposa Rosa María Cruz Chacón, presentaron serias contradicciones y no lograron explicar de manera clara, las razones por las cuales tuvieron conocimiento sobre los hechos relatados.

A su vez, los familiares del fallecido declararon que él convivió con su cónyuge, hasta el día de su deceso; sin embargo, tras valorar su relató, —sostuvo el Tribunal— que era evidente que no tenían conocimiento sobre la vida diaria de Héctor Orlando.

Consideró el sentenciador con fundamento en la prueba testimonial que la presencia del causante en la casa de su esposa, era ocasional y que de acuerdo con las reglas de la experiencia es normal que un individuo visite el hogar en el que permanecen sus hijos junto a su progenitora, sin que tal circunstancia signifique que entre ellos exista una real y efectiva convivencia; además, de otros motivos por los cuales pudo asistir a la casa en la que residía su cónyuge, con el fin de realizar arreglos locativos en la vivienda o participar en la junta de Acción Comunal del barrio, entre otras.

De otro lado, estimó que el nacimiento de un hijo de los esposos, en nada afectaba la configuración de la unión marital de hecho, porque su concepción fue anterior a la del inicio de la convivencia entre la actora y el fallecido.

En todo caso, —precisó el ad quem— cualquier duda que pudiera existir en torno a la existencia de la unión marital de hecho, fue despejada por la testigo Adriana Isabel Palmar, prueba decretada de oficio por el juzgado, quien tuvo conocimiento directo del transcurrir de la vida profesional y particular de los involucrados, su declaración fue consistente, veraz y concluyente y no se advirtió la intención de la declarante de interferir a favor o en contra de alguna de las partes.

Por último, precisó que las fotografías aportadas no eran idóneas para dilucidar los hechos en debate, porque no permitían establecer la fecha en que fueron tomadas, los lugares, ni las demás circunstancias para su adecuada valoración.

Por consiguiente, concluyó que no se probó la excepción de mérito denominada “carencia del derecho a demandar la existencia de la unión marital de hecho y su liquidación”, declaró acreditada la existencia de la unión marital de hecho y la de la sociedad patrimonial, desde el 31 de agosto de 2003 y hasta el día del deceso de Héctor Orlando Africano Mesa.

II. La demanda de casación

En el escrito que se presentó para sustentar el recurso extraordinario, la parte demandada formuló tres cargos contra la sentencia proferida por el Tribunal, el primero con fundamento en la causal del numeral 5º del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil y los otros dos con sustento en la primera, por errores de hecho en la apreciación de las pruebas, estos últimos se despacharán conjuntamente, pues la censura es común en ambas acusaciones, y radica, en esencia, en la preterición de la prueba documental y el cercenamiento de algunos testimonios.

Primer cargo

Con respaldo en el motivo quinto de casación, los recurrentes alegaron que se configuró la nulidad consagrada en el inciso final del artículo 29 de la Constitución Política, porque se transgredieron los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción, debido a que se le impidió interrogar a la demandante y a los testigos Gloria Cecilia Pineda de Suárez, René Vargas Alcalá y María del Carmen Estupiñán.

El apoderado judicial de la parte demandada no pudo asistir a la práctica de esas pruebas, debido a una enfermedad que le sobrevino de manera repentina, más no por culpa o negligencia, motivo por el cual las referidas 8 Rad.: 11001-31-10-010-2008-00162-01 declaraciones están afectadas de nulidad absoluta, porque fueron practicadas con violación del debido proceso. Ese vicio procesal —sostuvo el impugnante— es insubsanable, por disposición constitucional y legal (numeral 4º artículo 144 del Código de Procedimiento Civil), de ahí que el Tribunal debió declarar la nulidad de lo actuado.

En consecuencia, solicitó casar la sentencia recurrida y decretar la nulidad absoluta de las pruebas testimoniales de Gloria Cecilia Pineda de Suárez, María del Carmen Estupiñán y René Vargas Alcalá y el interrogatorio de parte absuelto por la demandante, para que se practiquen esas pruebas conforme a la normatividad adjetiva y a la Constitución Política.

Consideraciones

1. El normal desenvolvimiento del proceso impone la necesidad de que las reglas fijadas en la ley para su impulso y resolución no puedan ser desatendidas por las partes ni por el funcionario judicial a quien se le ha encargado dirimir el litigio.

En esa medida es claro que los actos procesales están regulados por la ley en cuanto a su forma y por ello ni el juez ni las partes pueden desconocerlos, dada la obligatoriedad de las formas procesales, de ahí que su rechazo produce la nulidad de la actuación judicial, como una medida con la cual un acto o una serie de actos cumplidos de manera irregular, trae consigo la privación de sus efectos jurídicos.

1.1. El legislador erigió como causales de nulidad adjetiva únicamente aquellos hechos que constituyen un evidente quebrantamiento de las normas básicas de procedimiento o que desconocen el derecho de las partes a ejercer su defensa.

El régimen de las nulidades procesales se encuentra regulado en los artículos 140 a 147 de la normatividad adjetiva, disposiciones legales en las que se establecen los motivos excepcionales que pueden dar origen a que se decrete la nulidad total o parcial del proceso.

La doctrina señaló que la misión de la nulidad “en efecto, no es propiamente asegurar la observancia de las formas procesales, sino el cumplimiento de los fines a ella confiados por la ley. Las formas son el medio o instrumento de que el legislador se vale para hacer efectiva la garantía constitucional de la defensa en juicio, lo cual constituye el fundamento de los llamados derechos procesales de las partes”(2).

Por ello, en esta materia impera el principio de especificidad, en virtud del cual no existe un defecto capaz de estructurar una nulidad sin ley que previamente la establezca (numerus clausus), de modo que no es permitido acudir a la analogía para extender la declaración de invalidez a hipótesis diferentes a las contempladas por el legislador.

El sistema de taxatividad ha estado presente desde el Código Judicial, en vigencia del cual la Corte precisó que es “posible que en el juicio se presenten situaciones que originen desviaciones más o menos importantes de normas que regulen las formas procesales, pero ello no implica que constituyan motivo de nulidad, la cual, se repite, únicamente puede emanar de las causales entronizadas por el legislador” (CSJ SC, 26 Ago 1959, GJ. XCL, 449, citada en CSJ SC, 24 Feb 1994, Rad. 4028).

Por consiguiente, si con fundamento en la causal quinta de casación, se alega una deficiencia, no contemplada dentro de los motivos expresa y taxativamente enumerados en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, es manifiesta su improcedencia, de ahí que deba desestimarse la acusación.

1.2. En el caso presente el impugnante solicitó “decretar la nulidad absoluta de las pruebas testimoniales de Gloria Cecilia Pineda de Suárez, María del Carmen Estupiñán y René Vargas Alcalá, y el interrogatorio de parte practicado a la demandante Julieth Natali Franco Díaz”(3), con apoyo en el artículo 29 de la Constitución Política.

Es verdad que esa norma establece en su inciso final que “es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso” y que consagra también el derecho que tienen todas las personas a “presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra”, disposiciones que guardan relación con el canon 174 del Código de Procedimiento Civil, a cuyo tenor “toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso”.

En ese sentido, cuando para la obtención de un elemento probatorio se vulnere el derecho fundamental al debido proceso, ese medio persuasivo queda afectado por la sanción de nulidad constitucional.

Sobre el particular, la Corte Constitucional precisó que “la consagración de un debido proceso constitucional impide al funcionario judicial darle efecto jurídico alguno a las pruebas que se hayan obtenido desconociendo las garantías básicas de toda persona dentro de un Estado Social de derecho, en especial aquellas declaraciones producto de torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Así entendida, la expresión debido proceso no comprende exclusivamente las garantías enunciadas en el artículo 29 de la Constitución sino todos los derechos constitucionales fundamentales (…) es claro que en el origen de la norma el constituyente buscó impedir que una prueba específica (la prueba) resultado directo e inmediato (obtenida) de un acto violatorio de los derechos básicos, fuera valorada en un proceso judicial” (Sentencia SU-159 de 2002).

Por consiguiente, es claro que si la prueba es necesaria para el proceso, es indispensable que tenga 12 Rad.: 11001-31-10-010-2008-00162-01 eficacia jurídica, para que pueda otorgarle al juez certeza sobre los hechos en contienda y que cuando para su producción se violó el derecho fundamental al debido proceso, la consecuencia lógica es la nulidad de ese medio persuasivo.

Ello supone, entre otros requisitos que la parte contra quien se opone una prueba debe contar con la oportunidad procesal para conocerla y discutirla, por lo que la prueba practicada a espaldas de las partes o de una de ellas carece de valor, pues es requisito esencial que se permita su contradicción.

1.3. Sin embargo, los vicios que pueden aducirse con fundamento en la causal quinta del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, son los taxativamente establecidos por la ley y que generan la nulidad del proceso y no de una prueba determinada, porque las irregularidades del procedimiento, conducen, por regla general a que se deba restablecer una parte o la totalidad del trámite, lo cual no acontece, cuando una prueba es ineficaz, evento en el que no debe ser tenida en cuenta por el funcionario judicial.

Al respecto, la sala tiene definido:

“La nulidad de la prueba, por el contrario, afecta, en principio, solamente al medio irregularmente aducido, tornándolo ineficaz para aportarle al juzgador elementos de juicio, sin que, subsecuentemente, por su causa se llegue a invalidar el proceso. De modo que si el fallador apuntala su determinación en una prueba ‘nula’, esa incorrección podrá desembocar en un error de juzgamiento, derivado de haber decidido el litigio tomando en consideración hechos que no estaban debidamente probados en el proceso.

Desde luego que la norma jurídica, en cuanto mandato hipotético que es, representa en forma abstracta, una determinada situación para disponer sobre ella, de manera que su concreción se realiza mediante la sentencia judicial, a partir de la comprobación de los hechos del caso y su equiparación con los que el precepto legal supone. Pero como a su vez el conocimiento de los hechos por el sentenciador, es una operación que también se encuentra gobernada por las normas de derecho probatorio, cabalmente para garantizar su seriedad y la eficacia de su contenido, el quebrantamiento de tales reglas podrá generar una distorsión en la percepción de los hechos y la consiguiente violación de la norma sustancial. De ahí que el juzgador solamente puede valerse, para efectos de convencerse de la existencia de un hecho específico, de las pruebas legal y oportunamente aducidas al proceso.

Resulta claro, entonces, que la sanción que en principio se deriva de la ‘nulidad’ de la prueba, no es otra que la de su ineficacia, asunto que, por regla general, no se expande al proceso el cual, en cuanto tal, no sufre mengua ni, por supuesto, da lugar a su renovación total o parcial, a menos obviamente que en casos excepcionales haya lugar a la repetición de la prueba.

Dicho esto, la diferencia entre la nulidad del proceso y la de la prueba, aflora diáfanamente, pues mientras la primera comporta un yerro de actividad del juez, la segunda puede despuntar en un error de juicio del fallador derivado de haberla estimado, no obstante su irregularidad” (CSJ SC. 13 Dic. 2002, Rad. 6426. Tesis reiterada en CSJ SC 1 Jun. 2010; Rad. 2005-00611- 01).

1.4. El casacionista adujo que se configuró la nulidad prevista en el inciso final del artículo 29 de la Constitución Política, porque se vulneraron sus derechos fundamentales, circunstancia que le restó validez a las pruebas practicadas sin su participación, las que —según su opinión— debían ser de nuevo recepcionadas.

Esos medios probatorios son elementos de especial importancia, a través de los cuales el juez obtiene el conocimiento de los hechos materia del litigio para llegar a la decisión que con base en la ley defina la controversia.

Por ello, la Constitución Política estableció en el artículo 29 el derecho fundamental al debido proceso y, en su inciso final dispuso que es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación de esa garantía constitucional.

Entonces, los medios persuasivos que vulneran los derechos constitucionales fundamentales de quienes intervienen en el respectivo juicio o de terceros, son ilícitos, deficiencia que se sanciona con la nulidad de la prueba y que por lo tanto, impide su valoración, al restarle eficacia demostrativa.

Esa consecuencia derivada de la ilicitud de los elementos probatorios, no se hace extensiva a la actuación procesal que conserva su validez, pues la norma no prevé ese efecto.

Por ello, si la demanda de casación se funda en la causal del numeral 5º del artículo 368 de la normatividad adjetiva, le corresponde al recurrente invocar alguno de los motivos de nulidad consagrados en el canon 140 del estatuto procedimental civil, siempre que el vicio procesal no se haya saneado, pero no procede aducir como sustento del recurso extraordinario la ilicitud de las pruebas.

Los razonamientos expuestos, son suficientes para que el cargo no pueda abrirse paso.

Segundo cargo

Se reprochó el fallo por transgredir los artículos 1º y 2º de la Ley 54 de 1990, como consecuencia de la comisión de errores de hecho, al omitir el examen de la escritura pública 1811 de 7 de septiembre de 2006, otorgada en la Notaría Veintidós del Círculo de Bogotá.

En ese instrumento público la demandante manifestó de manera libre, espontánea y voluntaria que su estado civil era el de soltera, sin unión marital de hecho, afirmación que es contraria con lo dicho en la demanda, en la que asegura que para esa fecha convivía con el difunto. Esa prueba demuestra que la actora carecía de la “voluntad responsable”(4) y del ánimo de conformar una familia.

Como consecuencia de la omisión de esa prueba, el Tribunal concluyó de manera errada que entre la actora y el fallecido se conformó una unión marital de hecho, de ahí que el fallo sea contraevidente, pues el sentenciador incurrió en un yerro mayúsculo, palpable, ostensible y trascendente.

Según sostuvo el impugnante, las restantes pruebas valoradas por el Tribunal no eran idóneas para demostrar la existencia de la comunidad de vida, singular y permanente entre los compañeros.

En ese sentido, adujo el recurrente que en la escritura pública 1344 de 30 de junio de 2005, documento que fue otorgado por la demandante y el fallecido, informaron que su estado civil era el de “casados con sociedad disuelta y liquidada”, pero que ello no suponía que estuvieran casados entre sí, pues no manifestaron que tuvieran un vínculo marital.

A su vez, con el documento público 1807 de 2007, por medio del cual la actora y el extinto compraron el local 232 del Centro Comercial Veracruz, en el que este último manifestó sobre su estado civil que era “divorciado con sociedad conyugal disuelta y liquidada”, no se demostraba que entre los citados se haya conformado un vínculo marital.

Por ello, los medios probatorios en los que se fundó el Tribunal para emitir el fallo, específicamente las escrituras públicas 1344 de 30 de junio de 2005, 1807 de 25 de mayo de 2007, 0007 de 21 de enero de 1999, la carta dirigida a la Cámara de Comercio de 27 de enero de 2007 y los testimonios de Gloria Cecilia Pineda de Suárez, María del Carmen Estupiñán, René Vargas Alcalá y Adriana Isabel Palmar Palmar, no acreditaron que entre el difunto y la promotora del juicio, existiera el “ánimo mutuo de pertenencia, de nulidad, de affectio maritalis, la voluntad responsable de conformar una familia natural; decisión libre de la pareja de conformar la unión marital de hecho, la intención de conformar una familia e, intención genuina de mantenerse juntos los compañeros permanentes”(5), pues las referidas pruebas solo acreditan “unos presuntos hechos materiales de convivencia”(6).

El fallador quebrantó los artículos 1º y 2º de la Ley 54 de 1990, porque no analizó el aspecto subjetivo, que junto con los materiales integran la unidad denominada unión marital de hecho, al omitir el análisis de la escritura pública 1811 de 7 de septiembre de 2006, otorgada en la Notaría Veintidós del Círculo de Bogotá, documento con el que se acreditó que a la demandante no le asistía el ánimo y la voluntad para conformar una unión marital de hecho con Héctor Orlando Africano Mesa.

Ese yerro es trascendente, porque debido a que el sentenciador ignoró ese documento, aplicó de manera indebida los artículos 1º y 2º de la Ley 54 de 1990 y resolvió revocar la decisión de primera instancia, para acceder a las pretensiones de la demanda, cuando debió declarar probada la excepción de “carencia del derecho a demandar la existencia de la unión marital de hecho y su liquidación”.

En consecuencia, solicitó casar el fallo impugnado y al dictar la sentencia de remplazo, negar las pretensiones de la demanda y declarar probada la excepción propuesta por los demandados.

Tercer cargo

Se acusó el fallo por violar de manera indirecta los artículos 1º y 2º de la Ley 54 de 1990, como consecuencia de la comisión de errores de hecho en la apreciación de los testimonios de Héctor María Africano Salamanca, Carmenza Leal de Vargas y Martha Lucía Durango López, porque cercenó sus manifestaciones.

Respecto del testigo Héctor María Africano Salamanca omitió las siguientes manifestaciones: “a mí no me consta que haya vivido con otra señora fue (sic) de Rosa Cruz, ella es mi nuera, o sea la señora de Orlando. La única que yo conozco es ella”(7)¸más adelante, cuando se le indagó sobre si sabía con quién había vivido su difunto hijo Héctor Orlando Africano Mesa, durante los dos años anteriores a su deceso, afirmó: “que yo sepa con su señora Rosa, en el norte, en el barrio Villas de Granada, en una casa que ellos compraron hace seis u ocho años. Allá vivían los esposos y los niños Mariana, que es la mayor, Juan Diego y Felipe”(8); también informó que realizó unos arreglos en el inmueble ubicado en la calle 170, lugar en el que siempre lo encontró durante los ochos meses en los que estuvo trabajando allí, pues ese era el sitio en el que el difunto vivía con la señora Rosa Cruz y sus hijos Mariana, Juan Diego y Felipe; señaló que el fallecido vivía con su cónyuge y que era ella quien le arreglaba su ropa.

El ad quem mutiló la declaración de Carmenza Leal de Vargas, quien informó “Me consta que Orlando vivía o vivió en la cuadra, que convivía con Rosita y sus tres hijos. Tuve la oportunidad de compartir con él en varias ocasiones, en basares que se organizaban en la cuadra, con todos los vecinos. Y me consta que Orlando estuvo con Rosita y sus hijos, estos eventos los compartimos en el año 2006, 2007, más o menos desde que ellos llegaron a vivir a la cuadra”. También reseñó la deponente que el trato entre los esposos era el de una pareja normal, que Orlando era “muy consagrado a sus hijos a su hogar”, precisó que los cónyuges vivan juntos, porque el difunto “llegaba todos los días a su casa”, y siempre lo veía en durante las reuniones de la junta de acción comunal del barrio, que se realizaban en su casa (del fallecido) y que inclusive en dos oportunidades lo encontró aún en pijama; también precisó que durante la celebración de las juntas no se levantaron actas y que las reuniones se hacían una vez al mes o semanalmente y que hubo oportunidades en las que se encontraron hasta dos veces por semana, dependiendo de las necesidades de la comunidad.

Con el testimonio de Martha Lucía Durango López se acreditó que durante los años 2006 y 2007 el difunto vivió con su esposa Rosa, porque según la declarante, el extinto siempre llegaba a su casa en las noches y salía en la mañana entre 7:30 y 8:00 A.M.; agregó que algunas veces el fallecido la acercaba a su lugar de trabajo y que asistió con los esposos a la entrega de boletines de sus hijos, pues todos estudiaban en el mismo colegio; refirió que compartió con los citados durante las juntas del barrio que se realizaban en la casa de José Baquero cada mes o cada dos meses, y de las que algunas veces se levantaban actas, las cuales archivaba Carmenza Leal.

Esa testigo destacó que los cónyuges no se separaron, porque la mayoría de veces veía que Héctor Orlando llegaba a su casa a las 10:30 P.M.; informó que el mencionado jamás le comentó que tuviera una relación sentimental con la demandante, pues esa clase de temas no se comunican; refirió que Rosa María Cruz Chacón se dedicó a manejar el instituto de validación que tenía su esposo.

Según el censor, el Tribunal alteró el contenido de esas declaraciones, cuando ellas eran fundamentales para la decisión, pues acreditaban que los testigos no conocieron a la demandante y que Héctor Orlando vivió con su esposa y sus hijos.

Con base en esas declaraciones se podía concluir de manera inequívoca que Héctor Orlando Africano Mesa y Rosa María Cruz Chacón, junto con sus menores hijos conformaron una comunidad de vida permanente y que la separación fue de bienes, pero no de cuerpos, ni de hecho, pues siempre conservaron su vínculo marital.

Como consecuencia de que el Tribunal cercenó esos testimonios, concluyó de manera errada que no existía una real y efectiva convivencia entre los cónyuges y que el nacimiento del hijo menor de la pareja tampoco era indicativo de convivencia, pues su concepción tuvo lugar nueve meses antes del año 2003, época para la cual el vínculo afectivo entre el difunto y la actora no había comenzado.

También estimó el juzgador de instancia que “la presencia de don Héctor en la casa de doña Rosa y en otros eventos propios del entorno escolar de los menores, puede justificarse, precisamente, por la relación normal entre un padre y sus hijos”(9).

Esas conclusiones erradas del ad quem condujeron a que se revocara la decisión de primera grado y se declarara la existencia de la unión marital de hecho y de la sociedad patrimonial entre el 31 de agosto de 2003 y el 8 de diciembre de 2007, cuando era claro que el difunto vivió de manera simultánea con la demandante y con su esposa.

Sostienen los impugnantes que las pruebas testimoniales practicadas por solicitud de la parte demandante, no desvirtuaron la consolidación de la relación de los esposos y que el Tribunal hizo una “incipiente” valoración del testimonio de Adriana Isabel Palmar, quien incurrió en contradicciones en su relato y en “falacias”, pues jamás señaló que haya visitado la casa donde residían los esposos Africano Cruz, como para que pudiera afirmar que tuvieron problemas que los llevaron a su separación.

Por consiguiente, se vulneraron los artículos 1º y 2º de la Ley 54 de 1990, normas que exigen como requisito que exista singularidad en la relación de pareja y reprochan la simultaneidad con otra de idénticas características, porque en el caso presente no se cumplió con esa exigencia y, por lo tanto, no se conformó la unión marital de hecho entre la actora y el difunto.

Los artículos 1º y 2º de la Ley 54 de 1990 exigen que exista singularidad en la relación de pareja y se reprocha la simultaneidad con otra de idénticas características.

El cargo es trascendente, porque los testigos solicitados por los demandados revelaron de manera contundente, veraz y eficaz que el difunto mantenía la relación marital con su esposa Rosa María Cruz Chacón; el Tribunal cercenó los testimonios de Héctor María Africano Salamanca, Carmenza Leal de Vargas y Martha Lucía Durango López, por lo cual no dio por probada la convivencia permanente y la unidad familiar entre los esposos.

Ese yerro condujo al sentenciador a concluir que la presencia del difunto en la casa de su esposa y en otros eventos escolares de los menores demandados, se justificaba por la relación normal entre padres e hijos, o por su participación en la reuniones de la junta de acción comunal del barrio o en arreglos del inmueble; supuestos que no conducían de manera necesaria a tener por acreditada la continuidad de la convivencia de los esposos.

En consecuencia, solicitó casar la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Bogotá y en el fallo de sustitución se negaran las pretensiones de la demanda.

Consideraciones

1. A lo largo de la historia, la generalidad de sistemas jurídicos —desde los más primitivos hasta los modernos— han otorgado a la institución de la familia reconocimiento y protección en tanto núcleo fundamental de la sociedad que, como tal, reclama la defensa por parte del derecho.

La conformación de la familia como hecho social, así como su conceptualización como instituto jurídico, han variado en los diversos pueblos a través de los tiempos, de suerte que en las distintas épocas de la historia las leyes han amparado o desalentado diferentes formas de organización familiar, tales como la poligamia, la poliandría, la familia monogámica, la patriarcal, la matriarcal, o las conformadas por vínculos religiosos, civiles o naturales; dependiendo de las peculiaridades de cada cultura y del mayor o menor grado de intervención del poder político en los asuntos privados.

Frente a la naturaleza cambiante de la familia, que se reelabora constantemente y está lejos de haber llegado a un punto de consumación o agotamiento estático, el derecho está llamado a seguir los pasos de esa realidad variable y adaptarse al contexto histórico presente, a fin de brindar protección a los derechos de las personas, pues de otro modo se correría el riesgo de fomentar la injusticia social, de generar una situación de anomia, y de relegar las instituciones jurídicas al ámbito de lo meramente abstracto o alejado del mundo de la vida.

1.1. Fue solo hasta hace un poco más de dos décadas, con la expedición de la Ley 54 de 1990, que el legislador le otorgó protección a la uniones maritales de hecho, para brindar solución a la realidad social que se presentaba, a través de la conformación de familias, resultado de la voluntad libre de una pareja que sin estar casados entre sí decidían de manera libre y voluntaria establecerla, aunque no dejó en igualdad de condiciones a los compañeros permanentes en relación con los cónyuges.

Esa unión, según lo previene el artículo 42 de la Constitución Política tiene su origen en un acuerdo de la pareja de convivir, por razones de afecto y con el fin de conformar un núcleo familiar, por lo que le corresponde al Estado y a la sociedad garantizar su protección integral.

Fue así como la citada ley, consagró en el artículo 1º que a partir de su vigencia, “para todos los efectos civiles, se denomina unión marital de hecho, la formada entre un hombre y una mujer(10), que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular. Igualmente y para todos los efectos civiles, se denomina compañero y compañera permanente al hombre y la mujer que forman parte de la unión marital de hecho”.

Además, el artículo 4º de esa misma normatividad, modificado por el 2 (sic) de la Ley 979 de 2005, determinó que “La existencia de la unión marital de hecho se establecerá por los medios ordinarios de prueba, consagrados en el Código de Procedimiento Civil y será de conocimiento de los jueces de familia, en primera instancia”.

1.2. Entonces, para el reconocimiento de la existencia de la unión marital de hecho, le corresponde al juzgador determinar si se encuentran reunidos los requisitos legales, específicamente, los siguientes:

a) Una comunidad de vida que se exterioriza en la voluntad libre y responsable de los compañeros permanentes de establecer entre ellos de manera exclusiva una familia, al unir sus esfuerzos para el bienestar común y brindarse afecto, socorro, apoyo, ayuda y respeto mutuo, lo cual supone que mantengan una convivencia, relaciones sexuales, adquieran obligaciones alimentarias entre sí y con sus descendientes y decidan de manera mancomunada si desean o no tener hijos y el número de ellos, así como la forma en la que serán educados.

b) La singularidad, significa que los compañeros permanentes no pueden establecer otros compromisos similares con terceras personas, pues se requiere que la relación de la pareja sea exclusiva, porque si alguno de ellos, o los dos, sostienen además uniones con otros sujetos o un vínculo matrimonial en el que no estén separados de cuerpos los cónyuges, esa circunstancia impide la configuración del fenómeno. Además, con este requisito, el legislador pretendió evitar la coexistencia de uniones maritales de hecho, con el fin de prevenir un sinnúmero de pleitos.

También ha definido la Sala que ‘una vez establecida una unión marital de hecho, la singularidad que le es propia no se destruye por el hecho de que un compañero le sea infiel al otro, pues lo cierto es que aquella, además de las otras circunstancias previstas en la ley, cuyo examen no viene al caso, solo se disuelve con la separación física y definitiva de los compañeros” (CSJ SC, 10 Abr. 2007, Rad. 2001-0045- 01).

c) La permanencia está referida a la prolongación en el tiempo de la convivencia entre la pareja, lo cual exige que exista estabilidad y excluye las relaciones transitorias, ocasionales o esporádicas que no consolidan una comunidad de vida entre sus integrantes. Si bien el legislador no determinó un período mínimo para su conformación, por vía jurisprudencial, se ha definido que el requisito bajo estudio debe estar unido “no a una exigencia o duración o plazo en abstracto, sino concretada en la vida común con el fin de poder deducir el principio de estabilidad que es lo que le imprime a la unión marital de hecho, la consolidación jurídica para su reconocimiento como tal”, (CSJ SC. 12 Dic. 2001, Rad. 6721).

Las anteriores precisiones son pertinentes, para establecer si en el presente asunto el tribunal incurrió en yerros fácticos en la apreciación de unos medios persuasivos y si esa equivocación condujo al sentenciador a concluir que se había conformado una unión marital de 28 Rad.: 11001-31-10-010-2008-00162-01 hecho, cuando realmente esas pruebas no daban por acreditados los requisitos para su configuración.

2. En el caso que se dejó a la consideración de la Corte, la demandante pretendió la declaración de la existencia de la unión marital de hecho y de la sociedad patrimonial a la que aquélla dio lugar por haber convivido con Héctor Orlando Africano Mesa desde el 22 de agosto de 2003 y hasta el 8 de diciembre de 2007. Así se deduce tanto del petitum como de la causa petendi (fl. 142, cdno. 1).

En ese sentido, al contrastar las inferencias del sentenciador con el contenido material de los medios de persuasión válidamente incorporados al proceso, no se advierte el error de hecho denunciado por el recurrente en los cargos segundo y tercero, y a pesar de que pudieran existir inconsistencias en la labor valorativa, las mismas no alcanzaron a configurar yerros manifiestos o protuberantes.

En efecto, el tribunal revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró que entre Héctor Orlando Africano Mesa y la demandante existió una unión marital de hecho y una sociedad patrimonial desde el 31 de agosto de 2003 y hasta el 8 de diciembre de 2007, teniendo en cuenta los testimonios y la prueba documental.

En relación con esta última, el sentenciador estimó que: “la copia de la escritura pública 1344 suscrita por los citados (refiriéndose a la demandante y el difunto) el día 30 de junio de 2005, por la cual se adquirió el apartamento en donde la pareja convivió desde ese año, documento en el cual puede constatarse que los mismos dijeron que su estado civil era ‘casados con sociedad disuelta y liquidada’; por otra parte, reposa la copia de la escritura 1807 de 2007, por medio de la que don HÉCTOR y doña JULETH compraron el local 232 del Centro Comercial Veracruz y, en ella, el difunto se presentó como de estado civil ‘divorciado con sociedad conyugal disuelta y liquidada’, lo mismo que la actora; además de que ambos pusieron el mismo número de teléfono fijo”(11).

Más adelante refirió: “se encuentra también copia de la escritura pública 00077, sentada el 21 de enero de 1999, en la Notaría 46 del Círculo de esta ciudad, en la que consta la disolución y liquidación de la sociedad conyugal habida entre doña ROSA MARÍA CRUZ y don HÉCTOR ORLANDO AFRICANO y, en ella, contrario a la suscrita por los compañeros, en la parte final de las firmas, los otorgantes consignan diferente número de teléfono fijo”(12) y por último sostuvo: “se halla una carta dirigida a la Cámara de Comercio por don HÉCTOR, en la que consigna como dirección de residencia la carrera 13 b 25-75 apartamento 1104, distinta de la de doña ROSA, documento que tiene fecha de 27 de enero de 2003”, con base en los cuales concluyó que el fallecido había dado por terminada la relación sentimental con su esposa, con el fin de establecer un vínculo marital con la demandante.

Con fundamento también en la prueba testimonial el fallador tuvo por demostrada la convivencia entre los compañeros permanentes, la cual dijo se desarrolló en distintos lugares y se inició luego de una relación previa de noviazgo, en el año 2003, cuando el fallecido y la actora se fueron a vivir juntos.

Por su parte, el casacionista aduce que el ad quem incurrió en la comisión de errores fácticos al valorar las pruebas, concretamente señaló que omitió apreciar la escritura pública 1811 de 7 de septiembre de 2006 y que los otros medios persuasivos en los que el Tribunal fundó su decisión, específicamente las escrituras públicas 1344 de 30 de junio de 2005, 1807 de 25 de mayo de 2007 y 0007 de 21 de enero de 1999, la carta enviada por el difunto el 27 de enero de 2007 a la Cámara de Comercio y los testimonios de Gloria Cecilia Pineda de Suárez, María del Carmen Estupiñan, René Vargas Alcalá y Adriana Isabel Palmar Palmar, no demuestran la existencia de la unión marital de hecho.

Al respecto debe señalarse con relación a la escritura pública 1811 de 7 de septiembre de 2006 de la Notaría Veintidós del Círculo de Bogotá, mediante la cual Julieth Natali Franco Díaz aclaró otro instrumento público, para precisar que había cambiado su nombre y que fue allegada con la demanda, que en ese documento, la mencionada dama manifestó que su estado civil era el de soltera, “sin unión marital de hecho”.

Frente a ese medio probatorio el tribunal no hizo mención de manera expresa, circunstancia no le abre paso a la acusación formulada, porque dentro de la autonomía de que se encuentran dotados los juzgadores para la apreciación y valoración de las pruebas, era plausible que se apartara del contenido de ese instrumento público y prefiriera los otros elementos persuasivos, porque le otorgaban mayor credibilidad.

En efecto, si bien las manifestaciones realizadas en una escritura pública, constituyen prueba de confesión, en caso de que cumplan los requisitos del artículo 195 del Código de Procedimiento Civil, ella admite prueba en contrario, según lo previene el canon 201 de la misma obra, vale decir que su valor probatorio puede ser desvirtuado a través de otros medios persuasivos.

Sobre el particular la Corte definió: “Las declaraciones que hacen las partes en una escritura pública tienen plena fuerza obligatoria entre ellas y sus causahabientes; desde el punto de vista probatorio su contenido se asimila o equivale a una confesión; su poder de convicción es pleno mientras no sea impugnado en forma legal y desvirtuado con otras pruebas que produzcan certeza en el juez” (CSJ SC. 28 sep. 1992).

En ese sentido, para el ad quem con la prueba testimonial y la documental recaudada quedó establecido que la actora y el difunto establecieron una comunidad de vida, permanente y singular, con el fin de conformar de manera libre y voluntaria una núcleo familiar, motivo por el cual tuvo por desvirtuada la manifestación realizada por la actora el 7 de septiembre de 2006, al otorgar la escritura pública 1811, pues ese solo medio persuasivo no era suficiente para modificar la conclusión a la que llegó, con base en un conjunto de pruebas concordantes y coherentes entre sí, de las cuales concluyó que la unión marital de hecho tuvo existencia.

Por consiguiente, dada la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, es necesario para desvirtuar la presunción de acierto que ampara la sentencia de instancia que se demuestre el error fáctico, en la conclusión del fallador, porque es claro que si bien no se dijo de manera expresa en la sentencia que se desechaban las manifestaciones realizadas por la actora ante el notario, es claro que el Tribunal les restó mérito probatorio, de ahí que el yerro atribuido no existió.

2.1. De otro lado, advierte la Corte que el Tribunal no incurrió en los desaciertos que se le enrostraron al apreciar los testimonios solicitados por la parte demandada, pues de ellos concluyó que “al ser evaluados conjunta e individualmente, presentan serias contradicciones”(13), específicamente al momento de explicar los motivos por los cuales tuvieron conocimiento de que el fallecido siempre llegaba a la casa de doña Rosa a “altas horas de la noche” y también cuando la deponente Carmenza Vargas Leal afirmó que veía al difunto en la casa de su esposa, durante las primeras horas de la mañana, por las reuniones de la junta de acción comunal, encuentros que se realizaban en la casa de Rosa Cruz y de los que no se levantaron actas; al paso que la testigo Martha Durango afirmó que “las reuniones ‘siempre se hacían en casa de JOSÉ BAQUERO’ Y QUE ‘nunca hubo otro lugar’, y que, además, las actas las levantaba CARMENZA LEAL y que están en poder de esta”(14).

También sostuvo que con la declaración de Héctor María Africano no se desvirtuaba la existencia de la unión marital entre la demandante y el extinto, porque aquel sólo suministró información sobre lo que observó durante los ochos meses en los que estuvo en la casa de Rosa Cruz, realizando unos trabajos, sin que haya vuelto a frecuentar ese lugar de manera regular.

Frente a las manifestaciones de Francisco Africano señaló el sentenciador que no tenía conocimiento directo sobre las personas que laboraban en la empresa del fallecido, y que el conocimiento que tuvo del acontecer cotidiano de la relación entre Héctor Orlando Africano Mesa y Rosa Cruz era ocasional.

En suma, el fallador concluyó que no se había demostrado la convivencia entre los esposos y que la presencia del difunto en la casa de su cónyuge se explicaba por la relación normal entre un padre con sus hijos, o por su participación en las juntas de acción comunal o incluso con el fin de realizar arreglos a la vivienda.

Esas inferencias del sentenciador se ubican dentro del marco de la autonomía e independencia en la valoración de las pruebas, más aún cuando las versiones de los testigos no son contrarias a esa conclusión y, por el contrario, la confirman dentro de un amplio margen de interpretación.

En efecto, si bien Héctor María Africano Salamanca dijo que el fallecido vivió con su esposa y con sus hijos en una casa ubicada en el barrio Villas de Granada, también refirió cuando se le indagó acerca de si frecuentaba ese lugar que efectivamente lo hizo, porque había realizado unos arreglos al inmueble, durante el año 2007 por un período de ocho meses y precisó que “yo viví independiente de él”, —refiriéndose al causante—.

Carmenza Leal de Vargas manifestó saber que durante los años 2006 y 2007 Héctor Orlando Africano Mesa vivió con su esposa y sus tres hijos en el barrio Villa del Prado, con quienes compartió en varias reuniones del barrio, para celebrar el día de la madre o del padre e inclusive la navidad; también señaló que participó con el difunto en las juntas de acción comunal del barrio y que “muchas veces las celebrábamos en la casa de él (del difunto), en las horas de la mañana, los días que él tenía pico y placa”(15).

La mencionada declarante también señaló que le constaba que los esposos vivían juntos, porque Héctor Orlando “llegaba todos los días a su casa, porque algunas veces, yo tenía que preguntarle al portero si Orlando ya había llegado para poder programar la reunión del día siguiente, por decir algo, entonces sabía que había llegado”(16).

Informó que en dos oportunidades, cuando llegó a la casa de Rosa Cruz, para celebrar las asambleas, observó que Héctor Orlando se encontraba en pijama, y por último indicó que “no levantamos actas de reuniones. Nosotros como cada uno tenía su ocupación profesional o laboral no levantábamos actas”(17).

Martha Lucía Durango López afirmó que durante los años 2006 y 2007 Orlando vivió con su esposa Rosa, “porque dormía ahí y llegaba por la noche y compartían los fines de semana”(18) y que él la acercaba en algunas oportunidades a su lugar de trabajo; señaló que compartieron en los cumpleaños de sus hijos, en las reuniones del colegio. Con relación a las juntas de acción comunal manifestó que “nos reuníamos en la casa de don José Baquero, a veces a las seis o siete de la noche, a veces a las ocho de la mañana, o los sábados o los domingos depende de que lo se fuera a tratar. Siempre nos reunimos en la casa del señor José Baquero. No hubo otro lugar ”(19) y que algunas veces se levantaron actas de asamblea, las cuales elaboró Carmenza Leal; también afirmó que no tuvo conocimiento de que los esposos se separaran y que “todas las noches o la mayoría de las noches” vio llegar a Héctor Orlando a su casa, a las 10:30 P.M.

Por lo tanto, las conclusiones del sentenciador acerca de que el testigo Héctor María Africano Salamanca sólo frecuentó el hogar de Rosa Cruz durante los 8 meses en los que realizó trabajos en el inmueble, y que no visitaba ese lugar de manera reiterada, no son contraevidentes con las manifestaciones que hizo ese declarante; además, es admisible que el fallador les restara credibilidad a los relatos de Martha Lucía Durango López y Carmenza Leal de Vargas, pues aparte de las contradicciones en las que incurrieron entre sí, al momento de informar acerca del lugar y el horario en el que se realizaron las juntas de acción comunal del barrio, así como sobre la existencia de actas de asamblea, manifestaron que el difunto residía con su esposa Rosa Cruz, porque lo veían llegar en las noches, afirmación frente a la cual el ad quem concluyó que carecía de fundamento, pues resultaba extraño que las deponentes “no perdieran de vista a su vecino, todos los días y a la misma hora”(20).

Esas conclusiones del fallador de instancia no resultan insostenibles, frente a lo que se colige de las mencionadas pruebas testimoniales, así desde una perspectiva de interpretación diferente, pudiera proponerse otra apreciación plausible de esos elementos persuasivos y arribarse a un resultado distinto, tal circunstancia no está autorizada en la ley como motivo para casar la sentencia, pues corresponde a una simple divergencia entre la opinión del censor y el criterio del tribunal.

2.2. El impugnante también reprochó el fallo, porque según adujo, el testimonio de Adriana Isabel Palmar en el que se fundó la decisión, es contradictorio y la deponente incurrió en “falacias”, porque afirmó que debido a los problemas que surgieron entre los esposos, se produjo su separación, manifestación que hizo si respaldo alguno, porque jamás visitó la casa de los cónyuges.

En relación con lo anterior, se debe indicar que la declarante informó que trabajó con el difunto desde 1996; también señaló que en el año 2001 conoció a la demandante, porque aquel se la presentó como “una amiga”, que en el 2002 ya tenían una relación de noviazgo y que para el 2003 le dijo que era su esposa; refirió que en diciembre de esa anualidad visitó a los compañeros permanentes en su apartamento de Fontibón y pudo comprobar que vivían juntos.

Señaló que Héctor Orlando era muy amoroso con la actora, “a veces le decía hágame tal cosa, siéntese al lado mío, en el apartamento era como la pareja de él amorosos como esposos”(21).

Específicamente de la relación entre los esposos indicó que sabía que estaban separados y que el difunto iba a la casa de su cónyuge a visitar a sus hijos, hechos que conoció porque “Orlando me contaba todos los secretos como era la relación con Rosa, ella lo detestaba, no se quería acercar a él, lo rechazaba, no lo quería y si lo quería era por los niños o por el dinero nada más, el señor Orlando nunca tuvo un amigo íntimo ni íntima, y la que era íntima era yo”(22) y más adelante insistió “él vivía siempre con la señora Julieth en el año 2003 y si alguna vez se quedó una noche en la casa sería por los niños pero no dormiría con Rosa María”(23).

Entonces, contrario a lo que aduce el censor, la testigo jamás informó que haya visitado la casa de la señora Rosa María Cruz y que supo de los problemas conyugales, porque el difunto se los comentaba, pues era su confidente; además, constató que el mencionado había iniciado desde el 2003 una nueva relación con la demandante, por lo cual no se evidencia el yerro fáctico en la ponderación de ese testimonio.

Además, si bien la declaración de Adriana Isabel Palmar, fue tachada de sospechosa, tal reproche no conduce necesariamente a que esa prueba deba ser descalificada, pues debe ser apreciada por el juez atendiendo las circunstancias particulares y con mayor severidad, como lo hizo el fallador de instancia quien estimó que: “aunque esta testigo fue tachada por sospechosa por un sector del extremo pasivo, con el argumento de que había tenido conflictos de índole laboral con doña ROSA CRUZ, lo cierto es que su testimonio es consistente, veraz y concluyente, y no se ve cuál podría ser su interés en amañar su declaración”(24).

2.3. Por lo demás, el fallo de segundo grado se fundó en las declaraciones de Gloria Cecilia Pineda de Suárez, María del Carmen Estupiñán, René Vargas Alcalá y Adriana Isabel Palmar Palmar, quienes en esencia informaron sobre la convivencia de la pareja, los lugares de residencia, las actividades familiares y laborales de los compañeros permanentes, el trato que se prodigaron como pareja, motivo por el cual la decisión del Tribunal resulta razonable.

En efecto, Gloria Cecilia Pineda de Suárez dijo que conoció a la demandante en el año 2000, y a Héctor Orlando Africano en agosto de 2003, cuando llegó a residir con aquella y su menor hijo a un apartamento que les arrendó, ubicado en el segundo piso de su casa; informó que los mencionados habitaron ese lugar durante dos años y que se fueron, porque compraron un apartamento ubicado en la “diecinueve con veinte”, al que fue en alguna oportunidad; señaló que el difunto siempre presentaba a la demandante como su esposa y al niño como hijo suyo, y que no tuvo conocimiento de que tuviera otra relación marital.

María del Carmen Estupiñán, quien trabajaba por días en la casa de los compañeros permanentes, en el apartamento ubicado en el Conjunto San Fasón de Bogotá, informó que los conoció en el año 2005, cuando llegaron a vivir a esa copropiedad; refirió que los mencionados vivieron juntos desde el 2005 y hasta el 2007, cuando falleció Héctor Orlando, a quien la actora le decía “mi ratón”, señaló que los citados jamás se separaron, que “siempre salían y entraban juntos, o los tres con el niño”(25) y que la único esposa que tuvo el difunto fue Julieth Nataly.

Por último, René Vargas Alcalá, quien desde el 1º de agosto de 2005 y hasta el 1º de octubre de 2008, se desempeñó como vigilante en el Conjunto Residencial San Fasón, dijo que conoció a la demandante y al extinto como esposos, pues vivían juntos en el apartamento 404 de esa propiedad horizontal; precisó que a los mencionados “los veía salir del apartamento a las siete de la mañana, recién bañados, regresaban al medio día y volvían y salían. Y cuando tenía el turno de las seis de la tarde a seis de la mañana, yo los veía llegar siempre juntos, tipo ocho u ocho y media de la noche, a descansar, nunca llegaban tarde. Los fines de semana ahí salían a viajar, lo sé porque ellos nos recomendaban el apartamento, y los domingos a veces salían a cicloruta, salían con el niño, volvía, se bañaban y salían a comer”(26).

3. Entonces queda claro que el Tribunal valoró las pruebas recopiladas, sin alterar su contenido objetivo, pues tras su cotejo con lo que de ellos se aseveró en la providencia impugnada, se dejó en evidencia que correspondía con lo que real y materialmente se desprendía de esos elementos de convicción.

En efecto, como lo tiene decantado la Sala, se incurre en equivocación de facto cuando se extrae “una conclusión probatoria que no se aviene a los elementos de persuasión y que se aleja sin mediar explicación razonable y en forma ostensible del significado que aquellos ofrecen en realidad, pues no encaja lógicamente dentro del marco de las alternativas probatorias posibles”(27).

Si la apreciación que efectuó la censura de las indicadas pruebas no se erige en la única admisible y por el contrario, la realizada por el juez de segunda instancia denota una contemplación que no se muestra irrazonable de acuerdo con la materialidad de las mismas, en tanto concluyó que se había demostrado la existencia de los elementos esenciales para la conformación de la unión marital de hecho entre Julieth Nataly Franco Díaz y Héctor Orlando Africano Mesa desde el 31 de agosto de 2003 y hasta el 8 de diciembre de 2007, no encuentra la Sala establecido el defecto de valoración que adujo la recurrente, para cuya demostración —se insiste— no resulta suficiente presentar deducciones antagónicas a las expuestas en la sentencia, porque ellas solas no tienen entidad para demostrar desacierto alguno.

En la valoración de las pruebas —ha destacado la jurisprudencia— los juzgadores de las instancias gozan de discreta autonomía, lo que en la apreciación de los testimonios comporta que el juzgador puede apreciar de manera autónoma su concordancia o discordancia y la suficiencia de la razón del dicho de los declarantes, para establecer la veracidad de sus manifestaciones y la credibilidad que le ofrezcan tales medios de convicción; es por eso que la mencionada labor solo puede cuestionarse con base en la existencia de un yerro fáctico manifiesto y trascendente.

El desacierto que no brota a simple vista, sino que para percibirlo es necesario escudriñar en las valoraciones del fallador, lo que lo hace recóndito, no puede dar lugar a casar la sentencia recurrida, lo que también se predica del desatino que no resulta determinante o decisivo para fijar el sentido de dicha providencia.

Solamente el yerro paladino u ostensible “es decir, de naturaleza tal que exista palmaria contradicción entre lo allí afirmado y la realidad que surja de los autos” (CSJ SC, 3 Jun. 2008, Rad. 1997-11872-01) —ha dicho la Corte— configura el “error de hecho manifiesto” al que hace referencia el inciso 2º del numeral 3º del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, de ahí que analizados el contenido material de las pruebas referidas y las conclusiones a las que, en cuanto a ellas, arribó el Tribunal, la Sala no advierte que la citada corporación judicial hubiere incurrido en un error de la señalada naturaleza al apreciarlas, pues sus deducciones fácticas acompasan con lo que se podía extraer de los testimonios y la prueba documental, circunstancia que por sí misma impide reconocer prosperidad a la crítica de la casacionista.

En consecuencia, los cargos no están llamados a prosperar, por las razones expuestas.

Ante el fracaso del recurso extraordinario, se condenará a la parte impugnante al pago de las costas causadas en esta sede. Tásense por Secretaría, incluyendo como agencias en derecho la suma de $ 6’000.000 a favor de la demandante, como quiera que formuló réplica frente a la demanda de casación.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 5 de julio de 2013, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso de la referencia.

Costas del recurso extraordinario a cargo de la parte impugnante. Tásense por Secretaría, incluyendo como agencias en derecho la suma de $ 6’000.000.

Notifíquese y devuélvase.

Magistrados: Álvaro Fernando García Restrepo, Presidente de Sala—Margarita Cabello BlancoFernando Giraldo GutiérrezAriel Salazar RamírezLuis Armando Tolosa Villabona.

1 Fl. 812, cdno. 3

2 Alsina, Hugo. Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial, Tomo I. 2da. Edición, Buenos Aires: Ediar. Soc. Anón. Editores, 1956, p. 652.

3 Fl. 42, cdno. Corte

4 Fl. 61, cdno. Corte

5 Fl. 65, cdno. Corte

6 Fl. 65, cdno. Corte

7 Fl. 89, cdno. Corte

8 Fl. 90, cdno. Corte

9 Fl. 97, cdno. Corte

10 Mediante la Sentencia C-075 de 2007, la Corte Constitucional estableció que el régimen de protección establecido en la ley se aplica también a las parejas del mismo sexo.

11 Fl. 28, cdno. 7

12 Fl. 28, cdno. 7

13 Fl. 29, cdno. 7

14 Fl. 29, cdno. 7

15 Fl. 431, cdno. 2

16 Fl. 431, cdno. 2

17 Fl. 432, cdno. 2

18 Fl. 432, cdno. 2

19 Fl. 433, cdno. 2

20 Fl. 29, cdno. 7

21 Fl. 561, cdno. 1

22 Fl. 564, cdno. 1

23 Fl. 564, cdno. 1

24 Fl. 31, cdno. 7

25 Fl. 375, cdno. 1

26 Fl. 376, cdno. 1

27 CCXXVIII, 1267.