Sentencia SC11302-2014 de agosto 29 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.: 05266-31-03-001-2002-00067-01

Magistrado Ponente

Dr. Álvaro Fernando García Restrepo

SC11302-2014

(Aprobado en sesión de nueve de junio de 2014)

Bogotá, D. C., veintinueve de agosto de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Como quedó señalado al reseñarse los argumentos contenidos en la sentencia impugnada, el tribunal optó por confirmar el fallo desestimatorio de primera instancia, fincado en tres razones fundamentales, a saber: la imposibilidad para la demandada de adecuar el inmueble de su propiedad, a las normas técnicas obligatorias de construcción expedidas con posterioridad a cuando el edificio allí existente fue levantado; el estado óptimo en el que se encontraba la escalera para el tránsito de peatones, el día en el que se accidentó el señor Sánchez Pardo; y la culpa exclusiva de la víctima.

2. Evaluados en su verdadera esencia dichos planteamientos, se aprecia que el último, por su especial naturaleza, se sobrepone a los dos primeros, toda vez que para el tribunal, la única causa de las lesiones sufridas por la mencionada persona, fue su propio actuar negligente y descuidado, al haber descendido por la referida escalinata, portando en sus manos una carpeta con documentos, su saco de vestir y un computador portátil.

Es que además, no encontró el tribunal plenamente demostrado que la accionada hubiera incumplido las normas técnicas obligatorias sobre el diseño y construcción de la escalera en cuestión, o que este elemento, el día del lamentable suceso, no hubiera estado en condiciones idóneas de seguridad para la movilización de transeúntes, y por eso su decisión se fundó en la existencia de culpa exclusiva que atribuyó al propio lesionado, por lo cual queda probado el incumplimiento de la parte actora de presentar la demostración del requisito estructural de la responsabilidad civil reclamada relativo al nexo causal respecto al accidente, o que el hecho pudiera endilgarse a culpa de la demandada.

3. Es claro, entonces, que de las razones esgrimidas por el tribunal para sustentar su decisión, solamente la alusiva a la culpa exclusiva de la víctima es la que tiene el poder de arrasar por completo la acción y que, por lo tanto, ese planteamiento es el fundamento toral de la sentencia de segunda instancia, de cuyo resquebrajamiento dependía, por lo tanto, el quiebre de dicho fallo.

4. Para colegir que el accidente sobre el que versó el presente asunto, tuvo como única causa la culpa con la que actuó el señor Sánchez Pardo, el ad quem, en resumen, observó:

4.1. En este proceso, “se tiene por principal testimonio, como prueba de la parte demandante, el rendido por el compañero del accidentado señor Juan Guillermo Rendón, quien preguntado por lo sucedido narró que, encontrándose en las oficinas de Almacenes Éxito S. A., en compañía del señor Hernando Sánchez (…), se dirigieron al primer nivel, momento en el cual —dice el testigo—, Carlos Hernando le dijo que iba a entrar al baño, siguiendo él su rumbo; ya estando en el lobby y entregando las escarapelas, advirtió que Carlos Hernando empezó a bajar las escalas y en el segundo escalón se resbaló y rodó por ellas (c. 2 fl. 396)”.

4.2. El mismo declarante, “al ser preguntado sobre las medidas de seguridad que observó su compañero Hernando Sánchez Pardo cuando se disponía a descender por las escaleras, dijo que sus manos no estaban apoyadas en el pasamanos, muy por el contrario, su mano izquierda estaba ocupada con un equipo de cómputo portátil, además de su saco de vestir —lado por el cual igualmente descendía por las escaleras—”.

4.3. El citado deponente “también se refirió al estado en el cual se encontraban dichas escalas, afirmando que no estaban húmedas y mucho menos resbalosas, que su iluminación era buena y que en ellas no había obstáculo alguno”, de lo que infirió que el declarante “hubiese podido descender por las mismas escaleras momentos antes sin ningún percance”.

4.4. Del “testimonio del señor Nicolás Giraldo López (c. 3 fl. 40), quien atendiera al señor Hernando Sánchez Pardo en la reunión comercial, puede extraerse que, no obstante no ser testigo presencial del accidente, su versión acerca de los implementos que el accidentado portaba en sus manos es consistente con lo depuesto por el señor Juan Guillermo Rendón, en donde puede colegirse que tales implementos eran unos documentos en una carpeta, el saco de vestir y un portátil, frente a lo cual ratificaría el testigo Giraldo López que cuando el señor Sánchez Pardo salió de la reunión, llevaba en sus manos los implementos ya mencionados”.

4.5. “No se relacionan los demás testimonios que se recogieron en el proceso por cuanto no se hace necesario, dado que no son testigos presenciales del insuceso; además, resulta suficiente y contundente el relato del señor Rendón, del que se infiere que fue la culpa del mismo lesionado Sánchez Pardo la que causó el desafortunado accidente. Este testigo fue traído al proceso por el mismo demandante, estuvo presente cuando se presentaron los hechos y, por tanto, es digno de plena credibilidad”.

4.6. Para establecer cuál fue el proceder del señor Carlos Hernando Sánchez Pardo, “se debe tener por imprescindible el testimonio del señor Juan Guillermo Rendón, quien para el momento del accidente le acompañaba, siendo testigo presencial del hecho, quien a pesar de ser compañero de Sánchez, sin embargo, de sus afirmaciones no se deduce un ánimo concertado de beneficiarle, limitándose a relatar la verdad de lo que percibió, esto es, que el señor Hernando Sánchez Pardo en sus manos llevaba una carpeta con documentos, su saco de vestir y un equipo portátil, pudiendo comprobarse con base en este testimonio, no controvertido por el demandante, que la actitud del señor Hernando Sánchez Pardo fue negligente para con su humanidad, no procediendo como la haría un hombre medianamente cuidadoso y diligente, pues de bulto salta que debido a lo ocupadas que llevaba sus manos, el siquiera dejar una de ellas libre para asirse del pasamanos por su alguna eventualidad ocurriese, fue cosa que no consideró plausible, pues debe recordarse que una de las medidas de seguridad aconsejada por los expertos en seguridad a los peatones, es precisamente no llevar ambas manos ocupadas al caminar —cuanto más esmero exige el descenso por unas escaleras—, ya que son las manos las que ayudan al equilibrio del cuerpo, para contrarrestar un poco el efecto de la ley de gravedad, razón que explica el por qué el señor Sánchez Pardo al llevar ocupadas ambas manos fue a caer al suelo, causándose él mismo su propio daño”.

4.7. Y, como conclusión, que “lo que se aprecia en el señor Hernando Sánchez Pardo, con base en la declaración rendida por su compañero laboral y testigo presencial del hecho, señor Juan Guillermo Rendón, es la actitud descuidada y negligente de quien no obró con el debido cuidado y precaución cuando pretendió hacer uso de las escaleras de Almacenes Éxito S. A. Verificándose así en la víctima misma la causa extraña requerida para deshacer aquel nexo causal que se pretendió establecer entre el diseño y estado de las escaleras y lo ocurrido, razones suficientes que dan certeza de que el accidente que sufrió el demandante (sic) no tuvo causa en culpa alguna de la demandada, siendo el señor Hernando Sánchez Pardo el único generador de su propio daño, lo que termina exonerando de responsabilidad a Almacenes Éxito S. A. y por ello imponiendo confirmar la sentencia que por esta vía fue apelada”.

5. No hay duda, entonces, que como lo entendió y predicó el propio recurrente, la prueba que orientó ese juicio del tribunal, fue la declaración rendida por el señor Juan Guillermo Rendón Londoño, cuya apreciación por parte de esa autoridad fue cuestionada por el recurrente en el cargo primero de la demanda de casación, toda vez que, según lo denunció, comportó la comisión de error de derecho, por las siguientes razones:

5.1. Dicha probanza no fue practicada en el interior de este litigio, sino dentro del proceso ordinario que por los mismos hechos la señora Luz Helena González Berrío, esposa del señor Sánchez Pardo, y otros, adelantaron en contra de Almacenes Éxito S. A., controversia que cursó en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Envigado (Rad. 2002-0010), militando aquí copia auténtica del acta que recoge la declaración.

5.2. La actora, por consiguiente, al no haber sido parte en ese otro litigio, no fue quien solicitó ese medio de convicción, ni tuvo la oportunidad de intervenir en su realización y, por ende, de controvertirlo.

5.3. Así las cosas, el tribunal vulneró los artículos 174, 183 y 185 del Código de Procedimiento Civil, que, en su orden, prevén: “Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso”; “[p]ara que sean apreciadas por el juez las pruebas deben solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello en este código”; y “[l]as pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella” (se resalta).

6. En cuanto hace al testimonio rendido por el señor Juan Guillermo Rendón Londoño, es necesario registrar los pormenores que a continuación se consignan:

6.1. La accionante, en el libelo con el que dio inicio al proceso, pidió, entre otras pruebas, que se recibiera el testimonio de “Juan Guillermo Rendón Londoño” (fl. 115, cdno. 1).

6.2. Esa misma parte, al descorrer el traslado de las excepciones meritorias que propusieron la demandada y la llamada en garantía (CPC, art. 399), solicitó que se tuviera como “prueba trasladada” el “proceso instaurado por Luz Elena González y otros contra Almacenes Éxito S. A. y que cursa en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Envigado” (fl. 297, cdno. 1).

6.3. El a quo accedió a los anteriores pedimentos en el auto del 18 de junio de 2003, mediante el cual abrió a prueba el proceso (fls. 304 a 309, cdno. 1), y luego de aplazar la fecha para la recepción del indicado testimonio, practicó con ese fin audiencia el 20 de enero de 2004, en la que dejó constancia de la inasistencia del declarante, como consta en el acta que obra a folio 75 del cuaderno 2.

6.4. Por solicitud de la parte demandada, se comisionó al Juzgado Civil Municipal Reparto de Medellín para recibir el referido testimonio (auto del 28 de noviembre de 2005, fl. 350, cdno. 2), determinación en frente de la que la parte actora, en el memorial de folio 351 del mismo cuaderno, expresó:

(…) que el señor Juan Guillermo Rendón Londoño, (…), según información que obtuvimos de sus padres, se encuentra radicado en el exterior, sin que se nos hubiera precisado su paradero exacto (…).

Por lo expuesto, en forma comedida me permito solicitar que se revoque el auto que ordena comisionar al juzgado civil municipal por resultar (…) inútil y sin objeto.

Adicional a lo anterior debe señalarse que de acuerdo a la manifestación del apoderado de la parte demandada, el testimonio del señor Juan Guillermo Rendón Londoño fue recepcionado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Envigado, y habiéndose decretado por su despacho el traslado del material probatorio recaudado en aquel juzgado, y por esta vía al expediente llegará igualmente el testimonio del señor Rendón Londoño”.

6.5. La oficina cognoscente de este asunto, en consideración de lo anterior, mediante providencia fechada el 15 de febrero de 2006 (fls. 371 y 372, cdno. 2), optó por revocar el auto del 28 de noviembre de 2005 y por “[t]ener como prueba, para este proceso, la declaración que el mismo Rendón Londoño, rindió ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Envigado en el proceso ordinario de Luz Elena González y otros contra Almacenes Éxito S. A., la cual se aportará a este expediente, con las formalidades del artículo 185 del Código de Procedimiento Civil”.

6.6. Allegado en copia auténtica el referenciado proceso en seis cuadernos, se aprecia que del folio 121 al 123 del correspondiente a las “pruebas de la parte demandante”, marcado aquí con el Nº 7, figura el acta en la que consta la audiencia contentiva de la declaración del señor Juan Guillermo Rendón Londoño.

6.7. En el escrito de folio 389 del cuaderno 2, el apoderado de la sociedad demandada puso de presente, en primer lugar, que en el proceso en el que se recibió dicha prueba, no fue parte la aquí demandante; y, en segundo término, que “por consiguiente, para [su] traslado válido (…) se hace necesario la ratificación del testimonio por el Sr. Juan Guillermo Rendón, de conformidad con el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil”, para cuya realización suministró la dirección donde podía localizarse en Medellín, empero advirtió que estaba “dispuesto a prescindir de la ratificación si los apoderados de las otras partes en este proceso se manifiestan dispuestas a ello de conformidad con el penúltimo inciso” de esa misma norma.

6.8. En memorial que aparece a folio 395 del ya tantas veces citado cuaderno 2, los apoderados de las partes y de la llamada en garantía, que el de la actora presentó personalmente, manifestaron:

1. Mediante memorial dirigido al Juzgado el 5 de julio de 2006, el apoderado de Almacenes Éxito S. A. solicitó citar al Sr. Juan Guillermo Rendón Londoño para que ratificara el testimonio que había rendido ante el juez 23 civil de Bogotá (comisionado por el juez 2º Civil del Circuito de Envigado) dentro de otro proceso judicial por los mismos hechos.

2. Las partes solicitan de común acuerdo, en los términos del artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, que se prescinda de la ratificación de dicho testimonio, el cual ya obra en el proceso.

6.9. Seguidamente, el apoderado de la demandada aportó copia auténtica del acta contentiva de la mencionada declaración (fls. 396 a 398, cdno. 2) y manifestó:

1) El juzgado ordenó mediante auto de abril 6 de 2006 trasladar el testimonio rendido por el señor Juan Guillermo Rendón Londoño ante el juzgado primero civil del circuito de Envigado.

2) En respuesta al Oficio 499 del 6 de abril de 2006, el juzgado expidió copias auténticas del mencionado testimonio, las cuales allego con destino a este proceso.

3) Todas las partes han manifestado que aceptan el traslado de la prueba sin necesidad de ratificación según lo dispuesto en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil.

6.10. El a quo, en respuesta del precedente escrito, ordenó en auto del 11 de septiembre de 2006, “agregar al expediente las anteriores fotocopias provenientes del Juzgado Segundo Civil del Circuito de la localidad” (fl. 400, cdno. 2).

7. De las actuaciones procesales que se dejan relacionadas, se extraen las siguientes conclusiones:

7.1. Fue a iniciativa de la actora que, por una parte, se decretó el testimonio del señor Juan Guillermo Rendón Londoño y, por otra, se dispuso tener como prueba traslada en este litigio, las que se practicaron en el proceso ordinario que por los mismos hechos la señora Luz Helena González Berrio y otros adelantaron contra Almacenes Éxito S. A. en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Envigado (Rad. 2002-0010).

7.2. Como consecuencia de la imposibilidad de recibirse el memorado testimonio, la aquí demandante solicitó que se trasladara a este asunto la declaración que la misma persona había rendido en ese otro proceso ordinario, atrás referenciado.

7.3. La aquí accionante, en asocio con la demandada y la llamada en garantía, prescindió de la ratificación de dicho testimonio, de conformidad con lo previsto en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil.

8. Las conductas procesales de la parte demandante relacionadas en precedencia, per se, impiden reconocerle prosperidad al cargo primero de la demanda de casación, como pasa a explicarse.

8.1. De esas actividades se infiere, como ya se consignó, que fue la actora quien solicitó el traslado a esta controversia, de la declaración que el señor Juan Guillermo Rendón Londoño rindió en el proceso ordinario que, sustentado en los mismos hechos, propusieron, de un lado, la cónyuge de Carlos Hernando Sánchez Pardo, señora Luz Helena González Berrio, quien actuó en nombre propio y en representación tanto de aquel como de su menores hijos Andrés Leonardo y Daniel Felipe Sánchez González, y de otro, la madre del susodicho señor, señora Julia Pardo de Sánchez.

Más aún, ese mismo extremo litigioso prescindió de la ratificación del señalado testimonio, con miras a que fuera apreciado dentro del presente proceso.

8.2. Otra es la postura que la accionante adoptó al sustentar la acusación de que ahora se trata, pues en su desarrollo, dicha parte, que es la recurrente en casación, le reprochó al tribunal que hubiese apreciado tal probanza, cuando ella no fue parte en el proceso en el que se practicó y, por lo mismo, no fue quien la solicitó, ni tuvo la posibilidad de controvertirla, amén que dicha versión no fue ratificada al interior de esta tramitación.

8.3. Cotejadas, pues, de un lado, la posición que en relación con la mencionada declaración mantuvo la accionante en las instancias y, de otro, la que esgrimió en sustento del cargo que se analiza, es notorio que con la segunda niega la primera, sin que se aprecie alguna circunstancia que explique satisfactoriamente ese cambio de actitud, comportamiento que es desde todo punto de vista inadmisible, puesto que, como se verá, contraría abiertamente la doctrina de los actos propios.

8.4. Con apoyo en los principios de la buena fe, que en Colombia es hoy en día de rango constitucional (C.P., art. 83), y de la confianza legítima, la doctrina y la jurisprudencia tanto foráneas como patria, han desarrollado la “teoría de los actos propios”, conforme la cual, en líneas generales, no es dable a nadie contradecir, sin justificación atendible, sus propias actuaciones anteriores, cuando ese cambio de conducta afecta las expectativas válidamente adquiridas por otro u otros con base el comportamiento pretérito del que lo realiza.

En recientes palabras de la Corte:

(…) referir a la doctrina de los actos propios, es reclamar la exigencia de un comportamiento coherente; de ahí que, la concreción de una u otra conducta, según su extensión y efectos, vista en retrospectiva, permite precisar si lo cumplido estaba en la misma línea de lo que, otrora, se ejecutó. Realizado este ejercicio, si lo acaecido no correspondió a lo que en el pasado inmediato tuvo lugar; si no hay puentes comunicantes entre una y otra conducta que le mantengan en su esencia, significa que el acto propio no fue respetado y, contrariamente, el proceder desplegado contradijo su inmediato antecedente, esto es, vulneró el principio analizado.

(…) Las reseñas verificadas, con todo y las variables incorporadas en cada región o normatividad, respecto de las cuales no entra la Corte a establecer categorizaciones o ligeras generalizaciones, ponen de presente la teoría de los actos propios o ‘venire contra factum proprium non valet’, que en definitiva conclusión, puede anunciarse que es la coherencia exigida en el comportamiento de las personas, de tal forma que lo realizado en el pasado, que ha servido, a su vez, como determinante o referente del proceder de otras o que ha alimentado, objetivamente, ciertas expectativas, no pueden ser contrariadas de manera sorpresiva, caprichosa o arbitraria, si con ello trasciende la esfera personal y genera perjuicio a los demás.

Empero, cumple resaltar que el objetivo último, no es, en verdad, salvar la contradicción del acto o impedir la incoherencia de un determinado comportamiento; el fin, esencial, por lo demás, es evitar que con ese cambio de actitud, con esa rectificación se genere un perjuicio a quien despertó alguna expectativa válida por la conducta desplegada anteriormente, es, en otras palabras, dejar incólume la confianza fundada en ese antecedente.

Bajo tales parámetros, oportuno resulta asentar que si bien jurisprudencia y la doctrina no son concordantes en cuanto a los requisitos establecidos para considerar si, en estrictez, procede la teoría de los actos propios, la mayoría converge en señalar los siguientes como tales: i) una conducta relevante que genere en la otra persona un grado de confianza legítima sobre la realización o concreción, en el futuro, de unas consecuencias en particular; ii) que, con posterioridad, emerja otra conducta (quizás una pretensión) que contradiga con evidente y objetiva incoherencia, los antecedentes plantados; iii) que la nueva situación presentada tenga trascendencia en lo jurídico y la virtualidad para afectar lo existente; y, iv) que haya identidad entre quienes resultaron involucrados en uno y otro episodio (CSJ, SC del 24 de ene. de 2001, Rad. 2001-00457-01; se resalta).

8.5. Tal doctrina, a no dudarlo, tiene plena aplicación en el campo del derecho procesal y, más exactamente, en las controversias judiciales de linaje civil, comoquiera que en ellas, son, entre otros, “deberes del juez”, “3. Prevenir, remediar y sancionar por los medios que este código consagra, los actos contrarios a la dignidad de la justicia, lealtad, probidad y buena fe que deben observarse en el proceso, lo mismo que toda tentativa de fraude procesal” (CPC, art. 37; negrillas y subrayas fuera del texto); y “deberes de las partes y sus apoderados”, “1. Proceder con lealtad y buena fe” (art. 71, ib.).

8.6. Así las cosas, se colige que en los procesos no es admisible que sus intervinientes cambien abrupta e injustificadamente sus actos anteriores, cuando de ellos se desprendieron razonables expectativas para los demás, que se ven incididas o desconocidas con el nuevo proceder del respectivo interesado.

8.7. Para ejemplificar lo anterior y por su íntima conexión con la situación ahora estudiada por la Sala, pertinente es reproducir a espacio, los argumentos en los que la corporación sustentó la desestimación que hizo de un cargo introducido en casación, dirigido a restarle todo poder de convicción al documento en el que el sentenciador de instancia soportó su fallo, debido a que fue allegado en copia deficientemente autenticada, toda vez que quien lo aportó al proceso fue precisamente el propio recurrente, ocasión en la que la Corte expuso:

Así, pues, queda claro que para la fecha en que fueron autenticadas las fotocopias allegadas con la demanda, 26 de octubre de 1989, estaba en vigencia el texto original del artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, norma esta en cuya virtud tenían los jueces y notarios la competencia para otorgarle autenticidad a copias de documentos destinados a servir de prueba en procesos judiciales, y autorizar (…) su expedición. En consecuencia, la fotocopia del ‘acta de diligencia de inspección judicial con intervención de peritos’, presentada como prueba anticipada y aportada al proceso en fotocopia con la nota de ser ‘fiel y exacta a su original’ suscrita por el secretario del Juzgado Promiscuo Municipal de Chimichagua, no reúne ese requisito y debido a ello habría entonces que restarle al medio probatorio en cuestión, como lo requiere la censura en estudio, toda su eficacia intrínseca de convicción, resultado simplista en extremo al que en modo alguno puede llegarse porque fue esa misma parte la que al comienzo del proceso, con el escrito de demanda y sin protesta u objeción de ninguna especie, allegó la aludida copia calificándola de ‘auténtica’. En efecto, es este un importante elemento de análisis que no puede pasar desapercibido haciéndole juego, por añadidura, a una rígida lógica formalista para la cual, valga apuntarlo, no suministra explicación razonable ni siquiera el reconocido carácter de ‘orden público’ que se le atribuye a las normas legales que en el marco general del denominado ‘procedimiento probatorio’, fijan los límites subjetivos u objetivos de admisibilidad de las pruebas en el proceso civil, ya que si bien es cierto que a los jueces no les es permitido tomar en consideración para fundar sus decisiones más que las pruebas que les han sido proporcionadas de modo regular, también resulta ser igualmente cierto que por imperativo de elementales criterios ético-jurídicos, un principio general de esta naturaleza tiene que ser llevado a la práctica con prudente juicio y luego de examinar el comportamiento procesal desplegado por el litigante que con su aplicación resulte beneficiado, habida cuenta que casos hay, y el presente expediente es significativa muestra de uno de ellos, en que ese comportamiento inicial, en cuanto concluyente e inequívoco en poner de manifiesto una aquiescencia tácita respecto del valor demostrativo integral de determinado medio probatorio a pesar del vicio existente, excluye la posibilidad de que aquél, cambiando su posición y contrariando en consecuencia sus propios actos anteriores en los que otros, particulares y autoridades, fundaron su confianza, pretenda obtener ventaja reclamado la descalificación de dicho medio por estimarlo inadmisible.

Es que siempre deben hacerse compatibles drásticas reglas de procedimiento probatorio, como lo son por ejemplo en el ámbito de la evidencia de tipo documental, las contenidas en los artículos 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil, con caracterizadas exigencias de buena fe, en especial con aquella que rechaza las conductas contradictorias y obliga a quienes en actitudes de esta estirpe incurren, a responder por las consecuencias de la confianza suscitada, propósito este de suyo laudable que puede alcanzarse en la medida en que se distinga el documento producido, de un lado, y del otro el acto de producirlo en función probatoria lo que, por sabido se tiene, le está de ordinario reservado a las partes, entendiendo entonces que no se trata de otorgarle al primero una cualidad que la ley le niega, cosa que evidentemente no es factible hacer con sólo valerse del postulado en cuestión, sino que se trata de imprimirle seriedad y estabilidad al segundo, impidiendo el ejercicio posterior de facultades procesales que, sin embargo de ser legítimas en abstracto, lo contradicen y por ende deben ser paralizadas (CSJ, SC del 27 de mar. de 1998, Rad. 4943; se resalta).

8.8. De igual manera, se estima necesario traer a colación las apreciaciones con las que esta Sala de la Corte descartó la prosperidad de una acusación sustentada en la primera de las causales de casación, propuesta por la demandada del respectivo proceso, en la que le enrostró al ad quem la comisión de errores de derecho al ponderar un dictamen pericial, proveído en el que se adujo:

(…) Cierto es que en la acusación que se estudia, el recurrente reprochó al sentenciador por haber apreciado el dictamen del que se habla, rendido por el laboratorio DNA de Medicina Legal, por múltiples yerros de derecho en el ámbito probatorio, en especial, en cuanto atañe a su decreto, pues a voces del recurrente, el tribunal excedió sus facultades oficiosas y dispuso la práctica de dicha experticia en contravía con varios mandatos, entre ellos, los artículos 233 y 238 del Código de Procedimiento Civil.

Sin embargo, tales reproches lucen un tanto extraños en casación, puesto que fue la misma demandada quien con insistencia sugirió y solicitó que los restos óseos atribuidos a (…) fueran examinados por los expertos, en orden a constatar que en verdad correspondían al causante y su coincidencia o compatibilidad con los rasgos y la información genética de su presunta hija, la aquí demandada.

En ese orden de ideas, la Sala pone de relieve que mediante escrito del 2 de septiembre de 1996, el apoderado de la demandada efectuó la antedicha solicitud, admitiendo que su poderdante detentaba esos restos y que podía suministrarlos a los peritos para que dictaminaran sobre la disputada paternidad y sobre si esos restos correspondían al presunto padre (fls. 70 a 71, c. 18), pedimento en que el 18 julio de 1997 la misma demandada insistió de nuevo (fls. 166 y 167), lo que dio lugar a que por auto de ponente del 1º de agosto de 1997, atendiendo la viabilidad de la actividad probatoria sugerida por la interpelada y de conformidad con los artículos 179 y 180, se dispuso el ‘examen de la prueba ósea, de una vértebra del cadáver de (…), tendiente a determinar si aquel era el padre de (…)’ (fl. 180). Dicha prueba inicialmente se encomendó al ICBF, regional Boyacá, quien con soporte en información procedente de la Universidad Industrial de Santander, comunicó al ponente que la ‘determinación ósea’ podía ser elaborada por el laboratorio DNA del Instituto de Medicina Legal con sede en Bogotá (fls. 207 y 208), siendo esta la razón para que —en cumplimiento de lo ordenado por auto del 21 de octubre de 1997 (fl. 210)— la última entidad en mención elaborara los dictámenes en referencia, se insiste, con el total y reiterado beneplácito de la parte demandada, quien siempre fungió como impulsora del decreto del dictamen que tardía y contradictoriamente cuestiona hoy en sede de casación, el elaborado por el Instituto de Medicina Legal.

Para la Sala es de suma importancia el hecho de haber sido precisamente la demandada, además, quien en memorial del 30 de enero de 1998 solicitó que la experticia encomendada al laboratorio de DNA del Instituto de Medicina Legal se extendiera a verificar si los signos genéticos del presunto padre coincidían con los de (…) y con los de los tíos ‘paternos’ de esta (c. 18, fl. 223), y que, en escrito del siguiente 3 de febrero imploró que los expertos se pronunciaran sobre la estatura, rasgos morfológicos del causante, la época de su probable defunción, edad y eventuales coincidencias entre esos rasgos con los de la presunta hija (fl. 225). Cual si fuera poco, el 16 de octubre de 1998 la demandada pidió, y a ello accedió el tribunal, que para facilitar la gestión encomendada a medicina legal, se le remitiera a dicho instituto copia del acta de la necropsia practicada al presunto padre de (…) (fl. 310).

Es más, no contenta con el comentado proceder, mediante escrito del 31 de mayo de 1999, la misma demandada pidió al ponente el diligenciamiento de un dictamen adicional, a practicar por el laboratorio de genética del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en Bogotá, lo que explicablemente denegó el tribunal, pues encontró que el objeto de esa otra experticia ambicionada por doña (…) no difería del encomendado al Instituto de Medicina Legal.

Denota todo lo anteriormente narrado, la conformidad de la demandada con el decreto y recaudo del examen de restos óseos del que se encargó a la plurialudida entidad, de donde no le es factible ahora proceder en sentido contrario al que orientó sus propios actos procesales, los atrás anotados, tendientes todos a que fueran examinados por peritos los restos óseos que en repetidas ocasiones la demandada atribuyó a su presunto padre. En efecto, la intangibilidad del principio de proscripción de venire contra factum, desarrollado en grado sumo por la jurisprudencia alemana y para nada ajeno a nuestro ordenamiento jurídico, impone sobre las partes, en armonía con otro muy conocido y del cual tampoco puede desligarse, el de la buena fe que se extiende también a los comportamientos procesales (nums 3º, art. 37 y 1º del art. 71 del CPC), el de desplegar y desarrollar su defensa judicial en forma clara y coherente con los términos planteados durante la conformación del contradictorio, lo cual conduce a predicar —sin perjuicio, claro está, de los ajustes que se estimen pertinentes según los cambios que en cada caso sobrevengan—, que por lo regular el juez deberá repudiar aquellos planteamientos advenedizos en etapas ulteriores del proceso, vale decir, que evidencien una incontrastable actitud acomodaticia y en franca contradicción con la posición asumida ab initio por alguno de los extremos del litigio.

Por supuesto que el deber ético que constriñe a honrar la palabra dada repele los cambios intempestivos e inopinados de parecer, entre otras cosas porque es natural entender que los diversos actos ejecutados por las partes dentro del proceso se encuentran ajustados a insoslayables reglas de corrección y lealtad, circunstancia que les imprime seriedad y suscita confianza en el proceso, punto ineludible de partida con miras a alcanzar un pacífico, seguro y solidario desenvolvimiento del litigio.

(…) lo consignado en el numeral que precede hace nugatoria la acusación que se despacha, dado que el cambio drástico de actitud que frente a la comentada experticia efectuó el casacionista, separándose abruptamente del comportamiento que asumió durante la instancia en que se decretó y gestionó la probanza en comentario no es admisible en casación, dadas las prenotadas razones, (…) (CSJ, SC de 15 de dic. de 2006, Rad. 1992-01505-01; se resalta).

9. Se sigue de todo lo precedentemente expuesto, el desacierto de la primera de las acusaciones introducidas en desarrollo el recurso extraordinario que se desata, pues como fue a solicitud de la propia impugnante que se trajo a este proceso, como prueba trasladada, la declaración que el señor Juan Guillermo Rendón Londoño rindió en otro diligenciamiento judicial, a lo que se suma que ella prescindió de que se ratificara aquí dicho testimonio, son del todo inadmisibles los argumentos con los que sustentó el error de derecho que allí le atribuyó al tribunal, por haber valorado ese medio de convicción.

10. Ahora bien, si como consecuencia del fracaso de esa primigenia censura, se mantiene en pie el argumento del tribunal consistente en que los perjuicios sufridos por el señor Carlos Hernando Sánchez Pardo, son consecuencia exclusiva de su propio actuar culposo, caen al vacío las imputaciones contenidas en el cargo segundo, pues como ya se explicó, no hay prueba de que la demandada no hubiera atendido las normas técnicas obligatorias relacionadas con el diseño y construcción de la escalera donde tuvo ocurrencia el accidente base de la presente acción, o que dicha escalinata, en la fecha en la que aconteció tan lamentable suceso, no fuera idónea para el tránsito peatonal, por lo cual no podían acogerse las pretensiones incoadas en el libelo introductorio, pues la referida culpa exclusiva de la víctima resulta ser el argumento central para sostener que no hubo otra causa atribuible a la demandada para que pudiera configurarse la responsabilidad civil extracontractual reclamada.

No obstante lo anterior, es del caso señalar que la Corte, en relación con la “ausencia de responsabilidad” de la accionada y/o con la aptitud de la escalera para el desplazamiento de transeúntes el día del accidente, que el tribunal predicó en su fallo, no avizora que sean inferencias fácticas contraevidentes y, por lo mismo, resultado de una arbitraria apreciación de los medios probatorios recaudados, lo que descarta que esa autoridad hubiese incurrido en error de hecho al arribar a esas deducciones, puesto que ellas encuentran suficiente respaldo en la prueba testimonial recaudada y, particularmente, en la inspección judicial practicada en el lugar de los hechos con intervención de perito, así como en el dictamen que este, posteriormente rindió.

11. En definitiva, se establece que ninguno de los cargos propuestos está llamado a buen suceso.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, NO CASA la sentencia del 19 de julio de 2011, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Civil, en el proceso ordinario plenamente identificado al inicio de esta providencia.

Costas en casación, a cargo de la recurrente. La Secretaría de la Sala efectúe la correspondiente liquidación. Incluya como agencias en derecho, la suma de $6.000.000, toda vez que las integrantes del extremo demandado replicaron en tiempo la demanda con la que se sustentó dicha impugnación extraordinaria.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad, devuélvase el expediente al tribunal de origen».