Sentencia SC11334-2015/2007-00588 de agosto 27 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC11334-2015

Rad.: 11001-31-03-025-2007-00588-01

(Aprobado en sesión de dieciséis de junio de dos mil quince)

Magistrado Ponente:

Dr. Ariel Salazar Ramírez

Bogotá D.C., veintisiete de agosto de dos mil quince

«EXTRACTOS: Consideraciones

1. Cuando se denuncia una sentencia por incurrir en error de hecho en la apreciación de las pruebas, el recurrente tiene la carga no sólo de individualizar los medios de convicción sobre los cuales afirma que recae el equívoco, sino que, además, debe demostrar de qué manera se generó la supuesta preterición o cercenamiento, de tal suerte que la valoración realizada por el sentenciador se muestre ostensiblemente manifiesta, contraevidente, absurda, alejada de la realidad del proceso o sin ninguna justificación fáctica.

…la prueba de demostrar el error de hecho imputable al juzgador, corresponde exclusivamente al impugnante por mandato del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, pero esa labor no puede reducirse a una simple exposición de puntos de vista antagónicos, fruto de razonamientos o lucubraciones meticulosas y detalladas, porque en tal evento el error dejaría de ser evidente o manifiesto conforme lo exige la ley, caso en el cual la Corte no podría tomar partido distinto al consignado en la sentencia combatida… (CSJ GJ. T. LXXVII, pág. 972).

De igual modo, ha afirmado:

No por existir, pues, la posibilidad de que una de las partes traiga del acervo probatorio conclusiones diversas a la del sentenciador, esta última deviene sin más en contraevidente, y de ahí que, cual lo ha puntualizado con insistencia la Corte, sea necesario que la labor del recurrente se encamine a demostrar el error visiblemente grave del juzgador (Sent. feb. 23/2001, exp. 6399).

En el mismo sentido esta corporación ha sostenido:

…los jueces de instancia, para el cabal ejercicio de su labor, gozan de una discreta autonomía en la valoración de las pruebas, como facultad inherente a la función de determinar si un hecho alegado es susceptible o no, en razón de su prueba, de subsumirse en la hipótesis legal que el actor o el demandado pretenden. Esa discreta autonomía en la valoración de las pruebas, ha de ser respetada en casación, y por eso es que, conforme ya se indicó, la demostración del error de hecho en la apreciación del caudal probatorio debe hacer patente la equivocación del Tribunal hasta el punto de que dicho error ‘salte a la vista’, como ha sido usual describirlo (Sent. oct. 24/2001, exp. 6722).

De ahí que sea necesario singularizar cada uno de los medios de prueba que el sentenciador dejó de considerar o apreció de modo erróneo, para posteriormente hacer una comparación entre lo que manifestó el Tribunal y lo que esas pruebas realmente dicen o dejan de decir, a fin de establecer que la desfiguración material de la realidad es innegable.

De manera que cualquier argumento dirigido a volver a examinar la situación fáctica, por mostrar el recurrente una simple divergencia frente a la voluntad crítica del fallador, resultará infructuoso si no se deja al descubierto la magnitud y trascendencia del error que se produjo en la valoración de todos los elementos de prueba en los que se sustentó la decisión.

2. En opinión del recurrente, el certificado de tradición y libertad sí prueba la propiedad de la entidad actora sobre el inmueble pretendido en reivindicación, contrario a la posición que asumió el Tribunal al considerar que para demostrar el dominio es necesario aducir el título mediante el cual se adquirió el bien.

Pues bien, frente a tal manera de razonar es preciso memorar la jurisprudencia tradicional y pacífica de esta corporación, que a tal respecto tiene por sentado lo siguiente:

Los certificados expedidos por la oficina de registro de instrumentos públicos, como surge del artículo 54 del Decreto 1250 de 1970, son constancias sobre la situación jurídica de los bienes sometidos a registro, ‘mediante la reproducción fiel y total de las inscripciones respectivas’. De manera que si bien estos certificados son documentos públicos, de conformidad con el artículo 262 del Código de Procedimiento Civil, su alcance probatorio, de acuerdo con el 264 ibídem, se contrae a la fecha de su otorgamiento y a las declaraciones que haga el funcionario que los autoriza. Las declaraciones que hace el registrador se refieren a los documentos que se le adujeron para su inscripción, pero en manera alguna prueban por sí solos el acto jurídico causa de la adquisición del derecho sobre los bienes.

Además, el artículo 29 del mismo Decreto 1250 al indicar lo que debe inscribirse en el registro, hace mención clara a los actos, contratos, providencias judiciales, administrativas o arbitrales que impliquen constitución, aclaración, adjudicación, modificación, traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre bienes raíces, salvo la cesión del crédito hipotecario o prendario. De donde se deduce que el título es la causa de adquisición del derecho real, cuyo ingreso al patrimonio se produce por el modo. El negocio jurídico o la providencia judicial o administrativa en virtud de la cual se ejecuta la forma jurídica consistente en el modo, es el que constituye el título que debiendo constar en documento público debe inscribirse en el registro. Por lo tanto, cuando se exige la prueba del dominio mediante el título respectivo, se hace relación al acto o negocio causa del modo. El certificado del registrador demuestra, pues, que al funcionario se le presentaron documentos para su inscripción y prueba la situación jurídica de los bienes, pero no está probando el título del dominio (CSJ SC, nov. 12/86. GJ CLXXXIV, 2423, p. 339).

En el mismo sentido, en providencia más reciente se indicó:

Por el sendero del ejemplo, lo explicó esta misma Corte en jurisprudencia añeja al señalar: ‘En la acción consagrada por el artículo 950 del Código Civil pueden contemplarse varios casos: llámase Pedro el demandante y Juan el demandado. 1. Pedro, con títulos registrados en 1910, demanda a Juan, cuya posesión principió en 1911. Debe triunfar Pedro. 2. Pedro, con un título registrado en 1910, demanda a Juan, cuya posesión principió en 1909. Debe triunfar Juan. 3. Pedro, con un título registrado en 1910 demanda a Juan, cuya posesión comenzó en 1909 y presenta además otro título registrado con el cual comprueba que su autor fue causahabiente de Diego desde 1908. Debe triunfar Pedro, no por mérito del título, sino por mérito del título del autor. En estos tres casos, referentes a una propiedad privada, se ha partido de la base de que Juan es poseedor sin título. Cuando lo tiene se ofrecen otros casos harto complejos (Sent. feb. 26/36, XLIII, 339; jun. 5/57, LXXXXIX, 435) (CSJ SC 3493 mar. 20/2014, rad. 2007-00120-01).

Es cierto que nuestro ordenamiento procesal consagra el principio de la libre apreciación de las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica (CPC, art. 187). Sin embargo, el mismo precepto advierte que ello es “sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos”, porque tales formalidades no comportan una exigencia de valoración probatoria (ad probationem) sino que son una condición para la existencia o conformación del acto o contrato (ad solemnitatem), por lo que no pueden suplirse por ningún otro medio.

El artículo 749 del Código Civil establece: “si la ley exige solemnidades especiales para la enajenación, no se transfiere el dominio sin ellas”; luego, no es posible realizar la transferencia de la propiedad de inmuebles con prescindencia de las formalidades que la ley impone.

Para el caso de la tradición de inmuebles, el artículo 756 del ordenamiento civil dispone: “Se efectuará la tradición del dominio de los bienes raíces por la inscripción del título en la oficina de registro de instrumentos públicos. De la misma manera se efectuará la tradición de los derechos de usufructo o de uso, constituidos en bienes raíces, y de los de habitación o hipoteca”.

A su turno, el artículo 1857 ejusdem señala: “La venta de los bienes raíces y servidumbres y la de una sucesión hereditaria, no se reputan perfectas ante la ley, mientras no se ha otorgado escritura pública”.

Y en cuanto a los bienes herenciales el artículo 757 del mismo estatuto ordena: “En el momento de deferirse la herencia la posesión de ella se confiere por ministerio de la ley al heredero; pero esta posesión legal no lo habilita para disponer en manera alguna de un inmueble, mientras no preceda: 1. El decreto judicial que da la posesión efectiva, y 2. El registro del mismo decreto judicial y de los títulos que confieran el dominio”.

Por consiguiente, cuando la controversia se centra justamente en la titularidad del derecho de dominio de un bien inmueble, es preciso que se aporte el respectivo título que da origen a ese derecho, sin que sea posible suplir la solemnidad que la ley sustancial exige por medio de otras pruebas que no resultan idóneas para tal efecto, como por ejemplo, el certificado de tradición y libertad, testimonios o la prueba trasladada a la que aludió el impugnante.

El Tribunal, por tanto, no incurrió en una desfiguración material de los medios de prueba indicados por la demandante, sino que se atuvo a los imperativos legales y a las orientaciones jurisprudenciales que prescriben la forma en que se demuestra la titularidad del dominio sobre un bien inmueble, por lo que el argumento del recurrente en esta precisa materia resulta completamente infundado.

En todo caso, la prueba de la propiedad del actor no fue el único elemento que el juzgador echó de menos para fundamentar su decisión de negar la reivindicación, dado que tampoco halló demostrado el requisito de la identidad del bien reclamado.

A tal respecto, se debe precisar que la identidad se refiere a la coincidencia exacta que debe existir entre el bien pretendido por el reivindicante y aquél que está siendo poseído por el demandado, lo cual no se puede establecer únicamente con la prueba de un referente limítrofe general o incompleto, como espera el actor al sostener que las inspecciones judiciales trasladadas del proceso penal indican como lindero oriental la avenida ciudad de Cali.

Por regla general, la identificación de predios se obtiene a través de una prueba pericial en la que los expertos, con razones técnicas y explicaciones bien fundamentadas en los conocimientos propios de su ciencia u oficio, llegan a la conclusión de que el inmueble objeto de la experticia es el mismo que se pretende en el litigio. Y aun cuando esa regla general, como todas las de esa clase, tiene su excepción cuando la identidad se demuestra con otros medios, estos últimos deben aportar la certeza suficiente para que no quede ninguna duda de la singularización del bien que es materia de la disputa.

Y esto último fue, precisamente, lo que el Tribunal no encontró probado por ningún medio, pues ni el contrato de cesión que indica que el inmueble reclamado hizo parte de la hacienda el Tintal, ni los recibos de servicios públicos e impuesto predial, señalan con exactitud los puntos geográficos que delimitan o singularizan el predio, contrario a lo alegado por el recurrente.

A falta de una prueba contundente, como hubiera sido, por ejemplo, un dictamen pericial en el que se realizara un levantamiento topográfico o análisis cartográfico para poder establecer sin lugar a dudas los límites exactos del inmueble reclamado y su coincidencia con el poseído por el demandado, no se advierte ningún error en la valoración probatoria efectuada por el Tribunal, pues del análisis de las pruebas individuales y en conjunto no es posible obtener la certeza que se requiere para declarar la prosperidad de la acción de dominio.

En tales circunstancias, ninguno de los argumentos elaborados por el recurrente tiene la aptitud de desvirtuar las conclusiones a las que llegó el juzgador, por lo que se declarará el fracaso del cargo.

En tal virtud, se condenará en costas del recurso extraordinario a la parte impugnante, teniendo en cuenta que la parte demandada no presentó réplica al mismo.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, no casa la sentencia proferida el veintiuno de marzo de dos mil trece por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso de la referencia.

Costas del recurso extraordinario a cargo de la parte impugnante. Tásense por secretaría, incluyendo como agencias en derecho la suma de $ 3.000.000.

Cópiese, notifíquese y devuélvase».