Sentencia SC-11575 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad. 11001-31-03-020-2006-00514-01

(Aprobada en sesión de 5 de mayo de dos mil quince)

Magistrado Ponente

Dr. Fernando Giraldo Gutiérrez

Bogotá D.C., treinta y uno de agosto de dos mil quince.

La Corte decide el recurso de casación interpuesto por Luz Marina Díaz González frente a la Sentencia de 22 de octubre de 2012 y la complementaria de 25 de enero de 2013, proferidas por la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario que aquélla promovió junto con Julio Márquez Chía, Natalia y Nicolás Márquez Díaz contra Leonardo Montaña, Edison Lisímaco Malaver, Marco Antonio Parra Cely, José Antonio Neissa, José Alberto Amado, Rápido Humadea S.A. y la Cooperativa de Transportadores Flota Norte Limitada “Coflonorte Ltda.”, al que fue llamada en garantía la sociedad Seguros Colpatria S.A.

I. El Litigio

1. Los actores solicitaron declarar que los convocados son civil, extracontractual y solidariamente responsables de los perjuicios que les causaron con ocasión del accidente de tránsito en el que resultó lesionada Luz Marina Díaz González. En consecuencia, pidieron condenarlos a pagar a favor de ella siete millones novecientos mil pesos ($7.900.000) por daño emergente, y novecientos millones de pesos ($900.000.000), “cómo mínimo”, por lucro cesante; y para cada uno de los reclamantes, por daño moral, la cantidad máxima que la jurisprudencia prevé.

Así mismo, deprecaron señalar que Cloflonorte Ltda. es civil y contractualmente responsable de la lesión patrimonial sufrida por Díaz González, por la pérdida de los elementos que portaba el día del insuceso, estimados en ocho millones de pesos ($8.000.000).

Finalmente, suplicaron la actualización de las indemnizaciones y la cancelación de intereses moratorios a la tasa más alta permitida.

2. La causa petendi se compendia así (fls. 86 a 90 ídem):

a) A las 6:40 de la mañana del 21 de octubre de 2003, en inmediaciones del kilómetro 91,5 de la carretera Bogotá-Tunja, transitaba el bus XID-526, afiliado a la empresa “Coflonorte Ltda.”, propiedad de Marco Antonio Parra Cely y José Antonio Neissa y conducido por Leonardo Montaña.

b) En sentido contrario se desplazaba el camión SUK-307, vinculado a Rápido Humadea, de dominio de José Alberto Amado y Edison Lisímaco Malaver, manejado por el último, quien “trató de invadir la vía” del “bus”.

c) El exceso de velocidad en el que iba el primero de los automotores, superior a los 90 km por hora, impidió que su chofer maniobrara, generándose el volcamiento, el fallecimiento de siete pasajeros y la lesión de otros quince, entre estos, Luz Marina Díaz González.

d) Coflonorte Ltda. no tomó las medidas necesarias para prevenir el accidente, a pesar de tener conocimiento que en ese tramo ocurrieron varios percances en los que estuvieron involucrados vehículos de su compañía que sobrepasaron la aceleración máxima permitida.

e) La acción penal correspondiente, dentro de la cual están sindicados Leonardo Montaña y Edison Lisímaco Malaver, se adelanta en la Fiscalía Diecisiete Seccional Unidad de Vida de Tunja.

f) Luz Marina sufrió, a consecuencia del incidente, lordosis cervical fisiológica, retrolistesis grado I de cdno. 6 sobre cdno. 7, traumas de reja costal y tejidos blandos, y luxación de la articulación acromio clavicular izquierda.

g) Las secuelas físicas, como limitación en el movimiento del cuello, espasmos musculares, cefaleas intensas y entumecimiento de las manos, deberá soportarlas el resto de su existencia, pues, la única alternativa es un procedimiento quirúrgico con elevado riesgo de cuadriplejia.

h) Mentalmente, después del largo tratamiento, se concluyó que ella padece estrés postraumático, depresión, ansiedad, alteraciones de sueño y alimentación, deterioro de sus relaciones interpersonales y familiares, pensamientos automáticos distorsionados, proceso de duelo no elaborado y psico-somatización.

i) Posterior al infortunio, la relación de Luz Marina con su cónyuge, Julio Márquez Chía, se deterioró, siendo necesario cambiar de vivienda por recomendación de la psicóloga; asimismo quedó imposibilitada para conducir y trasladarse por vía terrestre es un tormento, lo que derivó en el rechazo de varias ofertas laborales fuera de la ciudad.

j) El médico legista señaló, en un primer momento, una incapacidad provisional para la lesionada de treinta y cinco días, y luego la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá dictaminó la pérdida de su “capacidad laboral” en un treinta y seis punto cuarenta por ciento (36,40%).

k) Antes de los hechos ella gozaba de buena salud, tenía cuarenta y seis años, se desempeñaba como abogada litigante adscrita al Banco Central Hipotecario y a Central de Inversiones S.A., prestaba asesoría a Econometría S.A., asistencia legal a diferentes personas en las áreas civil y de familia, y tramitaba alrededor de doscientos procesos, lo que mensualmente le garantizaba un promedio de ingresos de quince millones de pesos ($15.000.000).

l) En el instante en que acaeció el evento, ella llevaba consigo un millón ochocientos mil pesos ($1.800.000) para cubrir los gastos del secuestro de bienes dentro de una sucesión en la que era mandataria, los que desaparecieron junto con los elementos relacionados en la reclamación radicada ante la transportadora.

m) A raíz de las dolencias derivadas del percance, fue atendida en diversas entidades de salud y por profesionales particulares, lo cual trajo menoscabo material constitutivo de daño emergente, conforme los recibos y las facturas adjuntos.

n) Nicolás y Natalia Márquez Díaz son hijos de Luz Marina Díaz González, quienes por efecto del siniestro y su impacto psicológico, tuvieron problemas académicos, el primero para superar el año escolar y la segunda para ingresar a la universidad, al punto que perdió el cupo.

3. Notificados de la demanda, los accionados se pronunciaron así:

a) Edison Lisímaco Malaver y José Antonio Amado se opusieron a las pretensiones y excepcionaron de fondo “confesión judicial consagrada en el artículo 194 del C. de P.C.”, “confesión mediante apoderado consagrada en el artículo 197 del C. de P.C.”, “falta de legitimación por pasiva”, “de la responsabilidad civil extracontractual del demandado Leonardo Montaña y de ausencia de responsabilidad civil extracontractual para Edison Lisímaco Malaver”, “prescripción”, “inexistencia de la obligación de indemnizar”, “excesiva e injustificada solicitud de los perjuicios” y “…prejudicialidad” (fls. 182 a 198).

b) Marco Antonio Parra Cely y José Antonio Neissa formularon las defensas de mérito que denominaron “hecho de un tercero como fuerza mayor o caso fortuito”, “falta de prueba sobre los perjuicios” y “excesiva e injustificada tasación de los perjuicios”.

c) Rápido Humadea S.A. esgrimió la “falta de legitimación en la causa”, “culpa exclusiva del vehículo de placas XID 526”, “petición de modo indebido”, “prescripción”, “temeridad o mala fe” y “la genérica” (fls. 212 al 216).

d) Seguros Colpatria S.A., sociedad llamada en garantía, frente al pliego inicial invocó la “imposibilidad jurídica de reclamar doble indemnización de perjuicios por los mismos hechos” y la “genérica”, y en relación con su convocatoria planteó las de “prescripción ordinaria de las acciones derivadas del contrato de seguros”, “ausencia de cobertura de los denominados perjuicios morales en la póliza invocada como fundamento del llamamiento en garantía” y “límite de la eventual obligación indemnizatoria o de reembolso a cargo de mi representada y deducible pactado” (fls. 17 a 24 del cdno. 3).

e) Coflonorte Ltda. y Leonardo Montaño, a pesar de haber sido enterados, guardaron silencio.

4. El Juzgado Veinte Civil del Circuito de Bogotá emitió sentencia de primera instancia en la que:

a) Declaró que los demandados son civil, extracontractual y solidariamente responsables del accidente en el que resultó lesionada Luz Marina Díaz González, y en consecuencia, los condenó a pagar:

1. Por perjuicios morales:

(i) Veinticinco millones de pesos ($25.000.000) a Luz Marina Díaz González.

(ii) Diez millones de pesos ($10.000.000) a Nicolás Márquez Díaz.

(iii) Diez millones de pesos ($10.000.000) a Helga Natalia Márquez Díaz.

(iv) Quince millones de pesos ($15.000.000) para Julio Márquez Chía.

2. Por lucro cesante:

Nueve millones ciento noventa y cuatro mil ochocientos ochenta y nueve pesos ($9.194.889) y ciento cincuenta y nueve millones trescientos veintitrés mil doscientos ochenta y nueve pesos con diez centavos ($159.323.289,10) a Luz Marina Díaz González.

3. Sobre dichas sumas reconoció réditos del seis por ciento (6%) anual a partir del quinto día siguiente a la ejecutoria del pronunciamiento.

b) Tuvo por acreditada la excepción de “excesiva e injustificada solicitud de perjuicios”, e improbadas las restantes.

c) Estimó fundada la objeción por error grave planteada respecto del dictamen pericial rendido dentro del proceso, y

d) Acogió la falta de legitimación en la causa de Antonio Neissa y Marco Antonio Parra Cely para llamar en garantía a Seguros Colpatria (fls. 770 a 820 del cdno. 1).

5. La apelación que interpusieron todos los demandantes y los convocados Rápido Humadea S.A., Edison Lisímaco Malaver y José Alberto Amado, se desató por el Tribunal mediante providencia que confirmó lo resuelto por el a-quo, precisando que cuando este mencionó como parte favorecida de la condena a Helga Natalia Márquez Díaz, debe entenderse “Natalia Márquez Díaz” (fls. 46 a 82 del cdno. 5).

6. Los gestores pidieron respecto del anterior fallo, en su orden:

Corrección para enmendar los yerros cometidos en el ordinal tercero de la parte resolutiva de la determinación ratificada, dado que los nueve millones ciento noventa y cuatro mil ochocientos ochenta y nueve pesos ($9.194.889) corresponden a daño emergente y no a otro título como como se expresó; y además, porque de la suma de cuatrocientos veintisiete millones cuatrocientos setenta y ocho mil ochocientos cuarenta y cinco pesos ($427.478.845), lucro consolidado reconocido, no era posible descontar un 65% por concepto de manutención de la víctima, ya que “en lesiones personales que es el caso en cuestión, ni la legislación ni la jurisprudencia autorizan en liquidación de lucro cesante descontar porcentaje alguno, por gastos que victimas que no fallecen venían realizando para su sostenimiento personal”.

Aclaración para esclarecer el argumento que llevó a desestimar el lucro cesante futuro, toda vez que es confuso decir que no se ha establecido que la secuela de la lesión fuera permanente, cuando obra dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca, que fijó a Luz Marina Díaz González una pérdida de la aptitud laboral del treinta y seis punto cuarenta por ciento (36,40%), resaltando que se trata de una “incapacidad permanente parcial” (fls. 85 y 86 id).

7. El ad-quem profirió sentencia complementaria en la que dispuso:

a) Corregir el ordinal tercero del fallo de primer grado, y a cambio “tener en cuenta que la suma de $9.194.889 corresponde al valor reconocido como daño emergente y no lucro cesante como allí se consignó”.

b) Modificar dicho apartado “con relación a la cuantía reconocida a título de lucro cesante pasado, siendo la que corresponde al caso en concreto a $427.478.845, y no como allí se enunció”.

c) Denegar la solicitud de aclaración (fls. 46 a 94).

II. Fundamentos del Fallo

Se sintetizan de la siguiente manera:

1. Los presupuestos procesales están reunidos, y no hay motivo de nulidad que invalide lo actuado.

2. La controversia se sitúa dentro del marco de la responsabilidad civil extracontractual, pues, si bien dentro de los hechos se mencionó el vínculo negocial entre Luz Marina Díaz González y Coflonorte Ltda., las resoluciones cuestionadas “en nada tocan o se relacionan con la situación que en la demanda se planteó como fenómeno contractual”.

3. No hay duda ni controversia sobre la ocurrencia del siniestro en el que resultó lesionada Luz Marina Díaz González, esposa de Julio Márquez Chía y madre de Nicolás y Natalia Márquez Díaz, que involucró a los vehículos de placas XID 526 (bus) y SUK 307 (camión), el primero manejado por Leonardo Montaña, vinculado a Coflonorte Ltda. y cuyos dueños son Marco Antonio Parra y José Antonio Neissa, y el segundo conducido por Edison Lisímaco Malaver, de propiedad del mismo y José Alberto Amado y afiliado a Rápido Humadea S.A.

4. Este caso se enmarca dentro de las previsiones del artículo 2356 del Código Civil, que regula la responsabilidad generada por el ejercicio de actividades peligrosas desplegada en la conducción de automotores.

5. Los accionados Edison Lisímaco Malaver y José Alberto Amado aspiran a ser eximidos de responsabilidad, alegando que quedó establecido que el camión sólo “intentó salir, es decir asomarse”, pero no invadió el carril opuesto, por lo que no tuvo injerencia en el infortunio.

Analizado el acervo probatorio, particularmente las declaraciones de Luz Marina Díaz y Manuel Rátiva Nempeque, se advierte que no halla respaldo la posición planteada por los recurrentes, toda vez que contrario a la crítica que se hace a la labor del a-quo, este detalló en forma precisa, cuidadosa y detenida los elementos de acreditación obrantes en el plenario, “por lo que el fallo llegó a las precisas y acertadas conclusiones que dieron al traste con las intenciones de liberación de culpa y responsabilidad pretendida por los demandados”.

6. Rápido Humadea S.A. solicita ser absuelta, indicando que su vínculo con el vehículo SUK 307 es un contrato de “afiliación” sin administración, que el camión está destinado para la carga de mercancías, y que no tenía control y vigilancia del mismo, siendo ella, de quien los ocupa en su momento.

Para desestimar la anterior argumentación, se observa que aunque el clausulado del referido convenio evidencia que los dueños conservaron todas las facultades “administrativas” del rodante, a tenor del artículo 1602 del Código Civil tal pacto sólo vincula a las partes, y por lo tanto, no sirve para exonerar a la compañía respecto de terceros, quedándole a salvo la facultad de repetir contra los contratistas. Además, si pretendía algún beneficio por esa condición, no demostró, como le correspondía, que el bien transitara por cuenta de otra firma.

7. La alzada de los demandantes se circunscribe a las decisiones relacionadas con los perjuicios materiales, puesto que frente a los morales ninguna inconformidad se manifiesta.

a) En cuanto al daño emergente, se comparte la conclusión del fallo de primera instancia sobre la falta de medio para acreditar la existencia y pérdida del dinero y de los objetos que la lesionada afirmó llevar al tiempo del insuceso.

Respecto de los gastos erogados para la recuperación de la salud de Luz Marina Díaz González, es decir, los pagos hechos por servicios médicos, el juzgador de primer grado valoró los documentos que informan de la cuantía de esas expensas y tuvo en cuenta el principio de congruencia para fijar su reconocimiento. Sin embargo, no puede acogerse el reproche según el cual algunos declarantes mencionaron el desembolso de sumas superiores, pues, cabe preguntarse por qué la afectada, siendo abogada, no las pidió concretamente desde el comienzo, amén de que si las canceló debió haber exigido los comprobantes que les dieran consistencia a esas versiones.

b) Atinente al lucro cesante, la sentencia de primer grado sopesó en forma seria, amplia y específica el acervo probatorio, ya que se refirió a los testimonios de Marina Judith Carvajal, Sandra Patricia Gutiérrez González, Luz Stella Castiblanco, Claudia Patricia Gallo Cely, Arcadio Ramírez Galeano y Álvaro Barragán Martínez, sin demeritar la seriedad de su relato sobre las múltiples labores que Díaz González desempeñaba en ejercicio de su profesión. Cosa diferente es que hubieran suministrado un dato “preciso, concreto o indiscutible” sobre lo que ésta efectivamente devengaba, de donde “no se puede compartir con el escrito de sustentación de la apelación, que exista incongruencia, desatención o diferentes criterios al respecto”.

Igualmente, explicó por qué le restó mérito al dictamen pericial, y no se limitó al examen de esa probanza, pues,

“(A)nalizando elementos de juicio propios de la situación, como precisamente la profesión y que la lesionada no se trataba de una persona que tuviera una entrada fija, sino que dependía de un promedio no asegurado y más bien transitorio; es decir, que no se puede decir que es estable y permanente. Entonces fueron precisamente esas premisas, las que llevaron al juzgador de la instancia a exponer un concepto, señalando las bases o límites de donde partió para definir un monto calculado, atendiendo además que la demandante no está inhabilitada para desarrollar su profesión y por ende el promedio relacionado con la incapacidad laboral determinada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá, y que las secuelas no se ha determinado que sean permanentes, por eso igualmente expuso las fórmulas que le dieron el convencimiento de lo que en justicia y equidad debía conceder en ese aspecto de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante”.

El daño futuro consiste en “el reconocimiento de una suma total capitalizada”, que compensa el ingreso dejado de recibir producto del daño durante el tiempo posible de productividad, esto es, “cuando el daño sea con secuela de carácter permanente, cuestión que en este caso no se ha determinado, luego no se puede ponderar, partiendo del presupuesto legal de que el reconocimiento de los daños es de orden objetivo y no presunto”.

8. La acusación que se hace al juzgado, de falta de estudio de la prueba allegada y practicada, no tiene asidero, porque allí sí se efectuó un detallado análisis del plexo demostrativo, máxime si se tiene en cuenta la autonomía de los falladores de instancia en su ponderación.

III. Argumentos de la complementación

1. A tenor del artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, la resolución de la Sala no contiene inexactitud que precise su corrección.

Sin embargo, es claro que no se hizo pronunciamiento de la solicitud análoga que otrora se elevó en relación con la providencia del inferior, por lo que, en consecuencia, se señalará que la suma de nueve millones ciento noventa y cuatro mil ochocientos ochenta y nueve ($9.194.889) reconocida por el a-quo, corresponde a daño emergente y no a lucro cesante.

2. Sobre el descuento del sesenta y cinco por ciento (65%) del total calculado para el lucro cesante pasado, debe indicarse que el hecho de que la actora destine gran parte de sus ingresos al cubrimiento de sus gastos, ello no significa que estos pierdan su naturaleza de ganancias dejadas de percibir, “razonamiento de gran importancia” para modificar el fallo impugnado y no deducir la proporción mencionada.

3. No procede la petición de aclaración encaminada a que se otorgue el lucro cesante futuro,

“(P)uesto que si bien la víctima sobreviviente logró demostrar un ingreso hasta la fecha en la que se realizó la experticia que tenía por objeto la cuantificación de los daños irrogados, también es patente y no contradictorio que sus ingresos no fueron constantes, por lo tanto, la negativa al lucro cesante futuro, se encontró bien denegado y así se avaló con la confirmatoria de la decisión, evidencia argumentativa que da lugar para desestimar el reclamo mencionado”.

IV. La demanda de casación

Con fundamento en la causal primera, tres ataques se formulan contra el fallo de segunda instancia; los dos primeros por la vía indirecta, errores de hecho y de derecho, respectivamente, y el último por la directa.

Se aprehenderá el análisis conjunto del primero y el tercero, por tener vocación de prosperidad, y ser útiles para su resolución argumentos comunes, y, además, por cuanto la facultad de ligar cargos del linaje anunciado no es exótica, ya que la Sala lo ha hecho en diferentes ocasiones, entre ellas, en sentencias CSJ SC de 4 de octubre de 1982, GJ. 2406, págs. 211 a 217; CSJ SC de 5 de septiembre de 2001, Rad. 5868 y CSJ SC de 23 de agosto de 2004, Rad. 17961.

Primer cargo

Denuncia la violación indirecta de los artículos 1613, 1614, 2341 y 2356 del Código Civil, y el 16 de la Ley 446 de 1998, como consecuencia de errores de hecho en la apreciación de las pruebas, que llevaron a declarar probada la excepción de “excesiva e injustificada solicitud de perjuicios” y a negar el reconocimiento del lucro cesante futuro.

Sustenta el ataque de la siguiente forma:

1. Está acreditado que Luz Marina Díaz González tiene, a consecuencia del accidente, una incapacidad laboral permanente parcial, y que para el momento del percance percibía ingresos en una cuantía determinada.

2. En el plenario obran dos elementos demostrativos, que no “encontraron repercusión” en el fallo, cuando, su ponderación, evidentemente, habría arrojado un resultado distinto.

a) Dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca.

1. Milita a folios 53 a 55 del cuaderno principal, se aportó por la actora, no fue tachado u objetado por la contraparte, es idóneo y su contenido es de carácter obligatorio respecto de la disminución de la aptitud laboral de una persona, según el artículo 42 de la Ley 100 de 1993.

2. En su contenido, fija una pérdida de la capacidad laboral de Díaz González del treinta y seis punto cuarenta por ciento (36,40%), que ubica a la recurrente en “situación de incapacidad permanente parcial”.

3. El error del Tribunal consiste en que no tuvo por probado el detrimento, al aseverar que “…la demandante no está inhabilitada para desarrollar su profesión y por ende el promedio relacionado con la incapacidad laboral determinada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá, y que las secuelas no se ha determinado que sea (sic) permanentes” (destacado en el original).

4. Es nítida y evidente la mutilación del alcance de ese instrumento persuasivo, “…pues tratándose de las secuelas respecto de la capacidad laboral de una persona, la prueba de mayor convencimiento es el dictamen de las juntas de calificación de invalidez”.

b) Dictamen pericial.

1. Aparece a folios 562 a 608; satisface los requisitos de existencia, validez y eficacia probatoria; y, sin embargo, se observan las quejas de algunos demandados, quienes sin colmar los requisitos de una objeción aducen errores graves que no definen, frente a lo que la parte contraria se pronunció y el auxiliar de la justicia ratificó la “legalidad y firmeza probatoria” de su trabajo.

2. El a quo “sorpresivamente” aseguró en la sentencia que “existe error grave en la tasación de los perjuicios”, porque

“(L)a cifra a la que llegó el auxiliar resulta exagerada por cuanto no tuvo en cuenta los gastos personales de la demandante, y si bien en su mayoría los deponentes afirmaron que era una abogada brillante y que percibía buenos ingresos de sus múltiples oficios, también es cierto que el número de negocios y por supuesto de ingresos es relativo, tan es así que la misma demandante no tenía una cifra mensual fija por sus entradas…”.

3. Esas consideraciones fueron confirmadas por el ad quem, de donde se sigue que realmente no hay un error grave que legitime desatender la experticia, incurriéndose, de contera, en una “valoración arbitraria de las pruebas”.

3. De haberse efectuado el análisis pertinente de las dos evidencias relacionadas, se habría otorgado el lucro cesante futuro, en la cuantía establecida por el perito.

Tercer cargo

Reprocha la trasgresión directa, por interpretación indebida, de los artículos 1613, 1614, 2341 y 2356 del Código Civil, y 16 de la Ley 446 de 1998.

Apoya la censura así:

1. La infracción se produjo en el momento en el que para establecer la procedencia del “lucro cesante futuro” a favor de Luz Marina Díaz González, el juzgador de segundo grado exigió unos requisitos que ni las normas como tampoco los precedentes han contemplado.

2. No hay duda de que la disposición que viene al caso es el artículo 2356 del Código Civil y su desarrollo jurisprudencial, de acuerdo con los cuales lo preponderante para que proceda la indemnización del daño es que exista, lo que se halla relacionado con la certidumbre del mismo.

3. Lo anterior no puede confundirse con la indemnización del lucro cesante futuro, que es perfectamente posible, en tanto parte de “la certeza de daño y cuantificación actual para la determinación de sus consecuencias futuras si dicho daño tiene la capacidad de alterar esa situación favorable en el tiempo al sujeto del daño”.

4. Los presupuestos del daño futuro indemnizable son: (i) la prolongación de la situación actual, (ii) razonable seguridad de que la perjudicada va a sobrevivir y (iii) que sea posible cuantificar el agravio. Por lo tanto, los razonamientos de los juzgadores de instancia para no otorgar la indemnización por el “lucro cesante futuro”, esto es, por ser Luz Marina trabajadora independiente y percibir ingresos variables, no son otra cosa que

“(L)a manifestación fehaciente de la indebida interpretación de la ley que conlleva a que el dicho del fallador esté inmerso en la causal de casación alegada: el juez desconoce en el sub lite el daño cierto, cuantificado y probado porque pretende indemnizar el daño eventual que por obvias razones no conoce, pero, que, además, no es indemnizable”.

En otros términos, el sentido equivocado que se dio a las normas citadas estribó en estimar que “para obtener el derecho a la liquidación de un lucro cesante futuro, era menester acreditar que los ingresos de la demandante serían constantes hacia el futuro”, con lo que se terminó cercenando el derecho a una “indemnización integral”, previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998.

V. Consideraciones

1. Los demandantes solicitaron declarar civil, extracontractual y solidariamente responsables a los convocados por las lesiones que sufrió Luz Marina Díaz González en el accidente de tránsito que ocurrió el 21 de octubre de 2003, y pidieron la consecuente condena para repararles los agravios extrapatrimoniales y materiales causados.

2. El Tribunal, de un lado, confirmó la sentencia del a-quo en cuanto tuvo por responsables del insuceso a los accionados, les impuso el pago de sumas de dinero para resarcir el detrimento moral a favor de todos los reclamantes y el daño emergente en pro de Díaz González, y desestimó la pretensión por “lucro cesante futuro”; y del otro, la modificó para incrementar la cuantía del “lucro cesante pasado” concedido a la lesionada, quedando en cuatrocientos veintisiete millones cuatrocientos setenta y ocho mil ochocientos cuarenta y cinco pesos ($427.478.845). Para no acceder al “lucro cesante futuro”, el juzgador de segunda instancia argumentó, esencialmente:

(i) que Luz María Díaz González no era una persona que tuviera una entrada fija, constante, sino que dependía de un promedio no asegurado y más bien transitorio; y (ii) que las secuelas “no se ha determinado que sean permanentes”.

3. Con los cargos mencionados y compendiados, la casacionista busca el quiebre del fallo impugnado, exclusivamente, en lo concerniente a la negativa al “lucro cesante futuro”. En el primero denuncia errores de hecho consistentes en ignorar el contenido de los dictámenes de la Junta de Calificación de Invalidez Regional Bogotá y Cundinamarca y del perito designado dentro del proceso, que, en su orden, establecen una incapacidad permanente parcial de Díaz González y un valor específico para el lucro cesante futuro; y en el tercero la violación de normas sustanciales, al exigir requisitos no fijados por el legislador ni por la jurisprudencia, concretamente, reclamar que “para obtener el derecho a la liquidación de un lucro cesante futuro, era menester acreditar que los ingresos de la demandante serían constantes hacia el futuro”.

4. Para que haya violación de normas sustanciales por vía directa, se requiere que el recurrente demuestre los falsos juicios que de ellas hizo el sentenciador, bien sea porque no tuvo en cuenta las que gobernaban el caso, aplicó preceptos que le son completamente ajenos o, a pesar de haber acertado en su selección, les dio un alcance que no tienen.

Como en reiteradas oportunidades lo ha advertido la Corte, entre ellas, CSJ SC, 17 de noviembre de 2005, Rad. 7567, reiterada 14 de noviembre de 2014, Rad. 2007-00447-01.

“…Corresponde, por ende, a una causal de pleno derecho, encaminada a develar una lesión producida durante el proceso intelectivo que realiza el fallador, por acción u omisión, en la labor de escogencia y exégesis de la regulación que considera aplicable, con un resultado ajeno al querer del legislador (…) En tal sentido ha precisado la Corte que la ‘violación directa de las normas sustanciales, que como motivo de casación contempla la causal primera del artículo 368 ibídem, acontece cuando el sentenciador, al margen de toda cuestión probatoria, deja de aplicar al caso controvertido la disposición sustancial a que debía someterse y, consecuentemente, hace actuar las que resultan extrañas al litigio, o cuando habiendo acertado en la disposición rectora del asunto, yerra en la interpretación que de ella hace, y que, por lo mismo, cuando el ataque en casación se funda en la causal que se comenta, compete al recurrente centrar sus juicios exclusivamente sobre los textos legales que considere inaplicados, indebidamente aplicados o erróneamente interpretados, prescindiendo, desde luego, de cualquier consideración que implique discrepancia con las apreciaciones fácticas del sentenciador, cuestión esta que sólo puede abordarse por la vía indirecta”.

5. Por su parte, la vía indirecta en la modalidad de yerro fáctico en la valoración de las probanzas, sucede de manera ostensible cuando el juzgador supone, omite o altera el contenido de ellas, siempre y cuando dicha anomalía influya en la forma como se desató el debate, de tal forma que de no haber ocurrido otro fuera el resultado, lo que debe aparecer palmario o contundentemente demostrado.

Sobre el punto, en sentencia de 21 de febrero de 2012, Rad. 2004-00649, reiterada 8 de abril de 2014, Rad. 2009- 00743-01, indicó la Sala que

“(E)l error de hecho, que como motivo de casación prevé el inciso segundo, numeral primero, del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, ocurre cuando se supone o pretermite la prueba, entendiéndose que incurrirá en la primera hipótesis el juzgador que halla un medio en verdad inexistente o distorsiona el que sí obra para darle un significado que no contiene, y en la segunda situación cuando ignora del todo su presencia o lo cercena en parte, para, en esta última eventualidad, asignarle una significación contraria o diversa. El error ‘atañe a la prueba como elemento material del proceso, por creer el sentenciador que existe cuando falta, o que falta cuando existe, y debido a ella da por probado o no probado el hecho’ (G. J., T. LXXVIII, página 313).

(…) Denunciada una de las anteriores posibilidades, el impugnador debe acreditar que la falencia endilgada es manifiesta y, además, que es trascendente por haber determinado la resolución reprochada, de tal suerte que, de no haberse incurrido en esa sinrazón, otra hubiera sido la resolución adoptada (…) Acorde con la añeja, reiterada y uniforme jurisprudencia de la Corporación, el yerro fáctico será evidente o notorio, ‘cuando su sólo planteamiento haga brotar que el criterio’ del juez ‘está por completo divorciado de la más elemental sindéresis; si se quiere, que repugna al buen juicio’, lo que ocurre en aquellos casos en que él ‘está convicto de contraevidencia’ (sentencias de 11 de julio de 1990 y de 24 de enero de 1992), o cuando es ‘de tal entidad que a primer golpe de vista ponga de manifiesto la contraevidencia de la determinación adoptada en el fallo combatido con la realidad que fluya del proceso’ (sentencia 146 de 17 de octubre de 2006, exp. 06798-01); dicho en términos diferentes, significa que la providencia debe aniquilarse cuando aparezca claro que ‘se estrelló violentamente contra la lógica o el buen sentido común, evento en el cual no es nada razonable ni conveniente persistir tozudamente en el mantenimiento de la decisión so pretexto de aquella autonomía’ (G. J., T. CCXXXI, página 644)”.

6. Está probado con incidencia en la decisión que se adopta, lo siguiente:

a) Que el 21 de octubre de 2003, en el kilómetro noventa y uno de la vía que de Bogotá conduce a Tunja, se produjo un accidente de tránsito que involucró a los vehículos XID 526 (bus) y SUK 307 (camión), resultando lesionada Luz Marina Díaz González, de cuarenta y seis años de edad, casada, con dos hijos y abogada de profesión, quien viajaba como pasajera en el primero de ellos (fls. 362, 363 del c.1 y 46 a 82 del c. de apelación).

b) Que los automotores, en su orden, eran manejados por Leonardo Montaña y Edison Lisímaco Malaver.

c) Que como dueños del bus figuraban Marco Antonio Parra Cely y José Antonio Neissa, y del otro José Alberto Amado y Edison Lisímaco Malaver.

d) Que los rodantes estaban afiliados a las empresas Coflonorte Ltda. y Rápido Humadea S.A., respectivamente (ibídem).

e) Que el 22 de septiembre de 2005, la Junta Regional de Calificación de Invalidez Bogotá y Cundinamarca señaló para Luz Marina Díaz González una pérdida de la capacidad laboral del treinta y seis punto cuarenta por ciento (36,40%), marcada como “incapacidad permanente parcial” (fls. 53 a 55 del cdno. 1).

f) Que el 11 de octubre siguiente, el Fisiatra Forense del Instituto Nacional de Medicina Legal ratificó para Díaz González una “incapacidad médico legal definitiva” de treinta y cinco días a partir de las lesiones (fls. 534 a 537 id).

g) Que el perito designado en el proceso dictaminó, con base en un ingreso mensual actualizado de quince millones quinientos dos mil veintiún pesos ($15.502.021), que por efecto del infortunio se produjo para Luz Marina un lucro cesante pasado con corte a 31 de enero de 2009, de cuatrocientos veintisiete millones cuatrocientos setenta y ocho mil ochocientos cuarenta y cinco pesos ($427.478.845), y un “lucro cesante futuro” desde la anterior fecha hasta el cumplimiento de la expectativa de vida de la afectada, setenta y nueve punto sesenta y un años, de novecientos veintitrés millones trescientos treinta y seis mil cincuenta y nueve pesos ($923.336.059), folios 562 a 608.

h) Que el anterior peritaje fue objetado por error grave por los demandados Marco Antonio Parra Cely, José Antonio Neissa y Rápido Humadea S. A. (fls. 617 a 622).

7. En el ordenamiento jurídico patrio está presente la regla según la cual, en toda actuación judicial, la reparación de los daños ocasionados a una persona debe obedecer o atender el criterio del resarcimiento integral. En efecto, el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 prevé que “Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales”. 

Lo anterior significa, expresa o traduce, según el precedente de la Sala, que

“(E)l juez tendrá que ordenar al demandado la restitutio in integrum a favor del damnificado, es decir que deberá poner al sujeto perjudicado en una situación lo más parecida posible a aquélla en la que se encontraría de no haber ocurrido el daño. Por ello, una vez establecidos los presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual, el sentenciador tendrá que cuantificar el monto de la indemnización en concreto, esto es que habrá de tomar en consideración todas las circunstancias específicas en que tuvo lugar el daño, su intensidad, si se trata de daños irrogados a las personas o a las cosas, y la forma adecuada de resarcir el perjuicio” (CSJ SC, 18 dic. 2012, Rad. 2004-00172-01).

Entre los daños a ser indemnizables y que contribuyen a completar o satisfacer el requerimiento de un resarcimiento integral, aparecen los llamados materiales o patrimoniales, esto es, aquellos que atentan contra bienes de orden económico, y que son pasibles de tasarse en dinero.

Por virtud de lo contemplado en los artículos 1613 y 1614 del Código Civil, estos últimos se clasifican en daño emergente y lucro cesante, siendo aquél “el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento”; y el restante, “la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado su cumplimiento”.

El lucro cesante, jurídicamente considerado en relación con la responsabilidad extracontractual, es entonces la privación de una ganancia esperada en razón de la ocurrencia del hecho lesivo, o, en palabras de la Corte, “está constituido por todas las ganancias ciertas que han dejado de percibirse o que se recibirán luego, con el mismo fundamento de hecho” (CSJ SC de 7 de mayo de 1968).

A la par de la mencionada clasificación de los perjuicios patrimoniales, está aquella que los distingue en presentes y futuros, que no recoge expresamente la codificación civil, empero reconocen la jurisprudencia y la doctrina.

Así, por ejemplo, De Cupis explica en su Teoría General de la Responsabilidad Civil, págs. 320 y s.s., que

“Por daño presente se entiende el daño que ya se ha producido, y que, por tanto, existe en el acto, en el instante en que se considera el nacimiento de la responsabilidad. Por daño futuro, se comprende aquel que aún no se ha llegado a producir, considerado en tal momento. La distinción, adquiere su propio significado en relación con el momento del juicio sobre el daño. El daño emergente puede ser tanto presente como futuro y lo mismo se puede referir para el lucro cesante (este) tiene por objeto un interés futuro, es decir, el interés relativo a un bien que aún no pertenece a una persona al tiempo en que el perjuicio mismo se ha ocasionado. Ahora bien, puede suceder que en el momento en que se juzga el daño la atribución del bien se habría ya verificado de no haber concurrido el hecho dañoso, por lo que, he aquí y ahora, que la situación de perjuicio se exterioriza sensiblemente y el daño puede considerarse como de presente, actual. Valga decir, el acontecimiento que ha impedido el incremento patrimonial se ha realizado en el intervalo que existe entre el hecho dañoso y el juicio, por lo que, en el momento de tal juicio, el daño por lucro cesante es actual, presente. Pero puede también suceder que en el momento del juicio aún no se haya producido, por lo que la situación perjudicial no ha devenido apreciable, sensible, y en consecuencia no se está en presencia de un daño actual, sino futuro, y por ello, el juicio recae sobre un daño que es futuro, considerado en relación con el juicio mismo”.

La Sala de forma puntual ha aceptado dicha categorización, señalando en CSJ SC de 28 de agosto de 2013, Rad. 1994-26630-01, que

“Se debe diferenciar el perjuicio denominado actual en contraposición del distinguido como futuro, según el momento en el que se le aprecie, que corresponde, por regla, a la fecha de la sentencia. Aquel equivale al daño efectivamente causado o consolidado y éste al que con certeza o, mejor, con un ‘alto grado de probabilidad objetiva’ sobre su ocurrencia, según expresión reiterada en la jurisprudencia de la Sala, habrá de producirse. En tratándose del lucro cesante, el actual es la ganancia o el provecho que, se sabe, no se reportó en el patrimonio del afectado; y el futuro es la utilidad o el beneficio que, conforme el desenvolvimiento normal y ordinario de los acontecimientos, fundado en un estado actual de cosas verificable, se habría de producir, pero que, como consecuencia del hecho dañoso, ya no se presentará”.

El daño futuro, con todo, para ser jurídicamente considerado, debe revestir la condición de cierto, característica que, conforme se ha enseñado de vieja data, no puede ser tomada en forma estricta, sino “en un sentido relativo, por lo que, respecto de su producción futura no podrá exigirse una certidumbre absoluta” (De Cupis Ob. Cit. pág. 322).

En ese sentido, la Corporación ha apuntado que

“El lucro cesante actual no ofrece ninguna dificultad en cuanto hace a la certidumbre del daño ocasionado, pues, como viene de explicarse, se trata de la ganancia o del provecho no reportado al patrimonio del interesado, como hecho ya cumplido. En cambio, en el lucro cesante futuro, precisamente, por referirse a la utilidad o al beneficio frustrado cuya percepción debía darse más adelante en el tiempo, su condición de cierto se debe establecer con base en la proyección razonable y objetiva que se haga de hechos presentes o pasados susceptibles de constatación, en el supuesto de que la conducta generadora del daño no hubiere tenido ocurrencia, para determinar si la ganancia o el provecho esperados, habrían o no ingresado al patrimonio del afectado. En oportunidad reciente, la Sala reiteró que ‘(e)n tratándose del daño, y en singular, del lucro cesante, la indemnización exige la certeza del detrimento, o sea, su verdad, existencia u ocurrencia tangible, incontestable o verosímil, ya actual, ora ulterior, acreditada por el demandante como presupuesto ineluctable de la condena con pruebas idóneas en su entidad y extensión’; precisó igualmente que ‘(l)as más de las veces, el confín entre la certeza y el acontecer ulterior, es extremadamente lábil, y la certidumbre del daño futuro sólo puede apreciarse en un sentido relativo y no absoluto, considerada la elemental imposibilidad de predecir con exactitud el desenvolvimiento de un suceso en el porvenir, por lo cual, se remite a una cuestión de hecho sujeta a la razonable valoración del marco concreto de circunstancias fácticas por el juzgador según las normas jurídicas, las reglas de la experiencia, la lógica y el sentido común (…)’; y recordó que ‘la jurisprudencia de esta Corte cuando del daño futuro se trata y, en particular, del lucro cesante futuro, ha sido explícita ‘en que no es posible aseverar, con seguridad absoluta, como habrían transcurrido los acontecimientos sin la ocurrencia del hecho’, acudiendo al propósito de determinar ‘un mínimo de razonable certidumbre’, a ‘ juicios de probabilidad objetiva’ y ‘a un prudente sentido restrictivo cuando en sede litigiosa, se trata de admitir la existencia material del lucro cesante y de efectuar su valuación pecuniaria, haciendo particular énfasis en que procede la reparación de esta clase de daño en la medida en que obre en autos, a disposición del proceso, prueba concluyente en orden a acreditar la verdadera entidad de los mismos y su extensión cuantitativa, lo que significa rechazar por principio conclusiones dudosas o contingentes acerca de las ganancias que se dejaron de obtener, apoyadas tales conclusiones en simples esperanzas, expresadas estas en ilusorios cálculos que no pasan de ser especulaciónteórica, y no en probabilidades objetivas demostradas con el rigor debido’ (cas. civ. sentencia de 4 de marzo de 1998, exp. 4921) (Cas. Civ., sentencia del 9 de septiembre de 2010, expediente 17042-3103-001-2005- 00103-01; se subraya” (CSJ SC de 1º de nov. de 2013, Rad. 1994-26630-01).

Ahora bien, siendo como se dijo la certeza del daño futuro una exigencia propia para su reconocimiento, con el matiz explicado, es palmario que el “lucro cesante futuro”, entendido como la utilidad o el beneficio que, con un alto grado de probabilidad, esperaba que alguien generara y que no habrá de producirse, no puede reclamar como presupuesto axiológico de su reconocimiento, la acreditación de un ingreso fijo, constante y estable por parte de la víctima, y menos que el mismo tuviera vocación de permanencia o proyección en el tiempo, a la manera del salario devengado por efecto de la prestación de una relación laboral.

Así, por ejemplo, en fallo de 12 de marzo de 1937, para definir el lucro cesante ocasionado por el deceso de una persona, la Sala estimó que a pesar de que esta no estaba vinculada laboralmente para el tiempo de su muerte, pero como poco antes sí, “es prudente pensar que ella estaba en aptitud o capacidad de devengar un sueldo mensual” (GJ XLV-I, pág. 361).

En providencia de 5 de octubre de 2004, Rad. 6975, por su parte, la Corte estudió igualmente el “lucro cesante futuro”, reclamado por los familiares de un economista que basaba su ingreso en la prestación de asesorías profesionales independientes, y que por un período importante de tiempo, no acreditó actividad alguna. Allí se consideró que no “luce admisible el predicamento (…) según el cual no cabía ‘considerar una posible estabilidad, tanto en el trabajo como en el sueldo’, porque las actividades de las cuales los auxiliares de la justicia dedujeron el monto de los ingresos que la víctima habría podido obtener para la época que precedió a su deceso, no tenían carácter laboral (…) tal vicisitud puede implicar una simple dificultad de orden probatorio, a efecto de establecer una suma determinada de dinero como base para calcular el daño emergente de esta forma configurado, pero en ningún modo imposibilita —y menos justifica—, que acreditado a cabalidad ese daño, así como los demás elementos que integran la responsabilidad civil extracontractual, el juzgador se abstenga de imponer la respectiva condena, solución hipotética esta que iría en indiscutida contravía con las orientaciones normativas, doctrinarias y jurisprudenciales destacadas por la Sala…”.

En fallo de 6 de agosto de 2009, Rad. 1994-01268-01, esta Corporación dijo frente al evento de un sujeto lesionado en un percance, que ejercía una actividad independiente, que “evidentemente, en aquellos casos en los que, a raíz de las peculiaridades propias que este ofrece, se carece de la prueba directa que permita establecer, sin mayores tropiezos, la respectiva remuneración pecuniaria —por ejemplo, cuando se tiene certeza de que la víctima ejercía actividades lícitas lucrativas, no en desarrollo de una relación laboral o de una contratación semejante sino de una gestión independiente— (…) se tornaría inviable sostener, a rajatabla, que la víctima ‘no las hubiera realizado, o que no se causó o percibió la respectiva contraprestación’”.

Como corolario de lo que acaba de estudiarse, la Corte advierte que el Tribunal incurrió en la violación directa que se aduce por el impugnante, pues, contrariando las directrices sobre reparación integral del daño provenientes del artículo 16 de la Ley 446 de 1998, y las exigencias para el reconocimiento del lucro cesante futuro, estableció como premisa para otorgar el último, la acreditación de un ingreso económico “fijo”, “constante”, asegurado y permanente, lo cual, representa la fijación de una regla que desconoce que la certeza del daño futuro no reviste el linaje de absoluta, y que en su ponderación es preciso partir de la proyección razonable y objetiva que se haga de hechos presentes o pasados susceptibles de constatación. 

9. Además, la Sala observa la estructuración del desacierto de índole probatoria denunciado, porque se estableció por el Tribunal, como uno de los fundamentos fácticos para desestimar el lucro cesante futuro, que “las secuelas (del accidente) no se ha determinado que sean permanentes”, pasándose por alto que, en realidad de verdad, obra dentro de expediente el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez Bogotá y Cundinamarca, que amén de otorgar un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral del treinta y seis punto cuarenta por ciento (36,40%) respecto de Luz Marina Díaz González, señaló que esa incapacidad es “permanente parcial”.

No se llama a duda que el yerro encontrado es evidente, porque el informe se aportó con la demanda, e inequívocamente consigna las conclusiones a las que se ha hecho mención, a las que, por lo demás, se arribó previa relación de los exámenes practicados, y de las deficiencias, discapacidades y minusvalías halladas.

El desatino igualmente es trascendente, porque tal preterición de ese medio demostrativo, condujo a establecer una premisa fáctica errada, que a su vez soportó uno de los pilares que tuvo el ad-quem para negar el daño futuro en cuestión. Asimismo, la incidencia de ese “dictamen” se pone de relieve al constatar que proviene de una institución que, según la normatividad vigente para la época del accidente, Decreto 917 de 1999, estaba facultada para la “determinación de la incapacidad permanente parcial”, pues, según el artículo 4º de dicho cuerpo normativo “la determinación de la declaración, evaluación, revisión, grado y origen de la incapacidad permanente parcial, la realizarán (entre otros) Las Administradoras de Riesgos Profesionales (…) Las Empresas Promotoras de Salud (EPS) y las Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS), (y) las Juntas de Calificación de la Invalidez, conforme a los procedimientos definidos por las normas vigentes en la materia”.

10. Por último, en lo que se relaciona con el dictamen pericial rendido en el curso del proceso, cumple destacar que el error de hecho denunciado, si en gracia de discusión estuviera configurado, carecería de relevancia, porque lo echado de menos por el Tribunal fue en su momento un ingreso constante, estable, fijo, permanente por parte de la lesionada, y no la tasación de un lucro cesante futuro hasta la expectativa de vida de la perjudicada, que resultó ser la tarea que emprendieron los peritos, y que con el cargo se pretende recalcar.

11. En resumen, la violación directa de las normas denunciadas y la existencia del yerro fáctico concerniente a la preterición del dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez Bogotá – Cundinamarca, es suficiente para la prosperidad del cargo, y el consecuente rompimiento parcial del fallo del Tribunal, exclusivamente, en lo atiente al lucro cesante futuro.

12. No habrá lugar a condena en costas, ante la bienandanza del recurso, de acuerdo con lo previsto en el inciso final del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil.

VI. Sentencia sustitutiva

1. Al quedar sin piso parcialmente la providencia materia de censura, corresponde a la Corte, en sede de instancia, desatar el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra el fallo atacado.

2. Sin embargo, revisado el expediente y con el propósito de averiguar si la lesionada estuvo vinculada a los sistemas de salud y pensiones en los cinco años anteriores al accidente, así como el tiempo por el cual ella puede tener participación activa en el ejercicio profesional de abogada, pues, como se ha manifestado en otras ocasiones, “tratándose de indemnizaciones por lucro cesante futuro derivado del ejercicio profesional liberal, ‘es natural tener en cuenta la declinación de la vida, que disminuye la capacidad de trabajo, la que no siempre se mantiene uniforme en toda la duración de aquélla’” (sentencia de 22 de julio de 1943, reiterada CSJ SC de 3 de octubre de 2003, Rad. 7368), se hace necesario el decreto de pruebas de oficio, en uso de las facultades conferidas por los artículos 179 y 180 del Código de Procedimiento Civil, así:

Oficios:

1. Al Ministerio de Trabajo para que por intermedio de la dependencia y el funcionario calificado, y en el término de treinta días, señale siguiendo las pautas establecidas en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, cuál sería la vida probable laboral productiva de una mujer que en la ciudad de Bogotá en el año 2003 ejercía independientemente la profesión de abogada litigante y asesora, teniendo en cuenta que en esa época contaba con cuarenta y seis años de edad.

2. A la Superintendencia Nacional de Salud para que informe si Luz Marina Díaz González estuvo vinculada al Sistema general de Seguridad Social en Salud durante los años 1998 a 2003, y en caso afirmativo, en qué condición y el ingreso base de cotización.

3. A la Superintendencia Financiera para que señale si Luz Marina Díaz González estuvo vinculada al Sistema General de Pensiones durante los años 1998 a 2003, y en caso afirmativo, el ingreso base de cotización.

3. La Secretaría, sin necesidad de pronunciamiento previo, deberá:

a. Librar los oficios.

b. Controlar la oportunidad y el contenido de las respuestas.

c. Acuciar, sin necesidad de auto que lo ordene, la evacuación de los medios dispuestos.

d. Pasar a Despacho, en oportunidad, el expediente para lo que en derecho corresponda.

VII. Decisión

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA parcialmente la sentencia de 22 de octubre de 2012 y la complementaria de 25 de enero de 2013, proferidas por la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario de la referencia y en sede de instancia, antes de proferir el fallo de reemplazo dispone la práctica de las pruebas de oficio enunciadas.

Sin costas dentro de la impugnación extraordinaria, ante la prosperidad del recurso.

Notifíquese.

Magistrados: Luis Armando Tolosa Villabona, presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco—Fernando Giraldo Gutiérrez—Ariel Salazar Ramírez—Jesús Vall de Rutén Ruiz.