Sentencia SC11641-2014 de septiembre 1º de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.: 11001-31-03-002-2002-02246-01

SC11641-2014

Magistrado Ponente:

Dr. Ariel Salazar Ramírez

(Aprobado en sesión de diecisiete de junio de dos mil catorce)

Bogotá D.C., primero de septiembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. La reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela (CC, art. 946).

Este instrumento es la vía legal para reclamar la posesión y no la propiedad de la cosa, porque el demandante afirma tener esta última, es decir, es la causa para que el actor pueda pedir y obtener el goce pleno y absoluto de su derecho con el ejercicio posesorio, que se realiza con la restitución del bien. Es, por ello, la acción que ejercita el dueño sin posesión, contra el poseedor sin dominio.

La propiedad, como derecho real que es, ostenta como esencial característica la de otorgar al titular el poder de persecución que, como su nombre lo indica, lo faculta para ir tras la cosa sobre la cual recae, en manos de quien se encuentre.

De ahí que el Código Civil la defina como el derecho que se tiene «en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra la ley o contra derecho ajeno (art. 669) y consagre la acción reivindicatoria como el medio eficaz para hacer efectivo ese atributo de persecución que está indisolublemente unido al dominio, para lograr la restitución de la cosa. La reivindicación es, pues, una acción real, porque nace de un derecho que tiene ese carácter, cual es el de propiedad.

2. A la pretensión del reivindicante, el poseedor puede oponer determinadas defensas que conduzcan a la demostración plena y palpable de que el primero carece de todo derecho sobre el bien objeto del litigio, ya porque existan otros títulos con igual o mayor eficacia que los aducidos por el actor, o porque los que aportó no son demostrativos de su derecho de dominio, en cuyo caso la posesión debe mantenerse y ser protegida.

Ahora bien, cuando se trata de inmuebles catalogados como “vivienda de interés social”, si el demandado pretende enervar las pretensiones de su contraparte, es necesario que acredite que el bien del cual se considera poseedor, tiene las características fijadas en la ley para estar comprendido dentro de esa especie de solución habitacional, y que ha ejercido la posesión quieta, pacífica e ininterrumpida durante el término previsto en el artículo 51 de la Ley 9ª de 1989, es decir, por tres o cinco años, lo que depende del tipo de prescripción adquisitiva alegada, pues el primer lapso corresponde a la ordinaria y el segundo a la usucapión extraordinaria. En todo caso, dicho periodo de tiempo debe transcurrir a partir de cuando inicia y nunca antes del 1º de enero de 1990, de acuerdo con la previsión contenida en esa misma norma.

Sobre lo anterior, en la providencia impugnada se aseguró que para que un bien tenga tal connotación, la ley determinó que debían cumplirse los requisitos siguientes: “a) el justiprecio para la época en que el usucapiente lo adquirió y b) la naturaleza y tipo de destinación”. Respecto del primero, aclaró que en lo referente al precio “debe mirársele en el momento de la adquisición o adjudicación, previsión que llevándola a términos de la usucapión se equipara a la presentación de la demanda, pues es ese el momento cuando el poseedor estimó cumplía las exigencias para adquirir el bien por el modo de la prescripción adquisitiva” (subrayas y negrillas fuera del texto).

El ad quem señaló también que en otra oportunidad había estudiado dicha temática y consideró que “tratándose de vivienda VIS debe aplicarse lo consignado en el artículo 44 de la Ley 9ª de 1989 literal c), esto es, que su valor debe ser inferior o igual a 135 salarios mínimos legales mensuales, todo ello para la época en que se presentó el libelo genitor, máxime, cuando para tal momento no existía plan nacional de desarrollo vigente (año 2002), allí se expresó: ‘Conforme lo anterior, y comoquiera que para el año 2002 —fecha de presentación de la demanda— el salario mínimo legal mensual era de $ 309.000.00, el valor de la vivienda de interés social debía ser inferior a 135 smlmv; una sencilla operación aritmética nos permite determinar que califican como tales, aquellas cuyo valor era inferior a $ 41’715.000.00’” (se destaca).

2.1. El tribunal —según lo transcrito— entendió que cuando el dominio de una vivienda de interés social ha pasado al poseedor por el modo de la usucapión, su adquisición se materializa en el momento en que este formula la demanda con la que pretenda hacer efectivo tal derecho.

Esa precisa interpretación fue la que el recurrente controvirtió en el cargo auscultado,por considerar que ella transgrede el genuino sentido del artículo 44 de la Ley 9ª de 1989, toda vez que, tratándose de la prescripción adquisitiva de “viviendas de interés social”, su adquisición —para los efectos de ese precepto— se produce cuando el referido fenómeno se consolida y no cuando el poseedor instaura la demanda en la que reclama su derecho, como incorrectamente, a juicio del censor, lo sostuvo el ad quem.

3. En su versión original, las indicadas normas, en lo pertinente, consagraban:

ART. 44.—Entiéndese por viviendas de interés social todas aquellas soluciones de vivienda cuyo precio de adquisición o adjudicación sea o haya sido, en la fecha de su adquisición:

a) Inferior o igual a cien (100) salarios mínimos legales mensuales en las ciudades en las cuales, según el último censo del DANE, cuenten con cien mil (100.000) habitantes o menos.

b) Inferior o igual a ciento veinte (120) salarios mínimos legales mensuales en las ciudades en las cuales, según el último censo del DANE, cuenten con más de cien mil (100.000) pero menos de quinientos mil (500.000) habitantes.

c) Inferior o igual a ciento treinta y cinco (135) salarios mínimos legales mensuales en las ciudades en las cuales, según el último censo del DANE, cuenten con más de quinientos mil (500.000) habitantes.

ART. 51.—A partir del primero (1º) de enero de 1990, redúcese a cinco (5) años el tiempo necesario a la prescripción adquisitiva extraordinaria de las viviendas de interés social.

A partir del primero (1) de enero de 1990, redúcese a tres (3) años el tiempo necesario a la prescripción adquisitiva ordinaria de las viviendas de interés social.

Valdrá la posesión acumulada a la fecha establecida en los incisos anteriores.

PAR.—Se exceptúan los bienes de propiedad de los municipios y de las juntas de acción comunal, que no podrán adquirirse por prescripción.

El inciso 3º de la última de las disposiciones citadas fue declarado inexequible por esta Corte en sentencia de 1º de febrero de 1990 (Rad. 1916, G.J. T. CCI, Nº 2440, p. 66), bajo las siguientes consideraciones:

Situación diferente se presenta en relación con el inciso 3º del artículo 51 pues al disponer este que para los efectos de la prescripción adquisitiva ordinaria o extraordinaria de vivienda de interés social valdrá la posesión acumulada a enero 1º de 1990, fecha a partir de la cual entrarán a regir los términos de 3 y 5 años que para esos efectos estipulan los incisos primero y segundo ibídem, está computando el tiempo que corrió antes de su entrada en vigor, con lo cual coloca al propietario en situación francamente desventajosa, pues siendo los nuevos términos de prescripción ostensiblemente más cortos, dicha previsión le recorta en forma inequitativa y peligrosa las posibilidades de defender su derecho de propiedad.

Además, lo que es aún más grave, esta regla tiene claros efectos retroactivos con precisos alcances detrimentales del derecho legítimo del propietario que lo ve afectado por hechos anteriores que no tenían esa virtualidad, en cuanto tales efectos, regidos por la legislación entonces existente, no pueden ser extendidos más allá de los que esta les concedía. El derecho del propietario, legítimo como se supone que es, resultaría lesionado por una ley posterior que pretende extender sus efectos a situaciones regidas por leyes anteriores en forma diferente. La garantía constitucional del derecho de propiedad impone, como lo dispone sanamente la Ley 153 de 1887, que la prescripción anterior continúe rigiéndose por la ley bajo la cual viene corriendo y que el prescribiente pueda acogerse a la ley nueva pero que, en tal caso, el tiempo empieza a contarse a partir de su vigencia. Lo contrario atenta, no contra esta ley, sino contra la garantía constitucional, hasta el punto de que la aplicación de este inciso 3º, bien podría resultar en que al momento de expedirse la ley ya se hubiese cumplido el nuevo término y se hubiese extinguido, sin más, el derecho de propiedad con visible quebranto de los derechos adquiridos.

Este inciso es inexequible.

3.1. La usucapión, como modo originario de hacerse al dominio de las cosas ajenas (CC, art. 765), se configura por los hechos, es decir, cuando se cumplen los requisitos propios que la estructuran, independientemente de que el poseedor haya o no demandado su reconocimiento, o de que se hubiere resuelto favorablemente su solicitud, mediante sentencia judicial en firme, providencia esta que es meramente declarativa de haber operado la adquisición.

Con otras palabras, el detentador de una cosa con ánimo de señor y dueño se vuelve su propietario, apenas cumple los requisitos legales necesarios para ello, es decir, en el caso de la prescripción adquisitiva extraordinaria —que es la que interesa en este asunto— cuando el bien está en el comercio humano y es poseído “sin violencia, clandestinidad o interrupción” por el tiempo fijado en la ley (CC, art. 2518), lo que, tratándose de viviendas de interés social, acontece al vencimiento del término de cinco años establecido en el ya citado artículo 51 de la Ley 9ª de 1989.

Esa comprensión de la usucapión, permite aseverar que cuando el artículo 44 de la Ley 9ª de 1989 consagró que son “viviendas de interés social todas aquellas soluciones de vivienda cuyo precio de adquisición o adjudicación sea o haya sido, en la fecha de su adquisición” (subrayas y negrillas no son del texto), equivalente a los salarios mínimos legales mensuales que el mismo precepto seguidamente señaló, en el evento de que la “adquisición” haya operado por el modo de la usucapión y, más exactamente, por la vía de la prescripción extraordinaria, ha de entenderse que ello tiene concreción con la consolidación de la señalada figura jurídica, esto es, al completarse el término de cinco años que fijó de manera muy especial el artículo 51 ibídem.

Tal criterio fue definido por esta corporación en sentencia de 12 de abril de 2004, oportunidad en la que expuso:

Concatenando las consideraciones anteriores encuéntrase que la prescripción adquisitiva es, por un lado, título originario de dominio, como lo contempla el artículo 765 del Código Civil y, por otro, un modo de adquirir los derechos ajenos, bajo las exigencias legalmente determinadas, lo que equivale a decir que por el solo hecho de cumplirse esas condiciones se tiene el dominio de las cosas, pudiendo en consecuencia el favorecido con la prescripción alegarla, accionando o defendiéndose, de la misma forma que podría argumentarlo al amparo de cualquier otro título de dominio. Ha de decirse entonces, por este sendero, que si el que alega la prescripción extraordinaria ha poseído en forma tranquila, pública, pacífica e ininterrumpida, por el tiempo que diga el legislador —que para el caso de la extraordinaria que regula el artículo 51 de la Ley 9ª de 1989 es de cinco años—, y estando el bien dentro del comercio, por ese solo hecho habrá alcanzado su dominio, pudiendo hacerlo valer legalmente ante propios y extraños.

Acerca del tema, la Corte, en sentencia de 27 de junio de 1923, expresó ‘que siendo la prescripción adquisitiva título constitutivo de dominio (CC, art. 765) y además un modo de adquirir las cosas ajenas, bajo ciertas condiciones determinadas por la ley, por la sola circunstancia de cumplirse esas condiciones se adquiere el dominio de las cosas, y el favorecido con la prescripción puede alegarla, ya como defensa o como fundamento de una acción de propiedad, de la misma manera que puede alegarse cualquier otro título de dominio.

En la prescripción extraordinaria conforme al artículo 2531 del Código Civil, si el que la alega ha poseído sin violencia, clandestinidad ni interrupción, por espacio de treinta años (hoy reducida a 20 años) la cosa comerciable objeto de la prescripción, ha adquirido por ello el dominio de esa cosa y puede alegar, ya sea demandando o defendiéndose, su carácter de dueño, fundado en la prescripción’ (G. J., t. XXX, p. 72).

Esta tesis fue reiterada por la corporación en fallo de 10 de diciembre de 1953 en el que, en efecto, dijo que quien ‘posea en las condiciones legales un bien corporal, raíz o mueble, que esté en el comercio, gana el dominio por prescripción, según lo enseña el artículo 2518 del mismo código. (...). Para adquirir por prescripción extraordinaria no se necesita título alguno y se presume en ella la buena fe sin embargo de la falta de un título traslaticio de dominio. Basta que la posesión sea continua, pública, tranquila y no interrumpida (art. 2.531)’ (G. J., t. LXXVI, p. 773).

Ha de verse, por consiguiente, que no obstante el contenido de los artículos 758 y 2534 de la obra citada, lo cierto es que puede alegarse la prescripción fundada tan solo en los hechos que la generan, ya que es la posesión desarrollada de la manera como se viene explicando el fenómeno que engendra el título. Es suficiente entonces poseer una heredad en las condiciones legales, para ganar su dominio, tal cual lo prescribe el artículo 2518 del Código Civil, sin que sea menester título traslaticio alguno anterior, toda vez que cumplidos tales presupuestos, el prescribiente es dueño; de donde se desprende que en este específico punto la usucapión, como hecho jurídico generador de la adquisición de los derechos ajenos, cumple la doble función de ser título y modo a la vez, desde luego que, por ello mismo, lo que le otorga al prescribiente la posibilidad de reputarse dueño y señor de un predio son los hechos posesorios realizados mediante el cumplimiento de aquellas exigencias.

La doctrina jurisprudencial expuesta, la Corte la reiteró, entre otras, en sentencias de 28 de febrero de 1955 (G. J., t. LXXIX, p. 565), 30 de julio de 1996 (G. J., t. CCXLIII, p. 154 y 155), y más recientemente en fallo de 11 de noviembre de 1999 (G. J., t. CCLXI, p. 945 y 946).

(...) Las reflexiones indicadas en los numerales que anteceden permiten a la Corte sostener que, para los efectos exclusivos de las contiendas judiciales en las que la aspiración del actor consista en que se declare que obtuvo por el modo de la prescripción extraordinaria el dominio, la adquisición a que hace referencia el primer inciso del artículo 44 de la Ley 9ª de 1989 —en la norma que tenía vigencia para cuando se dieron los hechos aquí juzgados—, no es aquella a través de la cual la hizo suya quien en el competente registro de instrumentos públicos figure inscrito como titular del dominio, como así fundamenta este cargo el casacionista, sino la usucapión del accionante, provista de todos los elementos que la ley exige, para que opere esta adquisición originaria, y no la derivada a la que alude el censor (Rad. 7077) (negrillas fuera del texto).

En pronunciamiento más reciente, al decidir un caso similar al sub lite, por cuanto allí también se trató de una acción reivindicatoria en frente de la cual la parte demandada propuso la excepción de prescripción adquisitiva extraordinaria del bien perseguido, por corresponder a una vivienda de interés social y haberlo poseído en los términos del artículo 51 de la Ley 9ª de 1989, la Sala puntualizó:

En función de la excepción de prescripción adquisitiva, en la modalidad de extraordinaria, alegada al contestarse la demanda, en el caso no existe polémica entre tribunal y recurrente, respecto a que dentro de los requisitos mínimos exigidos en la ley para clasificar un inmueble como ‘vivienda de interés social’, se encuentra el relativo al precio.

Igualmente, resulta pacífico en el proceso que ese valor debe determinarse a la ‘fecha’ de ‘adquisición’ del bien, como en el mismo precepto se prevé, con independencia, claro está, de si el título de ‘adquisición o adjudicación’, es derivativo o constitutivo del dominio. Tratándose de la prescripción, que es un modo originario de adquirir las cosas ajenas (CC, arts. 673 y 2512), lo dicho significa que la ‘fecha’ de ‘adquisición’ no puede ser otra que el momento en que se cumple el término de posesión material necesario para declarar la pertenencia.

Esa, precisamente, ha sido la posición de la Corte, al decir, reiterando doctrina anterior, en alusión al artículo 44, inciso 1º de la Ley 9ª de 1989, que el tema de la ‘adquisición’ allí referida, se entronca con el cumplimiento de los requisitos legales para adquirir las cosas ajenas, entre ellas el tiempo de posesión con ánimo de señor y dueño, caso en el cual ‘el favorecido con la prescripción puede alegarla, ya como defensa o como fundamento de una acción de propiedad, de la misma manera que puede alegarse cualquier otro título de dominio’.

Lo anterior se torna de capital importancia para efectos de determinar el precio del inmueble controvertido, por cuanto así se haya reconocido la posesión material de los demandados desde el 12 de diciembre de 1982, lo cierto es que la prescripción de cinco años para adquirir viviendas de interés social, alegada el 31 de mayo de 1995, fecha de contestación de la demanda, vendría a consumarse el 1º de enero de ese mismo año, en la medida en que no hubiere existido interrupción.

Esto, porque si bien el artículo 51 de la Ley 9ª de 1989, redujo, ‘a partir del 1º de enero de 1990’, a cinco y tres años los términos de la prescripción adquisitiva extraordinaria y ordinaria, la posibilidad de hacer valer la ‘posesión acumulada’ hasta esa fecha, como se había previsto en la misma disposición, fue declarada inexequible por la Sala Plena de esta corporación (CSJ SC, 29 sep. 2010, rad. 1994-00949).

3.2. Es evidente, entonces, la errada interpretación que el tribunal hizo del varias veces citado artículo 44 de la Ley 9ª de 1989, al estimar que el momento de la adquisición de un bien que califica como vivienda de interés social por el modo de la prescripción extraordinaria, acaece cuando quien así se ha hecho a su dominio reclama, mediante la formulación de la correspondiente demanda judicial, tal derecho.

Ese yerro jurídico es suficiente para provocar que sea casada la sentencia recurrida, pues fue como consecuencia de tal desacierto que el ad quem coligió que el inmueble aquí disputado tenía la calidad de vivienda de interés social, en tanto que estimó que para la fecha de presentación de la demanda reivindicatoria (ene. 11/2002), su valor ascendía a $ 39’977.658, y que, por lo mismo, no superaba el equivalente a 135 salarios mínimos legales mensuales para esa misma data ($ 41’715.000), inferencia que le permitió proseguir con la verificación del otro requisito propio de esa tipología de inmuebles —“la naturaleza y tipo de destinación”— que igualmente halló cumplido.

5. Por lo expuesto en forma precedente, el cargo prospera; sin embargo, y en atención a que en el proceso los juzgadores no ordenaron la estimación del valor del inmueble objeto de la litis para el 1º de enero de 1995, de modo que el dictamen primigeniamente presentado lo justipreció para el año 2006 y el decretado como prueba de la objeción que contra aquel se propuso, lo hizo para dicho año y el 2001, se torna indispensable, al tenor de los artículos 179 y 180 del Código de Procedimiento Civil, disponer la práctica del correspondiente avalúo, como se resolverá en la parte dispositiva de este fallo.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 17 de septiembre de 2010, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dentro del proceso referenciado, y actuando en sede de segunda instancia, al tenor de los artículos 179 y 180 del Código de Procedimiento Civil, decreta la siguiente prueba:

Practíquese un dictamen pericial a efecto de que se determine, para el 1º de enero de 1995, el valor del inmueble objeto del proceso, entendido como un todo, y por separado, del lote de terreno que lo conforma, así como de las construcciones en él levantadas para ese momento.

Con ese propósito, se nombra como perito a ___________________________________________. Comuníquesele su designación. Para su posesión se fija la hora de las _________ del día ______ del mes de _____________ del presente año. Se concede el término de diez (10) días para la presentación del correspondiente trabajo.

Por tratarse de prueba de oficio, los gastos que implique su práctica estarán a cargo de ambas partes, en proporciones iguales.

Sin costas en casación, por la prosperidad del recurso.

Notifíquese y cúmplase».