Sentencia SC11704-2016/2013-02919 de agosto 26 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente

Dr. Luis Alonso Rico Puerta

Rad.: 11001-0203-000-2013-02919-00

SC11704-2016

(Aprobada en sesión de cuatro de mayo de dos mil dieciséis)

Bogotá, D. C., veintiséis de agosto de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. La soberanía de los Estados alcanza una de sus más importantes expresiones en el hecho de que son sus propios jueces quienes imparten justicia en el respectivo territorio; no obstante, ese concepto ha adquirido una nueva dimensión en el ámbito del Derecho Internacional Privado, en respuesta a realidades como la creciente interrelación de los pueblos, el flujo generado en el tráfico mundial de bienes y servicios, al igual que otros fenómenos sociales de integración, y de acuerdo con ello, los países han implementado tratados, convenciones, protocolos y otros actos de derecho internacional, a fin de facilitar el reconocimiento y la ejecución de sentencias judiciales foráneas, como también de laudos dictados en arbitrajes internacionales, en países distintos a donde fueron emitidos; además, la gran mayoría de Estados, han adoptado leyes o prácticas jurisprudenciales, con ese mismo propósito.

2. En sintonía con esa tendencia, Colombia incorporó en el ordenamiento interno la institución procesal del exequátur, el cual constituye el mecanismo habilitado para homologar o autorizar la ejecución de providencias de aquella índole en territorio patrio.

Al respecto, el artículo 693 del Código de Procedimiento Civil, vigente para cuando se formuló la demanda, contempla que “[las] sentencias y otras providencias que revistan tal carácter, pronunciadas en un país extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria, tendrán en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese país, y en su defecto la que allí se reconozca a las proferidas en Colombia”.

Y en lo relativo al reconocimiento de laudos proferidos en arbitrajes internacionales en una sede distinta a Colombia, se aplica lo consagrado en el capítulo IX, sección tercera de la Ley 1563 de 2012.

3. A partir de lo previsto en la disposición transcrita, la jurisprudencia de la Corte Suprema, entre otros muchos, en el fallo CSJ SC10647-2015, memoró:

‘(...) en primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el país. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia (...)’ (G. J. t. LXXX, pág. 464, CLI, pág. 69, CLVIII, pág. 78 y CLXXVI, pág. 309, entre otras).

Así mismo se ha reconocido, que la reciprocidad puede estar a su vez basada en la práctica jurisprudencial imperante en el país de origen del fallo objeto de la autorización (CSJ S-071, 25 sep. 1996, rad. nº 5724).

4. Al verificar lo atinente a la “reciprocidad diplomática”, se advierte su inexistencia, porque obra información proveniente de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, indicativa de que “no reposa tratado alguno entre la República de Colombia y la República Italiana, ni tratado multilateral vigente en el que ambos Estados sean parte, que verse sobre el reconocimiento recíproco del valor de las sentencias pronunciadas por autoridades jurisdiccionales de ambos países en asuntos civiles y de familia” (fl. 81).

No obstante esa situación, sí aparece probada la “reciprocidad legislativa”, con la parte pertinente de la Ley nº 218 de 31 de mayo de 1995, con la cual se le introdujeron reformas al sistema italiano de Derecho Internacional Privado, estableciéndose en el artículo 65, que “[tienen] efecto en Italia, las sentencias extranjeras relativas a la capacidad de las personas, y las relativas a la existencia de relaciones familiares o de derechos de la personalidad, cuando hayan sido pronunciadas por las autoridades del Estado cuya ley se refiere a las normas de la presente Ley, o produzcan efectos en el ordenamiento de ese Estado, aun cuando hayan sido pronunciadas por las autoridades de otro Estado, siempre que no sean contrarias al orden público y los derechos esenciales de la defensa” (fls.166-173).

Adicionalmente, la embajada de Italia con sede en Bogotá, por intermedio de la Cancillería colombiana hizo llegar comunicación de 18 de junio de 2014, expresando que “[en] la legislación italiana nada impide que una sentencia emitida por las autoridades italianas sea reconocida como válida e incorporada a un ordenamiento extranjero. Análogamente sentencias extranjeras pueden ser reconocidas válidas e incorporadas en el ordenamiento italiano, salvo que no sean de violaciones de principios de derechos fundamentales” (fl. 146).

Y en los fallos CSJ SC17088-2014; 30 abr. 2008, rad. nº 2005-01118-00, y 6 nov. 2007, rad. nº 07649-01, incorporados al plenario, con sustento en la mencionada ley italiana, se dio por demostrada la condición atinente a la aludida “reciprocidad legislativa”.

5. En cuanto a los requisitos contemplados en el artículo 694 del Código de Procedimiento Civil, (vigente para cuando se presentó la demanda), reiterados sin modificaciones significativas, en el precepto 606 del Código General del Proceso, quedaron acreditados con las pruebas legal y oportunamente incorporadas al plenario.

5.1. Al respecto, obran evidencias sobre la ejecutoria del fallo objeto del exequátur, como la constancia plasmada en la partida de nacimiento del señor Giorgio Cantoni, indicativa de que “[con] sentencia del Tribunal de Bolonia nº 2868/11 depositada en la Secretaría el 12/10/2011 y con fuerza de cosa juzgada a partir del 13/01/2012, se ha pronunciado la disolución del matrimonio” (fl. 48).

Así mismo, reafirma la convicción de la firmeza de la mencionada decisión, el hecho de haber sido proferida en audiencia sin que aparezca impugnada, y la circunstancia de que los ex esposos hayan promovido el trámite de exequátur de manera conjunta.

5.2. Igualmente se verifica, que la sentencia en cuestión, no versa sobre derechos reales constituidos en bienes que se encontraren en territorio colombiano, sino que se refiere al divorcio del matrimonio religioso que unió a los demandantes, y tampoco es contraria al ordenamiento interno regulatorio de la institución del divorcio, porque en Colombia se encuentra autorizado con base en las causales del artículo 154 del Código Civil, modificado por el 6º de la Ley 25 de 1992, en las que se encuentra incluida la derivada de la “separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por más de dos (2) años”, supuesto que tuvo en cuenta el tribunal italiano para resolver el asunto bajo su conocimiento, indicando al respecto que “la separación se ha prolongado ininterrumpidamente durante un período mínimo de tres años a partir de la aparición de los cónyuges ante el presidente del tribunal en el procedimiento de separación personal”, y sin posibilidad de ser reconstituida la comunión material y espiritual entre ellos, “teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la separación y la voluntad manifiesta de las partes de no desear reconciliarse” (fl. 14).

Es importante resaltar, que a pesar de tratarse de un matrimonio católico, de manera reiterada la jurisprudencia de la Corte Suprema ha sostenido que no se infringe el orden público con el fallo foráneo de divorcio, en razón de hallarse en Colombia autorizada la cesación de efectos civiles del matrimonio eclesiástico, la cual genera los mismos efectos civiles de aquel.

Sobre ese particular, en el fallo CSJ SC9530-2014, se expuso:

(…), cuando se dispone en una sentencia extranjera el divorcio o disolución de un matrimonio religioso, esto es equivalente a la cesación de efectos jurídicos reglada en el artículo 152 del Código Civil, reformado por el 5º de la Ley 25 de 1992, sin que de tal forma se desconozca el orden público.

5.3. Téngase en cuenta también, que al presente trámite comparecieron personalmente los divorciados, sin que hayan generado reproche en lo atinente a las garantías procesales en lo relativo al proceso adelantado ante el tribunal italiano.

5.4. De otro lado se establece, que el asunto del divorcio, no era de la exclusiva competencia de los jueces colombianos, dado que los ex esposos se encontraban domiciliados en la República de Italia, y tampoco se incorporó elemento de juicio o información acerca de hallarse en curso otro juicio en nuestro país sobre similar pretensión, o providencia en firme sobre esa problemática.

5.5. Por último se observa, que la copia de la sentencia extranjera, se incorporó al proceso en su versión en italiano, con la respectiva traducción al castellano elaborada por traductor oficial, y fue apostillada conforme a la “Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros”, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961, aprobada en Colombia mediante la Ley 455 de 1998 (fls. 4-12).

Con relación a tal providencia resulta pertinente precisar, que fue “puesta en deliberación en la audiencia de la cámara del 27 de septiembre de 2011”, y proferida el “27 de octubre de 2011”, lo cual clarifica el hecho de mencionarse en la demanda como fecha del fallo, la primera reseñada, cuando la correcta es la segunda data, y será esta la que se incluya en la decisión.

6. Son suficientes las argumentaciones reseñadas para despachar favorablemente la petición de los demandantes, y dado su interés coincidente en este trámite, no hay lugar a imponer condena en costas, porque no hay parte vencida.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Conceder el exequátur solicitado por Aura Esperanza Díaz Sánchez y Giorgio Cantoni, en cuanto a la sentencia que decretó el “divorcio del matrimonio católico” que habían contraído el 20 de mayo de 1989 en la parroquia de San Ambrosio de Bogotá, proferida por el Tribunal de Bolonia - Primera Sección Civil, el 27 de octubre de 2011.

2. Para los fines previstos en los artículos 6º, 106 y 107 del Decreto 1260 de 1970, en consonancia con el artículo 13 del Decreto 1873 de 1971, se ordena la inscripción de esta providencia, junto con el fallo homologado, en los correspondientes registros del estado civil de la actora.

3. Secretaría libre oficios y adjunte copia autenticada de las aludidas piezas procesales, a costa de la interesada.

4. No imponer condena en costas.

Cópiese y notifíquese».