Sentencia SC-11770-2016 de agosto 25 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrada Ponente:

Margarita Cabello Blanco

SC11770-2016

Rad.: 76001-31-03-005-2006-00394-01

(Aprobada en sesión de cinco de abril de dos mil dieciséis)

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de agosto de dos mil dieciséis (2016).

Decide la Corte el recurso de casación formulado por Manuel Salvador Serna Zapata contra la sentencia proferida el 23 de abril de 2013 por la Sala Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali dentro del proceso ordinario del recurrente frente a la Corporación de Propietarios del Edificio y Parqueadero Torres Aristi.

ANTECEDENTES

1. Con demanda repartida al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cali pretende el actor que se declare a la corporación demandada “responsable extracontractualmente” por la denuncia que esta le formuló por los punibles de falsedad en documento privado y estafa, proceso penal en el cual se practicaron medidas cautelares y donde finalmente fue absuelto. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se condene a la demandada al pago de perjuicios materiales, en su modalidades de daño emergente -estimado en $ 51.796.841,oo, debidamente indexados- y de lucro cesante —tasados en $ 19.075.000— más $ 10.000.000,oo correspondientes a honorarios profesionales que hubo de pagar para su defensa penal.

Como causa de pedir, arguyó que fue denunciado por Armando Vizcaíno Terreros, ya fallecido, por los delitos de falsedad en documento privado en concurso material heterogéneo con estafa y en la modalidad genérica de agravación, acusación cuya instrucción correspondió a la Fiscalía 58 de la Unidad de Patrimonio Económico de Cali, la que se abstuvo de imponer medida de aseguramiento pero ordenó continuar el trámite sumarial, dentro del cual se constituyó en parte civil la propiedad horizontal demandada en este proceso.

El 24 de marzo de 2000 la Fiscalía dictó resolución de acusación por los presuntos punibles ya mencionados, correspondiendo su conocimiento al Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cali, despacho que, mediante sentencia del 24 de septiembre de 2004, absolvió de todos los cargos imputados al demandante Serna Zapata.

Interpuesto por este un incidente dentro del proceso penal para el pago de los perjuicios materiales y morales a él ocasionados, el juzgado penal mencionado tasó los patrimoniales en $ 51.793.841,oo y los morales en 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a $ 19.075.000,oo más su indexación. No obstante, esta decisión estimatoria fue finalmente revocada y anulada por improcedente por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, al considerar que estas pretensiones resarcitorias debían ser reclamadas ante la jurisdicción civil.

Se agrega en el libelo genitor que contra el demandante, comerciante de profesión y titular de dos establecimientos de comercio, se ordenaron en el curso de la investigación medidas cautelares de embargo, que recayeron sobre los referidos bienes mercantiles, lo que le acarreó perjuicios que en la demanda relata, así como burlas, amenazas y ofensas recibidas a diario “en el mismo edificio Parqueadero y Torre Aristi” donde reside junto a su esposa, hijo y suegra, quien “no aguantó más las amenazas, los insultos, los sufrimientos, falleciendo el 6 de marzo de 2004” (f. 152, cdno. Corte).

2. La demandada se opuso manifestando no constarle buena parte de los hechos. Adujo como excepción de mérito la que denominó “ausencia de temeridad y mala fe en la presentación de la denuncia y la constitución en parte civil”.

3. La primera instancia culminó con sentencia denegatoria de las pretensiones (fls. 254 a 265, cdno. 1), por lo que el actor en tiempo formuló apelación contra dicha decisión, que el Tribunal decidió con la confirmación del fallo del a quo.

LA SENTENCIA IMPUGNADA

En lo suyo, y luego de historiar el litigio, comenzó el tribunal por encuadrar el caso en el abuso en el ejercicio de un derecho, del que, entre otros asertos, dijo que

puede suceder cuando por pura malicia o mala fe o como consecuencia de un error grosero asimilable al dolo o a sabiendas desde un principio que la acción es completamente infundada y no tiene más propósitos que perturbar el contradictor” (fl. 19, cdno. Trib.).

Indica que no basta para predicar la responsabilidad pretendida, que se haya formulado en contra del demandante una denuncia, si se tiene en cuenta que ello incluso es una obligación que la Ley impone a todo ciudadano cuando tiene conocimiento de un hecho que eventualmente constituye un delito. Ni tampoco puede predicarse dicha responsabilidad porque aquel haya sufrido el enfrentamiento del litigio que incluyó la práctica de medidas cautelares, pues a pesar de haber salido airoso, tales actos no generan per se el perjuicio reclamado, el cual se estructura a partir de la conducta dolosa, temeraria o de mala fe del denunciante.

Reitera su postura con la invocación del deber de denunciar a que alude el artículo 67 de la Ley 906 de 2004 así como por la obligación que pesa en la Fiscalía, de adelantar la labor investigativa tendiente a verificar los motivos y circunstancias de la notitia criminis a que alude el inciso 1º del artículo 250 de la Constitución. En razón de lo anterior, prosigue la colegiatura, hay casos en los que no se admite la denuncia, particularmente, cuando ella carece de fundamento. En consecuencia, no es el mero hecho de denunciar, como sí la temeridad con que se actúe lo que permite deducir la culpa y con ella, si se comprueba el daño, la obligación resarcitoria.

Sobre el asunto sometido a su escrutinio, resalta en primer lugar que la Fiscalía no rechazó la denuncia, sino que por el contrario, profirió resolución de acusación en contra del demandante como presunto autor responsable del punible de falsedad en documento privado, de lo cual puede inferirse que en ese momento procesal se configuraban las bases para acusar.

A continuación puntualiza que el juez penal fundamentó su sentencia absolutoria en que no existía plena certeza en cuanto a la comisión del delito, esto es, porque la falsedad del acta no quedó plenamente establecida.

En consecuencia, para la colegiatura esas circunstancias permiten inferir que no hay malicia o perversidad en el denunciante, es decir, la denuncia se presentó sobre un fundamento serio por lo que resulta difícil encontrar esa temeridad que constituye el elemento central, tanto en el proceso penal como en las declaraciones de cuya falta de valoración se queja el actor apelante.

Seguidamente, y para dar respuesta a ese reclamo, extracta lo que entendió medular de los testimonios de Rubén Riascos Sánchez —trabajador del demandante— Manuel Andrés Serna Cortes y María Elena Cortés Quintero —en su orden, hijo y esposa del demandante— para indicar que sobre ellos recaen motivos de sospecha por las antedichas relaciones con el demandante, aserto que fundamenta con invocación del artículo 217 del Código de Procedimiento Civil para decir que dichas deposiciones, por sospechosas, deben ser tomadas en forma cuidadosa; pero que, en todo caso, todas ellas se refirieron a los daños padecidos por el actor más no a la temeridad con que la demandada formuló la denuncia, que “ni por asomo lo mencionan” (fl. 26, cdno. Trib.)

LA DEMANDA DE CASACIÓN. CARGO ÚNICO

Con estribo en la causal primera de casación, se acusa la sentencia de violación indirecta de los artículos 71, 72, 73, 74 del Código de Procedimiento Civil; 613, 2341, 2342, 2344 del Código Civil, y 2, 4, 6, 13, 29, 83, 209, 230 de la Constitución, como consecuencia de error de hecho en la apreciación de las pruebas.

En orden a demostrarlo, reseña como pruebas defectuosamente apreciadas la resolución de apertura de la instrucción por parte de la Fiscalía 58 de Patrimonio Económico de Cali, la demanda de constitución de parte civil, su admisión por parte de la Fiscalía y la resolución de acusación. Y como pruebas no apreciadas enuncia la sentencia absolutoria del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cali, la denuncia penal por falsedad y estafa contra el actor y los alegatos de conclusión presentados por la parte denunciante en los que solicita a la Fiscalía que se acuse al denunciado.

Luego de transcripciones de fragmentos del fallo impugnado, indica la censura que la demostración de la temeridad “parte de la misma denuncia penal, carente de fundamento legal, calumniosa, temeraria” (fl. 20, cdno. Corte) porque “una cosa es poner en conocimiento de la autoridad competente un hecho delictuoso y otra distinta, es denunciar con nombre propio a una persona” (ib.) caso en el cual no es que se esté cumpliendo con el deber de denunciar, sino que se incurre en una falsa denuncia, por ende abusiva y generadora de la responsabilidad a que alude el artículo 2341 del Código Civil. El recurrente a continuación, transcribe trozos de la denuncia.

Pasa a la sentencia penal, de la cual copia un segmento en el que se dice que el procesado indica que la verdadera acta es la que quieren hacer aparecer como falsa, al paso que la reproducida o suplantada por Esmeralda Rendón Orozco es la espuria. De allí infiere la censura que esa persona, entonces administradora de la corporación demandada, actuó con dolo.

Como hecho adicional, “constitutivo de los perjuicios causados” (f. 21, cdno. Corte) dentro del proceso penal, alude la censura al desconocimiento del Tribunal del hecho de que en ese entonces él como administrador de la corporación denunciante tenía facultad de contratar con terceros, otorgada por escrito por el presidente, prueba hecha valer en el proceso penal y a la cual se refirió la sentencia de primera instancia que allí se dictó, donde, por lo demás, se practicaron medidas cautelares solicitadas por la parte civil en contra del encartado Serna Zapata, que forman parte de la reclamación en este proceso civil.

La censura vuelve, casi literalmente, sobre los argumentos antes expuestos y resumidos, para luego pasar a explicar la razón por la cual los preceptos legales mencionados fueron transgredidos por el tribunal, explicación que ubica en la comisión de errores de hecho que dice expuestos para finalmente manifestar lo que en su opinión ha debido ser el sentido o alcance jurídico del fallo del ad quem.

CONSIDERACIONES

1. Como es sabido, las sentencias de los tribunales llegan, en sede de casación, escoltadas por una presunción de acierto del fallador en cuanto a que sus análisis fáctico y jurídico fueron atinados. Y como la naturaleza dispositiva del recurso extraordinario impide que la Corte de oficio enmiende cargos o subsane falencias en las acusaciones, la demanda del impugnante ha de ser completa, en cuanto que debe combatir idóneamente los argumentos o pilares que sostienen el fallo, de suerte que los aniquile todos, pues si deja uno enhiesto que le preste suficiente apoyo, esta corporación no está habilitada para quebrar la decisión combatida.

En materia de errores de hecho cometidos en la apreciación de las pruebas, y de acuerdo con los lineamientos normativos (último inciso del artículo 374 del CPC, en concordancia con el segundo del precepto 368 de la misma obra), resulta necesario que aquel, a más de trascendente o decisivo en la conclusión acogida por el juez, sea manifiesto, vale decir, protuberante o que se imponga al primer golpe de vista, lo que no sólo excluye que para su acreditación sea menester acudir a esforzados razonamientos sino que no puede bastar para su estructuración la presentación de una simple discordancia de opiniones entre censor y tribunal, así las de aquel resulten plausibles, ni es suficiente la exposición de dudas razonables a partir de la presentación de un modo de apreciar el caudal probatorio quizás más estructurado que el del fallador.

De lo dicho se desprende que el ataque en casación, total y preciso, ha de dirigirse a todos aquellos soportes que lo sustentan, sin que quepan disertaciones ajenas a tales propósitos, defecto que en la técnica de este recurso se conoce como desenfoque.

Sobre estos tópicos ha enseñado la corporación:

[E]n razón a la naturaleza misma del recurso de casación y su reglamentación legal cuando se apoya en la primera de las causales que consagra el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, el escrito destinado a fundamentarlo después de habérsele concedido al litigante interesado en hacerlo valer, debe contener una crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que dicho litigante estima equivocadas, señalando asimismo las causas por las cuales ese pronunciamiento materia de impugnación resulta ser contrario a la ley. Y para que este requisito quede satisfecho del modo que es debido, es indispensable que esa crítica guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivación que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcción jurídica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no los que objetivamente constituyen fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto técnico por desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente”.

De otra parte, para la cabal estructuración de un cargo soportado en la causal primera de casación, la mera invocación de normas legales o constitucionales como infringidas no es suficiente, desde luego que si la vía indirecta de violación normativa fue la escogida no puede quedarse satisfecho el censor con intentar la demostración del error sino que a partir de allí debe conectar dicha falencia fáctica con la infracción de la norma que es o ha debido ser la esencial en el fallo. En consecuencia, no sirve a los propósitos de éxito del recurso la prolija invocación de preceptos. Por lo demás, en el caso de los constitucionales, si bien es dable admitir que algunos consagran derechos incluso sustanciales, muchos de estos —por su tesitura abierta— requieren de desarrollo legal, razón por la cual, en este evento preciso, son los preceptos legales los llamados a ser invocados y no los constitucionales. A modo de ejemplo, repárese en el texto del artículo 2º de la Carta, denunciado como infringido por la censura:

Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 

Resulta incuestionable entender que si el Estado tiene por fin, por ejemplo, promover la prosperidad general, o garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, o asegurar la convivencia pacífica, o la vigencia de un orden justo, o la protección de las personas en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos, los ciudadanos tenemos el derecho a esperar que el Estado cumpla con ese cometido. Pero si se aceptara que la invocación de una norma como la anterior es suficiente a los efectos casacionales, su textura abierta permitiría que ella y otras más de su estilo fuesen las que siempre se invocase con éxito, acabándose así la función de tutela del derecho objetivo que se le atribuye a la Corte, pues quedaría sin desarrollo práctico, sin unificación interpretativa, sin concreción y ponderación adecuada, el grueso volumen de normas de estirpe sustancial, que en razón de situaciones fácticas concretas crean, modifican o extinguen derechos entre los implicados en ella. Son esas las normas que deben invocarse y no aquellas que, como la mencionada, por su poder abarcador y casi totalizante, engloba disímiles y múltiples derechos.

En todo caso, tanto en cánones constitucionales que como en preceptos legales, contentivos propiamente de normas sustanciales, debe el recurrente explicar por qué considera que han sido transgredidos por el fallador, sin que con ello pretenda la Corte revivir la exigencia de acierto en el concepto de la violación, sino tan sólo, requerir que el censor apuntale precisamente la razón de ser de la causal primera, esto es, la violación normativa en el marco de la situación litigiosa. Es una tarea medular que, más allá de la demostración del error, encarrila a la Corte en su misión nomofiláctica

2. De todo cuanto se dice en el cargo, la mayor parte transcripciones del fallo y de piezas procesales, sobresale el hecho de que la censura, en últimas, precisa que en el análisis probatorio llevado a cabo por el sentenciador, no reparó este en las afirmaciones contenidas en la denuncia penal que, por falsas, implicaban la responsabilidad. Son sus palabras:

“una cosa es poner en conocimiento de la autoridad competente un hecho delictuoso y otra distinta, es denunciar con nombre propio a una persona, pues en caso de resultar que el denunciado no fue el autor de los delitos que se le endilgó, no se está cumpliendo con un deber de denunciar, sino por el contrario, se incurre en una falsa denuncia a persona determinada, con un ánimo mendaz de causar daño y con un actuar temerario”. 

Por su parte, el juzgador colegiado, a partir del análisis contextual de la denuncia, su admisión, la resolución de acusación y la razón de la absolución en la sentencia penal, llegó a la conclusión de que no había temeridad o mala fe en la primera, previa advertencia de que poner en conocimiento un hecho que el denunciante entiende delictivo es tenido por la ley como deber, al cual, por lo demás, se le rodea de algunas exigencias mínimas que permitan al ente investigador inadmitirla cuando carece de fundamento. Con ese encuadre teórico dedujo que si la denuncia no fue inadmitida, si la Fiscalía dictó resolución de acusación y si, finalmente, fue exonerado el ahora demandante por dudas acerca de cuál era el acta a la sazón mistificada, no cabía predicar temeridad o mala fe en la aludida denuncia.

Tal hilo conductor quedó sin ataque idóneo alguno en el cargo que se analiza, por lo que, sin mayores abundamientos, puede fácilmente colegirse que la sentencia debe mantenerse, sin que por otra parte, deje de resaltar la Corte que la exigente labor del casacionista, en casos como el que muestra estos autos, ha de consistir, si de error de hecho como vía indirecta de violación preceptiva se trata, en demostrar que una conclusión como la anterior fue el fruto de crasas equivocaciones fácticas por desfiguración de esas pruebas, para lo cual debe contrastar lo que ellas evidencian y lo que el juzgador de allí dedujo, a efectos de que emerja su demostración, para de allí pasar a dejar establecido cómo esas falencias en el campo probatorio condujeron a la infracción de las normas invocadas, nada de lo cual aparece en el cargo.

3. No obstante, juzga la Sala conveniente reiterar su doctrina en torno a la responsabilidad civil que puede derivarse del ejercicio del derecho-deber de denunciar, esto es, de la actividad de quien informa o pone en conocimiento de la autoridad por ley llamada a investigar, un hecho que califica y entiende como delictivo, con expresión de las circunstancias modales y tempo-espaciales que permiten a aquella darle visos de fundamentación, hecho lo cual, esto es, superada esa primera etapa, dicha autoridad —la Fiscalía—, titular de la acción penal, adelanta las pesquisas que pueden desembocar en la acusación del investigado y en últimas, en su condena penal proferida por la autoridad judicial competente.

En sentencia de casación del 11 de octubre de 1977, a modo de síntesis y recopilación de su entonces ya aquilatada doctrina sobre la materia, dijo la Corporación:

Desde el año de 1935 la Corte viene sosteniendo, uniforme y reiteradamente, la doctrina de que sólo cuando el denunciante de una infracción penal procede con intención de perjudicar al denunciado, o lo hace sin la cautela, cuidado o diligencia con que suelen obrar las personas prudentes, y de tal actuación surge un daño, incurre en la responsabilidad civil consagrada por el artículo 2341 del Código Civil, por razón de la cual está obligado a reparar los perjuicios causados al procesado. 

Lo cual significa que, en torno a la cuestión de la responsabilidad civil que corresponda por el denuncio a la autoridad de la comisión de ilícitos penales, la jurisprudencia colombiana ha rechazado los criterios absolutistas: no releva de dicha responsabilidad a quien, en ausencia de las precauciones que como hombre prudente y diligente ha debido tomar, para proteger su propio interés cumple con ese mandato deber que le impone la ley; tampoco la consagra por el solo hecho de que a la denuncia no la acompañe en últimas el buen éxito, porque ello no significa automáticamente que haya incurrido en culpa. 

En dicha providencia transcribe esta Corte fallos del 24 de agosto de 1938 (G. J., T. XLVII, pág. 57), del 7 de marzo de 1944 (G. J., Tomo LVII, 76), de 30 de abril de 1962 (G. J. T. XCVIII, 375). Y en fecha más reciente, haciendo acopio de precedentes suyos, volvió a decir (SC 099-2006 del 2 de agosto de 2006, rad.50001-31-03-001-1999-00054-01):

Sobre este particular ha reiterado la Corte que “... en cuanto concierne al correcto tratamiento del fenómeno jurídico del abuso del derecho, únicamente cuando el denunciante de una infracción penal actúa entonces con intención de perjudicar al denunciado, o lo hace sin el cuidado con el que normal y ordinariamente obran las personas prudentes, y de tal proceder se genera un daño, aquél incurre en la responsabilidad civil prevista en el artículo 2341 del Código Civil, quedando en la obligación de resarcir el perjuicio causado al sindicado. 

Igualmente ha sostenido esta corporación que ‘no porque una investigación o proceso penal originado en una denuncia particular termine con auto de sobreseimiento definitivo, tiene por solo ello que reputarse como establecida la culpabilidad del denunciante, puesto que el sobreseimiento ha podido producirse en virtud de incidencias o factores sin repercusión sobre las circunstancias ante las cuales el agente estuvo colocado y que permitirían configurar de su parte una conducta juiciosa, arreglada a la mente de la ley’ (G.J. T. XCVIII, 375). Dicho en otros términos, para deducir responsabilidad civil frente a quien ha denunciado a otro como autor de la comisión de un hecho punible, no basta la declaratoria de improcedibilidad de la acción penal o la terminación del proceso -resolución inhibitoria, cesación de procedimiento, preclusión de investigación, sentencia absolutoria-, sino que es necesario acreditar plenamente el ánimo de perjudicar o que por parte del denunciante existió un error de conducta al formular la denuncia, en virtud a que en este tipo de controversias es punto de partida la presunción de buena fe que ampara las actuaciones de los particulares en todas las gestiones que adelantan ante las autoridades públicas (art. 83 C.P.)” (Sent. Cas. Civ., de 17 de septiembre de 1998, Exp. 5096). 

4. La extensa transcripción jurisprudencial, hecha con la deliberada finalidad de reiterar la sólida posición que en esta materia ha mantenido la Sala de Casación Civil, muestra sin asomo de duda que la configuración de una responsabilidad civil por el hecho de formular una denuncia penal entraña una exigente prueba, el animus nocendi o el error de conducta en que consiste la culpa, desde luego que entender causado un perjuicio tan solo por denuncia penal que termina sin condena sería tanto como cercenar a los ciudadanos el derecho fundamental de libre acceso a la administración de justicia por el justo temor de que el denunciado le demande por perjuicios. Y privaría además al Estado de la esperada colaboración de aquellos en el mantenimiento de la armonía y paz sociales, denunciando los hechos que estiman delictivos.

Precisamente por los perjuicios potenciales y de todo orden que el acto de denuncia puede desencadenar, la Ley se ha cuidado de rodearlo de algunas exigencias mínimas, constatables en las diversas legislaciones que a lo largo del tiempo la han regulado(1): a) Debe hacerse bajo juramento; b) verbalmente o por escrito, pero en todo caso se deja constancia del día y hora de su presentación; c) debe estar motivada, pues ha de contener una relación detallada de los hechos que conozca el denunciante, y d) este debe manifestar, si le consta, que los mismos hechos ya han sido puestos en conocimiento de otro funcionario.

A lo anterior se suma el hecho, también preventivo de daños potenciales, referido a que la autoridad competente califique esa primera información que recibe, debiendo inadmitir las denuncias sin fundamento. Y, a partir de 2002, en atención a lo dispuesto en el Acto Legislativo Nº 2 de ese año, modificatorio del artículo 250 de la Constitución Política, quedó aún más precisado este actuar tutelar de derechos de terceros ante conductas virtualmente dañosas, al prescribirse en ese canon que “la Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo”.

Lo anterior pone de presente que para arribar a la conclusión de que una denuncia penal ha constituido la fuente de un daño resarcible, es menester la demostración de un juicio de reproche de la conducta del denunciante en cuanto que actuó con negligencia, imprudencia, malicia, temeridad, mala fe o dolo, cuestiones todas de hecho que el ordenamiento colombiano intenta detener en sus efectos, con la calificación de la misma denuncia por parte de la autoridad llamada a investigarla, con lo cual se obtiene una primera valoración sobre su seriedad cuando aquella autoridad la admite, y continúa durante la etapa de la investigación la que, si concluye en una acusación ante un juez penal, disipa aún más esas connotaciones culposas o dolosas que se exigen para la configuración de la responsabilidad civil. A lo anterior se suma el hecho de que si a la sentencia penal absolutoria se llegó como consecuencia de dudas razonables de la autoridad sobre la autoría del punible o sobre la existencia del mismo y no por la cabal demostración de la inocencia del inculpado, sube de punto la dificultad probatoria de acreditar un error de conducta reprochable en la denuncia penal formulada.

5. Por lo demás, en lo que hace al reparo del recurrente consistente en que una acusación a persona determinada es algo distinto de poner en conocimiento de la autoridad un hecho delictuoso, y con base en ello afirmar que en este caso no apreció el tribunal las pruebas falsas que en la denuncia se incluyeron con ánimo de engañar al juez penal, debe la Corte realizar dos precisiones: la primera, ya esbozada enantes, que apunta a la necesidad de determinar cuáles son esas pruebas regularmente allegadas al proceso civil que el Tribunal dejó de ver, exponer qué dicen y cuál es su trascendencia en la decisión adoptada, requisito que la censura no cumplió. Y la segunda, aclarar esa afirmación de la censura acerca de que la falsa denuncia a persona determinada a la sazón no exitosa conlleve responsabilidad.

En reciente fallo, que recoge y reitera jurisprudencia anterior suya, la Sala de Casación Penal de esta Corte, doctrinó:

2. El artículo 436 del Código Penal prevé el delito de falsa denuncia contra persona determinada así: «El que bajo juramento denuncie a una persona como autor o partícipe de una conducta típica que no ha cometido o en cuya comisión no ha tomado parte...». 

A su turno, esta corporación frente a los presupuestos para su configuración ha señalado: 

“El deber de denunciar que tiene toda persona previsto en el artículo 27 de la Ley 600 de 2000 —artículo 67 de la Ley 906 de 2004— con la excepción prevista en la Constitución y la Ley, se vincula con su derecho fundamental de acceso a la justicia y de la correlativa obligación de poner en conocimiento de las autoridades los delitos de cuya comisión tenga conocimiento. 

Ese derecho-deber únicamente exige que el denunciante haga una narración veraz de los sucesos que como persona común le parece han de ser denunciados, sin que esté obligado a probar que esos hechos constituyan infracción a la ley penal, lo cual a su vez le permite cumplir con el deber de solidaridad con la comunidad al contribuir con la administración de justicia... 

En esas circunstancias, el tipo penal no pretende —y no es esa su pretensión— abarcar la conducta del lego bajo el supuesto de ser preciso en la imputación jurídica; lo que él sanciona, es la denuncia objetivamente contraria a lo acaecido en el mundo exterior, esto es, la falsedad sobre algunos de los supuestos previstos en la norma, es decir que la persona señalada como autora o partícipe de un hecho no lo ha cometido o participado en él...”(2)... 

“Es de la esencia de la conducta la maliciosa intencionalidad que debe acompañar el comportamiento de su autor, vale decir, el denunciante temerario debe saber y tener la certidumbre de que la conducta que enrostra a una persona determinada, o no ha existido o en relación con ella el denunciado fue totalmente ajeno...”(3). CSJ SP, 22 jul. 2010, Rad. 33.749. 

En tal virtud, lo que sanciona el tipo penal es la falsa imputación de conductas punibles, a título de autor o participe, a una persona en concreto y bajo la gravedad de juramento, fundada en afirmaciones mendaces y con pleno conocimiento de ello...” (CSJ SP4364-2015, del 16 de abril de 2015).

Pues bien, si en el ámbito penal, la falsa denuncia debe ser dolosa, en el civil, como atrás quedó dicho, para ser fuente ella de una obligación de resarcimiento, es más amplia, desde luego que abarca además el error de conducta en el que una persona prudente y diligente no incurre puesta en las mismas circunstancias externas del presunto autor del daño, lo que se traduce en una imprudencia o negligencia que debe quedar cabalmente acreditada, sin que el hecho de que pueda calificarse de falsa la denuncia que no culminó en condena, de acuerdo con la jurisprudencia penal antes descrita, ni menos pueda per se constituirse fuente de responsabilidad extracontractual.

6. En suma, las falencias de la demanda, el reproche en ella incluido con una base teórica de la que parte y que no es cierta y la particularidad de que siendo una cuestión de hecho la calificación del tribunal sobre el carácter culposo o doloso de las afirmaciones del denunciante —lo que exige en el plano casacional que quede demostrado fehacientemente el error de éste en ello— conducen a que el cargo examinado fracase.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 23 de abril de 2013 por la Sala Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali dentro del proceso ordinario Manuel Salvador Serna Zapata frente a la Corporación de Propietarios del Edificio y Parqueadero Torres Aristi.

Costas a cargo de la parte recurrente. Conforme lo previene la Ley 1395 de 2010, se fija por concepto de agencias en derecho la suma de $ 6.000.000.oo., atendiendo que la parte opositora hizo presencia al descorrer el traslado.

La Secretaría procederá a la práctica de la liquidación correspondiente.

Cumplido lo anterior, el expediente deberá retornar a su lugar de origen dejando, previamente, las constancias del caso.

Cópiese, notifíquese y, en su momento, devuélvase.

Magistrados: Álvaro Fernando García Restrepo—Margarita Cabello Blanco—Fernando Giraldo Gutiérrez—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.

1 Artículos 21 del Decreto 50 de 1987, 27 del Decreto 2700 de 1991, 29 de la ley 600 de 2000, 69 de la Ley 906 de 2004. Este último precepto exige que “quien la reciba advertirá al denunciante que la falsa denuncia implica responsabilidad penal”.

2 Auto única instancia, julio 13 de 2009; Rad. 30.593. En la sentencia de agosto 10 de 2005 la Corte ha dicho que la “conducta forma parte de los comportamientos que atentan contra la eficaz y recta administración de justicia, es decir, que con ella se busca que la actividad judicial no se vea afectada en la extralimitación en el normal ejercicio del deber de denunciar, esto es, cuando el ciudadano incurre en un abuso o en una desviación del mecanismo de la denuncia para imputar falsamente a otro conductas punibles que no ha cometido o en cuya ejecución no participó”.

3 Auto única instancia de marzo 12 de 2008, Rad. 28972.