Sentencia SC11803-2015/2009-00329 de septiembre 3 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC11803-2015

Radicación 73001-31-10-005-2009-00329-01

(Aprobada en sesión de veintiuno de abril de dos mil quince)

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Armando Tolosa Villabona

Bogotá, D.C., tres de septiembre de dos mil quince.

Casada la sentencia de 12 de enero de 2012 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala Civil-Familia, procede la Corte a emitir el fallo sustitutivo, a fin de resolver el recurso de apelación de la parte demandante contra el proveído de 30 de mayo de 2011, emitido por el juzgado 5º de Familia de Ibagué.

1. ANTECEDENTES

1.1. La actora María Cecilia González Cortés solicitó declarar que entre ella y el extinto “Julio César Bermeo Vargas”, existió una unión marital de hecho durante el período comprendido entre el 4 de junio de 2006 y el 16 de agosto de 2008, y en consecuencia, disuelta la sociedad patrimonial conformada, y en estado de liquidación.

Como fundamento de lo impetrado, la demandante manifiesta que convivió con Bermeo Vargas, desde febrero de 2004 hasta el 16 de agosto de 2008, cuando se produjo el deceso de este, con efectos legales a partir del 6 de junio de 2006, fecha de disolución de la sociedad conyugal del causante con Nubia Inés Galindo de Bermeo.

1.2. Los hijos del difunto, Juan Carlos Bermeo Peralta, Elsa Gineth Bermeo González, Angie Daniela Bermeo Cárdenas, Andrés Felipe Bermeo Torres, Diana Mercedes y César Augusto Bermeo Galindo, se opusieron a lo impetrado, argumentando que durante el lapso de la indicada relación, inferior a dos años, su padre, además de estar casado, convivió con Elsa González Canal, María Elsi Cárdenas Gómez y Mariluz Torres Ramírez.

El curador ad litem de los herederos indeterminados del fallecido se pronunció en el sentido de atenerse a lo probado en el proceso, en tanto que Fabio Alexander Bermeo González, declarado judicialmente hijo de aquel e igualmente vinculado como accionado, no contestó la demanda.

1.3. El Juzgado Quinto de Familia de Ibagué, a partir de la prueba testimonial y documental, donde consta que Mariluz Torres Ramírez era beneficiara del causante en el sistema de salud, y en particular, el acta de conciliación de 27 de febrero de 2008, mediante la cual los antes nombrados “acordaron ‘disolver la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes derivada de su unión libre (…)’”, negó las súplicas al inferir que aquel y la accionante “no tuvieron una comunidad de vida estable y permanente que alcanzara a fundar la unión marital pretendida; tuvo el señor diversas relaciones simultáneas con otras mujeres, que no dejó evidenciar un único vínculo de amor, lealtad o fidelidad que los identificara como un único par estable (...)”.

Indicó, si bien la actora y el causante sostuvieron una relación sentimental, compartiendo “espacios y tiempos (...) no se alcanzó a formar la comunidad de vida, con las características legalmente definidas que identifican la unión marital y sociedad patrimonial, por carecer del requisito de singularidad”, pues la revelada acta “hace presumir (...) que a esa fecha del 27 de febrero de 2008 el señor mantenía otra convivencia ‘en unión libre’”, con Mariluz Torres.

La demandante y sus testigos, agregó, solo señalan que aquellos convivían, sin concretar tiempo y espacio de esa situación, tampoco “narran hechos o acontecimientos vividos como pareja dentro del espacio de un hogar que reflejen la cotidianidad de una vida marital”; por el contrario, las mismas convocadas, como Elsa González, María Elsy Cárdenas y la propia Mariluz Torres, quien sostiene haber hecho vida marital con el causante, reconocieron la “pluralidad de parejas” de este.

1.4. La demandante, en sustento de la apelación propuesta, le increpa al a quo no haber tenido en cuenta que a Mariluz Torres, Elsa González y a quienes afirmaron ser compañeras concomitantes del fallecido, con hijos comunes, les interesaba negar las súplicas de la actora para preservar la cuota sucesoral de sus descendientes, circunstancia que lo indujo a desconocer, en conjunto con los declarantes de la parte demandada, la existencia de la unión marital cuyo reconocimiento se pretende.

En cambio, agrega, quienes carecían de ese interés nocivo, afirmaron la convivencia singular, permanente e ininterrumpida de la actora con Julio César Bermeo Vargas, durante el tiempo alegado, es decir, como marido y mujer, y con negocios comunes.

1.5. Al desatar la alzada, el Tribunal avaló la decisión impugnada, en esencia, porque de las pruebas analizadas se infería que la relación de la demandante con el interfecto, no reunía los presupuestos de permanencia y singularidad, por lo menos con anterioridad al 27 de febrero de 2008, cuando terminó su relación con Mariluz Torres Ramírez, pues con posterioridad, hasta el 16 de agosto del mismo año, fecha del deceso de Bermeo Vargas, no se completó el término de dos años legalmente exigido para el nacimiento de la unión marital de hecho.

Agregó el ad quem, antes del 6 de junio de 2006 no era viable el surgimiento de sociedad patrimonial entre los cónyuges Julio César Bermeo Vargas y Nubia Inés Galindo de Bermeo, con ninguna otra persona, puesto que respecto del matrimonio católico entre ellos contraído, en esa fecha se decretó la cesación de efectos civiles.

1.6. La anterior decisión fue infirmada por la Corte, mediante sentencia de 26 de agosto de 2014, al decidir el recurso de casación propuesto por la actora, al resultar contraevidente concluir que la relación únicamente surgió a partir del 27 de febrero de 2008, y hasta el 16 de agosto de 2008, cuando falleció Bermeo Vargas.

2. CONSIDERACIONES

2.1. La familia ha sido considerada como la más antigua e importante de las agrupaciones y a la vez, célula de la sociedad, construida por vínculos jurídicos, como el matrimonio, o naturales, estos últimos a partir de la decisión libre de conformarla mediante la convivencia singular y permanente.

2.2. Con antelación a 1990, la legislación no tenía en cuenta las relaciones de pareja carentes de vínculo nupcial para reconocerlas como una forma natural de organización de la familia, no obstante que la realidad social reflejaba el permanente crecimiento de esas manifestaciones de convivencia. Debió esta Corte, precisamente, llenar el vacío legislativo, al reconocer los derechos de la familia natural y de los compañeros mediante una abigarrada doctrina humanista gestada desde el memorado fallo de casación del 30 de noviembre de 1935, bajo el paradigma de la sociedad de hecho entre compañeros.

Por esto, la Ley 54 de 1990, la cual, además de reconocer la existencia de la familia natural, suceso social incuestionable, dado que como se justificó en la exposición de motivos, “son más los hijos nacidos de las relaciones extramatrimoniales de sus padres que del matrimonio civil o religioso”(1), llenó el vacío legal existente en una materia que interesa al bienestar parental y que no podía quedar al margen de la salvaguardia Estatal.

En esa virtud, la referida normatividad señaló que a partir de su vigencia, “para todos los efectos civiles, se denomina unión marital de hecho, la formada entre un hombre y una mujer (...), que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular”, y a sus integrantes los denominó “compañero y compañera permanente” (art. 1º).

Es de aclarar, mediante Sentencia C-075 de 2007, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada de la indicada reglamentación, “(...) en el entendido que el régimen de protección en ella contenido se aplica también a las parejas del mismo sexo (...)”.

Así entonces, la unión marital de hecho se estructura cuando entre dos personas, de igual o diferente sexo, deciden conformar una comunidad de vida con designio permanente y talante singular, sin que necesariamente se requiera de una convivencia superior a los dos años, para que esta florezca a la vida jurídica.

Según el artículo 2º de esa normatividad, da lugar a la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, cuyo reconocimiento se supedita a la prolongación de dicha condición por más de dos años y, de hallarse impedido legalmente alguno o ambos compañeros permanentes para contraer matrimonio, que tengan disueltas sus sociedades conyugales, así no la hubieren liquidado, cual lo tiene definido la jurisprudencia de esta Sala(2) e inclusive de la Corte Constitucional(3).

2.3. Confrontado el fallo del juzgado y las razones de la apelación, pronto se advierte, la decisión debe ser revocada.

2.3.1. Si el Tribunal encontró estructurados los requisitos de la unión marital de hecho reclamada, entre el 27 de febrero de 2008, supuestamente cuando Bermeo Vargas terminó una relación anterior de la misma naturaleza, hasta el 16 de agosto de 2008, fecha de su deceso, esto habría sido suficiente para modificar la decisión cuestionada.

Como tal conclusión quedó indemne en casación, pues lo contraevidente se entroncó con el tiempo anterior, cabe observar, el hecho de no haber alcanzado a “(...) transcurrir un período superior a los dos años (...)”, simplemente obstaba, como lo sostuvo el ad quem, la sociedad patrimonial.

2.3.2. Lo mismo debe decirse, respecto del tiempo de convivencia singular y permanente con antelación al 27 de febrero de 2008, porque el propio fallecido, en declaración extraproceso rendida el 11 de agosto de 2008 ante el Notario Tercero del Círculo de Ibagué, manifestó “que es un hecho cierto que: hago vida marital de hecho desde hace 2 años y medio con la señora María Cecilia González Cortés identificado (sic) con la cédula de ciudadanía: 65.772.684 de Ibagué (...)”.

2.3.3. En la sentencia de casación se completó la regularidad de la anterior confesión, puesto que en la resolutiva se decretó tener como prueba el documento que la contiene, sin que la parte contra la cual se opone se haya pronunciado.

2.3.3.1. Desde luego, la confesión puede ser judicial o extrajudicial, la primera realizada al interior del proceso cuando el juez en ejercicio de sus funciones media y participa directamente en su práctica; la segunda, es cualquiera otra que se produce por fuera del juicio respectivo, en forma verbal o escrita. En el caso de esta última, aducirla e incorporarla a la controversia, implica utilizar y recurrir a otro medio probatorio, como “prueba de la prueba”, por ejemplo, documentos, testimonios, presunciones, etc., para establecer su existencia; de modo que su fuerza probatoria depende de la certidumbre, de la veracidad y del vigor de las pruebas que la verifican(4).

Un documento puede acreditar una confesión extrajudicial, tal cual antaño aludía el artículo 604 del Código Judicial, o el 637 ejusdem lo ejemplificaba: “(...) un documento privado tiene fuerza de confesión judicial acerca de sus estipulaciones (...) cuando han sido extendidos, registrados o reconocidos en la forma legal por las personas que deben cumplirlas”.

De ahí, al decir de la Corte, citando a Redenti, “(...) se trata de ‘una probatio probanda (prueba que debe ser probada), y se resolverá en un desplazamiento del thema probandum (tema de la prueba) (del hecho confesado al hecho de haberse realizado la confesión)’, situación que el mismo autor ejemplifica así: ‘... quien hace un pago, es corriente que se haga librar por la otra parte la confesión de haberlo recibido (recibo). Si ello no obstante y después de que ello ocurra, se pide en juicio su condena a pagar, bastará para hacer que se rechace la demanda ope exceptionis (en virtud de la excepción), que produzca, es decir haga conocer oficialmente al juez, el recibo, adquiriéndolo para los autos. El recibo (como escritura privada...) probará la confesión; la confesión a su vez probará la realización del pago, y este (si no obsta otra cosa) valdrá para hacer que se acoja la excepción’ (Derecho Procesal Civil, Tomo I, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, pág. 286)”(5).

2.3.3.2. Ahora, si quien confiesa no puede comparecer a juicio por haber fallecido, implica demostrar por el litigante interesado y valorar por el juez, como exigencias básicas las siguientes: 1. Los elementos de convicción que permiten incorporar o acreditar que allí se produjo una confesión, esto es, la prueba de la prueba, la probatio probanda, que puede ser cualquiera de los medios autorizados por ley(6); 2. La legalidad y eficacia probatoria de la declaración para escrutar si allí se configura una confesión, en los términos del art. 195 del Código de Procedimiento Civil, o de la norma pertinente; y 3. La oponibilidad, efectos o fuerza probatoria que la confesión dimana frente a los sucesores del fallecido, citados a juicio.

(i) En el caso, atinente al primer requisito destacado, acreditada se halla la existencia del documento contentivo de la declaración otorgada ante notario por el fallecido, el cual cumple las previsiones del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, originando certeza del mismo.

(ii) En relación con el segundo elemento, sin duda, allí se advierte la presencia de una confesión extrajudicial, porque esa declaración expresamente reconoce la existencia de una unión marital por un período determinado con la demandante. Es una manifestación realizada en forma consciente, espontánea y libre que versa sobre hechos personales del declarante, quien actuó con plena capacidad para hacerla; el medio confesorio es admisible frente a los hechos objeto de prueba; además, tiene efectos probatorios adversos en contra del declarante y favorecen a la parte contraria, sin desconocer como adelante se analizara, un conjunto de medios probatorios adicionales que la avalan.

(iii) Y el tercer punto, tocante con los causahabientes convocados al declarativo de unión marital, resáltase, no desquiciaron su autenticidad dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia de casación, ni hicieron ninguna manifestación sobre la firma impuesta, en los términos del artículo 289 del Código de Procedimiento Civil, todo por supuesto, como “sucesores del causante a quien se atribuye” (art. 252 num. 3º, ib.), no obstante, la trascendencia del mismo para la decisión.

2.3.3.3. De otra parte, los demandados tampoco acreditaron la inexistencia de los requisitos legales para ser tenido en cuenta la declaración extraproceso como confesión (CPC, art. 195), a pesar de actuar como continuadores o sucesores de la personalidad del causante, vinculados por los efectos y la eficacia probatoria del respectivo medio, dentro de los confines espacio-temporales o históricos contenidos en él.

Nótese, de acuerdo con las reglas 1012 y 1013 del Código Civil, el asignatario de una sucesión, adquiere el derecho desde cuando la asignación se le defiere, si es pura y simple, por el solo hecho de la muerte del causante, o desde el cumplimiento de la condición, si es condicionada; presumiéndose legalmente su capacidad para ser heredero, por el hecho de existir, aunado a su vocación y dignidad, una vez se dan los requisitos sustanciales de la sucesión (C.C., arts. 1018, 1019 y 1155, CPC, art. 81 CGP, art. 87).

De ahí, satisfechos los requisitos sustanciales, los herederos adquieren sin discusión las facultades administrativas, dispositivas y representativas de la herencia. Por lo mismo, en la condición iure hereditario, ocupan el lugar del causante, y como tales, soportan las consecuencias probatorias que a este le son atribuibles.

2.3.4. En adición, la confesión no fue desvirtuada, según lo permite el precepto 201 ibídem; por el contrario, se encuentra corroborada en el expediente.

En efecto, Luis Alberto Bermeo Vargas, hermano del interfecto, afirmó conocer a “María Cecilia González como compañera de mi fallecido hermano, me consta que ellos tenían una relación como desde el año 2003 (...) y después del abandono de la esposa de él (...) señora Nubia Inés Galindo (...) mi hermano llevó a esta señora Cecilia González a vivir con él a la casa que tenía con la esposa y en la que en la actualidad vive ella, (...) ellos tenían una relación de pareja (...)”. Interrogado sobre si los citados “presentaron separaciones prolongadas dentro de su relación marital”, respondió: “No señor, siempre estuvieron juntos”.

Roger Andrés Botero Ramírez, médico de profesión, respecto de la relación investigada expuso: “ellos me arrendaron una casa pieza (sic) en el barrio jardín en el año 2005, y para ese tiempo ellos ya convivían juntos, luego yo viví con ellos en la Francia por dos años, para el primer semestre de 2005, allí duré dos años y medio, en calidad de arrendatario, y la pareja vivían juntos con los hijos de Cecilia, era lo normal de una familia, mercaban juntos, salían (...) ellos convivieron juntos hasta el día que él falleció” (...) me consta que convivían bajo un mismo techo y compartiendo los dos desde el primer semestre de 2005 cuando llegué a vivir a la casa de Julio César, relación que se prolongó hasta el día de su muerte”.

Según Julio César Rincón Castaño, el fallecido le informó de su convivencia con la demandante y que estaba “esperando lo del proceso de la separación de su esposa Nubia para llevarla a vivir a la casa del barrio la Francia, cosa que efectivamente sucedió, pues posteriormente fui a esta casa a desarrollar una actividad laboral donde se encontraba la señora Cecilia quien nos atendió, eso fue a finales del año 2006 y hasta la muerte de Julio me consta que ellos convivieron en esa casa (...)”.

Adolfo Niño Murcia, dijo haber conocido a los antes mencionados “en el año 2007, en una fiesta de integración de Expreso Ibagué, él me presentó a la señora como su esposa, después, yo le trabajo a él cómo conductor de la buseta 802 de Expreso Ibagué, desde el 2008 hasta que murió y yo seguí con el carro, yo lo llamaba para darle las cuentas del dos días (sic), él me decía vaya a la casa y le entrega las cuentas a Cecilia y le especifica con los recibos (...), siempre se la entregué a César o a la señora Cecilia, hasta donde sé, ellos vivían en el barrio la Francia, cuando yo iba los encontraba a los dos ahí, se computaban (sic) como esposos, le decía negrita tráigale tinto a este muchacho, o le decía mi amor, me consta que vivían como marido y mujer desde el día 20 de enero de 2008 (...) hasta el día de la muerte de él”.

Mélida González Gómez, refirió conocer a María Cecilia González Cortés en 2007, como consecuencia del adelantamiento de un proceso de filiación contra Bermeo Vargas, respecto de su hijo Fabio Alexander Bermeo González, y “para ese tiempo ella convivía con él porque siempre estaban juntos, para la toma de la prueba genética ellos estaban juntos (...)”. Al ser inquirida sobre si “(...) sabe o (...) le consta desde qué fecha y hasta cuando le consta sobre la relación de convivencia de Julio César Bermeo Vargas y la señora María Cecilia González (...) Contestó. Desde el año 2007, cuando inició la demanda de filiación contra él hasta cuando él murió (...). Así mismo, atinente a la convivencia de aquellos afirmó: “Sí me consta yo fui a esa casa y él estaba ahí con la señora Cecilia González”, y al solicitársele opinión respecto de la afirmación efectuada por el causante ante notario en cuanto a que “convivía desde hacía más de dos años y medio con la señora María Cecilia González Cortés y que la sostenía a ella y a dos hijos de ella (...) Contestó. ‘Eso es verdad’”.

2.3.5. Los relatos anteriores, fundamentalmente los dos primeros, correspondientes al hermano e inquilino de Julio César Bermeo Vargas, respectivamente, ratifican la confesión extrajudicial realizada por este ante el fedatario, pues en virtud de su vínculo parental y arrendaticio con él, pudieron percibir de cerca la relación marital existente entre el mismo y la actora, durante un lapso que comprende el señalado en la demanda.

Y si bien los restantes deponentes reseñan un período inferior, esa circunstancia no desvirtúa la mencionada atestación notarial; más bien, confirman la convivencia de aquellos como marido y mujer, concordando algunos, en que luego de la separación del causante y su esposa, aquel trasladó a la demandante a vivir a su casa de la Francia, separación que según se ha dicho, fue decretada mediante sentencia de 6 de junio de 2006.

2.3.6. Dado que lo controversial se presentaba en la época en que pudo iniciar el señalado vínculo entre el causante y la demandante, cabe memorar que el fallo de casación aunque no desconoció la existencia de la unión marital de hecho surgida “en el pasado” entre Julio César Bermeo Vargas y Mariluz Torres Ramírez, halló contrario a lo probado, su extensión hasta el 27 de febrero de 2008, como lo concibió el Tribunal.

Al respecto, advirtió, el acta de conciliación soporte de esa conclusión únicamente “(...) habla de una relación [de ellos] en el pasado (...)”, por ende “la misma no podía tener como límite temporal la memorada fecha” y en esas condiciones, la manifestación “(...) concerniente a que ‘han decidido separarse’, disolver la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y dejar pendiente su liquidación, también deb[ía] entenderse referida al pasado (...)”.

2.3.7. En esa dirección, al analizar la prueba testimonial de la cual también se valió el juzgador de segundo grado, para negar las pretensiones, esta Corporación, tendiente a determinar si ella fijaba “techo temporal a dicha relación”, desplegó el siguiente análisis:

“Ernesto Varón Salazar, residente en el Barrio Claret, quien no conoce a la demandante, dice que el ‘profe’, el señor Bermeo, ‘(...) frecuentaba a la señora Elsa González, porque en la misma casa vivía la señora Mary Luz (...), en el Barrio Claret (....), como para el año de 1980 (...) hasta cuando la señora Mary Luz se fue (...)’.

“Miguel Antonio Moncaleano Padilla, respecto de Julio César Bermeo Vargas y ‘Mary Luz Torres’, a quien conoce ‘(...) hace unos 12 o 15 años (...)’, dijo que ‘(...) vivieron como marido y mujer (...), esa convivencia me consta desde el año 2008 hasta la fecha antes de él morir (...)’, aunque ‘(...) sabía (...) que convivían desde hace unos ocho años (...)’.

“Graciela Perdomo, sostiene que Julio César Bermeo vivía al frente de su casa, desde ‘(...) septiembre de 2004 (...)’, con ‘(...) Mary Luz y el niño de ellos (...)’, ‘(...) no sabía que (...) era la señora (...)’, ‘(...) vivió ahí hasta dos meses antes de su muerte (...)’, y le consta porque ‘(...) llegaba a almorzar y (...) le veía cuando salía [del] baño en toalla (...)’”.

Escrutadas esas declaraciones, la Corte encontró equivocada la conclusión judicial relativa a que la unión marital entre Julio César Bermeo Vargas y Mariluz Torres Ramírez, se extendió hasta el 27 de febrero de 2008. Sobre el particular consideró:

“Ernesto Varón Salazar, fuera de no referir en concreto esa relación, evoca hechos acaecidos en 1980 y no señala la época en que la ‘(...) señora Mary Luz se fue (...)’. El tiempo de convivencia que le ‘consta’ a Miguel Antonio Moncaleano Padilla, ‘(...) desde el año 2008 hasta la fecha antes de él morir (...), el ad quem lo excluyó; y en lo demás, simplemente ‘sabía’ que convivían hace ocho años, sin indicar la fuente del conocimiento. Y el hito temporal de que habla Graciela Perdomo, ‘(...) hasta dos meses antes de su muerte (...)’, como se observa, es distinto al del Tribunal.

“(...) En ese orden, de las reseñadas acta de conciliación y prueba testimonial, resulta contraevidente concluir que la unión marital de hecho entre Julio César Bermeo Vargas y María Cecilia González Cortés, únicamente surgió a partir del 27 de febrero de 2008”.

2.3.8. Como los anteriores medios de persuasión no alteran la revelación extrajudicial efectuada por el causante Bermeo Vargas, ante Notario Público, la misma sigue en pie, consecuencia de lo cual, debe admitirse que al 11 de agosto de 2008, su vínculo marital con la demandante, llevaba dos años y medio.

2.3.9. Los elementos de juicio no comprendidos en el estudio del recurso extraordinario de casación, tampoco desfiguran la aludida confesión, unos porque reflejan interés en las resultas del juicio, otros al excluir el período cuyo reconocimiento se pretende y algunos más debido a la intrascendencia que comportan.

2.3.9.1. Elsa González Canal, alude a las relaciones de pareja sostenidas por el causante con varias mujeres, incluso con ella, con quien procreó a Elsa Gineth Bermeo González, destacando que “ninguna convivimos con él”, y si la demandante “tiene derecho entonces todas las que tuvimos hijos con él tenemos derecho”. Agrega que en junio de 2008 “(...) lo visité (...) para hablar de la niña y me di cuenta que vivía solo”. En cuanto a la indicada declaración notarial que le fue puesta de presente expuso: “Sí es la firma de él, y así lo hizo con Mary Luz Torres en un tiempo”.

Juan Carlos Bermeo Peralta, César Augusto y Diana Marcela Bermeo Galindo, hijos del causante, señalan que su padre vivía solo, no saben de la convivencia del mismo con la accionante y califican como costumbre el proceder notarial objeto de análisis para lograr la vinculación de algunas personas a la seguridad social.

Los precitados integrantes de la parte demandada, no afirman, ni niegan la convivencia como marido y mujer del causante y la actora, pero dejan a salvo el comentado reconocimiento hecho por él ante el Notario Tercero del Círculo de Ibagué. Si bien dicen era costumbre suya actuar como allí lo hizo, no precisan los casos y menos los coincidentes en el tiempo señalado en el libelo incoatorio.

En todo caso, dado el interés de los citados en las resultas del juicio, como iure hereditario, su imparcialidad se ve afectada. De ahí, nada puede ser acogido, pues al decir de la Sala, “la declaración de parte solo adquiere relevancia probatoria en la medida en que el declarante admita hechos que le perjudiquen o, simplemente, favorezcan al contrario, o lo que es lo mismo, si el declarante meramente narra hechos que le favorecen, no existe prueba, por una obvia aplicación del principio conforme al cual a nadie le es lícito crearse su propia prueba”(7).

2.3.9.2. La certificación emanada del “Departamento de Sistemas Unión Temporal Magisterio Sur” de fecha 27 de agosto de 2009, según la cual “Torres Ramírez Mariluz (...) se encuentra activo en nuestra institución (...) en calidad de beneficiario cónyuge o compañero del señor(a) Bermeo Vargas Julio César”, no tiene la contundencia necesaria para desconocer la discurrida confesión extrajudicial, pues una afiliación de esa estirpe, per se, es insuficiente como medio demostrativo de una unión marital.

Y la “certificación de afiliación cotizante” de 27 de julio de 2009, expedida por “Saludcoop EPS”, solo informa que Julio César Bermeo Vargas fue cotizante, “presenta[ndo] los siguientes datos referente al plan: (...) “Mary Luz Torres Ramírez - fecha afiliación 28/02/97 - estado desafiliado - fecha de retiro 30/06/2004 - parentesco cónyuge”, evidenciándose que corresponde a una época muy anterior a la referida en el escrito genitor.

2.3.9.3. Nubia Inés Galindo de Bermeo, excónyuge de Julio César Bermeo, tampoco enerva la comentada aseveración del causante. En interrogatorio de parte refiere la existencia de relaciones sostenidas por este con varias mujeres y niega la convivencia del mismo con la actora, pero no expone el fundamento de esta negativa, ni de la afirmación atinente a que durante 2006, 2007 y 2008 el extinto únicamente vivió en compañía de unos inquilinos en el mismo inmueble ocupado con la deponente. Según consta, ella dejó de compartir esa residencia desde el año inicialmente citado, como consecuencia de su separación conyugal. En cambio, como antes se expuso, uno de los inquilinos de aquel, al haber vivido durante más de dos años en la misma casa en que lo hicieron Bermeo Vargas y la convocante, da cuenta del vínculo como marido y mujer entre ellos, por el lapso referido en la demanda.

María Elsy Cárdenas, quien dijo haber procreado con el fallecido a quien responde al nombre de Angiet Daniela Bermeo Cárdenas, y ser una de las varias mujeres con las cuales convivió, no expone ningún hecho relevante al presente asunto. No especifica el nombre de las señoras y el tiempo de cohabitación sostenido con ellas, y en últimas, no involucra el interregno indicado en el libelo propulsor del proceso.

2.3.10. Por lo demás, las piezas procesales oficiosamente incorporadas por la Corte, no hay lugar a examinarlas, por cuanto se trata de actuaciones surtidas sin la presencia de la aquí demandante, señora María Cecilia González Cortés.

Con todo, la copia de la demanda promovida por Maryluz Torres Ramírez contra Julio César Bermeo Vargas aspirando a la “declaración de existencia de la unión marital de hecho y sociedad patrimonial y la disolución y liquidación de dicha sociedad patrimonial”, al igual que el interrogatorio de parte rendido por ella en ese proceso, tramitado en el Juzgado 3º de Familia de Ibagué, no son convincentes por virtud del marcado interés de aquella en el reconocimiento pretendido.

La declaración de parte allí mismo vertida por César Augusto Bermeo Galindo, porque fuera del interés surgido de la calidad de hijo del matrimonio del extinto y Nubia Inés Galindo, no descarta la convivencia de su padre con la demandante, así haya tenido otras amantes, en su decir, quienes quieren arrebatarle los derechos a su progenitora.

Tampoco las atestaciones de Miguel Antonio Moncaleano Padilla y Amparo Díaz González plasmadas en ese juicio, en cuanto su conocimiento se circunscribe a la relación sostenida por Bermeo Vargas con Maryluz Torres Ramírez en 1986, sin precisar su finalización, aunque para la segunda “(...) desde el año de 1986 más o menos fue que ella [Mariluz] conoció al señor Julio César Bermeo, ellos vivieron en Santa Ana más o menos 7 a 8 años, antes convivieron en otros sitios de la ciudad, después se radicaron en la casa que era de él en el barrio Santa Ana”.

La demanda de cesación de efectos civiles del matrimonio católico de Nubia Inés Galindo de Bermeo contra el extinto, entablada por aquella contra este último, en nada debilita la revelación del interfecto, por aludir a sucesos acaecidos en 2004, esto es, anteriores al período indicado por la actora; y la sentencia de 6 de junio de 2006, entre otras cosas, de disolución de la sociedad conyugal con el ahora causante, simplemente pone de presente la inexistencia de impedimento para presumir, desde ese momento, la sociedad patrimonial derivada de la encontrada unión marital de hecho entre María Cecilia González Cortés y Julio César Bermeo Vargas.

2.4. El análisis conjunto de las pruebas, pone en evidencia la equivocación del juzgador a quo, al concluir, con base en la prueba testimonial y, fundamentalmente, en el acta de conciliación de 27 de febrero de 2008, mediante la cual el citado Bermeo Vargas y Mariluz Torres “acordaron ‘disolver la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes derivada de su unión libre (...)’”, que aquel y la actora “no tuvieron una comunidad de vida estable y permanente que alcanzara a fundar la unión marital pretendida (...)”.

Según lo concluyó la Corte, y ahora lo reitera, la indicada fecha no corresponde a la de finalización del vínculo de los inicialmente mencionados. Por esto, resultaba desacertado concluir con el juzgado que el acta en mención “hace presumir (...) que a esa fecha del 27 de febrero de 2008 el señor mantenía otra convivencia ‘en unión libre’” con Mariluz Torres.

Como lo dejó sentado esta Corporación, la referencia que allí se hace es al pasado y no se precisa en realidad cuándo feneció aquella unión marital. Además, el propio Bermeo Vargas develó ante el Notario 3º del Círculo de Ibagué que desde dos años y medio antes del 11 de agosto de 2008 “h[acía] vida marital de hecho con la señora María Cecilia González Cortés (...)”, y esa confidencia impone su admisión, dada la suficiencia probatoria que comporta.

Es más, dicha manifestación al ser corroborada por su hermano Luis Alberto Bermeo Vargas y su arrendatario Roger Andrés Botero Ramírez, quienes son contestes en señalar que esa relación perduró hasta el día de la muerte de aquel, ocurrida el 16 de agosto de ese año y no existir prueba de la coexistencia de algún otro vínculo de las mismas características, dejan al descubierto la satisfacción de los requisitos para la conformación de la unión marital entre la actora y el causante, durante el lapso pretendido.

2.5. De acuerdo con lo anterior, como la aludida comunidad de vida permanente y singular, se prolongó por más del bienio previsto en el numeral 2º de la Ley 54 de 1990, ello hace presumir la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y, por tanto, fulge su reconocimiento por el tiempo solicitado en la demanda, esto es, entre el 6 de junio de 2006 y el 16 de agosto de 2008, fecha del deceso de Julio César Bermeo Vargas.

2.6. Congruentemente, las excepciones de fondo propuestas por la parte demandada, al carecer de respaldo probatorio, no pueden tener acogida.

2.7. En ese orden, se revocará el fallo apelado y se acogerán las pretensiones de la demanda, condenando en costas de ambas instancias a la parte convocada.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, actuando en sede de segunda instancia,

4. RESUELVE:

4.1. Revocar la sentencia proferida el 30 de mayo de 2011, por el Juzgado Quinto de Familia de Ibagué.

4.2. Declarar la existencia de la unión marital de hecho entre Julio César Bermeo Vargas y María Cecilia González Cortés, desde el 6 de junio de 2006 y el 16 de agosto de 2008, y la consiguiente sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, está en estado de liquidación frente a la muerte de aquel.

4.3. Condenar en costas de ambas instancias a la parte demandada e incluir en la liquidación de las de segundo grado, la suma de $ 2.000.000, por concepto de agencias en derecho.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE.

Magistrados: Luis Armando Tolosa Villabona—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Fernando Giraldo Gutiérrez—Ariel Salazar Ramírez—Jesús Vall de Rutén Ruiz.

1 Anales del Congreso 79 de 15 de agosto de 1988.

2 CSJ SC 097 de 10 de septiembre de 2003, expediente 7603.

3 Sentencia C-700 de 6 de octubre de 2003.

4 Vid. CSJ. Sala de Casación Penal. Sentencia de 7 de octubre de 1964.

5 CSJ. Civil. Sentencia 5 de 23 de enero de 2006, Expediente 00193.

6 Cfr. CSJ. Civil. Sentencia de 8 de noviembre de 1974 (CXLVIII, 283/289).

7 CSJ. Civil. Sentencia de 14 julio de 2014, expediente 00139.