Sentencia SC12013-2016/2014-01727 de agosto 30 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.: 11001-02-03-000-2014-01727-00

Aprobado en Sala de diez de agosto de dos mil dieciséis

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Armando Tolosa Villabona

Bogotá, D. C., treinta de agosto de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «3. Consideraciones.

3.1. Elevada la solicitud en cuestión en vigencia del Código de Procedimiento Civil, su ritualidad sigue el mismo ordenamiento, al tenor de los previsto en los artículos 624, modificatorio de la regla 40 de la Ley 153 de 1887, y 625, numerales 5º y 6º del Código General del Proceso (L. 1564/2012), en vigor de manera integral a partir del 1º de enero de 2016, según el Acuerdo PSAA15-10392 del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa.

3.2. Aun cuando una de las características de la soberanía, predicable de todo Estado, radica en que son sus propios jueces quienes imparten justicia en el respectivo territorio, el postulado ha adquirido nueva dimensión como consecuencia de la creciente interrelación de los distintos países, por el flujo que se genera en el tráfico de bienes y servicios habidos entre ellos o sus nacionales y la agilidad que se percibe en todo tipo de comunicaciones, al punto de permitir, algunos, que decisiones de jueces de otros estados surtan efectos en su territorio y frente a sus nacionales o a quienes se encuentren domiciliados en él, a condición de que se observen determinados principios.

En Colombia se reconocen efectos a las decisiones adoptadas en otros países, siempre y cuanto aquel donde se profirieron conceda igual fuerza a las emitidas por los jueces nacionales, ya en virtud de tratados internacionales, sistema conocido como el de la reciprocidad diplomática, ora porque la ley del territorio de donde emanan igual alcance le confieran a las providencias nacionales, en desarrollo del principio de la reciprocidad legislativa.

Lo expuesto se infiere del artículo 693 del Código de Procedimiento Civil, según el cual las “(…) sentencias y otras providencias que revistan tal carácter, pronunciadas en un país extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria, tendrán en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese país, y en su defecto la que allí se reconozca a las proferidas en Colombia (…)”.

Como se ve, el precepto combina los dos sistemas de reciprocidad, pues, por un lado, “(…) se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el país (…)”; y por el otro, a falta de aquéllos, “(…) se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia (…)”(1).

3.3. Establecida una u otra reciprocidad, para que la resolución foránea produzca efectos en el ámbito interno ha de acreditarse, además, en los términos del artículo 694 ibídem: (i) la inexistencia en Colombia de proceso en curso y de sentencia ejecutoriada de jueces nacionales sobre el mismo asunto; (ii) si se dictó en proceso contencioso, la debida citación y contradicción del opositor, conforme a la ley del país de origen, cuestión que se presume por la ejecutoria; (iii) que no verse sobre derechos reales constituidos en bienes que se encontraban en territorio colombiano en el momento de iniciarse el proceso donde se profirió la sentencia; (iv) no se oponga la providencia a leyes u otras disposiciones colombianas de orden público, exceptuadas las de procedimiento; (v) que el asunto sobre el cual recae, no sea de competencia exclusiva de los jueces colombianos; (vi) se encuentre la decisión ejecutoriada de conformidad con la ley del país de origen; y (vii) se presente en copia debidamente autenticada y legalizada.

3.4. El actor pretende se conceda autorización para la ejecución en Colombia de la sentencia de divorcio del matrimonio celebrado con Natalia Cascante Alfonso, proferida por un juez de la República de Guatemala.

3.5. A fin de establecer la viabilidad de ese pedimento, pasa la Sala a auscultar los elementos de juicio acopiados.

3.5.1. De acuerdo con la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, no existen “(…) tratados bilaterales o multilaterales en materia de reconocimiento recíproco de sentencias civiles, en los que la República de Colombia y la República de Guatemala sean Estados Parte (…)”.

En cambio, sí existe reciprocidad legislativa entre las dos naciones, como se deduce de las comunicaciones suscritas por los Ministerios de Relaciones Exteriores de Guatemala y Colombia, en donde se allega copia auténtica del diario oficial de aquél Estado en donde se verifica la presencia y vigencia de “(…) las normas que rigen el reconocimiento de sentencias extranjeras en asuntos de familia y jurisdicción voluntaria y divorcio (…)”.

Las probanzas a las cuales alude la última parte de la precedente transcripción refieren que en ese país está regulado legalmente el procedimiento para hacer cumplir o ejecutar fallos emitidos por jueces foráneos.

3.5.2. También concurren los restantes requisitos exigidos para la autorización demandada.

a.) En el plenario no obra el menor rastro indicativo de que en Colombia exista proceso en curso o sentencia ejecutoriada de jueces nacionales sobre el mismo asunto o providencia en firme que haya decidido sobre el divorcio del matrimonio del solicitante con Natalia Cascante Alfonso.

b.) Si bien el divorcio fue concedido por estar los cónyuges de acuerdo, cierto es, dentro del respectivo trámite, tuvieron la ocasión de intervenir ejerciendo el legítimo derecho de defensa, de modo activa, como lo muestra la propia resolución en cuestión; es decir, a las partes no les fueron transgredidas las garantías procesales.

c.) La determinación en rigor no versa sobre derechos reales constituidos en bienes que se encuentren en territorio patrio en el momento de iniciarse el proceso donde se emitió; solo se refiere a la ruptura del vínculo matrimonial y a cuestiones patrimoniales de la pareja sobre derechos situados en Guatemala.

d.) El fallo tampoco es contrario al ordenamiento interno en materia de divorcio, pues éste se halla autorizado en Colombia con base en las causales del artículo 154 del Código Civil, modificado por el 6º de la Ley 25 de 1992, donde se prevé el “(…) consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante juez competente y reconocido por éste mediante sentencia (…)”, supuesto en el cual se sustentó la providencia guatemalteca, al expresar:

“(…) [M]anifestaron los interesados en su escrito inicial lo siguiente: A) que contrajeron matrimonio el día 20 de junio de dos mil tres; B) Que no celebraron capitulaciones matrimoniales y se acogieron al régimen económico de comunidad de gananciales; C) Que procrearon dos hijos de nombre Camila y Daniel Alberto, ambos de apellidos Ramírez Escalante, ambos menores de edad; D) Que voluntariamente han tomado la determinación de solicitar el divorcio por mutuo acuerdo (…)”.

e.) El asunto no es de competencia exclusiva de los jueces de Colombia. Desde luego, al estar residenciada la pareja en la República de Guatemala, las competentes autoridades de ese territorio tenían jurisdicción para pronunciarse sobre la materia, como en efecto lo hicieron a través de la providencia invocada.

f.) La sentencia allegada, redactada en el idioma castellano, satisface las formalidades previstas en la “(…) Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros (…)”, suscrita en la Haya el 5 de octubre de 1961, aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en lo relativo al apostillaje.

3.6. Se impone, entonces, acceder a lo impetrado y ordenar la inscripción tanto del fallo extranjero, como de esta resolución, para los efectos de los artículos 6º, 106 y 107 del Decreto 1260 de 1970 y 13 del Decreto 1873 de 1971.

3. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONCEDE el exequátur conforme a lo expresado en la parte motiva, solicitado por Luis Alberto Ramírez Mejía, respecto de la sentencia de divorcio voluntario proferida el 16 de mayo de 2013, por el Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo de Familia de Guatemala, Departamento de Guatemala, Guatemala, rectificada y aclarada el 14 y 25 de junio de 2013.

Para los efectos legales a que haya lugar, en especial los previstos en los artículos 6º, 106 y 107 del Decreto 1260 de 1970, 13 del Decreto 1873 de 1971, ordénese la inscripción de la presente providencia, junto con la sentencia autorizada, en el folio correspondiente al registro civil de matrimonio y de nacimiento de la solicitante. Líbrense las respectivas comunicaciones.

Sin costas para ninguno de los interesados ante la inexistencia de controversia.

Notifíquese y cúmplase».

1 CSJ SC. G. J., ts. LXXX, pág. 464, CLI, pág. 69, CLVIII, pág. 78, y CLXXVI, pág. 309, entre otras.