Sentencia SC12076-2014 de septiembre 8 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC12076-2014

Radicación 4100131030042009-00298-01

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Giraldo Gutiérrez

Bogotá, D.C., ocho de septiembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

1. La actora solicita se declare que adquirió por usucapión el dominio del predio “El Burral” y los lotes “A 4” y “A 5” del “Globo de terreno La Argentina”, ubicados en el paraje “El Albadán” del municipio de Rivera, Huila.

2. El tribunal revocó la sentencia del a quo, estimatoria de las pretensiones del libelo inicial, para en su lugar negarlas, con fundamento en que a la posesión de la demandante, ejercida por un tiempo inferior al exigido en la ley, no se puede sumar, para completarla, la del propietario demandado, pues, los únicos señoríos susceptibles de anudarse son los de los “poseedores de facto”.

3. La parte impugnante aduce, en síntesis, que para la agregación de posesiones, según las reglas previstas en los artículos 778 y 2521 del Código Civil, no se excluye la de los dueños, en la medida en la que tales disposiciones, lisa y llanamente, hablan de “antecesores”, sin la óptica reduccionista del juzgador de segunda instancia, afincada en un pronunciamiento de la Corte de 5 de julio de 2007, que en manera alguna dice que solo es viable sumar señoríos de facto, en aras de conseguir la propiedad de un bien por usucapión.

4. Para que haya violación de normas sustanciales por vía directa, se requiere que el recurrente demuestre los falsos juicios que de ellas hizo el sentenciador, bien sea porque no tuvo en cuenta las que gobernaban el caso, aplicó preceptos que le son completamente ajenos o, a pesar de haber acertado en su selección, les dio un alcance que no tienen.

Como en reiteradas oportunidades lo ha advertido la Corte, entre ellas, CSJ SC, 17 de noviembre de 2005, Rad. 7567, reiterada CSJ SC, 15 de noviembre de 2012, Rad. 2008-00322,

“... Corresponde, por ende, a una causal de pleno derecho, encaminada a develar una lesión producida durante el proceso intelectivo que realiza el fallador, por acción u omisión, en la labor de escogencia y exégesis de la regulación que considera aplicable, con un resultado ajeno al querer del legislador (...). En tal sentido ha precisado la Corte que la ‘violación directa de las normas sustanciales, que como motivo de casación contempla la causal primera del artículo 368 ibídem, acontece cuando el sentenciador, al margen de toda cuestión probatoria, deja de aplicar al caso controvertido la disposición sustancial a que debía someterse y, consecuentemente, hace actuar las que resultan extrañas al litigio, o cuando habiendo acertado en la disposición rectora del asunto, yerra en la interpretación que de ella hace, y que, por lo mismo, cuando el ataque en casación se funda en la causal que se comenta, compete al recurrente centrar sus juicios exclusivamente sobre los textos legales que considere inaplicados, indebidamente aplicados o erróneamente interpretados, prescindiendo, desde luego, de cualquier consideración que implique discrepancia con las apreciaciones fácticas del sentenciador, cuestión esta que solo puede abordarse por la vía indirecta”.

5. Los hechos con trascendencia para adoptar esta decisión, indiscutibles por invocarse la violación directa de la ley sustancial, son los siguientes:

a) Que Elisa Murcia de Molina presentó demanda el 3 de diciembre de 2009, en la que solicitó se declarara que adquirió por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio el predio “El Burral” y los lotes “A 4” y “A 5” del “Globo de terreno La Argentina”, ubicados en el paraje “El Albadán” del municipio de Rivera, Huila (fls. 85 a 93, cdno. 1).

b) Que la sociedad Ávila Gordillo Hermanos y Cía. S. en C. adquirió la propiedad del inmueble denominado “El Burral”, mediante compra hecha a Fabio Losada Montenegro, incorporada en la escritura pública 3534 de 2 de septiembre de 1989 de la Notaría Segunda del Círculo de Neiva (fls. 12 a 18 ib.).

c) Que Álvaro Ávila Gordillo obtuvo el dominio del lote “A-4” a consecuencia de su división material, elevada al instrumento 2676 de 30 de diciembre de 1994, proveniente de la notaría cuarta de la precitada ciudad (fl. 113 vuelto).

d) Que Ávila Gordillo, igualmente, consiguió idéntico derecho en relación con el fundo “A-5” por compra realizada a Gerardo José, Edna Constanza y Lenney Yolanda Andrade Losada, formalizada en la e. p. 2728 de 29 de diciembre de 1995 de la prenombrada oficina notarial, propiedad que tiene como génesis la iniciación de procedimiento administrativo de adquisición ante el Incora, autoridad que expidió la Resolución 2791 de 10 de junio de 1987 (fls. 116 y 117).

e) Que el 29 de marzo de 2001, Rosario Gordillo de Ávila, socia gestora de Ávila Gordillo Hermanos y Cía. S. en C., en nombre propio y en representación de la sociedad, y Álvaro Ávila Gordillo, por una parte, y Elisa Murcia de Molina, de la otra, suscribieron un “contrato de promesa de compraventa”, en el que aquellos se obligaron a transferir a los otros los predios relacionados con antelación, dejándose constancia, en la cláusula séptima, que “La entrega material de los inmuebles que deje en posesión a los contratantes se efectuará por (Rosario y Álvaro) el día 29 de mayo próximo y por (la persona jurídica) el día 31 siguiente” (fls. 6 a 11, id.).

6. Los artículos 778 y 2521 del Código Civil consagran la institución legal de la suma, unión, accesión o agregación de posesiones, para permitir que el prescribiente que no ha poseído el tiempo necesario para adquirir el bien por usucapión, adicione, con ese propósito, el período del señorío de sus antecesores.

En efecto, el primer precepto señala que “Sea que se suceda a título universal o singular, la posesión del sucesor principia en él; a menos que quiera añadir la de su antecesor a la suya; pero en tal caso se la apropia con sus calidades y vicios”; mientras que el segundo indica que “Si una cosa ha sido poseída sucesivamente y sin interrupción por dos o más personas, el tiempo del antecesor puede o no agregarse al tiempo del sucesor, según lo dispuesto en el artículo 778. La posesión principiada por una persona difunta continúa en la herencia yacente, que se entiende poseer a nombre del heredero”.

Con ese marco, cumple averiguar si el tribunal vulneró rectamente los preceptos sustanciales invocados, al interpretar que la posesión del propietario no es útil para estructurar la accesio possessionem, porque las únicas aptas para juntarse son “las de los poseedores de facto”, entendidas estas como las desprovistas del derecho, o más concretamente, del dominio del bien.

7. La propiedad o dominio, definida en el artículo 669 del Código Civil como “el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, no siendo contra ley o contra derecho ajeno”, confiere a su titular un vasto poder o señorío, cuya limitación viene dada por la ley y los derechos ajenos.

Así, las facultades que están al alcance del dómine, son las de usar, gozar y disponer del bien, material o jurídicamente, lo que se constata en la jurisprudencia de la Corte, cuando se dijo que el

“[D]erecho real de dominio confiere al titular un poder pleno sobre la cosa que tiene por objeto, del cual deriva la potestad para obtener de ella toda cuanta ventaja esté en posibilidad de proporcionar, desde luego dentro de las fronteras que puedan resultar del respeto debido a la ley, como a los derechos de los demás, poderío en el cual se conjugan las conocidas atribuciones de utilizarla (jus utendi), percibir sus frutos (jus fruendi) y disponer, material o jurídicamente de ella (jus abutendi)” (CSJ SC, abr. 16 2008, Rad. 2000-00050-01).

La potestad de uso se relaciona con la posibilidad de utilizar la cosa para los servicios que puede desempeñar, sin mayores pretensiones que esa, y su ejercicio se asemeja al de un mero tenedor; si la intención es el aprovechamiento de la utilidad o frutos que genera, se está en presencia de la facultad de goce, similar al acto que exterioriza el poseedor; la disposición, por último, está reservada exclusivamente al propietario, y atañe a la eventual enajenación o constitución de gravámenes sobre el bien (Alexandri Rodríguez, Arturo y Somarriva Undurraga, Manuel. Los bienes y los derechos reales. Imprenta Universal. Derecho Civil, págs. 164 a 171).

8. La posesión, entendida en el artículo 762 del Código Civil como “la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él”, es un “hecho con consecuencias jurídicas”, que tiene vida propia y, por lo mismo, puede aflorar con abstracción del derecho, hasta el punto que, transcurrido un año de ella, en defensa del poseedor desprovisto del dominio acuden los interdictos posesorios (art. 974 ejusdem), y el paso del tiempo le es útil para estructurar la usucapión, y adquirir así la propiedad de la que carece (art. 2518, ib.).

El que detenta un bien con ánimo de señor y dueño, sea o no titular de dominio, indudablemente que actúa como poseedor, obteniendo del mismo sus frutos, utilidad o aprovechamiento económico: ese es el rasgo común, la semejanza o identidad, para el que ostenta y el que no el derecho real.

La diferencia, contraste o incompatibilidad entre el señorío de uno y otro, se evidencia cuando el mismo lo despliega quien no es propietario, toda vez que, para este, la posesión satisface un propósito adicional, relevante y de insoslayable trascendencia social: prescribir la propiedad ajena, ya que, en términos del artículo 2512 ibídem, “La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas (...) por haberse poseído...”.

En palabras de la doctrina patria,

“Este último fin se cumple, sea que el poseedor posea de buena o mala fe, esto es, ignorando que carece del derecho a sabiendas de que carece de él. Todo ello demuestra que la posesión tiene vida propia e independiente del derecho; que la posesión en la mayoría de los casos sigue al derecho, mientras que en otros está contra él, porque su función se cumple en cuanto se reúnan en unas mismas manos, en las condiciones de ley, sus elementos constitutivos” (resaltados adrede. Gómez, José J. Bienes, Universidad Externado de Colombia, 1981, pág. 349).

Ciertamente que esa distinción de la posesión no es novedosa, sí se memora que en la época postclásica del derecho romano a la del propietario o titular de otro derecho real se le llamó possessio rei, en tanto que a la otra, “similar al ejercicio del derecho”, se le conoció, genéricamente, como possessio iuris (Russomanno, Mario César. La posesión en el derecho romano. Ediciones Esnaola. 1964, págs. 56 y 57).

La primera, explica la doctrina, es “una posesión incorporada a la titularidad del dominio o de otro derecho real como el usufructo o servidumbre”, acotándose que “en este sentido, la posesión puede ser concebida como una serie de poderes físicos que se ejercen respecto de un bien respecto del cual se tiene la titularidad de un derecho real”. La otra, es el supuesto insoslayable e indispensable de la usucapión, por encarar el derecho de otro, “la posesión que se enfrentaba a la titularidad de un derecho real, aquella que la ejercía un no titular” (Ternera Barrios, Francisco. Bienes. Segunda Edición, págs. 358 y 359; y Ternera Barrios, Francisco y Mantilla Espinosa Francisco. Posesión y Retención: ¿Hechos, derechos o Quimeras? Revista Chilena de Derecho privado. Nº 15, págs. 115-141).

En esa misma línea, la Sala ha reconocido las diversas manifestaciones de la posesión, atendiendo el sujeto que la ejerce: propietario, poseedor con justo título y buena fe y poseedor sin título ni buena fe.

En efecto, dijo en la sentencia CSJ, SC, de 16 abr. 2008, Rad. 2000-00050-01:

“[S]alta al punto la esclarecedora idea que Andrés Bello quiso que en materia posesoria figurase en el Código Civil chileno, pues el artículo 830 del proyecto correspondiente al año 1853 establecía tres clases de posesión, a saber: la que va unida al dominio, que es la ejercida por el verus domino; la que ejerce quien no es dueño pero tiene justo título y buena fe, denominada posesión civil; y, por último, la que ejerce quien ni es dueño ni tiene justo título o buena fe, llamada posesión natural. Y aunque finalmente no quedó consagrada esa brillante división tripartita de la posesión, el caso es que la mencionada en segundo término quedó a la postre denominada como posesión regular”.

A lo que se debe complementar, claramente, que la relacionada en tercer orden, esto es, “la que ejerce quien ni es dueño ni tiene justo título o buena fe”, el Código Civil, artículo 763, dio por llamarla posesión irregular.

Es decir que, siguiendo ese hilo conductor y con independencia de la nomenclatura que se quiera utilizar, en el ordenamiento vigente se encuentra:

a) La posesión del propietario, possessio rei, equivale al desarrollo de una de las facultades que manan del derecho de dominio, goce, (art. 669), y que impide que otro adquiera el bien por usucapión, siendo que la prescripción está fundada en el abandono de sus “acciones y derechos” por parte del dueño de la cosa (art. 2512).

b) La de quien tiene justo título y buena fe, regular, que además de permitir el goce del bien y el aprovechamiento de sus frutos (art. 762), posibilita la obtención de la propiedad por prescripción ordinaria, en un corto tiempo: cinco años para inmuebles (arts. 2528 y 2529); y

c) La que ejerce quien no es dueño ni tiene justo título o buena fe, irregular, y se ofrece como apta para prescribir extraordinariamente (art. 2531).

9. La prescripción es “un modo de adquirir las cosas ajenas (...) por haberse poseído (...) durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales” (art. 2512), justificada por Gayo en sus Institutas, II, 4, porque “La propiedad de las cosas no ha de quedar en la incertidumbre demasiado tiempo”.

Por lo tanto, al ser la usucapión un modo de obtener los bienes “ajenos”, la posesión que resulta útil para prescribir es la de quien carece del derecho (possessio iuris), no la de quien lo tiene (possessio rei), porque a nadie le es dado, contra toda lógica, adquirir el derecho que ya se tiene.

En otros términos, en tratándose del propietario su posesión, ciertamente, servirá para obtener el aprovechamiento respectivo de la cosa, y evitar que otro reclame su dominio alegando un eventual abandono del bien, o la falta de ejercicio de “los derechos y acciones”. Pero, bajo ninguna perspectiva, ese señorío habilitará para usucapir.

10. La posesión por ser un hecho y no un derecho, no se transmite o transfiere de una persona a otra; esto es, que principia desde el momento en el que animus y corpus se conjugan en un sujeto. No obstante esa regla de principio, el artículo 778 del Código Civil faculta a quien la ejerce, para que añada la de su antecesor a la suya, pero con “sus calidades y vicios”.

La situación fáctica que por varios años se ha dado estructura la propiedad. Se trata, en palabras de Claro Solar, “de un posesión separada del dominio; y como esta separación ha existido desde años atrás hay un evidente interés social en consolidar la posesión” (resalta la Sala. Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado. Volumen III, De los Bienes. Editorial Jurídica de Chile, pág. 519).

Por eso mismo, la Corte ha indicado que la accessio possessioni es una “‘fórmula benéfica de proyección del poder de hecho de las personas sobre las cosas’ cuyo fin es ‘lograr, entre otros fundamentos, la propiedad mediante la prescripción adquisitiva’” (CSJ, SC, mar. 20 de 2014, Rad. 2007-00120-01); requiriéndose, para su aplicación, el cumplimiento de los siguientes requisitos:

“En primer lugar, debe tratarse de varias situaciones con entidad posesoria suficiente y contiguas entre sí, exigencia esta que se despliega a su vez en dos sentidos distintos: uno que emerge del texto mismo del segundo inciso del artículo 778 del Código Civil, cuando hace énfasis en que la procedencia de la acumulación reclama la existencia de un orden cronológico y sucesivo en las posesiones que se pretende unir; y el otro es que cada posesión debe seguir a la otra sin interrupción natural o civil, siendo de apuntar aquí que si la interrupción fue de la primera especie por haberse perdido la posesión por haber entrado otro en ella, las secuelas predicables de ese fenómeno desaparecen si el despojado recobra legalmente su posesión (arts. 792 y 2523 ib.). Una segunda condición consiste en que las posesiones agregadas sean uniformes o idénticas en cuanto a su objeto, entre sí enteramente homogéneas, lo que conlleva a afirmar, por ejemplo, que no es admisible sumar a la posesión sobre cosas corporales, aquella que recae sobre puros derechos (C.C., arts. 653, 664 y 76). Finalmente, es indispensable la presencia de un título justificativo de la adquisición de las sucesivas posesiones, habida consideración que, en mérito de razones éticas obvias, los usurpadores no pueden sacar ventaja ninguna de la posesión que tenía la persona a quien despojaron, así como tampoco de la que ostentaron sus antecesores...” (CSJ, SC, ene. 22 de 1993, Rad. 3524).

Llegada la Corte al aspecto concreto que plantea el cargo, se advierte, con los elementos normativos, jurisprudenciales y doctrinarios expuestos, que a la posesión del usucapiente no es viable adicionar la del propietario, ya que al no ser esta útil para prescribir, carece de “entidad posesoria suficiente”, según las exigencias anteriormente relacionadas.

Así mismo, si la posesión del antecesor se comunica con todas sus “calidades”, el entremezclamiento de la del verus domino con la del poseedor ausente de título no varía el linaje de la primera que, como se acotó al principio, no es propicia para usucapir, por provenir de quien ya detenta el derecho.

Además, la finalidad que inspira la accesión de posesiones, menester es reiterarlo, es la de consolidar una posesión separada del dominio por años, castigando el abandono del propietario. Por ende, aceptar una ligazón de la forma que aduce el casacionista, en la que la inercia del dueño no se evidencia, implica desconocer el telos de la mentada institución legal, reglada en los artículos 778 y 2521 del Código Civil.

Incluso, si se repara que la usucapión es un “modo de adquirir originario”, esto es, que “la adquisición se produce independientemente de cualquier relación de hecho y de derecho con el titular anterior” (Rotondi, Mario. Instituciones de Derecho Privado. Barcelona, 1953, pág. 275); al prescribiente no le es dado invocar, para la bienandanza de su reclamación dirigida a obtener el dominio, un vínculo contractual ajustado con el propietario. Es más, cumple destacar que cuando para la usucapión ordinaria se invoca un justo título, este no emana del verus domino, explicándose esto por la Corte al precisar que

“[L]a teoría del justo título posesorio está predicada como elemento para ganar el dominio por la usucapión cuando no es verdadero dueño quien vende y entrega a quien recibe de buena fe y, sin embargo, no adquiere la propiedad en el acto, porque nadie puede recibir lo que no tiene su autor” (Sent. feb. 27 de 1962, XCVIII, 52).

10. Por último, compete señalar que si bien en la sentencia de casación de 7 de julio de 2007, la Corte evidentemente no trató el tema que aquí concierne, sino el relativo a la formalidad exigida para acreditar el vínculo entre los diversos poseedores, no hay lugar a realizar rectificación doctrinaria ninguna, en la medida en que ciertamente la jurisprudencia de la Sala arribó recientemente a la misma conclusión del tribunal, pues, en sentencia CSJ, SC, jul. 15 de 2013, Rad. 2008-00237-01, se dijo:

“[T]al fenómeno [la agregación de posesiones] únicamente tiene cabida para ligar actos posesorios ejercidos con el propósito de adquirir el dominio por prescripción, y en este caso el causante era dueño inscrito, esto es, tenía a la par el título y el señorío, sin que estuviera a la expectativa de consolidar tal derecho”.

La deducción de la Corte, además, es la misma que allende las fronteras se da a idéntico problema:

“La suma de posesiones requiere que los requisitos del artículo 1941 C.C. concurran tanto en el usucapiente como en su antecesor (SSTS de abr. 28 de 1997 (RJ 1997/3403) y 16 de noviembre de 1999 (RJ 1999/8612)). El antecesor ha de ser un poseedor en concepto de dueño, pero no un verus dominus. Obviamente, el usucapiente no puede sumar la posesión de su antecesor si este era titular del derecho, como ocurrió en los casos resueltos por las SSTS de 17 de mayo de 1988 (RJ 1988/4311) y 8 de abril de 1995 (RJ 1995/3246)” (Moreno-Torres Herrera, María Luisa. La Usucapión. Marcial Pons. Madrid, 2012, pág. 132).

11. En consecuencia, no violó el tribunal en manera alguna las normas sustanciales invocadas, al darles la debida inteligencia, coligiendo, certeramente, que para la agregación de posesiones prevista en los artículos 778 y 2521 del Código Civil, no es de recibo el señorío ejercido por el antecesor, titular del derecho de dominio.

12. No sale avante, entonces, el cargo.

13. La improsperidad del recurso de casación impone condenar en costas al impugnante, conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 375 ibídem, las cuales deberá liquidar la secretaría, incluyendo por concepto de agencias en derecho el valor que aquí se fijará, para lo que se tiene en cuenta que hubo réplica.

V. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 27 de abril de 2012, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, dentro del proceso ordinario de la referencia.

Se condena en costas del recurso de casación al recurrente. Por concepto de agencias en derecho inclúyase la suma de seis millones de pesos ($ 6.000.000).

Notifíquese y devuélvase».