Sentencia SC12122-2014 de septiembre 9 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC12122-2014

Rad.: 11001-31-03-042-2009-00347-01

Magistrado Ponente:

Dr. Jesús Vall de Rutén Ruiz

(Discutido y aprobado en sesión de veinticuatro de febrero de dos mil catorce)

Bogotá, D.C., nueve de septiembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

A. Alcance de los ataques. El tribunal circunscribió su análisis a los reparos que el recurrente adujo como sustento de la alzada, y en el orden en el que ellos fueron planteados, esto es, en primer lugar la representación que según Pedro Pablo Camargo ejercía Doris Beatriz Ospina respecto de Farmacoop; y, en segundo lugar, la terminación unilateral del contrato de prestación de servicios como fuente generadora de los daños reclamados.

Son esos también los ejes de los cargos erigidos contra la sentencia del tribunal, a cuyo examen la Corte se aplica, pero en el orden inverso al propuesto desde la apelación, por cuanto el primer embate dirigido contra la sentencia del a quo, referido a la representación de Farmacoop, es de menor alcance que el segundo, dado que tan solo se orienta a dilucidar si además de Doris Beatriz Ospina, puede señalarse a Farmacoop como responsable por la terminación unilateral.

Pero esta terminación, puntal de la demanda —por ser la causa próxima de la indemnización deprecada—, proyecta sus efectos por igual respecto de la relación sustancial que pregona el actor Pedro Pablo Camargo no solo con Doris Beatriz Ospina sino también con Farmacoop. De modo que lo que se concluya en punto de la terminación unilateral, podría hacer inoficioso discurrir en torno a si están demostrados los errores evidentes de hecho que le atribuye el censor al tribunal por no hallar acreditado que Doris Ospina representaba a Farmacoop.

B. Incompatibilidad en cargos. Con esa advertencia liminar, repárese enseguida que el primer cargo está dirigido a demostrar, además de la mentada representación, que el contrato debió haberse terminado por mutuo acuerdo para que no se produjeran los efectos indemnizatorios. Tratase por tanto de una postura que excluye el derecho de terminación unilateral.

Y así, se asegura entonces que el tribunal confundió el contrato de prestación de servicios materia del presente proceso —terminado unilateralmente— con el de mandato para un proceso judicial ante la Fiscalía —pasible de revocación unilateral—, y al aplicar al primero la facultad de revocación que tiene el mandante en el segundo, no se percató el tribunal de que el único motivo de la terminación del contrato de prestación de servicios fue el advenimiento de nuevas condiciones entre la cooperativa y Doris Beatriz Ospina Sánchez y no el haber dado esta aplicación a una facultad de revocación unilateral proveniente del mandato.

En lo que atañe al cargo tercero, parte este de aceptar que el denominado contrato de prestación de servicios se rige por las reglas del mandato y por consiguiente sí podía ser terminado unilateralmente por una de las partes, en este caso por la contratante Doris Beatriz Ospina mediante revocación unilateral, solo que se le reprocha al tribunal haber omitido el estudio de los efectos de dicha terminación.

Luce por tanto necesario que la Corte determine antes que nada, y de cara a lo dispuesto en el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, cuál de estas dos posiciones antagónicas debe ser la examinada en sede casacional.

Y ello se impone porque el numeral 4º del precepto mencionado, en punto de los requisitos formales que deben reunir los cargos por la causal primera, formulados en una demanda de casación, establece que

“no son admisibles cargos que por su contenido sean entre sí incompatibles. Si se presentan y adolecen de tal defecto, la Corte tomará en consideración los que, atendidos los fines propios del recurso de casación por violación de la ley, a su juicio guarden adecuada relación con la sentencia impugnada, con los fundamentos que le sirven de base, con la índole de la controversia específica mediante dicha providencia resuelta, con la posición procesal por el recurrente adoptada en instancia y, en general, con cualquiera otra circunstancia comprobada que para el propósito indicado resultare relevante”.

“En esta materia, tiene dicho la Sala, cómo ‘... aunque el régimen actualmente vigente ha permitido que la Corte admita para su estudio acusaciones —ab initio— defectuosas, así, por vía de ejemplo, cargos que se han formulado en forma conjunta, debiendo serlo por separado...’, también es cierto que ‘... la misma normatividad ha consagrado el principio de la compatibilidad de las censuras (numeral cuarto), el que concierne a la armonía y a la coherencia que debe existir entre las posiciones jurídicas consignadas en ellas...’, para imponerle al recurrente ‘... sindéresis argumentativa con relación a los supuestos fácticos y jurídicos del litigio...’ (sent., ago. 8/2001, Exp. 6182), y, por lo mismo, excluir aquellas actitudes que se muestran inconciliables o antagónicas entre sí (cfr. sents., sep. 10/98, Exp. 5023; mar. 27/98, Exp. 4798; oct. 11 y nov. 12/2004, Exp. 7706 y 4336, entre otras” (CSJ SC de 7 de sep. de 2006, rad. 52001-31-03-003-2000-20371-01).

Los criterios que, de acuerdo con la norma transcrita, han de guiar la selección de la Corte entre cargos “incompatibles entre sí”, y siempre teniendo presentes los fines públicos del recurso de casación por violación de la ley, que no son otros que la tutela del derecho objetivo y la unificación de la jurisprudencia, apuntan en particular a que la corporación se detenga: a) en la relación de estos cargos con la sentencia impugnada y sus fundamentos (primer criterio); b) en la índole de la controversia resuelta con la providencia impugnada (segundo criterio); y c) en la posición procesal por el recurrente adoptada en las instancias (tercer criterio), sin que la jurisprudencia hubiere descartado la posibilidad de consultar otras circunstancias también relevantes.

En lo que hace a este tercer criterio, destaca la Corte que desde el libelo incoatorio del proceso el casacionista ha buscado que se declare la existencia del contrato entre este y Farmacoop así como su incumplimiento por parte de la cooperativa, lo que por lo demás siguió de modo coherente arguyendo en el curso del proceso, como paladinamente se advierte en su alegato de conclusión (fl. 424, cdno. 1) y en el escrito de sustentación del recurso de apelación (fl. 462, cdno. 1 y fl. 11, cdno. 8). Y fue lo que el tribunal examinó, deduciendo, a más de la ausencia de la pretendida representación, que esa ruptura unilateral, que para el recurrente constituía un incumplimiento del contrato, no contrariaba el pacto ni la ley.

Se muestra por tanto totalmente incompatible el cargo tercero tanto con el marco que el propio recurrente trazó al proceso —fincado en un incumplimiento contractual (tercer criterio)— como con la específica controversia resuelta por el fallo impugnado, adoptado según los lineamientos de la demanda, las alegaciones y la censura del recurrente a la decisión de primera instancia (segundo criterio), al igual que con las alegaciones de defensa del extremo pasivo. Porque, repárese en que el cargo tercero apunta en últimas a entender que el contrato se cumplió pero que al haber utilizado la demandada la facultad de terminarlo unilateralmente, se generaron para quien así procedió unas consecuencias que la sentencia dejó de examinar, lo que sitúa tal reproche en una órbita diferente a la inicialmente concebida con el escrito genitor del proceso, pues en ese tercer cargo se parte de la base de que la facultad de terminación unilateral sí la tiene la contratante, pero anotando que su uso generó consecuencias en el campo de la responsabilidad civil, algo así como una especie de abuso del derecho de terminación unilateral, o de uso abusivo de la cláusula de terminación, posición no solo incompatible con el cargo primero y con la posición procesal de la parte, sino enteramente nueva en este proceso, lo que a todas luces hace inadmisible y reprochable examinarla, pues a estas alturas ni puede variarse la causa petendi, ni puede sorprenderse tanto a los juzgadores como a la contraparte con posiciones no debatidas en las instancias, en desmedro de la lealtad y del derecho de defensa de la parte opositora, prorrogativas y principios que deben presidir el debate procesal.

Es que si bien es cierto que la Corte abrió campo a la aplicación del abuso del derecho en la terminación unilateral de contratos de larga duración y en donde la confianza es esencial, como en el mandato (cfr. G.J. LXXX, 646 a 662) y tal postura luego fue recogida por el legislador en el artículo 1280 del Código de Comercio, el supuesto fáctico a partir del cual tal examen debe ser adelantado por el juzgador necesariamente se finca, no en el incumplimiento (cargo primero) ni en la averiguación de oficio de los efectos nocivos del uso de una facultad convencional o legalmente atribuida a una de las partes (cargo tercero) sino en la afirmación clara, desde los albores del proceso, del hecho conforme al cual el ejercicio de dicha atribución fue abusivo con la aducción de los hechos descriptores de la arbitrariedad, punto este ajeno por completo al debate.

C. La terminación unilateral. En atención a lo expuesto, la Corte solo examinará la terminación unilateral como fuente de incumplimiento contractual y causa de los perjuicios pretendidos, por supuesto de conformidad con los alcances del cargo primero, de cuyo examen debe destacarse en primer término, que, a diferencia de lo aseverado en una parte del mismo, la única razón aducida por la contratante Doris Ospina para dar por terminado el contrato al actor, no fue el que hubieran surgido nuevas condiciones entre ella y Farmacoop.

Recuérdese a este respecto que como respuesta a la exhortación que el demandante Pedro Pablo Camargo hizo a Doris Ospina para que diera cumplimiento al contrato que había dado por terminado, respondió esta, mediante comunicación del 26 de junio de 2007, que ratificaba que “a partir del 30 de junio de 2007 finalizará el contrato de prestación de servicios suscrito entre nosotros, toda vez que surgieron nuevas condiciones entre la Cooperativa Farmacoop y la suscrita en el desarrollo del mismo” (fl. 4, cdno. 1). Pero seguidamente arguyó asimismo que de conformidad con la cláusula sexta del contrato las partes pueden darlo por terminado en cualquier momento sin que se genere indemnización alguna, por lo que al ser ella, Doris Beatriz Ospina, “parte en el mismo, está dándolo por terminado”, agregando además que los contratos de mandato son “eminentemente revocables”.

Lo anterior significa que el recurrente apoyó este ataque en casación resaltando tan solo una parte de las explicaciones que, como argumentos en defensa del derecho de terminación unilateral, ofreció en su momento Doris Beatriz Ospina a Pedro Pablo Camargo, para desdeñarla como motivo suficiente, pero dejando de lado precisamente aquellos fundamentos que resaltaban la existencia, para la abogada Doris Beatriz, de la facultad no solo convencional sino también legal, de terminación unilateral del contrato.

1. La cláusula de terminación del contrato. Sin embargo, en forma contradictoria, aborda el cargo en otro lugar, el examen de la primera de esas razones, prohijada por el tribunal, y que se centra en la interpretación de una estipulación contractual —la de la terminación del contrato—. Al paso que Doris Ospina sostiene en su carta ya resumida que esa terminación unilateral es una autorización contractualmente convenida para que cualquiera de los contratantes, en cualquier momento, dé por finalizado el contrato a su voluntad, el recurrente Pedro Pablo Camargo afirma, y en ello focaliza el yerro fáctico del tribunal, que dicha cláusula lo que contiene es la facultad de las partes de poder terminar el contrato en cualquier momento, pero por mutuo acuerdo.

Sin embargo, no acude el recurrente más que a la mera literalidad de la cláusula para hacer ver que solo se dejó convenido por las partes que ellas, de consuno, podían darlo por terminado en cualquier momento, sin lugar a indemnización. No hay alusión a prueba distinta del contrato mismo que sirva a los propósitos del recurrente y que haya sido anunciada como blanco de error en su apreciación por parte del tribunal. De modo que al analizar el contrato, la Corte observa:

a) En el contrato base de la acción, denominado en el documento que lo contiene como “de prestación de servicios profesionales” (fls. 1 y 2, cdno. 1) celebrado entre Doris Beatriz Ospina Sánchez, “actuando en nombre propio” y Pedro Pablo Camargo, se pactó que su objeto consistía en que este prestase su asesoría como abogado a la contratante —Doris Beatriz Ospina Sánchez— y a la Cooperativa Farmacoop dentro del proceso de extinción de dominio sobre los activos de esta que le seguía la Fiscalía 18, así como en los procesos administrativos, civiles y penales que se derivaran de aquel, o de las actuaciones de los entes que en ejercicio de las órdenes que se emitieran en el mismo afecten los intereses de la cooperativa y sus cooperados. Se estipuló asimismo que la abogada contratante, en ejercicio del mandato conferido por Farmacoop, se obligaba a contratar la asesoría de un abogado o un grupo de abogados expertos para que trabajaran en equipo en defensa de los intereses de la cooperativa. En dicho documento se estipularon los honorarios, su pago periódico, la exclusión de cualquier relación laboral, su carácter civil así como su duración, sobre lo que se convino: “el término de duración del presente contrato es por el término de duración del proceso, no obstante las partes pueden darlo por terminado en cualquier momento sin que genere indemnización alguna, y la abogada contratante le pagará al abogado contratista, sus servicios hasta el mes que los haya prestado su asesoría (sic) a partir de la firma del presente contrato”.

b) Dentro de los criterios tendientes a buscar la común intención de las partes al celebrar el contrato (artículo 1618 del Código Civil: “conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras”), el dato primario con el que cuenta quien se entrega a esa tarea lo aporta el texto del mismo, si está escrito, dado que allí se manifiesta el negocio jurídico. Pero también es de valía echar mano de otras pautas, como por ejemplo, el examen de los aspectos fácticos espacio-temporales que rodearon la conclusión y perfeccionamiento del acuerdo que se escruta; el desarrollo e interpretación auténtica que el mismo ha tenido entre las partes, dada su conducta y exégesis en anteriores contratos similares; el contexto en el que está inmersa la cláusula ambigua; la personalidad o preparación misma de los contratantes sobre todo cuando estos han redactado el texto contractual; la buena fe, en fin, directrices de variada estirpe que apuntan en últimas a indagar por la intención genuina de los contratantes. Apoyaturas estas que en el caso presente parecieran impertinentes, pues los perfiles del cargo solo invitan a atender el tenor literal de la cláusula últimamente transcrita, y sobre esa senda ha de transitar la Corte, por lo dispositivo del recurso extraordinario que se desata.

c) Por lo demás, resulta de particular importancia resaltar que en este asunto, esto es, en lo tocante con la terminación unilateral del contrato, el tribunal fue lacónico pues luego de ocuparse de la posibilidad legal de la terminación unilateral, solo alcanzó al final a decir que “la forma como la parte demandada finiquitó la relación contractual aquí celebrada no se opone al pacto así celebrado”. No obstante, es esa una conclusión que necesariamente hunde sus raíces en el examen del contrato.

De suerte que si con las herramientas de hermenéutica que deben utilizarse para buscar la intención común, puede razonablemente concluirse que el alcance que a dicha cláusula dio el tribunal es plausible y no choca con el sentido común, el alegado error de hecho, con el carácter de manifiesto, no existe en el fallo impugnado.

Para el caso bien vale resaltar que, dentro de la investigación sobre las reglas de interpretación contractual, la doctrina ha puesto cuidado en una que dice relación con la necesidad de entender el contrato y en su caso, la cláusula, en el sentido en el cual produzca un efecto, y para algunos, prefiriendo el mayor efecto útil, regla aquella que está contenida en el artículo 1620 del Código Civil, según la cual “el sentido en que una cláusula puede producir algún efecto, deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno”.

Repara la Corte en esta regla, por la circunstancia de que en el caso presente la interpretación defendida por el recurrente propugna por que se entienda que las partes, ambos abogados, simplemente acordaron que en cualquier momento podían dar por terminado el contrato de mutuo acuerdo, cosa que en verdad luce inútil de pactar, toda vez que en atención a la autonomía de la voluntad privada como fuente generadora de normas para las partes, ellas mismas pueden modificarlo o extinguirlo con su consentimiento (mutuo disenso), pactando lo que bien les parezca en el ámbito concreto de sus propios intereses sin afectar los ajenos (“Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”).

Asimismo, es importante resaltar que, como se verá en líneas posteriores, si el contrato de que se trata goza —como excepción a la regla general—, de la posibilidad legalmente prevista de ser terminado por una de las partes, lo útil de la cláusula que se examina radica en que si se hace uso de la referida prerrogativa por cualquiera de los contratantes , de todos modos acordaron para claridad del vínculo, que no se generaría indemnización alguna por el uso de la facultad de terminación unilateral y que la remuneración del demandante sería pagada hasta el mes en que hubiere prestado su asesoría.

Poniendo en la balanza las dos posibilidades interpretativas que se han aducido en este proceso, no cabe la menor duda de que la prohijada por el tribunal —la de poderse terminar el contrato en forma unilateral “en cualquier momento”, sin indemnización a cargo de quien ejerza la facultad y definiendo la fecha de corte de la remuneración del contratista—, conduce a un efecto de ostensible aplicación práctica, del cual carece la pregonada por el recurrente, que la torna preferible por aplicación del criterio legal antes esbozado.

No parece de otra parte razonable concluir que si la estipulación en comento tuviera por objeto solo reiterar que las partes de común acuerdo pueden en cualquier momento convenir la terminación del contrato celebrado, hubieren definido anticipadamente la fecha hasta la cual habrían de causarse los honorarios del contratista, asunto que bien puede aquellas definir de igual o de distinta manera al momento de concretar el acuerdo posterior que se dice está previsto en la estipulación.

El referido agregado solo cobra sentido si se le entiende incluido en el contexto del reconocimiento de una facultad de terminación unilateral, toda vez que tiene allí el evidente propósito de definir, por anticipado, lo que unilateralmente no puede determinar quien ejerce la prerrogativa.

Es claro que en este aspecto, a tono por lo demás con uniforme posición jurisprudencial, el yerro fáctico del tribunal en lo tocante con la interpretación contractual que acogió, debe saltar a la vista, a punto tal que de la conclusión del sentenciador pueda predicarse un dislate manifiesto y que la opción interpretativa auspiciada por el recurrente sea la única posible.

Pero con las consideraciones que se han dejado esbozadas en líneas precedentes, se impone concluir que el tribunal no incurrió en el error de hecho que se le endilga.

2. La facultad legal de terminación unilateral. Recuérdese que el tribunal, luego de poner de presente que, de acuerdo con los artículos 1602 y 2150 del Código Civil, el contrato es ley para las partes y, que en concreto, el de mandato una vez aceptado el encargo, en principio no puede disolverse sino por mutua voluntad de aquellas, recalcó que artículos posteriores como el 2189 y el 2191 de la misma codificación, permitían la terminación unilateral.

Y el recurrente, insistiendo en distinguir entre el contrato de mandato y el contrato de prestación de servicios, le achaca al tribunal haber calificado el que celebró con la demandada Doris Beatriz Ospina como un contrato de mandato cuando en realidad, entiende, lo era de prestación de servicios. Calificación jurídica de la que pretende derivar como consecuencia, la inaplicación de la facultad de revocación unilateral prevista para el mandato.

No obstante lo anotado, por lo que corresponde a las disputas respecto de la aplicación de las normas del mandato o del arrendamiento de servicios, es de destacar que el Código Civil colombiano se encargó de resolver ab initio las superposiciones entre las regulaciones que corresponden a tales tipos contractuales, introduciendo además preceptos que reconocen la situación particular de los profesionales liberales.

A este respecto la regulación colombiana, se anticipó a los problemas que luego fueron advertidos al interior de otros ordenamientos normativos como el español, estableciendo dentro de la regulación del arrendamiento de servicios la distinción entre el arrendamiento de criados domésticos, vertido en normas (arts. 2045 a 2052) que están hoy todas derogadas por el Código Sustantivo del Trabajo; y el arrendamiento de servicios inmateriales (arts. 2063 a 2069), referido a la ejecución de “obras inmateriales o en que predomina la inteligencia sobre la mano de obra”, tal como señala el artículo 2063 del Código Civil.

Adicionalmente recogió el Código Civil la distinción entre las obras o servicios que se agotan en un cometido específico, como “una composición literaria o la corrección tipográfica de un impreso” (art. 2063) y “los servicios inmateriales que consisten en una larga serie de actos, como los de escritores asalariados para la prensa, secretarios de personas privadas, preceptores, ayas, histriones y cantores” (art. 2064).

La regulación de los servicios puntuales se desarrolló por remisión a algunas de las disposiciones contenidas en el capítulo VII, denominado “De los contratos para la confección de una obra material” (art. 2063, en concordancia con los arts. 2054, 2055, 2056 y 2059).

De igual forma se dispuso que a las obras parciales en las cuales se descomponen los servicios de tracto sucesivo, se aplicarían las mismas normas establecidas para los servicios puntuales o de cometido específico (art. 2065).

Por su parte en la regulación del mandato, y concretamente en el artículo 2144, se dispuso que “los servicios de las profesiones y carreras que suponen largos estudios, o a que está unida la facultad de representar y obligar a otras personas, respecto de terceros, se sujetarán a las normas del mandato”.

Finalmente, para establecer reciprocidad en el reenvío entre las regulaciones de ambos tipos contractuales respecto de los sujetos cuyas profesiones son calificadas por sus estudios prolongados o función representativa, el artículo 2069, dispuso la aplicación de la normatividad establecida para el arrendamiento de servicios inmateriales, bien sean estos puntuales o prolongados en el tiempo, “a los servicios que según el artículo 2144 se sujetan a las reglas del mandato, en lo que no tuvieren de contrario a ellas”.

En consecuencia en el ordenamiento legal colombiano, los servicios o trabajos ejecutados por los abogados, prolongados en el tiempo o puntuales, con resultado tangible o no, se regulan en primer lugar por las normas contenidas en el título XXVIII del libro IV del Código Civil, relativas al mandato (art. 2144); y, en lo que no contradigan estas; por las normas contenidas en la regulación del arrendamiento de servicios inmateriales (art. 2069) y en aquellas propias del contrato para la confección de una obra material, a las cuales remiten directamente el artículo 2063 e indirectamente el artículo 2065.

La forma en la cual se ha dispuesto la aplicación de las normas del mandato a los servicios prestados por personas cuya formación supone largos estudios o cuyo desempeño entraña funciones representativas (con el evidente propósito de sujetarlas a un régimen de responsabilidad más estricto tal como se desprende de los artículos 2155 y 2175 del Código Civil), determina el establecimiento de la normatividad aplicable, sin que el legislador hubiere tomado partido por la naturaleza que propiamente corresponde a la relación particular de que se trate. Nótese que en el primero de los supuestos, la remisión al régimen del mandato no se dispone en atención a la naturaleza particular del servicio prestado, sino en consideración a las calidades personales de quien presta el servicio, criterio subjetivo que no es pertinente de suyo para establecer la tipología de la relación, que de ordinario se determina sobre la base de considerar la naturaleza de las prestaciones a cargo de las partes.

No está por demás señalar que históricamente la Corte entendió excluidos de la regulación del mandato los servicios prestados por profesionales liberales, mientras consideró incompatibles con esta modalidad contractual los servicios privados de funciones representativas. A tal respecto anotó:

“Dentro de estos conceptos, el texto del art. 2144 del Código Civil no puede entenderse en el sentido disyuntivo que ofrecen sus términos, sino en el de la concurrencia del servicio con la representación de la persona a quien se presta; porque si el mandato supone esencialmente un acto jurídico de obligatoriedad para el mandante, resulta a todas luces inaceptable la sola posibilidad de que llegue a estructurarlo el simple servicio del médico que ejecuta una operación quirúrgica, o el del mismo abogado que se encarga de la confección de una minuta, no obstante suponer tales servicios los dilatados estudios profesionales que supone el texto” (CSJ SC de 25 feb. de 1952).

La aludida postura restrictiva respecto del mandato fue luego abandonada por la Corte, tal como se hizo constar en sentencia proferida en octubre 11 de 1991.

En el contexto de lo anotado no erró el tribunal al invocar la aplicación al caso sub examine de los artículos 2189 y 2191 del Código Civil.

No está por demás señalar que también en la regulación del contrato de arrendamiento de servicios, se encuentra una norma que permite la terminación unilateral, que es el artículo 2066 según el cual “cualquiera de las dos partes podrá poner fin al servicio cuando quiera, o con el desahucio que se hubiere estipulado. Si la retribución consiste en pensiones periódicas, cualquiera de las dos partes deberá dar noticia a la otra de su intención de poner fin al contrato, aunque en este no se haya estipulado desahucio, y la anticipación será de medio período a lo menos”.

Dicho lo anterior, se puede constatar con facilidad que el demandante, contratado como abogado, quedaba sujeto, en primer lugar, a las reglas del mandato.

La anotada circunstancia de que el artículo 2144 transcrito someta a las reglas del mandato la prestación de los servicios de las profesiones que suponen largos estudios, y el hecho de que dentro de las aludidas reglas del tipo contractual en comento se halle la contenida en el numeral 3º del artículo 2189, al tenor del cual “el mandato termina:... 3. Por revocación del mandante”, ponen de presente, que desde el punto de vista estrictamente legal, el contrato celebrado por las partes en este proceso podía ser terminado unilateralmente por cualquiera de ellas sin que ese solo hecho diera lugar al derecho a reclamar perjuicios por incumplimiento del mismo.

Por lo que, aun si en gracia de discusión, se concluyese que en el contrato de que trata este proceso, su cláusula sexta solo disciplinó la terminación del contrato por mutuo acuerdo, como nada se estipuló acerca de la aplicación de las normas jurídicas antes mencionadas atinentes a la finalización unilateral del contrato, ellas terminan de todos modos integrando el plexo normativo que disciplina el acuerdo objeto de litigio, y por ende permiten darlo por terminado por revocación del mandante o renuncia del mandatario.

Por lo demás, ha de recordarse que la Corte, en sentencia de reciente data, con exhaustividad analizó la procedencia de la facultad de terminación unilateral pactada en contratos o establecida en la ley, incluyendo dentro de los casos puestos de presente, al mandato, entre otros contratos civiles y comerciales (CSJ SC de 30 de ago. de 2011, rad. 11001-3103-012-1999-01957-01). Allí dijo:

“... [E]n rigor, el contrato desde su existencia tiene fuerza obligatoria, es irrevocable y las partes deben cumplirlo de buena fe, sin que, por regla general, una vez celebrado, puedan por acto unilateral dejarlo sin efecto ni sustraerse al vínculo, so pena de incumplimiento e indemnizar los daños causados.

La fuerza normativa del contrato y el deber legal de su cumplimiento por las partes, es el principio y la regla. Ninguna, puede sustraerse unilateralmente so pena de incumplimiento y comprometer su responsabilidad. La terminación unilateral del contrato, en cualquiera de sus expresiones, es la excepción.

En específicas hipótesis y bajo determinado respecto, la ley o el contrato, autorizan a una o ambas partes terminarlo por decisión unilateral, ya justificada, motivada o con causa justa, ora ad nutum, discrecional, sin justificación o motivación, con preaviso o sin este, conforme a las previsiones normativas, en cuyo caso, es causa de terminación del contrato, prevista en este (accidentalia negotii) o en la ley (esentialia o naturalia negotii).

La Sala concluye a este propósito, la singular previsión normativa o, por uso, costumbre o práctica negocial, de la terminación unilateral del contrato, la ausencia de expresa prohibición legal abstracta y la autoridad o legitimación de las partes en ejercicio de la libertad contractual para acordarla, conformemente a sus necesidades, conveniencia, designios, naturaleza de los intereses disponibles, el orden público, las buenas costumbres, función práctica económica o social útil, relatividad de los derechos, paridad, buena fe, lealtad y corrección exigibles.

Empero, se itera, la terminación unilateral del contrato, es excepcional, requiere texto legal o contractual expreso, excluye analogía legis o iuris, debe aplicarse e interpretarse estrictamente, y cuando su origen es negocial, las partes en desarrollo de la autonomía privada pueden acordarla sujetas al ordenamiento, normas imperativas, ius cogens, buenas costumbres, simetría, equilibrio o reciprocidad de la relación, sin abuso de índole alguna, en los casos y contratos en los cuales la ley no la prohíba o excluya...

En los contratos de indefinida duración, la terminación unilateral, es elemento del contrato por ley, uso, costumbre o estipulación contractual, deriva de la naturaleza de las cosas o el advenimiento de hechos graves ulteriores, y tales contratos como dijo el ad quem, salvo expresa norma legal contraria, pueden terminar por denuncia de una de las partes con preaviso por el tiempo normativo, contractual o razonable, pues terminan por causas legales o contractuales, no son perpetuos, eternos o que nunca concluyen, por ello prohibidos al contrariar el orden público de la Nación por suprimir en forma absoluta intemporal la libertad contractual”.

De todo lo dicho la Sala concluye, que aún con prescindencia de lo anotado en punto a la ausencia de error en la interpretación del contrato, los cargos formulados contra la sentencia impugnada no se abren paso por cuanto subsiste, a pesar de los embates, un soporte medular del fallo, consistente en la facultad legal de terminación del contrato objeto de examen, resultando del todo innecesario acometer el análisis acerca de la comisión de errores de hecho del tribunal en punto de la representación que la censura le atribuye a Doris Ospina con respecto a Farmacoop.

V. Decisión

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia de 3 de noviembre de 2011, proferida por la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario de Pedro Pablo Camargo Rodríguez contra la Cooperativa de Trabajo Asociado de Producción Comercialización y Servicios Farmacéuticos —FARMACOOP— y Doris Beatriz Ospina Sánchez.

Costas a cargo del recurrente. Para su tasación inclúyase como agencias en derecho, la suma de $ 6.000.000,oo, en vista de que hubo oposición al recurso.

Cópiese, notifíquese y, en su oportunidad, devuélvase al tribunal de origen».