Sentencia SC12246-2017 de agosto 16 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC12246-2017

Radicación: 76622-31-84-001-2007-00331-01

Magistrado Ponente:

Dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo

(Aprobada en Sala de catorce de junio de dos mil diecisiete).

Bogotá, D.C., dieciséis de agosto de dos mil diecisiete.

Decídese la Corte el recurso de casación interpuesto por Piedad, Sonia Patricia, Edgar Fernando y Carlos David García García, frente a la sentencia de 7 de noviembre de 2012, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Guadalajara de Buga, en el proceso ordinario que Luz Betty Valencia Varela promovió en su contra, y de Maritzabel, Luis Stevan García Valencia, como herederos determinados de Eustacio García Loaiza, y los indeterminados.

Antecedentes

1. La accionante pidió declarar la existencia de la unión marital de hecho que tuvo con Eustacio García Loaiza, entre el 27 de julio de 1978 y el 20 de abril de 2006.

2. Sustentó su aspiración en el relato fáctico que se compendia así (fls. 3 a 9 y 26 a 28, cdno. 1):

2.1. Luz Betty Valencia Varela y Eustacio García Loaiza convivieron continuamente desde el 27 de julio de 1978 hasta el 20 de abril de 2006, fecha en que aquél falleció en el municipio de Tuluá.

2.2. Durante la alianza procrearon a Maritzabel y Luis Stevan García Valencia, quienes nacieron el 10 de enero de 1988 y el 12 de noviembre de 1996, en su orden.

2.3. Eustacio había contraído nupcias con Mélida García, con quien llevaba más de 20 años de estar separados de hecho; había liquidado la sociedad conyugal el 28 de diciembre de 1988, mediante escritura pública 844 otorgada en la Notaría de Roldanillo - Valle del Cauca.

2.4. La demandante no tenía impedimento alguno, aunque tuvo otra hija nacida en Cali el 2 de abril de 2005, fruto de una relación pasajera que no interrumpió la unión conformada con Eustacio García Loaiza, quien acogió a la menor y la afilió a los servicios de salud.

3. Una vez notificado del auto admisorio de la demanda, el curador ad litem designado al menor Luis Stevan García Valencia manifestó estarse a lo probado (fl. 49, cdno. 1).

En igual sentido se pronunció el auxiliar de la justicia nombrado para representar a los herederos indeterminados de Eustacio García Loaiza (fls. 194 a 195 ib.).

Piedad, Sonia Patricia, Edgar Fernando y Carlos David García García se opusieron a las pretensiones y propusieron las defensas meritorias de «prescripción» y «falta de legitimación por pasiva» (fls. 89 a 93).

Maritzabel García Valencia se allanó al libelo (fls. 111 a 114, ejusdem).

4. Una vez agotado el trámite, el Juzgado Promiscuo de Familia de Roldanillo declaró infundadas las excepciones; reconoció que Luz Betty Valencia Varela conformó una unión marital de hecho con Eustacio García Loaiza, del 27 de julio de 1985 al 20 de abril de 2006 (fls. 258 a 269, ib.).

5. Al resolver la apelación interpuesta por Piedad, Sonia Patricia, Edgar Fernando y Carlos David García García, el superior modificó tal sentencia a fin de indicar que el vínculo declarado culminó en julio de 2004; también adicionó el fallo para señalar que no produce efectos patrimoniales, por renuncia expresa de la accionante. En síntesis, esa corporación razonó lo siguiente (fls. 30 a 45, cdno. 7).

Sentencia del tribunal

1. Inicialmente el juez ad quem relacionó los medios de convicción recaudados, lo que se desprendía de cada uno e indicó los presupuestos de la acción bajo estudio, en fundamento de lo cual citó jurisprudencia de esta corporación.

2. A continuación señaló que los interrogatorios absueltos por los codemandados, los testimonios y la prueba documental, dejan ver que Eustacio García Loaiza y Luz Betty Valencia Varela convivieron de forma estable, permanente y singular, desde el 27 de julio de 1985 hasta el mes de julio de 2004, época en la que ella se mudó con su hija Maritzabel a Santiago de Cali, ciudad en la cual tuvo una relación con Anderson Cardona Largo, de la que nació Luz Evelyn Cardona Valencia, el 2 de abril de 2005.

A partir de este alejamiento Eustacio se ubicó con su hijo Luis Stevan en la casa de su esposa —con quien ya no convivía—, por lo que con sus descendientes asistieron al padre en sus dolencias de salud hasta el deceso, ocurrido en el año 2006.

3. Las declaraciones de Maritzabel García Valencia, María Eugenia Valencia Varela y Teresa Taborda de Morales —en quienes pesa motivo de sospecha por sus vínculos con la promotora— dan cuenta de la unión entre García y Valencia, pero dejan dudas sobre la convivencia desde el momento en que la convocante se desplazó a Cali y empezó un amorío con Cardona Largo —vínculo que por sí solo no impedía la unión marital de hecho—.

4. No sucede lo mismo con las testigos María Eugenia García Q., Rosmira Mayor de Clavijo y Liliana Jaramillo P. (sic), quienes sí relataron que García Loaiza se trasladó a la casa de su primera esposa, allí pasó sus últimos meses de vida y fue auxiliado por sus hijos en su enfermedad.

5. En suma, a partir del año 2004, las pruebas son vacilantes para determinar la continuación de la unión que tenía la solicitante con Eustacio García Loaiza, máxime si cada uno se mudó a una vivienda distinta, lo que evidencia el carácter definitivo de la separación.

6. El matrimonio anterior, entre el compañero permanente y Mélida García, no es obstáculo para declarar la unión marital de hecho con la accionante, porque la jurisprudencia ha establecido que el único impedimento lo constituye el que las partes tengan sociedad conyugal vigente, porque ésta no puede coexistir con la sociedad patrimonial de hecho que nace por la situación de la unión marital.

7. La prescripción excepcionada no es objeto de análisis, porque la peticionaria renunció a los efectos patrimoniales que podría generar la unión.

La demanda de casación

Cargo único

1. Con base en el numeral 1º del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, se aduce la vulneración de la ley sustancial ante la indebida aplicación de los artículos 1º y 9º de la Ley 54 de 1990 modificada por la Ley 979 de 2005 (fls. 12 a 25, cdno. 8).

2. Los recurrentes hacen consistir el quebranto en lo siguiente:

2.1. Alegan que existía limitación legal para la declaratoria de unión marital de hecho proclamada por los juzgadores de instancia, en la medida en que Eustacio García Loaiza conservó la sociedad conyugal producto de su matrimonio con Mélida García, mientras estuvo relacionado con la demandante, porque aquellos no se divorciaron ni cesaron los efectos civiles de sus nupcias; sólo liquidaron la sociedad conyugal por escritura pública.

2.2. Agregaron que, los testimonios recibidos a petición de la accionante, dan cuenta de que ésta y García Loaiza en muchas ocasiones se separaron, lo que desvirtúa de la convivencia permanente alegada, máxime si dicha señora tuvo otra relación sentimental, de la cual nació la última de sus descendientes.

En efecto, Maritzabel García Valencia informó que sus padres no convivían juntos desde 2004, por un acuerdo que celebraron, y que su madre tuvo un «desliz» con otro hombre.

En igual sentido se expresó Teresa Taborda de Morales, quien relató que la peticionaria trasladó su residencia a la ciudad de Cali.

A María Eugenia Valencia Valencia no debe dársele credibilidad, por su parcialización hacia su hermana, la reclamante; además afirmó que sólo vio dos veces a Anderson Cardona, a pesar de que en el municipio de Higuerón —donde él se enamoró de Luz Betty— esta relación fue de conocimiento público.

Por otra parte, su versión no concuerda con la de Maritzabel García Valencia, porque esta mencionó que los supuestos compañeros se veían cada 15 días, mientras que aquella dijo que era cada fin de semana; asimismo, la aludida testigo inicialmente relató desconocer la cantidad de ocasiones en las que su hermana visitó a Eustacio García Loaiza, lo que deja ver una contradicción interna al finalizar con la aseveración que se veían semanalmente.

2.3. De otro lado, cuando él se enfermó en sus últimos años de vida, su supuesta compañera permanente no lo visitó, situación que revela la ausencia de socorro mutuo característico de la unión marital de hecho; omisión ratificada con la historia clínica del occiso, al evidenciar que fueron los hijos García García, especialmente Sonia, quien lo auxilió en su tratamiento médico.

2.4. Los interrogatorios absueltos por los enjuiciados mostraron que sus progenitores, Mélida García y Eustacio García, jamás se divorciaron; que su madre fue quien cuidó de su padre en la última enfermedad que lo llevó a la muerte, al punto que era ella quien lo trasladaba a Tuluá, donde era atendido en sus controles.

2.5. Los testimonios recaudados a instancia de los convocados coinciden en señalar hechos que traslucen la inexistencia del maridaje deprecado, puesto que Rosmira Mayor de Clavijo relató con precisión detalles de la relación entre la peticionaria y Eustacio, como que éste nunca abandonó a su esposa, que en dos oportunidades Luz Betty se apartó de él, que lo visitaba cada 15 días por dinero y que él siempre respondió por los hijos habidos en su matrimonio.

María Eugenia García Quitián expuso iguales hechos a los mencionados por la precedente declarante, añadió que la convocante dejó a Eustacio García por espacio de 5 o 6 años, al punto que la esposa de éste le ayudó a cuidar a Maritzabel García Valencia; que Luz Betty y Anderson Cardona Largo convivieron juntos; que tras esta alianza ella no volvió a unirse con Eustacio y tampoco lo apoyó en su enfermedad.

2.6. También alegaron, los recurrentes, que en el interrogatorio la solicitante aceptó la división generada por su traslado a la ciudad de Cali, aunque aseveró que fue de mutuo acuerdo por lo que no implicó separación; que sólo estuvieron distanciados 2 meses por un disgusto; que conoció a Anderson Cardona en Cali a pesar de que los testimonios afirman que ese amorío inició en el municipio de Higuerón; reconoció no haber estado al tanto de Eustacio, ni siquiera en su enfermedad, menos asistir a su velorio.

También adujeron que la demandante reiteró los hechos expuestos en su demanda, como que Eustacio afilió a sus servicios de salud a Evelyn Cardona Valencia —la descendiente del dúo Cardona Largo y Luz Betty Valencia—, respecto de lo cual el juzgador a quo debió profundizar en la etapa probatoria del proceso.

2.7. Finalmente, el cargo expone que para que se configure la unión marital de hecho, regulada en el artículo 1º de la Ley 54 de 1990, es necesaria la idoneidad marital de los sujetos, la legitimidad, una comunidad de vida, permanencia y singularidad, requisitos respecto de los cuales el tribunal «no hizo el análisis correspondiente», lo que genera la vulneración sustancial del aludido precepto.

También planteó que, «sin hacer el análisis o estudio correspondiente», fue declarada la iniciación de la unión desde el 27 de julio de 1985, fecha en que ni siquiera había sido promulgada dicha ley, lo que denota la conculcación de su artículo 9º, el cual señala que la norma rige hacia el futuro.

Consideraciones

1. Preliminarmente es pertinente señalar que, no obstante estar vigente de manera íntegra el Código General del Proceso a partir del 1º de enero de 2016, al presente caso no resulta aplicable, porque sus artículos 624 y 625 numeral 5º establecieron que los recursos, entre otras actuaciones, deberán surtirse bajo «las leyes vigentes cuando se interpusieron».

Y como la casación que ahora ocupa la atención de la Sala fue interpuesta estando en vigor el Código de Procedimiento Civil, será este ordenamiento el que siga aplicándose, por el principio de la ultractividad de la vigencia de la ley en el tiempo.

2. El numeral 3º del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil consagra que el escrito con que se provoca el recurso extraordinario de casación debe contener «[l]a formulación por separado de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposición de los fundamentos de cada acusación en forma clara y precisa.»

Estas reglas de técnica son de imperativa observancia para el censor, con el fin de facilitar la comprensión de los argumentos con que pretende rebatir los sustentos del proveído atacado. Lo que es armónico con la característica dispositiva de este mecanismo, lo cual impide que las deficiencias observadas sean subsanadas directamente y a iniciativa propia por la corporación.

Así lo tiene advertido la Sala al exigir que «sin distinción de la razón invocada, deben proponerse las censuras mediante un relato hilvanado y claro, de tal manera que de su lectura emane el sentido de la inconformidad, sin que exista cabida para especulaciones o deficiencias que lo hagan incomprensible y deriven en deserción, máxime cuando no es labor de la Corte suplir las falencias en que incurran los litigantes al plantearlos» (CSJ, AC, ago. 16/2012, rad. 2009-00466, reiterado CSJ, AC, jul. 12/2013, rad. 2006-00622-01).

3. Con base en estas premisas la Sala concluye que el cuestionamiento planteado no cumple las exigencias formales y, por ende, está llamado al fracaso, como pasa a verse:

3.1. Se observa que el cargo omitió indicar, como correspondía, en aras de satisfacer la exigencia de claridad y precisión, si la violación del ordenamiento sustancial denunciada se produjo de manera directa o indirecta, comoquiera que únicamente adujo que la causal invocada es la primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, mientras que en su desarrollo sólo fueron expuestos argumentos por los que se consideró equivocada la decisión del tribunal.

Respecto al requisito extrañado, la jurisprudencia de la Corte ha indicado que «(…) si se trata de violación de normas sustanciales hay que identificar las que tienen esa connotación» y, además, «precisar cómo se produjo el quebrantamiento, si de manera directa o indirecta» (CSJ, AC, nov. 24/2010, rad. 2008-00271-01); porque si se omite esta precisión, no es de recibo la impugnación extraordinaria, como da cuenta, entre otros, el proveído de 19 de septiembre de 2001, radicación 0037, a cuyo tenor para acoger tal mecanismo de defensa «(l)a primera dificultad aparece cuando el recurrente aduce violación de la ley, sin explicar la vía a la cual recurre».

3.2. En adición, uno de los argumentos de los inconformes pretenden desvirtuar la sentencia del ad quem arguyendo que era inviable la unión marital de hecho declarada, porque Eustacio García Loaiza tenía un vínculo conyugal vigente, y que no podía ser proclamada con efectos a partir del 27 de julio de 1985, en razón a que para tal fecha ni siquiera estaba sancionada la Ley 54 de 1990.

Con otras palabras, el cargo se apoyó, en primer lugar en que el fallador de última instancia no observó varios presupuestos legales que impedían dar cabida a la pretensión de la demandante. Esto, que el embate formuló una crítica correspondiente a la vulneración directa de la ley sustancial, porque está dirigida a cuestionar premisas que el juzgador no tuvo en cuenta y que daban lugar a desechar el caso, que es, precisamente, lo que se configura cuando no se observa una exigencia plasmada en los cánones que reglamentan la pretensión invocada en el escrito genitor del litigio.

Sobre tal aspecto la Corte tiene dicho que la equivocación del fallador corresponde a la causal directa prevista en el numeral 1º del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, cuando incurre en

(…) falsos juicios sobre las normas sustanciales que gobiernan el caso, ya sea por falta de aplicación, al no haberlas tenido en cuenta; por aplicación indebida, al incurrir en un error de selección que deriva en darles efectos respecto de situaciones no contempladas; o cuando se acierta en su escogencia pero se le da un alcance que no tienen, presentándose una interpretación errónea (CSJ SC, abr. 24/2012, rad. 2005-00078. Resaltado ajeno al texto).

Esto fue, precisamente, lo que traduce un aparte del reproche planteado en el libelo casacional, porque se acusó al funcionario de última instancia de no exigir requisitos previstos en el ordenamiento sustancial en tratándose de la acción invocada en la demanda.

Sin embargo, los recurrentes a reglón seguido reprochan, al parecer por la senda indirecta y debido a errores de hecho, que el tribunal valoró erradamente el acervo probatorio, porque este demostraba que no se configuró la unión marital de hecho pedida.

Así las cosas, se concluye que los atacantes, de un lado, alegaron situaciones relativas a la conculcación de la ley sustancial por vía indirecta debido a supuestos yerros fácticos del tribunal y, de otro lado, que también expusieron quejas atinentes a la transgresión del mismo ordenamiento por vía directa, es decir, que el cargo mezcla críticas correspondiente a los caminos recto e indirecto, como fue señalado en la réplica de la demanda.

Consecuentemente, el cargo padece de yuxtaposición de diversos motivos de casación, tornándolo impróspero porque es necesario que cada una de las censuras invocadas guarde correspondencia con la causal escogida por el censor, en virtud de la autonomía de los motivos de casación, toda vez que son

disímiles por su naturaleza, lo cual implica que las razones alegadas para cuestionar la sentencia deban proponerse al abrigo exclusivo de la correspondiente causal, sin que por ende sea posible alegar o considerar en una de ellas situaciones que a otra pertenecen. De este modo, la parte que decide impugnar una sentencia en casación no puede lanzarse a invocar promiscuamente las diversas causales, sino que ha de saber con exactitud, en primer lugar, qué tipo de yerro se cometió, y luego, aducir la que para denunciarlo se tiene previsto (CSJ AC6487 de 2016, rad. 2009-00244-01, entre otros).

3.3. Para abundar en razones, la Corte también advierte que el cuestionamiento esgrimido en la demanda de casación tampoco cumple las exigencias formales.

Realmente —aun haciendo gran ejercicio hermenéutico para asumir que la violación a la ley sustancial invocada es por la vía indirecta debido a yerros de hecho del fallador de última instancia y omitiendo la mezcla de motivos de casación— la exposición de los censores únicamente contiene una valoración probatoria basada en una disparidad de criterios que resulta insuficiente para habilitar este mecanismo extraordinario.

En efecto, el ad quem basó su determinación en que está demostrado que las partes sostuvieron una relación sentimental, con la intención de conformar una familia, y caracterizada por la singularidad del vínculo y un proyecto de vida común, aunque en un interregno diverso al pedido en la demanda, ya que el ligamen se rompió en el mes de julio del año 2004.

Por su parte, el discernimiento de los recurrentes es que el tribunal erró al valorar el acervo probatorio porque unos testimonios informaron que la pareja se separó en varias oportunidades; otros declarantes desvirtuaron la unión al dar detalles de su desarrollo; porque la demandante no socorrió a su supuesto consorte cuando estaba en su lecho de enfermo, lo que fue aceptado por ella; y que el causante fue auxiliado por su entonces esposa y los hijos de esa pareja.

Incluso, en otros pasajes se critica al juzgador de primera instancia por no profundizar probatoriamente respecto de la vinculación de Evelyn Cardona Valencia a los servicios de salud de García Loaiza; y al juez ad quem por insuficiente motivación de su sentencia puesto que «no hizo el análisis correspondiente» sobre los presupuestos axiológicos de la existencia de una unión marital de hecho, regulados por la Ley 54 de 1990.

De allí se desprende que lo expuesto en el reproche es una disparidad de criterios sobre la estimación del acervo probatorio, pero no la preterición o tergiversación de un medio de convicción obrante en el expediente, o la suplantación de alguno que no estaba, eventos que configuran el error de hecho susceptible de invocación por vía de casación.

Con otras palabras, el ataque no demostró el yerro invocado porque se limitó a exponer un punto de vista distinto al del fallador, cuando se esperaba de los casacionistas que precisaran la forma en que se configuró la omisión, suposición o alteración de las pruebas; que a causa de uno o varios de estos errores las consideraciones del juzgador eran contraevidentes e insostenibles de cara a lo que revela el material suasorio; y que la decisión planteada por el censor era la única viable.

Al respecto, la Sala ha señalado:

De conformidad con el último inciso del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, cuando se alegue la violación de norma sustancial como consecuencia de error de hecho manifiesto en la apreciación de la demanda o de su contestación, o de determinada prueba, es necesario que el recurrente lo demuestre, actividad que impone, como ha afirmado con reiteración la Corte, que “...más que disentir, se ocupe de acreditar los yerros que le atribuye al sentenciador, laborío que reclama la singularización de los medios probatorios supuestos o preteridos; su puntual confrontación con las conclusiones que de ellos extrajo —o debió extraer— el tribunal y la exposición de la evidencia de la equivocación, así como de su trascendencia en la determinación adoptada” (Cas. Civ., sent. mar. 23/2004, exp. 7533), actividades todas que conducen a la acertada confección de la censura en ese preciso aspecto. En el mismo sentido ha dicho la Corte, también con insistencia, que la demostración del yerro “...se cumple mediante la exposición de la evidencia del error y de su incidencia en la decisión adoptada” (sent. feb. 2/2001, exp. 5670), por manera que se precisa una tarea de confrontación o de parangón entre lo que la sentencia dijo acerca del medio o de la demanda o contestación y lo que en verdad ella debió decir. (CSJ, AC, 30 mar. 2009, rad. 15001-31-03-002-1996-08781-01).

Más recientemente indicó que

En el error de hecho debe ponerse de presente, por un lado, lo que dice, o dejó de decir, la sentencia respecto del medio probatorio, y, por el otro, el texto concreto del medio, y, establecido el paralelo, denotar que existe disparidad o divergencia entrambos y que esa disparidad es evidente (CSJ, AC, ene 13/2013, rad. 2009-00406).

En suma, la argumentación presentada para sustentar la demanda de casación no pasó de ser un alegato de instancia, ajeno a esta sede.

3.4. Total, el cargo padece de los referidos desatinos, los que son suficientes para desestimarlo.

3.5. Sin embargo, resulta pertinente precisar brevemente —por lo esbozado en el cargo por el casacionista y para una mayor profundización—, como en pretéritas oportunidades lo ha expuesto esta Sala, que no es inconveniente para declarar la unión marital de hecho, el que uno de los consortes conserve un vínculo matrimonial anterior, porque esta situación comporta un obstáculo únicamente para que aquella alianza surta efectos de tipo patrimonial.

Efectivamente, no es motivo para desestimar la pretensión dirigida al reconocimiento del vínculo principal, que sus integrantes o uno de ellos no haya disuelto su anterior sociedad conyugal, previamente a la iniciación de aquella, habida cuenta que tal requisito legal alude a la presunción de existencia de la sociedad patrimonial entre los compañeros permanentes, como con suficiente claridad lo consagra el literal b) del inciso 1º del artículo 2º de la Ley 54 de 1990 (CSJ, SC, sep. 11/2013, rad. 2001-00011).

3.6. Igualmente, en relación con la aplicación de la Ley 54 de 1990 al caso de autos, a pesar de que la unión declarada inició anteladamente a la promulgación de ese ordenamiento, es de recordar que la doctrina de esta colegiatura desde el 2005(1) se inclina por la solución que adoptó el juez ad quem, respecto de las uniones maritales que, surgidas con anterioridad a dicha promulgación, siguieron desarrollándose sin solución de continuidad durante su vigencia, pero no para las que a ese momento estaban culminadas.

Es decir que «la Ley 54 de 1990 sí aplica a las uniones maritales que, surgidas con anterioridad a su promulgación, continuaron desarrollándose sin solución de continuidad durante su vigencia —no así a las que para ese momento ya habían fenecido—, por manera que para los efectos de la conformación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, debe tenerse en cuenta la totalidad del tiempo que ellos convivieron, incluido, por supuesto, el anterior al 31 de diciembre de 1990, en el obvio entendido que se verifiquen todos los presupuestos requeridos por la normatividad patria.» (CSJ, SC 268/2005, rad. 2000-00591-01; reiterada en SC, ago. 5/2013, rad. 2008-00084-02; SC10561/2014, rad. 2007-1170-01; SC17162, dic. 14/2015, rad. 2010-00026).

4. Lo analizado conlleva a la frustración de la impugnación, la imposición de costas a sus proponentes, según lo previsto en el inciso final del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, y al señalamiento de agencias en derecho como lo dispone el precepto 392 ibídem, modificado por el 19 de la Ley 1395 de 2010, para lo cual se tendrá en cuenta que la promotora replicó el libelo extraordinario.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 7 de noviembre de 2012, por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Guadalajara de Buga, en el proceso ordinario que Luz Betty Valencia Varela promovió en contra de Piedad, Sonia Patricia, Edgar Fernando, Carlos David García García, Maritzabel y Luis Stevan García Valencia, todos como herederos determinados de Eustacio García Loaiza, e indeterminados.

Se condena en costas a los recurrentes en casación, Piedad, Sonia Patricia, Edgar Fernando y Carlos David García García, en favor de la demandante. Por secretaría inclúyase en la liquidación la suma de $ 6.000.000, por concepto de agencias en derecho.

Cumplido lo anterior, devuélvase la actuación surtida al tribunal de origen.

Notifíquese,

Magistrados: Luis Alonso Rico Puerta, Presidente de la Sala—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.

1 CSJ, SC, 28 de octubre de 2005, radicación 2000-00591-01.