Sentencia SC12667-2016/2015-01165 de septiembre 9 DE 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Radicación n° 11001-02-03-000-2015-01165-00

(Aprobado en sesión de tres de agosto de dos mil dieciséis)

Magistrado Ponente

Dr. Ariel Salazar Ramírez

Bogotá D.C., nueve de septiembre de dos mil dieciséis

Decide la Corte sobre la solicitud de exequátur promovida por Rubinsney Cardozo Ruíz, respecto de la sentencia dictada el veintitrés de julio de dos mil siete, por el Cantón de Lucerna, Juzgado Oficial de Lucerna Rural, Confederación Suiza.

I. ANTECEDENTES

A. La pretensión

La demandante, a través de apoderado judicial, solicita homologar el fallo que se viene de referenciar, mediante el cual se decretó el divorcio del matrimonio que contrajo con el señor Phillippo Carlo Calzimiglio.

En consecuencia, pide que se inscriba la mencionada providencia en los registros respectivos. [Folio 14]

B. Los hechos 

1. El 3 de diciembre de 1999, en Lorrach, Alemania, la accionante contrajo nupcias con Philippo Carlo Calzimiglio, ciudadano Suizo.

2. Durante la unión la pareja no procreó hijos, ni adquirió bienes.

3. El 28 de febrero de 2007, los esposos, decidieron terminar su enlace, por lo que firmaron un convenio para divorciarse de mutuo acuerdo y liquidar la sociedad conyugal.

4. En virtud de lo anterior, cónyuges en forma conjunta presentaron petición ante el Catón de Lucerna, Juzgado Oficial de Lucerna Rural de la Confederación Suiza, para que se aprobara el pacto y se declarara la ruptura de la relación matrimonial.

5. Surtido el trámite correspondiente el juzgador foráneo, en sentencia de 23 de julio de 2007, accedió a las pretensiones, esto es, a la disolución del vínculo existente y, ratificó el acuerdo regulador de las partes.

C. El trámite del exequátur

1. El 29 de mayo de 2015 se admitió la demanda, y se corrió el traslado de rigor a los agentes del Ministerio Público. [Folio 18, c.1]

2. La Procuradora Delegada para Asuntos Civiles, luego de hacer referencia a los requisitos del exequátur, indicó consideraba viable otorgar la homologación, pues el divorcio decretado armoniza con el ordenamiento jurídico Colombia y no vulnera las normas de orden público. [Folio 31, c.1]

3. La funcionaria del ente de control, delegada para la Defensa de la Infancia, Adolescencia y Familia, manifestó que encontraba procedente otorgar efectos jurídicos a la decisión de divorcio, por cuanto aquella guarda consonancia con el régimen matrimonial establecido en la legislación colombiana. [Folio 36, c.1]

4. En la debida oportunidad se admitieron las pruebas presentadas con la demanda, y se ordenó librar oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores para que informara si entre Colombia y la Confederación Suiza existían convenios internacionales vigentes, sobre la reciprocidad en el reconocimiento de sentencias proferidas por autoridades jurisdiccionales de ambos países; así como al Cónsul de nuestro país en Berna (Suiza) para que enviara con destino al proceso, copia total o parcial, de la Ley vigente en dicho lugar en lo concerniente a la ejecución de la decisiones judiciales extranjeras en caso de que exista, y la referida al tema objeto de la homologación. [Folio 39]

5. Finalmente se corrió traslado para alegar, conforme lo dispuesto en el numeral 6° del artículo 695 del Código de Procedimiento Civil. [Folio 207]

II. CONSIDERACIONES

1. En virtud del postulado de la exclusividad de la jurisdicción, los jueces de cada Estado son los únicos que, en principio, pueden proferir decisiones judiciales obligatorias al interior de sus respectivos países, pues de no ser ello así se violaría la soberanía nacional. De ahí que ninguna providencia dictada por jueces extranjeros tiene obligatoriedad ni ejecución forzada en Colombia, a menos que medie la autorización del órgano judicial competente, que según la Carta Política es la Corte Suprema de Justicia.

Esa excepción a la regla general se justifica en virtud de los principios de cooperación internacional y reciprocidad, en atención a los cuales es posible que a las sentencias dictadas en otros Naciones se les otorgue validez en la nuestra siempre y cuando en aquéllas se le reconozca valor al mismo tipo de providencias emanadas del poder judicial colombiano.

La reciprocidad diplomática con el Estado en el cual se profirió la sentencia se puede verificar con la existencia de tratados celebrados entre Colombia y ese país, de modo que en su territorio se le otorgue valor a los fallos pronunciados por la jurisdicción colombiana. A falta de esos convenios, debe acreditarse que hay reciprocidad legislativa, la cual consiste, al tenor del artículo 693 del estatuto procesal, en la consagración en ambas naciones de disposiciones legales con igual sentido.

Sobre el particular, la Sala ha sostenido que «[E]n primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el país. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia».» (G.J. T. LXXX, p. 464, CLI, p. 909, ClVIII, p. 78 y CLXXVI, p. 309; CSJ, 4 May 2012, Rad. 2008-02100-00)

Además del anterior requisito, para que un fallo extranjero surta efectos vinculantes en nuestro país se requiere que se cumplan los presupuestos que reclama el ordenamiento legal interno, específicamente los contenidos en el Capítulo I del Libro V del Título XXXVI del Código de Procedimiento Civil.

El trámite del exequátur deberá ceñirse, por tanto, a la forma y términos establecidos en el artículo 695 ejusdem, y la providencia que se pretende se reconozca, deberá cumplir con los requerimientos previstos en el artículo 694 del mismo ordenamiento, cuyo numeral segundo señala que para que la sentencia extranjera pueda surtir efectos en nuestro país no se debe oponer «a leyes u otras disposiciones colombianas de orden público, exceptuadas las de procedimiento».

2. En el asunto que se analiza, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que una vez «revisado el archivo del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, se pudo establecer que en el mismo no reposan tratados o convenios bilaterales o multilaterales vigentes entre la República de Colombia y la Confederación Suiza que verse sobre el reconocimiento recíproco del valor de las sentencias pronunciadas por autoridades jurisdiccionales de ambos estados». [Folio 46, c.1], es decir, sobre la homologación de sentencias entre Colombia y la Confederación Suiza en temas civiles, por lo que no existe evidencia de la reciprocidad diplomática entre ambas naciones sobre el tema que es objeto del exequátur.

Empero y aunque de lo anterior se desprende la inexistencia de referida correspondencia, de las pruebas recaudadas en el expediente se desprende la de orden legislativo.

Así, a instancia del interesado se obtuvo copia auténtica de la normatividad que regula el reconocimiento de las sentencias extranjeras en el territorio Suizo, en la que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Federal sobre Derecho Privado Internacional, «Una decisión extranjera se reconoce en Suiza: a. cuando la competencia de los juzgados o de las autoridades del estado, en el cual se tomó la decisión fue fundamentada… b. cuando en contra la decisión no se puede hacer valer un recurso jurídico ordinario o cuando la decisión es definitiva y… c) cuando exista una razón de negación en el sentido del artículo 27», así mismo preceptúa que no se reconocerá en caso de que «el reconocimiento fuese evidentemente no reconciliable con el orden público Suizo» o porque «a. que ella no sea citada como es debido según la Ley y en su lugar de residencia, ni en su residencia habitual, a no ser que se haya comprometida incondicionalmente al pleito; b. que la decisión se haya producido bajo violación de fundamentos importantes de la ley de procedimiento Suiza, en especial que haya sido negada el trámite de audiencia legal; c. que un pleito entre las mismas partes y sobre el mismo objeto primero se haya entablado en Suiza o se haya decidido en Suiza, o que anteriormente haya sido decidido por un tercer estado y esta decisión pueda ser reconocida en Suiza».

Concretamente, en su artículo 58 indica que se reconocerán las sentencias relativas al régimen matrimonial, cuando: «a. fueron pronunciadas o que se reconocen en el Estado del domicilio del esposo demandado, b. fueron pronunciadas o que se reconocen en el estado del domicilio del esposo demandante y que el esposo demandando no tenía su domicilio en Suiza, c. cuando fueron pronunciada o que se reconocen en el Estado en el cual se aplica la legislación del régimen matrimonial conforme a la ley».

Por consiguiente, se considera que son ejecutables en Colombia las sentencias pronunciadas por los jueces de la Confederación Suiza, en virtud de la aludida reciprocidad.

3. Ahora bien, para la procedencia de la homologación de la sentencia extranjera no resulta suficiente con que se haya demostrado la mencionada reciprocidad legislativa, sino que es necesario corroborar que la decisión que se somete al exequátur no contravenga el orden público, concepto sobre el que esta Corporación ha tenido la oportunidad de precisar que «no es más que la indispensable defensa de esos principios esenciales en los que está cimentado el esquema institucional e ideológico del Estado en aras de Salvaguardarlo». (CSJ SC, 8 Jul 2013, Rad. 2008-2099-00)

De ahí que la noción que se impone acoger es la de «orden público internacional», el cual habrá de ser atendido por el juez estatal cuando se trata del reconocimiento y la ejecución de una sentencia extranjera «sólo para evitar que una sentencia o ley extranjera tenga que ser acogida cuando contradice los principios fundamentales». (Ibídem)

La Corte ha enfatizado que en los trámites de exequátur «no existe inconveniente para un país [en] aplicar leyes extranjeras, que aunque difieran de sus propias leyes, no chocan con los principios básicos de sus instituciones. Sin embargo, cuando una ley extranjera o la sentencia que la aplica, se basan en principios no solo diferentes, sino contrarios a las instituciones fundamentales del país en que aquellas pretenden aplicarse, los jueces del Estado pueden, excepcionalmente, negarse a aplicar la ley o el fallo extranjero que se aparta de esa comunidad de principios», pues el significado del enunciado concepto en asuntos de esta índole se evidencia «la noción de orden público se evidencia en asuntos de esta índole como un mecanismo de defensa de las instituciones patrias impidiendo la grave perturbación que significaría la aplicación de una decisión de un juez o tribunal extranjero que socava la organización social colombiana. De ahí que en la materia deba estar plenamente clarificado que la sentencia cuyo exequátur se reclama no contraría el orden público nacional, ni hiere en forma grave aquellas normas del ordenamiento que son intangibles». (Ibídem)

En ese orden de ideas, únicamente una incompatibilidad grave entre el pronunciamiento jurisdiccional para el que se pide el exequátur y los principios fundamentales en que se inspira la normatividad nacional, podría dar lugar a que aquélla no fuera objeto de homologación, pues al fallador, como asunto propio de su decisión, tan solo le corresponde verificar si la aludida determinación se opone o no a los pilares de las instituciones jurídicas patrias.

A ese propósito, se corrobora que el procedimiento de divorcio fue promovido por ambos cónyuges, en virtud de que los dos llegaron a un acuerdo en tal sentido.

Documento, que el juzgador extranjero tuvo en cuenta al tomar su decisión y luego de comprobar dentro del trámite judicial que la voluntad de los esposos era real y que su acuerdo, confirmado individualmente, era libre y lúcido, accedió a las pretensiones y ordenó que la sentencia se inscribiera en el registro civil correspondiente, lo que guarda consonancia con lo establecido en Colombia, cuando el divorcio es de común acuerdo.

De igual forma, tuvo por homologado el acuerdo en los demás puntos que pactaron los cónyuges, tales como la no existencia de pensión compensatoria, así como la liquidación conyugal.

Significa lo precedente que se satisfacen los requerimientos que, sobre el particular, contempla la regulación contenida en los artículos 154 y 164 del Código Civil, toda vez que se disolvió el vínculo matrimonial por consentimiento de ambos contrayentes.

En asuntos como el que es objeto del presente análisis, la jurisprudencia ha aceptado que los fallos que en el exterior declaren el divorcio del matrimonio civil son susceptibles de homologarse en Colombia, comoquiera que en aplicación del artículo 1º de la Ley 1ª de 1976 el domicilio en el extranjero de los cónyuges determina que «esa ley extranjera -la del domicilio conyugal que allí se tenga- es la reguladora de la procedencia, causa, procedimiento y clase de divorcio (incluyendo en éste, el divorcio por mutuo acuerdo y el divorcio contencioso)” por lo que “resulta compatible con dicha legislación y ejecutable en Colombia el divorcio decretado por mutuo acuerdo, tanto en los países extranjeros en que así lo reconozca su legislación, como el que se profiere en España en desarrollo de dicho convenio» (CSJ SC, 13 Oct 1999, Rad. 7298, citada en SC, 19 Dic 2012, Rad. 2011-00579-00).

4. Finalmente, en lo que respecta al requisito dispuesto en el numeral 3° de la norma precitada, impone destacarse que al plenario se allegó copia debidamente legalizada de la aludida providencia, como enseguida se explica.

Se cumplen los requisitos de apostilla, como lo reglan, en su orden, la Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961, y el artículo 260 del Código de Procedimiento Civil.

En otra oportunidad, la Corte indicó que:

En el año 1998 a través de la ley 455, se aprobó la ‘Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros’, suscrita en la Haya el 5 de octubre de 1961, mediante la cual se introdujeron modificaciones que consistieron, esencialmente, en sustituir la autenticación Diplomática o a través de Cónsul, por la colocación de un sello de apostilla, rigiendo en los términos previstos en ella y respecto de los países suscriptores.  

Luego, en la actualidad, la legalización de documentos públicos – incluidos los que emanan de autoridad o funcionario relacionado con las cortes o tribunales de un Estado-, provenientes del extranjero y a que alude la mentada convención de la Haya, se surte agotando ese sencillo procedimiento, dejando reservadas las exigencias a que se contrae el artículo 259 del C. de P. C., para los documentos que no reúnen las condiciones que allí se mencionan.  

5. Así las cosas, de lo consignado se colige que la sentencia de la cual la parte actora pretende que surta efectos en el país, alcanzó ejecutoria de conformidad con la ley de la nación de origen y se presentó ante la Corte en copia debidamente autenticada y legalizada, no compromete el orden público, pues la decisiones contenidas en dicho proveído no es contraria a los principios en los que se inspiran las disposiciones legales que disciplinan el instituto jurídico del divorcio.

Adicional a lo anterior, constata esta instancia que el objeto de los referidos pronunciamientos no es de competencia exclusiva de los jueces colombianos, y no obra prueba de que en el territorio nacional exista proceso en curso.

6. Con fundamento en las precedentes motivaciones, procede el reconocimiento de efectos jurídicos a las determinaciones jurisdiccionales sometidas al presente trámite.

III. DECISIÓN 

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE: 

PRIMERO. CONCEDER el exequátur de la providencia dictada el veintitrés de julio de dos mil siete, por el Cantón de Lucerna, Juzgado Oficial de Lucerna Rural, Confederación Suiza, que decretó el divorcio del matrimonio que el 3 de diciembre de 1999, contrajeron Rubinsney Cardozo Ruíz y Philippo Carlo Calzimiglio.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en los artículos 6°, 10, 11, 22 y 72 del Decreto 1260 de 1970 y de conformidad con los artículos 1° y 2° del Decreto 2158 de 1970, se ordena la inscripción de esta providencia junto con la sentencia reconocida, en el folio correspondiente al registro civil de matrimonio celebrado entre Gustavo Rubinsney Cardozo Ruíz y Philippo Carlo Calzimiglio, y en el de nacimiento de aquélla. Por secretaría líbrense los oficios a que haya lugar.

Sin costas en el trámite.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,  

Magistrados: Álvaro Fernando García Restrepo, presidente de la Sala—Margarita Cabello Blanco—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Luis Alonso Rico Puerta—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.