Sentencia 2009-00171 de septiembre 14 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente

Dr. Luis Alonso Rico Puerta

SC12901-2016

Rad.: 11001-0203-000-2009-00171-00

(Aprobada en sesión de trece de julio de dos mil dieciséis)

Bogotá D.C., catorce de septiembre de dos mil dieciséis.

Decide la Corte la solicitud de exequátur presentada por Bernardo Alberto Gómez Betancur, respecto de la sentencia de 15 de junio de 2005, proferida por el Juzgado Superior del Estado de Connecticut, Distrito Judicial de Stamford (Estados Unidos de Norteamérica), mediante la cual se decretó el divorcio del matrimonio contraído por el accionante con Ana Victoria Martínez Cerón.

I. Antecedentes

1. Mediante apoderada judicial constituida para tal fin, el accionante pidió la homologación de la providencia extranjera previamente citada, apoyado en los siguientes hechos:

1.1. El 26 de febrero de 1997 contrajo matrimonio civil con Ana Victoria Martínez Cerón, en la Notaría Quinta del Círculo de Medellín, acto elevado a Escritura Pública 255 de la misma fecha, vínculo dentro del cual, no procrearon hijos.

1.2. Mediante el fallo cuya homologación se pretende, la aludida autoridad judicial extranjera decretó su divorcio por la existencia de diferencias irreconciliables”.

1.3. Aunque la sentencia de divorcio previó la liquidación de la sociedad conyugal, ese procedimiento no se requirió, porque los ex-cónyuges habían estipulado capitulaciones matrimoniales antes de contraer nupcias; a pesar de ello, realizaron las declaraciones respectivas sobre la independencia personal y financiera a partir del fallo, sin subsistir débito de ninguna clase entre ellos.

2. Admitida la demanda, se dio traslado al Agente del Ministerio Público delegado en lo civil, quien en tiempo se pronunció, pero no efectuó ningún reparo a las aspiraciones del demandante; no obstante, solicitó pruebas con miras a verificar la existencia de la reciprocidad diplomática o legislativa entre Colombia y Estados Unidos.

3. Se decretaron los medios de persuasión peticionados y los oficiosamente dispuestos por la Corte, incorporándose en debida forma, los allegados.

3.1. Así, se ofició al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, deprecándole que certificara lo concerniente a “la existencia de tratados o convenios bilaterales o multilaterales vigentes sobre el reconocimiento recíproco del valor de las sentencias pronunciadas por autoridades jurisdiccionales de ambos países en procesos de divorcio” [fls. 69-70].

Igualmente, se dispuso comisionar al Cónsul General de Colombia en los Estados Unidos, para que gestionara la obtención de copias certificadas de los textos legales relacionados con el aludido asunto.

3.2. Según la información suministrada por la oficina jurídica de la referida cartera ministerial, “(…) no se encontró acuerdo bilateral vigente relacionado con el tema” (fl. 72).

Por su parte, el consulado de nuestro país en Washington informó haber consultado con sus asesores jurídicos “Martin & Rodríguez Pinzón”, quienes establecieron la inexistencia de tratado vigente de reconocimiento recíproco de sentencias pronunciadas por las autoridades judiciales, en procesos de divorcio, pues “en los Estados Unidos la ejecución de sentencias es una cuestión regulada por el derecho estadual y por lo tanto presenta características propias según se intente ejecutar una sentencia en un Estado o en otro”.

También informa que como aquel territorio cuenta con diversos estados, éstos tienen su propia reglamentación y por ello, “la falta de uniformidad descripta (sic) y la carencia de legislación general o tratados internacionales aplicables genera incertidumbre y falta de predictibilidad para determinar a priori si una sentencia extranjera será finalmente reconocida y ejecutada en los Estados Unidos. En última instancia la determinación final sobre el reconocimiento y ejecución recae sobre la apreciación de los tribunales.

A pesar de estas limitaciones (…) [agrega], existe una disposición por parte de los tribunales norteamericanos para hacer cumplir sentencias extranjeras, siempre y cuando se respeten unos principios generales que se han desarrollado en la jurisprudencia y en la práctica estadual. El principio rector que reglamenta el reconocimiento de sentencias es el ‘comity’ [el cual] podría entenderse como una presunción en favor del cumplimiento de una sentencia extranjera que surge de la intención de los Estados Unidos de demostrar su buena voluntad con otros países miembros de la comunidad internacional a través del reconocimiento de sus actos judiciales” [fl. 76].

4. Superado el término probatorio, la Corte concedió el de cinco días para alegar de conclusión, el cual feneció en silencio.

5. A pesar de lo anterior y por considerarlo necesario para la decisión definitiva, oficiosamente se dispuso incorporar varias probanzas dirigidas a establecer la existencia de reciprocidad legislativa, respecto de la refrendación de sentencias judiciales extranjeras en casos de divorcio, en el Estado de Connecticut, Estados Unidos.

Con esa finalidad, se ordenó a la secretaría de esta Corporación incorporar documentos allegados en otros trámites de exequátur, que hubieran servido “de prueba de los textos legales y la jurisprudencia, de conformidad con los cuales es permitido (…), concretamente en el estado de Connecticut, la ejecución de sentencias judiciales extranjeras proferidas en casos de divorcio matrimonial”, frente a lo cual informó no haberlos hallado (fls. 86).

Así mismo, se dispuso librar exhorto al Cónsul General de Colombia en el Estado de Nueva York, solicitándole obtener, legalizar y remitir copias certificadas de los textos legales del Estado de Connecticut, que permiten la ejecución de sentencias judiciales extranjeras proferidas en juicios de divorcio, obteniendo como respuesta la transcripción de algunas normas concernientes a la “disolución del matrimonio, separación legal y anulación”, pero no las relacionadas con la reciprocidad legislativa (fls. 94 y 100).

Luego de múltiples gestiones encaminadas a establecer la aludida reciprocidad, se allegó copia de la parte especial de los Estatutos del Estado de Connecticut (fl. 389), relacionada con la ejecución de sentencias de divorcio proferidas en el extranjero, pero al no hallarse traducidas a nuestro idioma, se requirió al demandante, no solo para que procurara su traducción oficial, sino el apostille de la copia del fallo cuya homologación se pretende y de otros documentos insertos, pero a pesar de los reiterados requerimientos efectuados en providencias de 27 de febrero, 10 de abril, 26 de mayo de 2014 y 17 de febrero de 2016, aquél no satisfizo la mencionada exigencia.

6. Así las cosas, mediante proveído del pasado 18 de abril, se dispuso ingresar la actuación para emitir el fallo correspondiente, a lo cual se procede, verificada la presencia de los presupuestos procesales y no observarse causal de nulidad de lo actuado.

II. Consideraciones

1. El Estado, a través de la jurisdicción, exterioriza su soberanía al declarar u ordenar la ejecución de relaciones de derecho concretas, con sujeción al ordenamiento jurídico, según lo establece el artículo 230 de la Constitución Política.

Tal poderío alcanza una de sus más importantes expresiones, en el hecho de que son sus propios jueces quienes están facultados para impartir justicia en el respectivo territorio y en esa medida, ninguna decisión foránea merece acatamiento en el nuestro, a no ser que obtenga su reconocimiento por parte de la autoridad judicial competente, previos los requisitos legalmente previstos.

Esto viene ocurriendo, porque en la época contemporánea, ese concepto de soberanía ha adquirido una nueva dimensión en el ámbito del Derecho Internacional Privado, en respuesta a diversas situaciones como la creciente interrelación de las naciones, el flujo generado en el tráfico mundial de bienes y servicios, al igual que otros fenómenos sociales de integración.

De acuerdo con en esa realidad, en desarrollo de los principios de cooperación y reciprocidad, los países han implementado tratados, convenciones, protocolos y diversos actos de derecho internacional, a fin de facilitar el reconocimiento y la ejecución de sentencias judiciales foráneas, como también de laudos dictados en arbitrajes internacionales, en países diferentes a aquél en donde fueron emitidos. La gran mayoría de Estados ha adoptado leyes o prácticas jurisprudenciales, con ese propósito.

2. Colombia, siguiendo esa tendencia, incorporó en el ordenamiento jurídico interno, la institución procesal del exequátur, el cual constituye el mecanismo habilitado para homologar o autorizar la ejecución de providencias de aquella índole, en el territorio patrio; procedimiento viable, siempre y cuando en el respectivo estado foráneo, también se les reconozca efectos jurídicos a las decisiones emitidas por nuestras autoridades judiciales, es decir, cuando exista reciprocidad, ya sea diplomática o legislativa, con el país en donde fue emitida la decisión cuya refrendación se pretende en esta patria.

Al respecto, el artículo 693 del Código de Procedimiento Civil, vigente para cuando se formuló la demanda, contempla que “[las] sentencias y otras providencias que revistan tal carácter, pronunciadas en un país extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria, tendrán en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese país, y en su defecto la que allí se reconozca a las proferidas en Colombia”.

Y, en cuanto al reconocimiento de laudos proferidos en arbitrajes internacionales en una sede distinta a Colombia, se aplica lo consagrado en el capítulo IX, sección tercera de la Ley 1563 de 2012.

3. A partir de lo previsto en la disposición transcrita y relacionado con la verificación de los señalados requisitos, esta Corporación, entre otros, en fallo CSJ SC4695-2016 Rad. 2014-00891-00, reiteró:

(…) en primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el país. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia (…).

Así mismo, se ha reconocido que la reciprocidad puede estar a su vez basada en la práctica jurisprudencial imperante en el país de origen del fallo objeto de la autorización (CSJ S-071, 25 sep. 1996, rad. 5724).

4. Al verificar lo atinente a la “reciprocidad diplomática”, se advierte su inexistencia, pues según lo informado por la “Coordinadora Área de Tratados Oficina Jurídica” del Ministerio de Relaciones Exteriores “(…) una vez revisados los archivos de la Oficina Asesora Jurídica Área de Tratados de este Ministerio, no se encontró acuerdo bilateral vigente relacionado con el tema”.

Y agrega: “Estados Unidos no es parte de la ‘Convención Interamericana sobre la Eficacia Extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales’ adoptada en Montevideo, Uruguay el 5 de agosto de 1979, aprobada para Colombia mediante la Ley 16 de 1981, publicada en el Diario Oficial N° 35711 del 27 de febrero de 1981 y que se encuentra vigente desde el 9 de octubre de 1981” (fl. 72).

En esas condiciones, quedaba por verificar la presencia de reciprocidad legislativa y aunque se allegó en idioma extranjero copia de los textos legales, que según se dice, responde a lo requerido, respecto del reconocimiento en el Estado de Connecticut de sentencias de divorcio patrias, el accionante no cumplió su deber de lograr la traducción oficial a la lengua de nuestro país, como tampoco el de apostillar la totalidad de la documentación indicada, de manera reiterada, en diversas providencias.

5. Lo expuesto pone en evidencia que el demandante omitió allegar en los términos previstos por la normativa nacional vigente, la legislación extranjera concerniente al tratamiento legislativo otorgado por los jueces del Estado de Connecticut, Estados Unidos de Norteamérica, a los fallos emitidos por las autoridades judiciales colombianas, pues no obstante su aducción física al expediente, no fue incorporada debidamente traducida al castellano como lo imponen los artículos 188, 259 y 260 del Estatuto Procesal Civil, hoy 177 y 251 del Código General del Proceso, circunstancia que, en consecuencia, descarta la satisfacción de los presupuestos para acceder a la refrendación reclamada.

En relación con esta clase de trámites, la Corte ha sido reiterativa en señalar que al promotor del exequátur le corresponde acreditar, íntegramente, los requisitos necesarios y legalmente establecidos para la homologación y consecuente ejecución del fallo extranjero, de tal forma que si incumple dicha carga, deberá asumir los efectos adversos a sus aspiraciones.

Así lo ha expuesto la Sala entre otros, en fallo SC10647-2015, Rad. 2011-01508-00, cuando dijo:

“Los requisitos sustanciales y formales que deben concurrir para que se conceda la autorización objeto de la demanda, corresponde a la parte interesada satisfacerlos a plenitud, punto en el cual, entonces, se hace imperioso el cumplimiento de la carga probatoria que corre contra quien alega en su favor unos hechos. (…) En otras palabras, en materia de exequátur, quien propugna por obtenerlo debe demostrar que se cumplen todas y cada una de las condiciones requeridas para el efecto, y, por consiguiente, una actitud pasiva o una actividad deficiente en ese sentido genera, sin más, la negación de la solicitud, sin perjuicio, claro está, de que se pueda acudir mediante nueva demanda que sea plenamente satisfactoria a provocar el reconocimiento de la sentencia extranjera. (…).

6. En el anterior orden de ideas, como el gestor de la presente actuación omitió cumplir cabalmente con su responsabilidad y ese proceder le impidió a la Corte obtener los elementos de juicio suficientes para concluir la procedencia de su petición, la negativa de la misma, debe ser la consecuencia.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. NEGAR el exequátur de la providencia dictada el 15 de junio 2005, por la Corte Superior del Estado de Connecticut, Estados Unidos de América, solicitado por Bernardo Alberto Gómez Betancur.

2. NO CONDENAR costas en este trámite, por no aparecer causadas.

Cópiese y notifíquese.

Magistrados: Álvaro Fernando García Restrepo, presidente—Margarita Cabello Blanco—Ariel Salazar Ramírez—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Luis Alonso Rico Puerta—Luis Armando Tolosa Villabona.