Sentencia SC12907-2017/2011-00216 de agosto 25 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC12907-2017

Rad.: 05615-31-84-002-2011-00216-01

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Fernando García Restrepo

(Aprobado en sesión de veintiuno de septiembre de 2016)

Bogotá, D. C., veinticinco de agosto de dos mil diecisiete.

Decide la Corte el recurso extraordinario de casación que la demandada, Letty Alejandra Quiroz Giraldo, interpuso frente a la sentencia proferida el 6 de febrero de 2013 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, Sala Civil - Familia, en el proceso adelantado en su contra por Rubén Antonio Quiroz Ruiz, al que fue citada Luz Elena Giraldo Giraldo.

Antecedentes

1. En el escrito con el que se dio inicio al proceso, que milita en los folios 9 a 11 del cuaderno Nº 1, el gestor del mismo solicitó, en síntesis, que se declarara que la accionada “[n]o es hija del [s]eñor Jhon Jairo Quiroz Herre[r]a”; y que se comunicara tal determinación al notario y al cura párroco respectivos, a fin de que tomen nota de ella.

2. En sustento de dichos pedimentos, se esgrimieron los fundamentos fácticos que pasan a compendiarse:

2.1. El actor es el padre de Jhon Jairo Quiroz Herrera, ya fallecido, quien siempre residió en la casa de aquél, “jamás convivió con mujer alguna por espacio de más de un año y mucho menos con la [s]eñora Luz Elena Giraldo Giraldo”, ni “procreó hijo alguno con esta última”, pues “solo sostenía relaciones con ella de vez en cuando, pero sin que convivieran bajo el mismo techo”, ni compartieran el mismo “lecho”.

2.2. Únicamente hasta el mes de abril de 2011, el accionante y su familia se enteraron que “el finado Jhon Jairo Quiroz Herrera había tenido o procreado una hija de nombre Letty Alejandra Quiroz Giraldo con la señora Luz Elena Giraldo Giraldo”, habida cuenta que “Acción Social”, mediante Resolución 6691 del 24 de agosto de 2010, les reconoció a ellas “la reparación individual por vía administrativa” con ocasión de la muerte del citado causante y ordenó en su favor el pago de unas sumas de dinero.

2.3. Ante la misma entidad atrás mencionada, el demandante, desde “[s]eptiembre de 2008”, había elevado petición en similar sentido, sin que, para la fecha en la que se formuló la demanda, hubiere sido resuelta la misma. En “febrero de 2011[,] reiteró la solicitud para que le informaran el estado de su reclamación”.

2.4. De lo anterior se desprende “que hace apenas 1 mes”, el actor “se enteró (…) que su fallecido hijo había procreado” a Letty Alejandra.

3. Previa obtención del registro civil de nacimiento de la demandada, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Rionegro, Antioquia, admitió el libelo introductorio con auto del 9 de junio del 2011, en el que ordenó la citación de la progenitora de aquélla, señora Luz Elena Giraldo Girado, proveído que notificó personalmente a las dos, en diligencia verificada el 5 de julio siguiente (fl. 25, cd. 1).

4. Por intermedio de un mismo apoderado judicial, pero en escritos separados, la accionada y la citada al pleito, respondieron oportunamente la demanda, en desarrollo de lo cual se opusieron a sus pretensiones, se pronunciaron de distinta forma en relación con cada uno de los hechos en ella invocados y propusieron la excepción meritoria de “prescripción de la acción”, sustentadas en que la misma se promovió por fuera del término de los 60 días siguientes al “nacimiento de la persona” (fls. 32 a 35 y 40 a 44, cd. 1).

5. Surtida la primera instancia, el citado juzgado le puso fin con sentencia del 27 de junio de 2012, en la que declaró “probada la excepción de caducidad de la acción (…)” e impuso el pago de las costas al promotor del litigio (fls. 66 a 76, cd. 1).

6. En virtud de la apelación que contra dicho proveído interpuso Quiroz Ruiz, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, Sala Civil - Familia, mediante sentencia del 6 de febrero de 2013, lo revocó y, en defecto del mismo, desestimó la referida excepción, declaró que “Lety Alejandra Quiroz Giraldo, (…), no es hija del señor Jhon Jairo Quiroz Herrera, fallecido, y en consecuencia se DEJA SIN VALOR LEGAL el reconocimiento efectuado por el último en la Alcaldía Municipal de Guarne, Antioquia”; ordenó la modificación del registro civil de nacimiento de la accionada; y condenó tanto a ésta como a la citada, al pago de las costas, pero sólo en primera instancia (fls. 7 a 20 vuelto, cd. 4).

La sentencia del ad quem

Tras afirmar la satisfacción de los presupuestos procesales; referirse al caso sometido a su conocimiento, con precisión de lo perseguido por el demandante con el recurso de apelación; y concretar que los “problemas jurídicos” que se desprenden de dicho recurso, consisten en determinar el momento a partir del cual debe contarse “el término legal de caducidad de la acción de impugnación a la paternidad” y en establecer, con base en tal definición, si la aquí intentada se extinguió de esa manera, dicho juzgador, a efecto de arribar a las comentadas decisiones que aquí emitió, expuso los planteamientos que enseguida se resumen:

1. Comenzó por aludir a la acción de impugnación de la paternidad, de la que destacó el régimen legal aplicable, las personas legitimadas para intentarla y el término de que disponen para ello.

2. A continuación, centró su atención en el “reconocimiento filial”, temática respecto de la cual apuntó los medios cómo puede verificarse y resaltó que la “irrevocabilidad” prevista en el artículo 1º de la Ley 75 de 1968, no impide que la paternidad y la maternidad extramatrimonial puedan impugnarse en la forma y términos de los artículos 248 y 335 del Código Civil, respectivamente, conforme el expreso mandato del artículo 5º de la citada ley, preceptos de los cuales reprodujo el segundo y último invocados.

Coligió que, por consiguiente, "el reconocimiento de la paternidad puede ser impugnado no sólo por el padre, sino por quien demuestre un interés actual en ello" y que "puede tenerse como tal un interés patrimonial, como lo es por ejemplo el de los herederos frente a sus derechos sucesorales o el del cónyuge supérstite a reclamar sus gananciales o la pensión de sobreviviente, o bien el de los padres a reclamar una indemnización o reparación administrativa por la muerte de su descendiente".

3. Soportado en el contenido y diferencias de los artículos 219 y 248 del Código Civil, conforme a las modificaciones que a ellos les introdujo la Ley 1060 de 2006, el ad quem aseveró que “en el evento que concita la atención de la Sala la norma jurídica a aplicar” es la segunda, que “señala especialmente que el reconocimiento puede ser impugnado en los demás casos por: (…) 1. Los ascendientes legítimos del padre o de la madre que reconoce. 2. Toda persona que pruebe tener interés actual en ello. (…). En ese orden de ideas, como el actual artículo 219 del Código Civil no exigió calidad alguna, frente a la impugnación de la paternidad cuando es instaurada por herederos, debe concordarse el artículo 248 ídem con éste, para concluir que la acción de impugnación de la paternidad para los herederos cesa, cuando el causante reconoció al hijo como suyo en un testamento o en cualquiera otro instrumento público”.

4. Advirtió que “si el reconocimiento voluntario no concuerda con la verdad biológica, por más que sea un auténtico acto de amor, es inicialmente, violatorio de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, por cuanto puede traer aparejad[o]s posibles perjuicios al hijo mismo porque emplaza a un individuo en un estado de familia que no le es propio y porque al mismo tiempo le impide en un principio, al verdadero progenitor su reconocimiento, pues de tal manera se entraría a sustituir o suplantar al padre biológico. Si un niño no es hijo biológico del reconociente, esta circunstancia patentiza virtualidad suficiente para desplazar un estado jurídico que no se condice con la realidad biológica que es su razón de ser. De tal manera que el reconocimiento simple no concordante con la verdadera filiación[,] conlleva a la privación del derecho a la identidad en referencia a la realidad biológica, a los caracteres físicos de la persona y a su realidad existencial, por lo que resulta indiscutible que el reconocimiento no puede realizarse en forma superficial o a sabiendas de que no es el hijo”.

5. Luego de insistir en que la irrevocabilidad que caracteriza el reconocimiento voluntario del hijo extramatrimonial, no obstaculiza la acción de impugnación del mismo, aserto que sustentó con reproducción parcial de un fallo de esta corporación, el tribunal se ocupó del “cómputo del término de caducidad (…) establecido en el artículo 248 del Código Civil”, cuestión sobre la que, con apoyo en la jurisprudencia patria, apuntó:

5.1. El momento en el que surge “el interés actual, debe establecerse en cada caso concreto”, sin que esté ligado a cuándo se efectuó el reconocimiento, pues “puede aflorar con posterioridad frente a cualquier circunstancia que provoque en los demandantes la necesidad de impugnar la filiación”.

5.2. Dicho interés “debe entenderse como un motivo serio para demandar, bien sea de carácter moral o pecuniario, que se evidencia a través de la demanda promovida dentro de los términos legales, y que puede provenir de los ascendientes del padre o de un tercero, con el fin de que se declare que el hijo no puede tener por padre al que lo reconoció”.

6. Con apoyo en esas premisas; en que la ley aplicable en el caso sub lite es la 1060 de 2006, “por cuanto la demanda se presentó con posterioridad a su expedición (26 de julio de 2006)”; en que el término a que alude su artículo 11, reformatorio del 248 del Código Civil, “hace referencia a días hábiles judiciales, toda vez que es en estos días cuando el interesado puede acudir a la administración de justicia a través de la correspondiente acción a presentar la demanda”, aspecto en relación con el cual también reprodujo un segmento de otro pronunciamiento de la Corte; y en las pruebas allegadas al proceso y recaudadas en el curso del mismo, que el tribunal relacionó una a una, esa autoridad descendió al caso concreto sometido a su conocimiento y coligió:

6.1. Pese a que el demandante, desde el nacimiento de la accionada, tuvo dudas sobre que el padre de ella fuese Jhon Jairo Quiroz Herrera, es lo cierto que el “interés para impugnar” dicha paternidad surgió en aquél “a partir del momento en que se enteró del contenido de la Resolución 6691 del 24 de agosto de 2010, y no a partir de la fecha de su expedición como erradamente lo interpretó el juez de instancia, y de la que claramente advirtió el actor en el numeral 8º de los fundamentos fácticos se enteró un mes antes de la presentación de la demanda, que lo fue el 23 de mayo de 2011, tal como se aprecia en el sello de recibido por el Centro de Servicios Administrativos de Rionegro a folio 11 del cuaderno principal, afirmación esta no desvirtuada por la parte demandada” y corroborada con el testimonio de Ricardo Nicolás Ríos Zapata, que comentó.

6.2. Fue “el conocimiento que tuvo el demandante sobre el pago de la mencionada reparación administrativa a las demandadas, lo que afloró en él, interés para impugnar la paternidad, viéndose en la necesidad de incoar esta demanda y es a partir de este hecho que se debe computar el término de caducidad previsto en el art. 248 del C.C., y no antes, pues las meras dudas frente a la certeza de la paternidad que pudieron darse desde el nacimiento de la otrora menor Letty Alejandra, no pueden tenerse en cuenta respecto del demandante, habida consideración que para esa época carecía de legitimación para promover la acción, que recaía únicamente en el padre reconociente de la susodicha paternidad, esto es sobre Jhon Jairo Quiroz, quien era hijo del impugnante”.

6.3. La sola muerte del prenombrado padre, no otorgó al actor interés para impugnar la filiación de que se trata, circunstancia que como ya se señaló, surgió únicamente “cuando fue enterado del contenido de la resolución referida (…), en donde se señaló a la mencionada resistente como hija del fallecido Jhon Jairo en el reglón correspondiente al parentesco, siendo precisamente dicho acto administrativo en que el actor además tuvo conocimiento cierto de que Letty Alejandra figuraba como hija de su vástago Jhon Jairo, enmarcándose tal instante dentro de la preceptiva del inciso final del artículo 248 C.C.”.

6.4. Como “en el campo del derecho el conocimiento implica ‘certeza’”, es del caso admitir que el promotor de la presente controversia no tuvo “un conocimiento cierto de la paternidad que tenía su hijo sobre la citada coaccionada por el solo hecho de haber asistido al bautismo de la misma o por saber de su existencia”, al punto que reclamó ante “Acción Social”, en su condición de único heredero de Jhon Jairo, la “reparación administrativa” por su muerte, descubriendo luego con sorpresa, que la indemnización le había sido pagada a la aquí accionada, determinación que fue la que le brindó convicción sobre el hecho de que su hijo fallecido fungía como padre de ella.

6.5. En definitiva, se establece que “fue cuando el accionante se vio afectado económicamente, dada la reparación administrativa que se le reconoció a las demandadas, el momento en que el señor Rubén Antonio Quiroz Ruiz se vio avocado a impugnar dicha paternidad, circunstancia que constituye un ‘motivo serio’, como lo exige nuestra máxima corporación, para deprecar la declaración que nos convoca”.

6.6. Como el conocimiento, por parte del demandante, del pago a la demandada de la “reparación individual por vía administrativa”, derivada del fallecimiento del señor Jhon Jairo Quiroz Herrera, se produjo “con posterioridad al 22 de febrero de 2011, fecha en que presentó el requerimiento ante Acción Social, para que le diera respuesta a la solicitud de reparación individual vía administrativa” o, “atendiendo lo manifestado en la demanda, (…) en abril siguiente, un mes antes de la presentación de la demanda”, se tiene que así se parta de la primera fecha, no se configuró la caducidad de la acción, pues el escrito con el que se promovió la misma se presentó el 23 de mayo de 2011, esto es, que “solo alcanzaron a transcurrir cincuenta (50) días hábiles, que están muy lejos de los ciento cuarenta (140) días previstos en el art. 248 de la codificación civil”.

7. Definido lo anterior, siguió el tribunal al estudio de la acción, en relación con la cual acotó que “en el plenario se demostró fehacientemente” que la demandada “no es hija del señor Jhon Jairo Quiroz Herrera, de acuerdo a la prueba genética obrante a folios 53 a 55 del cuaderno principal”, en tanto que ella arrojó como resultado la exclusión de la paternidad controvertida, dictamen que no fue objetado y que es merecedor de “total credibilidad, dada la seriedad de la metodología utilizada, del análisis y de sus conclusiones”.

Observó que la filiación, como atributo de la personalidad jurídica, está ligada al estado civil, de donde su reconocimiento debe corresponder a la realidad, a fin de que no se vulneren derechos fundamentales, como lo declaró la Corte Constitucional, en el fallo de tutela que reprodujo.

Así las cosas, dedujo la prosperidad de la acción, como quiera que con la prueba de ADN quedó satisfecha la carga probatoria asignada por el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil al actor.

8. Respecto de la excepción “de prescripción alegada por las demandadas”, infirió su fracaso, debido a que la acción versó sobre el estado civil, el cual no puede consolidarse por el simple transcurso del tiempo. Entendida la defensa como caducidad, tampoco resulta atendible, por las razones ya expuestas.

La demanda de casación

Contiene dos cargos, que la Corte estudiará en orden inverso al de su proposición, toda vez que en el segundo se denunció la incongruencia del fallo combatido, esto es, un error in procedendo, mientras que en el inicial, se reprochó la comisión de un yerro in judicando.

Cargo segundo

Como atrás se consignó, mediante él se acusó la sentencia del ad quem de ser disonante, por “no estar en concordancia (…) con los hechos [y] con las pretensiones de la demanda”.

En desarrollo de la acusación, su proponente, en síntesis, expuso:

1. El Tribunal “no tuvo en cuenta las declaraciones del señor Rubén Antonio Quiroz Ruiz, cuando reconoc[ió] dentro del interrogatorio de parte, que conocía de la existencia de (…) Letty Alejandra, como su nieta”, toda vez que tales manifestaciones comprueban que aquél faltó a la verdad en los hechos cuarto a sexto y octavo de la demanda, “por cuanto en los mismos afirm[ó] que no conocía” dicha circunstancia, amén que en la señalada probanza, además, relató que “istaur[ó] la demanda porque desde un principio ha negado que la codemandada Letty Alejandra Quiroz Giraldo, sea su nieta, ya que cuando nació la gente comentaba que no era hija de su descendiente Jhon Jairo” y, por otra parte, reconoció que “aparece en la foto que obra a folio 37 del [c]uaderno principal, con una niña que dice era Letty Alejandra, que se la dieron a cargar pero que no la reconoció nunca como su nieta”.

2. El sentenciador de segunda instancia no se percató de la comentada declaración de parte y, como consecuencia de ello, no se dio cuenta de que el demandante “estaba faltando a la verdad, al afirmar que no conocía de la existencia de su nieta hasta un mes antes de la presentación de la demanda”, actitud que provocaba el fracaso de la acción.

3. El referido yerro es trascendente, pues de no haberlo cometido, el ad quem habría confirmado la sentencia de primera instancia e impuesto el pago de las costas en segunda, al gestor del litigio.

Consideraciones

1. Por mandato del artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, “[l]a sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este Código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. (…). No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta. (…). Si lo pedido por el demandante excede lo probado, se le reconocerá solamente lo último. (…)”.

2. Como se aprecia, el legislador, en el anterior precepto, fijó las reglas que, en cuanto hace a la dimensión de las sentencias, deben atender los juzgadores de instancia al proferirlas, de modo que en ningún caso pueden dejar sin resolver alguno de los extremos del litigio (mínima petita), o pronunciarse sobre cuestiones ajenas a la controversia y que no podían contemplarse de oficio (extra petita), o ir más allá de los límites que a ella le fijaron las partes o que establece la ley (ultra petita).

3. La congruencia de los fallos judiciales es, por lo tanto, una regla de procedimiento, en tanto que versa sobre el comportamiento que deben asumir los operadores judiciales al momento de definir las controversias sometidas a su composición y, por lo mismo, no puede confundírsela con la labor de juzgamiento, propiamente dicha, que ellos al igual realizan, expresada en la decisión que adoptan, en sí misma considerada, y en los fundamentos fácticos y/o jurídicos que esgrimen en su respaldo.

De suyo que una cosa es, resolver un proceso sin desatar, o excediendo, lo que en él se debate; y otra, completamente diferente, es pronunciarse sobre todos sus extremos sin rebasarlos, pero desacertadamente, debido a la deficitaria aplicación de las normas sustanciales que lo rigen, sea que tal desatino provenga o no de la incorrecta comprensión de los hechos que componen la plataforma fáctica del respectivo litigio.

En el primer supuesto, se está en frente de una sentencia incongruente, atacable en casación por la causal segunda del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil; en el otro, de un fallo violatorio de la ley adjetiva, denunciable solamente a la luz del primero de los motivos de esa misma norma.

Sobre los anteriores particulares, la Corte tiene dicho:

(…) Es bien sabido que el principio de la congruencia que debe informar a la sentencia, se infringe ‘cuando hay falta de conformidad entre lo pedido y lo resuelto, en cualquiera de estas formas: 1) ultra petita: si provee sobre más de lo pedido; 2) extra petita: si provee sobre pretensiones o excepciones que debiendo ser alegadas no fueron propuestas y, 3) mínima petita: cuando omite decidir sobre todo lo pedido (sent. 107 de julio 21 de 1993, Exp. 4383, reiterada en mayo 16 de 2000, Exp. 6295).

Infiérese de lo anterior que la señalada causal, únicamente puede derivar de un error in procedendo, en la medida en que traduce la vulneración de una norma de procedimiento: el artículo 305 ibídem, en cuya virtud la sentencia ha de estar en armonía con lo pedido y manifestado por las partes, en las oportunidades y con arreglo a las pautas referidas precedentemente. De consiguiente, el censor, cuando enderece su ataque por la causal segunda de casación, debe necesariamente, sustraerse de toda consideración atinente al análisis que de las pruebas haya hecho el juzgador, la cual bien puede plantear como un yerro in judicando, acorde con el mismo artículo 368, denunciando la vulneración de una norma sustancial como consecuencia de ‘un error manifiesto en la apreciación de la demanda, de su contestación o de determinada prueba’. En últimas, ha de asumirse que, por razones de orden técnico, el hecho de que el impugnante proceda a ‘enjuiciar la actividad del sentenciador en el campo probatorio’ será ‘razón más que suficiente para que la censura no prospere’ (sent. de marzo 16 de 1993 reiterada en fallo de mayo 24 de 2000, Exp. 5399), se itera, cuandoquiera que se trate de cargos apoyados en la causal segunda de casación (CSJ, SC del 21 de octubre de 2003, Rad. 7486; se subraya).

4. El reproche examinado, sin duda, se resiente de la anomalía atrás advertida, pues como se infiere del compendio que de él se hizo, el censor lo circunscribió a poner de presente la contradicción que, en su criterio, se palpa entre los hechos cuarto a sexto y octavo del libelo y lo expresado por el actor en el interrogatorio de parte que absolvió, toda vez que, según los identificados planteamientos de escrito introductorio, él sólo vino a saber de la existencia de Letty Alejandra Quiroz Giraldo, cuando se enteró que “Acción Social” le había reconocido la “reparación administrativa” derivada de la muerte de Jhon Jairo Quiroz Herrera, quien fungía como su progenitor, lo que tuvo ocurrencia un mes antes de la presentación de dicho memorial; mientras que, de acuerdo con lo expuesto en la memorada probanza, ese conocimiento se produjo desde cuando la nombrada nació, momento a partir del cual no la aceptó como su nieta.

5. Consistiendo en eso la acusación propuesta, forzoso es colegir que ella, en su verdadera esencia, cuestiona al tribunal por haber errado en el juzgamiento del caso, como consecuencia, en primer lugar, de haber soslayado la declaración de parte del actor; y, en segundo término, de no haber, en virtud de ese inicial defecto, valorado los anotados fundamentos fácticos de la demanda, en conjunto con ese elemento demostrativo, apreciación que le habría permitido colegir la insinceridad de los mismos, con incidencia directa en la definición de la excepción de caducidad de la acción.

6. Así las cosas, es del caso reiterar que como la causal segunda de casación “se refiere exclusivamente a yerros in procedendo, ‘está instituida para corregir yerros de construcción formal que surgen cuando la sentencia contiene puntos ajenos a lo pedido o cuando no cubre plenamente las pretensiones formuladas por las partes o, lo que es lo mismo, cuando sus decisiones no guardan ‘conformidad con las pretensiones del demandante, o con las excepciones propuestas por el demandado, o con las que en ella deban ser reconocidas de oficio, ya porque se otorgue más de lo pedido por las partes, ora porque se decida sobre asuntos extraños al litigio, o en fin porque se omita proveer sobre alguno de los extremos caracterizadores del mismo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 305 del C. de P.C.’. (G.J. T.CLXXXVIII, págs. 64 y 163) (Cas. Civil de 8 de mayo de 2000), por lo que, si la disonancia proviene del entendimiento de la demanda o de alguna prueba, por haberla omitido o adicionado, o por error de hecho o de derecho en su apreciación, la falencia se torna in judicando, que tiene que fundarse necesariamente en la causal primera de casación, puesto que, de existir el yerro, éste sería de juicio y no de procedimiento” (CSJ, SC del 7 de noviembre de 2000, Rad. 6296; se subraya)

7. No avizorándose, pues, que el fallo combatido sea inconsonante, el cargo está llamado al fracaso.

Cargo primero

Con fundamento en la causal inicial prevista para el recurso extraordinario de que se trata, se acusó la sentencia censurada “de violar en forma directa los artículos 219, 222 y 248 del Código de Procedimiento Civil (sic) por aplicación indebida”.

En desarrollo de la acusación, su proponente, luego de memorar los planteamientos en los que el ad quem soportó su fallo, específicamente, los que lo condujeron a desechar la caducidad de la acción, adujo los argumentos que a continuación se plasman:

1. El tribunal no concretó “la fecha exacta” y “cierta” de surgimiento del “interés del demandante para incoar la presente acción”, toda vez que en el proceso no se estableció la forma cómo él se enteró “de la existencia de su nieta Letty Alejandra” y, por el contrario, es un “hecho notorio que toda la familia” sabía de ella “desde siempre luego de su nacimiento”.

2. El actor, en el interrogatorio de parte que absolvió, confesó que “(…) ‘desde un principio ha negado que la codemandada Letty Alejandra, sea su nieta ya que cuando nació la gente comentaba que no era hija de su descendiente Jhon Jairo Quiroz’ (…)”; y admitió, por una parte, que es él quien aparece en la foto militante a folio 37 del cuaderno principal “con un niña que dice ser Letty Alejandra” y, por otra, que en las fotos de folios 38 y 39 figuran ella, sus hijos Jhon Jairo, Ninfa del Socorro y Nora María Quiroz Herrera y su cónyuge, Elvia Rosa Herrera Jaramillo, pese a lo cual no reconoció a aquélla “como su nieta”.

3. Previa reproducción de las normas que en la introducción del cargo señaló como quebrantadas, según su tenor actual, esto es, consideradas las modificaciones que a ellas les introdujo la Ley 1060 de 2006, el censor, en relación con cada una, observó:

3.1. Sobre el artículo 219 del Código Civil, puso de presente que la accionada nació el 17 de mayo de 1987 y que su padre, Jhon Jairo Quiroz Herrera, murió el 4 de abril de 1997.

Con tal base aseveró que el sentenciador de segunda instancia, “se confundió con la búsqueda de un interés actual y en determinar su existencia, para iniciar el proceso de [i]mpugnación, pero lo cierto es que para que los ascendientes puedan reclamar sobre la paternidad de sus hijos fallecidos, no opera la exigencia de tener un interés actual, tal y como lo ha reiterado la honorable Corte Suprema de Justicia cuando señala: ‘según lo expuesto, la legitimación para impugnar el reconocimiento se reserva a dos grupos de personas, [u]no conformado por los ascendientes del padre del reconociente, y otro integrado por quienes sin ser ascendientes del padre reconociente tienen un interés actual en ello’. Por lo demás el interés actual para la prosperidad de la pretensión de impugnación, en los términos como está concebida la norma no está vinculado a ambos grupos de personas (Sentencia del 16 de [s]eptiembre del año 2003 C 7609)”.

3.2. En cuanto hace al artículo 222 de la obra en cita, observó que él “no habla de un interés en particular y es muy claro en afirmar que el ascendiente del padre, tendrá (…) derecho a impugnar la paternidad aunque no tenga pa[r]te alguna en la sucesión de su (…) hijo (…) dentro de los ciento cuarenta 140 días al conocimiento de la muerte”, término que en el caso sub lite no se respetó, según las fechas atrás registradas.

Añadió que en el presente asunto, se demostró “que el demandante ya sabía de la existencia de mi representada, como hija del fallecido, es más que [é]ste siempre dud[ó] que fuese nieta suya”.

Y puntualizó que el precepto de que se trata, no refiere a ningún interés del impugnante de la filiación sino que, por el contrario, “establece que una vez se presente la muerte del padre el ascendiente tiene 140 días para iniciar la acción”, por lo que “no se entiende” que el tribunal hubiese exigido dicho interés.

3.3. Finalmente, en relación con el artículo 248 del Código Civil, señaló que él “reitera los dos grupos llamados a impugnar la paternidad”; y que “impone una sola condición a los ascendientes que pretendan impugnar y es que lo hagan dentro de los 140 días, desde que tuvieron conocimiento de la paternidad”, lapso de tiempo que el aquí demandante dejó transcurrir sin presentar la demanda, toda vez que ella data de mayo de 2011, no obstante que aquél supo de la existencia de la accionada “desde [su] nacimiento es decir desde el año 1987, pues [é]l mismo asistió [al] bautizo de Letty Alejandra”, conocimiento que adicionalmente reconoció en el interrogatorio de parte que absolvió.

4. La convocada “ejerció siempre su posesión notoria del estado civil de hija extramatrimonial de Jhon Jairo Quiroz Herrera, porque ocup[ó] tal condición por cerca de veinticuatro (24) años, aun después de la muerte de [é]ste (…) sin protesta ni reclamo de nadie aun ante los ojos del abuelo que en la demanda indica que solo supo de la existencia de [é]sta hasta un mes antes de la presentación” de dicho libelo introductorio.

5. El pago en el que se fincó el ad quem para deducir el interés del demandante para promover la presente acción, “no tiene incidencia en la tipificación de la caducidad, porque como se ha reiterado los ascendientes no están atados a la existencia de ese interés y no puede considerarse [é]ste como equivocadamente lo hace el Tribunal Superior de Antioquia, que la aparición de esa ambición pecuniaria determine el término desde cuándo se empieza[n] a contabilizar los 140 días para que opere la caducidad de la acción, pues esto se prestaría para que cada uno realizara un estudio amañado de cada caso según sus conveniencias (…)[,] [m]áxime que para este caso en particular no existe certeza del tiempo en el cual se enteró verdaderamente el señor demandante de la respuesta de acción social pues a la fecha de presentación de la demanda no le había dado respuesta, por lo tanto ese tiempo es incierto”.

6. El tribunal violó el “derecho sustancial, al legitimar a un ente administrativo como lo es Acción Social, como portadora de certeza de la existencia de una paternidad y de la veracidad del acto de reconocimiento”, más cuando en el proceso no se acreditó el momento en el que el actor tuvo conocimiento de la decisión que esa entidad adoptó, toda vez que ella data del 24 de agosto de 2010 y el escrito con el que se dio inicio a esta controversia se presentó el 23 de mayo de 2011, “por lo tanto es muy difícil establecer la fecha en la cual se empieza a contabilizar el tiempo de caducidad de la acción, obviamente tratándose de persona con algún interés, diferente a los ascendientes que ya realizamos la diferenciación”.

Consideraciones

1. La inconformidad planteada en el cargo que ahora se examina obedeció, en líneas generales, a que el tribunal determinó que el “interés actual” del demandante para impugnar la paternidad de la accionada, surgió con el conocimiento que aquél tuvo de que “Acción Social” le reconoció y pagó a ésta “la reparación individual por vía administrativa” derivada del fallecimiento del señor Jhon Jairo Quiroz Herrera, pues ese hecho lo lesionó económicamente y, por ende, a partir de su ocurrencia, fue que se vio en la necesidad de gestionar la presente acción.

En desarrollo de esa queja, el recurrente, pese a que en el inicio de la misma adujo el quebranto directo de los artículos 219, 222 y 248 del Código Civil, formuló tres acusaciones diversas y de distinto temperamento, a saber:

a) En primer lugar, le enrostró al ad quem la indebida interpretación de dichos preceptos, en particular, del último, comoquiera que de ellos se desprende que, en tratándose de la impugnación de la paternidad extramatrimonial, los ascendientes no están condicionados, para demandar, al requisito del “interés actual”, siendo su única obligación promover la acción dentro de los 140 días siguientes a cuando se enteraron de la paternidad.

b) En segundo término, le imputó la preterición de los siguientes dos hechos, íntimamente relacionados: que el actor y su familia supieron de la existencia de la demandada desde cuando ella nació –17 de mayo de 1987–; y que, desde entonces, como consecuencia de los comentarios de la gente, la desconocieron como hija de Jhon Jairo Quiroz Herrera, situaciones que el promotor del litigio confesó, en el interrogatorio de parte que absolvió dentro de la audiencia del artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, practicada el 1º de febrero de 2012.

c) Y, finalmente, estimó que fue el sentenciador de segunda instancia quien supuso el momento en el que el señor Quiroz Ruiz conoció el contenido de la Resolución 6691 del 24 de agosto de 2010, por medio de la cual la “Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - Acción Social” le asignó a Letty Alejandra Quiroz Giraldo y a su progenitora, Luz Helena Giraldo Giraldo, la “Reparación Individual por Vía Administrativa” causada con ocasión de la muerte de Jhon Jairo Quiroz Herrera, toda vez que en el proceso no milita prueba de dicho enteramiento.

Tales reproches, como ya se dijo, son de diferente naturaleza, pues mientras el primero se ubica dentro del concepto de la violación directa de la ley sustancial, los otros dos conciernen con su quebranto indirecto, por indebida apreciación de las pruebas del proceso.

2. Reza el numeral 2º del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, convertido en legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998:

Sin perjuicio de lo dispuesto en los respectivos códigos de procedimiento acerca de los requisitos formales que deben reunir las demandas de casación, cuando mediante ellas se invoque la infracción de las normas de derecho sustancial se observarán las siguientes reglas:

1º (…)

2º. Si un cargo contiene acusaciones que la Corte estima han debido formularse separadamente, deberá decidir sobre ellas como si se hubieran invocado en distintos cargos (se subraya).

La Sala, en acatamiento de ese mandato legal, que parte del supuesto de que los distintos reproches acumulados por el censor deben resolverse, escindirá las advertidas acusaciones a efecto de pronunciarse sobre ellas, como corresponda.

Con esa comprensión del cargó, síguese a su definición.

3. A voces del artículo 5º de la Ley 75 de 1968, el reconocimiento voluntario de la filiación extramatrimonial “solamente podrá ser impugnado por las personas, en los términos y por las causas indicadas en los artículos 248 y 335 del Código Civil”, preceptos que tratan sobre dicho cuestionamiento tanto de la paternidad, como de la maternidad, respectivamente.

El primero de ellos, que es el que concierne al presente asunto, establece:

Art. 248. Modificado. Ley 1060 de 2006, art. 11. En los demás casos podrá impugnarse la paternidad probando alguna de las causas siguientes:

1. Que el hijo no ha podido tener por padre al que pasa por tal.

2. (…).

No serán oídos contra la paternidad sino los que prueben un interés actual en ello, y los ascendientes de quienes se creen con derechos, durante los 140 días desde que tuvieron conocimiento de la paternidad.

4. Se extracta de lo anterior que, en tratándose de la impugnación de la paternidad extramatrimonial, la norma aplicable es el pretranscrito artículo 248 del Código Civil, sobre el que esta Sala de la Corte, en reciente fallo, señaló:

Cabe resaltar que aún antes de la expedición de la Ley 1060 de 2006, el artículo 248 del Código Civil, disponía que la caducidad operaba, bajo el supuesto de que no se promoviera la demanda dentro de los 60 días ‘subsiguientes a la fecha en que tuvieron interés actual’.

Ahora bien, esta corporación determinó que el ‘interés actual debe ubicarse temporalmente en cada caso concreto’ y hace referencia a ‘la condición jurídica necesaria para activar el derecho’, por lo que se origina en el momento que se establece la ausencia de la relación filial, es decir, cuando el demandante tiene la seguridad con base en la prueba biológica de que realmente no es el progenitor de quien se reputaba como hijo suyo.

Sobre el particular precisó la Sala.

‘(…) mientras el reconociente permanezca en el error, la posibilidad de impugnación simplemente se presenta latente. En ese sentido, la Corte tiene precisado que el interés para impugnar el reconocimiento surge es a partir del momento en que sin ningún género de duda se pone de presente o se descubre el error, por ejemplo, con el ‘conocimiento’ que el demandante ‘tuvo el resultado de la prueba de genética sobre ADN (…) que determinó que respecto de la demandada su paternidad se encontraba científicamente excluida’. (Se resalta) (CSJ SC, 12 Dic. 2007, Rad. 2000-01008).

En consecuencia, tanto en la legislación anterior, como en la actual, es claro que el fenómeno extintivo bajo análisis, comienza a contabilizarse en la forma ya indicada, ante la contundencia de la verdad científica, razonamiento que como quedó evidenciado, ha sido acogido y reiterado por la Corte (CSJ, SC11339-2015 del 27 de agosto de 2015, Rad. 2011-00395-01; se subraya).

Precedentemente, la corporación tenía puntualizado:

(…) Es incontestable que como, en principio, nadie reconoce un hijo extramatrimonial, sin haber tenido trato sexual con la madre del reconocido, por lo menos durante la época en que se presume la concepción de éste, la impugnación de ese acto voluntario debe dirigirse a desvirtuar que el hijo no ha podido tener por padre a quien lo reconoció, es decir, en palabras de la Corte, a ‘correr el velo de la inexactitud del reconocimiento, en cuanto éste no se aviene con la realidad’, según lo prevé el artículo 248, numeral 1º del Código Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 5º de la Ley 75 de 1968.

(…)

Precisiones todas que vienen a propósito del caso, porque si el interés es un presupuesto que por vía de principio concierne a toda legitimación, el ‘interés actual’ de que habla el inciso final del artículo 248 del Código Civil, se refiere es a la ‘condición jurídica necesaria para activar el derecho’, como así tuvo oportunidad de explicarlo la Corte.

Ahora, si esa condición es la que le da vida o nacimiento a la acción de impugnación de que se trata, el ‘interés actual’, para efectos de computar el término de caducidad, debe ubicarse temporalmente en cada caso concreto y no ligarlo necesariamente al acto voluntario de reconocimiento, porque una cosa es reconocer a un hijo bajo la convicción invencible de ser el fruto de las relaciones sexuales que el reconociente tuvo con la madre del reconocido, y otra, distinta, es abrigarlo como tal a sabiendas de que en la realidad no lo es.

En este último evento, desde luego, el ‘interés actual’ surgiría en forma concomitante con el reconocimiento voluntario, tal cual lo concluyó la Corte en el último antecedente citado, a propósito del estudio de un caso similar, al decir que el interés para impugnar el reconocimiento ‘devino evidente desde que se surtió ese acto, pues a ese momento’ el demandante ‘era consciente’ que la demandada ‘no era su hija’.

Lo mismo no puede predicarse de la otra hipótesis, porque mientras el reconociente permanezca en el error, la posibilidad de impugnación simplemente se presenta latente. En ese sentido, la Corte tiene precisado que el interés para impugnar el reconocimiento surge es a partir del momento en que sin ningún género de duda se pone de presente o se descubre el error, por ejemplo, con el ‘conocimiento’ que el demandante ‘tuvo del resultado de la prueba genética sobre ADN (…), que determinó que respecto de la demandada su paternidad se encontraba científicamente excluida’ (CSJ, SC del 12 de diciembre de 2007, Rad. 2000-01008-01; se subraya).

5. Es claro, entonces, que en todos los casos de impugnación de la paternidad extramatrimonial, independientemente de que su promotor sea el propio padre reconociente, o sus ascendientes, cuando aquél ya ha fallecido, o cualquiera otra persona, el que intente la acción debe estar asistido de “interés” suficiente para gestionarla, esto es, encontrarse en condiciones reales de adelantarla, lo que sólo acontece cuando ha adquirido la certeza de que el reconocido no puede tener por padre a quien figura como tal.

De suyo, que el mero conocimiento del nacimiento y/o del reconocimiento, no son circunstancias suficientes para cuestionar judicialmente la filiación de que se trata, pues se torna indispensable que el interesado –repítese, sea el padre, sus ascendientes o un tercero– haya adquirido la referida convicción, toda vez que es sólo a partir de ella, que se torna factible para él, desvirtuar tal vínculo parental.

Casos habrá, en los que a ese convencimiento se llega fruto de la realización de un cotejo de ADN, que descarta la paternidad, prueba que por sus características y desarrollo, ofrece plena convicción al respecto.

Pero también puede acontecer, que sin haberse practicado la indicada prueba científica, el interesado, de todas maneras, albergue la idea de que el reconocido no es hijo de quien lo reconoció, porque así lo deduce de otros medios de convicción, como pueden ser, a título de mero ejemplo, las afirmaciones de la madre del reconocido, o los comentarios de terceras personas.

En el entendido que la formulación de la correspondiente demanda de impugnación indica que quien la promueve, arribó a esa convicción, la labor de los sentenciadores de instancia, en asuntos de este linaje, será la de verificar, en cada caso concreto y según sus propias particularidades, de qué manera y, por sobre todo, en qué momento, el gestor del litigio hizo suya la indicada conjetura, porque es a partir de allí que él quedó habilitado para ejercitar la acción, es decir, que se concretó su “interés” para desvirtuar la paternidad, y que, por lo tanto, se inicia el cómputo del término de ciento cuarenta (140) días que la norma establece para adelantarla, so pena de que la misma caduque.

En el supuesto de los ascendientes, se impone precisar que si la creencia de que su hijo no es el progenitor del reconocido, surgió antes del deceso de aquél, el interés que tienen de impugnar la paternidad, se concretará únicamente con la muerte de su descendiente. En cambio, si afloró posteriormente, se materializará a partir de su aparecimiento.

6. Las premisas que anteceden descartan, de entrada, que el tribunal hubiese vulnerado rectamente los artículos 219 y 222 del Código Civil, en la medida que, como ya se registró, esa autoridad fue conteste en aseverar que la norma disciplinante de la impugnación propuesta, era el artículo 248 ibídem, de lo que se sigue que aquellos dos preceptos no orientaron su juicio y que la mención que hizo del primero, fue meramente tangencial y tuvo por fin ilustrar los verdaderos fundamentos en los que sustentó su fallo.

Del análisis efectuado, igualmente se infiere que dicha corporación no erró al interpretar la última de las disposiciones legales en precedencia invocadas, pues en relación con ella consideró, en resumen, que se ocupaba de la impugnación de la paternidad extramatrimonial; que el “interés actual” de que habla, “debe entenderse como un motivo serio para demandar, bien sea de carácter moral o pecuniario, que se evidencia a través de la demanda promovida dentro de los términos legales, y que puede provenir de los ascendientes del padre o de un tercero, con el fin de que se declare que el hijo no puede tener por padre al que lo reconoció”; que el término en ella establecido, es de caducidad y corresponde a días “hábiles judiciales”, planteamientos todos que se ajustan al genuino sentido de la norma.

7. Pese a lo anterior, encuentra la Sala que el Tribunal sí incurrió en los restantes errores que le imputó el censor, como pasa a analizarse:

7.1. Para el ad quem, se reitera, el interés del actor, a efecto de impugnar la paternidad de la demandada, afloró como consecuencia del hecho de que la “Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - Acción Social” reconoció y pagó a aquélla, y a su progenitora, la convocada al juicio, la “Reparación Individual por Vía Administrativa” derivada del fallecimiento del señor Jhon Jairo Quiroz Herrera (Resolución 6691 del 24 de agosto de 2010), para lo cual tuvo a Letty Alejandra Quiroz Giraldo como hija del causante.

En consonancia con lo anterior, dedujo que el señor Quiroz Ruiz se informó del hecho anteriormente descrito, luego del 22 de febrero de 2011, fecha en la que “presentó el requerimiento ante Acción Social, para que le diera respuesta a la solicitud de reparación individual administrativa” que él le había elevado, con el mismo propósito.

En opinión de esa corporación, fue a partir de cuándo el nombrado obtuvo tal conocimiento, porque en ese momento se consolidó la afectación patrimonial que sufrió, que él se vio en la necesidad de formular la demanda con la que se dio inicio a esta controversia.

En tal orden de ideas, el tribunal coligió que hasta cuando se presentó la demanda –23 de mayo de 2011–, “solo alcanzaron a transcurrir cincuenta (50) días hábiles, que están muy lejos de los ciento cuarenta (140) días previstos en el art. 248 de la codificación civil”.

7.2. Es innegable, entonces, que el sentenciador de segunda instancia, al aducir esos razonamientos, pretirió el interrogatorio de parte que el demandante absolvió dentro de la audiencia surtida con base en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil el 1º de febrero de 2012, en el que manifestó que “[e]sta demanda la hice porque desde el principio he negado que esta niña es hija del hijo mío” y que “[d]esde que nació Letty Alejandra me dijeron a mi que no era hij[a] de mi Jhon Jairo Quiroz Herrera, eso lo decía por ahí la gente; de eso hace muchos años ya, más o meno[s] desde antes de morir mi hijo, que va a cumplir quince años de muerto”.

Al ser preguntado sobre quiénes son las personas que aparecen en las fotos obrantes a folios 37 a 39 del cuaderno principal, respondió: “En la primera foto estoy yo con una niña que dice que era Letty Alejandra, no puedo asegurar que sea ella, me la dieron a cargar a mi pero no l[a] he reconocido nunca. En la segunda foto está el padre, el yerno mío que se llama Harnán de Jesús Ochoa Herrera y la otra es hija mia que se llama Ninfa del Socorro Quiroz Herrera, en la tercera foto marcada con el Nro. 2, está mi esposa que se llama Elvia Rosa Herrera Jaramillo, falleció hace cinco años; está el hijo mío el difunto Jhon Jairo; está la mamá de esta niña –se dirige a la demandada– y la menor dice que es la misma que está ahí. En la segunda foto del mismo folio 38 señala que está el mismo hijo mío, el mismo sacerdote; las mismas caras con distintas fotos. En la foto de folio 39 sólo reconozco a la persona de la misma que es Nora María Quiroz Herrera hija mía” (fls. 58 a 59, cd. 1; se subraya).

Tales manifestaciones comportan confesión de que tanto él, como los demás miembros de su familia, supieron de la existencia de Letty Alejandra Quiroz Giraldo, como hija de Jhon Jairo Quiroz Herrera, desde cuando nació, momento a partir del cual, como consecuencia de los comentarios de la gente, la desconocieron como tal y, por ende, le negaron su condición de nieta y sobrina.

Traduce lo anterior, que desde el inicio de la vida de la convocada al juicio –17 de mayo de 1987–, el promotor del proceso tuvo la convicción de que ella no era hija de Jhon Jairo Quiroz Herrera, creencia que, por lo tanto, ya había hecho suya, al momento en el que se efectuó el reconocimiento de la prestación dineraria en la que el tribunal posó su atención, circunstancia esta que, por ende, no incidió en lo más mínimo en aquella idea del actor, ni mucho menos la provocó.

Ahora bien, que sólo a raíz del proferimiento del referido acto administrativo hubiese sobrevenido un supuesto perjuicio económico para el demandante, en tanto que no resultó beneficiario de la comentada reparación administrativa, no es una circunstancia que pueda subsumirse dentro del concepto de “interés” que exige el artículo 248 del Código Civil, anterior o actual, para quien pretenda impugnar la paternidad extramatrimonial, toda vez que tal eventualidad es aparente, caprichosa y, si se quiere, frívola, frente a los derechos que en un proceso de esa naturaleza se controvierten, los cuales, por ende, no pueden pender del fracaso de una pretensión meramente patrimonial de su gestor.

Sobre el punto, es pertinente reproducir in extenso las apreciaciones que sentó la Corte en la sentencia que a continuación se transcribe, habida cuenta que el caso allí resuelto, guardadas las proporciones, se aproxima al presente, en la medida que aquél versó sobre la impugnación que el propio padre reconociente planteó, pretextando que su interés para el ejercicio de dicha acción, surgió cuando se enteró del embargo de su sueldo, como consecuencia de la acción emprendida para el cobro de alimentos en favor de su hija, ocasión en la que la Sala expuso:

(…) La acusación está encaminada a cuestionar la comprensión que el tribunal dio al concepto del interés actual a que alude el artículo 248 del Código Civil, comoquiera que para su determinación tomó como tal la fecha en que el actor efectuó el reconocimiento de la menor demandada, esto es, la del correspondiente registro civil de nacimiento, y no el día en que fue notificado del embargo de su sueldo decretado en el proceso seguido con miras a obtener alimentos en favor de Yury Andrea, ya que, según el recurrente, computado el tiempo transcurrido desde ese día y aquel en que se presentó la demanda con la que se dio inicio al proceso sólo transcurrieron noventa días, y no trescientos, por lo que no había lugar, en consecuencia, a estimar caducada la acción intentada, resultando así errada su apreciación sobre el instante del surgimiento de dicho interés en el presente asunto.

(…).

Prescribe el artículo 5º de la ley acabada de citar –se refiere a la 75 de 1968, se aclara ahora– que ‘El reconocimiento solo podrá ser impugnado por las personas, en los términos y por las causas indicadas en los artículos 248 y 335 del Código Civil’.

A su turno, la primera disposición legal a la que remite el anterior precepto dice, en lo pertinente, que ‘en los demás casos podrá impugnarse la legitimación, probando alguna de las causas siguientes: 1a. Que el legitimado no ha podido tener por padre al legitimante;… No serán oídos contra la legitimación sino los que prueben un interés actual en ello, y los ascendientes legítimos del padre o madre legitimantes; estos en sesenta días, contados desde que tuvieron conocimiento de la legitimación; aquéllos en los trescientos días subsiguientes a la fecha en que tuvieron interés actual y pudieron hacer valer su derecho’.

Nótese que la referencia concreta y exclusiva expresada en el artículo 5º de la Ley 75 de 1968, comprende el contenido del artículo 248 del Código Civil en forma aislada, sin permitir la aplicación de las demás normas que regulan la situación de legitimación, de las cuales hace parte esta disposición. Tan tajante ubicación impide entonces que se generalice en el caso de la impugnación del reconocimiento de hijo extramatrimonial el empleo de aquellos preceptos a los que no se refirió el legislador no obstante tratar un tema similar, de suerte que tanto el interés actual, como la causa de la impugnación y la caducidad de la acción pertinente a este fin han de buscarse necesariamente en el citado artículo 248, pues, se itera, la remisión no abarcó los otros mandatos legales que regulan la situación de la impugnación de la legitimidad de las que hace parte éste.

Entonces, aquellas personas que tengan un interés actual, pecuniario o moral, según corresponda en cada situación, son quienes están autorizadas legalmente para promover la respectiva impugnación, haciéndose una extensión por vía de excepción a esa regla general, consistente en permitir a los ascendientes legítimos del padre o madre reconociente accionar, explicable por razones que incluyen los conceptos de la institución familiar, de estirpe y descendencia.

La hipótesis fáctica que consulta la dinámica de la disposición exige, por tanto, un interés actual, cuyo surgimiento deberá establecerse en cada caso concreto y que cobra materialidad con el ejercicio del derecho de impugnar el reconocimiento, el cual, por su propia naturaleza, que lo erige en potencial exclusivo de la ley y no del mero querer de las partes, impone la intervención judicial, pues sería inútil cualquier intento particular de cambiar sus efectos mediante un acto voluntario de los interesados, más cuando su contenido atañe al orden público. Ese interés actual pone en evidencia que está latente la necesidad de acudir a la decisión judicial ante la imposibilidad de decidir el derecho privadamente, de forma individual ora consensual, prédica que invade desde luego la esfera de quien efectuó el correspondiente reconocimiento frente a la irrevocabilidad unipersonal del acto objeto de impugnación, según lo dispone el artículo 1º de la Ley 75 de 1968.

Es ese supuesto, valga repetirlo, el que origina el interés, toda vez que su objeto trasciende a los atributos de la personalidad, que lo convierte en inalienable, inescindible e imprescriptible, no obstante haberse activado por un acto de potestad o prerrogativa del padre, forma exclusiva de reconocimiento de antes, concepto que ha venido cambiando con los avances sucesivos de la legislación que permitieron la posibilidad de que el hijo reclame contra su filiación, momento a partir del cual, frente al contenido del estado civil, surge concomitantemente la irrevocabilidad del mismo.

(…) No obstante que en determinados supuestos el mismo autor del reconocimiento puede llegar a tener interés actual en la declaración que persigue, en este asunto no es admisible el argumento del recurrente, según el cualsu interés vino a surgir justamente cuando le notificaron el embargo de su sueldo ordenado por el Juzgado Tercero de Familia de esta ciudad, es decir cuando se vio afectado su patrimonio, dentro del proceso de alimentos promovido por la señora María Rosario Uribe, para la menor Yury Andrea; ello ocurrió en junio 28 de 1993’.

El interés actual, ha de resaltarse, no alcanza a confundirse con cualquier otro motivo antojadizo, pues aquél refiere a la condición jurídica necesaria para activar el derecho, al paso que éste apenas viene a ser cualquier otra circunstancia veleidosa y, por ende, carente de trascendenciao de razón algunas. Así, la presencia del segundo deviene innecesaria y, por ende, es inane en relación con el propósito de accionar; dicho interés, por consiguiente, valga repetirlo, no puede estar sometido al estado de ánimo o a la voluntad de los afectados, o a la simple conservación y mantenimiento de las relaciones interpersonales.

El embargo del sueldo es apenas una circunstancia que ha alterado en el recurrente cualquiera de los aspectos mencionados, pero no es, de ninguna manera, el interés actual exigido por el artículo 248 del Código Civil para provocar la impugnación, y menos para servir como primer punto de referencia en la línea de caducidad plasmada en dicha norma legal.

En efecto, no obstante resultar que en el actor ha existido un interés actual derivado del reconocimiento voluntario que efectuó, interés que en el asunto que se examina devino evidente desde que se surtió ese acto, pues a ese momento Patiño Franco era consciente de que Yury Andrea no era su hija, tal y como él mismo lo acepta en la demanda, es lo cierto que la impugnación de dicho reconocimiento debió hacerse dentro de los términos que para el caso señala la propia ley, a cuyo vencimiento ya no es posible el ejercicio válido del derecho perseguido.

(…) La caducidad entraña el concepto de plazo extintivo perentorio e improrrogable que impide el ejercicio de un derecho cuando la inactividad de la parte ha permitido que transcurra el término previsto por la ley para activarlo, y esto refleja que su presencia viene a pender en forma exclusiva del hecho objetivo de su falta de ejercicio dentro del tiempo preestablecido, sin atender razones de índole subjetiva o que provengan en forma única de la voluntad o capricho del interesado. Su efecto es automático en la medida que no depende ni de la actividad del juez ni de las partes, pues la regla está delimitada de antemano, conociéndose su principio y su fin. Es la ley la que fija sus extremos sin que esté dentro de la capacidad de los afectados alterar su contenido.

La Corte, en torno de la caducidad, tiene dicho que ‘produce ipso jure la extinción de la facultad de ejercer un derecho o realizar un acto por no haberlo ejercitado dentro del término perentorio señalado por la ley, y el juez no puede admitir su ejercicio, una vez expirado el plazo, aunque el demandado no la alegue… Cuando la ley señala un plazo para que dentro de él se ejercite una determinada facultad procesal, la expiración del mismo surte efecto preclusivo, y en consecuencia, dicha facultad no puede ejercitarse eficazmente’ (G.J. t, CXXXI, pág. 131).

(…) En este proceso es evidente que el término de caducidad relativo al ejercicio por parte de Bernardo de Jesús Patiño Franco de la acción de impugnación del reconocimiento, que en forma voluntaria hizo de la menor Yury Andrea, es de trescientos días siguientes a la fecha en que tuvo interés actual y pudo hacer valer su derecho, término que parte, de conformidad con lo antes expresado, del propio acto de reconocimiento, esto es, del 4 de agosto de 1998, fecha en la que, según el documento contentivo del registro civil de nacimiento de la citada menor, visible a folio 119 del cuaderno principal, se sentó el mismo. Significa lo demostrado que para el 27 de septiembre de 1993, cuando fue presentada la demanda de impugnación del reconocimiento, con notoria largueza se hallaba fenecido el tiempo otorgado al padre para hacer valer su derecho, es decir, había caducado para él la oportunidad legal para impugnar (CSJ, SC del 11 de abril de 2003, Rad. 6657; negrillas y subrayas, fuera del texto).

7.3. Súmase a lo anterior, que el tribunal supuso la prueba de que el actor conoció el contenido de la Resolución 6691 del 24 de agosto de 2010, expedida por la “Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - Acción Social”, después del 22 de febrero de 2011, fecha en la que aquél requirió a dicha entidad para que resolviera la solicitud que desde “septiembre de 2010” le había elevado, con el propósito de que reconociera en su favor la “Reparación Individual Por Vía Administrativa”, por razón de la muerte de su hijo Jhon Jairo Quiroz Herrera.

Pese a que esa autoridad no lo dijo expresamente, es evidente que ella fincó esa inferencia en el escrito contentivo del “Derecho de petición” que el actor le elevó a “Acción Social”, que aparece recibido el 22 de febrero de 2011 (fl. 5, cd. 1) y es del siguiente contenido:

Rubén Antonio Quiroz, identificado con la C.C. Nº 661.684 de Guarne (Antioquia), en mi calidad de padre de Jhon Jairo Quiroz Herrera fallecido el día 4 de abril de 1997, y teniendo en cuenta que radiqu[é] ante esta entidad solicitud de reparación individual vía administrativa con Radicado 93069 en el mes de septiembre de 2010, solicito me informe el estado de mi solicitud.

En caso de haberse emitido alguna decisión al respecto, solicito indicarme los fundamentos para dicha decisión y copia de la resolución o de las resoluciones emitidas referente[s] a la reparación vía administrativa en consecuencia a la muerte de mi hijo.

Recibo respuesta en la siguiente dirección:

Calle 55 # 51-17 barrio San Vicente Guarne.

Inferir de dicha carta, cuando ella proviene del propio demandante, que él se enteró del comentado hecho con posterioridad a la misma, es permitirle al gestor de la controversia fabricar su propia prueba, postura que riñe con los principios que rigen la materia.

En suma, no militando en autos ningún elemento de convicción que acredite la fecha en la que el accionante se percató del hecho que el tribunal tuvo como cimiente de su interés para impugnar, resulta forzoso colegir que la inferencia consistente en que tal enteramiento se dio con posterioridad al 22 de febrero de 2011, fue fruto únicamente de la inventiva de tal corporación.

8. La conjunción de esos errores, por una parte, soslayar que el demandante sabía de la accionada desde cuando ésta nació y que a partir de ese momento estableció que no era hija de su descendiente Jhon Jairo Quiroz Herrera; y, de otro, suponer que aquél se enteró del reconocimiento y pago a ella de la indemnización por la muerte de su nombrado progenitor con posterioridad al 22 de febrero de 2011, fue la que condujo a que el ad quem infiriera que a partir de este último hecho, surgió el “interés” de aquél para impugnar la paternidad de Letty Alejandra Quiroz Giraldo, análisis que deja al descubierto la transcendencia de los yerros detectados.

9. El cargo, por consiguiente, prospera, ocasionado el quiebre de fallo de segunda instancia.

Sentencia sustitituva

1. Quedó dicho atrás, y ahora se ratifica, que el actor supo de la existencia de la demandada desde cuando ella nació –17 de mayo de 1987– y que desde esa fecha, él arribó a la convicción de que no era hija de Jhon Jairo Quiroz Herrera, fruto de los comentarios de la gente.

Tal aserto se deprende de la confesión que se analizó en desarrollo del cargo primero de la demanda de casación y aparece ratificado con la declaración rendida por la señora Dora María Calderón Ospina, quien en audiencia practicada el 21 de marzo de 2012, manifestó su conocimiento del demandante y su familia, así como de la accionada y su progenitora, porque toda la vía fue vecina de los primeros.

Precisó que desde cuando “la mamá de Letty Alejandra estaba en embarazo se decía que el hijo que ella estaba esperando no era hijo de Jhon Jairo, eso lo comentaba mucha gente. Por eso es este proceso”. Añadió que “[e]llos eran amigos, salían mucho, eran como novios”, sin que hubieran vivido juntos.

Preguntada sobre la forma y el momento en el que el demandante y su familia se enteraron de que Jhon Jairo Quiroz Herrera no era el progenitor de la accionada, respondió: “Ellos me comentaron que se había hecho una prueba de ADN y que había salido negativa, eso hace como dos meses que me comentó esta muchacha Ninfa Quiroz”.

Interrogada si con anterioridad a dicha prueba, los Quiroz Herrera “estimaba[n] que Letty Alejandra no pertenecía a su familia”, contestó: “Ellos nunca aceptaron esa hija como de allá, como de la familia; no la aceptaba[n] por los comentarios que no era de Jhon Jairo; no la aceptaba[n] desde que nació”, actitud que fue la del aquí demandante, quien “también decía que no era de él”, lo que hizo “desde que la muchachita nació por todos los comentarios” (fls. 1 a 3, cd. 2).

2. Siendo ello así, es claro que apenas sobrevino la muerte de Jhon Jairo Quiroz Herrera, que acaeció el 4 de abril de 1997, según el registro civil de defunción que obra a folio 4 del cuaderno principal, su padre, el señor Rubén Antonio Quiroz Ruiz, parentesco comprobado con el registro civil de nacimiento que figura a folio 3 ibídem, quedó posibilitado para promover la presente acción, como se explicó en el punto quinto de las consideraciones aducidas para resolver el cargo primero que se introdujo en casación.

3. De suyo, entonces, que desde la fecha de tal fallecimiento, se inició el término para que el actor, en su condición de padre del reconociente, promoviera la presente acción de impugnación de la paternidad del mismo en relación con Letty Alejandra Quiroz Giraldo, ya se tenga como tal el de 60 días, que regía para ese momento, según el texto original del artículo 248 del Código Civil, o el de 140 establecido en el artículo 11 de la Ley 1060 de 2006, modificatorio de aquél, que era el vigente para cuando se presentó la demanda.

4. Como el libelo con el que se dio inicio al proceso data del 23 de mayo de 2011, es incontestable que los dos términos atrás mencionados transcurrieron sin el gestionamiento de la acción y que, por lo mismo, ella, para cuando se promovió, ya había caducado.

5. Así las cosas, habrá de confirmarse la sentencia de primera instancia, sin que tengan acogida los planteamientos con los que el demandante sustentó la alzada que contra ese pronunciamiento planteó, pues como lo estableció la Corte al desatar el cargo primero de la demanda de casación, el hecho del reconocimiento y pago en favor de la accionada y de su progenitora de la “Reparación Individual por Vía Administrativa” derivada del fallecimiento de Jhon Jairo Quiroz Herrera, fue posterior a cuando el promotor del proceso tuvo la convicción de que aquélla no era hija de Jhon Jairo Quiroz Herrera y, por lo mismo, no incidió en la formación de tal convencimiento.

6. Además, es claro para esta Corte y así habrá de mantenerse, que la única fuente de la filiación no es la relación biológica, pues aún siendo la relación sexual entre los padres la principal fuente de la filiación, no puede considerarse como la única, ya que el consentimiento o la voluntad también pueden llevar a una relación filial que no puede desconocerse. Por eso se ha dicho que “No siempre coinciden la filiación biológica o consanguínea con la filiación jurídica o relación jurídica de filiación. La jurídica es más rica y compleja que el mero hecho biológico, en cuanto categoría jurídica y social que es y en la que se integran elementos afectivos, volitivos, sociales y formales, en los que se destacan los importantes roles y funciones que la sociedad y el derecho confieren a los protagonistas de la relación filiatoria, de mayor trascendencia que la simple vinculación biológica.” (La Cruz Berdejo, José Luis y otros, Elementos de Derecho Civil IV, Familia, La Filiación, 2002, pág. 317).

Por eso, aunque exista en ocasiones la prueba biológica o por ADN (ácido desoxirribunucleico), existen casos como el aquí estudiado en los que se potenciar los valores de paz familiar, seguridad jurídica, afecto filial y el rol o funcionalidad de la relación paterno filial, desvalorizando la realidad biológica y estableciendo unos esquemas de determinación de la filiación basados en la voluntad unilateral o en determinadas presunciones, y vedando la posibilidad de impugnación o investigación filial, por fuera de esquemas legales previstos.

Como afirma el citado auto español, ambos sistemas legales, el biológico y el jurídico o social, se advierten injustos si se aplican con toda rigurosidad y rigidez, por lo tanto debe estudiarse cada caso en particular para verificar si prevalecen los afectos y el trato social, así como el consentimiento del padre sobre lo puramente biológico para que, aun conociendo la veracidad de la prueba científica, se dé prioridad a los afectos y se permita al hijo accionado mantener el statu quo civil en la forma en que lo ha sustentado durante toda su vida, impidiendo que razones ajenas a intereses puramente familiares permitan despojarlo de una filiación que ha detentado con la aquiescencia de aquel que la ha tratado siempre como su padre. Son casos en que una certeza jurídica o social debe primar sobre la verdad biológica.

7. Las costas en segunda instancia correrán a cargo del apelante. De conformidad con el parágrafo primero del ordinal 1.1 del artículo 6º del Acuerdo 2222 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se fija como agencias en derecho, una suma equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia del 6 de febrero de 2013, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, Sala Civil - Familia, en el proceso que se dejó plenamente identificado en los comienzos de este proveído y, actuando en sede de segunda instancia,

RESUELVE:

1. Confirmar el fallo dictado en este mismo asunto, por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Rionegro, Antioquia, que data del veintisiete (27) de junio de dos mil doce (2012).

2. Condenar en costas de segunda instancia, al apelante. Se fija como agencias en derecho, una suma equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha. La Secretaría del ad quem practique la correspondiente liquidación.

3. Sin costas en casación, por la prosperidad del recurso.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Magistrados: Álvaro Fernando García Restrepo, Presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Luis Alonso Rico Puerta—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.