Sentencia SC13154-2017/2011-00564 de agosto 29 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Fernando García Restrepo

SC13154-2017

Rad.: 17001-31-10-005-2011-00564-02

(Aprobado en sesión de cinco de abril de 2017)

Bogotá, D.C., veintinueve de agosto de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Por lo que aquí habrá de concluirse en relación con el único cargo propuesto en casación, es necesario recodar que toda acusación en la que se denuncie la violación de la ley sustancial como consecuencia de la comisión de errores de hecho en la apreciación de la demanda, su contestación y/o las pruebas del proceso, debe comprobar los yerros fácticos que reproche; contener la exposición “en forma clara y precisa” de sus fundamentos, requisito que como se ampliará más adelante, implica atacar y desvirtuar la totalidad de los argumentos en los que el juzgador de instancia haya soportado su decisión, imposición que traduce que la censura así edificada deber ser completa y simétrica; y, finalmente, no confundir las deficiencias fácticas en que se cimente, con errores de valoración jurídica de las pruebas, relacionados con su mérito demostrativo.

1.1. Sobre lo primero, la Corte tiene establecido que “es insuficiente limitarse a esbozar o delinear el supuesto yerro en que habría incurrido el juzgador, siendo necesario que se acredite cabalmente, esto es, que se le presente a la Corte no como una mera opinión divergente de la del sentenciador, por atinada o versada que resulte, sino como corolario de una evidencia que, por sí sola, retumbe en el proceso. ‘El impugnante -ha puntualizado la Sala—, al atacar la sentencia por error evidente de hecho, se compromete a denunciar y demostrar el yerro en que incurrió el Tribunal, como consecuencia directa del cual se adoptó una decisión que no debía adoptarse’ (CCXL, pág. 82), agregando que ‘si impugnar es refutar, contradecir, controvertir, lo cual exige, como mínimo, explicar qué es aquello que se enfrenta, fundar una acusación es entonces asunto mucho más elaborado, comoquiera que no se logra con un simple alegar que el juzgador de instancia carece de razón, sino que impone, para el caso de violación de la ley por la vía indirecta, concretar los errores que se habrían cometido al valorar unas específicas pruebas, y mostrar de qué manera esas equivocaciones incidieron en la decisión que se repudia’ (se subraya; auto de 29 de agosto de 2000, exp. 1994-0088), (…). En suma, la exigencia de la demostración de un cargo en casación, no se satisface con afirmaciones o negaciones panorámicas —o generales— sobre el tema decidido, así éstas resulten pertinentes respecto de las conclusiones del Tribunal, siendo menester superar el umbral de la enunciación o descripción del yerro, para acometer, en concreto, el enjuiciamiento insoslayable de los argumentos del fallador, lo que se cumple mediante la exposición de la evidencia del error y de su incidencia en la decisión adoptada” (CSJ, SC del 2 de febrero de 2001, Rad. 5670; se resalta).

1.2. En cuanto a lo segundo, la corporación de manera constante ha insistido en que:

Debe tenerse en cuenta, además, que, habida cuenta del carácter eminentemente dispositivo y restringido de la casación, anteriormente advertido, cuando el cargo se construye con base en el quebranto de la ley sustancial, se torna indispensable para el recurrente, por una parte, enfocar acertadamente las acusaciones que formule, con lo que se quiere significar que ellas deben combatir las genuinas razones, jurídicas o fácticas, que soportan el fallo impugnado, y no unas extrañas a él, fruto del incorrecto o incompleto entendimiento que de la sentencia haya hecho el censor, o de su imaginación, o inventiva; y, por la otra, que su actividad impugnaticia tiene que estar dirigida a derruir la totalidad de esos argumentos esenciales de la sentencia, pues si el laborío del acusador no los comprende a cabalidad, al margen de que el juzgador de instancia hubiere podido incurrir en las falencias denunciadas, su sentencia no podría quebrarse en virtud del recurso extraordinario.

Sobre estos aspectos, la Sala ha expuesto que ‘el ordinal 3º del artículo 374 del C. de P.C., establece como requisito formal de la demanda que sustenta el recurso extraordinario de casación, la formulación ‘de los cargos contra la sentencia recurrida... en forma clara y precisa’, es decir, con estricto ceñimiento a las razones o fundamentos del fallo impugnado, porque lógica y jurídicamente debe existir cohesión entre el ataque o ataques contenidos en la demanda de casación y la sentencia del ad quem (o en caso de la casación per saltum del a quo), pues no de otra manera puede llegar a desvirtuarse, según el caso, la acerada presunción de legalidad y acierto con que llega amparada —a esta corporación— la sentencia recurrida. (…). El recurso de casación —ha dicho la Corte- ‘ha de ser en últimas y ante la sentencia impugnada, una crítica simétrica de consistencia tal que, por mérito de la tesis expuesta por el recurrente de manera precisa, y no por intuición oficiosa de la Corte, forzoso sea en términos de legalidad aceptar dicha tesis en vez de las apreciaciones decisorias en que el fallo se apoya…’ (Cas. civ. de 10 de septiembre de 1991). (…). La simetría de la acusación referida por la Sala en el aparte anterior, debe entenderse no solo como armonía de la demanda de casación con la sentencia en cuanto a la plenitud del ataque, sino también como coherencia lógica y jurídica, según se dejó visto, entre las razones expuestas por el juzgador y las propuestas por el impugnante, pues en vano resulta para el éxito del recurso hacer planteamientos que se dicen impugnativos, por pertinentes o depurados que resulten, si ellos son realmente extraños al discurso argumentativo de la sentencia, por desatinada que sea, según el caso. No en balde, como se ha acotado insistentemente, el blanco privativo del recurso de casación es la sentencia de segundo grado, salvo tratándose de la casación per saltum, situación en la cual dicho blanco estribará en la sentencia de primera instancia (…)’ (Cas. Civ., sentencia de 10 de diciembre de 1999, expediente 5294).

En pocas palabras: el cargo fundado en el numeral 1º del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil debe estar debidamente enfocado y ser completo o, lo que es lo mismo, debe controvertir directamente la totalidad de los auténticos argumentos que respaldan la decisión combatida (CSJ, auto de 19 de diciembre de 2012, Rad. 2001-00038-01; se resalta).

1.3. Y respecto de lo último, la Sala ha enfatizado que “[l]as dos especies de error en la apreciación de la prueba, de hecho y de derecho, son de naturaleza distinta y, por lo mismo, no se puede aducir en el mismo cargo la concurrencia de ambos respecto de idénticos medios de prueba, ni resulta idóneo invocar el uno sustentado en elementos propios del otro, pues si se denuncia como de hecho y se fundamenta como de derecho, o viceversa, amén de que el cargo se torna oscuro e impreciso, implica que en el fondo el vicio que se quiso delatar carece de fundamentación (CSJ, SC del 10 agosto de 2001, Rad. 6898; se subraya).

2. Fue eje central de la censura examinada, que el ad quem le otorgó pleno valor probatorio a los testimonios pedidos por el actor y le negó el mismo a los solicitados por la demandada, en razón a que le reconoció a los documentos que obran en los folios 64 y 65 del cuaderno principal un mérito que no tenían y a que, en tal virtud, estimó que con los mismos, se acreditó la declaración extra juicio que la demandada hizo ante el Notario Primero de Manizales, en el sentido de que el señor José Hoover Ortiz Valencia convivía con ella desde hacía 10 años, manifestación que daba crédito a lo expresado por los integrantes del primer grupo de declarantes y desvirtuaba lo dicho por los miembros del segundo.

Dicho reproche no está llamado a buen suceso, por las razones que a continuación se elucidan.

2.1. Como se desprende del compendio que se hizo del único cargo que se propuso en casación, el ataque que se planteó en frente del advertido raciocinio, consistió en que el sentenciador de segunda instancia erró de hecho al concederle a los indicados escritos la fuerza probatoria que les asignó, pues se trata de fotocopias simples de una solicitud de declaración y de un formato utilizado en la Notaría Primera de Manizales para las extra juicio, sin que, por consiguiente, correspondan a documentos “autenticados”.

2.2. Nítido es, pues, que la queja del censor, no versó sobre la ponderación material u objetiva de las aludidas piezas procesales, sino sobre el valor demostrativo que el ad quem les atribuyó.

2.3. Siendo ello así, evidente resulta la indebida formulación del específico reparo examinado, pues no habiéndose cuestionado que el Tribunal hubiese preterido, supuesto o tergiversado los indicados documentos, modalidades que son las únicas que configuran el error de hecho, mal podía invocarse esa clase de desatino para censurar su mérito demostrativo, aspecto que sólo podía, y puede, dilucidarse bajo la égida del error de derecho, en la medida que esta clase de yerro conduce, en definitiva, a atribuirle a los elementos de convicción un valor que no tienen, o a no asignarles el que sí poseen, todo como consecuencia del quebranto de las normas que gobiernan su solicitud, aducción, decreto, práctica y/o significación jurídica.

En palabras recientes de la Sala:

Los errores de derecho en el proceso de apreciación de las pruebas atañen a su contemplación jurídica, distinta a su materialidad u objetividad. En el ámbito estrictamente legal, en aspectos relacionados con su consagración, oportunidad, regularidad y conducencia.

Se configuran, en principio, cuando a un medio prohibido, incorporado extemporánea o irregularmente al proceso, o inidóneo para acreditar determinado hecho, se le confiere, sin embargo, eficacia demostrativa. Igualmente, en contraste, en los casos en que se le niega tal mérito, pese a estar permitido o ser regular, tempestivo y conducente (CSJ, SC 11444 de 18 de agosto de 2016, Rad. 1999-00246-01).

Es del caso reiterar aquí, además, que “en materia probatoria el error de hecho en que pueda incurrir el sentenciador se funda en la equivocada noción que éste se forma sobre la objetividad de la prueba, ya porque la omite, estando presente -error por preterición- o, porque sin caer en tal olvido, la adiciona o cercena, o porque supone como presente la que en realidad no milita en el proceso; en cambio, el error de derecho surge cuando a pesar de examinar la prueba en su exacto alcance material, transgrede las pautas de disciplina probatoria que regulan su admisión, práctica, eficacia o apreciación. De la naturaleza de una y otra clase de yerro, se desprende que son excluyentes entre sí respecto de los mismos medios de prueba y que, por ende, se mueven en planos completamente diferentes, razón por la cual resulta inadmisible que se entremezclen en su desarrollo” (CSJ, SC del 5 de noviembre de 2003, Rad. 7052; se resaltado).

2.4. En suma, si la inconformidad del censor radicó en que los comentados documentos carecían del mérito que vio en ellos el juzgador de segundo grado, le correspondía a aquél, de un lado, denunciar la comisión por parte de dicha autoridad del correspondiente error de derecho y, de otro, sustentarlo coherentemente, con indicación expresa de las normas de disciplina probatoria quebrantadas y explicando, así fuera sucintamente, la manera cómo ellas fueron vulneradas.

3. De soslayarse la deficiencia en precedencia advertida, el cargo, de todas maneras, fracasa, pues deviene desenfocado o incompleto, como pasa a explicarse:

3.1. Sobre la base de que en el proceso existían dos grupos de testigos, que las versiones que integran cada uno son antagónicas y que mientras los deponentes citados por el actor, refirieron que el vínculo que existió entre las partes sí fue constitutivo de una unión marital de hecho, los escuchados a pedido de la accionada, calificaron dicha relación de un mero noviazgo, el Tribunal optó por dar crédito a los primeros y por desestimar los segundos, fincado en las razones que a continuación se enlistan, ordenadas según su importancia lógica:

a) Del cotejo de las exposiciones que hicieron los integrantes de cada uno de los grupos de declarantes atrás identificados, se desprende que los traídos al proceso por el señor Ortiz Valencia, de un lado, “no dan lugar a pensar que hayan faltado a la verdad, como quiera que resultan coherentes con las demás pruebas adosadas al juicio”; y, de otro, “provoca[n] la agonía, el desfallecimiento o languidez de la prueba testimonial recepcionada de la parte demandada, para probar sus aserciones”, en tanto que “[l]a fuerza de convicción de ese medio probatorio pierde entereza, firmeza, capacidad de persuasión, sale mal librada, al ser confrontada con la versiones de sus antagonistas”.

b) Las versiones suministradas por los señores Fabio Osorio López, Lucía Agudelo Espitia, Luz Amparo Giraldo Grisales y María Gorretty Arcila Velásquez, pedidas por la accionada, son irreales, poco creíbles, inventadas, pues como si se tratara de “recitaciones”, tildaron el lazo afectivo de las partes como un mero “noviazgo de calle”, manifestación que riñe con la prologada duración del mismo y con el hecho de que los “vecinos y extraños” de la casa de la señora Carmona González, vieron llegar y salir de ésta, con frecuencia, al promotor del presente asunto.

c) La declaración del señor Javier Bermúdez Salgado, también solicitada por la aquí convocada, carece de valor demostrativo, pues quedó en “tela de juicio” la imparcialidad del deponente, habida cuenta que él reconoció que la relación que mantenía con el señor José Hoover Ortiz Valencia era “regular”, toda vez que los familiares de éste, dejaron de cancelarle el servicio de celaduría que prestaba en la cuadra donde aquéllos tenían ubicada su residencia, pese a que en las noches parqueaban un automotor en la vía pública, amén que este testimonio genera “desconfianza”, al contrastarlo con las demás pruebas del litigio.

d) Las objeciones planteadas en torno de la exposición de la hermana del accionante, señora Alba Stella Ortiz Valencia, naufragan, debido a la coincidencia de sus manifestaciones con el relato de otros testigos y con la prueba documental.

e) Los testimonios surtidos en apoyo de la demandada “declina[n] o perece[n] por completo, es decir, se convierte[n] en amañad[os] o preparad[os], ante la declaración efectuada por la señora Lucía Carmona González, en documento que fue autenticado ante el Notario Primero del Círculo de Manizales, el 19 de septiembre de 2001, en el que la demandada expresa que ‘el señor Hoover Ortiz Valencia identificado con la cédula número 10.220.803 de Manizales convive con Lucía Carmona González, aproximadamente hace 10 años’, ver folios 64 y 65 cuaderno 1”.

3.2. Traduce lo anterior, que no es verdad, como lo entendió impropiamente el recurrente, que el sentenciador de segunda instancia dedujera la fuerza probatoria que le asignó a cada uno de los grupos de testigos que halló en el proceso, del mérito que, a su turno, encontró en los documentos obrantes en los folios 64 y 65 del cuaderno principal.

Esos documentos, como se deprende de la especificación precedente, no tuvieron ninguna incidencia en la ponderación de las declaraciones recibidas a solicitud del actor, cuyo valor infirió de su propio contenido y del cotejo que realizó, en primer lugar, de ellas entre sí y, en segundo término, de las mismas con los restantes elementos de juicio recaudados, particularmente con la prueba documental.

En relación con los testimonios oídos a ruego de la demandada se establece que el Tribunal coligió su debilidad demostrativa como resultado, en primer lugar, de compararlos con los del otro grupo de deponentes; en segundo término, de su sospechosa similitud al calificar la relación de las partes como un “noviazgo de calle”; adicionalmente, de la irrealidad de su propio contenido; y, por último, de la falta de imparcialidad del señor Bermúdez Salgado.

De suyo, pues, que el papel que jugaron los indicados escritos frente a estas declaraciones, las recepcionadas a petición de la señora Carmona González, fue meramente secundario, toda vez que su función fue de simple prueba de refuerzo, en tanto que la comentada manifestación extra juicio de la nombrada, sólo sirvió al Tribunal para ratificar su conclusión relativa a la carencia de valor demostrativo de aquéllas.

3.3. La comentada desavenencia del cargo con los genuinos argumentos de la sentencia, devela, por sí sola, el desenfoque del mismo; o, desde otra perspectiva, la intrascendencia de la acusación, pues referida solamente al argumento aquí llamado “de refuerzo”, dejó por fuera del ataque las razones principales en que se soportó el ad quem para colegir que los testimonios pedidos por la querellada estaban desprovistos de peso probatorio, fundamentos que al no ser confutados, siguen prestándole suficiente apoyo a esa inferencia, la cual, consecuencialmente, se mantiene en pie, con todo lo que ello significa para la sentencia cuestionada.

4. Pese a que lo precedentemente expuesto es suficiente para decidir en forma adversa el reproche auscultado, no está demás precisar que las otras inconformidades del censor tampoco merecen acogimiento, como de forma breve pasa a explicarse:

4.1. Las quejas relativas a que el Tribunal no tuvo en cuenta al ponderar la prueba testimonial, de un lado, que los declarantes llamados por el actor, no visitaron jamás la casa de los señores Ortiz – Carmona y que su relación con la pareja, fue de simple vecindad; y, de otro, que los deponentes invocados por la demandada, en cambio, vivieron con ella en la misma residencia o conocieron de cerca su situación familiar, apenas aparecen enunciadas por el recurrente y de forma general, sin que, respecto de ellas, éste hubiese realizado ninguna labor objetiva de contraste sobre el contenido de las versiones, que sirviera al propósito de su demostración, por lo que no son atendibles en casación.

4.2. La consistente en que también con apoyo en los documentos de folios 64 y 65 del cuaderno 1, el sentenciador de segunda instancia “desechó” la contestación de la demanda y el interrogatorio absuelto por la accionada, es cuestión que tampoco se ajusta a las verdaderas razones aducidas por el Tribunal en su fallo, por lo que deviene igualmente desenfocada, amén que por la generalidad del planteamiento, no corresponde a una crítica certera susceptible de dilucidarse en desarrollo del recurso extraordinario de que aquí se trata.

4.3. Ninguna razón asiste al censor cuando acusó al Tribunal de suponer la prueba de la “donación de un vehículo automotor” por parte de la demandada al actor, pues la misma señora Carmona González, en el interrogatorio de parte que absolvió, refirió que fue ella quien compró el taxi luego conducido por el señor Ortiz Valencia, planteamiento ratificado en las declaraciones de Alexandra Candamil Cardona, Alba Stella Ortiz Valencia, María Gorretty Arcila Velásquez, Lucía Agudelo Espitia, Fabio Osorio López y Luz Amparo Giraldo Grisales, de donde mal podía afirmarse, como lo hizo el censor, que el referido hecho fue inventado por el sentenciador de segunda instancia.

4.4. Tampoco es admisible la queja de que esas pruebas no eran idóneas para comprobar tal circunstancia, porque se relacionaban con el dominio del automotor y puesto que buena parte de ellas correspondían a los testimonios recibidos a solicitud de la demandada, en relación con los cuales el Tribunal ya había afirmado su carencia de mérito demostrativo, toda vez que ese cuestionamiento, por versar sobre la eficacia de los indicados medios de convicción, se ubica en el campo del error de derecho y no en el de hecho, que fue el que se denunció, incoherencia jurídica que hace inane la acusación.

5. Añádese para finalizar, que el Tribunal, adicionalmente, estimó que la negativa de la señora Carmona González de admitir su convivencia con el señor Ortiz Valencia, que expresó en la contestación de la demanda y sobre la que edificó su defensa en el presente proceso, era jurídicamente inatendible, pues violaba el principio de “los actos propios”, en tanto que ella, con anterioridad, había admitido dicho vínculo, cuando solicitó al Notario Primero de Manizales recibir unas declaraciones extrajuicio, precisamente, sobre “[q]ue el señor Hoover Ortiz Valencia identificado con la c[é]dula N° 10’220.803 de Manizales convive con Lucía Carmona Gonz[á]lez, aproximadamente hace 10 años”.

Tal razonamiento del ad quem, sin duda, arrasador por completo de la postura defensiva asumida por la aquí accionada, no fue blanco de ataque por parte del recurrente en casación, quien nada dijo al respecto.

Así las cosas e independientemente de que se comparta o no, es lo cierto que dicho planteamiento, al conservar vigencia y dada su contundencia, le cierra el paso a la demanda de casación, pues así fuera cierto que el Tribunal hubiese cometido los errores denunciados, mal podría atenderse la actividad argumentativa y probatoria de la demandada dirigida a desvirtuar la convivencia de las partes.

6. El cargo, en definitiva, no prospera.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 24 de agosto de 2012, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, Sala Civil - Familia, en el proceso que se dejó plenamente identificado en los comienzos de este proveído.

Costas en casación, a cargo de la recurrente. Como la demanda presentada para sustentar dicho recurso, fue replicada en tiempo por el extremo actor, se señala, por concepto de agencias en derecho, la suma de $6.000.000. La secretaría de la Sala, efectúe la correspondiente liquidación.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad, devuélvase el expediente al Tribunal de origen».