Sentencia SC13248-2015-2005-00996 de septiembre 30 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad. 11001-31-10-011-2005-00996-01

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Fernando García Restrepo

Bogotá, D.C., treinta de septiembre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Como se desprende del compendió que viene de consignarse, el recurrente circunscribió el ataque que planteó en el único cargo que propuso en casación, a desvirtuar la fecha que el Tribunal fijó como de finalización de la unión marital de hecho que estimó existió entre la actora y el señor Eustacio Boada Hernández —21 de enero de 2005—.

En criterio del censor, ello acaeció en el año 2002, según lo infirió de la cláusula cuarta del documento suscrito por los integrantes de la mencionada pareja, que obra como prueba a folio 61 del cuaderno principal, en relación con el cual, por ende, denunció la comisión de error de hecho por parte del sentenciador de segunda instancia, toda vez que en ese aspecto lo desconoció.

Con tal base, añadió que si el vínculo que ligó a los señores Marín Caicedo y Boada Hernández terminó en el año 2002, se configuró la prescripción excepcionada y que, por lo tanto, el ad quem, al desechar dicha defensa, dejó de aplicar el artículo 8º de la Ley 54 de 1990.

2. El Tribunal, para colegir que la referida unión marital de hecho se extinguió en la indicada fecha, expuso:

“En lo que respecta a la terminación de esa convivencia, debe tenerse en cuenta que de la prueba arrimada se establece que la misma termin[ó] (...) el 21 de enero de 2005, por cuanto algunos deponentes, como Richard Niño Becerra, Fernando Rodríguez e inclusive Carlos Alberto Proaño López sit[uaron] la separación de la pareja en esa época. Además, lo más diciente es el documento suscrito por la demandante y el fallecido Eustacio Boada Hernández, en el que este último conf[esó] la unión marital de hecho, que ha tenido con Damaris Marín Caicedo y una relación ‘afectiva’ con la misma, por espacio de diez años, lo trascendente en este documento es la fecha en que se firmó el mismo, esto es, el 21 de enero de 2005, porque bien (sic) es cierto que en ese documento se plasm[ó] que tres años atrás los citados no hacían vida marital, también lo es que en el mismo se dej[ó] constancia que esto fue debido al ‘deterioro de la salud física de Boada Hernandez (sic)’; es decir, no hubo voluntad de separación durante ese lapso de ninguno de los compañeros, ella lo acompañó durante ese lapso, habitando en el mismo lugar, cuidándolo (según versión de los testigos) y socorriéndolo, como seguramente lo hubiera hecho una buena esposa”.

3. Traduce lo anterior, en primer lugar, que el ad quem, a fin de fijar el 21 de enero de 2005 como el día en el que concluyó la convivencia de los señores Damaris Marín Caicedo y Eustacio Boada Hernández, se afincó en una pluralidad de pruebas, como fueron, por una parte, los testimonios de los señores Richard Niño Becerra, Fernando Rodríguez Manrique y Carlos Alberto Proaño López y, por otra, el documento suscrito por la actora y su compañero permanente, Eustacio Boada Hernández, en la indicada fecha.

Y, en segundo término, que esa Corporación sí apreció tal escrito, en particular, su cláusula cuarta, elemento de juicio del que dedujo que, pese a que en él los mencionados compañeros permanentes dejaron constancia de que no hacían “vida marital” desde tres años atrás, no es demostrativo de que ellos hubiesen tenido “voluntad de separación durante ese lapso” de tiempo, pues en él se explicó que tal situación obedeció al deterioro de la salud física del señor Boada Hernández y lo cierto es que los dos continuaron viviendo juntos.

4. Cotejados tales razonamientos del sentenciador de instancia con los fundamentos en los que el recurrente cimentó el cargo objeto de estudio, se colige que la acusación luce incompleta y desenfocada, defectos que determinan su fracaso, como pasa a analizarse.

4.1. La Corte, en relación con el requisito de precisión y claridad previsto al inicio del inciso 1º del numeral 3º del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, de manera constante ha predicado:

“Debe tenerse en cuenta, además, que, habida cuenta del carácter eminentemente dispositivo y restringido de la casación, anteriormente advertido, cuando el cargo se construye con base en el quebranto de la ley sustancial, se torna indispensable para el recurrente, por una parte, enfocar acertadamente las acusaciones que formule, con lo que se quiere significar que ellas deben combatir las genuinas razones, jurídicas o fácticas, que soportan el fallo impugnado, y no unas extrañas a él, fruto del incorrecto o incompleto entendimiento que de la sentencia haya hecho el censor, o de su imaginación, o inventiva; y, por la otra, que su actividad impugnaticia tiene que estar dirigida a derruir la totalidad de esos argumentos esenciales de la sentencia, pues si el laborío del acusador no los comprende a cabalidad, al margen de que el juzgador de instancia hubiere podido incurrir en las falencias denunciadas, su sentencia no podría quebrarse en virtud del recurso extraordinario.

Sobre estos aspectos, la Sala ha expuesto que ‘el ordinal 3º del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, establece como requisito formal de la demanda que sustenta el recurso extraordinario de casación, la formulación ‘de los cargos contra la sentencia recurrida... en forma clara y precisa’, es decir, con estricto ceñimiento a las razones o fundamentos del fallo impugnado, porque lógica y jurídicamente debe existir cohesión entre el ataque o ataques contenidos en la demanda de casación y la sentencia del ad quem (...), pues no de otra manera puede llegar a desvirtuarse, según el caso, la acerada presunción de legalidad y acierto con que llega amparada —a esta Corporación— la sentencia recurrida. (...). El recurso de casación —ha dicho la Corte— ‘ha de ser en últimas y ante la sentencia impugnada, una crítica simétrica de consistencia tal que, por mérito de la tesis expuesta por el recurrente de manera precisa, y no por intuición oficiosa de la Corte, forzoso sea en términos de legalidad aceptar dicha tesis en vez de las apreciaciones decisorias en que el fallo se apoya...’ (Cas. civ. de 10 de septiembre de 1991). (...). La simetría de la acusación referida por la Sala en el aparte anterior, debe entenderse no solo como armonía de la demanda de casación con la sentencia en cuanto a la plenitud del ataque, sino también como coherencia lógica y jurídica, según se dejó visto, entre las razones expuestas por el juzgador y las propuestas por el impugnante, pues en vano resulta para el éxito del recurso hacer planteamientos que se dicen impugnativos, por pertinentes o depurados que resulten, si ellos son realmente extraños al discurso argumentativo de la sentencia, por desatinada que sea, según el caso. No en balde, como se ha acotado insistentemente, el blanco privativo del recurso de casación es la sentencia de segundo grado, salvo tratándose de la casación per saltum, situación en la cual dicho blanco estribará en la sentencia de primera instancia (...)’ (Cas. Civ., sentencia de 10 de diciembre de 1999, expediente 5294).

En pocas palabras: el cargo fundado en el numeral 1º del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil debe estar debidamente enfocado y ser completo o, lo que es lo mismo, debe controvertir directamente la totalidad de los auténticos argumentos que respaldan la decisión combatida” (CSJ, auto de 19 de diciembre de 2012, Rad. 2001-00038-01; se destaca).

4.2. El censor, en el cargo auscultado, ningún reproche elevó respecto de la consideración del Tribunal relativa a que de las declaraciones rendidas por los señores Niño Becerra, Rodríguez Manrique y Proaño López se deducía que la separación de los compañeros Marín Caicedo y Boada Hernández se produjo en la época que esa Corporación fijó como de terminación de la misma, omisión que pone al descubierto nítidamente que la acusación es incompleta, pues dejó por fuera de ella fundamentos fácticos apreciados por el juzgador que le prestan suficiente apoyo a su fallo y que, por lo mismo, impiden el quiebre del proveído cuestionado.

4.3. A lo anterior se suma el desatino de la censura, en tanto y en cuanto que ella no combatió la genuina valoración que el ad quem hizo del documento al que el reproche se refirió, esto es, el “Contrato de transacción” suscrito por Damaris Marín Caicedo y Eustacio Boada Hernández el 21 de enero de 2005, que en original fue aportado con la demanda y que milita a folio 61 del cuaderno 1.

En efecto, como ya se señaló, el Tribunal, al definir los alcances de la cláusula cuarta del mismo, hizo énfasis en su mención final, esto es, en que la circunstancia de que los citados compañeros no hicieran “vida marital” desde tres años atrás, obedeció al “prologado deterioro de la salud física de Boada Hernández” (se destaca), manifestación que lo llevó a descartar que durante ese lapso de tiempo, ellos hubiesen tenido “voluntad de separación”.

En contraste, el recurrente soportó su queja en la primera parte de la comentada estipulación, es decir, en el reconocimiento que allí hicieron los señores Marín y Boada de no hacer “vida marital” durante el indicado lapso de tiempo, expresión con base en la cual aquel increpó al ad quem por haberle dado un “alcance distinto al querer de las partes” y por “modificar lo afirmado en el documento”, en la medida que desconoció que la relación de pareja que existió entre ellos, llegó a su fin en el año 2002.

Es palpable, por lo tanto, la asimetría de la acusación, comoquiera que, según ya se acotó, ella no guarda la debida correspondencia con uno de los fundamentos torales en los que el Tribunal hizo descansar su conclusión sobre el momento en el que se terminó la convivencia de los ya tantas veces nombrados compañeros.

5. No obstante que las deficiencias en precedencia advertidas serían suficientes para desestimar el cargo examinado, es del caso agregar que el sentenciador de segunda instancia no erró, por lo menos gravemente, con alcance de casación, al valorar el documento anteriormente identificado, toda vez que, como él lo dedujo de su cláusula cuarta apreciada en integridad con todo el contenido del escrito, se infiere que el hecho allí reconocido de que los señores Marín y Boada no hacían vida marital desde tres años atrás, no obedeció a su voluntad o al querer de alguno de ellos, sino al “prolongado deterioro de la salud física” del segundo, como lo precisaron al cierre de ese punto del convenio que celebraron.

Ahora bien, de la misma probanza se infiere que durante esos tres años los miembros de la indicada pareja no se separaron, sino que continuaron viviendo juntos, pues en él acordaron que la señora Damaris Marín Caicedo procedería “a abandonar la residencia de Eustacio Boada Hernández, sin que haya necesidad de acudir a ninguna autoridad para obtener su desalojo” (cláusula sexta), previsión que no tendría ningún sentido si se pensara que a la fecha de la firma de la aludida convención —21 de enero de 2005—, ellos ya estuvieran residiendo por aparte.

6. El cargo, por ende, no se abre paso.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia que el 4 de noviembre de 2010 dictó el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Familia, en el proceso ordinario que se dejó plenamente identificado al inicio de esta providencia.

Costas en casación a cargo de los accionados recurrentes. Como la demanda con la que se sustentó dicho recurso, fue replicada en tiempo por la parte actora, se fija como agencias en derecho la suma de $6.000.000. Por la Secretaría de la Sala practíquese la correspondiente liquidación.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Aprobado en sesión de dos de junio de 2015».