Sentencia SC13400-2016/2001-00093 de octubre 26 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.: 08001-3103-013-2001-00093-01

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Alonso Rico Puerta

Aprobada en sesión de veinte de septiembre de dos mil dieciséis

Bogotá D.C., veintiséis de octubre de dos mil dieciséis.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la demandada Electrificadora del Caribe S.A. ESP, frente a la sentencia de 22 de agosto de 2013, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario promovido en contra de la recurrente por Alirio Ángel Casallas Gómez, en su condición de propietario del establecimiento de comercio Eléctricos ACG.

I. Antecedentes

1. En el escrito introductorio del juicio, se solicitó condenar a la demandada al pago de las siguientes prestaciones económicas:

a) $ 99.742.300 por concepto de los servicios prestados relacionados con “suspensiones y reconexiones realizadas y no pagadas, y glosas o descuentos irregulares sobre las facturaciones”, según lo detallado en cuadro anexo 1;

b). $ 43.890.350, correspondientes a las “actividades de suspensión y pago”, detalladas en el cuadro anexo 2;

c). $ 54.000.000, derivados de la indemnización de perjuicios por la terminación unilateral, injustificada e imprevista del contrato de suministro, y,

d). Los intereses moratorios comerciales sobre las sumas de dinero adeudadas, desde cuando se hicieron exigibles hasta la realización del pago.

2. En los hechos sustento de las reseñadas peticiones, en resumen se comenta lo siguiente:

a). El 15 de diciembre de 1998, un funcionario de Electricaribe S.A., envió comunicación al demandante, dando inicio a un contrato que tuvo por objeto “la prestación de servicios para la provisión, mano de obra, transporte de materiales y personal para ejecutar trabajos relacionados con las suspensiones, reconexiones y cortes definitivos del servicio de energía eléctrica en el perímetro urbano y rural del departamento del Atlántico”, aunque en la misiva se aludió a “carta de intención”, se relacionaron las condiciones que se tomarían en cuenta en el “prometido contrato”.

b). Durante dos (2) años y nueves (9) meses, de manera continua e ininterrumpida el actor cumplió con la prestación de los servicios requeridos, actuando de buena fe, y teniendo en cuenta que se “se celebraría un contrato por escrito”, anuncio este reiterado bimensualmente e incluía un anexo con las condiciones en que se ejecutaría el convenio, manteniéndose de esa manera la relación negocial, sin haberse formalizado el respectivo contrato.

c). Ante esa situación, las obligaciones se regularon por instrucciones y acuerdos verbales, de acuerdo con los cuales Electricaribe S.A., entregaba “listados de usuarios, informes de cortes y reconexiones, presentación de facturas, plazos de pagos, etc”.

d). Los precios de las actividades de “suspensión, pago del cliente y reconexión reportada”, se fijaron en $ 8.900 c/u, mientras que la “suspensión y pago” en $ 4.450 c/u, y a comienzos del acuerdo y durante catorce (14) meses, le reconocieron 19.733 eventos por “suspensiones y pago”, por la suma de $ 87.811.850, y a partir de marzo de 2000, hasta septiembre del mismo año, dejaron de pagarle sin explicación ni justificación, y quedaron pendientes 1.409 “suspensiones mensuales”.

e). El 12 de septiembre de 2000, le comunicaron al demandante, que a partir del día siguiente a esa fecha, “la empresa había decidido dar por terminada la prestación de sus servicios referente a las actividades de corte del servicio de energía eléctrica a los usuarios morosos”, decisión esta que le ocasionó perjuicios, “porque mantenía disponibilidad de infraestructura de trabajo que producía $ 18.000.000 promedio mensual, y la cual debía estar activa por lo menos tres (3) meses más, que eran los períodos en que se entregaban las ‘cartas de intención”.

f). En el marco de las condiciones establecidas de manera unilateral, Electricaribe S.A. le dejó de pagar al actor “11.207 reconexiones”, sin que respondieran adecuadamente las reclamaciones efectuadas mediante comunicaciones de 1º y 23 de marzo, 2 de junio y 9 de julio de 1999.

g). Para cumplir los compromisos derivados de la aludida relación negocial, el demandante contrató “una oficina (…) para atender a usuarios, trabajadores y todo lo relacionado con tales actividades, la cual tenía un costo de $ 270.000 mensuales el primer año con incrementos anuales”; además, tuvo disponibles vehículos y quince trabajadores.

3. Notificada la empresa accionada, en tiempo replicó, oponiéndose a las pretensiones, no aceptó los hechos sustento esencial de la responsabilidad civil planteada, y propuso la excepción de mérito titulada “falta de causa en las pretensiones del actor”.

4. La primera instancia culminó con la sentencia de 18 de noviembre de 2012, desestimando la excepción de mérito planteada, y la objeción al dictamen pericial; accedió a las pretensiones del actor, y por consiguiente, condenó a la demandada a pagar la cantidad de $ 99.742.300, por 11.207 actividades completas ejecutadas, más intereses moratorios por $ 78.450.000, del 15 de diciembre de 1998 hasta el 24 de septiembre de 2012; la suma de $ 40.339.250, correspondientes a 9.065 suspensiones, ejecutadas en el período de marzo a 13 de septiembre de 2000, más $ 29.500.500, por intereses moratorios de marzo de 2000, hasta el 24 de septiembre de 2012, y denegó la petición indemnizatoria.

5. Ambas partes interpusieron recurso de apelación, y al resolverlo el juzgador de segundo grado dispuso modificar el numeral 1º de la sentencia recurrida, en lo relativo a los intereses moratorios, en el sentido de ordenar liquidarlos conforme al artículo 884 del Código de Comercio, cuantificándolos en la cantidad de $ 354.717.610 sobre los $ 99.742.300, y en la suma de $ 133.134.035, respecto de los $ 40.339.250; confirmó los restantes puntos; adicionó lo atinente a imponer el pago de costas a la accionada en primera instancia, y le ordenó la cancelación de las mismas en el trámite de la apelación.

II. La sentencia del tribunal

1. Estimó el juzgador ad quem, que constituía un hecho pacífico la existencia del contrato de suministro, dada la aceptación expresa de las partes, el cual tuvo vigencia entre diciembre de 1998 y septiembre de 2000, y aludió al entendimiento de dicho convenio con base en el artículo 968 del Código de Comercio, y su caracterización jurídica.

2. En cuanto al tema relativo a la terminación del citado convenio, comenzó por relacionar los medios de prueba que estimó regulaban la relación contractual, y al respecto citó, i) la comunicación de 15 de diciembre de 1998, indicando que en ella se plasmó el objeto del acuerdo, y se dio inicio al mismo; ii) la denominada “carta de intención”, en la que apreció se incluyeron las condiciones que eventualmente regularían el negocio jurídico; iii) la manifestación del actor a una pregunta del interrogatorio de parte, en la que mencionó la finalidad de la “carta de intención”, y refirió que “transcurrieron casi 18 meses a la espera del contrato el cual era reemplazado cada tres meses por cartas de intención del mismo contenido de la primera”.

3. También comentó sobre la aceptación de la accionada del envío de dichas comunicaciones, deduciendo que expresaban “las condiciones del negocio, en cuanto a circunstancias de modo, tiempo y lugar del desarrollo de las labores que se contratarían y las especificaciones sobre la remuneración de las mismas”.

4. Así mismo halló en el plenario, i) las “actas de cumplimiento”, de 10 de febrero, 18 de marzo, 23 de abril, 24 de mayo, y 25 de junio de 1999, relacionadas con el recibo de obras de la “carta de intención del 16 de diciembre de 1998”; ii) “actas de cumplimiento” de 6 de agosto, 7 de septiembre y 4 de octubre de 1999, respecto de recibo de obras de la “carta de intención de junio a agosto de 1999”; iii) actas de cumplimiento de 8 de noviembre, y 2 de diciembre de 1999, al igual que de 11 de enero de 2000, atinentes a recibo de obras de la “carta de intención de septiembre a noviembre de 1999”, y iv) actas de cumplimiento de 24 de enero, y 31 de octubre (2) de 2000, de recibo de obras concernientes a la “carta de intención de diciembre de 1999 a enero de 2000”.

5. Igualmente se refirió a la misiva enviada por el contratista a la contratante, el 27 de septiembre de 2000, planteándole, que “las reconexiones especiales y puntuales, notamos que estas no son liquidadas como estipula la carta de intención”, habiéndolas liquidado “la interventoría como usuarios normales, violando de esta forma lo expuesto en la carta de intención”.

6. Señaló que mediante carta DIV.C-388-2000 de 12 de septiembre de 2000, Electricaribe S.A., comunicó “la finalización de los servicios, a partir del 13 de septiembre de 2000”, y que se incorporó el acta de cumplimiento de 20 de diciembre de 2000, “en la cual se da por terminada y liquidada en forma definitiva dicha carta de intención y se deja constancia de que el contratista ha presentado reclamación la cual se encuentra en revisión”.

7. Invocó el artículo 977 del Código de Comercio, que contempla la terminación del contrato de suministro cuando no se ha estipulado su duración, y luego de aludir a los elementos de juicio que evidencian cómo se produjo su desarrollo, dedujo, que “el último período contratado entre las partes iba del 18 de junio al 18 de septiembre del 2000 y el 13 de septiembre de 2000”, afirmando que la terminación no se produjo de manera unilateral, “sino que al vencerse el período estipulado, las partes quedan en libertad de seguir o no con el contrato, por lo que no puede existir indemnización de perjuicios por ese concepto”.

8. Para efectos del reconocimiento de las sumas de dinero reclamadas por el actor, se toma en cuenta los tres dictámenes periciales practicados, resaltando que coinciden en señalar la cantidad de $ 99.742.300, y que al no haber demostrado la accionada el incumplimiento del contratista de sus obligaciones, procedía reconocerla por concepto de obligación insatisfecha.

9. Igualmente, con apoyo en las citadas peritaciones, dedujo, que de los $ 43.890.350, reclamados por concepto de “actividades de suspensión y pago”, según la última peritación quedaba un saldo insoluto de $ 40.339.250, al habérsele cancelado las obras hasta febrero de 2000.

10. Respecto de los intereses moratorios, aseveró que debían pagarse los mercantiles, de acuerdo con el artículo 884 del Código de Comercio, al provenir la obligación de un convenio de esa naturaleza.

11. Frente a la excepción de mérito de “falta de causa en las prestaciones del actor”, determinó su improsperidad, en virtud de haber aceptado las partes la existencia del contrato de suministro, habiéndose probado las condiciones para su ejecución.

III. La demanda de casación

1. La impugnación extraordinaria se sustenta en cuatro (4) cargos, apoyados, el inicial en la causal quinta; el segundo y el tercero, en la causal segunda, y el último en el motivo primero de casación, vía indirecta, por error de hecho.

2. El estudio de tales reproches se hará siguiendo la secuencia como aparecen planteados, por ajustarse al orden lógico, según su naturaleza jurídica, y se conjuntarán para su examen los dos que proponen falta de consonancia, dado que en su fundamentación se presentan elementos comunes y porque es factible resolverlos con similares argumentos jurídicos.

3. Resulta pertinente precisar, que de acuerdo con el artículo 624 del Código General del Proceso, modificatorio del precepto 40 de la Ley 153 de 1887, para resolver el recurso se tomarán en cuenta las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, al hallarse este vigente para cuando comenzó su trámite.

Cargo primero

1. Este reproche se cimenta en el motivo de casación del numeral 5º artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, al estimar que se incurrió en la causal 5ª de nulidad del artículo 140 ibídem, la cual se configura cuando se prosigue el trámite del proceso después de ocurrida cualquiera de los motivos de interrupción o de suspensión, o cuando se reanuda antes de la oportunidad debida.

2. En resumen comenta la recurrente, que encontrándose el juicio en la etapa probatoria, se perdió el cuaderno de pruebas, ante lo cual se dispuso la reconstrucción parcial del expediente, celebrándose audiencias con ese propósito el 29 de enero y 12 de febrero de 2004, y en esta última solicitó la apoderada de la demandada, practicar como pruebas las siguientes: la declaración del apoderado del actor, inspección judicial al sistema contable de Electricaribe S.A., para examinar documentos que poseía en medio magnético y que hacían parte del proceso, como también el testimonio de la señora Alicia de la Rosa, sin que el juzgado de primera instancia se hubiera pronunciado al respecto, y en cambio, ordenó correr traslado para alegatos de conclusión, decisión que recurrió mediante reposición, no habiendo prosperado, por lo que quedó incompleto dicho trámite, y además, se omitió dictar la providencia “declarando la reconstrucción completa y definitiva”.

3. Se solicita casar la sentencia del tribunal, y declarar la nulidad reclamada, respecto de la cual no se ha producido su saneamiento.

Consideraciones

1. La causal de casación invocada se configura, de conformidad con el numeral 5º artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, en el evento de “[h]aberse incurrido en alguna de las causales de nulidad consagradas en el artículo 140, siempre que no se hubiere saneado”.

2. Se denuncia la existencia del motivo de invalidez procesal contemplado en el ordinal 5º artículo 140 ídem, conforme al cual, el proceso es nulo en todo o en parte “[c]uando se adelante después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si en estos casos se reanuda antes de la oportunidad debida”.

3. La reconstrucción del proceso en caso de pérdida o destrucción total o parcial, la regulaba para entonces el artículo 133 del Código de Procedimiento Civil, y en lo atinente a la práctica de pruebas, que es el evento referido por la recurrente, el numeral 4º establecía, que “[e]l juez podrá decretar, de oficio o a petición de parte, toda clase de pruebas y exigir declaración jurada de los apoderados, de las partes, o de unos y otras”, a su vez el numeral 7º contemplaba, que “[d]el mismo modo se procederá cuando la pérdida parcial del expediente impida continuar con el trámite del proceso; de lo contrario, y no siendo posible la reconstrucción, el proceso se adelantará con prescindencia de lo perdido o destruido”, previendo adicionalmente el artículo 134 ibídem, la posibilidad de disponer pruebas de oficio “para aclarar los hechos obscuros o dudosos y para acreditar los que no sean susceptibles de prueba de confesión”.

4. Los motivos especiales de suspensión del proceso, los relacionaba el inciso 1º artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, concernientes a los eventos de prejudicialidad, y por petición de las partes de común acuerdo; mientras que en el inciso 3º se contemplaba la denominada por la doctrina “suspensión impropia”, dado que no se requiere decretarla, recayendo respecto del “(…) trámite principal del proceso en los casos previstos en este Código, sin necesidad de decreto del juez”, por ejemplo, cuando el proceso lo promovía un agente oficioso (inciso 3º artículo 47); en la denuncia del pleito, llamamiento en garantía, y llamamiento ex officio (artículos 56, 57 y 58); en el trámite de los impedimentos o recusaciones (artículo 154); en la acumulación de procesos (artículo 159).

5. De acuerdo con lo anterior se verifica, que el artículo 133 del Código de Procedimiento Civil, no autoriza explícitamente la suspensión del proceso, y aunque con la pérdida total o parcial del expediente se altera su trámite normal, en cuanto impone ocuparse de la práctica de pruebas para su reconstrucción, las irregularidades que en tal actuación se puedan originar, no podrán configurar la causal de nulidad fundamento de la acusación planteada por la recurrente, la cual como antes se indicó, solo se estructura cuando se adelanta el juicio después de ocurrida cualesquiera de las causales legales de suspensión, o si se reanuda antes de la oportunidad debida.

6. De otro lado se constata, que los hechos aducidos por la recurrente, fueron alegados en la solicitud de nulidad que la misma parte formuló, habiendo prosperado, según auto de segunda instancia de 13 de marzo de 2006, al haberse hallado probada la causal 5ª del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia, revocó la decisión de la juez a-quo y declaró la nulidad de lo actuado a partir de la audiencia de 12 de febrero de 2004, en la que se trataron aspectos relativos a la reconstrucción del proceso; luego entonces, con relación a tales hechos operó la preclusión, impidiendo volver a plantearlos, conforme al inciso 4º artículo 143 ídem, que ordenaba rechazar de plano la “solicitud de nulidad que se funde (…) en hechos que pudieron (…) ocurrieron antes de promoverse otro incidente de nulidad”.

7. Adicionalmente se advierte, que se hizo innecesario el trámite de la “reconstrucción parcial del expediente”, porque apareció el cuadernillo extraviado, así lo informó la Secretaria del Juzgado de primera instancia, y lo hizo constar la juez en auto de 31 de marzo de 2008, indicando que “el despacho se abstendrá de ordenar la reconstrucción del expediente por sustracción de materia y se ordenará correr traslado para alegar”.

8. Así las cosas, se impone desestimar el reproche examinado.

Cargo segundo

1. Este reproche se apoya en la causal 2ª de casación del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, y por consiguiente, se cuestiona el fallo del tribunal porque no se encuentra en consonancia con las pretensiones de la demanda.

2. Argumenta la recurrente, que en el sentencia se adoptaron decisiones incongruentes, “en la medida en que no resuelven extremos de la litis porque no declaran las condenas indispensables para ordenar el pago de sumas de dinero”, y al respecto se afirma que no se pidió, como tampoco se dispuso “la declaratoria de existencia del contrato de suministro para efectos de declarar su incumplimiento”, y a pesar de ello, se “condena al pago de sumas de dinero que necesariamente, en este caso, deben tener como fuente un contrato y un incumplimiento”.

3. Así mismo se aduce, que la aludida declaración “tenía incidencia directa en el consecuente y tampoco declarado estado de mora de Electricaribe S.A. ESP y cuando, adicionalmente, se declara, en la parte resolutiva, que no se ordena pagar la indemnización pedida por la terminación unilateral del mismo contrato”, por lo que es evidente la inconsonancia, al punto de no poder determinarse sin confusión quién es la parte actora.

4. Se solicita que ante la estructuración de dicho vicio de procedimiento, casar el fallo recurrido en casación.

Cargo tercero

1. Al igual que el anterior, también se funda en la causal 2ª del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, acusándose la sentencia de segunda instancia de adolecer de incongruencia en lo concerniente a los intereses moratorios que se ordenaron pagar.

2. Cuestiona la censura, porque “no existe condena sobre intereses y, sin embargo, la sentencia que se recurre en casación ordena su pago”, sin que tengan sustento en “declaratoria alguna del estado de mora, y menos en el momento a partir del cual se inicia esa moratoria, (…) y no como señalamiento arbitrario de una fecha cualquiera”, y que “sin declaratoria de incumplimiento contractual, es imposible declarar la mora”.

3. Manifiesta que sobre el primer monto materia de la condena en el fallo de primera instancia, se ordenó cancelar intereses a partir de “15 de diciembre de 1998”, cuando la carta de intención inicial es de “16 de diciembre de 1998, así lo expresa la sentencia de segunda instancia y, en todo caso, estas no son fechas de inicio de moratoria alguna sino de comunicación para la eventual contratación. La mora, para ambos conceptos, la limita la sentencia de 1ª instancia al 24 de septiembre de 2012, fecha del edicto”, y respecto del “segundo concepto, a partir de ‘marzo de 2000, (en la sentencia de 1ª instancia) sin fundamentar porqué, y no hay actas de cumplimiento con esta fecha, de acuerdo con la misma relación que expresa la sentencia de segunda instancia, solo hay actas, en el año 2000, de 11 y 24 de enero y 31 de octubre”.

4. Concluye afirmando, que “ante la no petición de intereses moratorios, y ante la no petición de estos intereses a partir de una fecha exacta y determinada, debieron ser denegadas las pretensiones sobre pago de intereses”, además porque no derivan del incumplimiento contractual, y por consiguiente, se debe casar la sentencia por incongruente.

Consideraciones

1. Los dos cargos reseñados con antelación en los que se denuncia falta de congruencia, se conjuntarán para su examen dado que en su fundamentación se presentan elementos comunes y porque es factible resolverlos con similares argumentos jurídicos.

2. Halla la recurrente los factores de inconsonancia, esencialmente, en las circunstancias de no haberse planteado pretensiones acerca de declarar la existencia del contrato de suministro, ni de su incumplimiento, y tampoco en la sentencia se hizo pronunciamiento sobre tales aspectos, pero sí le fue impuesta a la accionada condena al pago de unas sumas de dinero, al igual que de intereses moratorios, respecto de los que también se omitió precisar las fechas a partir de las cuales se produciría su causación.

3. La demanda se promovió, según se dice en su encabezamiento, para que la accionada “sea condenada al pago de las obligaciones derivadas del contrato de prestación de servicios” celebrado con el actor, y en el petitum se especificaron los montos de tales prestaciones económicas, habiéndose solicitado el pago de intereses moratorios comerciales sobre las mismas desde la fecha de su exigibilidad.

En los hechos sustento de las señaladas peticiones, se dieron a conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto del negocio jurídico que tuvieron las partes, planteándose el incumplimiento de la contratante el pago de las obligaciones.

4. El tribunal en la parte resolutiva del fallo concretó la decisión, a introducir algunas modificaciones a la condena a la demandada impuesta por el juez a-quo respecto de prestaciones dinerarias, y a especificar la clase de intereses moratorios causados sobre las mismas, tal como se dejó indicado en los antecedentes.

En la motivación hizo expresa mención, a que se hallaba determinada “la existencia del contrato de suministro celebrado entre las partes”, y verificó la forma como se produjo su terminación, como también la falta de demostración de incumplimiento del demandante, y la insatisfacción de las obligaciones por la contratante, en los montos deducidos de las peritaciones incorporadas.

5. Acerca del defecto procedimental de la incongruencia, en lo pertinente establecía el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil(1), que “[l]a sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley”, no admitiéndose “[condena] al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta”.

6. Se configura entonces la incongruencia o falta de consonancia, cuando el juez al resolver el litigio sometido a su conocimiento, desconoce en el ámbito objetivo, los límites trazados por las partes, o cuando omite los pronunciamientos que de manera oficiosa debía realizar.

7. Esta corporación sobre el citado fenómeno procesal, en la Sentencia CSJ SC10808, radicado 2006-00320-01, en lo pertinente comentó:

“(…) La incongruencia, como falencia capaz de producir el quiebre del proveído rebatido, no es más que el desconocimiento de los mandatos que impone al juzgador el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, esto es, (i) que ‘la sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley., y (ii) que ‘no podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en esta.

Por lo mismo, para el buen suceso del ataque en cuestión, cumple demostrar que el sentenciador se alejó bruscamente tanto del escrito introductor como de las refutaciones que de este hicieron los oponentes, y que por ello dirimió la disputa por fuera de los linderos establecidos por las partes, ya sea al hacer ordenamientos excesivos frente a los reclamos o defensas, o bien por dejar de lado asuntos sometidos a su escrutinio, o resolver puntos completamente ajenos a la litis, salvo cuando procede en estricto cumplimiento de las facultades oficiosas conferidas por la ley”.

8. Aplicadas las citadas reglas al asunto examinado, se deduce, que el juzgador de segundo grado no incurrió en su fallo en el defecto de procedimiento relativo a la incongruencia, porque a pesar de no haber solicitado el demandante de manera expresa en el acápite de pretensiones, declarar la existencia del contrato de suministro y su incumplimiento, los hechos relativos a tales aspectos fueron materia del debate, analizados por el juzgador, y constituyeron el fundamento de la condena impuesta a la demandada.

Sobre ese particular obsérvese, que el tribunal reflexionó en el sentido de que “es un hecho pacífico, que entre las partes existió un contrato de suministro (…), entre diciembre de 1998 y septiembre de 2000”, y partiendo de ese supuesto examinó lo atinente a la manera como se produjo su terminación, para luego, con sustento en la pericial, establecer la cuantía de las obligaciones insatisfechas por la contratante.

De acuerdo con lo anterior, resulta claro, que los cuestionamientos del casacionista acerca de que se requería petición y declaratoria de la existencia del vínculo contractual y de su incumplimiento, no se adecuan al vicio de procedimiento denunciado, y dado que se relacionan con aspectos de valoración de la demanda y de los medios de convicción, en principio correspondía enjuiciarlos en el ámbito de la causal primera vía indirecta.

9. En cuanto a los intereses moratorios quedaron especificados en una suma concreta, respecto de cada una de las cantidades de dinero objeto de la condena, y en el acápite de las pretensiones de la demanda se había solicitado de forma expresa “[condenar] a la demandada al pago de intereses moratorios a la tasa comercial vigente certificada por la Superintendencia Bancaria sobre las sumas debidas desde la fecha de exigibilidad de la obligación hasta la fecha en que se realice efectivamente el pago”.

No obstante haberse omitido incluir la fecha exacta a partir de la cual se reclamaban dichos intereses, no se incurrió en el vicio de procedimiento fundamento de la acusación, al reconocerlos y liquidarlos en la sentencia, porque al solicitarlos desde la exigibilidad de la deuda, correspondía establecer la época de su causación con sujeción a las estipulaciones contractuales y legales.

En ese contexto, los cuestionamientos atinentes a los supuestos fácticos tenidos en cuenta por el juzgador ad quem para el reconocimiento de dicha prestación, en razón de relacionarse con la apreciación de los medios de convicción, debió orientarse por una causal distinta de casación, la cual podría ser la primera vía indirecta por error de hecho, al afirmarse que los intereses sobre el valor de la primera prestación reconocida en el fallo, esto es, la de $ 99.742.300, se computaron a partir del 15 de diciembre de 1998, cuando la inicial carta de intención es del día siguiente a esa fecha, y en cuanto a los establecidos respecto de la segunda suma de dinero que se ordenó pagar, esto es, $ 40.339.250, se menciona “marzo de 2000” como fecha desde la cual se realizó la liquidación, sin que existieran actas de cumplimiento para esa época, situaciones estas que comportan un tema de apreciación probatoria.

10. En conclusión, a pesar de no haberse planteado explícitamente la pretensión de la declaración de existencia del contrato y su incumplimiento, como tampoco la determinación de la época o fechas exactas de causación de los intereses moratorios, no se presenta afectación de las reglas de la congruencia, dado que la decisión no abarcó más de lo pedido (ultrapetita); tampoco lo reconocido se encuentra por fuera de lo solicitado (extrapetita), y no se configura un evento en que se dejara de emitir pronunciamiento frente a lo requerido o que de oficio debiera resolverse (citrapetita).

11. De acuerdo con lo anterior, la crítica planteada no se adecua al ámbito del error de procedimiento fundamento de las acusaciones, y por consiguiente, habrán de desestimarse los reproches conjuntados en este acápite para su estudio.

Cargo cuarto

1. Este reproche se apoya en la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, cuestionándose el fallo por violación indirecta de los artículos 968, 969, y 970 del Código de Comercio, al igual que los preceptos 1602, 1603 y 1625 del Código Civil, por haber incurrido el tribunal en “error de hecho” en la apreciación de la prueba documental aportada.

2. Afirma la impugnante que la deponente Alicia de la Rosa, cuando rindió declaración aportó documentos (en 68 folios) correspondientes a los múltiples requerimientos por las fallas del contratista en la prestación del servicio, y el acta de cumplimiento de diciembre de 2000, los cuales no se estimaron de manera adecuada, aunque alcanzaron plenitud probatoria, porque el actor en la oportunidad legal no se pronunció sobre los mismos.

3. Reprocha porque se contrarió el texto de la citada acta, en la que consta adeudarse al contratista solo la cantidad de $ 5.855.251,50, habiéndosele dado un sentido distinto al señalar, que aquel presentó facturas para el cobro de los servicios prestados, respecto de las cuales, ante el rechazo de la empresa contratante, solicitó su revisión, deduciendo que “está en manos de la parte demandada demostrar que se había resuelto al demandante la reclamación presentada, lo cual no se demostró durante el transcurso del proceso”.

4. Resalta lo expresado en el acta en mención, en cuanto a la terminación y liquidación “en forma definitiva de dicha carta de intención y se deja constancia de que los valores aquí definidos corresponden a trabajos efectuados y recibidos a satisfacción en cumplimiento de la misma”, y que a pesar de aludirse en dicho instrumento a la reclamación del contratista, “no precisa qué es lo que reclama o cuál es el desacuerdo y menos si se relaciona directamente o exclusivamente con las únicas sumas de dinero que acepta como adeudadas”.

5. Así mismo critica por ausencia de valoración integral del acta en mención, de la cual dice “se circunscribe a las labores de los meses comprendidos entre febrero y septiembre de 2000, de donde deviene con claridad que la labor desarrollada entre las partes entre el 16 de diciembre de 1998 y febrero de 2000 se encontraba a paz y salvo”, y por consiguiente plantea, que de no ser así, “no se entiende cómo el contratista Eléctricos ACG no ejecutó las facturas correspondientes a casi más de año y medio de labores”, e insiste, que al suscribir dicho documento ambas partes, aceptaron un saldo de $ 5.855.251,50, para cuyo pago, de acuerdo con lo estipulado en la carta de intención, debió “(…) presentar la correspondiente factura y, (…) anexar a esta una relación detallada de todas las actividades facturadas”.

6. Concluye aseverando, que de haberse apreciado correctamente el referido documento, habrían sido denegadas las pretensiones, y también ante la falta de determinación concreta del incumplimiento, al igual que por la omisión de especificar las fechas de iniciación de la mora.

Consideraciones

1. El juzgador de segundo grado, una vez halló acreditada la existencia y terminación del “contrato de suministro”, sostuvo, que “al no haber demostrado la parte demandada que el demandante había incumplido en sus obligaciones, procede reconocer el pago del trabajo realizado y no cancelado por la suma de $ 99.742.300”, y para el efecto tomó en cuenta las peritaciones practicadas, manifestando que “los tres peritazgos (sic) coinciden con dichos guarismos, para lo cual los peritos tuvieron en cuenta toda la documentación allegada al proceso por la demandante”, y en cuanto a la suma de $ 40.339.250, también la dedujo de tales probanzas, apoyándose esencialmente en la última experticia incorporada, en la que se hizo constar el pago de algunas de las actividades ejecutadas por el contratista, quedando pendientes de cancelar las realizadas “desde marzo de 2000 hasta el 13 de septiembre del año 2000”, por la última cantidad citada.

2. La censura funda la acusación en la inadecuada valoración del “acta de cumplimiento” de 20 de diciembre de 2000, porque en ella consta que “se da por terminada y liquidada en forma definitiva dicha carta de intención y se deja constancia que los valores aquí definidos corresponden a trabajos efectuados y recibidos a satisfacción en cumplimiento de la misma”, habiéndose precisado que la única suma adeudada corresponde a $ 5.855.251,50, lo cual no se tuvo en cuenta.

3. En ese contexto, refulge la falta de demostración del yerro fáctico denunciado, porque la recurrente se centra en la mencionada “acta de cumplimiento”, pretermitiendo confrontar los medios de convicción de los cuales dedujo el tribunal las obligaciones sustento de la condena dineraria impuesta en la sentencia, esto es, los tres dictámenes periciales incorporados al plenario.

4. Téngase en cuenta, que en el marco de la técnica casacional, para la acreditación del “error de hecho”, le compete al recurrente contrastar lo dicho por el juzgador, con el texto de los elementos probatorios examinados, o los que hubiere dejado de examinar, y valiéndose de una argumentación razonada, evidenciar la forma como se produjo la errada valoración, esto es, si por tergiversación del contenido derivado de un entendimiento ilógico o arbitrario, o por agregar o mutilar las ideas expresadas en el medio de prueba.

5. Esta corporación acerca de la temática en cuestión, en fallo CSJ SC4958-2015, radicado 2002-00912-01, memoró:

“(…) cuando el casacionista le endilga al sentenciador haber cometido yerros de facto, tiene la carga de ‘individualizar las pruebas sobre las cuales recae el equívoco. y además debe ‘demostrar de qué manera se generó la supuesta preterición o cercenamiento, lo que deberá señalar de manera manifiesta; de tal suerte que la valoración que de aquéllas haya realizado el sentenciador, se muestre ostensiblemente contraevidente, absurda, alejada de la realidad del proceso o sin ninguna justificación., sin que su labor pueda reducirse a ‘una simple exposición de puntos de vista antagónicos, fruto de razonamientos o lucubraciones meticulosas y detalladas, porque en tal evento el error dejaría de ser evidente o manifiesto conforme lo exige la ley, caso en el cual la Corte no podría tomar partido distinto al consignado en la sentencia (…)”.

6. Los argumentos esbozados por la impugnante extraordinaria, con apoyo en la aludida “acta de cumplimiento”, no son suficientes para probar la existencia del “error de hecho” denunciado, puesto que tal instrumento únicamente se refiere a la “prestación de servicio de corte, suspensión y reconexión (…) durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2000 a costo de $ 5.855.251,50”, sin especificar si esa suma es por todos o por un solo mes, y aunque al relacionar el período de febrero a junio de 2000, alude a los ítems “valor cancelado factura”, “valor liquidación real”, y “diferencia mayor valor cancelado”, en tanto que en el lapso de julio a septiembre de 2000, solo se refiere al “valor factura liquidada”, de ello simplemente podría inferirse que corresponde a las cuentas de los citados períodos mensuales, sin otorgar certeza de su efectiva cancelación, pues al final se anotó que “los valores aquí definidos corresponden a todos los trabajos ejecutados (…), sin que quede pendiente valor alguno por liquidar”, no expresándose que además de liquidar los respectivos rubros, también se realizó el pago.

7. Así las cosas, se determina la improsperidad de la acusación, permaneciendo incólume la presunción de legalidad y acierto del fallo del tribunal.

8. En razón de no haber alcanzado éxito ninguno de los cargos sustento de la demanda de casación, con fundamento en el inciso final del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, se condenará en costas a la recurrente, y para la fijación de las agencias en derecho se tendrá en cuenta la oportuna réplica presentada por la parte actora, debiéndose sujetar la respectiva liquidación a lo previsto en el precepto 393 ibídem.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. No casar la sentencia de 22 de agosto de 2013, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario promovido por Alirio Ángel Casallas Gómez, en su condición de propietario del establecimiento de comercio Eléctricos ACG, contra la sociedad Electrificadora del Caribe S.A. ESP.

2. Condenar en costas a la recurrente, y en su liquidación inclúyase como agencias en derecho la suma de seis millones de pesos ($ 6.000.000).

3. Oportunamente devolver el expediente al tribunal de origen.

Cópiese y notifíquese

Magistrados: Álvaro Fernando García Restrepo—Margarita Cabello Blanco—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Luis Alonso Rico Puerta—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.

1 En la actualidad el artículo 281 del Código General del Proceso, fija las reglas de la congruencia.