Sentencia SC13489-2014 de octubre 3 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.: 11001-31-03-032-1997-13031-01

SC13489-2014

(Aprobado en sesión de quince de julio de dos mil catorce)

Magistrado Ponente:

Dr. Ariel Salazar Ramírez

Bogotá D.C., tres de octubre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones.

1. La reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela (art. 946).

Este instituto jurídico es la vía legal para reclamar la posesión y no la propiedad de la cosa, porque esta última es un derecho que el demandante demuestra tener, es decir, es la causa para que el actor pueda pedir y obtener el goce pleno y absoluto de su derecho con el ejercicio posesorio, que se realiza con la restitución del bien. Es, por ello, la acción que ejercita el dueño sin posesión contra el poseedor sin dominio.

La propiedad, como derecho real que es, ostenta como esencial característica la de otorgar al titular el poder de persecución que, como su nombre lo indica, lo faculta para ir tras la cosa sobre la cual recae, en manos de quien se encuentre.

De ahí que el Código Civil defina este derecho como el que se tiene «en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra la ley o contra derecho ajeno» (art. 669), y consagre la acción reivindicatoria como el medio para hacer efectivo ese atributo de persecución que está indisolublemente unido al dominio, para lograr la restitución del bien.La reivindicación es, pues, una acción real, porque nace de un derecho que tiene ese carácter, cual es el de propiedad.

Sí, como lo ha comprendido la doctrina, este es poder jurídico directo sobre las cosas, la persecución es apenas aplicación necesaria de ese poder. Por ello la reivindicación tiene que basarse, en primer lugar, en la existencia del derecho sobre la cosa que es objeto de la acción: no se podría dar el efecto sin la causa.

La persecución —se ha agregado— y por tanto, la reivindicación, no es del derecho sino de la cosa en que recae el derecho. Mas, para perseguirla, para reivindicarla, es menester no solo tener el derecho, sino también que éste sea atacado en una forma única: poseyendo la cosa, y así es indispensable que, teniendo el actor el derecho, el demandado tenga la posesión de la cosa en que radica el derecho. (CSJ SC, abr. 27/55; CSJ SC, dic. 6/55).

De la exposición de las anteriores premisas se infieren los supuestos esenciales que han de acreditarse para la prosperidad de la acción reivindicatoria, a saber: a) derecho de dominio en cabeza del actor; b) posesión del bien materia de la reivindicación por parte del demandado; c) identidad del bien poseído con aquel cuya recuperación se pretende; y d) que se trate de una cosa singular o de cuota proindiviso de cosa singular.

En lo que respecta al tercero de los elementos mencionados, específicamente, no hay ninguna duda de que la identidad se refiere a la coincidencia que debe existir entre el bien pretendido por el reivindicante y aquel que está siendo poseído por el demandado.

No obstante, cuando el titular del derecho de dominio opone al libelo principal de prescripción adquisitiva una acción para reivindicar la misma cosa solicitada por el usucapiente, lo mínimo que debe existir entre ambas acciones es una identidad de objeto, sin que ello quiera decir que se esté exigiendo un requisito adicional que el artículo 946 de la ley sustancial no contempla; toda vez que dicha condición es un presupuesto para la resolución de ambas controversias mediante la misma sentencia, y no un elemento esencial de la acción petitoria contemplada en la aludida disposición.

2. Es cierto que la ley procesal no exige que deba existir siempre identidad de objeto entre las mutuas peticiones, porque puede darse el caso en que la acumulación de ambas acciones resulta procedente en virtud de un factor de conexidad o relación entre la demanda principal y la de reconvención diferente del objeto.

Puede ocurrir que el demandado, aparte de las defensas que haya de esgrimir contra la acción que se le promueve, tenga a su vez una acción que ejercitar contra el actor, derivada de la misma o de una relación jurídica distinta. Esta nueva demanda que introduce el demandado contra su demandante, no necesariamente tiene por finalidad desvirtuar la acción deducida por aquel —como sí lo hacen las excepciones—, sino que persigue la declaración de un derecho que puede ser de igual o diversa naturaleza del que se pretende en el libelo primigenio.

«Se habla de reconvención —refiere Carnelutti— siempre que el demandado, en lugar de defenderse contra la pretensión del actor, lo contraataca proponiendo contra él una pretensión. Así, en realidad el demandado se transforma en actor». (Sistema de Derecho Procesal Civil, t. II, p. 688). Por ello a esta figura se le denomina también demanda de mutua petición, pues a la acción formulada por el demandante se acumula la del demandado, es decir que cada uno de ellos pretende el reconocimiento de su propio derecho en un mismo litigio, de ahí que también se haya aceptado que «la acción de reconvención tiene su entidad propia e independiente de la principal» (CXVIII, p. 124; CSJ SC. nov. 22/91).

La reconvención constituye, en rigor —afirma Manuel De La Plaza— una demanda independiente, en que por necesidades que acaso hoy no estén totalmente justificadas, se intercala en el proceso primitivo una nueva demanda, que, de estimarse, puede neutralizar los efectos de la primeramente ejercitada, aunque no siempre sea ese su efecto más trascendental. La conveniencia preferentemente económica del simultaneus processus no siempre justifica ese injerto que, en realidad, contribuye a desnaturalizar y a desviar, muchas veces por cauces insospechados, el proceso primitivo…

Esta autonomía de la reconvención determina que por su carácter, en cierto modo excepcional, solo pueda utilizarse en momento que no altere el curso natural del pleito (…), ya que la reconvención es una nueva y verdadera demanda, deducida frente a la que primeramente se formuló, y origina por eso una nueva litis pendencia, cuyos efectos, como es lógico, se refieren a un momento distinto de los que se engendran en la demanda primitiva; por eso también el que opone la reconvención no reconoce la exactitud de la demanda (…), de donde se deriva (y esta es también otra característica) que los pronunciamientos que acerca de una y otra se hagan, cuando otra cosa no impusiera la conexión, son independientes, y por ello es perfectamente posible el supuesto de que, estimada, en parte, la demanda, puede ser estimada la reconvención. (Derecho procesal civil español. Madrid: Revista de derecho privado: 1942. p. 376)

Lo que justifica la acumulación de diversas pretensiones mediante el empleo para tal composición de un solo proceso (simultaneus processus), son siempre razones de economía y justicia: ahorro de tiempo y de recursos; la posibilidad de alcanzar mejor el resultado del proceso a través del empleo de las mismas pruebas; y la necesidad de evitar fallos contradictorios, o en otras palabras, su objetivo es que no se divida la continencia de la causa.

La reconvención —sostiene Chiovenda— se admite solo en cuanto, por un lado, sea útil a la economía de los juicios, y, por otro, ofrezca la ventaja de permitir un juicio uniforme sobre los puntos comunes a las dos acciones, sin agravar notablemente la condición del actor. (Instituciones de derecho procesal civil. Vol. II, p. 245).

Según los tratadistas, esta figura tiene su antecedente histórico en el antiguo derecho romano, y se atribuye a Papiniano haberla introducido en el proceso como una medida impuesta por la equidad, aunque fue el derecho canónico el que la desarrolló hasta convertirse más tarde en un instituto procesal autónomo. (HUGO ALSINA. Juicio Ordinario. México: Editorial Jurídica Universitaria, 2002. p. 70).

A diferencia de los tribunales feudales, que por motivos económicos y políticos defendían celosamente las prerrogativas de su reducida jurisdicción, manteniendo la reconvención dentro de estrechos límites, en el antiguo derecho español la acumulación de acciones se permitió con bastante amplitud, puesto que el demandado podía aducir por vía de mutua petición cualquier clase de acción contra su demandante, sin atender a su naturaleza ni a su origen, lo cual se explica por las distancias considerables; la dificultad en las comunicaciones; y la temprana unificación del Reino de España, cuyos jueces impartían justicia en nombre de un mismo poder soberano.

En tal sentido —sostiene Caravantes—, ni las leyes de Partidas ni la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855 establecieron límites a la diversidad de acciones por vía de mutua petición, por lo que el demandado podía deducir por vía de reconvención toda acción, cualquiera fuera su origen y naturaleza, aunque no tuvieran ninguna relación.

En nuestro ordenamiento adjetivo, por el contrario, la posibilidad de reconvenir al actor se encuentra limitada por los requisitos que establece el artículo 400, los cuales se contraen a que la contrademanda sea de competencia del mismo juez y pueda tramitarse por una vía no sujeta a proceso especial.

El derogado artículo 411 del Código de Procedimiento Civil consagraba un criterio esencial para la admisibilidad de la contrademanda, consistente en que la naturaleza del asunto permitiera la acumulación de ambas acciones.

Este criterio aún persiste aunque haya desaparecido el precepto que lo estipulaba de modo expreso, porque el artículo 400 de la ley procesal señala que para la admisión de la reconvención se ha de tener en cuenta la hipótesis de si la acumulación sería procedente de haberse formulado en proceso separado; y esto último solo es posible cuando la naturaleza del asunto que se pretende en el libelo de mutua petición posee algún punto de confluencia con la acción originaria, que no necesariamente debe recaer en el objeto.

La demanda de reconvención —explica Morales Molina— será admisible cuando de formularse en proceso separado procedería la acumulación, y como para ésta se necesitan los mismos requisitos que para la acumulación de pretensiones en una demanda, se concluye que la contrademanda debe ser conexa con la demanda principal por la causa o por el objeto, o guardar dependencia con ella, o requerir las mismas pruebas, lo cual es lógico ya que si la reconvención es una especie de acumulación objetiva, en que las partes tienen intereses diferentes, se aplica el penúltimo inciso del artículo 82. En esta forma se evita que el demandante al ser contrademandado no pueda prever las consecuencias de su acto ni los límites de las futuras discusiones. (Curso de derecho procesal civil, 1983, p. 379).

Tratándose, entonces, la reconvención de un caso de acumulación objetiva de pretensiones, rigen los mismos principios que inspiran el aludido artículo 82 ejusdem, por lo que será necesario reconocer en cada caso si la contrademanda se relaciona con la naturaleza de las pretensiones contenidas en el libelo originario, de tal suerte que se observen los principios y fines de esta institución.

entre las pretensiones de la reconvención y la demanda inicial debe existir alguna conexión o afinidad, aunque no es necesario que se originen en el mismo título que les sirve de causa petendi. Desde que las pretensiones del demandado se relacionen con los hechos que sustentan la relación jurídica llevada al debate por el demandante, es pertinente la reconvención… (Hernando DEVIS ECHANDÍA. Compendio de Derecho Procesal. Tomo I. Teoría general del proceso, p. 356)

Las contrademandas pueden ser eadem causa o causae dispari. Las primeras son aquellas que dimanan de la misma causa o título en que se funda la demanda principal. Las segundas se sustentan en causas o títulos diferentes pero de alguna manera relacionados, pues no son admisibles las reconvenciones que poseen una naturaleza completamente distinta a la pretensión que dio nacimiento a la acción principal, dado que no resulta lógico permitir al demandado deducir una contrademanda que no tiene ninguna afinidad con la relación jurídica primigenia y que no tendría otro propósito que obstaculizar el progreso del proceso.

La simple circunstancia de que dos causas tengan en común el elemento subjetivo, esto es, que se entablen entre las mismas personas, no basta para considerarlas como conexas en sentido propio.

El vínculo que permite admitir la acumulación de pretensiones por vía de reconvención consiste en que el juez que conoce de ambas demandas tenga competencia sobre las mismas ratione materiae. Esta acumulación objetiva puede ser conexa por la materia cuando dichos libelos comparten la misma causa, objeto o título. O puede haber una implicación simplemente instrumental cuando solo existe una dependencia, afinidad o unidad de pruebas si las mutuas peticiones se fundan en hechos o actos jurídicos distintos pero que se hallan de alguna manera relacionados.

En ese orden, cuando el artículo 82 de la ley procesal señala que «el demandante podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean conexas», no está queriendo decir que la acumulación objetiva prescinde de todo vínculo entre las mutuas peticiones, al punto que se puedan discutir en un mismo proceso pretensiones sin ninguna relación, porque —se reitera— siempre debe existir una correspondencia entre ambos pedimentos. De ahí que sobre tal asunto esta Corte haya dicho que aunque «las distintas pretensiones acumuladas pueden ser inconexas», deben ser «sustancial y procesalmente compatibles» (CSJ SC, nov. 4/99, Rad. 5225).

De todo lo anterior se deduce que cuando el demandado acumula a la demanda principal una acción por vía de reconvención, es posible que el factor de enlace entre ambas esté dado por una conexión distinta del objeto, como cuando el vínculo que permite la acumulación radica en el título; en el acto jurídico en que se sustentan las mutuas peticiones; o, incluso, cuando no existe conexión material y solamente se desean compartir algunas pruebas en virtud de la relación instrumental que subsiste entre los hechos en que se soportan las pretensiones.

Así, por ejemplo, puede darse el caso que el convocado en reivindicación tenga, a su vez, su propia acción de dominio en contra de su demandante, respecto de un objeto distinto al del proceso primigenio.

Encaminada la demanda —refiere Hugo Alsina— a obtener la reivindicación de un inmueble, podría el demandado encontrarse en situación de tener que reivindicar otro inmueble que se encontrase bajo la posesión del actor; demandado por su mandante por rendición de cuentas, podría el mandatario tener derecho a reclamarle la devolución de lo gastado en el ejercicio del mandato o de un préstamo que le había efectuado; reclamado el cumplimiento de un contrato, podría el demandado tener motivos para pedir su rescisión. (Juicio Ordinario. México: Editorial Jurídica Universitaria, 2002. p. 70).

Los eventos de acumulación de pretensiones por vía de reconvención para reclamar un objeto distinto al de la demanda principal son innumerables, como infinitas son las situaciones de la vida práctica que podrían dar lugar a esta figura.

Mas, cuando —como ocurre en el presente caso— la demanda de mutua petición persigue el mismo objeto del libelo primigenio, entonces la sentencia que decida el fondo de esas controversias deberá versar, precisamente, sobre el único bien pretendido en ambos litigios, por lo que el objeto de éstos deberá ser, lógicamente, el mismo, tal como lo exigió el tribunal.

En tal circunstancia no se trata en realidad de una acumulación objetiva de distintas pretensiones, toda vez que tanto en la demanda originaria como en la de reconvención se discute la propiedad sobre el mismo objeto de manera exclusiva y excluyente. No son, por tanto, varios objetos sino uno solo el que constituye el centro de ambas controversias, y en cuanto tal, es apenas lógico que deba existir identidad del bien pretendido en cada una de ellas.

3. En el caso que se analiza, no cabe duda que el nexo entre la demanda originaria y la reconvención está dado por el mismo objeto, como quiera que tanto en la acción de prescripción adquisitiva de dominio como en la reivindicación las partes reclamaron su derecho sobre un único inmueble.

Por ello, el recurrente carece de razón cuando afirma que el Tribunal erró en el significado que atribuyó al artículo 946 del Código Civil por haber exigido a la reivindicación un supuesto de hecho que la ley no establece, porque si bien es cierto que la identidad reclamada por este instituto se refiere a la que debe existir entre el bien solicitado por el reivindicante y el que está siendo poseído por el contrademandado, no lo es menos que en la presente controversia se presentó una acumulación por vía de reconvención en la que ambas pretensiones, aunque independientes, poseen un elemento común que está dado por el único inmueble que las dos partes reclaman para sí.

La sentencia recurrida, en suma, no incurrió en un erróneo entendimiento del significado del artículo 946 del Código Civil, porque el motivo para la desestimación de las pretensiones esgrimidas en la mutua petición no consistió en la equivocada exégesis del tenor literal de esa norma, sino en que el ad quem no encontró probada la identidad del inmueble pretendido en ambos procesos, por lo que estimó imposible resolver de mérito una acción de dominio que se encontraba vinculada al libelo inicial de pertenencia por un factor de conexión determinado por el mismo objeto.

Es decir que la razón que tuvo el tribunal para negar la reivindicación fue eminentemente probatoria, y no de erróneo entendimiento o aplicación de la ley sustancial que rige el caso.

Por ello, ante el ostensible desenfoque en el planteamiento de la acusación, se impone el fracaso del cargo.

Segundo Cargo.

El censor afirmó que el tribunal violó indirectamente el artículo 946 del Código Civil, por cuanto no vio que con el dictamen pericial y la inspección judicial se probó que existe completa identidad entre el predio a reivindicar y el fundo que está siendo poseído por los accionados en reconvención.

Tercer Cargo.

La norma que consagra el instituto de la reivindicación fue, de igual modo, quebrantada por la vía indirecta, por error de derecho, al inobservar el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, como quiera que el tribunal no vio que el demandante en reconvención cumplió con su carga de demostrar todos los elementos para la prosperidad de la acción de dominio.

Consideraciones.

Ambos cargos denunciaron la violación indirecta de la ley sustancial por haber pasado por alto el tribunal las pruebas que demuestran que hay identidad entre el predio reclamado en reivindicación y el fundo que está siendo poseído por quienes fueron contrademandados.

Con relación al elemento de la identidad, el demandante en reconvención afirmó que el lote de terreno objeto de la reivindicación se encuentra dentro del globo de mayor extensión identificado con número de registro 50C-186348 [fl. 411].

Por su parte, los contrademandados admitieron que el referido predio hace parte de uno de mayor extensión identificado con el folio número 50C-186348, aunque también señalaron que comparte superficie con el globo de terreno registrado con el número 50C-186347 [fl. 432].

Para demostrar que se trata de un mismo inmueble, la parte recurrente indicó que debió analizarse el dictamen pericial así como la inspección judicial que se practicaron en el proceso, pues tales elementos de prueba corroboran que existe completa identidad entre el predio a reivindicar y el fundo que está siendo poseído por los accionados en reconvención.

No obstante, aún en el evento hipotético de que tal error probatorio se hubiese configurado, lo cierto es que un equivocación de ese talante no podría ser suficiente para lograr el quiebre de la sentencia, como quiera que de situarse la Corte en la posición del juzgador de segunda instancia, de todos modos tendría que negar el petitum de la demanda de reivindicación por ausencia de uno de los requisitos esenciales de esta institución.

En efecto, como se indicó líneas arriba, uno de los supuestos para la prosperidad de la mencionada acción es que la cosa que pertenece al demandante se encuentre siendo poseída por el demandado. Este es un elemento fundamental porque el objetivo de la reivindicación es, precisamente, la recuperación de la posesión, para que retorne a su legítimo propietario.

La recurrente, en su contestación a la demanda de pertenencia formuló la excepción de mérito que denominó«ausencia del derecho pretendido», porque «la parte demandante no es poseedora del terreno que pretende usucapir» [fl. 371], dado que solo ostenta «la simple y mera tenencia de un bien el cual reconoce que no es suyo» [fl. 372].

Del mismo modo, en su libelo de reconvención afirmó que el lote de terreno objeto de la demanda reivindicatoria se encuentra dentro del globo de mayor extensión identificado con número de registro 50C-186348 [fl. 411]; «el cual no ha sido poseído por persona distinta a su legítima propietaria». [Fl. 412].

Tales manifestaciones se estiman suficientes para concluir que si la misma reivindicante aseveró en varias ocasiones que el bien no está siendo poseído por persona distinta a ella misma, entonces no existe ninguna razón para acceder a la pretensión de dominio, dada la ausencia de uno de sus elementos esenciales.

Pretender que se reconozca una situación que se encargó de negar durante todo el litigio —como es la posesión de los contrademandados— no es más que un acto de incoherencia frente al comportamiento asumido a lo largo del proceso, por lo que mal podría ahora intentar sacar provecho del mismo.

En consecuencia, no prosperan los cargos.

Ante el fracaso del recurso extraordinario, se condenará a la parte impugnante al pago de las costas causadas en esta sede. Tásense por Secretaría, incluyendo como agencias en derecho la suma de $6’000.000 a favor de la demandada en reconvención, como quiera que formuló réplica frente a la demanda de casación.

III. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el diecinueve de diciembre de dos mil once por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso de la referencia.

Costas del recurso extraordinario a cargo de la parte impugnante. Tásense por secretaría, incluyendo como agencias en derecho la suma de $6’000.000.

Notifíquese y devuélvase».