Sentencia SC13594-2015/2005-00105 de octubre 6 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Armando Tolosa Villabona

SC13594-2015

Rad.: 76001-31-03-015-2005-00105-01

(Aprobado en Sala de cinco de mayo de dos mil quince)

Bogotá, D.C., seis de octubre de dos mil quince.

Se decide el recurso de casación de José Jesús Giraldo Arango contra la sentencia de 15 de octubre de 2013, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil, en el proceso ordinario promovido por el recurrente contra la Cooperativa Especializada de Motoristas Coomoepal Limitada.

1. Antecedentes

1.1. En el libelo genitor, el demandante solicitó declarar civil y extracontractualmente responsable a la sociedad interpelada, de la muerte, en accidente de tránsito, de su esposa Mary Ann Molano Sánchez, y como secuela, se le condenara a pagar los perjuicios irrogados.

1.2. Las pretensiones se fundamentaron en los hechos que en lo pertinente se compendian:

1.2.1. El 9 de febrero de 2002, a las 5:45 a.m., aproximadamente, el microbús de placas VBU 045, afiliado a la empresa convocada, conducido por Henry Ríos, en el cual se movilizaba como pasajera Mary Ann Molano Sánchez, fue embestido, a la altura de la carrera 10 con calle 9 de la ciudad de Cali, por el automotor de placas CFP 336, al mando de Nelson Felipe Rico Díaz.

1.2.2. La señora Molano Sánchez y el conductor de la buseta, fallecieron en el suceso, aquella al ser “(…) despedida por la puerta, la cual se encontraba abierta (…)”.

1.2.3. El otro protagonista, en estado de embriaguez al momento de la colisión e investigado por el delito de homicidio, intempestiva e imprudentemente, irrespetó las señales de tránsito.

1.3. La demandada se opuso a las pretensiones, a cuyo efecto, en lo esencial, atribuyó la responsabilidad a un tercero, al citado Nelson Felipe Rico Díaz.

En el mismo sentido, en general, Luz Elena Botero Gago, propietaria del vehículo de servicio público, quien aparece fue vinculada al proceso como litisconsorte necesario del extremo pasivo.

Las sociedades llamadas en garantía por los anteriormente nombrados, hicieron lo propio. En lo pertinente, Seguros del Estado S.A. por inexistencia de cobertura y de obligación; y Seguros Colpatria S.A., por haber prescrito la acción.

1.4. El Juzgado Once Civil del Circuito de Cali, mediante sentencia de 20 de noviembre de 2012, declaró la responsabilidad demandada y condenó solidariamente a Coomoepal Limitada y a Luz Elena Botero Gago, a pagar a José Jesús Giraldo Arango, lucro cesante y daño moral, en su orden, en el equivalente a 590 y 250 salarios mínimos legales mensuales, no así lo demás.

A su vez, recibió de manera favorable la excepción de prescripción extintiva de dos años, en su decir, “(…) planteada por los llamados en garantía (…)”.

1.5. Contra lo decidido se alzó, únicamente, la sociedad transportadora.

2. La segunda instancia.

2.1. El Tribunal, ante todo, dejó sentada la legitimación en causa por activa, en cuanto el pretensor, relativo a los perjuicios reclamados, originados en la muerte de su esposa, actuaba por “(…) derecho propio (…)”, de ahí que, en su entender, la responsabilidad invocada se situaba en el campo extracontractual.

Y la de los demandados, Luz Elena Botero Gago y Coomoepal Limitada, la hizo depender, respectivamente, de las condiciones de “(…) propietaria y empresa que tiene afiliado el vehículo (…)”.

2.2. Seguidamente, en lo sustantivo, el juzgador subsumió la controversia en el campo de la responsabilidad proveniente del ejercicio de actividades peligrosas, dado que la conducción de automotores se catalogaba como tal.

Por esto, a partir de establecer el daño, la muerte de la señora Mary Ann Molano Sánchez, quien no manejaba ninguno de los vehículos involucrados, y presumir la culpa en el desarrollo de dicha actividad, el fallador centró la atención a estudiar la relación de causalidad entre aquél y ésta, como uno de los requisitos de la acción incoada.

2.3. Con esa finalidad, constató la existencia material en el dossier de la condena penal contra Nelson Felipe Rico Díaz, emitida en las sentencias de 26 de septiembre de 2007 y 17 de octubre de 2008, por el Juzgado 16 Penal del Circuito y el Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala Penal, ambos de la ciudad de Cali.

Concediendo efectos erga omnes a los citados fallos, “(…) respecto al hecho, la participación, y la responsabilidad del reo (…)”, el sentenciador dejó desvirtuado el nexo causal, por cuanto allí, el enjuiciado, fue encontrado “(…) culpable de dicho accidente, por vulnerar la velocidad permitida para el desplazamiento de los vehículos automotores (…)”.

Según lo anterior, al decir del superior, estaba “(…) absolutamente vedado para la justicia civil discutir las bases que tuvo el juez del crimen para deducir la culpa en que se fundamentó la condena, como sucedería en el evento de que esta Sala Civil de decisión encontrara otro culpable del plurimencionado accidente de tránsito (…)”.

2.4. Para el juzgador, “[a]unque lo anterior es completo, no sería suficiente sin señalar (…)” que el demandante “(…) nunca comprobó (…)” el nexo causal. Primero, al sustraerse de indicar en el libelo “(…) cuál era la relación de causalidad (…)”; y segundo, al atribuir en el mismo escrito el fatal desenlace al hecho de transitar la buseta con la puerta abierta y al reconocer que el otro conductor “(…) había intervenido de manera decisiva en el accidente (…)”.

La actividad probatoria, al contrario, el actor la dirigió a demostrar la “(…) existencia de la puerta abierta (…)”, hecho, por lo demás, anodino, puesto que el deceso de la señora Molano Sánchez se debió a la fortaleza del impacto, según se infería del volcamiento del microbús y de estar sentada la interfecta detrás del puesto del conductor.

Lo anterior se corrobora, dijo, con la necropsia realizada a la víctima, porque en coherencia con la sentencia penal de 26 de septiembre de 2009 del Juzgado 16 Penal del Circuito de Cali, “(…) si la buseta llevaba la puerta abierta, y por ella sale el cuerpo de Mary Ann, ello también pudo ayudar a la producción de su muerte, pero no es esa la causa de esta fatal tragedia (…)”, pues la desarticulación de las vértebras y demás, la “(…) pudo generar el golpe brusco que recibió la buseta (…)”.

2.5. Así las cosas, establecido el elemento extraño, el hecho de un tercero, el ad quem revocó el fallo apelado.

3. La demana de casación.

Cargo único

3.1. El demandante, recurrente, denuncia la violación de los artículos 2341, 2349 y 2356 del Código Civil, y 1003 del Código de Comercio, como consecuencia de haber incurrido el Tribunal en error de hecho al apreciar el libelo introductor, la prueba testimonial y la documental.

3.1.1. Las declaraciones de (i) María del Pilar González Aragundi, también pasajera del microbús, sentada detrás de Mary Ann Molano Sánchez, y de (ii) Luis Darío Sánchez Giraldo, quien desde la calle presenció el percance, sobre la expulsión violenta de la fallecida del automotor donde viajaba y de haber quedado debajo de él.

Estas versiones, dice, dejan ver la equivocación del juzgador acusado al calificar de anodino el hecho de la puerta abierta del microbús y al considerar que no se había recopilado ningún medio de convicción dirigido a demostrar la relación de causalidad, cuando el ejercicio de la actividad peligrosa indudablemente contribuyó al resultado dañino.

3.1.2. La demanda genitora, porque en los hechos 4º y 5º, se conjuga de manera precisa, sencilla y veraz, la embestida del vehículo de servicio público y la expulsión de la víctima por la puerta abierta.

El sentenciador emplazado, por lo tanto, comete falta grave al concluir la ausencia de una circunstancia indicativa de la relación de causalidad y al afirmar que en ese mismo escrito se había reconocido, respecto del accidente, la intervención decisiva de un tercero.

3.1.3. Las providencias penales condenatorias, al no ser unívocas, puesto que se mueven entre enunciados ambiguos y anotaciones hipotéticas.

La de primera instancia, pues si en ella se dijo que la puerta abierta “(…) pudo también (…)” ayudar a producir la muerte en cuestión, de ahí no era dado fundar raciocinios terminantes; y la de segunda, por cuanto a partir de tomar los dos hechos atribuidos al accidente, pone de manifiesto, en forma honesta y en coherencia crítica, la imposibilidad de concluir una causa exclusiva del deceso de la víctima.

3.1.4. Supuso el ad quem en el protocolo de necropsia, acogido en el asunto penal, que la causa de la muerte de Mary Ann Molano Sánchez, no es la expulsión del microbús, cuando allí aparece que se debió al politraumatismo severo.

3.2. Según la censura, las falencias advertidas, esto es, la omisión testimonial y la lectura antojadiza de la demanda, de los fallos penales y del dictamen especializado, llevaron al sentenciador de grado a violar las normas citadas. De una parte, al pasar por alto la existencia de dos factores afirmados como determinantes del daño: la embestida del vehículo particular y la expulsión de la víctima de la buseta por la puerta abierta; y de otra, porque ante la incertidumbre de medir el quantum de cada factor, no podía aventurarse a resolver en la forma expuesta.

3.3. Solicita la recurrente, en consecuencia, se case la sentencia del Tribunal y se confirme la del juzgado.

4. Consideraciones.

4.1. El contraste de las razones del fallo confutado con los argumentos del recurso, ubican la controversia alrededor de la relación causal entre el daño, la muerte de María Ann Molano Sánchez, y el desarrollo de la actividad peligrosa, la conducción de automotores terrestres.

En efecto, mientras el Tribunal atribuye el desenlace fatal al hecho exclusivo de un tercero, a la embestida del vehículo particular, la censura lo mira como concurrente, pues en su sentir, también contribuyó de manera necesaria “(…) el que la puerta del microbús se encontrara abierta (…)”.

4.2. Se trata de constatar, entonces, en los términos del cargo, si efectivamente existió “(…) una concausalidad o confluencia de causas (…)”; o si, como lo dejó sentado el juzgador de segundo grado, una de ellas, el hecho de la puerta abierta, se mostraba anodina, intrascendente.

4.2.1. Es incontrastable, conforme lo prevé el artículo 2344 del Código Civil, en materia de responsabilidad civil extracontractual, es principio general, cuando hay pluralidad de sujetos obligados, se predica la solidaridad pasiva, sin importar que el mismo resultado dañino sea atribuido a una o a varias conductas separables entre sí.

La última hipótesis concierne con la llamada coautoría, en cuyo caso, al decir de la Corte, el “(…) deber indemnizatorio ha de catalogarse como concurrente y, por lo tanto, frente a la víctima, lo que en verdad hay son varios responsables que a ella le son extraños y respecto de los cuales cuenta con una verdadera opción que le permite demandarlos a todos o a aquél de entre ellos que, de acuerdo con sus intereses, juzgue más conveniente (…)”(1).

Sucede lo propio en la colisión de dos automotores terrestres, verbi gratia, uno de servicio público de transporte de personas y otro particular, hecho del cual resulta efectivamente afectado un pasajero. En palabras de la doctrina, es el “(…) ejemplo de Ticio, que transportado en un autobús, sufre un daño en su persona por culpa de su conductor y del otro vehículo que choca con el autobús (…)”(2), evento en el cual, al decir de la Sala, “(…) la víctima puede optar por demandar a uno u otro conductor o propietario de los vehículos accidentados, o a ambos si así lo desea (…)”(3).  

La razón de ser de lo anterior estriba en que, sin perjuicio de los efectos internos de la solidaridad, el tercero perjudicado con el ejercicio de esa actividad, considerada sin discusión alguna como peligrosa, no está precisado a soportar sus consecuencias nocivas, y porque en adición, en el contrato de transporte la obligación del transportador es la de asegurar la integridad absoluta de los pasajeros y de llevarlos sanos y salvos a su lugar de destino.

Además, por cuanto la posibilidad del damnificado de reclamar a todos o a cada uno de los responsables solidarios, tiene como mira garantizar a aquél la reparación integral de los daños causados. Si los agentes dañosos son demandados por separado, tiene sentado esta Corporación, “(…) en tesis general, no da lugar a que se comunique la respectiva definición judicial en relación con los demás sujetos (…) que no han sido demandados o que lo son en otro proceso; salvo, claro está, en lo que sea para evitar que haya un doble o múltiple pago de la indemnización”(4).

4.2.2. En ese contexto, desde luego, se supone que ambos conductores adecúan su comportamiento a parámetros normales, verbi gratia, en general, sin infringir reglas o normas de tránsito, puesto que en desarrollo de la referida actividad peligrosa, es natural comprenderlo, nadie se encuentra legitimado para causar daños en la salud o en la vida de las personas.

De ahí, quien materializa hechos de la indicada estirpe, cual también tiene explicado esta Corte, “(…) de ordinario, adopta toda la diligencia y cuidado exigible, pues sería absurdo partir de la hipótesis diversa, es decir, de una actuación negligente, imprudente, errónea o contraria a las reglas o estándares objetivos de conducta exigibles a la empresa, profesión, actividad u oficio”.

Así que verificado en el ejercicio de la citada actividad peligrosa un resultado dañino, se debe aceptar la ocurrencia de algo anormal. Empero, como esa conducta, en principio, no es oponible al agraviado, por lógica, en su contra para nada puede jugar, respecto de los civilmente responsables, la prueba de la diligencia y cuidado; tampoco es dable, frente al desequilibrio que un proceder tal comporta, cargar al afectado no sólo el perjuicio, sino también imponerle demostrar la culpa del demandado.

4.2.3. En ese caso, la Sala en desarrollo de lo previsto en el artículo 2356 del Código Civil, tiene decantado que la responsabilidad se juzga bajo el alero de la “(…) presunción de culpabilidad (…)”(5). Cualquier exoneración, por tanto, debe plantearse en el terreno de la causalidad, mediante la prueba de un elemento extraño (fuerza mayor o caso fortuito, hecho de un tercero o culpa exclusiva de la víctima). En el contrato de transporte, porque ligado a una obligación de resultado, así lo imponen los artículos 992 y 1003 del Código de Comercio. 

Con mayor razón, cuando el pasajero, al decir de la Corte, “(…) a no dudarlo, en su condición de tal, no despliega —por regla general— comportamiento alguno que pueda calificarse como peligroso. Su actividad, en relación con el automotor que lo transporta, de ordinario es típicamente pasiva y, por tanto, incapaz de generar un riesgo de cara a la conducción material de aquel. Muy por el contrario, está sometido a uno de ellos: el que emerge de la prenotada conducción vehicular. Mutatis mutandis, el ocupante, en dichas condiciones, no es más que un mero espectador; un sujeto neutro enteramente ajeno a la explotación o ejecución de la actividad catalogada como peligrosa o riesgosa (…)”(6).

En esa hipótesis, respecto del hecho de un tercero, incluido el de otro conductor no convocado al proceso, la destrucción del nexo causal por quienes aparecen como demandados debe ser absoluta. Ningún grado de participación contra ellos, por lo tanto, cabe quedar en pie, porque de ser así perviviría la solidaridad in integrum, al margen, desde luego, de la colisión de responsabilidad interna derivada precisamente de la coautoría.

4.3. Frente a lo expuesto, en el caso, necesario resulta dejar sentado, por así emerger de la sentencia del Tribunal, que tanto quien conducía la buseta como el que lo hacía con el otro automotor involucrado, en principio, ejercitaban la actividad peligrosa, al momento del accidente, sin desbordar ningún estándar objetivo de conducta. 

Así se explicaría la razón por la cual el juzgador de segundo grado, en la pesquisa del nexo causal, centró su atención en poner de presente que en la conducción de los automotores había ocurrido algo anormal. No obstante, al atribuir el fatal desenlace en una causa única, en cabeza del conductor del automóvil, quien no fue vinculado al presente litigio, sin embargo, condenado penal y civilmente dentro de esa actuación, esto último, también en favor del ahora actor, implica concluir, así sea de manera implícita, que la actividad peligrosa desarrollada con el microbús ninguna participación jurídica tuvo en el accidente. 

En el cargo, empero, la coparticipación en el deceso de Mary Ann Molano Sánchez se imputa también a la actividad peligrosa que se ejecutaba con la buseta, cuyo conductor, señor Henry Ríos, igualmente murió. Esto supone, entonces, que este rodante se desplazaba infringiendo reglas o normas de tránsito, en cuanto, cual se afirma por el censor, transitaba con la puerta abierta, pues por ahí salió expulsada la pasajera fallecida.

Ahora, si para el ad quem, el resultado dañoso se debió a la “(…) fortaleza del impacto (…)” del automóvil, vale decir, al “(…) golpe brusco que recibió la buseta (…), según se infería, entre otras cosas, de la desarticulación de las vértebras de la occisa y de estar ésta sentada detrás del puesto del conductor, quien, se repite, falleció al interior de la buseta como consecuencia de la fuerza de la estrellada, implica, como expresamente lo anotó, que la circunstancia de la puerta abierta era indiferente, en sus palabras, anodina e intrascendente. En otras palabras, estando ya la persona fallecida por la fuerza descomunal del impacto, insustancial y carente de interés resultaba la situación de la puerta, que supuso estaba cerrada en ese momento, máxime si quien conducía observaba las reglas de tránsito.

4.4. No obstante, como al sentar el fallador acusado que demostrar que la buseta rodaba con la puerta abierta, era tarea del extremo demandante, “(…) con muy poco éxito (…)” ejecutado; deja entrever que si el hecho se hubiere acreditado, la coparticipación habría sido de recibo. Pasa entonces, a examinarse si el punto aparecía efectivamente probado en las instancias.

4.4.1. Con ese propósito, ante todo se advierte, el Tribunal identificó que la pasajera fallecida no maniobraba ninguno de los automotores involucrados y que en cuanto a la responsabilidad solicitada aplicaba la presunción de culpa en favor de la parte actora y en contra de quienes desarrollaban o se beneficiaban de dicha conducción.

Sin embargo, a renglón seguido, el sentenciador de segundo grado, relativo a la actividad peligrosa que se ejercitaba con la buseta, trasladó al extremo demandante la carga de la prueba del hecho extraordinario de la puerta abierta, por supuesto, con independencia de la otra actividad concurrente, vale decir, las infracciones de tránsito atribuidas al conductor del automóvil, y de paso eximió a la sociedad transportadora y a la propietaria del microbús de demostrar el rompimiento del nexo causal.

No obstante, a pesar de lo antes expresado, el juzgador acusado, por ninguna parte dejó sentado que el vehículo de servicio público se movilizaba con la puerta abierta. Al contrario, además de señalar, cual lo resaltó, que sobre la prueba de ese hecho el pretensor no tuvo éxito alguno, le reprocha en forma expresa haberse sustraído de acreditar el elemento causal, al decir, indistintamente, “(…) nunca comprobó (…)” tal cuestión, “(…) durante el periplo del proceso no se recaudó ningún medio probatorio (…)” dirigido a esa finalidad y “(…) existe una absoluta orfandad de pruebas (…)” al respecto.

Pero advierte la Corte, si el Tribunal desconoció, en punto de la actividad peligrosa desplegada con el automotor de servicio público, se repite, los efectos de la presunción, y como consecuencia, se equivocó al invertir la carga de la prueba, así debió denunciarse por el cauce correspondiente; laborío que se abstuvo de ejecutar el censor, abandonándose a su suerte.

4.4.2. El ad quem, en el texto del fallo impugnado, reconoció que desde el “(…) mismo libelo demandatorio (…)”, el demandante no sólo había enderezado sus esfuerzos a probar que la puerta del microbús se encontraba abierta, sino también dejó sentado que un tercero, el conductor del automóvil particular, había intervenido de manera decisiva en el accidente, al colisionar la buseta de manera intempestiva, imprudente y en estado de embriaguez.

En el cargo, respecto de lo primero, se acusa al sentenciador funcional de haberle dado al escrito genitor una “(…) lectura antojadiza (…)”. El error enarbolado alrededor, cual se observa, descarta que se hubiere omitido tales asertos, así el juzgador haya señalado que en ese acto procesal el actor se sustrajo de “(…) expresar en los hechos de la demanda cuál era la relación de causalidad (…)”.

La equivocación, entonces, si la hubo, tendría que buscarse en el alcance conferido por el fallador de grado a esas afirmaciones, particularmente en el tema de la puerta abierta. Si calificó esa circunstancia de anodina e intrascendente, el problema, por lo tanto, no sería de tergiversación del libelo introductorio, como se denuncia, sino de los efectos probatorios involucrados.

Si se interpreta con amplitud en esa dirección el ataque, en concreto, respecto del desconocimiento de las reglas probatorias cuando juega una presunción, pues de todos modos el cargo se entronca con el ejercicio de actividades peligrosas, la Corte encuentra un escollo insalvable para resolver de fondo, dado que ninguna norma medio se indica transgredida, según se exige en el artículo 374, numeral 3º del Código de Procedimiento Civil.

4.4.3. Para el recurrente, el infortunado resultado se debió a “(…) una concausalidad o confluencia de causas (…)”. Por esto, desde el punto de vista material y objetivo, en el cargo se confuta al Tribunal de haberlo atribuido exclusivamente a la “(…) fortaleza del impacto (…)”, producto de haber tergiversado las sentencias penales condenatorias por el delito de homicidio culposo agravado pronunciadas contra Nelson Felipe Rico Díaz, conductor del automóvil.

4.4.3.1. En la valoración de un proveído de esa naturaleza, preciso es distinguir la decisión, en sí misma considerada, y las razones esbozadas por los jueces penales para emitirlas en los campos fácticos y probatorios.

Con relación a lo primero, al tenor de lo previsto en los artículos 251-3 y 264 del Código de Procedimiento Civil, la copia de un fallo judicial, como documento público, únicamente es idónea para acreditar su existencia, identificar el despacho que lo profirió y establecer no sólo la fecha de su emisión, sino también lo resuelto.

De ahí, tales providencias, como tiene sentado esta corporación, “(…) sólo son probanza de ellas mismas, en cuanto acreditan ‘su existencia, clase de resolución, autor y fecha’, pues las consideraciones dentro de la estructura lógica de la sentencia es apenas un eventual instrumento de interpretación de la parte resolutiva”(7).

Los soportes de hecho y de apreciación de las pruebas en que se fundamenta un proveído de la índole señalada, por lo tanto, en aplicación de los principios de autonomía e independencia judiciales, nada prueban en otro proceso, como no sea para precisar su sentido y alcance.

4.4.3.2. En ese orden, si en los fallos penales ninguna consideración de contenido decisorio, reflejada en su parte resolutiva, se adoptó respecto del hecho de transitar la buseta instantes antes del impacto, supuestamente, con la puerta abierta, surge diáfano, el Tribunal no pudo tergiversarlas o darles una “(…) lectura antojadiza (…)”.

4.4.3.3. El recurrente, por lo demás, al enrostrar el error, sostiene que en el punto las consideraciones de los jueces penales “(…) no son unívocas (…)”, puesto que “(…) se mueven entre enunciados ambiguos y anotaciones hipotéticas (…)”. Como en realidad las providencias no dejan sentado sin ningún género de duda acerca del hecho investigado, desde esa arista el error fáctico, con las características de manifiesto, tampoco se estructura.

La de 26 de septiembre de 2007, proferida por el Juzgado 16 Penal del Circuito de Cali, sólo especula, en la hipótesis de “(…) si la buseta llevaba la puerta abierta”, que “(…) ello pudo también ayudar (…)” al desenlace fatal. Si bien la de 17 de octubre de 2008, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Penal, conjetura que si la pasajera fue lanzada al exterior por la puerta, necesariamente ésta tenía que estar abierta, lo cual es lógico, se mantiene la incógnita sobre si la exposición de la salida fue un hecho voluntario o producto de la colisión.

Y en casación, como es conocido, para derruir una sentencia que ingresa al recurso cobijada por la presunción de legalidad y acierto, debe partirse de la certeza y no de la duda, en cuanto, al decir de la Corte, “(…) únicamente puede modificar las apreciaciones del fallador, atinentes a puntos de hecho, cuando formulado un ataque en esta órbita se demuestre la comisión de error trascendente que aparezca de manifiesto en los autos, es decir, yerro que emerja con esplendor bajo la sola circunstancia de su enunciación (…)”(8).

4.4.4. En sentir del recurrente, el Tribunal supuso en la necropsia de Mary Ann Molano Sánchez que la causa de su muerte “(…) no es la expulsión del microbús (…)”.

El juzgador, es cierto, se refirió a ese documento, mas nunca fijó dentro de su contenido objetivo lo antes transcrito; simplemente, en consonancia con lo consignado en ese documento, confirmó como causa de la muerte de la antes citada “(…) sección medular alta secundaria a desarticulación atloido axial (…)”, debido a “(…) politraumatismo severo en accidente de tránsito (…)”, para de ahí señalar que sus conclusiones “(…) resultan armónicas con las apreciaciones del Juez 16 Penal del Circuito, vertidas en la sentencia calendada el 26 de septiembre de 2009 (…)”

El error de hecho en la valoración de la necropsia, por lo tanto, se descarta por completo. Si lo hubo, sería como consecuencia de la “(…) lectura antojadiza (…)” de la referida sentencia penal, pero como se dijo, tal yerro tampoco se configura; o a raíz de haberse calificado de anodino e intrascendente el tema de la puerta abierta, cuestión que, cual igualmente se indicó, se refiere a los efectos de la presunción de culpa, de suyo ajeno al error de facto.

4.4.5. En la sentencia combatida también se lee, citándose a pie de página como fuente la declaración de María del Pilar González Aragundi, ocupante de la buseta, “(…) no sólo el hecho del volcamiento del microbús, sino también del hecho de que encontrándose sentada la Sra. Mary Ann detrás del puesto del conductor, saliera despedida por el sitio en donde se encontraba la puerta (…)”.

La acusada omisión de ese testimonio, precisamente, en torno a esos hechos, es inexistente. Nadie, desde luego, discute que la pasajera fallecida fue lanzada por la puerta delantera derecha del vehículo de servicio público, lo cual supone que al momento de la expulsión estaba abierta. Lo investigado es si antes de la colisión la salida se encontraba expuesta o si fue producto de la estrellada, y de acuerdo con lo resaltado, la deponente nada informa.

4.4.6. El Tribunal, no se desconoce, pasó por alto mencionar el testimonio de Luis Darío Sánchez Giraldo, quien en efecto manifestó que la “(…) buseta dio la vuelta campana y quedó al carril contrario donde bajaba, en la vuelta campana salió despedida a raíz de la colisión una persona, una mujer blanca, porque la puerta de la buseta se encontraba abierta (…)”.

En la hipótesis de aceptarse con la declaración que el microbús transitaba instantes antes del accidente expuesta su salida, el error en casación resultaría trascendente si la narración es responsiva. Esto, sin embargo, no es así, porque si el deponente, quien refiere hechos acecidos “(…) hace 4 o 5 años (…)”, se encontraba a una cuadra, en su decir, “(…) en la carrera 10 con calle 8 cuando un estrellón que sucedió en la carrera 10 con calle 9 (…)”, deja la duda sobre la forma como presenció o conoció el hecho, al punto que ni siquiera explica la razón de su afirmación. Y para completar, el acta contentiva de su declaración no aparece firmada por el funcionario instructor.

Finalmente, ante la necesidad de dar por demostrados los elementos de la responsabilidad, el sentenciador halló trunca la acción declarativa por la presencia de la sentencia penal, pero, principalmente, al aparecer como hecho decisivo la conducta del otro conductor con su rodante, cuyo impacto brusco y fuerte sobre la buseta, tradujo la ruptura del nexo causal en el fatal fallecimiento de la señora Molano Sánchez. Como el recurso de casación interpuesto no doblegó la doble presunción que escolta el fallo recurrido, éste sigue en pie. 

4.4. En ese orden de ideas, el cargo, en consecuencia, no se abre paso. Se condenará, por lo tanto, al demandante, recurrente en casación, a pagar las costas en casación y para la tasación de las agencias en derecho se tendrá en cuenta que la demanda respectiva fue replicada.

5. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 15 de octubre de 2013, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil, en el proceso ordinario promovido por José Jesús Giraldo Arango contra la Cooperativa Especializada de Motoristas Coomoepal Limitada.

Las costas en casación corren a cargo de la demandante recurrente. En la liquidación respectiva inclúyase la suma de seis millones de pesos ($6’000.000), por concepto de agencias en derecho.

Cópiese, notifíquese y cumplido lo anterior, devuélvase el expediente a la oficina de origen.

Magistrados: Luis Armando Tolosa Villabona, presidente de la Sala—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Fernando Giraldo Gutiérrez—Ariel Salazar Ramírez—Jesús Vall De Rutén Ruíz.

1 CSJ. Civil. Sentencia 22 de 22 de febrero de 1995 (CCXXXIV-263, primer semestre).

2 De Cupis, Adriano. El Daño. Teoría General de la Responsabilidad Civil. Barcelona: Bosch, Casa Editorial S.A., 1970-300/301.

3 CSJ. Civil. Sentencia 170 de 7 de septiembre de 2001, expediente 6171.

4 CSJ. Civil. Sentencia 75 de 10 de septiembre de 1998 (CCLV-535).

5 CSJ. Civil. Vid. Sentencias de 26 de agosto de 2010, expediente 611, y de 18 de diciembre de 2012, expediente 94.

6 CSJ. Civil. Sentencia de 23 de octubre de 2001, expediente 6315.

7 Sentencia de 4 de agosto de 2010, expediente 00198, reiterando sentencia de casación civil de 6 de octubre de 1981.

8 CSJ. Civil. Sentencia 122 de 9 de julio de 2009, expediente 6936, reiterando doctrina anterior.