Sentencia SC13630-2015 de octubre 7 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC13630-2015

Rad.: 73411-31-03-001-2009-00042-01

Magistrado Ponente:

Dr. Ariel Salazar Ramírez

(Discutido en sesiones de 21 de octubre y 25 de noviembre de 2013; 24 de febrero, 8 de abril, 17 de junio, 7 de julio, 9 de septiembre y 18 de noviembre de 2014; 21 de julio y 11 de agosto de 2015. Aprobado en Sala Civil de 6 de octubre de 2015)

Bogotá, D.C., siete de octubre de dos mil quince.

Decide la Corte el recurso extraordinario de casación que interpuso la Diócesis de L.-H. (T.) contra la sentencia proferida el veintinueve de julio de dos mil once, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, dentro del proceso ordinario de la referencia.

I. Antecedentes

A. La pretensión

N.L.D.S.C. y J.M.M.L., en su propio nombre y como representantes legales de sus seis hijos menores, demandaron a la Diócesis de L.-H. (T.) y a L.E.D.V., párroco de la Iglesia S.A. de P., adscrita a la referida diócesis; para que se los declare civilmente responsables por el delito de acceso carnal abusivo que el mencionado sacerdote cometió contra dos de los menores hijos de los actores.

Solicitaron, en consecuencia, se condene a los demandados a pagarles los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que se señalaron en el libelo.

B. Los hechos

1. Entre mayo y junio de 2007, el señor J.M.M.L. acudió a la Iglesia S.A. de P. en busca de ayuda espiritual y económica para dos de sus menores hijos —de 7 y 8 años de edad—, dado su estado de pobreza.

2. Los menores fueron recibidos por el sacerdote católico L.E.D.V., quien ostentaba el cargo de párroco de la mencionada iglesia.

3. El aludido clérigo, aprovechándose de su actividad pastoral y sacerdotal, del respeto a la fe que profesan los fieles, de la credibilidad que ostentaba ante la sociedad, y de la inmadurez psicológica de los menores, los sometió y accedió carnalmente en las instalaciones de la misma parroquia, causándoles graves lesiones físicas en sus partes íntimas e intensos traumas psicológicos.

4. Estos hechos han producido en el núcleo familiar angustia, traumas psicológicos, desasosiego, zozobra y gran aflicción, que deben ser reparados por los responsables de tales daños.

5. El presbítero autor de la conducta punible era el “director o párroco” de la Iglesia S.A. de P., que depende de la Diócesis de L.-H. (T.), representada por el obispo J.M.G.R.

6. El señalado sacerdote fue hallado penalmente responsable del delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años agravado y en concurso, pues cometió la conducta punible varias veces en ambos menores; por lo que fue condenado por el Juzgado Penal del Circuito de Líbano (Tolima) a 220 meses de prisión.

7. El fallo fue apelado por la defensa, pero el recurso fue declarado desierto, por falta de sustentación, por el Tribunal Superior de Ibagué, mediante proveído de 26 de noviembre de 2008.

8. La sentencia se encuentra debidamente ejecutoriada, tal como aparece en la respectiva constancia secretarial.[13]

9. En el proceso penal no se impuso condena en perjuicios porque las víctimas no promovieron el correspondiente incidente de reparación integral.

C. El trámite de la primera instancia

1. El 5 de marzo de 2009 se admitió el libelo y se corrió traslado a la parte demandada (fl. 31).

2. En su contestación, la Diócesis de L.-H. manifestó que no le constan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos que dieron origen a la demanda. De igual modo señaló que los actos “de los sacerdotes no comprometen la responsabilidad de la diócesis, al no tener una relación directa de subordinación o dependencia con la institución” (fl. 75).

En consecuencia, se opuso a las pretensiones “dado que se trata de actos que, de haber existido, son ajenos a la misión pastoral, principios religiosos y valores inculcados por la Iglesia Católica” (fl. 76).

En ese orden, formuló las excepciones que denominó “inexistencia de responsabilidad civil: falta de nexo causal”; “inexistencia de imputabilidad física del hecho”; y “falta de legitimación en la causa por pasiva”.

3. El curador ad litem del demandado L.E.D.V. contestó la demanda sin oponerse a las pretensiones, y señaló que se atiene a lo que resulte probado en el proceso (fl. 97).

4. El 14 de julio de 2010 se dictó sentencia de primera instancia que declaró al sacerdote civilmente responsable por los daños que causó a los menores. En consecuencia, lo condenó a pagar 50 salarios mínimos a cada uno de ellos; 25 salarios mínimos a cada uno de sus hermanos; y 30 salarios mínimos a cada uno de los padres (fl. 189).

La Diócesis de L.-H., por su parte, fue absuelta de toda responsabilidad, por no existir la prueba que acredite la vinculación jurídica, contractual, legal o laboral entre la diócesis y el sacerdote demandado, lo cual es requisito indispensable para que haya lugar a responsabilidad por el hecho ajeno...” (fl. 188).

5. Contra esa decisión los demandantes interpusieron recurso de apelación.

D. La sentencia de segunda instancia

El 29 de julio de 2011 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué adicionó la providencia de primer grado en el sentido de declarar civilmente responsable, además del autor del delito, a la Diócesis de L.-H., y condenarla en forma solidaria al pago de las cantidades señaladas en el fallo (fl. 60).

En sustento de su decisión, consideró que el tipo de responsabilidad que se imputa a la persona jurídica demandada es la denominada “por el hecho ajeno”, consagrada en el artículo 2347 del Código Civil.

Señaló que para que se configure esa clase de responsabilidad es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: a) que la persona que causó el daño esté bajo la autoridad, poder de dirección, control, subordinación y cuidado de la persona civilmente responsable; b) que este último tenga una obligación de vigilancia sobre su subordinado o dependiente; y e) que el acto de la persona por quien se responde provenga de culpa delictual o cuasidelictual, y haya causado un daño (fl. 41).

Contrario a lo afirmado por el juez de primer grado, el tribunal sí halló prueba de la subordinación del sacerdote respecto de la Diócesis de L.-H.; lo cual tuvo por demostrado con la certificación emitida por el obispo de esa circunscripción eclesiástica, cuya copia auténtica obra en el expediente (fl. 42, cdno. tribunal).

El ad quem reconoció que a partir del referido documento no puede deducirse que entre la iglesia y el presbítero existe un vínculo laboral o contractual, pero sí una relación de autoridad y subordinación (fl. 43, tribunal).

Para corroborar tal aserto, analizó las normas contenidas en el Código de Derecho Canónico que regulan los actos, las relaciones y la organización de la Iglesia Católica y de sus miembros, codificación aceptada por el Estado colombiano, como expresamente se consignó en el artículo 11 del Concordato suscrito con la Santa Sede, aprobado mediante la Ley 20 de 1974 y declarado exequible por la Corte Constitucional. Tales disposiciones deben ser respetadas por las autoridades de la República (art. 111 del citado convenio); y a partir de ellas se verifica, sin lugar a dudas, el vínculo de dependencia que se requiere para que se configure el tipo de responsabilidad en examen.

En el aludido compendio normativo —aseveró— “reposan pluralidad de disposiciones de las que se extracta la autoridad, vigilancia y cuidado que el obispo diocesano, representante legal de la diócesis, ostenta sobre los párrocos que conforman su iglesia particular”. Y para “reforzar tal conclusión”, procedió a trascribir los cánones eclesiásticos que consideró pertinentes (fl. 43, cdno. tribunal).

Las normas reseñadas, de igual modo, dan cuenta del deber de vigilancia que tiene el obispo diocesano sobre los miembros de su comunidad”.

Finalmente, el acto delictual de la persona por quien se responde así como el daño ocasionado, los halló demostrados con la copia auténtica de la sentencia penal que condenó al sacerdote.

Con fundamento en tales consideraciones, el fallador de segundo grado concluyó que la declaratoria de responsabilidad se extiende a la diócesis demandada, tal como lo deprecó la parte actora, y en tal sentido, adicionó la sentencia apelada.

II. La demanda de casación

Se formularon cuatro cargos, todos con apoyo en la causal primera del artículo 368 de la ley procesal: la segunda parte del primer cargo se resolverá junto con el cuarto, dado que coinciden en la misma acusación. El segundo reproche, por su parte, será resuelto al final porque es el único que amerita un pronunciamiento de fondo, toda vez que los otros tres no cumplen con los requisitos que exige la técnica de casación.

1. Primer cargo.

Con apoyo en la causal primera de casación, acusó la sentencia dictada por el ad quem de violar indirectamente el artículo 2347 del Código Civil y los artículos 174, 177 y 304 del Código de Procedimiento Civil, “debido al error de hecho en que incurrió en la valoración de ciertas pruebas aportadas al expediente, particularmente por suponer la prueba de la obligación de vigilancia y control en cabeza de la diócesis, sin que ella, realmente, estuviera siquiera acreditada”.

Argumentó que para poder imputar la responsabilidad civil indirecta consagrada en el artículo 2347 del Código Civil, se requiere, entre otros requisitos, la demostración de un deber de vigilancia y control a cargo del demandado sobre la persona que cometió el daño antijurídico.

El error del tribunal consistió —según el recurrente— en dar por supuesto este hecho sin que estuviera probado, pues las normas del derecho canónico que le sirvieron de apoyo a su decisión no dan cuenta de la aludida obligación de vigilancia y control; y, por el contrario, los cánones invocados acreditan “que la diócesis se circunscribía única y exclusivamente a instruir sobre las tareas pastorales, propias de todos los ministros de la iglesia, y no a actuaciones tan íntimas, personales y confidenciales como son las que rodean su vida privada, en especial las de índole sexual, ordinariamente llevadas a cabo en sigilo, en privado, en reserva y hasta en la clandestinidad” (fl. 28).

Para demostrar el equívoco hizo referencia a los cánones 388, 277 y 392, a partir de los cuales —aseveró— no se infiere la obligación de cuidado y control de la diócesis respecto del sacerdote.

En la segunda parte del cargo denunció “otro error de hecho manifiesto, alusivo a la suposición de la prueba de la relación de subordinación entre la persona natural demandada y la Diócesis del L.-H.”, en concreto por aplicar indebidamente el artículo 8º de la Ley 153 de 1887, como consecuencia de dar por probado, sin estarlo, que en el proceso estaba acreditada la existencia del Código de Derecho Canónico (fl. 35).

El yerro consistió en que si el estatuto jurídico de la iglesia no es una ley de la República, entonces debió ser demostrado en la forma establecida por el artículo 188 del Código de Procedimiento Civil, lo cual no ocurrió en el proceso.

Esta segunda parte, por coincidir con la acusación contenida en el cuarto cargo, se resolverá junto con éste.

Consideraciones

1. En lo que respecta a la eventual violación del artículo 2347 del Código Civil por haber deducido el deber de vigilancia y control de la diócesis sobre el sacerdote a partir del examen de los cánones 388, 277 y 392 del ordenamiento de la Iglesia Católica, es preciso señalar que el primero de estos preceptos no fue siquiera tenido en cuenta por el tribunal para sustentar su decisión, por lo que el contenido que ese medio de prueba alcance a revelar resulta inocuo para desvirtuar el fallo acusado, en tanto deviene imposible contrastarlo con la argumentación que elaboró el juzgador.

Por su parte, los cánones 277 y 392 si bien fueron considerados por el sentenciador ad quem, no fueron los únicos que le sirvieron de apoyo a su determinación, dado que el vínculo que une a la Diócesis de L.-H. con el sacerdote se tuvo por demostrado con la certificación emitida por el obispo de esa circunscripción eclesiástica, cuya copia auténtica obra en el expediente (fl. 42, cdno. tribunal).

A partir del estudio del referido documento el fallador refirió expresamente que no puede deducirse que entre la iglesia y el presbítero existe un vínculo laboral o contractual, pero sí una relación de autoridad y subordinación (fl. 43, tribunal). Y “para reforzar tal conclusión” trascribió las normas eclesiásticas que consideró pertinentes, por cuanto regulan los actos, las relaciones y la organización de la Iglesia Católica y de sus miembros, tales como los cánones 277, 368, 374, 391, 392, 515, 521, 522, 523 y 538.

Desde luego que si en el cargo no se mencionó siquiera el certificado emitido por el obispo de la Diócesis del L., ni los demás cánones que le permitieron al tribunal corroborar la incardinación del sacerdote a esa circunscripción eclesiástica, entonces el ataque se muestra incompleto, puesto que no se dirigió contra la totalidad de los medios de convicción en que se apoyó la decisión, sino tan solo en una minoría de ellos. Luego, por mucho que éstos se excluyan de aquel razonamiento en el evento hipotético de que hubieran sido mal interpretados, de todos modos subsistiría el mismo resultado de manera ineluctable, pues las demás pruebas que tuvo en cuenta el sentenciador conducirían a la misma conclusión, lo que de suyo apareja el fracaso del reproche.

2. En todo caso, el cargo, aunque autónomo, se muestra incompatible con la única acusación que amerita una resolución de fondo (segunda), dado que ésta se estructuró —como más adelante se verá— sobre la idea fundamental de que las personas jurídicas no responden indirectamente por las conductas dolosas o culposas de sus agentes (art. 2347), sino directamente como lo ha sostenido nuestra jurisprudencia desde hace algún tiempo (art. 2341).

De manera que una acusación que parte del supuesto que la responsabilidad que rige el caso es la indirecta que prevé el artículo 2347 del Código Civil no puede ser admitida junto con otra que sostiene, al mismo tiempo y en el mismo sentido, todo lo contrario, es decir que el tipo de responsabilidad que está llamada a resolver el litigio es la directa consagrada en el artículo 2341 de ese mismo ordenamiento.

Ante tal falencia, lo propio es dar aplicación al mandato consagrado en el numeral 4º del artículo 51 2651 de 1991, a cuyo tenor,

No son admisibles cargos que por su contenido sean entre sí incompatibles. Si se presentan y adolecen de tal defecto, la Corte tomará en consideración los que, atendidos los fines propios del recurso de casación por violación de la ley, a su juicio guarden adecuada relación con la sentencia impugnada, con los fundamentos que le sirven de base, con la índole de la controversia específica mediante dicha providencia resuelta, con la posición procesal por el recurrente adoptada en instancia y, en general, con cualquiera otra circunstancia comprobada que para el propósito indicado resultante(sic) relevante.

Por consiguiente, como es lógica y jurídicamente imposible que una controversia se resuelva por las normas que rigen la responsabilidad por el hecho propio y, a la vez, por las que regulan la responsabilidad por el hecho ajeno, no queda otra alternativa que desechar este cargo por ser incompatible con el único reproche que será tomado en consideración para adoptar una decisión de fondo, dado que guarda adecuada relación con la rectificación de doctrina que se hará al final de esta providencia, con los fundamentos que le sirven de base a la decisión, y con la índole de la controversia que se resuelve.

3. Finalmente, se advierte que el cargo se muestra intrascendente porque partió del supuesto de no estar demostrado el deber de vigilancia y cuidado de la diócesis frente al clérigo que cometió los delitos, lo que en últimas no incide en nada en la decisión censurada, toda vez que, como se expondrá más adelante en virtud de la correspondiente corrección de la doctrina del tribunal, los entes morales responden directamente por los actos culposos y dolosos de sus agentes que causan un daño resarcible a terceros en razón y con ocasión de sus funciones o prevalidos de la posición que ocupan en la organización. De ahí que resulte absolutamente innecesario tratar de demostrar que la persona jurídica demandada tenía o no el deber de vigilancia y control sobre el sacerdote, pues tratándose, como se trata, de un tipo de responsabilidad directa, no se requiere en absoluto la prueba de tal situación fáctica.

Por todas estas razones, se desestima el cargo examinado.

2. Cuarto cargo.

Esta acusación repite el mismo reproche que se enunció en la segunda parte del cargo anterior, consistente en la violación indirecta del artículo 8º de la Ley 153 de 1887, como consecuencia de “error de hecho”, al dar por probado, sin estarlo, que en el proceso estaba acreditada la existencia del Código de Derecho Canónico.

Para demostrar el reproche reiteró que el Código de Derecho Canónico no es una ley de la República, por lo que debe ser probado en la forma establecida en el artículo 188 del Código de Procedimiento Civil, a cuyo tenor: El texto de las normas jurídicas que no tengan alcance nacional y el de las leyes extranjeras, se aducirá al proceso en copia auténtica de oficio o a petición de parte...”.

Como al proceso no se allegó la copia del Código de Derecho Canónico en la forma ordenada por el precepto trascrito, el censor concluyó que “el tribunal supuso o imaginó la prueba de tal código en el proceso, y todas las citas y transcripciones constituyen un conocimiento privado de la Sala de Decisión del Tribunal de Ibagué, que está proscrito en el proceso” (fl. 61).

Consideraciones

1. Cuando se acude a la causal primera de casación para denunciar los errores en que haya incurrido la sentencia acusada, se deben señalar en primer lugar las normas sustanciales que el recurrente estime violadas, requisito que, desde luego, debe entenderse en armonía con lo establecido en el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991(1), en el sentido de que en tales eventos “será suficiente señalar cualquiera de las normas de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposición jurídica completa”.

Ostentan carácter sustancial las normas que consagran derechos subjetivos y obligaciones para las personas, y no así las que regulan el procedimiento para su tutela judicial, o señalan pautas de interpretación, o simplemente se limitan a proporcionar una definición.

Así lo tiene establecido la jurisprudencia de esta Corte desde hace ya varias décadas, al aclarar “que las normas sustanciales, a cuyo quebranto se refiere precisa e invariablemente la causal primera de casación, son aquellas que, en razón de una situación fáctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas (...) entre las personas implicadas en tal situación. Por consiguiente, no tienen categoría sustancial, y, por ende, no pueden fundar por sí solas un cargo en casación con apoyo en la causal dicha, los preceptos legales que, sin embargo de encontrarse en los códigos sustantivos, se limitan a definir fenómenos jurídicos, o a describir los elementos de éstos, o a hacer enumeraciones o enunciaciones; como tampoco la tienen las disposiciones ordinativas o reguladoras de la actividad in procedendo” (Sent. de Cas. Civil, oct. 24/75, G.J. t. CLI, pág. 254).

Cuando la acusación se encamina por la vía indirecta, esto es por errores en materia probatoria, se deberá indicar la forma cómo se hizo patente el desconocimiento de las pruebas, es decir si la equivocación fue de hecho o de derecho, y la incidencia del supuesto yerro en la decisión cuestionada.

No puede, por tanto, en el ámbito de la vía indirecta de la causal primera, confundirse el error de hecho con el de derecho, pues mientras el primero implica la omisión, suposición o desfiguración material de lo que una prueba dice o deja de decir, el segundo parte de la base de que “la prueba fue exacta y objetivamente apreciada pero que, al valorarla, el juzgador infringió las normas legales que reglamentan tanto su producción como su eficacia” (Sent. 187, oct. 19/2000, exp. 5442).

El yerro de derecho —tiene dicho esta corporación— supone que el sentenciador vio la prueba en su materialidad misma, pero que no le otorgó el valor demostrativo que la ley le asigna, o le atribuyó uno que ésta le niega” (Auto, nov. 25/97). Y en similar sentido: “… el error de derecho a que se refiere la causal primera de casación planteada en el cargo presupone la existencia y apreciación en el proceso de la prueba y el quebranto por el juzgador de las normas legales que disciplinan su mérito probatorio (Sent. 009, abr. 22/97).

El error de derecho se configura, entonces, cuando el juzgador se equivoca en la valoración jurídica de las pruebas, por trasgredir las disposiciones legales que rigen la aducción, incorporación, práctica o eficacia de tales medios, lo que de suyo descarta el desacierto en la apreciación objetiva o material de los aludidos elementos, pues esto último constituye un error de hecho.

Esa diferencia conlleva al fracaso de un cargo en el que se aduce el error de hecho pero que se sustenta con razones propias del error de derecho, y viceversa; pues tal mixtura comporta una enunciación de la acusación sin la clara y precisa fundamentación y coherencia que exige la ley, en cuyo caso le estaría vedado a la Corte escoger a su libre arbitrio el tipo de error que considera adecuado para realizar el examen de la censura, en razón de la naturaleza eminentemente dispositiva del recurso extraordinario.

2. Las reflexiones que preceden se han traído a colación porque, precisamente, el desconocimiento de tales pautas conduce a la desestimación de los cargos que se analizan.

En efecto, el artículo 8º de la Ley 153 de 1887 no ostenta una naturaleza sustantiva, puesto que únicamente consagra la posibilidad de aplicar la analogía, la doctrina constitucional y las reglas generales del derecho cuando no existe ley exactamente aplicable al caso controvertido.

La referida disposición puede ser invocada para sustentar un cargo estructurado sobre la causal primera, siempre y cuando la acusación se encamine a demostrar que ante la falta de ley exacta aplicable al caso el juzgador se equivocó al realizar el razonamiento analógico, por escoger un precepto distinto al que debería aplicarse; o, cuando habiendo ley exacta para resolver la controversia, el sentenciador la desconoce y hace un indebido uso del argumento por analogía.

En sentencia de casación civil de 14 de agosto de 2007 esta Corte indicó que el referido precepto “abre el camino para la aplicación de los principios generales del derecho, entre ellos el que proscribe el enriquecimiento sin derecho en perjuicio de otro” (exp. 08001-3103-007-1997 01846-01).

En el mismo sentido, en fallos de 7 de octubre de 2009 (exp. 2003-00164-01) y de 27 de febrero de 2012 (exp. 2003-14027-01) se expresó que el artículo 8º de la Ley 153 de 1887 cumple la importante función de permitir la integración de los principios generales del derecho en la solución de las controversias jurídicas.

Desde luego que si el aludido artículo consagra una “regla general sobre validez y aplicación de las leyes”, tal como se deduce de su contenido mismo y lo explica el título que lleva la “Parte primera” de la Ley 153 de 1887, entonces no puede tenérsele como una norma de carácter sustancial, en la medida que no confiere un derecho subjetivo, es decir no declara, crea, modifica o extingue una relación jurídico material de carácter general y abstracto en la que pueda subsumirse o adecuarse una situación concreta.

Así lo indicó esta Sala en fecha reciente, al manifestar que el artículo 8º de la Ley 153 de 1887 no puede ser considerado como norma sustancial en el terreno casacional, pues las disposiciones de esa naturaleza “recogen principios generales o son meramente definitorias” (Auto, mayo 30/2011. Ref.: 1999-03339-01).

Lo anterior significa que cuando se pretende estructurar un cargo en el ámbito de la causal primera, con sustento en una supuesta violación de la norma que permite hacer uso de la analogía, no basta simplemente con citar ese precepto, sino que es necesario, si se quiere revestir el reproche de la coherencia, completud, claridad y precisión que han de estar presentes para su prosperidad, que se demuestre que “no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido”; y una vez definido lo anterior, cuál es la disposición legal que ha de ser aplicada por regular casos o materias semejantes, o en defecto de ésta, la doctrina constitucional o las reglas generales del derecho que están llamadas a resolver el conflicto jurídico.

La invocación del artículo 8º de la Ley 153 de 1887, por consiguiente, se torna a todas luces impertinente porque en ninguna parte de la sustentación del cargo se enunció que se esté en presencia de una controversia para cuya solución no existe ley exactamente aplicable y que, por ello, se hacía necesario acudir a las leyes que regulan casos o materias semejantes, o a la doctrina constitucional o a un principio general del derecho.

Dicho de otro modo, el censor no se ocupó en demostrar —como era su deber hacerlo— que el criterio de interpretación por analogía hiciera parte del razonamiento elaborado por el ad quem para la solución del litigio. Por consiguiente, mal pudo haberse “aplicado indebidamente” lo que jamás fue considerado en la sentencia.

3. A todo lo anterior se suma que la supuesta infracción se produjo —en criterio del recurrente— por la vía indirecta, “por error de hecho al dar por probado, sin estarlo, que en el proceso estaba acreditada la existencia del Código de Derecho Canónico” (fl. 59).

No obstante, tal acusación se muestra ambigua o contradictoria si se tiene en cuenta que en el mismo cargo cuarto “la existencia” de ese cuerpo normativo no se pone en duda, pues expresamente se afirmó que la subordinación y el deber de vigilancia fueron hechos que el tribunal tuvo por acreditados “con apoyo en los cánones del Código de Derecho Canónico” (fl. 61).

El recurrente esgrimió que al proceso no se allegó la copia del Código de Derecho Canónico en la forma ordenada por el artículo 188 del Código de Procedimiento Civil, que señala la forma en que se deben aducir al proceso las normas jurídicas que no tengan alcance nacional y las leyes extranjeras.

Es decir que el reproche se formuló por el sendero del error de hecho pero se pretendió demostrar con un argumento propio del error de derecho, pues la situación descrita no coincide con una equivocación en cuanto al contenido material y objetivo de la prueba, sino que consiste en una supuesta infracción de una norma procesal que disciplina la aducción, incorporación o validez del medio probatorio que el juez tuvo en cuenta para arribar a su decisión.

Esa mixtura entre el error de hecho y el de derecho resulta inaceptable en casación y conlleva de suyo al fracaso de un cargo que carece de la claridad y precisión que exige el artículo 374 de la ley procesal civil.

El cargo, por tanto, no amerita un pronunciamiento de fondo, por lo que será desestimado.

3. Tercer cargo.

1. Con fundamento en la causal primera del artículo 368 de la ley adjetiva, acusó la sentencia proferida por el tribunal de violar directamente la ley sustancial, al no aplicar el artículo III del Concordato vigente entre Colombia y la Santa Sede, aprobado mediante la Ley 20 de 1974; dejar de aplicar el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil; y aplicar indebidamente el artículo 8º de la Ley 153 de 1887.

Para demostrar su señalamiento, afirmó que “el ad quem tuvo por acreditados dos de los requisitos que, según tal corporación, se exigen para estructurar la responsabilidad civil prevista en el artículo 2347 del Código Civil, con apoyo en los preceptos del Código de Derecho Canónico que aparecen transcritos y citados en la sentencia impugnada, perspectiva desde la cual el ad quem infringió el artículo III del Concordato (...), a cuyo tenor: “La legislación canónica es independiente de la civil y no forma parte de esta, pero será respetada por las autoridades de la República” (fl. 56).

La norma citada permite inferir que la ley canónica no está integrada al ordenamiento legal positivo patrio, “lo cual significa que no le es posible a ningún juez o tribunal fundarse o apoyarse en las reglas de derecho previstas en el Código de Derecho Canónico actualmente vigente, salvo que la ley colombiana remita en forma expresa a tales normas para asuntos claramente determinados, como por ejemplo, como lo dispuso el artículo 17 de la Ley 57 de 1887 para la nulidad de matrimonios católicos, o el artículo 25 de la misma ley, en lo concerniente a la representación de las asociaciones religiosas” (fl. 56).

En ese orden de ideas —prosiguió— “Si el Codex iuris canonici no tiene en Colombia fuerza de ley ni en sentido formal, ni material, y de otra parte, la ley colombiana no remite a la ley canónica para decidir casos de responsabilidad civil como el que ocupa la atención de la Sala, resulta un verdadero desatino, un mayúsculo yerro, revisar el referido código, transcribir y citar varios de sus preceptos, y con base en éstos concluir que sí están acreditados dos de los requisitos exigidos por el artículo 2347 del Código Civil, como lo hizo el ad quem, pues ello en últimas, constituye no sólo un irrespeto a la ley canónica sino una flagrante e inexcusable violación del artículo III del Concordato actualmente vigente...” (fl. 58).

Consideraciones

1. Ni el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, ni el 8º de la Ley 153 de 1887, son normas de carácter sustancial cuya infracción pueda ser invocada, por sí misma, como fundamento de un cargo estructurado en el ámbito de la causal primera de casación, tal como quedó explicado en el desarrollo de las imputaciones precedentes.

En cualquier caso, en la exposición de la acusación que se examina, jamás se hizo siquiera alusión a la forma como tales preceptos pudieron ser quebrantados por el juzgador ad quem, sobre todo si se tiene en cuenta que el reproche se encaminó a denunciar que el tribunal “tuvo por acreditados dos de los requisitos que, según tal corporación, se exigen para estructurar la responsabilidad civil prevista en el artículo 2347 del Código Civil...” (fl. 56).

De ahí la impertinencia de citar disposiciones como apoyo de una argumentación que fue completamente extraña al contenido normativo de aquéllas.

2. En lo que respecta al supuesto quebranto del artículo III del Concordato celebrado entre Colombia y la Santa Sede —aprobado mediante la Ley 20 de 1974—, es preciso dejar de manifiesto la forma confusa en que se planteó la acusación; toda vez que ésta se formuló por la senda de la vía directa de la causal primera, en tanto que su desarrollo apuntó a demostrar, finalmente, que el ad quem tuvo por acreditados dos de los requisitos que, según tal corporación, se exigen para estructurar la responsabilidad civil prevista en el artículo 2347 del Código Civil, con apoyo en los preceptos del Código de Derecho Canónico que aparecen transcritos y citados en la sentencia impugnada...” (fl. 56).

“… si el Codex iuris canonici —prosiguió— no tiene en Colombia fuerza de ley ni en sentido formal, ni material, y de otra parte, la ley colombiana no remite a la ley canónica para decidir casos de responsabilidad civil como el que ocupa la atención de la Sala, resulta un verdadero desatino, un mayúsculo yerro, revisar el referido código, transcribir y citar varios de sus preceptos, y con base en éstos concluir que sí están acreditados dos de los requisitos exigidos por el artículo 2347 del Código Civil, como lo hizo el ad quem, pues ello en últimas, constituye no sólo un irrespeto a la ley canónica sino una flagrante e inexcusable violación del artículo III del Concordato actualmente vigente...” (resaltado de la Sala) (fl. 58)

Es decir que, en últimas, toda la recriminación se cimentó sobre una inconformidad de tipo probatorio, cuya formulación por la vía directa resulta incompatible con la técnica que reclama el recurso extraordinario, pues no ofrece ninguna discusión el hecho de que “el recurrente se aparta de las conclusiones fácticas a que llegó el sentenciador a pesar de que encauza las acusaciones por la vía directa, y dicho planteamiento es inadmisible en casación pues, como es sabido, cuando el recurrente escoge dicha vía resulta impropio y, por ende, alejado de la técnica, que en la fundamentación del cargo enfrente las conclusiones a que ha llegado el tribunal en el examen de los hechos” (Sent. ago. 30/99).

“... en la demostración de un cargo por violación directa —tiene establecido esta corporación—, el recurrente no puede separarse de las conclusiones a que en la tarea del examen de los hechos haya llegado el tribunal. En tal evento, la actividad dialéctica del impugnador tiene que realizarse necesaria y exclusivamente en torno a los textos sustanciales que considere no aplicados, o aplicados indebidamente, o erróneamente interpretados; pero en todo caso, con absoluta prescindencia de cualquier consideración que implique discrepancia con el juicio que el sentenciador haya hecho en relación con las pruebas. (...)

De dicha regla que impone la técnica del recurso de casación, frente a un cargo que llega respaldado en la causal primera de casación y en el que se señala la infracción directa de una o varias normas de carácter sustancial, se desprende, entonces, que el recurrente no puede separarse, un ápice siquiera, de la quaestio facti, cual y como fue apreciada por el sentenciador, so pena de resultar inidónea la acusación en caso de que ello ocurra; desde luego que la errónea apreciación de los aspectos fácticos y probatorios como causa de la violación de la ley, tiene señalado otro camino para su impugnación y, consecuentemente, para su enmienda por medio del recurso de casación” (Sent. 46, jul. 19/96).

3. Ahora bien, en los casos en que se acusa la decisión por errores jurídicos y probatorios “de manera amalgamada”, se ha permitido, excepcionalmente, reunir en un solo cargo ambos ataques, como lo aclaró la Sentencia 169 de 20 de septiembre de 2000. Sin embargo, no es esa la situación que se presenta en esta ocasión, pues nada dijo el recurrente a tal respecto ni tal conclusión se deduce de su planteamiento y, por el contrario, lo que queda en evidencia es la confusión de conceptos en que incurrió la censura.

Cuando se combate un fallo en casación por violación directa de la ley sustancial, el impugnante está compelido a dejar en evidencia que el error in iudicando se produjo en la elaboración de la premisa mayor del silogismo jurídico, esto es en la quaestio iuris o postulado normativo; o lo que es lo mismo, en la escogencia del precepto sustancial que rige el caso, sea porque se le interpretó de manera equivocada, o porque se aplicó una ley distinta a la que resultaba a propósito, o porque no se aplicó la que estaba llamada a resolver la controversia.

Pero, por línea de principio, no resulta acertado alegar que existió violación directa de la ley sustancial cuando el eventual yerro se atribuye a la conformación de la premisa menor del razonamiento jurídico o quaestio facti.

En esto último, precisamente, consistió el motivo de inconformidad de la censura cuando señaló que “resulta un verdadero desatino, un mayúsculo yerro, revisar el referido código, transcribir y citar varios de sus preceptos, y con base en éstos concluir que sí están acreditados dos de los requisitos exigidos por el artículo 2347 del Código Civil, como lo hizo el ad quem, pues ello en últimas, constituye no sólo un irrespeto a la ley canónica sino una flagrante e inexcusable violación del artículo III del Concordato actualmente vigente...” (fl. 58) (se resalta).

Lo anterior deja en evidencia que el impugnante está de acuerdo con que la valoración que hizo el tribunal de los cánones eclesiásticos fue estrictamente probatoria, en tanto sirvieron como instrumento material para demostrar el vínculo de incardinación que une al párroco con su diócesis.

Es claro que los preceptos del Código de Derecho Canónico no fueron valorados por el ad quem como normas de estirpe sustancial que contienen el derecho aplicable al caso, pues —como lo refirió el mismo casacionista— la controversia fue resuelta a la luz de los dictados del artículo 2347 del Código Civil, y éste, definitivamente, sí fue la disposición que constituyó la base normativa esencial de la decisión.

En ese orden de ideas, no cabe duda de que el artículo III del Concordato no fue —ni tuvo la virtualidad de ser— la norma sustancial que gobierna el caso; por lo que su invocación como soporte de un ataque en casación por la vía directa de la causal primera deviene, a todas luces, inatinente o desenfocada, y, por lo mismo, inidónea para desvirtuar la sentencia que se sustentó en un enunciado normativo absolutamente distinto.

Recurrir a una norma que no constituye la base esencial del fallo impugnado —ni ha debido serlo— comporta un desconocimiento de la exigencia prevista en el numeral 1º del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, que se traduce en un insalvable defecto de técnica que impide la prosperidad de un cargo de esa manera formulado.

Si el Código de Derecho Canónico podía o no servir de prueba para demostrar “los requisitos exigidos por el artículo 2347 del Código Civil, como lo hizo el ad quem, o si tal valoración probatoria “constituye no sólo un irrespeto a la ley canónica sino una flagrante e inexcusable violación del artículo III del concordato actualmente vigente”; tales acusaciones no corresponden a asuntos que deban ser ventilados por la vía directa porque no están referidos —se reitera— a refutar la base normativa esencial del fallo, y, por el contrario, aluden a una cuestión sobre la validez formal del elemento material de convicción en que se apoyó el juzgador, para cuya denuncia en casación la ley procesal tiene reservada una senda especial e idónea.

4. Al margen de los anteriores reparos de tipo técnico, la Corte considera pertinente entrar a analizar el tema que planteó el censor en el cargo que se estudia, respecto de la eficacia probatoria formal que poseen los estatutos de la Iglesia Católica al interior de un proceso civil, toda vez que dicha cuestión suscita un gran interés jurídico, y su examen se torna necesario en razón del fin primordial de unificación de la jurisprudencia que posee el recurso de casación, en los términos del artículo 365 del Código de Procedimiento Civil.

— Eficacia civil de las normas que componen los estatutos de la Iglesia Católica.

En desarrollo del derecho fundamental de libertad religiosa y de cultos consagrado en el artículo 19 de la Constitución Política, el ordenamiento jurídico reconoce la importancia del factor social religioso en tanto comporta una realidad histórica y cultural que el Estado no puede desconocer; toda vez que incide en la educación, la conformación de la familia, el pensamiento de las personas, su ideología, su modelo de vida y de realización, así como en las acciones humanitarias y de asistencia social que llevan a cabo las comunidades religiosas.

Por ello el legislador ha expedido una serie de normas que desarrollan ese derecho fundamental y, en atención al mismo, regulan la conformación de las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, o disciplinan algunas funciones o actividades ejercidas por sus agentes o representantes. Dentro de ese tipo de normas se encuentran, por ejemplo, la Ley 25 de 1992, la Ley 133 de 1994 y el Decreto 782 de 1995.

Este último regula lo concerniente a la personería jurídica de tales entidades, su registro público, los convenios que pueden suscribir con el Estado, entre otros asuntos. Y, específicamente, frente a la Iglesia Católica, el artículo 7º señala que “goza de personería jurídica de derecho público eclesiástico al tenor de lo dispuesto en el artículo iv del Concordato, aprobado por la Ley 20 de 1974, en virtud de lo cual será incluida oficiosamente en el registro público de entidades religiosas”.

A su turno, el inciso 2º del artículo 8º ejusdem dispone: “Las personas jurídicas de derecho público eclesiástico de que trata este artículo son entre otras, las siguientes: la Conferencia Episcopal de Colombia; la Conferencia de Superiores Mayores Religiosos; las diócesis y demás circunscripciones eclesiásticas que les sean asimilables a éstas en el derecho canónico como las arquidiócesis, el ordinariato castrense, las prelaturas, los vicariatos apostólicos, las prefecturas apostólicas y las abadías; los seminarios mayores, las parroquias; y las comunidades religiosas como los institutos religiosos, los institutos seculares y las sociedades de vida apostólica tanto de derecho pontificio como diocesano”.

Las personas jurídicas de derecho público eclesiástico, entonces, son sólo las entidades que forman parte de la estructura unitaria de la Iglesia Católica Romana en el territorio nacional, las cuales gozan de un especial tratamiento legal debido a su influencia histórica, social y cultural en la vida nacional; así como por la existencia del Concordato suscrito entre la República de Colombia y la Santa Sede, tal como lo dispone la citada ley.

Por tener su origen en un instrumento de derecho internacional público debidamente incorporado al ordenamiento interno, tales entidades poseen el peculiar estatus de personas morales de derecho público eclesiástico, lo que la diferencia de las entidades de derecho público estatal. Ese carácter, de igual modo, está dado por la importante función social que desempeña la iglesia en la conservación de la moral pública, que aunque laica, posee un innegable contenido religioso protegido por la Constitución y la ley mediante la garantía del derecho fundamental a la libertad religiosa y de cultos.

Una de las consecuencias que derivan del carácter de persona jurídica pública no estatal que ostentan las entidades que conforman la Iglesia Católica, consiste en que los conflictos jurídicos que surgen entre ellas y los particulares se rigen por las normas del derecho privado, pues no hay otro que les pueda ser aplicable, ya que sólo las personas de derecho público estatal caen bajo la competencia del derecho contencioso administrativo.

A diferencia de las demás iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, que deben obtener su personería jurídica en la forma prevista en el capítulo I del Decreto 782 de 1995 —entre cuyos requisitos se encuentra que presenten ante la oficina gubernamental respectiva “los estatutos donde se señalen sus fines religiosos, régimen de funcionamiento, esquema de organización y órganos representativos con expresión de sus facultades y de sus requisitos para su válida designación”—, las entidades de la Iglesia Católica gozan de personería por el solo ministerio de la ley, su inclusión en el registro es oficiosa, y no se les exige que presenten sus estatutos, puesto que su organización, estructura interna, jerarquía, y funciones de sus agentes se hallan consagrados en el Código de Derecho Canónico.

Este cuerpo normativo, por tanto, no puede ser interpretado únicamente como una ley extranjera al igual que las de los otros Estados, ni como un sistema codificado que contiene algunas disposiciones integradas al orden nacional por virtud de leyes especiales; sino que, además, comprende el reglamento interno o estatuto propio de las entidades que hacen parte de la Iglesia Católica, y en tal sentido tienen eficacia civil en tanto esas precisas disposiciones gozan de reconocimiento legal, en los términos del artículo III de la Ley 20 de 1974 y el artículo 7º del Decreto 782 de 1995.

La eficacia civil del ordenamiento canónico es explicada por los doctrinantes del derecho internacional contemporáneo a través de varias teorías que no se excluyen entre sí sino que se aplican de conformidad con la naturaleza de la controversia en la que se torne necesario hacer uso de dichas disposiciones. Tales esquemas son los del reenvío formal o no recepticio; el reenvío material o recepticio; y la teoría del presupuesto.

En el reenvío formal la norma invocada no entra a formar parte del ordenamiento nacional, por lo que conserva su naturaleza y carácter originario de norma extranjera; la prueba de este tipo de ley es la que exige el artículo 188 del Código de Procedimiento Civil para las normas jurídicas de alcance no nacional y para las leyes de otros Estados.

En el reenvío material la norma canónica entra a formar parte del ordenamiento interno solo cuando el Estado le otorga efectos civiles a una relación jurídica que surge de las leyes del derecho canónico, como por ejemplo, las disposiciones que regulan el matrimonio católico.

En la teoría del presupuesto, la legislación estatal tiene en cuenta las normas de un ordenamiento confesional y, en especial, las de la Iglesia Católica, como un mero dato.

Las dos primeras fueron reconocidas por la jurisprudencia patria en sentencia de 15 de mayo de 1954, en la que se indicó: “Según la doctrina actual de los canonistas acerca del sentido y alcance de esa referencia del ordenamiento jurídico del Estado al ordenamiento jurídico de la iglesia sólo son posibles, en tal materia, dos posiciones que suelen designarse con los calificativos de referencia material o recepticia y referencia formal o no recepticia (G.J. t. LXXVII, pág. 581).

Sin embargo, desde hace varias décadas la doctrina de los internacionalistas puso de relieve que las relaciones entre el derecho civil y el canónico no podían plantearse exactamente igual que las que se presentan de Estado a Estado, toda vez que en éstas se trata de leyes que rigen en territorios soberanos diferentes y van dirigidas a una población diferente.

Por el contrario, las normas que regulan la existencia y organización de la iglesia, así como las que definen las relaciones con sus fieles en el ámbito ritual y espiritual, están dirigidas a la misma población que compone el Estado y se aplican dentro del territorio nacional, tienen una entidad propia, principal y autónoma frente a las leyes estatales en materia religiosa, y funcionan como un presupuesto, dado que están reconocidas de antemano por el Estado. Son, por tanto, normas destinadas a producir sus efectos en el ámbito del ordenamiento nacional.

A la luz del enfoque del presupuesto, los estatutos de la Iglesia Católica no pueden ser equiparados a las normas jurídicas de los Estados extranjeros; como tampoco se les puede exigir su incorporación al ordenamiento interno mediante una ley, precisamente porque —se reitera— es la propia ley la que establece que esta institución opera de pleno derecho y que su legislación tiene validez en el territorio nacional para todo lo relacionado con su personería, organización y estructura interna.

Luego, hay que admitir —tal como hizo el tribunal en el caso que se analiza— que algunos cánones eclesiásticos tienen eficacia civil como dato o prueba dentro del orden interno, únicamente para las cuestiones relacionadas con la organización y estructura administrativa o jerárquica de las circunscripciones eclesiásticas y demás entidades que hacen parte de la Iglesia Católica y que operan en el país.

Es claro que en este último evento la ley canónica no tiene fuerza coercitiva ni se le da el valor de norma jurídica (externa ni interna), sino que se la considera simplemente como el estatuto orgánico de una entidad religiosa, tal como lo tienen las demás iglesias y confesiones.

Ese significado es el que más se adapta a la actual concepción de independencia frente a la ley civil y de respeto por parte de las autoridades de la República, en la forma consagrada en el artículo III del Concordato vigente, y en los términos expresados por la jurisprudencia constitucional. El reconocimiento de la ley canónica presupone la aceptación de su eficacia y validez, y no significa negación, olvido o desconocimiento de la misma.

Si la existencia de la ley canónica goza de reconocimiento legal, especialmente porque representa la prueba de la constitución de las entidades religiosas, sus fines, régimen de funcionamiento, esquema de organización, jerarquía, responsabilidad de sus agentes, etc.; entonces no resulta admisible afirmar que las normas de la iglesia que se hallan consagradas en el Código de Derecho Canónico y que regulan esas materias carecen de valor al interior de un proceso civil.

Menos aún es acertado aseverar que tienen que cumplir con los requisitos que el artículo 188 del estatuto procesal exige para las leyes extranjeras o de alcance no nacional, pues el Código de la Iglesia —se reitera— no solo contiene disposiciones equiparables a las que rigen al interior de los otros Estados, sino que, por su propia naturaleza, algunos de sus cánones están dirigidos a tener eficacia en los países donde operan las entidades y comunidades católicas, de conformidad con la materia que ellos traten y dependiendo del reconocimiento que les otorgue el Estado destinatario.

Todas estas razones conducen, de manera indefectible, a negar los reproches que mediante este cargo se hicieron a la sentencia.

4. Segundo cargo.

Se acusó la sentencia de violar directamente el artículo 2347 del Código Civil; de no aplicar el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil; y de aplicar indebidamente el artículo 8º de la Ley 153 de 1887.

Para demostrar el reproche, afirmó que el quebranto del artículo 2347 del Código Civil se produjo: a) por condenar a una persona jurídica con apoyo en esa disposición cuando es claro que tales entes no pueden ser responsables por el hecho ajeno; b) por darle una aplicación indebida al último inciso del referido precepto “en cuanto a las posibilidades de evitación del hecho dañoso”; y c) por aplicar indebidamente el primer inciso de esa norma, al invocarla sin que exista obligación de vigilancia y control.

Mencionó que a partir de la sentencia dictada por esta Sala el 30 de junio de 1962, “se sentó la tesis de que el artículo 2347 del Código Civil no resulta aplicable a personas jurídicas”, doctrina que ha permanecido inalterada hasta la actualidad; con lo que se devela un mayúsculo e inadmisible yerro en la aplicación que de ese precepto hizo el ad quem al caso concreto (fls. 39 y 40).

Aclaró que no combate la interpretación que el ad quem hizo de la pretensión, en el sentido de considerar que el tipo de acción promovida corresponde a la “responsabilidad por el hecho ajeno”, por estar plenamente de acuerdo con tal conclusión; de suerte que ese punto “ante la falta de ataque en esta demanda, resulta intocable en casación” (fl. 47).

En otras palabras, aseveró que si el tribunal entendió que las pretensiones apuntaban a que se condenara a la diócesis por una responsabilidad in eligendo o in vigilando, vale decir claramente indirecta y fundada en el artículo 2347 del Código Civil, entonces no es posible que se varíe la base fáctica sobre la cual se construyó el proceso y se condene a la demandada con apoyo en la responsabilidad directa prevista en el artículo 2341, pues ello comportaría una violación del principio de congruencia de la sentencia consagrado en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso —indicó—, si en gracia de discusión se admitiera que el tipo de responsabilidad que resulta aplicable al caso es la indirecta a la que alude el artículo 2347, de todos modos el tribunal erró al no aplicar el último inciso de esa disposición, toda vez que “no consideró, ni por asomo, la cuestión relativa a las posibilidades de evitación del hecho por parte de la Diócesis de L...” (fl. 51).

Para concluir, refirió que el ad quem amplió indebidamente el espectro de acción de la citada norma al invocarlo en una situación en la que no existe deber de vigilancia y control.

Todos esos errores, en sentir del impugnante, además de evidentes, fueron trascendentes en la decisión censurada, pues gracias a ellos se declararon no probadas las excepciones de fondo formuladas por la demandada y se la condenó al pago de una millonaria suma de dinero.

Consideraciones

1. En punto a la responsabilidad extracontractual, la corriente doctrinal que desde hace varias décadas acogió esta Corte se funda en el principio cardinal de que todo daño imputable a culpa de una persona debe ser reparado por ésta, así como en la concepción según la cual quien ha padecido un daño está en el derecho a ser indemnizado.

De esta responsabilidad no han estado exentas las personas jurídicas o entes morales, frente a quienes en un principio se concibió que podían responder civilmente, de manera indirecta, con apoyo en los conceptos de culpa “in eligendo” e “in vigilando”; pues se estimaba que era la mala elección o la falta de vigilancia lo que permitía proyectar sobre la persona moral el daño que, por negligencia u otro factor de culpabilidad, causaran sus dependientes o aquellos que le estuvieren subordinados.

Con fundamento en los postulados de la responsabilidad indirecta consagrada en los artículos 2347 y 2349 del Código Civil, se entendía que no era propiamente la persona jurídica quien actuaba sino sus empleados. El ente moral, en consecuencia, podía desvirtuar la presunción de culpa si demostraba que el agente causante del daño no estaba bajo su vigilancia y cuidado, o si a pesar de la autoridad y el cuidado que su calidad les confería, no habría podido impedir el hecho dañoso.

De igual modo, si la víctima del daño reclamaba la indemnización contra la persona moral, ésta, a su vez, estaba en el derecho de repetir contra el autor del hecho culposo por efectos de la solidaridad, por lo que las acciones prescribían —como consecuencia de esta teoría— en plazos diferentes según fuera el sujeto pasivo de la acción indemnizatoria.

Esta doctrina, que se situaba en el terreno de la responsabilidad por el hecho ajeno perdió actualidad al considerar la Corte que “en tratándose de la responsabilidad civil extracontractual de personas jurídicas (...), no existe realmente la debilidad de autoridad o la ausencia de vigilancia o cuidado que figura indefectiblemente como elemento constitucional de la responsabilidad por el hecho ajeno, ya que la calidad de ficticias que a ellas corresponde no permite en verdad establecer la dualidad personal entre la entidad misma y su representante legal que se confunden en la actividad de la gestión” (G.J.I. XLVIII, 656/57).

Una vez revaluada la teoría de la responsabilidad indirecta de los entes morales, se dio paso a la doctrina de la responsabilidad directa; desplazándose en tal forma de los artículos 2347 y 2349 al campo del 2341 del Código Civil. En relación con esta clase de responsabilidad, nació por obra de la jurisprudencia la tesis llamada “organicista”, que se explicaba diciendo que la persona jurídica incurría en responsabilidad directa cuando los actos culposos se debían a sus órganos directivos —directores o ejecutores de su voluntad—, y en responsabilidad indirecta en los restantes eventos.

Sin embargo, esta caracterización de la responsabilidad a partir de la función que el agente del daño desempeña en una organización (dependiendo de si es directivo o subalterno), carece de un sustento lógico y jurídico suficiente para fundamentar una teoría de la responsabilidad civil extracontractual y, al mismo tiempo, se muestra demasiado artificiosa e inequitativa.

No existe un motivo razonable para variar la posición de la entidad jurídica frente a los actos lesivos de quienes ejecutan sus funciones por el simple hecho de que éstos desempeñen labores de dirección o de subordinación, puesto que al fin de cuentas todos ellos cooperan al logro de los objetivos de la persona moral, independientemente de las calidades u oficios que realicen.

A diferencia de las personas naturales, que poseen entendimiento, voluntad propia y autoconciencia, los entes jurídicos no obran por sí mismos sino a través de sus agentes, por lo que los actos culposos y lesivos que éstos cometen en el desempeño de sus cargos obligan directamente a la organización a la que pertenecen, con apoyo en el artículo 2341 del Código Civil, sin importar si se trata de funcionarios de dirección o de operarios.

Fue así como a partir de la sentencia de 30 de junio de 1962 (G.J. t, XCIC), ratificada en fallos posteriores, se recogió esa corriente jurisprudencial, al entender la Corte que la responsabilidad extracontractual de las personas jurídicas es directa, cualquiera que sea la posición de sus agentes productores del daño dentro de la organización. En concreto sostuvo:

Al amparo de la doctrina de la responsabilidad directa que por su vigor jurídico la Corte conserva y reitera hoy, procede afirmar pues, que cuando se demanda a una persona moral para el pago de los perjuicios ocasionados por el hecho culposo de sus subalternos, ejecutado en ejercicio de sus funciones o con ocasión de éstas, no se demanda al ente jurídico como tercero obligado a responder de los actos de sus dependientes, sino a él como directamente responsable del daño.

Tratándose pues, en tal supuesto, de una responsabilidad directa y no indirecta, lo pertinente es hacer actuar en el caso litigado, para darle la debida solución, la preceptiva legal contenida en el artículo 2341 del Código Civil y no la descrita en los textos 2347 y 2349 ejusdem (Sent. de Casación Civil, abr. 17/75).

La circunstancia de que las personas jurídicas incurran en responsabilidad civil directa favorece a las víctimas del perjuicio, puesto que no sólo se amplía el término de la prescripción de la acción (art. 2358) sino que se atenúa la carga probatoria con relación a los requisitos de la responsabilidad por el hecho ajeno, dado que —a diferencia de lo que acontece en esta última— al demandante no se le exige demostrar la relación de dependencia o subordinación del autor del daño respecto del ente moral ni el deber de vigilancia de éste frente a aquél.

En el mismo orden argumentativo, el demandado en este tipo de acción no se exime de culpa si demuestra que el agente causante del daño no estaba bajo su vigilancia y cuidado, o si a pesar de la autoridad y el cuidado que su calidad les confiere no habría podido impedir el hecho dañoso, pues estas situaciones son irrelevantes en tratándose de la responsabilidad directa de los entes morales. De ahí que en esta última “la entidad moral se redime de la carga de resarcir el daño, probando el caso fortuito, el hecho de tercero o la culpa exclusiva de la víctima” (Sent. de Casación, oct. 28/75).

Con base en estas consideraciones, es preciso admitir que le asiste razón al casacionista cuando reprocha al tribunal haber aplicado al caso bajo examen una norma que no rige la controversia, pues en tratándose de la responsabilidad civil de las personas jurídicas —se reitera— es la directa consagrada en el artículo 2341 y no la indirecta que prevén los artículos 2347 y 2349 del ordenamiento sustancial, la que está llamada a dirimir el conflicto.

No obstante, el error demostrado es intrascendente dado que carece de la virtualidad de variar la decisión a la que llegó el ad quem, pues de llegar a asumir la Corte la posición de juez de instancia, de todos modos subsistiría la responsabilidad civil directa a cargo de la diócesis, porque al estar demostrados todos los presupuestos de ese tipo de obligación no habría lugar a casar la sentencia en razón de lo previsto en el penúltimo inciso del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, a cuyo tenor, “la Sala no casará la sentencia por el solo hecho de hallarse erróneamente motivada, si su parte resolutiva se ajusta a derecho, pero hará la correspondiente rectificación doctrinaria”.

A pesar de ello, el impugnante considera que no es posible aplicar al caso en estudio el instituto de la responsabilidad por el hecho propio, por cuanto —en su sentir— el tribunal entendió que la acción promovida por los demandantes se ubica en la responsabilidad por el hecho ajeno, y este punto de la motivación, al no ser materia del recurso extraordinario, “resulta intocable en casación” (fl. 47). Frente a tal manera de razonar es preciso realizar la siguiente disertación.

2. Cuando el ataque se dirige por la vía directa de la causal primera de casación, la demostración del error contenido en la premisa mayor del razonamiento jurídico elaborado por el ad quem, apareja de suyo tanto la identificación del enunciado normativo que debe ser refutado como la de aquél que está llamado a sustituirlo, porque de lo contrario la decisión de remplazo quedaría incompleta o, sencillamente, no estaría motivada por un argumento razonable y coherente.

Al respecto hay que memorar que en materia de casación la competencia de la Corte comprende un doble enjuiciamiento: el iudicium rescindens y el iudicium rescisorium. Mediante el primero se decide acerca de la existencia del vicio trascendente que conlleva al quiebre del fallo; en tanto que por medio del segundo, se dicta una nueva sentencia o se hace la correspondiente rectificación doctrinaria, si a ello hubiere lugar.

De manera que aun cuando no haya necesidad de casar la sentencia por encontrarse su parte resolutiva ajustada a derecho, a pesar de haberse demostrado el error de juicio enrostrado al fallo, el argumento correctivo es elaborado por la Corte —por una abstracción de la ley— como si actuara en sede de instancia, pues en esta fase no emite pronunciamiento alguno sobre el iudicium rescindens sino que se trata de enmendar la motivación de la decisión no casada, y tal momento corresponde al iudicium rescisorium.

Por ello, una vez descubierto el error de juicio en que incurrió el tribunal por haber aplicado una norma que no rige la controversia (art. 2347), la decisión de reemplazo que ha de proferir esta Corte tiene que erigirse, forzosamente, sobre un enunciado normativo estructurado en la responsabilidad extracontractual directa contemplada en el artículo 2341 del ordenamiento sustantivo; pues de lo contrario se incurriría en una contradicción lógica y jurídica insuperable, toda vez que la decisión de remplazo no puede quedar sin soporte normativo por el simple querer del impugnante.

De ahí que cuando el censor señaló que la persona jurídica demandada no responde indirectamente por el hecho ajeno, al mismo tiempo admitió que la norma que debió aplicarse al caso es la que rige el instituto de la responsabilidad por el hecho propio. Tanto así, que esa es la única conclusión que se deduce de la jurisprudencia que citó como sustento de su acusación.

Desde luego que la demostración del error por indebida aplicación de la ley sustancial apareja de suyo la aceptación de todas las proposiciones que guarden estricta correspondencia lógica y jurídica con el enunciado normativo que está llamado a regir el caso, sobre todo si son el presupuesto necesario de éste, tal como acontece con la calificación de la naturaleza de la acción, que es el antecedente de la identificación del instituto jurídico previsto por el legislador para resolver las controversias que se adecuen a los supuestos de hecho descritos en la norma.

Para saber si un razonamiento jurídico está conformado por proposiciones lógica e indisolublemente ligadas entre sí, conviene citar la siguiente explicación de Taruffo:

En este sentido el juicio está constituido por un contexto de enunciados, vinculados entre sí por nexos de carácter lógico jurídico. Desde el punto de vista descriptivo, se pueden distinguir los siguientes componentes: i) Enunciados normativos que contienen los criterios jurídicos de decisión, y enuncian la interpretación de las normas aplicables que el juez ha establecido como “verdaderas” o “válidas” en el caso particular (o, en general, la ratio decidendi jurídica determinada en todo caso); ii) Enunciados fácticos o descriptivos que contienen la “verdad” judicial sobre los hechos de la causa, tanto los jurídicos como los simples; iii) Enunciados calificativos que contienen la calificación jurídica de los hechos principales en los términos de los criterios establecidos en los enunciados normativos; y iv) Enunciados prescriptivos en sentido estricto, que establecen los efectos jurídicos que la decisión está destinada a producir sobre la situación de hechos concreta”. (Michele Taruffo. La motivación de la sentencia civil. Madrid: Editorial Trotta, 2011, pág. 242).

El proceso de justificación de la decisión —que en la práctica suele ser muchísimo más complejo que el que se ha esbozado de manera sintética en las líneas que preceden—, otorga racionalidad y coherencia a la resolución del litigio e impide que la argumentación contenga enunciados lógicamente contradictorios o incompatibles con el ordenamiento jurídico.

La estructura interna del razonamiento jurídico, en suma, presupone un nexo de conexidad entre los diversos enunciados que la conforman (fácticos, calificativos, normativos y prescriptivos); una correspondencia en el contenido semántico de sus elementos —lo que requiere que no haya contradicciones en el significado jurídico de las proposiciones—; y una relación de implicación lógica o de derivación consecuencial entre las premisas.

Las anteriores explicaciones conducen a la aceptación inexcusable de varios postulados que habrán de tenerse en cuenta para la adopción del criterio decisorio que permitirá resolver la discusión planteada en el cargo que se analiza, a saber:

i) La presencia de nexos lógicos en el conjunto de aserciones que constituyen la estructura interna de la decisión judicial implica, de modo necesario, que toda motivación racional está conformada por los enunciados que han sido descritos con anterioridad, es decir que la sentencia ajustada a derecho se edifica siempre sobre la ley aplicable al caso, los hechos probados con relevancia para la controversia, y la conclusión que se deduce de ambas premisas.

Este principio tiene especial importancia para el análisis de un reproche que se fundamenta en una indebida aplicación de la ley, pues indica que la demostración de ese error presupone la individualización del precepto sustancial que está llamado a resolver el litigio, toda vez que la decisión corregida no puede quedar sin norma que la regule.

De ahí que nuestra jurisprudencia haya insistido en que cuando se pretende infirmar un fallo producto del quebranto de normas de derecho sustancial, los cargos deben estar orientados a combatir los argumentos en que aquél se funda, para luego sí proponer la interpretación normativa o la apreciación probatoria que el recurrente considere es la correcta frente al asunto debatido” (CSJ SC 29 ene. 1998. Ref. Exp. 5826) (resaltados no pertenecen al texto).

En idéntico sentido se ha aclarado: “el mencionado recurso [de casación], por definición se propone aniquilar un fallo que se reputa ilegal y por tal razón los cargos formulados deben estar orientados a combatir los argumentos en que aquél se funde, para luego sí proponer la interpretación normativa, o la apreciación probatoria, que el recurrente considere aplicable al asunto debatido” (Sent. 19, mar. 27/98) (se resalta).

En el mismo orden de ideas, la doctrina nacional autorizada ha sostenido que “la aplicación indebida de una norma legal corre pareja con la falta de aplicación de otra u otras, porque el juez, en el caso litigado, al hacer obrar un precepto que no corresponde a éste, casi siempre deja de aplicar la que sí lo regula. En tales hipótesis es preciso, para la correcta postulación del cargo en casación, denunciar simultáneamente en este mismo la infracción por aplicación indebida de los textos aplicados e inaplicación de los que no lo fueron, debiendo haberlo sido” (Humberto Murcia Ballén. Recurso de casación civil. 4ª ed. Bogotá: 1996, pág. 323) (resaltado de la Sala).

En síntesis, para que el ataque que se encauza por la vía directa de la causal primera de casación tenga el poder de desvirtuar las conclusiones de la sentencia, es indispensable que se demuestre el error sobre el que se erigió la premisa mayor del razonamiento jurídico, y esa demostración ha de llevar implícita la escogencia del enunciado normativo correcto que debe remplazar al que haya quedado refutado, pues únicamente sobre este último es posible erigir el iudicium rescisorium.

ii) La formulación del enunciado normativo (identificación de la ley aplicable al caso) ocurre con posterioridad a la calificación del instituto jurídico que regula la controversia y, por lo tanto, aquélla está condicionada directamente por ésta, de suerte que una sentencia coherente y correctamente motivada no puede contener como base de su fundamentación una ley que no tenga estricta correspondencia con la figura jurídica que se adapta de manera precisa al thema decidendum, pues la contradicción entre los dos momentos del discurso decisorio sería suficiente para restar toda racionalidad a la resolución.

Tal conclusión conlleva a admitir que la identificación del precepto sustancial que rige la controversia tiene que estar íntimamente relacionada con la interpretación de la naturaleza de la acción que es materia del litigio.

Por ello no puede aceptarse —por ser lógica y jurídicamente contradictoria— una acusación que plantea que la interpretación de la naturaleza de la acción aducida en el libelo no tiene estricta relación con el instituto jurídico que está llamado a resolver las pretensiones y excepciones, toda vez que sería incomprensible someter ambas cuestiones a distinto tratamiento cuando ellas se encaminan al único propósito de dirimir el mismo extremo del conflicto.

iii) Cuando se recurre la sentencia por no haber aplicado la ley sustancial que rige el caso, y se logra demostrar tal error, entonces es preciso aceptar las implicaciones lógicas y jurídicas que están estrechamente conectadas al nuevo enunciado normativo que haya de adoptarse, tanto así que las modificaciones indispensables sobre puntos íntimamente relacionados con la providencia, son la única excepción que el artículo 357 de la ley procesal consagra frente a los límites que supone la impugnación parcial.

Estos principios se resumen en el proloquio latino tantum indicatum quantum disputatum vel quantum disputare debet, “que manda que los efectos de la sentencia ejecutoriada se extiendan, no sólo a lo expresamente resuelto por ella, sino también a las cuestiones que implícita pero necesariamente se encuentran comprendidas en ella” (Eduardo Pallares. Diccionario de derecho procesal civil. 12ª ed. México: 1979, pág. 750).

Por ello el artículo 357 del estatuto procesal establece que “la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.

El postulado que consagra la citada disposición se enuncia mediante el enunciado “tantum devolutum quantum appellatum”, por cuya virtud el conocimiento del juez que resuelve la impugnación se encuentra circunscrito a las precisas cuestiones que hayan sido objeto del recurso.

La referida limitación no se reduce a la apelación sino que es extensible a toda especie de impugnación, porque es la expresión de un principio general del derecho procesal, según el cual el juez que conoce de un recurso está circunscrito a lo que es materia de agravios, dado que no está facultado para despojar al recurrente del derecho material que le haya sido reconocido en la providencia recurrida, y que fue aceptado por la contraparte que no impugnó.

No es, sin embargo, cualquier punto que al recurrente le interese dejar inalterado el que tiene la virtualidad de limitar la resolución del juzgador ad quem, sino que debe tratarse de una impugnación parcial en la que el extremo del litigio que no es recurrido no se relaciona con el tema que es materia de la censura; y, además, debe tratarse de una decisión que no fue atacada por la parte legitimada para ello, habiendo tenido la oportunidad de hacerlo.

La figura de la impugnación parcial —explica Carnelutti— supone no sólo que el proveimiento conste de varios extremos, sino que respecto a varios de ellos se produzca vencimiento de una parte, que, sin embargo, no impugna todos los que podría impugnar. En cambio, siempre que respecto a alguno de los extremos del proveimiento no exista vencimiento por parte de quien ha propuesto la impugnación, no interviene esa figura, y la impugnación de los extremos a ella desfavorables inviste también al juez, sin más, del conocimiento en tomo a los extremos en que haya resultado victorioso. (...); en efecto, la aquiescencia respecto a los extremos no impugnados se produce a cargo del vencido y no a cargo del vencedor, que no estaría legitimado para proponer la impugnación; por tanto, los extremos desfavorables al victorioso no se pueden considerar aceptados, ni actúa respecto de ellos ningún límite del conocimiento del juez de gravamen. (Sistema de derecho procesal civil. Tomo III. Buenos Aires: Editorial Uteha Argentina, 1944, págs. 676 y 677).

El principio tantum devolutum quantum appellatum, en virtud del cual la impugnación se entiende interpuesta en lo desfavorable al recurrente, “Y por tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso” (art. 357 ibíd.), supone que el impugnante tiene en su haber un derecho del cual puede disponer, lo que ocurre cuando se trata de un punto que fue objeto de debate en el proceso y la parte perjudicada con él no lo impugnó, por lo que se entiende que lo renunció a favor de su contendor.

Ello es así porque el sujeto procesal a quien le favorece un extremo de la sentencia no podría beneficiarse de una cuestión respecto de la cual la contraparte no tuvo la oportunidad de impugnar, pues esta última se vería vulnerada en sus derechos de defensa, contradicción y doble instancia.

De ahí que los recursos no puedan considerarse únicamente desde la perspectiva de quien los interpone, sino que es necesario ver también el proceso desde la posición de todos los intervinientes, porque no es un instrumento que el actor maneja a su voluntad, sino el resultado de la actividad de varios sujetos entre quienes predomina la figura del juez. Por consiguiente, aquellas cuestiones procesales sobre las cuales una de las partes no tiene un poder de disposición exclusivo, son potestad de la jurisdicción y, como tal, no existe ningún impedimento para que sean objeto de conocimiento pleno por el sentenciador.

Si así no fuera, al recurrente le bastaría alegar en todos los casos que ataca la decisión proferida por el juez pero que admite los errores que lo indujeron a adoptar esa decisión y que, por lo tanto, éstos no pueden ser modificados; y con una argucia de ese talante —que en sí misma encierra una contradicción lógica, como se demostró líneas arriba—, podría manejar a su antojo el sentido de la providencia de remplazo, dejando indefensa a su contraparte.

Sin ninguna dificultad se advierte que el argumento del casacionista según el cual comparte la interpretación que hizo el tribunal respecto al tipo de acción que regula la controversia (responsabilidad por el hecho ajeno), y que, por tanto, ese punto es “intocable en casación”, no es más que el resultado de un erróneo entendimiento del principio tantum devolutum quantum appellatum.

En efecto, la decisión que fue objeto del ataque no contiene varios extremos sino uno solo: la responsabilidad civil extracontractual que se le atribuyó a la Diócesis del L.-H. (T.). Luego, como no se trata de una impugnación parcial —pues ese es el único punto sobre el cual se asienta el interés de su recurso— el principio mencionado no resulta aplicable al caso.

Por supuesto que la calificación de la acción no es un tema independiente de la cuestión que fue materia de la apelación (que los entes morales responden directa y no indirectamente), sino un punto íntimamente relacionado con ésta, y por lo tanto inseparable de la misma; lo que de suyo apareja la inaplicación de la limitación consagrada en el artículo 357 del ordenamiento procesal.

En todo caso, la interpretación de la naturaleza de la acción no es un asunto sobre el que el censor pueda disponer a su arbitrio, como si de un derecho adquirido se tratase; pues la parte actora no tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre esa precisa cuestión, como quiera que la decisión de segunda instancia le resultó completamente favorable y, por ello, no estaba facultada para impugnarla.

Luego, como la interpretación que el ad quem hizo del tipo de acción ejercida en el libelo no fue materia de debate en ninguna de las instancias, carece de sentido que el recurrente afirme que “acepta” un punto que no ha sido discutido en el proceso ni mucho menos renunciado por la parte a quien pudo afectar.

El argumento del recurrente es equivocado, en suma, porque está encaminado a que se case una sentencia cuya parte resolutiva se halla ajustada a derecho; pretende que se dicte un fallo de remplazo irrazonable, dado que según su entendimiento el caso tendría que quedar sin solución por ausencia de norma, pues no sería posible aplicar la que tuvo en cuenta el tribunal (C.C., art. 2347) pero tampoco la que verdaderamente está llamada a resolverlo (art. 2341 ejusdem); y su aceptación supondría una flagrante violación de los derechos de defensa, contradicción, doble instancia y debido proceso de la contraparte.

3. Resta aclarar que la rectificación de la doctrina del tribunal que le corresponde hacer a la Corte con motivo de este recurso extraordinario, no tiene la aptitud de variar “la base fáctica” sobre la cual se sustentó el litigio, por lo que es imposible que se incurra en un error de incongruencia, contrario a lo que supone el casacionista.

Tradicionalmente se ha sostenido que el actor delimita el alcance de su demanda cuando formula sus pretensiones, de suerte que el tipo de acción por él escogida determinará el curso de la controversia y la solución de la misma, a tal punto que una decisión que se salga de esos lineamientos podría vulnerar el principio dispositivo que rige el proceso civil.

Tal limitación, sin embargo, no es irrestricta, porque sólo se refiere a la imposibilidad del juzgador de variar la causa petendi, pero no así el derecho aplicable al juicio, dado que en virtud del principio iura novit curia las partes no tienen la carga de probar el derecho, salvo contadas excepciones como cuando se trata de derecho extranjero o consuetudinario. En razón de este postulado, los descuidos, imprecisiones u omisiones en que incurren los litigantes al citar o invocar el derecho aplicable al caso deben ser suplidos o corregidos por el juez, quien no se encuentra vinculado por tales falencias.

En razón del postulado “da mihi factum et dabo tibi ius” los jueces no quedan sujetos a las alegaciones o fundamentos jurídicos expresados por el actor, porque lo que delimita la acción y constituye la causa petendi no es la fundamentación jurídica señalada en la demanda —la cual puede ser muy sucinta y no tiene que coincidir con lo que el funcionario judicial considere que es el derecho aplicable al caso—, sino la cuestión de hecho que se somete a la consideración del órgano judicial.

En ese sentido, sólo los hechos sobre los que se fundan las pretensiones constituyen la causa petendi, pero no el nomen iuris o título que se aduzca en el libelo, el cual podrá ser variado por el juzgador sin ninguna restricción.

La tesis de que los jueces no están subordinados a las consideraciones y fundamentos de derecho que las partes invoquen —sostiene Eduardo Pallares—, debe limitarse con la cortapisa de que esta facultad no llega hasta el extremo de que el juzgador pueda legalmente cambiar la causa petendi porque entonces se violaría el principio dispositivo. (Diccionario de derecho procesal civil, pág. 453).

Por ello, cuando una pretensión se soporta en una causa petendi que puede encuadrarse en cualquiera de las normas atinentes a la responsabilidad extracontractual, el carácter único de la indemnización no puede negarse bajo la excusa de que el actor se equivocó en la elección del precepto aplicable al caso, o en la calificación jurídica del instituto que lo regula. Semejante grado de injusticia e inequidad no ha sido jamás defendido por jurista alguno, ni mucho menos podría llegar a ser admitido por la jurisprudencia.

Tal materia jurídica —expresa la doctrina más autorizada— “se entiende que pertenece al campo del “iura novit curia” y no cabe eludir por razón de la errónea e incompleta elección de la norma el conocimiento de fondo, de manera que el cambio de vista jurídico en cuestiones de esta naturaleza no supone una mutación del objeto litigioso” (Luis Díez-Picazo, Fundamentos del derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual. Civitas, 2011, pág. 221).

La anterior explicación —que el renombrado autor español realiza respecto de la viabilidad de la demanda en los casos en que el actor se equivoca al elegir entre la responsabilidad contractual y la extracontractual— es aplicable, con mayor razón, cuando se trata de no haber precisado la norma pertinente dentro del propio ámbito de la responsabilidad extracontractual, pues en esta última situación no varían los hechos sobre los cuales se sustenta la controversia.

En tales circunstancias, no cabe negar el reconocimiento de una indemnización sólo porque el fundamento jurídico señalado en el libelo —aplicable en todo caso a los mismos hechos— es distinto al que el juez considera que está llamado a resolver el litigio.

Cosa distinta ocurriría si, por ejemplo, se cambiaran los hechos que constituyen la causa petendi, tal como ocurre cuando el petitum versa sobre un incumplimiento contractual pero el litigio se resuelve con base en hechos que dan origen a una responsabilidad extracontractual, en cuyo evento podría llegar a vulnerase el principio dispositivo.

La diferencia que existe entre las fuentes que dan origen a uno y otro tipo de responsabilidad impide, incluso, que el actor escoja, según su propia conveniencia, la especie de acción que habrá de invocar en su libelo, en razón de la “prohibición de opción entre la responsabilidad contractual y la extracontractual”.

La limitación que se impone al demandante de escoger la acción que más se amolde a sus intereses con desconocimiento de la fuente exclusiva que dio origen a la obligación que reclama (non cumul), se predica únicamente entre la responsabilidad contractual y la extracontractual. Pero ningún autor la ha hecho extensiva a las subespecies de la responsabilidad aquiliana, por la sencilla razón de que en éstas el origen fáctico de la controversia no cambia por el hecho de sustentar jurídicamente el libelo en una u otra de las normas que configuran la responsabilidad común por los delitos y las culpas. El carácter común de todos los casos que se rigen por la responsabilidad extracontractual significa, precisamente, que tienen el mismo fundamento fáctico al no derivar tal obligación de un vínculo jurídico concreto y previo entre las partes.

En tales condiciones, la prohibición de opción se justifica únicamente para diferenciar los casos de responsabilidad extracontractual de la contractual, no por la mención que de una u otra se haya hecho en las “razones de derecho” señaladas en la demanda, sino porque el sustrato fáctico que dio origen a la controversia es, en uno u otro caso, un vínculo jurídico preexistente o una violación al deber de no dañar al otro, de manera excluyente.

En cambio, cuando la fuente de la obligación cuyo resarcimiento se reclama es siempre una responsabilidad común extracontractual, no se presenta ni puede presentarse una variación de la base fáctica o mutatio libelli.

Aceptar una postura contraria sería tanto como admitir que el actor que invoca como sustento de su pretensión una responsabilidad por culpa probada (art. 2341) tuviera que soportar la negación de su derecho a ser resarcido por el hecho de haber considerado el juzgador que el caso se regía por la responsabilidad por el ejercicio de actividades peligrosas (2356).

Lo mismo, ni más ni menos, ocurriría si se llegara a concluir que debe negarse la corrección de la doctrina del tribunal que se fundamentó en la responsabilidad indirecta (2347) a pesar de estar demostrado que el instituto que rige el caso es el de la responsabilidad directa (2341).

Tales argumentos, evidentemente, parten de una premisa falsa, cual es hacer extensiva la prohibición de opción (non cumul) —propia de la distinción entre la responsabilidad contractual y la extracontractual— a una situación que escapa de la problemática para la cual esa limitación jurídica fue planteada. En primer lugar, porque no fue el demandante sino el tribunal quien se equivocó al escoger la norma que rige el caso, y en segundo lugar, porque frente a las situaciones que caen en el ámbito de la responsabilidad extracontractual no opera la prohibición de opción, por lo que aún en el caso hipotético que el demandante se hubiera equivocado en la mención del instituto jurídico bajo el cual se ha de resolver la controversia, de todos modos un error de esa naturaleza no es obstáculo para que el sentenciador lo corrija.

La aplicación de la referida limitación, además de no tener ningún fundamento jurídico, establecería una odiosa situación de desventaja para el demandante, porque desfavorecería la condición de las víctimas y haría depender su derecho de la azarosa coincidencia que pueda llegar a existir entre las normas jurídicas invocadas en la demanda y las que el juzgador considere pertinentes para la resolución del caso.

Sería, de igual modo, una prohibición artificiosa, como quiera que todos los casos que caen bajo la responsabilidad común por los delitos y las culpas poseen una misma fuente de obligación: la extracontractual; al tiempo que generaría unas ficciones difíciles de aplicar en la práctica, pues es ostensible que ni en la doctrina ni en la jurisprudencia ha existido ni existe aún consenso para delimitar las especies de la responsabilidad extracontractual atendiendo a los distintos tipos normativos que la describen.

En consecuencia, no tiene razón la recurrente cuando afirma que la corrección de doctrina que puede hacer esta Corte para ajustar el instituto jurídico que rige el caso, aparejaría un error de incongruencia por variar la base fáctica en que se sustentó la controversia, pues es evidente que en nada ha cambiado la causa petendi y por ello nada obsta para que se rectifique el yerro jurídico cometido por el tribunal.

4. La causa petendi no varía y, por tanto, hay lugar a rectificar la doctrina errónea del tribunal, aún en el caso hipotético que la parte actora se hubiera equivocado al invocar una norma sustancial distinta de la que rige el caso, por las razones que a continuación se exponen.

En el punto 1º se reiteró la posición de la jurisprudencia respecto a que las personas jurídicas no responden indirectamente por el hecho de sus agentes, sino que el tipo de responsabilidad que se les atribuye por tales situaciones es la directa que consagra el artículo 2341.

Esta tesis trae una consecuencia que favorece a la víctima del perjuicio, puesto que amplía el término de prescripción de la acción y atenúa la carga probatoria, toda vez que los requisitos de la responsabilidad por el hecho propio son menos que los que exige la figura de la responsabilidad indirecta, porque al actor no se le exige demostrar la relación de dependencia o subordinación del autor del daño respecto del ente moral ni el deber de vigilancia de éste frente a aquél.

Hay que destacar, sin embargo, que los entes morales no responden civilmente por cualquier tipo de daño cometido por sus agentes, sino, exclusivamente, de los que éstos realizan en razón o con ocasión de sus funciones, o prevalidos de tal condición; es decir, cuando causan una lesión a terceros dentro del ejercicio normal de las tareas que deben cumplir dentro de la organización, o cuando abusan o incumplen la labor que están llamados a desempeñar.

En ese orden, para endilgar responsabilidad civil a la persona jurídica el demandante debe probar la existencia del daño; que éste fue cometido por un agente de aquélla en razón o con ocasión de sus funciones, o prevalido de su condición dentro de la organización; y la culpa o el dolo del infractor. En tanto que el ente moral sólo se exime de responsabilidad si demuestra que el hecho lesivo no existió; que no fue cometido por uno de sus agentes sino que se debió a fuerza mayor, caso fortuito, o culpa exclusiva de la víctima; que no se produjo ningún daño; o que no fue realizado en razón o con ocasión de la función. 

En los eventos de acceso carnal violento o acto sexual abusivo cometidos por sacerdotes, no hay duda de que el autor del delito responde penal y civilmente por su acción autónoma; pero puede suceder —y de hecho ocurrió en el caso que se analiza— que el clérigo haya actuado con ocasión de su ministerio, prevalido de su posición de figura pública y respetable, y aprovechando la confianza que los feligreses depositan en la reputación espiritual y moral de su pastor religioso, lo que hace a la diócesis incardinante directamente responsable por las consecuencias civiles de la conducta punible ejecutada por el sacerdote a ella incardinado. 

En ese orden, la responsabilidad civil extracontractual de un religioso o ministro del culto puede presentarse como despliegue de su exclusiva autonomía privada por fuera del ámbito eclesiástico; como acto de representación de la iglesia; o como conducta prevalida de la posición que ocupa en el seno de esa organización religiosa. En el primer evento responderá personal y exclusivamente el clérigo; en los dos últimos la iglesia tendrá responsabilidad civil directa y solidaria por los actos culposos o dolosos de los agentes a ella incardinados, realizados en ejercicio de la misión pastoral y espiritual inherentes a esa persona moral, considerados por tanto como hecho propio.

Desde luego habría que excluir toda responsabilidad si el delito se perpetra completamente al margen de la condición clerical de su autor, en el ámbito estricto de su autonomía personal y sin prevalerse de su condición clerical. En esta hipótesis la relación derivada de la incardinación sería irrelevante y la diócesis (...) no sería responsable en absoluto.

En cambio, la situación será diferente si comete el delito prevaliéndose de su condición de clérigo. Aquí el sujeto no actúa simplemente en el ejercicio de su ministerio y/o en representación de la iglesia, en cuyo caso él respondería personalmente de los daños causados por su actuación ilegítima pero dentro del ministerio, y la entidad que representa sería responsable civil (...). El supuesto que nos ocupa es distinto y se caracteriza porque el clérigo comienza a tratar al menor precisamente con ocasión de su ministerio o de su posición pública en el seno de la comunidad (como párroco, sacerdote o diácono), presentándose como una persona digna de respeto y ganándose así la confianza del menor y/o de su familia. (Javier Ferrer Ortiz. Responsabilidad civil de la diócesis por los actos de sus clérigos. En ius canonicum, XLV, Nº 90, 2005, pág. 569).

No hay duda de que el oficio sacerdotal es un encargo público eclesiástico y quien lo desempeña lo hace a nombre de la iglesia a la que pertenece, de manera que la responsabilidad civil derivada del ejercicio abusivo de ese ministerio es institucional de la organización religiosa, por lo que la iglesia tiene la obligación legal de reparar los daños que un clérigo causa a sus feligreses en razón o con ocasión del desempeño de su misión pastoral, tanto espiritual como terrenal.

En tanto el daño causado por la iglesia a sus feligreses por los delitos sexuales cometidos por sus clérigos repercute gravemente no sólo en los fieles sino en la sociedad entera —dada la doble dimensión terrenal y espiritual de esta organización—, la reparación integral del perjuicio (que es una obligación de los funcionarios judiciales, sobre todo cuando se vulneran los intereses superiores de los menores) tendría que satisfacerse no sólo con una compensación de carácter pecuniario, sino, además, mediante la restitución de todos los bienes jurídicos constitucional y legalmente quebrantados con la conducta indigna del clérigo, tal como lo es el valor espiritual de las víctimas directas y de la propia comunidad. Ello en razón de la función que cumple la responsabilidad civil en el orden constitucional vigente, para lo cual vendría bien mandar al obispo de la diócesis incardinante que adopte todas las medidas administrativas y simbólicas que resulten necesarias para reparar el daño causado en su total dimensión, tales como reconocer públicamente el menoscabo causado a la confianza de los creyentes en la religiosidad, pedir perdón, brindar apoyo espiritual a las víctimas, adoptar mecanismos eficaces que garanticen la no reincidencia, entre otras que el juez civil pueda llegar a considerar de conformidad con el fin perseguido por el derecho canónico y por la iglesia como institución de derecho público eclesiástico privilegiada por el ordenamiento jurídico estatal y, por ello mismo, altamente responsable de la preservación de la moralidad general y comprometida con la defensa del derecho fundamental a la libertad religiosa y de cultos.

En los casos de abusos sexuales cometidos por los clérigos en razón y con ocasión de su pública función pastoral, limitar el alcance de la responsabilidad civil a un ámbito estrictamente patrimonial reñiría con el ordenamiento constitucional y legal, toda vez que quedarían sin resarcir algunos bienes jurídicos de superior raigambre que inciden, incluso, en el orden y la moralidad general. No es ninguna novedad que la responsabilidad civil persigue la reparación integral de toda especie de daño, tanto patrimonial como extrapatrimonial, siempre que haya sido debidamente pedido en la demanda y esté debidamente acreditado en el proceso, tal como lo ha admitido nuestra jurisprudencia desde hace casi un siglo. De manera que no hay ninguna razón para circunscribir la condena civil al resarcimiento del perjuicio patrimonial, pues ello comportaría un desconocimiento del principio de reparación integral del daño y fomentaría el menoscabo de los bienes superiores jurídicamente protegidos.

5. En el proceso que es materia del recurso de casación, los demandantes probaron todos los elementos para imputar responsabilidad civil a la Diócesis de L.-H., pues está demostrado que el sacerdote L.E.D.V. cometió el delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años, agravado y en concurso, por lo que fue sentenciado por el Juzgado Penal del Circuito de Líbano (Tolima) a 220 meses de prisión (fl. 12).

La mencionada conducta criminal causó a las víctimas (tanto a los niños abusados como a su núcleo familiar) un indiscutido perjuicio moral, que se patentizó en los traumas, angustias, sufrimiento, dolor, aflicción, desasosiego y zozobra propios de un acto de tan deleznable magnitud, tal como fue considerado por el juez a quo (fl. 187).

El autor del delito era un sacerdote incardinado a la Diócesis del L.-H., quien desplegó su conducta punible en razón y con ocasión de su misión pastoral, y prevalido de su condición clerical, porque cuando los menores fueron puestos al cuidado del presbítero para que les brindara apoyo y ayuda económica y espiritual, ello obedeció a su calidad de persona religiosa y a que era un representante de la Iglesia Católica; toda vez que no se encomendaron al cura como hombre de mundo o como persona secular.

De hecho, entre los deberes que el Código de Derecho Canónico impone a los sacerdotes está el de “procurar de manera particular la formación católica de los niños y de los jóvenes...” (canon 528); misión que no se limita al contexto de dar misa dentro de las iglesias, sino que se ejercita todos los días y en todo lugar, por lo que se trata de una especial e importante actividad de carácter pastoral.

Está demostrado que los actos ilícitos cometidos por el párroco de la Iglesia S.A. de P. se ejecutaron en las mismas instalaciones de la parroquia, en razón y con ocasión de la labor que realizaba el sacerdote, y prevalido de su función clerical, pues los padres acudieron a éste por la misión pastoral que desempeñaba, a quien confiaron la integridad de los niños en busca de una mejor formación personal y espiritual, y para participar de la caridad y consolación que pudiera brindarles la iglesia.

De ahí que no es aceptable la excusa esgrimida por la demandada en el sentido de que “se trata de actos que, de haber existido, son ajenos a la misión pastoral, principios religiosos y valores inculcados por la Iglesia Católica” (fl. 76), pues si bien es cierto que la función de la iglesia no es causar daño a los feligreses, está probado que el sacerdote se aprovechó de su investidura religiosa para cometer delitos sexuales sobre los menores, es decir que realizó un inadecuado uso de su misión pastoral para abusar de los niños.

Precisamente, por haber desconocido el clérigo la misión pastoral que estaba llamado a ejercer de acuerdo con los principios inculcados por la iglesia, la diócesis está llamada a reparar el agravio que dicha institución —por medio de uno de sus agentes— infligió a los demandantes, a quienes hasta el último momento ha negado el derecho al resarcimiento de su dignidad e integridad personal y moral, muy a pesar de la contundencia y gravedad del perjuicio ocasionado, y contrario a las enseñanzas y valores que pregona esa organización religiosa.

6. Ahora bien, en cuanto a la legitimación por pasiva de la diócesis, conviene en esta oportunidad fijar algunos criterios respecto de la responsabilidad civil que le asiste a esa entidad, y no sólo a la parroquia, por los actos delictivos cometidos por un sacerdote a ella incardinado.

En el acápite que resolvió el tercer cargo se aclaró que por voluntad del legislador las personas de derecho público eclesiástico son sólo las entidades que conforman la estructura organizacional de la Iglesia Católica, dentro de las cuales se encuentran “las diócesis y demás circunscripciones eclesiásticas que les sean asimilables a éstas en el derecho canónico como las arquidiócesis, el ordinariato castrense, las prelaturas, los vicariatos apostólicos, las prefecturas apostólicas y las abadías; los seminarios mayores, las parroquias; y las comunidades religiosas como los institutos religiosos, los institutos seculares y las sociedades de vida apostólica tanto de derecho pontificio como diocesano” (D. 782/95, art. 8º).

El hecho que esas entidades detenten personería jurídica de pleno derecho por mandato de la ley no quiere decir, en modo alguno, que sean entes distintos e independientes, sino tan solo que el Estado les reconoce esa personería para efectos de poder ejercer una administración eficiente de los asuntos terrenales en los que se deben ocupar.

Es una verdad incuestionable que el dogma católico establece que la iglesia es una, y esa unicidad se reitera, como no podía ser de otra manera, a lo largo de todo el Código de Derecho Canónico; luego no se trata solamente de una cuestión de fe, sino que también para la atención de los asuntos terrenales con relevancia jurídica, la Iglesia Católica es una organización unitaria que no puede considerarse como la simple agrupación de personas distintas y autónomas.

Así lo dispone el canon 265, que establece que “las iglesias particulares, en las cuales y desde las cuales existe la Iglesia Católica una y única, son principalmente las diócesis”.

A su turno, el cano 369 preceptúa que la diócesis es una porción del pueblo de Dios, cuyo cuidado pastoral está encomendado al obispo.

Según el canon 392, el obispo es quien tiene la obligación de promover la disciplina que es común a toda la iglesia y exigir el cumplimiento de las leyes eclesiásticas, así como de administrar los bienes.

En tanto que el canon 393 dispone que el obispo diocesano representa la diócesis en todos los negocios jurídicos de la misma. Mientras que el canon 399 señala que el obispo diocesano es quien responde ante el Romano Pontífice por la situación de su diócesis.

Estos cánones, por citar solo unos cuantos, dejan en evidencia que la representación de las iglesias particulares está a cargo del obispo, quien es el responsable de los asuntos administrativos que tengan relación con las entidades de menor jerarquía incardinadas a la diócesis.

El canon 515 indica que “la parroquia es una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad del obispo diocesano, se encomienda a un párroco, como su pastor propio”.

De manera que es el obispo diocesano quien tiene bajo su responsabilidad las cuestiones —no solo espirituales sino también administrativas— relacionadas con el buen funcionamiento de su diócesis y de las parroquias que están bajo su jurisdicción eclesiástica.

Ello se constata con la lectura del canon 265, según el cual “es necesario que todo clérigo esté incardinado en una iglesia particular o en una prelatura personal, o en un instituto de vida consagrada o en una sociedad que goce de esta facultad, de modo que de ninguna manera se admitan los clérigos acéfalos o vagos”.

No existen, por tanto, clérigos que se administren solos o estén por fuera de la autoridad de una iglesia particular, es decir de una diócesis u otra circunscripción eclesiástica que le sea asimilable.

En el mismo sentido, el canon 273 estatuye: “Los clérigos tienen especial obligación de mostrar respeto y obediencia al Sumo Pontífice y a su ordinario propio”.

Por su parte, el canon 285-4 dispone: “Sin licencia de su ordinario, no han de aceptar la administración de bienes pertenecientes a laicos u oficios seculares que lleven consigo la obligación de rendir cuentas; se les prohíbe salir fiadores incluso con sus propios bienes, sin haber consultado al ordinario propio; y han de abstenerse de firmar documentos, en los que se asuma la obligación de pagar una cantidad de dinero sin concretar la causa”.

Todas estas disposiciones —que como quedó aclarado en la resolución del cargo anterior, tienen valor probatorio como presupuesto de los efectos civiles de la estructura organizativa de la Iglesia Católica— corroboran que las parroquias no son entes autónomos ni independientes, sino que se encuentran sometidas a la autoridad espiritual y material del ente incardinante representado por el obispo.

La personalidad jurídica de las parroquias, por tanto, no significa que estas circunscripciones territoriales sean personas jurídicas distintas a la diócesis, porque tal personalidad posee unas características particulares que no le permiten desligarse de ningún modo de la personalidad del ente incardinante, al punto que puede decirse sin ninguna duda que la parroquia hace parte de su diócesis y es una misma persona con ella, por mucho que goce de personalidad jurídica por derecho propio. De ahí que quien en última instancia y definitivamente gobierna la parroquia no es el cura párroco sino el obispo diocesano con plena potestad legislativa, ejecutiva y judicial (canon 391-1).

Esta particular situación jurídica permite a una víctima de actos ilícitos o culposos cometidos por un ministro del culto religioso en razón o con ocasión de su función, o prevalido de la posición que ocupa en esa organización, demandar indistintamente y de manera solidaria tanto a la parroquia a la que pertenezca el clérigo como a la diócesis a la que éste se encuentre incardinado, por lo que tanto una como otra persona jurídica de derecho público eclesiástico tienen legitimación por pasiva o para responder judicialmente las pretensiones que contra ellas se aduzcan en las señaladas circunstancias.

7. La parte actora, en fin, demandó correctamente a la persona que legalmente está llamada a responder su pretensión; presentó una demanda debidamente formulada, porque señaló la razón de su pretensión, sin que manifestara en el petitum ni en la causa petendi que el tipo de acción que ejercitó fue la responsabilidad por el hecho ajeno, pues esta calificación fue elaborada por el tribunal y sus errores no pueden ser responsabilidad de las partes. De igual forma, demostró la existencia de los elementos de la responsabilidad que rige el caso, es decir la directa; y con base en esas circunstancias la decisión no puede ser otra que declarar los efectos que la norma tiene previstos para los supuestos de hecho que ella contempla, esto es condenar a la persona jurídica incardinante por el hecho delictivo de uno de sus agentes incardinados, del cual no existe la menor duda, tal como quedó probado en el proceso.

8. Por todas las razones que se han dejado consignadas, no prospera ninguna de las causales alegadas. No obstante, debido a la rectificación doctrinaria que se hizo en el punto 1º de esta parte motiva, no hay lugar a imponer condena en costas, tal como lo ordena el inciso final del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil.

IV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el veintinueve de julio de dos mil once por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, dentro del proceso ordinario de la referencia.

Sin costas del recurso extraordinario, en virtud de la rectificación de doctrina.

Notifíquese y devuélvase.

Magistrados: Luis Armando Tolosa Villabona, Presidente de la Sala—Margarita Cabello Blanco, con salvamento de voto—Álvaro Fernando García RestrepoFernando Giraldo Gutiérrez, con salvamento de voto—Rafael Romero Sierra—Ariel Salazar Ramírez.

(1) Adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998.