Sentencia SC13811-2015 de octubre 8 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC13811-2015

Radicación: 11001-31-03-006-2004-00684-01

Magistrado Ponente:

Dr. Jesús Vall De Rutén Ruiz

(Aprobado en sesión de veintiuno de abril de dos mil quince)

Bogotá, D.C., ocho de octubre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

A. Como es sabido, en el ámbito de la causal primera de casación, la Corte, dentro de los límites que fija el interesado, examina si las sentencias que por este medio de impugnación extraordinario llegan a su conocimiento, han infringido normas sustanciales, a partir de exigencias técnicas que, en lo que hace al despacho del cargo que se estudia, deben ponerse de presente.

En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 368 y 374 del Código de Procedimiento Civil, es carga del recurrente el señalamiento de, al menos, una norma sustancial que, cual lo advierte el numeral 1º del artículo 51 del aludido Decreto 2651 de 1991, “constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposición jurídica completa”.

Ha dicho de tiempo atrás la jurisprudencia, con apoyo en doctrina que ha decantado el concepto, que por normas sustanciales han de entenderse aquellas que “en razón de una situación fáctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas también concretas entre las personas implicadas en tal situación” (cas. civ., oct. 24/75, G.J. t. CLI, pág. 254, reproducida, entre otras más, en cas. civ., dic. 19/99. En similar sentido, entre otras, pueden citarse las sentencias de mar. 9/95, ago. 30, sep. 9 y dic. 9/99, sep. 3/2004, o autos de mar. 6/2013, exp. 68081-31-03-001-2008-00015-01, abr. 1º/2013, exp. 11001-3103-024-2007-00285-01, por citar algunos).

En complemento de lo anterior también ha reiterado la Corporación que

“..no tienen categoría sustancial, y, por ende, no pueden fundar por sí solas un cargo en casación con apoyo en la causal dicha, los preceptos legales que, sin embargo de encontrarse en los códigos sustantivos, se limitan a definir fenómenos jurídicos, o a descubrir los elementos de éstos, o a hacer enumeraciones o enunciaciones; como tampoco la tienen las disposiciones ordinarias o reguladoras de la actividad in procedendo” (ib.)

Bien sea que se trate de violación directa o indirecta de normas sustanciales, la enunciación copiosa de normas no cumple ningún propósito, porque desde 1991 fue legalmente suprimida la otrora denominada “proposición jurídica completa”. Y más allá del señalamiento de la norma sustancial, la exposición de los fundamentos de la acusación en forma clara y precisa (CPC, art. 374-3) impone que en el cargo se plasme un desarrollo argumentativo tendiente a demostrar la violación alegada, esto es, que en el cargo figure la explicación de porqué la norma que se señala fue infringida.

No cumple el recurrente su carga con la indicación de cualquier norma sustancial, pues lo que exige el precepto mencionado es que la de esa estirpe que se estime violada sea la base fundamental del fallo o haya debido serlo. Es decir, normas de derecho sustancial que “hagan relación con la controversia objeto del pleito y su decisión. Pero esta facultad no comprende la de escoger unas normas no sustanciales o unas normas que, aún siendo sustanciales no guardan ninguna relación con lo debatido en el pleito” (CSJ AC, nov. 24/94, rad. 5150, reproducido en providencias varias. Cfr. GJ CCXXXVII v. 1 Nº 2476, pág. 697, Auto nov. 26/96, exp. 6276; dic. 3/97, exp. 6853; abr. 10/2000, exp. 0484).

Cuando la violación de normas sustanciales ha sido la consecuencia de errores en el campo de las pruebas, de nada sirve si el censor se esfuerza en la demostración del error probatorio y deja de lado la finalidad de su ataque, cual es la de enlazar dichos yerros con la infracción normativa denunciada, es decir, la de mostrar cómo a consecuencia de esos yerros el juzgador violó las normas que fueron o han debido ser la base esencial del fallo, y, más puntualmente, la base esencial de su reproche.

De otra parte, es necesario precisar que si bien puede reconocerse que algunas normas de la Constitución Política pueden llegar a ser sustanciales, pues a consecuencia de ellas nacen, se modifican o se extinguen derechos entre sujetos implicados en una situación jurídica, tal como puede predicarse de aquellas que consagran derechos,

ello no implica que esa condición sea suficiente para considerar que su invocación en un cargo aducido en casación, conduzca indefectiblemente a colegir la aptitud del mismo, esto es a estimar que tales disposiciones sean normas sustanciales para efectos del recurso extraordinario de casación, toda vez que las normas constitucionales, por su naturaleza, están llamadas ser desarrolladas por la ley y, por consiguiente, son los preceptos de ésta, y no los de la Carta Política, los que se ocupan de regular el ejercicio de los derechos que de unas y otras se desprenden, de lo que se infiere que si una situación específica ha derivado en conflicto y el mismo ha sido llevado a decisión de los jueces, para solucionarlo ellos deben, por regla de principio, aplicar la ley, en tanto que es ella la que debe hacerse actuar en la búsqueda de la solución aplicable y, por ende, la que podría ser transgredida de manera inmediata.

En tal orden de ideas, en cuanto a controversias judiciales se refiere, la infracción de los preceptos constitucionales, en las circunstancias del caso, puede producirse en la medida en que en un determinado asunto se haya actuado con desconocimiento o en contravía de las normas legales que lo desarrollan, de lo que se desprende que mientras el quebranto de estas últimas ocurre primero y directamente, el de aquellos se da solamente por rebote o como reflejo de esa inicial vulneración (CSJ AC ago. 9/2010, rad. 11001-3103-018-2002-00198-01)

B. Aplicadas las anteriores nociones al cargo que se estudia, al rompe se aprecia que este ofrece en relación con la violación de las normas sustanciales anunciadas una explicación ciertamente precaria, si se tiene en cuenta que el precepto sobre el cual algo se dice, es el contenido en el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil (“las demandas que versen sobre bienes inmuebles, los especificarán por su ubicación, linderos, nomenclaturas y demás circunstancias que los identifiquen. No se exigirá la transcripción de linderos cuando estos se encuentren contenidos en alguno de los documentos anexos a la demanda”), que es netamente procesal y no se lo enlaza con las que se anunciaron también como de linaje sustancial e infringidas al comienzo del mismo, y que, por lo demás, quedaron sin desarrollo argumental alguno.

Como la labor principal de la Corte en orden a la verificación de la prosperidad de la primera causal de casación aducida, estriba en determinar si la infracción normativa denunciada en efecto se constata en la sentencia impugnada, tal laborío debe adelantarlo con base en lo que el cargo propone, sin completarlo de oficio, por la naturaleza dispositiva del recurso que impone al recurrente trazar el sendero por donde habrá de transitar la Sala en procura del quiebre del fallo. De suerte que habiendo escogido la vía indirecta de violación de normas sustanciales como consecuencia de errores de hecho cometidos por el sentenciador colegiado en determinadas pruebas, el censor no puede limitar su tarea a la demostración del yerro, sino que debe acreditar la trascendencia del mismo en la decisión adoptada a partir de la infracción de las normas que denuncia. Es claro que habiendo limitado su explicación a la trasgresión del artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, ninguna fundamentación suministró el cargo acerca de porqué, con lo yerros fácticos —referidos a la discrepancia del bien descrito en la demanda con las descripciones contenidas en otras piezas procesales—, se violaron los artículos 58 de la Constitución, 669, 740, 746 y 1757 del Código Civil; 76, 174, 177, 181, 236, 237, 241, 245 y 246 del Código de Procedimiento Civil.

Pero, en adición a lo anterior, un repaso a estas normas pone de presente que son meramente definitorias (arts. 669 y 740) o ajenas al ataque concreto que se desarrolla en el cargo (Constitución, art. 58 y C.C., art. 746) o probatorias y procesales (C.C., art. 1757 y CPC, arts. 174, 177, 181, 236, 237, 241, 245 y 246).

En lo que hace al artículo 58 de la Constitución Política, es de destacar, además, que el cargo no precisó a cuál de las diversas hipótesis que contiene dicha norma se refería la violación normativa que propone, pues tal canon superior no sólo garantiza la propiedad privada y los derechos adquiridos, sino que alude a otras facetas del derecho de propiedad y fenómenos afines, como la prelación del interés público o social sobre el privado, la función social y ecológica de la propiedad, la obligación del Estado de promover formas asociativas y solidarias de propiedad, la expropiación. En adición a lo anterior, resulta claro que todas esas enunciaciones se encuentran reguladas legalmente, siendo las normas legales y no la constitucional, las que en sede casacional deben ser invocadas como infringidas, según se memoró al comienzo.

C. Lo dicho es suficiente para deducir el fracaso del cargo, pero, al margen de ello, pertinente es precisar, de conformidad con lo que de antaño ha predicado esta Corporación (GJ SC CLII primera parte Nº 2393, pág. 24, ene. 22/76) que al tenor de lo dispuesto en el artículo 407 del Código de Procedimiento Civil.

… y según también los preceptos que en el Código Civil regulan la prescripción adquisitiva extraordinaria del dominio, ésta requiere para su prosperidad de la confluencia de los siguientes tres presupuestos, a saber: a) Que verse sobre una cosa prescriptible legalmente: b) Que sobre dicho bien ejerza por quien pretende haber adquirido su dominio una posesión pacífica, pública e ininterrumpida; y c) Que dicha posesión haya durado un tiempo no inferior a 20 años (C.C., arts. 2512, 2518, 2531 y L. 50/36, art. 19).

No ha requerido la jurisprudencia, porque en verdad ninguna norma así lo exige y repugna ello a la naturaleza de la posesión, que exista una matemática coincidencia en linderos y medidas entre el bien o porción del bien poseído y el que se encuentre descrito en el folio de matrícula inmobiliaria que debe aportarse al proceso —como lo exige el artículo 407 mencionado—. A fin de cuentas, la posesión de un bien inmueble es un fenómeno fáctico, que se concreta o materializa en la detentación con ánimo de dueño mediante actos inequívocos de señorío que se focalizan y extienden hasta donde llegan el animus y el corpus, con relativa independencia de medidas y linderos prestablecidos que se hayan incluido en la demanda, pues tales delimitaciones tan solo habrán de servir para fijar el alcance espacial de las pretensiones del actor, y, claro, deberán establecerse, con miras a declarar, si así procede, el derecho de propiedad buscado, hasta donde haya quedado probado, sin exceder el límite definido por el escrito genitor.

Debe pues, el actor-poseedor con aspiración a que se le declare propietario por usucapión, demostrar, entre otros aspectos, la posesión que ejerce sobre una cosa, la que por supuesto debe delimitar. Y fue lo que hizo el demandante de este proceso, cuando tomó como base lo que el certificado catastral decía en punto de su área y dirección, a más de afirmar que ese predio formaba parte de uno de mayor extensión cuyo certificado de matrícula adujo (50S-6015).

Tal delimitación sirvió a la sociedad demandada, la que figuraba como propietaria inscrita del bien en mayor extensión, para tener completa claridad, desde un comienzo, de qué porción de aquel se trataba, y por ello para replicar, en la contestación de la demanda, que ese predio pretendido —cuya propiedad no desconoció pues adujo que estaba pendiente de transferirla a un tercero— lo poseía José Leovigildo Nemocón al que pidió citar, tercero que se hizo parte (mediante intervención ad excludendum) y arguyó que quien se decía poseedor en realidad era tenedor, como administrador de José Ramiro Gamboa, a quien ese tercero le había transferido la tenencia del bien a título de arrendamiento.

Todo ello lo que comprueba, en últimas, es que nadie puso en duda la identidad material del bien y que estuviera comprendido dentro del de mayor extensión, lo que tan solo vino a ser cuestionado por la demandada con la aducción de un folio de matrícula (50C-1352751) con la contestación de la demanda del interviniente ad excludendum (fl. 159, cdno. 2) y con la aportación extemporánea de una escritura de desenglobe otorgada por la misma sociedad, para indicar que ese pretendido inmueble no hacía ya parte del que daba cuenta el certificado 50S-6015.

Sobre esto el Tribunal fue enfático: no se demostró esa afirmación pues los linderos, medidas y áreas del predio a que aluden el certificado de matrícula 50C-1352751 y la escritura 1107 del 12 de noviembre de 1993, otorgada en la notaría 21 de Bogotá —instrumento que fue allegado solo en la segunda instancia y cuyo ingreso regular al proceso como prueba nunca se dio— no coinciden con los datos de identificación del predio pretendido, insertos en la demanda. Y de esa afirmación, nada se dijo en el cargo, que se limita a intentar introducir desconfianza respecto de la plena certidumbre que reveló el ad quem en punto de la identidad, a la manera de un alegato de instancia.

Ante el fracaso del recurso de casación se impone condenar en costas a la impugnante, conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, las cuales deberá liquidar la Secretaría, incluyendo por concepto de agencias en derecho el valor que aquí se fijará, para lo que se tiene en cuenta que hubo réplica.

VI. Decisión

En mérito de las anteriores consideraciones, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 28 de febrero de 2011 dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el proceso de la referencia.

Se condena en costas del recurso de casación a la sociedad recurrente. Por concepto de agencias en derecho inclúyase la suma de seis millones de pesos ($ 6.000.000).

Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.»