Sentencia SC13813-2016 de noviembre 16 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC13813-2016

Rad. 11001 02 03 000 2013 02550 00

Magistrada Ponente:

Dra. Margarita Cabello Blanco

(Aprobado en sesión siete de septiembre de dos mil dieciséis)

Bogotá, D. C., dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. En línea de principio, en el territorio patrio, solo las decisiones emitidas por los jueces nacionales o las de los particulares facultados expresamente para ello, producen efectos; por tanto, bajo esa perspectiva, las sentencias de funcionarios extranjeros no podrán hacerse cumplir en el país, habida cuenta que resultaría afectada la soberanía del Estado.

No obstante, por diferentes circunstancias, se ha validado que esos fallos tengan plena aplicación en Colombia, siempre y cuando se sometan al cumplimiento de un mínimo de requisitos, a más de necesitar la autorización que expide la Corte Suprema de Justicia a través del trámite del exequátur.

2. El artículo 693 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, regulan esa posibilidad, al ordenar el primero de ellos que «Las sentencias y otras providencias que revistan tal carácter, pronunciadas en un país extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria, tendrán en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese país, y en su defecto la que allí se reconozca a las proferidas en Colombia».

De acuerdo con la norma trascrita, para que produzcan eficacia las providencias y/o sentencias extranjeras en nuestro ordenamiento es menester que, primeramente, el país de donde proviene la decisión objeto de validación, le brinde a las de los jueces nacionales similar tratamiento, ya sea como consecuencia de tratados bilaterales o multilaterales celebrados; o, en defecto de los mismos, por la existencia de reciprocidad legislativa.

Dicha directriz, en variadas ocasiones, ha sido precisada por la Corte en los siguientes términos:

“[...] en primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrado Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el país. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia [...]” (G. J. t. LXXX, pág. 464, CLI, pág. 69, CLVIII, pág. 78 y CLXXVI, pág. 309, reiterada en CSJ SC6143-2014, Rad. 2013-01441-00).

Por su parte, el canon 694 ibídem consagra requerimientos, tanto de forma, que atañen a la correcta incorporación al proceso de la decisión extranjera, la debida autenticación, traducción, legalización y ejecutoria de la misma; como de fondo, los cuales involucran aspectos relacionados con el contenido de la determinación, en la medida en que no pueden contradecir disposiciones de orden público interno, ni comprender asuntos que comprometan derechos reales sobre bienes que se hallen en el país, ni extenderse a conflictos de competencia exclusiva de las autoridades colombianas, como tampoco aquellos sometidos a proceso que se hallen en trámite o con sentencia en firme.

3. En el expediente contentivo de la petición de exequátur se tiene acreditado lo siguiente:

a. Sentencia del 25 de julio de 2012, emitida por el Juzgado Municipal de Frankfurt Am Main -Alemania, que declaró que «Christian Stiven Viáfara, nacido el 18/09/1990 en Cali / Colombia es adoptado por Manfred Raimund Becke, nacido el 24/09/1951 en Maguncia (Mainz) como hijo. Por tanto, el candidato a ser adoptado se convierte en el hijo común del adoptante y de María Teresa Viáfara-Becke» (Fls. 3 a 5).

b. Certificación del matrimonio celebrado el 20 de diciembre de 1992 entre los señores Manfred Raimund Becke y María Teresa Viáfara (Fls. 26).

c. Acta de nacimiento del señor Cristhian Stiven Viáfara, nacido el 18 de junio de 1990 en la ciudad de Cali y registrado por su madre María Teresa Viáfara (Fls. 31).

d. Copia del Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, suscrito en la Haya el 29 de mayo de 1993 (Fl. 63 a 70).

e. La Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores mencionó que:

“[...] la República de Colombia y la República Federal de Alemania son signatarios del “Convenio Relativo a la Protección de los Niños y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, suscrito en La Haya, el 29 de mayo de 1993. Al respecto, es importante mencionar que el Convenio fue aprobado por el Congreso de la República de Colombia mediante Ley 265 de 25 de enero de 1996, [...] entrando en vigor el 1 de noviembre de 1998 para el Estado colombiano” (Fl. 71).

f. El Cónsul General de Colombia en Frankfurt –Alemania adjuntó la contestación recibida por parte del Ministerio de Justicia de Hesse (Alemania), «así como la respuesta del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania sobre la normativa vigente que regula la ejecución de sentencias judiciales en materia de divorcio de matrimonio civil y reconocimiento de sentencias extranjeras, que reposa en esta oficina» en idioma foráneo (Fls. 72 a 89).

4. Al descender al estudio objeto de petición y de las pruebas obrantes en el expediente, se observa que el Ministerio de Relaciones Exteriores certificó que la República de Colombia y la República Federal de Alemania hacen parte del Convenio multilateral «Relativo a la Protección de los Niños y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional», suscrito en la Haya el 29 de mayo de 1993, sin embargo, por ser el presente trámite de exequatur concerniente con la adopción de un mayor de edad, dicha normativa no tiene aplicación en este puntual asunto, debido a que el Tratado citado se refiere a lo largo de toda su regulación a los «niños», circunstancia que a todas luces no se cumple en el presente caso, ya que el solicitante, quien es el adoptado, al momento de la emisión de la sentencia extranjera (25 de julio de 2012), era mayor de edad, pues tenía 22 años.

Por lo tanto, en el presente juicio, al no existir tratado que permita la homologación de sentencias en mención, surge la necesidad de certificar la reciprocidad legislativa y a ello debe proceder la parte accionante, atendiendo que es una carga procesal que le compete, con sujeción a las disposiciones contempladas en el artículo 188 del C. de P.C.

5. Aquella, sin embargo, no se encuentra plenamente acreditada en el proceso, toda vez que, si bien el Cónsul General de Colombia en Frankfurt agregó la contestación del Ministerio de Justicia de Hesse (Alemania) y la respuesta del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania «sobre la normativa vigente que regula la ejecución de sentencias judiciales en materia de divorcio de matrimonio civil y reconocimiento de sentencias extranjeras [...]», (Fls. 72 a 89), dichos textos no cumplen con las traducciones al idioma castellano, tal como lo reglamenta el artículo 260 del Código de Procedimiento Civil, en consonancia con lo estipulado por el canon 4º de la Resolución 7144 de 2015 del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Con referencia a la ausencia de traducciones exigidas por la ley, esta Corporación ha mencionado que:

“Pese a que la documentación debía allegarse traducida, como así se dispuso desde el comienzo, en auto de 9 de febrero de 2010, se requirió a la parte solicitante para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260 del Código de Procedimiento Civil, procediera a su traducción por intermedio de un intérprete oficial, en lo que fuere pertinente a la reciprocidad que se investiga y a las normas sustanciales y procesales que regulan el instituto del matrimonio en el país de origen, pero nada de ello se ha observado.

En consecuencia, frente a la incuria probatoria inmediatamente dicha, cuya carga indudablemente gravitaba en cabeza de la parte demandante, no queda alternativa distinta que negar la solicitud de exequátur, lo cual de por sí releva a la Corte del análisis de cualquier otra circunstancia” (CSJ STC 2 de julio de 2010. Rad. 2008-01339-00).

En estricta consonancia con lo precedente, fue requerido el extremo activo del proceso en tres oportunidades para que arrimara las versiones en castellano respectivas (autos del 25 de agosto de 2015, 2 de diciembre de 2015 y 10 de mayo hogaño), sin que se hiciera ninguna manifestación por parte de este.

6. Al respecto de la inactividad del accionante, ha expuesto la Corte que:

“[...] en esta clase de procedimientos, ha sido reiterativa la Corporación en el sentido de que a la gestora del exequátur le corresponde acreditar, totalmente, los requisitos que sean necesarios para la validez del fallo extranjero y, de no cumplir tal carga, no resulta procedente dicha solicitud. – (...), quien propugna por obtenerlo debe demostrar que se cumplen todas y cada una de las condiciones requeridas para el efecto, y, por consiguiente, una actitud pasiva o una actividad deficiente en ese sentido genera, sin más, la negación de la solicitud, (...)” (CSJ STC 3 de mayo. Rad. 2005-00031, reiterada en CJS STC 10 Ago. 2012. Rad. 2008-00897-00).

7. En consecuencia, frente a la incuria probatoria inmediatamente dicha, cuya carga indudablemente gravitaba en cabeza del promotor, no queda alternativa distinta que negar el exequatur solicitado.

IV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. NO CONCEDER el exequátur del fallo proferido el 25 de julio de 2012, por el Juzgado Municipal de Frankfurt Am Main (República Federal de Alemania), a través del cual se decretó la adopción de Christian Stiven Viáfara.

2. Sin costas en la actuación.

Notifíquese».