Sentencia SC14280 de octubre 21 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Fernando García Restrepo

SC14280-2014

Rad.: 76111-31-03-003-2003-00158-01

(Aprobado en sesión de 2 de septiembre de 2014)

Bogotá, D.C., veintiuno de octubre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. La eficacia casacional de todo cargo en el que se denuncie la infracción indirecta de la ley sustancial, como consecuencia de la comisión de errores de hecho en la apreciación de la demanda, de su contestación y/o de las pruebas del proceso, depende de que el ataque, por una parte, comprenda la totalidad de los genuinos argumentos en los que el sentenciador de instancia hubiese apoyado la decisión con la que finiquitó el proceso sometido a su conocimiento; y, por otra, que los desvirtúe, comprobando que sus inferencias en el campo de los hechos son contraevidentes, toda vez que chocan abiertamente con lo que objetivamente se desprende de los medios de convicción y que, por lo mismo, son resultado de rutilantes yerros fácticos en su ponderación.

Como ya lo tiene precisado la Corte, “el cargo fundado en el numeral 1º del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil debe estar debidamente enfocado y ser completo o, lo que es lo mismo, debe controvertir directamente la totalidad de los auténticos argumentos que respaldan la decisión combatida (CSJ, auto de 19 de diciembre de 2012, Rad. 2001-00038-01; se subraya).

A lo anterior se suma que las acusaciones del advertido linaje deben “reunir los siguientes requisitos: ‘a) el yerro ha de consistir en que el sentenciador hubiere supuesto prueba inexistente en los autos o ignorado la que sí existe en ellos, o adulterado la objetividad de esa agregándole algo que le es extraño o cercenando su real contenido; b) La conclusión de orden fáctico derivada del error debe ser contraevidente, vale decir, contraria a la realidad manifiestamente establecida por las pruebas en cuestión y, c) de ocurrir esto último, también es necesario que el yerro de apreciación conduzca al quebranto de los preceptos sustanciales llamados a gobernar la verdadera situación sub lite. A falta de cualquiera de los precitados requisitos, el fallo debe ser mantenido por la Corte’ (se subraya; G.J. CXXX, pág. 152, CCXXV, 37 y CCXXXIV, 200, y cas. civ. 30 de marzo de 2003, Exp. 7141, entre varias sentencias)” (CSJ, SC del 9 de febrero de 2004, Rad. 7577; se subraya).

2. La remembranza de las anteriores exigencias obedece a su insatisfacción en el caso que ahora ocupa la atención de la Sala, como pasa a examinarse.

2.1. Las siguientes fueron, en concreto, las razones en las que el ad quem asentó la falta de legitimación de la sociedad demandada que predicó, y que lo condujo a confirmar el fallo desestimatorio de primer grado:

2.1.1. Se demostró con la prueba documental allegada, que el bus de placa VAJ-526, “desde aproximadamente un año antes de la ocurrencia” del accidente sobre el que versó el litigio, realizaba el transporte de personas de manera informal, amén que ese hecho “fue reconocid[o] por [su] propietario (…) ante el Secretario de Tránsito el 18 de noviembre de 1999, cuando en visita practicada por dicho funcionario a las instalaciones de la empresa de transportes Cooptransguadalajara de Buga —cuya autorización de operaciones había sido revocada por la alcaldía de esa ciudad casi un año antes— manifestó (junto con otros propietarios de buses) que a pesar de dicha revocatoria ‘…nos vemos en la obligación de prestar el servicio de pasajeros a estas veredas…’ (fl. 263 fte. cdo. ib.), debido a la demanda de servicio de transporte por parte de los habitantes ‘de las veredas’ y las falencias que, según dijo, tiene la única empresa autorizada para esas rutas (Transbuga y Cía. Ltda)”.

2.1.2. No se comprobó la afiliación de ese automotor a la empresa de transporte demandada, mediante la celebración del correspondiente contrato, previa satisfacción de las exigencias consagradas en la ley (D. 171/2001, arts. 53, 54 y 65).

2.1.3. La circunstancia de que el seguro de responsabilidad para el transporte de pasajeros con el que se amparó el referenciado automotor, hubiese sido expedido por Seguros Colpatria S.A. en atención a solicitud que le hiciera la aquí accionada, no es, por sí sola, indicativa de que dicho vehículo, a la fecha del accidente en el que resultó lesionado el señor Jhon Fredy Mejía Cardona, estuviese “afiliado o vinculado”a ella.

2.1.4. “(…) en ausencia de la afiliación o vinculación del vehículo a una determinada empresa de transportes, corresponderá a la parte que reclama la indemnización probar cabalmente la existencia de ese poder de mando, uso o aprovechamiento. Y es incontestable que en el presente proceso brillan por su ausencia elementos probatorios que de manera fehaciente, como lo exige toda decisión judicial, acrediten -exempli gratia- la asignación de rutas a dicho bus (como planillas, controles de horarios), mantenimiento, reporte de ingresos, liquidación de utilidades, etc. (…) Solo existe un marco conjetural planteado por cierto apenas al sustentar el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, edificado en lo que la apoderada judicial de la parte actora calificó como pluralidad de indicios que en su sentir demostrarían, contrario a lo sostenido por el a-quo en aquella providencia, que el bus sí estaba ‘afiliado’ a la empresa de transporte demandada, pero que nada dicen en torno a la existencia del mencionado aprovechamiento, poder de uso y control del mando por parte de aquella en relación con el enllantado de marras (sic)”.

2.2. Ni siquiera apreciados en conjunto los dos cargos propuestos por el recurrente, se establece que los precedentes razonamientos del ad quem hubiesen sido confutados, pues las acusaciones se circunscribieron a lo siguiente:

2.2.1. En el cargo primero, su proponente, en forma reiterada, aseveró que el referido bus “sí estaba vinculado o afiliado informalmente” a la empresa demandada, como consecuencia del “conflicto de intereses” que se presentó entre ella y la Cooperativa de Transportadores Guadalajara de Buga.

En apoyo de esa afirmación, denunció la falta de apreciación de las siguientes pruebas:

a) La indagatoria rendida por el señor José Álvaro Sepúlveda Valderrama dentro de la investigación penal que por los mismos hechos se adelantó, en cuanto él se refirió allí a tal nexo (fls. 77 a 79, cdno. 3).

b) Los documentos relacionados con las notificaciones que en el curso de ese diligenciamiento se intentaron a dicho procesado en las dependencias de la sociedad demandada (fls. 118 y 124 a 127, cdno. 3).

c) La comunicación remitida el 12 de abril de 2005 por la Empresa de Transportes Buga & CÍA. Ltda al Juzgado del conocimiento, con la que dio respuesta al requerimiento que se le hizo en cumplimiento de la prueba oficiosa ordenada en el auto del 10 de noviembre de 2004 (fls. 101 y 102, cdno. 1), para que indicara las rutas que tenía autorizadas en la zona veredal del oriente de la ciudad y la documentación relacionada con el mencionado automotor, existente en sus archivos (fls. 249 a 253, cdno. 3).

d) El informe que el 30 de agosto de 2005 rindió el Secretario de Tránsito y Transportes de Guadalajara de Buga, también en acatamiento del decreto oficioso de pruebas atrás señalado, entre otros puntos, sobre los siguientes: los colores distintivos de la empresa demandada (crema, azul y rojo); que el vehículo en cuestión, no estaba autorizado para utilizarlos; que en sus archivos no reposa queja alguna de aquélla, relativa a la indebida utilización de esos colores por parte del referido automotor; y el significado de los “convenios de colaboración empresarial” entre trasportadores y la forma de su utilización (fls. 334 a 336, cdno. 3).

2.2.2. En la segunda censura, el impugnante le reprochó al tribunal que no hubiese admitido que el vehículo de placa VAJ-526 sí estaba vinculado con la empresa demandada, cuando tal hecho se infería de los siguientes elementos de juicio:

a) La póliza 470-0000204, como quiera que la inclusión en ella de ese automotor, obedeció a la solicitud que en tal sentido le elevó la accionada a Seguros Colpatria S.A., como se desprende de los documentos que obran del folio 27 al 31 del cuaderno 5.

b) El “aviso de siniestro” que se presentó a dicha aseguradora con ocasión del accidente sobre el que trató este proceso, habida cuenta que en él se relacionó ese vehículo como afiliado a la aquí demandada (fls. 15 y 16, cdno. 2).

c) Y los indicios relativos al objeto social de la convocada; la afiliación el 15 de abril de 1998 del bus a la Cooperativa de Transportadores de Gudalajara de Buga por parte de su propietario, señor José Álvaro Sepúlveda Valderrama; los colores distintivos de la demandada (crema, azul y rojo), que eran los que tenía el bus al momento de la colisión; y la anotación en el informe de accidentes de que el automotor portaba el “Logo de la Empresa Transportes Buga”.

3. Se sigue de lo antes expuesto, que el recurrente no controvirtió, o que no lo hizo exitosamente, los fundamentos en los que el tribunal cimentó su fallo y que, por lo tanto, no los desvirtuó, como a continuación se analiza.

3.1. En efecto, es claro que al censor no le mereció ningún comentario la consideración fáctica del tribunal relacionada con la demostración de que el bus de placas VAJ-526 desde, aproximadamente, un año antes a la fecha del accidente, realizaba la transportación de pasajeros de manera informal, ni la ponderación que esa autoridad hizo de los medios de convicción en los que soportó ese aserto, esto es, la documental que invocó y el reconocimiento de ese hecho por parte del señor Sepúlveda Valderrama en la diligencia que la Secretaría de Tránsito y Transportes practicó el 18 de noviembre de 1999.

3.2. Tampoco cuestionó la aseveración de que en el proceso no se acreditó la afiliación del mencionado bus a la empresa demandada, como quiera que no se comprobó la celebración del respectivo contrato, al punto que el censor, en los dos cargos que propuso, aludió a que ese automotor “sí estaba vinculado” con ella pero “informalmente”, queriendo significar que tal nexo fue consecuencia del “conflicto de intereses” que se suscitó entre esa empresa y la Cooperativa de Transportadores de Guadalajara de Buga, manifestación que comporta la aceptación por su parte de que afiliación, propiamente dicha, esto es, en sentido estricto, no hubo.

Se añade a lo anterior, que ningún alcance tiene para desvirtuar el referido planteamiento del tribunal, la manifestación del impugnante consistente en que de conformidad con “los decretos 826 y 1688 de 1954 y su resolución reglamentaria para la fecha en que ocurrieron los hechos, se dispuso a la agremiación empresarial del transporte de pasajeros para que hubiera responsables ante el gobierno y ante terceros por las respectivas indemnizaciones de los daños que causaran, sin que los contratos de afiliación de vehículos a las empresas designadas para ejercerlo requieran para su prueba un papel en el que así se haga constar dicha afiliación, formalidad no exigida, sino basta que se demuestre el cumplimiento de las normas contractuales contenidas en el Código Civil”, pues, como se aprecia, ella es oscura, imprecisa y demasiado general, por lo que lejos está de constituir un ataque certero en casación.

3.3. Ahora bien, en cuanto hace con el aseguramiento del vehículo por parte de Seguros Colpatria S.A., es del caso destacar que el ad quem aceptó expresamente que “el 2 de marzo de 2010 (tres meses antes del accidente), el subgerente de la empresa demandada solicitó incluir en la póliza de responsabilidad civil extracontractual a dicho enllantado, lo que dio lugar a que el día 9 de dicho mes y año efectivamente se expidiera la póliza 470-0000204 por parte de la mencionada empresa aseguradora”.

Tal postura descarta, per se, que el juzgador de segunda instancia hubiese desconocido ese hecho.

3.4. Cosa diferente es que dicha autoridad, de ese comportamiento de la accionada, no hubiese colegido que el bus estuviese afiliado o vinculado informalmente con ella, lo primero, porque consideró que la referida petición de aseguramiento era indicativa simplemente del “inicio” de las “gestiones encaminadas a la vinculación o afiliación del multicitado vehículo; pero en ningún caso de esta”; y, lo segundo, debido a que estimó que tal actuación no era suficiente para tener por comprobado que la aquí demandada tenía el “poder de mando, uso o aprovechamiento” del automotor.

Y es que, en verdad, de la solicitud que la Empresa de Transportes de Buga & Cía. Ltda. le hizo a Seguros Colpatria S.A. para que asegurara el vehículo de que se trata, no podía, ni puede, inferirse que él estuviese afiliado en sentido estricto o “vinculado informalmente”con aquélla, toda vez que esa petición no es indicativa de la existencia de alguno de tales nexos, lo que descarta que el tribunal cometiera error de hecho al negar su comprobación.

3.5. Ya en lo que toca con la falta de demostración del “poder de mando, uso o aprovechamiento” del bus por parte de la accionada, establece la Corte que los planteamientos del recurrente no alcanzan a remover ese juicio de la corporación sentenciadora.

Al respecto, basta señalar que valoradas individualmente y en conjunto la totalidad de las pruebas que el casacionista mencionó como preteridas o incorrectamente apreciadas por el ad quem, se concluye que de ellas no se desprende la comprobación que echó de menos el tribunal.

Ciertamente, que en los archivos de la demandada milite la documentación que ella relacionó en la comunicación que obra del folio 249 al 253 del cuaderno 3; o que en la indagatoria que rindió el señor Sepúlveda Valderrama dentro de la investigación penal que por los mismos hechos se adelantó, él hubiese declarado que el bus que conducía estaba vinculado con la Empresa de Transportes Buga & CÍA. Ltda.; o que según los informes visibles a folios 118 y 124 a 127 de ese mismo cuaderno, la notificación del mencionado procesado se intentó en las dependencias de dicha sociedad; o que la póliza de seguros ya relacionada, se hubiere expedido por solicitud de la nombrada accionada; o que en el “Aviso de siniestro” presentado a Seguros Colpatria S.A., con ocasión del choque en cuestión, se dijera que el bus que lo provocó estaba afiliado a la citada empresa, no son circunstancias de las que pueda colegirse que ese automotor estaba “vinculado informalmente” con la que se convocó a este proceso y que, en tal virtud, aquella ejercía control de la actividad desarrollada con ese aparato o de alguna manera se beneficiaba de la misma.

3.6. Igual prédica cabe hacerse en relación con los indicios que el recurrente relacionó en el cargo segundo.

Ni el objeto social de la accionada; ni la afiliación del bus a la Cooperativa de Transportadores de Guadalajara de Buga; ni el supuesto “conflicto de intereses” que se presentó entre ésta y la aquí demandada; ni que ese automotor al momento del accidente tuviera los colores distintivos y el “logo” de ella; ni la ya comentada expedición de la póliza 470-0000204, son hechos indicadores de la existencia de un nexo informal en desarrollo del cual pueda colegirse que Transbuga & Cía. Ltda. sea la llamada a responder por los daños que con ese automotor se causaron a los actores.

Así las cosas, es ostensible, pues, que el tribunal no incurrió en ningún desatino fáctico cuando arribó a la conclusión de que ahora se trata.

4. No habiendo desvirtuado el recurrente los fundamentos en los que se apoyó el ad quem para definir el presente proceso como lo hizo, se sigue de ello el fracaso de los cargos que propuso y que, por lo mismo, la sentencia impugnada no está llamada a quebrarse.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 9 de noviembre de 2010, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Guadalajara de Buga, Sala Civil - Familia, en el proceso que se dejó plenamente identificado en los comienzos de este proveído.

Costas en casación a cargo del recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de $6.000.000, habida cuenta que la parte demandada replicó el libelo con el que se sustentó dicho recurso extraordinario. La Secretaría de la Sala elabore la correspondiente liquidación.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad, devuélvase el expediente al tribunal de origen».