Sentencia SC14425-2016/2007-01666 de octubre 10 DE 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.: 11001-02-03-000-2007-01666-00

SC14425-2016

Magistrado Ponente:

Dr. Ariel Salazar Ramírez

(Aprobado en sesión de siete de septiembre de dos mil dieciséis)

Bogotá, D.C., diez de octubre de dos mil dieciséis.

La Corte resuelve el recurso extraordinario de revisión formulado por el municipio de Villeta contra la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca dentro del proceso ordinario adelantado por Gabriel Molina Ortega.

I. Antecedentes

A. La pretensión

Con fundamento en la causal primera del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, el recurrente pretende que se invalide el fallo objeto de revisión. En su lugar, se confirme la providencia proferida por la juez a quo y se cancele el folio de matrícula inmobiliaria 156-105981 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Facatativá.

B. Los hechos

1. Gabriel Molina Ortega demandó a la Compañía Parceladora Ltda., Arturo Rojas Gaitán, Marcolino Velásquez, María Oliva Rivera, Gloria Alcira Murcia, Edmundo Guarín M., Ana María Ramírez, Carlos Augusto Gutiérrez M., Nicolás Beltrán Franco, Hermelinda García de Castro, Alfonso Posada Sánchez, Jorge Enrique Albarracín Amaya, Gilma Susana Barreto de Albarracín, Miguel Antonio Rodríguez Contreras, Manuel Antonio Florez M. y Jorge Enrique Hernández León y personas indeterminadas, a fin de que se declarara que adquirió por el modo de la prescripción extraordinaria, el derecho de dominio del inmueble ubicado en la transversal 1 Nº 2 A -18 del municipio de Villeta, Cundinamarca (fl. 13, cdno. 1).

2. En sustento de sus pretensiones, afirmó que desde el año 1970, su padre, José Miguel Molina, ejerció la posesión quieta, pacífica, pública e ininterrumpida sobre el predio hasta su fallecimiento, acaecido en 1988, época desde la cual él ha sido el único poseedor (fl. 14, cdno. 1).

3. Mediante auto de 10 de octubre de 2001, el Juzgado Civil del Circuito de Villeta admitió la demanda, ordenó la notificación de los demandados y el emplazamiento de las personas que creyeran tener derechos sobre el bien (fl. 21, cdno.1).

4. El curador ad litem designado para la representación de los últimos contestó el libelo sin manifestar oposición al petitum (fl. 43, cdno. 1).

La Compañía Parceladora Ltda. guardó silencio dentro del término de traslado. (fl. 50, cdno. 1).

5. A la inspección judicial practicada acudió el apoderado judicial del municipio de Villeta, y alegó que el terreno era de uso público por corresponder a la “zona de protección de la quebrada de Cune” (fl. 92, cdno. 2).

6. La juez a quo negó las pretensiones de la demanda, porque el predio no era susceptible de adquirirse por vía de usucapión, pues se trataba de un bien que el artículo 83 del Decreto 2811 de 1974 declaró de uso público (fl. 65, cdno. 2).

7. Contra la anterior decisión, el demandante interpuso el recurso de apelación (fl. 68, cdno. 2).

8. El Tribunal, en sentencia de 21 de noviembre de 2005, revocó lo resuelto y accedió a lo pedido en la demanda. Consideró que el inmueble sí era susceptible de adquirirse por prescripción, porque la posesión inició en el año 1970, esto es, antes de la vigencia del Decreto 2811 de 1974, por lo que para ese momento el fundo “se encontraba en el dominio privado”. Agregó que concurrieron los demás requisitos sustanciales para la prosperidad de la pretensión (fl. 54, cdno. 4).

9. El 18 de mayo de 2006, el ad quem corrigió el fallo para señalar correctamente el segundo apellido del demandante (fl. 75, cdno. 4).

10. La sentencia y la providencia posterior se inscribieron en el folio de matrícula inmobiliaria 156-105981 (fl. 65, cdno. Corte).

11. El municipio de Villeta formuló recurso de revisión, porque después de proferida la sentencia del ad quem, encontró la escritura pública 108 de 3 de abril de 1963, otorgada ante la Notaría Única del Círculo Notarial de Villeta, mediante la cual la sociedad Parceladora Ltda., propietaria del predio de mayor extensión dentro del cual está comprendido el ocupado por Gabriel Molina Ortega, le hizo cesión gratuita de unas áreas de terreno, entre las que se encuentra la correspondiente a ese predio (fl. 67, cdno. Corte).

C. El trámite del recurso extraordinario

1. Admitida la demanda de revisión, se ordenó su traslado a quienes fueron parte en el proceso ordinario (fl. 96, cdno. Corte).

2. Al contestar el libelo, Gabriel Molina Ortega se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones de “improcedencia de la causal primera» y «caducidad del recurso” además de la que denominó “genérica”. Alegó que el documento mencionado no se aportó al proceso por negligencia, y que operó la caducidad porque su notificación se realizó después del vencimiento del término establecido en el artículo 381 del estatuto adjetivo, en concordancia con lo reglado en el artículo 90 ejusdem (fl. 152).

La Compañía Parceladora Ltda. en liquidación permaneció silente (fl. 184).

El curador ad litem de los emplazados en el juicio formuló las excepciones de “caducidad y prescripción de la acción” y la “genérica” (fl. 207).

3. Mediante proveído de 5 de junio de 2013, se decretaron las pruebas solicitadas (fl. 211).

4. Dentro de la oportunidad concedida a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión, estas se ratificaron en sus posiciones (fl. 262).

II. Consideraciones

1. El recurso de revisión ha sido concebido como un medio de impugnación de naturaleza excepcional, extraordinaria y taxativa, de ahí que su procedencia se concreta a los casos en los que la controversia fue dirimida por medios injustos, los cuales constituyen hechos nuevos y distintos a los que debieron ser expuestos y analizados en las instancias.

Es una excepción al principio de inmutabilidad de las sentencias cuya finalidad es hacer prevalecer la justicia, y dispensar protección al derecho de defensa de los intervinientes y a la cosa juzgada material producida por un fallo anterior.

En tales eventos —explica Chiovenda— “Nada ofende en sí a la razón, que la ley admita la impugnación de la cosa juzgada; pues la autoridad misma de la cosa juzgada no es absoluta y necesaria, sino que se establece por consideraciones de utilidad y oportunidad; de tal suerte que esas mismas consideraciones pueden a veces aconsejar que sea sacrificada, para evitar la perturbación y el daño mayores que se producirían de conservarse una sentencia intolerablemente injusta”(1).

En virtud de su carácter limitado, ha sostenido esta corporación que “Los vicios que pueden dar lugar a la anulación de una sentencia a través del recurso de revisión, han de manifestarse necesariamente en relación con situaciones o hechos producidos o conocidos con posterioridad al pronunciamiento del fallo que se pretende aniquilar, precisamente porque el desconocimiento de estos hechos por el juez al dirimir el conflicto le impidió dictar una sentencia justa”. (CSJ SC, 18 Jul. 1974, G.J. CXLVIII, p. 180), de ahí que “los errores de juicio atañederos con la aplicación del derecho sustancial, la interpretación de las normas y la apreciación de los hechos y de las pruebas que le pueden ser imputados al sentenciador (…)” resultan ajenos a este instrumento (CSJ SC, 22 Sep. 1999, Rad. 7421).

No sirve dicha herramienta para que “los litigantes remedien errores cometidos en el proceso en que se dictó la sentencia que se impugna”; por eso, les está vedado “el replanteamiento de temas ya litigados y decididos en proceso anterior” y pretender “corregir los yerros jurídicos o probatorios que hayan cometido”, así como “mejorar la prueba mal aducida o dejada de aportar”, ni utilizarla como “una nueva oportunidad para proponer excepciones o para alegar hechos no expuestos en la causa petendi” (CSJ SC, 1º Jul. 1988, G.J. T. CXCII, No. 2431, p. 9; CSJ SC, 29 Nov. 1995, Rad. 5297; CSJ SC, 5 Dic. 2008, Rad. 2005-00008-00; CSJ SC6496, 27 May. 2015, Rad. 2011-01550-00, entre otras).

2. El recurso formulado por el ente territorial denunció la transgresión de las disposiciones constitucionales y legales que prohíben la prescripción adquisitiva de bienes del Estado, pues indicó que el juzgador ad quem declaró la pertenencia a favor del demandante sobre un terreno que es de uso público, tanto por la cesión realizada a su favor, como por estar en zona de protección de un cuerpo hídrico, quebranto que, de comprobarse, habría dado lugar a que se mutara la naturaleza pública, imprescriptible e inalienable de dicho bien, y a una violación del ordenamiento jurídico que no es de poco valor, pues tiene capacidad suficiente para poner en crisis la legitimidad del sistema de adquisición de bienes jurídicamente tutelado.

En razón de lo anterior, es necesario que la Sala aborde los temas sustanciales que le permitirán resolver el recurso, en el orden que a continuación será expuesto.

3. La caducidad de la impugnación extraordinaria:

3.1. El ordenamiento procesal no autoriza cuestionar la inmutabilidad y cosa juzgada de las sentencias judiciales en cualquier momento, sino que en consonancia con el principio de eventualidad o de preclusión, cuya finalidad es la de evitar controversias interminables y estados de incertidumbre indefinidos que impidan dirimir las controversias de manera definitiva, ha establecido una oportunidad para hacerlo.

El artículo 381 del Código de Procedimiento Civil, norma que se encontraba vigente a la fecha de presentación de la demanda, señala el tiempo oportuno de formulación del recurso de revisión, el que, como regla general, es de dos años siguientes a la ejecutoria de la respectiva providencia.

Normalmente, el vencimiento de dicho plazo, impide que pueda promoverse la impugnación, y se impone el rechazo del libelo, si expirado este, la acción no ha sido propuesta (inc. cuarto, art. 383 C.P.C.).

Tratándose de la causal alegada en este asunto, es decir la que consagra el numeral 1º del artículo 380 del estatuto adjetivo, al tenor de lo previsto en el inciso 1º del precepto siguiente, “el recurso podrá interponerse dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia”.

No obstante, aun si la demanda ha sido presentada en la oportunidad establecida por el legislador, la caducidad puede sobrevenir como consecuencia de la falta de notificación del auto que la admite dentro del término contemplado en el artículo 90 ejusdem.

“Pues bien, como el trámite de la acción de revisión —ha dicho la Sala— configura un verdadero proceso y no apenas una etapa de aquel en que la sentencia acusada se profirió, la disposición consagrada en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil reclama plena aplicación, de suerte que, como los términos establecidos en el artículo 381 ibídem son de caducidad (entre otras, Sent. de 19 de noviembre de 1976 T. CLII, pág. 505, Sent. 188 de 20 de agosto de 1991 y Sent. de 24 de septiembre de 1996, Exp. 4033), se erige como requisito para que se pueda resolver de fondo el recurso extraordinario de revisión, la verificación sobre la tempestiva notificación de todos los sujetos procesales, dada la naturaleza necesaria del litisconsorcio que entre ellos tiene ocurrencia, lo cual deriva del requisito señalado en el numeral 2º del artículo 382 del pluricitado estatuto procesal” (CSJ SC, 20 May. 2011, Rad. 2005-00289-00).

Luego, si el juzgador advierte que a la radicación del libelo la caducidad está consumada, procede su rechazo in limine; en cambio, si el plazo para la interposición no ha vencido, “para que la presentación oportuna de la demanda impida que el término de caducidad continúe corriendo, al recurrente le corresponde cumplir con la ‘carga de notificación al demandado dentro del término del artículo 90’ del Código de Procedimiento Civil, pues si la inobserva, ‘pierde la presentación de la demanda aquel efecto inicial, porque la caducidad ya no se detendrá sino cuando efectivamente se notifique al demandado; hipótesis ésta que alude a una consumación de caducidad sobreviniente, la que por razones obvias, ha de ser analizada y decidida en la sentencia misma con que concluya el trámite de la revisión” (CSJ SC, 18 Oct. 2006, Rad. 7700).

3.2. Germán Molina Ortega, demandante de la prescripción adquisitiva, y el curador ad litem de las personas que fueron emplazadas en este trámite, plantearon como excepción de mérito la de “caducidad del recurso” y “caducidad y prescripción de la acción” respectivamente, fundada en que aunque el libelo fue radicado ante la Corte en forma tempestiva, el recurrente no cumplió la carga procesal de notificar a las personas que fueron parte en el proceso de pertenencia, dentro del año siguiente a la notificación, que a dicho ente territorial, se le hizo de la providencia admisoria, conforme a lo previsto en el artículo 90 del estatuto procesal.

Las providencias judiciales, según prescribe el artículo 331 de la codificación procesal, “quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos”.

La sentencia reprochada se profirió el 21 de noviembre de 2005 y fue notificada por edicto que se desfijó el día 29 de ese mismo mes y año, por lo que alcanzó ejecutoria el 2 de diciembre de 2005.

El municipio de Villeta presentó la demanda de revisión el 7 de octubre de 2007, es decir, dentro del término establecido por el inciso primero del artículo 381 del estatuto procesal, y fue admitida en auto de 13 de mayo de 2008, que se notificó al demandante por anotación en estado de 15 de octubre siguiente.

La notificación del auto admisorio a las partes del proceso de pertenencia que fueron citadas al trámite de revisión se realizó de la siguiente forma: El 15 de noviembre de 2012 a Gabriel Molina Ortega (fl. 146); el 13 de noviembre de 2012 a Parceladora Ltda. en liquidación (fl. 177), y el 14 de mayo de 2013 al curador ad litem de las personas llamadas al proceso a través de emplazamiento y de los indeterminados (fl. 204).

En principio operaría la caducidad, si no fuera porque la controversia gira en torno de la naturaleza jurídica del inmueble, razón por la que, de aceptarse el contenido de la sentencia recurrida por vía de declarar que se extinguió la oportunidad para acudir al recurso extraordinario, se produciría un grave quebranto del ordenamiento jurídico, capaz de poner en crisis la legitimidad del sistema de derecho patrimonial.

Lo anterior, por cuanto, tal como lo explicó esta Sala, “la premisa fundamental e inquebrantable sobre la cual se asienta todo el régimen de adquisición e intercambio de bienes económicos afirma que solo los bienes que no son del Estado, son susceptibles de posesión por los particulares”, y agregó:

“(…) Este postulado se encuentra consagrado en el artículo 63 de la Constitución Política, el 674 del Código Civil, el 2519 ejusdem y el 407-4 del estatuto procesal, preceptos que en cuanto permiten establecer las relaciones y diferencias entre bienes públicos y privados se erigen en criterio de ordenación del régimen jurídico de adquisición y transmisión de los bienes.

El Derecho Privado Patrimonial —explica Díez-Picazo—es la parte del derecho civil que comprende las normas y las instituciones a través de las cuales se realizan y ordenan las actividades económicas de las personas. En cuanto tal, encarna la voluntad del Estado para organizar, mediante reglas de derecho, los puntos claves del modelo económico previsto en la Constitución, siendo el primero de ellos la definición de los bienes económicos que son susceptibles de ser poseídos por los particulares. De ahí que el régimen patrimonial privado dependa del reconocimiento jurídico del ámbito de apoderamiento económico que una persona puede ejercer sobre las cosas, el cual se encuentra limitado por las restricciones que la ley impone a su libertad de iniciativa privada, tales como la función social y ecológica de la propiedad, la movilización de la riqueza en favor del interés general, los bienes reservados al dominio o uso público, los bienes comunales, etc.

Las normas que señalan el orden económico de la sociedad permiten resolver la tensión relacional entre los derechos particulares y los bienes públicos, por lo que son reglas básicas institucionales que también, desde un punto de vista individual, pueden llegar a ser derechos subjetivos. Tales disposiciones son de orden público, indisponibles e irrenunciables por los representantes del Estado y, por ello, su invocación mediante las acciones judiciales respectivas no está limitada por términos de prescripción o caducidad.

Una decisión judicial que vaya en contra de esas reglas básicas institucionales constituye una decisión ilegítima, extraña al sistema jurídico, inoponible a los intereses del Estado, y no está amparada por términos de caducidad, dado que no es posible que un instituto que tiene como función práctica la preservación de la seguridad jurídica termine cumpliendo el propósito contrario, esto es socavar la estabilidad del sistema de derecho.

Tal decisión no está dentro del marco de condiciones que fija la ley para la solución de una situación concreta jurídicamente previsible, sino que se encuentra por fuera de todo lo que el sistema jurídico contempla como posible; es, sin lugar a dudas, una providencia que por contrariar las normas básicas que constituyen los pilares del ordenamiento constitucional y legal, el interés público y la estabilidad del sistema de derecho, jamás podrá llegar a legitimarse mediante la operancia de la caducidad.

No es, por tanto, jurídicamente posible que la caducidad otorgue los atributos de inimpugnabilidad e inmutabilidad a una decisión que de ninguna manera puede ser oponible a los intereses del Estado, porque la caducidad no es un axioma o criterio absoluto aplicable en todos los casos como fin en sí mismo y sin ninguna otra consideración, sino que obedece a unos criterios superiores que imprimen autoridad, validez y coherencia al contenido del fallo (CSJ SC1727, 15 Feb. 2016, Rad. 2004-01022-00).

3.3. Las consideraciones precitadas permiten concluir que la impugnación extraordinaria interpuesta en este caso no es susceptible del término extintivo que adujeron los intervinientes en el trámite de revisión, porque, de constatarse el quebranto denunciado en ella, no podría la Corte reconocer inmutabilidad y legitimidad a una sentencia que lesionaría gravemente los principios supremos del ordenamiento positivo, en lo que respecta al régimen de adquisición y transmisión de los bienes que son susceptibles de posesión o dominio privado.

Reíterase en esta oportunidad que las normas que describen el carácter inalienable, imprescriptible e inembargable de los bienes de dominio público, tales como el artículo 63 de la Constitución Política, el 674 del Código Civil, el 2519 ejusdem, y el 407 numeral 4º del estatuto procesal tienen un innegable carácter superior en relación con el precepto instrumental que señala el término de caducidad para interponer la revisión (art. 381 C.P.C.), y tienen primacía dentro del ordenamiento jurídico, porque prefiguran todo el régimen de adquisición de bienes.

Si la sentencia cuestionada por este medio, declaró a favor de un particular la pertenencia de un bien de dominio público que hace parte de una zona de protección ecológica, fundamental para la preservación del medio ambiente, sería una decisión que escapa al régimen jurídico de los bienes del Estado, y por lo tanto, no amparada por ningún término de caducidad.

En ese supuesto, ninguna razón se opone a que el Estado haga valer sus prerrogativas inalienables frente a una decisión que se encuentra por fuera del ordenamiento constitucional y legal, toda vez que la defensa del patrimonio público y la protección del medio ambiente son garantías de insuperable connotación en el Estado social de derecho.

Es claro que en aras de salvaguardar —no los derechos del municipio— sino el interés general de la población colombiana y para evitar la afectación de los intereses de la comunidad, dicho ente territorial puede cuestionar en esta sede extraordinaria, aquellas sentencias que de manera irregular sustraigan bienes de propiedad de la Nación, sin quedar atado al comentado término de caducidad.

Sería paradójico que so pretexto de preservar una seguridad jurídica que en este caso socavaría la estabilidad del sistema de derecho, un bien que resulte ser de uso público pase al dominio particular a pesar de su imprescriptibilidad e inalienabilidad reconocidas por el ordenamiento jurídico.

Por lo discurrido hasta ahora, atendiendo que lo que está en discusión en el recurso extraordinario es la naturaleza jurídica del bien objeto de la declaración de pertenencia y es necesario establecer si, tal como se afirmó en la demanda, no era susceptible de apropiación privada por su carácter de público, se impone declarar no fundada la excepción de “caducidad” que formularon los intervinientes en este trámite.

4. Los bienes de dominio del Estado:

Respecto de las distinciones en materia de la propiedad inmobiliaria, la Sala sostuvo lo siguiente:

“Entre las clasificaciones que nuestro sistema jurídico hace de los bienes, se encuentra la distinción entre bienes susceptibles de dominio particular y bienes de dominio o de uso público. Esta diferenciación se remonta al Derecho Romano, que distinguía entre cosas que pueden entrar al patrimonio privado y cosas por fuera de él.

Desde aquella época hasta nuestros días las cosas públicas han estado por fuera del régimen de la propiedad privada, siendo su titular el Estado.

Así lo dispone el artículo 102 de nuestra Constitución Política, a cuyo tenor: “El territorio, con los bienes públicos que de él forman parte, pertenecen a la nación”. Y más adelante, el artículo 332 ibídem señala: “El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes”.

Por su parte, el artículo 674 del Código Civil estatuye: “Se llaman bienes de la unión aquellos cuyo dominio pertenece a la República. Si además su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos, se llaman bienes de la Unión de uso público o bienes públicos del territorio. Los bienes de la Unión cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes, se llaman bienes de la Unión o bienes fiscales”.

La potestad del Estado sobre las cosas, sin embargo, no se limita a los bienes que son de su propiedad, sino que ejerce además un dominio eminente sobre todo el territorio nacional en razón a su soberanía. Este concepto no excluye el de propiedad privada, porque no se refiere a la titularidad sobre las cosas, sino a un poder de ordenación sobre los bienes que se encuentran dentro de los límites del Estado (Art. 101 C.P.), bien sean de propiedad pública o privada.

Actualmente, la definición de bien público va más allá de la tradicional clasificación que se hacía de las cosas a partir de la titularidad que el Estado o los particulares ejercen sobre ellas, para incluir también elementos que conciernen a la afectación o destinación de los bienes según las necesidades y fines del Estado social de derecho y de la función social que cumple la propiedad. A tal respecto, la Corte Constitucional explica:

Existe un tercer grupo de propiedad, normalmente estatal y excepcionalmente privada, que se distingue no por su titularidad sino por su afectación al dominio público, por motivos de interés general (art. 1º C.P.), relacionados con la riqueza cultural nacional, el uso público y el espacio público.

Los bienes que deben comprenderse en el dominio público se determinan no solo por las leyes que califican una cosa o un bien como de dominio público; además es necesario que concurra el elemento del destino o de la afectación del bien a una finalidad pública; es decir, a un uso o a un servicio público o al fomento de la riqueza nacional, variedades de la afectación que, a su vez, determinan la clasificación de los bienes de dominio público (Sentencia T-292 de 1993).

Los bienes públicos (de propiedad pública, fiscales, de uso público o afectados a uso público), están desligados del derecho que rige la propiedad privada, y en cuanto tales comparten la peculiaridad de que son inembargables, imprescriptibles e inalienables.

En efecto, el artículo 63 de la Constitución Política señala: “Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables”.

A su vez, el artículo 2519 del Código Civil, preceptúa: “Los bienes de uso público no se prescriben en ningún caso”.

De igual modo, el numeral 4º del artículo 407 del Código de Procedimiento Civil señala: “La declaración de pertenencia no procede respecto de bienes imprescriptibles o de propiedad de las entidades de derecho público” (CSJ SC1727, 15 Feb. 2016, Rad. 2004-01022-00; el énfasis en algunos apartes es del texto).

5. Los recursos naturales y del medio ambiente:

Se trata de una clase particular de bienes que gozan de especial protección por parte del Estado por su relación con la conservación del medio ambiente y el manejo, aprovechamiento, desarrollo sostenible, conservación, restauración y sustitución de los recursos naturales.

El Decreto 2811 de 1974, que contiene el “Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente”, se funda, según así lo preceptúa el artículo 2º, en el principio de que “el ambiente es patrimonio común de la humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos”, razón por la cual “El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo”, que son de utilidad pública e interés social. La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés social”.

El compromiso del Estado y de los particulares frente a la protección del medio ambiente se consagró en la Carta Política de 1991, que tiene una clara concepción ecologista, y muestra de ellos las previsiones contenidas en los artículos 2º, 8º, 49, 58, 67, 79, 80 y 95 (numeral 8º), conjunto normativo de que la jurisprudencia constitucional ha dicho:

“(…) mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son titulares todas las personas —quienes a su vez están legitimadas para participar en las decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su conservación—, por la otra se le imponen al Estado los deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente, y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas de frontera (C.C., C-431-00, 12 Abr. 2000, Rad. D-2589).

De acuerdo con el artículo 3º del Decreto 2811 citado, son recursos naturales renovables: la atmósfera y el espacio aéreo nacional; las aguas en cualquiera de sus estados; la tierra, el suelo y el subsuelo; la flora; la fauna; las fuentes primarias de energía no agotables; las pendientes topográficas con potencial energético; los recursos geotérmicos; los recursos biológicos de las aguas y del suelo y el subsuelo del mar territorial y de la zona económica de dominio continental e insular de la república; y, los recursos del paisaje.

Algunos de los recursos naturales son bienes de dominio público; otros, sin embargo, pueden ser de dominio privado, tal como lo previenen los artículos 4º y 43 de esa regulación, a cuyo tenor: “Se reconocen los derechos adquiridos por particulares con arreglo a la Ley sobre los elementos ambientales y los recursos naturales renovables”.

Sin embargo, esos preceptos estatuyen que en cuanto a su ejercicio, tales derechos “estarán sujetos a las disposiciones de este Código”.

La exequibilidad de esas disposiciones fue declarada por la Corte Constitucional de manera condicionada, pues debía entenderse que “conforme al artículo 58 de la Constitución, la propiedad privada sobre los recursos naturales renovables está sujeta a todas las limitaciones y restricciones que derivan de la función ecológica de la propiedad” (CC, C-126, 1º Abr. 1998, Rad. D-1794).

En el citado pronunciamiento de control de constitucionalidad se indicó que “(…) se entiende que cuando el artículo 4º de ese mismo estatuto reconoce “los derechos adquiridos por particulares con arreglo a la ley sobre los elementos ambientales y los recursos naturales renovables”, está aceptando también la propiedad que algunos particulares pueden haber adquirido sobre determinados recursos naturales (…)”.

Y añadió:

“La Constitución establece límites a la propiedad privada sobre ciertos bienes. Así, frente a determinados bienes, el ordenamiento puede establecer una reserva al dominio privado, pues la Carta establece que determinados bienes son inembargables, imprescriptibles e inalienables (CP art. 63). Igualmente la Constitución establece que los recursos no renovables o que se encuentren en el subsuelo son propiedad del Estado, sin perjuicio de los derechos adquiridos con arreglo a las leyes preexistentes (CP art. 322). Sin embargo, en la medida en que la Constitución reconoce de manera genérica la propiedad privada (CP art. 58), se entiende que en principio ésta puede recaer sobre los recursos naturales renovables, que no hayan sido sometidos por la ley a la reserva de dominio privado previstas por la Carta (CP art. 63).

Luego, en el ordenamiento jurídico colombiano es posible que los recursos naturales renovables y las zonas necesarias para su protección sean de propiedad privada, aunque eso puede conllevar ciertas limitaciones o restricciones.

6. Los recursos hídricos no marítimos y las zonas aledañas protectoras:

Dentro de la categoría de recursos naturales y del medio ambiente, protegidos por el ordenamiento jurídico, se encuentran los relacionados con los cuerpos de agua y las áreas contiguas.

Históricamente, lo atinente a la propiedad, uso y aprovechamiento de las aguas continentales ha sido objeto de regulación especial, pero no todos los elementos ambientales relacionados con estas han sido considerados por el legislador como de dominio público; por el contrario, algunas de las zonas vinculadas a los cuerpos hídricos son susceptibles de propiedad privada, aunque en el ejercicio de su derecho de dominio, el propietario debe respetar las limitaciones impuestas por la ley para la protección de los recursos naturales y el favorecimiento de actividades económicas como la navegación y la pesca.

Es así como el Código Fiscal de 1873(2) consideraba baldíos y en consecuencia de propiedad nacional “2. Las márjenes de los ríos navegables no apropiadas a particulares con título lejítimo” (sic) (artículo 878)(3).

En la transición a la época republicana, el primer antecedente normativo de aplicación nacional lo constituyó la Ley 57 de 1887 sobre “adopción de códigos y unificación de la legislación nacional”, que adoptó para la República de Colombia el Código Civil sancionado el 26 de mayo de 1873 mediante la Ley 84 de ese año, el cual en su artículo 677 prevé que “los ríos y todas las aguas que corren por cauces naturales son bienes de la unión, de uso público en los respectivos territorios”, con la única excepción de “las vertientes que nacen y mueren dentro de una misma heredad”, respecto de las cuales “su propiedad, uso y goce pertenecen a los dueños de las riberas, y pasan con estos a los herederos y demás sucesores de los dueños”.

Sobre lo anterior ha dicho la doctrina que “el cauce y el agua forman jurídicamente un todo indivisible, porque así como no sería río el agua que careciera de cauce, tampoco lo sería el cauce que careciera de agua. De tal manera que cuando la ley habla de ríos, de aguas que corren por cauces naturales o de corrientes de dominio privado, tanto se refiere al agua como al cauce; este último es de uso público o de dominio privado, según sea de una u otra clase la corriente de agua”, siendo el cauce de una corriente de uso público “también de propiedad nacional”(4).

Por otra parte, el artículo 720 preceptúa que el “terreno de aluvión accede a las heredades riberanas, dentro de sus respectivas líneas de demarcación, prolongadas directamente hasta el agua; pero en puertos habilitados pertenecerá a la Unión.

El suelo que el agua ocupa y desocupa alternativamente en sus creces y bajas periódicas, forman parte de la ribera o del cauce, y no accede mientras tanto a las heredades contiguas”.

Las anteriores disposiciones aluden a diversos conceptos: ríos y aguas que corren por cauces naturales; terreno de aluvión y ribera, distinguiendo entre unos y otros a efectos de reconocer el derecho de propiedad al Estado o a los propietarios de los predios riberanos.

En todo caso, el artículo 684 establece que “no obstante lo prevenido en este capítulo y en el de la accesión, relativamente al dominio de la Unión sobre los ríos, lagos e islas (artículo 726), subsistirán en ellos los derechos adquiridos por particulares, de acuerdo con la legislación anterior a este Código”.

De acuerdo con el diccionario jurídico Abeledo - Perrot, las “riberas no son otra cosa, pues, que una parte del lecho de los cursos de agua. Sin embargo es muy general el error de llamarle ribera a esa zona inmediata y contigua a los ríos que no hace parte de su lecho; esta zona contigua se llama margen, y en los ríos navegables constituye la franja de treinta y cinco metros instituida para el servicio de la navegación”.

Y el aluvión es definido por la codificación civil como “el aumento que recibe la ribera de un río o lago por el lento e imperceptible retiro de las aguas” (art. 719).

El artículo 898 del Código de Procedimiento Civil alude al uso de las riberas, y fija una servidumbre consistente en que los propietarios de estas “serán obligados a dejar libre el espacio necesario para la navegación o flote a la sirga, y tolerarán que los navegantes saquen sus barcas y balsas a tierra, las aseguren a los árboles, las carmenen, saquen sus velas, compren los efectos que libremente quieran vendérseles, y vendan a los riberanos los suyos; pero sin permiso del respectivo riberano y de la autoridad local no podrán establecer ventas públicas. El propietario riberano no podrá cortar el árbol a que actualmente estuviere atada una nave, barca o balsa”.

Esa servidumbre legal, según el artículo 10 de la Ley 35 de 1875 se extendía “al espacio de treinta metros para cada lado del río, medidos desde la línea hasta donde alcanzan las aguas en su mayor incremento”, espacio que luego fue reducido a veinte metros por el artículo 1º de la Ley 59 de 1876, sin que aparejara “pérdida alguna de la propiedad de los terrenos ribereños, sea por causa del uso de las riberas para la navegación, sea por la erección de muelles, atracaderos i demás obras de que tratan los artículos 1º y 2º, i en ningún caso el cumplimiento de esa lei aparejará la constitución de ninguna servidumbre terrestre (…)”(sic) (artículo 3º)(5).

La servidumbre del uso de riberas para usos autorizados por la ley, la navegación o la administración del respectivo curso o lago, la pesca o actividades similares también fue contemplada en el artículo 118 del Decreto 2811 de 1974, y a efectos de cumplirla, los propietarios de los predios ribereños “están obligados a dejar libre de edificaciones y cultivos el espacio necesario” para lo anterior.

El Decreto 616 de 1902 estableció en su artículo 1º que ninguna “entidad o corporación tiene facultad legal para privar del uso de las aguas a los predios o heredades por donde ellas corran sino en el caso y con las formalidades que señala el inciso 3º del artículo 893 del Código Civil, o cuando por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada se les haya reconocido el derecho de hacerlo”, y ya había establecido el artículo 892 de la codificación civil que el dueño de una heredad podía hacer uso conveniente de las aguas que corren naturalmente por esta, aun sin ser de su dominio, para los menesteres domésticos, el riego del predio, dar movimiento a molinos u otras máquinas y abrevar sus animales, limitado ese uso solo en los casos contemplados en el precepto siguiente.

Posteriormente, el gobierno facultó a los Concejos Municipales para que, mediante acuerdo, prohibieran la destrucción de “árboles, arbustos y demás plantas de las cabeceras y márgenes de los ríos y arroyos que suministren aguas a las poblaciones del país, en una zona de cien metros a cada lado» y la «extracción de piedras y cascajo de dichas corrientes y laboreo de canteras en sus riberas, cuando por ser muy exiguas lo juzguen indispensable para que no se disminuyan las aguas”, debiéndose procurar que los propietarios de los predios ubicados en las márgenes en la parte alta de esos cuerpos de agua sembraran o permitieran sembrar “árboles en una zona de cincuenta metros a cada lado” si era necesario (artículos 1º, 4º y 5º, Decreto 921 de 1905).

El Código Fiscal de 1912 estimaba baldíos, y por consiguiente, de propiedad nacional, entre otros: “c). Las Islas de los ríos o lagos navegables por buques de más de cincuenta toneladas; y d). Las márgenes de los ríos navegables(6), salvo el derecho que tengan los particulares por título traslaticio de dominio» (art. 45), precisando que el «dominio de los baldíos no puede adquirirse por prescripción” (art. 61).

Además, conforme al artículo 107, las islas “de los ríos y lagos, de que trata el aparte c del Artícu”(sic) constituían reserva territorial del Estado y no eran enajenables. Dicha reserva fue levantada por el artículo 13 de la Ley 97 de 1946, que dispuso que éstas y los playones serían adjudicables en la forma determinada por el Gobierno, “dándose preferencia, en todo caso, a los colonos pobres que no tengan otros medios de subsistencia”, lo que ratificó el Decreto 547 de 1947, reglamentario de esa ley.

La Ley 119 de 1919 aseguró la existencia de una zona de bosque “no menor de cincuenta metros ni mayor de ciento a cada lado de los manantiales corrientes y cualesquiera depósitos naturales de aguas aprovechables”, en la cual no podía realizarse desmonte ni quemas (artículo 9º). La destrucción de árboles en las fajas laterales de los ríos navegables quedó prohibida en la explotación de bosques nacionales (artículo 4º, Decreto 2227 de 1920).

La Ley 113 de 1928 estableció la reserva para la Nación del “dominio y uso de la fuerza hidráulica que puede desarrollarse con las aguas que le pertenecen según el artículo 677 del Código Civil”, exceptuando las destinadas al beneficio o explotación de predios, o al movimiento de maquinarias que tuvieran ese objeto, sin perjudicar “los derechos adquiridos de acuerdo con la legislación vigente” (artículo 3º y parágrafo 1º).

La Ley 200 de 1936 prohibió “tanto a los propietarios particulares como a los cultivadores de baldíos talar los bosques que preserven o defiendan las vertientes de agua, sean éstas de uso público o de propiedad particular y que se encuentren en la hoya o zona hidrográfica de donde aquellas provengan” (artículo 9º), debiéndose señalar por el Gobierno las zonas en que debía conservarse y repoblarse los bosques, aún si estas eran de propiedad particular, “con el fin de conservar o aumentar el caudal de las aguas” (artículo 10; y 17 del Decreto 1382 de 1940).

En todo caso, el uso de los ríos y depósitos de agua de uso público debía sujetarse no solo a las restricciones o limitaciones impuestas por la ley, sino al control del Gobierno Nacional, como así lo estatuyó el Decreto 1381 de 1940 sobre “aprovechamiento, conservación y distribución de aguas nacionales de uso público” (artículo 1º), normativa que tuvo como bienes de uso público de propiedad del Estado a “los ríos y todas las aguas que corren por cauces naturales que no nacen y mueren dentro de la misma heredad; los lagos y lagunas cuyas riberas no pertenezcan todas a un solo dueño, o cuyas aguas no nazcan totalmente dentro de la misma heredad, o pasen luego a otras distintas, y aquellas que, aunque corran por cauces artificiales, hayan sido desviadas de una fuente de propiedad nacional” (artículo 2º), lo que fue ratificado por el artículo 2º del Decreto 1382 de 1940, complementario del anterior.

Dejó claro también que los propietarios de los predios riberanos no necesitaban permiso especial del Gobierno para el aprovechamiento de aguas de uso público, “siempre que de ellas hagan un uso conveniente y cumplan con los requisitos que para el logro de tal fin establezca los derechos reglamentarios” (artículo 11), exigencias que fijó el artículo 9º del Decreto 1382 de 1940.

El Decreto 1963 de 1956 reservó los playones y sabanas comunales, y estuvo vigente hasta el 30 de septiembre de 1988 en que fue derogado por el Decreto 2031 de 1988, el cual estableció que “Constituyen reserva territorial del Estado para efectos de su regulación, uso y manejo, todos los “playones y sabanas comunales” existentes en el país, cuyos terrenos y uso correspondan a las características y definiciones señaladas en el presente Decreto” (artículo 15).

De los primeros, indicó que eran los “terrenos baldíos que periódicamente se inundan con las aguas de las ciénagas que los forman o con las de los ríos en sus avenidas, los cuales han venido siendo ocupados tradicionalmente y en forma común por los vecinos del lugar”, y las segundas correspondían a las zonas “compuestas por terrenos baldíos planos cubiertos de pastos naturales, los cuales han venido siendo ocupados tradicionalmente con ganados en forma común por los vecinos del lugar” (artículo 1º).

En consonancia con lo anterior, estableció que “Se presume legalmente que todos los playones y sabanas comunales son terrenos de la Nación, mientras no se acredite mejor derecho por parte de terceros; en consecuencia, queda prohibido todo cerramiento u obstrucción de estos terrenos mediante la construcción de cercas, diques, canales y en general, con obras que tiendan a impedir su aprovechamiento en forma comunitaria por los vecinos del lugar”, por lo que a partir de la vigencia de esa regulación “toda obra o mejora que se construya o incorpore en terrenos baldíos no adjudicables, se considerarán de mala fe y por tanto no habrá lugar al reconocimiento y pago de su valor”.

La inclusión de tales áreas como reserva territorial del Estado se mantuvo en la Ley 160 de 1994 que refirió a su carácter de imprescriptibles (artículo 69) y en el Decreto 2663 de 1994 (artículo 36); la presunción legal de propiedad del Estado sobre esos bienes, se consagró en el artículo 37 de este último.

En conclusión, las aguas continentales o no marítimas de dominio público hacen parte del patrimonio de la Nación como bienes de uso público y por hacer parte del territorio patrio, pero el Estado no siempre tuvo la propiedad de todas las zonas contiguas a esas vertientes de agua, porque con anterioridad a 1974, el legislador reconoció respecto de algunas de ellas que eran susceptibles de dominio privado, debiéndose respetar por los titulares de ese derecho las limitaciones impuestas en las leyes en aras de la conservación del recurso hídrico y de facilitar las actividades económicas de navegación y pesca.

El artículo 4º del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente (Decreto 2811 de 1974) reconoció los derechos adquiridos por particulares “con arreglo a la Ley sobre los elementos ambientales y los recursos naturales renovables”, sujetando el ejercicio de esos derechos a lo dispuesto en dicha regulación, disposición que fue declarada exequible en la Sentencia C-126 de 1998 “en el entendido de que, conforme al artículo 58 de la Constitución, la propiedad privada sobre los recursos naturales renovables está sujeta a todas las limitaciones y restricciones que derivan de la función ecológica de la propiedad”.

Ese reconocimiento a los derechos adquiridos de forma legítima por los particulares, tanto sobre recursos naturales como respecto de otros elementos ambientales, se consagró expresamente en el artículo 42.

Empero, en todo caso, la propiedad privada debe ejercerse, según lo estatuido por el artículo 43, como una función social y sujeto a las limitaciones impuestas por el ordenamiento constitucional y legal, particularmente las que derivan de su función ecológica (C-126 de 1998).

Conforme al artículo 80 de esa codificación, “sin perjuicio de los derechos privados adquiridos con arreglo a la ley, las aguas son de dominio público, inalienables e imprescriptibles. Cuando en este Código se hable de aguas sin otra calificación, se deberán entender las de dominio público”.

Y establece el artículo 83 que salvo los “derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado:

a. El álveo o cauce natural de las corrientes;

b. El lecho de los depósitos naturales de agua;

c. Las playas marítimas, fluviales y lacustres;

d. Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho;

e. Las áreas ocupadas por los nevados y por los cauces de los glaciares;

f. Los estratos o depósitos de las aguas subterráneas (se resalta).

El citado Decreto-Ley rige a partir de la fecha de su expedición, esto es, desde el 18 de diciembre de 1974, sin que sea viable aplicarlo retroactiva o retrospectivamente, pues por regla general, las normas rigen hacia el futuro, para evitar desconocer los derechos adquiridos y las situaciones consolidadas antes de su entrada en vigor.

El artículo 11 del Decreto 1541 de 1978 definió el cauce natural como “la faja de terreno que ocupan las aguas de una corriente al alcanzar sus niveles máximos por efecto de las crecientes ordinarias” y el lecho de los depósitos naturales de aguas como “el suelo que ocupan hasta donde llegan los niveles ordinarios por efectos de lluvias o deshielo”, en tanto la playa fluvial es “la superficie de terreno comprendida entre la línea de las bajas de aguas de los ríos y aquellas a donde llegan éstas, ordinarias y naturalmente en su mayor incremento” (artículo 12).

Esa misma norma reglamentaria señala que son aguas de uso público, cuyo dominio no se prescribe en ningún caso, las siguientes:

a. Los ríos y todas las aguas que corran por cauces naturales de modo permanente o no;

b. Las aguas que corran por cauces artificiales que hayan sido derivadas de un cauce natural;

c. Los lagos, lagunas, ciénagas y pantanos;

d. Las aguas que estén en la atmósfera;

e. Las corrientes y depósitos de aguas subterráneas;

f. Las aguas y lluvias;

g. Las aguas privadas, que no sean usadas por tres (3) años consecutivos, a partir de la vigencia del Decreto-Ley 2811 de 1974, cuando así se declara mediante providencia del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, previo el trámite previsto en este Decreto, y

h. Las demás aguas, en todos sus estados y formas, a que se refiere el artículo 77 del Decreto-Ley 2811 de 1974, siempre y cuando no nazcan y mueran dentro del mismo predio (artículos 5º y 9º).

Según el artículo 126, se considera “de utilidad pública o interés social la preservación y el manejo del recurso agua al tenor de los dispuestos por el artículo 1º del Decreto-Ley 2811 de 1974”, de ahí que el artículo 209 establezca que es deber de los propietarios, poseedores o tenedores de fundos “en los cuales nazcan fuentes de aguas o predios que están atravesados por corrientes o depósitos de aguas o sean aledaños a ellos” el de “cumplir todas las obligaciones sobre practica de conservación de aguas, bosques protectores y suelos de acuerdo con las normas vigentes” (el resaltado es propio).

7. Las rondas hídricas:

La zona de terreno adyacente a los cauces naturales de las corrientes de agua desde la línea superior de la playa o desde el borde superior accesible cuando las orillas caen perpendicularmente sobre el cuerpo hídrico, es denominada por la ley “ribera”.

Explicaba Devis Echandía que “no existe ninguna diferencia entre el terreno que las forma y la parte restante del predio riberano, de manera que el derecho del propietario se extiende de idéntica manera sobre aquellas que sobre cualquier parte de su predio”(7).

La única excepción al dominio privado es que la corriente de agua atraviese un lugar poblado, porque en ese caso esa zona adyacente, desde la Ley 7ª de las Partidas, se ha considerado bien de dominio público, en calidad de ronda, cuya destinación es el tránsito de personas, animales y vehículos; la Ley 10 de 1925 y el Decreto 1662 de 1902 autorizaron a los municipios para convertir las rondas en calles.

Sobre lo anterior, explicó el autor citado:

“Fue el título 23 de la Ley 7ª de las partidas, la disposición que otorgó el dominio de las rondas a los municipios, y en consecuencia únicamente existen en aquellas poblaciones cuya existencia data del tiempo en que esta ley rigió en la República, y en la parte entonces edificada.

Cuando la población ha tenido origen en una urbanización hecha en tierras de dominio particular, salvo que el dueño haya destinado la zona adyacente a la corriente para el uso público, ésta será de propiedad particular y enajenable por consiguiente. Lo mismo puede decirse respecto a la construcción de nuevos barrios en poblaciones cuya creación data de aquellos tiempos”(8).

De lo contrario, salvo que el propietario hubiera destinado la zona de ronda para el uso público o la hubiera cedido al ente territorial, aquella seguirá siendo de propiedad privada y la declaración posterior de ser imprescriptible e inalienable, como la contenida en el artículo 83 del Decreto 2811 de 1974 no muta la naturaleza jurídica del bien si el particular tiene derechos adquiridos sobre esa franja.

Ahora bien, la existencia de derechos adquiridos sobre la “faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente (…) hasta de treinta metros de ancho” o ronda de protección de los ríos, lagos, lagunas, quebradas y cualquier otro tipo de corriente de agua, no significa que la situación de los particulares propietarios sea inmodificable por leyes posteriores, pues aún en el caso de existir derechos adquiridos sobre esas zonas, las normas nuevas que impongan limitaciones o restricciones son de aplicación inmediata y general.

Lo precedente en consonancia con el artículo 28 de la Ley 153 de 1887, conforme al cual “todo derecho real adquirido bajo una ley y en conformidad con ella, subsiste bajo el imperio de otra; pero en cuanto a su ejercicio y cargas, y en lo tocante a su extinción, prevalecerán las disposiciones de la nueva ley”.

Luego, aunque los derechos adquiridos por particulares en relación con la ronda de cuerpos de agua, como en este caso lo es, la propiedad privada adquirida antes de la vigencia del Decreto 2811 de 1974, no pueden ser desconocidos ni se pueden declarar extinguidos, eso no obsta para que la normatividad nueva imponga condiciones de ejercicio, cargas o limitaciones e incluso nuevas causas de extinción.

Asimismo, si bien de conformidad con el artículo 42 de la Ley 153 de 1887, “lo que una ley posterior declara absolutamente imprescriptible no podrá ganarse por tiempo bajo el imperio de ella, aunque el prescribiente hubiere principiado a poseerla conforme a una ley anterior que autorizaba la prescripción”, debe repararse en que dicha norma “hace referencia a la posesión iniciada y no consumada bajo el imperio de la legislación anterior” (T-210 de 2010), y en que el artículo 83 del Decreto 2811 de 1974 dejó a salvo los “derechos adquiridos por particulares”.

En todo caso, los propietarios de los predios ribereños están sujetos a limitaciones relacionadas con la conservación y protección del recurso hídrico y a la servidumbre de uso de riberas para usos autorizados por la ley, navegación, administración del respectivo curso o lago, pesca o actividades similares, en las corrientes de agua que permitan dichas actividades, y por eso “están obligados a dejar libre de edificaciones y cultivos el espacio necesario” (artículo 118, Decreto 2811 de 1974).

Se sigue de lo anotado que el Estado no tiene derecho de dominio en la ronda adquirida legítimamente antes de la vigencia del decreto citado, pues ese derecho —se reitera— es del propietario del predio riberano.

La declaración de imprescriptibilidad de la ronda hídrica, por consiguiente, no afecta derechos privados consolidados previamente sobre ella, que el legislador respeta y deja vigentes.

En este caso, se encuentra demostrado que el inmueble materia de la pertenencia está ubicado en la zona adyacente o ribera de la Quebrada de Cune, específicamente dentro de los treinta metros de la faja paralela a la línea del cauce permanente de esa corriente de agua.

En efecto, así aparece acreditado en la demanda de pertenencia, en donde se describieron sus linderos especiales así: “Por el frente con la Transversal Primera de Villeta, por el fondo con la Quebrada Cune; por un costado con el campamento de obras públicas y por el otro costado con terrenos de la urbanización”(9).

Dicho límite fue ratificado por el testigo Álvaro Calderón Guillen que refirió, en punto de la ubicación del inmueble: “los linderos es por un lado el campamento de obras públicas que ahora lo tiene el municipio, el otro lado la quebrada de Cune, y la carrera primera o sea la que da vuelta en Catay”. José Antonio González adujo: “yo se que colinda por una parte con el campamento de obras públicas, por otro lado con la calle, con la avenida, y la otra parte con la quebrada de Cune (…)” (sic). Carlos Julio Triana, frente a la pregunta de su conocimiento de los linderos, dijo: “por un lado es el campamento de obras públicas, por otro lado la quebrada Cune y la carretera o calle que pasa por el pie (…)”.

A ese hecho también aludió el testigo Ernesto Elhadem Montero, que afirmó: “sé que colinda con lo que es ahoritica en el momento PRODESA que antes era el matadero, por el otro lado con la quebrada de Cune, inclusive Gabriel no hace mucho tiempo le hizo unos muros de contención, y por el otro lado con la calle pública”. Y José Adelmo Rodríguez Jiménez que, ante la pregunta del juez respecto de la distancia existente entre la construcción y la quebrada, sostuvo: “eso queda sobre la quebrada, digamos a la orilla de la quebrada, y tiene un muro de contención a la parte de arriba o sea hacía donde se cierra el triángulo”.

Asimismo, en la inspección judicial, además de dejarse constancia de dicho límite con la quebrada Cune, se incorporó, a solicitud del demandante, un plano en el que se establece que el fundo tiene de longitud, por sus lados laterales, de una parte, “11.00”, y de otra “12.00”. Y también, el demandante aportó al proceso la copia auténtica del trabajo de partición mediante el cual se le adjudicó “la posesión y tenencia” que su progenitor tenía sobre el bien, en donde se especificó que los linderos laterales, teniendo como fondo la quebrada mencionada, tenían una extensión de 18.40 y 6.00 metros(10).

Estas pruebas evidencian que el inmueble objeto de la acción de pertenencia que efectivamente el predio adquirido por usucapión por Gabriel Molina Ortega se localiza en la faja de terreno a la que hace referencia el artículo 83 del Decreto 2811 de 1974;

No obstante, también se demostró que dicho predio forma parte del de mayor extensión identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 156-93903, denominado “El Porvenir” de propiedad de Compañía Parceladora Ltda. en Liquidación.

En efecto, en la diligencia de inspección judicial realizada por el a quo, se indicó que este último predio colinda por el sur “partiendo de la orilla izquierda del río Villeta, en el punto en que éste río es cruzado por el puente San Cayetano, aguas abajo hasta la desembocadura de la quebrada Cune en dicho río, a una distancia de quinientos cincuenta y dos metros (552 mts) (…) por el oriente, de esta desembocadura, aguas arriba de la quebrada Cune a una distancia de 276 metros; según el dicho plano, hasta encontrar la zona del ferrocarril en el cruce sobre la misma quebrada a Cune (…)” (fl. 91 vuelto, cdno. 2).

En ese sentido, si el terreno a usucapir integra otro de extensión superior que, de acuerdo con el certificado de tradición y libertad aportado con la demanda de pertenencia es de naturaleza privada y el derecho de dominio de ese bien fue adquirido por la mencionada persona jurídica el 6 de agosto de 1954, es evidente que el terreno objeto de la litis no puede considerarse como inalienable e imprescriptible en virtud de lo dispuesto en el literal d) del artículo 83 del Decreto 2811 de 1974, pues con anterioridad a la vigencia de esa disposición, sobre dicho predio existían derechos adquiridos por particulares, de modo que ese precepto no mutó la naturaleza privada de esa faja de tierra.

La conversión a bien público tampoco se produjo en virtud de la cesión efectuada por la Compañía Parceladora Ltda. al municipio de Villeta mediante la escritura pública No. 108 de 3 de abril de 1963, otorgada ante la Notaría Única de ese lugar, dado que el bien nunca ingresó al patrimonio de ese ente territorial, en razón de que no se efectuó la tradición del inmueble, pues el mencionado instrumento (título traslativo del dominio) no fue inscrito en la oficina de registro de instrumentos públicos.

Por otra parte, para que un predio pase a ser de uso público, es necesaria su afectación a ese destino, y esta requiere de “una manifestación de voluntad o de actitudes de la administración que permita asegurar que el uso de un bien se encuentra a disposición del público”; “la existencia de un título de dominio” y que la afectación sea “real y efectiva, esto es, que la cosa sea apta para el destino público y que tenga el carácter de ser idónea para el uso público”, lo que significa que debe presentar “un interés público manifiesto y conveniente” (CC, T-155, 6 Abr. 95).

De lo precedente se colige que para que el terreno objeto de la declaración de pertenencia quedara afectado al uso público era necesaria su adquisición por el municipio; que el predio fuera apto para su utilización por la comunidad, y que la afectación se hiciera efectiva, y eso supone que el bien ingresara al patrimonio del ente territorial, lo que no ocurrió.

8. La causal alegada como sustento de la revisión:

El numeral 1º del artículo 380 del estatuto procesal preceptúa como causal de revisión: “haberse encontrado después de pronunciada la sentencia documentos que habrían variado la decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.

Respecto de esta causal, ha reiterado la Corte:

“(…) para la cabal estructuración del referido motivo, como condición sine qua non determinante del éxito del recurso de revisión, es indispensable probar, de modo fehaciente, los concurrentes elementos a continuación expuestos: (a) que las pruebas documentales de que se trate hayan sido halladas ulteriormente al momento en que fue proferido el fallo, habida cuenta que ‘la prueba de eficacia en revisión y desde el punto de vista que se está tratando, debe tener existencia desde el momento mismo en que se entabla la acción (…) de donde se sigue que no constituyendo esa pieza documental —bien por su contenido o por cualquier otra circunstancia— una auténtica e incontestable novedad frente al material probatorio recogido en el proceso, la predicada injusticia de esa resolución no puede vincularse causalmente con la ausencia del documento aparecido’ (Sentencia 237 de 1º de julio de 1988); (b) que el alcance del valor persuasivo de tales probanzas habría transformado la decisión contenida en ese proveído, por cuanto ‘el documento nuevo, per se, debe ser decisivo y por tanto tener la suficiente fuerza como para determinar un cambio sustancial de la sentencia recurrida’; y, (c) que no pudieron aportarse tempestivamente, debido a fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria, razón por la que ‘no basta que la prueba exista para que la revisión sea viable, sino que es necesario para ello que haya sido imposible aducirla, o por un hecho independiente de las partes, o por un hecho doloso de la parte favorecida’ (G.J. t. LI bis pág. 215)” (CSJ SC, 1º Mar. 2011, Rad. 2009-00068, reiterado, entre otras, en CSJ SCJ, 5 Dic. 2012, Rad. 2003-00164-01).

8.1. El recurrente alegó en sustento de sus súplicas, que con posterioridad a la sentencia encontró la escritura pública 108 de 3 de abril de 1963 de la Notaría Única de Villeta, cuyo contenido hubiese variado la decisión. Agregó que no pudo aportarla por no encontrarse “en los archivos del Municipio de Villeta”; que solo se enteró de su existencia “como consecuencia de los estudios contratados por el Municipio para la legalización de los predios del mismo en cumplimiento de la Ley 901 de 2004 y el Decreto 1014 de 2005”; y que, como en el certificado de matrícula inmobiliaria aportado no figuraba inscrita la misma “ignoraba que dicha entidad hubiese realizados las cesiones correspondientes tal como lo establece la escritura mencionada”.

Con tal instrumento —sostuvo— se acredita que la Compañía Parceladora Ltda. transfirió a título de “cesión irrevocable y gratuita” a favor del municipio de Villeta, en el año 1963, el inmueble delimitado, en una de sus partes, de la siguiente manera:

“(…) de aquí continuando en la misma dirección en línea recta lindando con el lote ‘G’ al mojón de cemento número treinta y dos (32) clavado en la margen izquierda del río hacía abajo hasta la confluencia de la quebrada de “Cune” en este río; de aquí volviendo a la izquierda por el borde del barranco, o sea la margen derecha de la quebrada de Cune, aguas arriba hasta encontrar la zona del ferrocarril de Cundinamarca que de Bogotá conduce a Puerto Salgar”(11).

8.2. La Corte, con base en lo anterior, procederá a analizar si concurren los requisitos para la prosperidad de la causal invocada, cuya configuración, según el criterio reiterado de esta Corporación, exige lo siguiente:

a) Que la nueva prueba encontrada sea de índole documental, para el efecto, el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil establece que “son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares. Los documentos son públicos o privados. Documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público; cuando es otorgado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública”. En el caso presente, no cabe duda de que la prueba hallada corresponde a un instrumento público.

b) Que ese documento por preexistir, hubiera podido allegarse al proceso; en el sub judice la escritura pública 108 se otorgó el 3 de abril de 1963, esto es, con antelación a la fecha en que se profirió el fallo censurado, emitido el 21 de noviembre de 2005.

c) Que no se pudo aportar, por fuerza mayor o caso fortuito o por obra (dolo) de la parte contraria.

“Por fuerza mayor o caso fortuito —ha sostenido esta Corporación— debe entenderse ‘el imprevisto que no es posible resistir, como el naufragio, el terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercido por un funcionario público, etc.’ (Art. 1º Ley 95 de 1890); es claro que estos hechos o actos, u otros semejantes, que enuncia el legislador, requiere que sean imprevisibles o irresistibles, significando lo primero, un acontecer intempestivo, excepcional o sorpresivo; y lo segundo, imposible, fatal, inevitable de superar en sus consecuencias” (CSJ SC, 2 Dic. 1987, G.J. T. CLXXXVIII, p. 332).

Y, a renglón seguido destacó que “la fuerza mayor o el caso fortuito implican una verdadera imposibilidad de aducirlos; y no una simple dificultad, así ella se manifieste grande (CLXI, pág. 156). Y en lo atinente a que no hubiera sido posible allegarlo por maniobras del contrincante, tal requisito requiere de dos presupuestos: la presencia del documento que hubiera podido servir de medio de prueba en manos o bajo el dominio de la parte contraria durante o antes de la tramitación del proceso revisado, y la participación de dicha parte en la retención de dicha prueba. Desde luego, corresponde al recurrente la carga probatoria tendiente a demostrar que fue caso fortuito o fuerza mayor o conducta de su adversario lo que le impidió aducir al proceso esta especie de prueba, pues si no empieza por probar estos extremos, inexorablemente el recurso interpuesto está llamado al fracaso”.

En relación con lo anterior, no es posible soslayar que el instrumento público no fue aportado porque la recurrente, tal como lo manifestó, no lo encontró en sus archivos.

Sobre lo anterior, tiene aceptado la jurisprudencia de esta Corte que si el documento no fue aportado porque “simplemente no se había averiguado en donde reposaba, o porque no se pidió su aporte en ninguna de las oportunidades que la ley señala para que pueda valorarse su mérito de persuasión, entonces el hecho de que con posterioridad al fallo, se encuentre un documento que hubiera podido hacer variar la decisión combatida, no es suficiente para sustentar el recurso extraordinario de revisión” (G.J. T. CXLVII, p. 141 a 143 y CXCII, p. 5).

En consecuencia, la Sala no encuentra cumplido el segundo de los requisitos en estudio, pues si bien la prueba documental no se aportó al proceso, tal omisión no fue producto de fuerza mayor o caso fortuito, lo que da lugar a declarar probada la excepción de “improcedencia de la causal primera” que formuló el opositor en este trámite Gabriel Molina Ortega.

Por último, tampoco está demostrada la tercera exigencia para la prosperidad del recurso, relativo a que “el documento sea decisivo para el caso, vale decir, que tenga tal eficacia legal que de haber obrado en el proceso habría determinado un fallo en sentido contrario a como fue resuelto”, porque si el bien inmueble, tal como se explicó en acápites anteriores no es de dominio público conforme a la normatividad, ni de uso público en razón de la cesión realizada a favor del municipio de Villeta en atención a que no se registró dicho negocio jurídico y eso impidió que se realizara la transferencia del derecho de dominio y con ella la mutación en la naturaleza jurídica del terreno, con facilidad se deduce que la decisión del ad quem no tenía por qué ser contraria a la que profirió.

9. Es incontestable, en ese orden de ideas, que no se configuró la causal de revisión consagrada en el numeral 1º del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil.

Por lo anterior, se declarará infundado el recurso extraordinario y se condenará en costas al impugnante.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. Declarar no probada la excepción de mérito de “caducidad” propuesta por los intervinientes en el trámite.

2. Declarar probada la excepción de “improcedencia de la causal” que formuló Germán Molina Ortega.

3. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión formulado por el municipio de Villeta contra la sentencia proferida el 21 de noviembre de 2005 por la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro del proceso ordinario promovido por Gabriel Molina Ortega contra Compañía Parceladora Ltda. en Liquidación y otros.

Costas del recurso extraordinario a cargo del recurrente. Liquídense por Secretaría incluyendo la suma de $ 2.000.000 como agencias en derecho.

Oportunamente, devuélvase el expediente que contiene el proceso dentro del cual se dictó la sentencia objeto de revisión, salvo el cuaderno de la Corte, agregando copia de la presente providencia.

Notifíquese

Magistrados: Álvaro Fernando García Restrepo—Margarita Cabello Blanco—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Luis Alonso Rico Puerta—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.

1 Instituciones de derecho procesal civil. Vol. III, Madrid: 1940, p. 406.

2 Dicha codificación promulgada mediante Ley 106 de 13 de junio de 1873, rigió para los Estados Unidos de Colombia (1863-1886).

3 Redacción original correspondiente a los inicios del castellano moderno. Bogotá: Imprenta de Medardo Rivas. 1873, en colección digitalizada de University of Michigan (//catalog.hathitrust.org/Record/010435907) y de Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano (http://www.iberoamericadigital.net/).

4 Botero Isaza, Valerio. Régimen legal de aguas en Colombia. Bogotá: Edit. Minerva, p. 58-60.

5 Amaya Ramírez, Guillermo y Jaramillo C, José M. Compilación sobre aguas. Bogotá: Ministerio de Agricultura y Comercio. 1937, p. 20.

6 Lo que debía entenderse por río navegable fue objeto de regulación por el Decreto 598 de 1912, derogado por el Decreto 651 de 1913. Dicho concepto fue nuevamente definido por la Ley 13 de 1937.

7 Devis Echandía, Hernando. El régimen de las aguas en derecho colombiano. Bogotá: Edit. Antena S.A., 1944, p. 95.

8 Ibídem.

9 Fl. 13, cdno. 1 proceso de pertenencia.

10 Fl. 18, cdno. 2 expediente de pertenencia.

11 Fl. 48, cdno. Corte.