Sentencia SC14428-2016/2011-00047 de octubre 10 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.: 68001-31-10-007-2011-00047-01

SC14428-2016

Magistrado Ponente:

Dr. Ariel Salazar Ramírez

(Aprobado en sesión de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis)

Bogotá, D.C., diez de octubre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. La demanda de casación

La censura se erigió sobre cinco cargos. El recurrente dividió su ataque en “dos partes”, la inicial compuesta de dos acusaciones, y la segunda de tres.

La Corte resolverá únicamente el denominado por el casacionista como “primer cargo” de la de la “primera parte” de su demanda, porque es el que está llamado a prosperar.

Primer cargo

Alegó la violación directa de los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de la Ley 54 de 1990, modificada por la Ley 979 de 2005; 180 y 1820 del Código Civil, y 230 de la Constitución Política.

La jurisprudencia —manifestó— tiene establecido que donde hay una sociedad conyugal sin disolver no puede nacer una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, y con ello se pretende evitar el entrecruzamiento de sociedades universales.

El tribunal se equivocó —continuó— al equiparar la disolución y la liquidación de la sociedad conyugal, y concluir que la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes podía surgir aun cuando aquella no se hubiera disuelto, pues este último fenómeno implica su desaparición. Es la disolución la que “al dar finiquito a la sociedad (conyugal), el patrimonio de esta ya no será susceptible de agrandarse ni achicarse, pues queda fijado en lo que hay ese día. Lo que adquieren luego los cónyuges ya no cuenta para la sociedad; contrario sensu, si no está disuelta, por ministerio de la ley continúa latente, y las adquisiciones de los cónyuges seguirán engrosando su patrimonio. La liquidación, por contrapartida, es ajena a estos alcances”(5).

El interés del legislador —añadió— porque no subsistan simultáneamente dos universalidades, ha sido reiterado, y no se limita a un problema de índole probatoria como el que encuentra el juzgador en el artículo 2º de la Ley 54 de 1990, de ahí que no pueda interpretarse escuetamente que “lo único que elimina es la presunción de que existe sociedad patrimonial y por ahí derecho concluir con simpleza que el asunto queda librado a la carga de la prueba”(6).

Sostener la improcedencia de que surja sociedad patrimonial entre compañeros permanentes cuando se halla vigente la sociedad conyugal de alguno de ellos, como hasta ahora lo ha hecho la Corte, no tiene como privilegia a la segunda, sino a “la integridad y preservación del orden jurídico» y ante ello «como valor supremo que es, tiene que ceder necesariamente lo restante”(7).

El razonamiento del ad quem —concluyó— conduce a pensar que las uniones maritales de hecho tienen el poder de disolver la sociedad conyugal, pese a que tal causal no se encuentra consagrada en la ley.

III. Consideraciones

1. La demandante pidió que se declaré que entre ella y Edmundo Acevedo Rueda existió una unión marital de hecho entre el 1º de marzo de 1993 hasta el 20 de febrero de 2010, lapso en el que compartieron techo, mesa y lecho de manera ininterrumpida. Y que se proclame que de tal vínculo nació una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, que debe disolverse y liquidarse. Las pretensiones fueron definidas de tal forma en la demanda y en su subsanación.

Quedó claro, por lo tanto, que la controversia consistió en determinar si, al amparo de la Ley 54 de 1990, modificada parcialmente por la Ley 979 de 2005, entre las partes del proceso existieron la unión y la sociedad patrimonial mencionada.

Como prólogo al estudio de la acusación, la anterior precisión resulta necesaria, toda vez que el tribunal incurrió en una vaguedad terminológica en sus consideraciones, que, aunque no estuvo presente en la parte resolutiva de la sentencia, corresponde esclarecer.

En efecto, el ad quem expresó en determinados apartes de su providencia que la actora únicamente solicitó la declaratoria de una sociedad patrimonial y “no se explicitó la calidad o categoría de la sociedad patrimonial pretendida”, y luego sostuvo que “sí es procedente decretar la existencia de la sociedad patrimonial de hecho entre concubinos, que es lo que realmente se pretende alegar con el recurso de apelación, congruente con el petitum de la demanda: declaratoria de la existencia de la sociedad patrimonial”. Sin embargo, a renglón seguido, resolvió declarar la existencia de la unión marital de hecho entre las partes y, como consecuencia, “declarar la existencia de una sociedad patrimonial entre los compañeros permanentes”.

Dilucidado lo anterior, no hay lugar a interpretar que el pronunciamiento del ad quem recayó sobre una sociedad de hecho entre concubinos, y que de ese tipo de asocio resolvió declarar su existencia, ni siquiera en una forma de juzgamiento implícito contra el cual se formuló la segunda parte de la demanda de casación, pues para la Sala está claro que la decisión versó sobre la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, figura que el tribunal confundió con la otra.

2. Antes de la promulgación del año 1990, el ordenamiento jurídico no protegía los derechos patrimoniales de los compañeros permanentes surgidos por el solo hecho de la convivencia ni ningún tipo de sociedad de bienes entre ellos cuya razón de ser fuera única y exclusivamente la mera cohabitación, situación que reflejó la jurisprudencia al precisar que ni “a la concubina ni al concubinario, por el solo hecho de ser tales, les confiere la ley derecho alguno sobre los bienes que su amante haya adquirido durante el tiempo en que la unión natural se haya desarrollado. El concubinato, pues, no genera por sí ningún tipo de sociedad o de comunidad de bienes entre concubinarios. La cohabitación, per se, no da nacimiento a la compañía patrimonial” (CSJ SC, 18 Oct. 1973).

Posteriormente, indicó:

“(…) en Colombia, si bien se le han reconocido a la concubina, en su calidad de tal, ciertos y determinados derechos -sobre todo en el campo de la seguridad social-, esos derechos, en lo que respecta a una sociedad de bienes creada o surgida a raíz de la sola convivencia more uxorio extramatrimonial, no existen.

No olvida la Sala que un respetable sector de la doctrina se ha esforzado por extender, analógicamente, la sociedad de bienes que, por el hecho del matrimonio, se crea entre los cónyuges a la relación de concubinato. Más, en la medida en que aquella sociedad es excepcional, no solo por su creación legal sino también -y por sobre todo- por su carácter marcadamente universal, esos esfuerzos son vanos (…)” (CSJ SC., 7 Feb. 1990).

El anterior panorama cambió cuando el legislador promulgó la Ley 54 de 1990 “por la cual se definen las uniones maritales de hecho y el régimen patrimonial entre compañeros permanentes”(8), porque su propósito fue precisamente regular y otorgar amparo jurídico a las uniones nacidas bajo las circunstancias que allí mismo describió.

Así, definió la unión marital de hecho como aquella “formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular”. Y estableció, también, que de tal vínculo podían generarse efectos patrimoniales.

En ese orden, dispuso que la sociedad patrimonial entre los compañeros permanentes se presume, y hay lugar a declararla en los siguientes casos:

i) “cuando exista unión marital de hecho durante un lapso no inferior a dos años, entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio”; y,

ii) “cuando exista una unión marital de hecho por un lapso no inferior a dos años e impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos compañeros permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y (liquidadas) por lo menos un año antes de la fecha en que se inició la unión marital de hecho”(9).

Respecto de lo anterior, precisó esta Sala que “al compañero permanente que acuda a la Ley 54 de 1990, “le basta probar la prolongación de sus relaciones concubinarias en el tiempo para que se presuma la existencia de la sociedad patrimonial (auto de 25 de agosto de 1992)” (CSJ SC, 30 Oct. 2000, Rad. 5830).

3. En su demanda, Irma Cancino Galvis solicitó declarar la unión marital y la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes que, según afirmó, existió entre ella y Edmundo Acevedo Rueda.

Sobre tales pretensiones, ratificadas en la audiencia en que se fijó el litigio, el demandado ejerció sus derechos de defensa y contradicción, por lo que necesariamente eran esas peticiones y no otras las que debían ser objeto de pronunciamiento por los juzgadores de las instancias, como así ocurrió.

En particular, el sentenciador ad quem resolvió revocar parcialmente la sentencia apelada; desestimó las excepciones de mérito formuladas, y declaró que entre las partes existió una unión marital de hecho, de la que surgió una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, la cual se hallaba disuelta y en estado de liquidación.

El recurrente alegó que el tribunal incurrió en violación directa de las normas invocadas, porque equiparó los fenómenos de disolución y liquidación de la sociedad conyugal a pesar de sus notables diferencias, y de ese ejercicio concluyó que la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes podía surgir aun cuando la primera no se hubiese disuelto.

4. El fallo impugnado, efectivamente, admitió la “coexistencia material, cierta de dos sociedades patrimoniales, atadas a dos estados civiles, el de la sociedad patrimonial de hecho entre compañeros permanentes (…) como consecuencia de la unión marital de hecho, y el de la sociedad conyugal, como consecuencia del hecho mismo del matrimonio”.

Dado que la vigencia de la sociedad conyugal no impedía el nacimiento de la otra —sostuvo— había lugar a reconocer la participación de la demandante a la segunda, porque en el proceso se demostró plenamente que ella era una persona productiva que generaba recursos para la sociedad surgida “por el hecho de la convivencia con Edmundo Acevedo Rueda”, y en todo caso, con independencia de su aporte económico, también existía una contribución “bien sea originada en el concubinato, en la unión marital de hecho, todo en pro de garantizar los derechos económicos de los compañeros permanentes”.

4.1. El anterior razonar, sin embargo, desconoce que el legislador repudia esa simultaneidad de universalidades jurídicas.

En efecto, el artículo 25 de la Ley 1ª de 1976, que modificó el artículo 1820 del Código Civil establece que la sociedad conyugal se disuelve por “la declaración de nulidad del matrimonio, salvo en el caso de que la nulidad haya sido declarada con fundamento en lo dispuesto por el numeral 12 del artículo 140 de este código. En este evento no se forma la sociedad conyugal” (num. 4º).

A su turno, el numeral 12 del artículo 140 citado, preceptúa que el matrimonio es nulo y sin efecto, entre otros, “cuando respecto del hombre o de la mujer, o de ambos estuviere subsistente el vínculo de un matrimonio anterior”.

Lo anterior deja en evidencia la imposibilidad legal de que nazca una nueva sociedad universal cuando exista, como producto de un matrimonio anterior, otra del mismo linaje.

La improcedencia de la coexistencia de dos sociedades universales también fue incorporada en la normativa que reguló la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, cuando, en el literal b) del artículo 2º de la Ley 54 de 1990, modificado por la Ley 979 de 2005, estableció que dicha sociedad se presumía ante la existencia de la unión marital de hecho por un lapso no inferior a dos años e impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o ambos compañeros permanentes “(…) siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores que hayan sido disueltas y (liquidadas) por lo menos un año antes de la fecha en que se inició la unión marital de hecho”.

La Corte, con asidero en la normatividad mencionada, concluyó que era improcedente exigir, para que se conformara dicha sociedad entre los compañeros, que la sociedad conyugal anterior estuviese liquidada. Basta, para tal efecto, que la misma se encuentre disuelta, porque solo a partir de ese momento “queda fijado definitivamente el patrimonio de ella, es decir, sus activos y pasivos, y entre unos y otros se sigue una comunidad universal de bienes sociales, administrados en adelante en igualdad de condiciones por ambos cónyuges (o, en su caso, por el sobreviviente y los herederos del difunto)”.

Sin embargo, antes de que ocurra la disolución, la sociedad patrimonial no nace. En efecto, abundantes son los pronunciamientos de esta Corporación sobre el tema, que resulta pertinente citar en esta oportunidad.

Así, en la sentencia CSJ SC, 10 Sep. 2003, Rad. 7603, sostuvo:

“Según el espíritu que desde todo ángulo de la ley se aprecia, así de su texto como de su fidedigna historia, en lo que, por lo demás, todos a una consienten, el legislador, fiel a su convicción de la inconveniencia que genera la coexistencia de sociedades -ya lo había dejado patente al preceptuar que en el caso del numeral 12 del artículo 140 del código civil, el segundo matrimonio no genera sociedad conyugal, según se previó en el artículo 25 de la ley 1ª de 1976, que reformó el 1820 del código civil- aquí se puso en guardia nuevamente para evitar la concurrencia de una llamada conyugal y otra patrimonial; que si en adelante admitía, junto a la conyugal, otra excepción a la prohibición de sociedades de ganancias a título universal (artículo 2083 del código civil), era bajo la condición de proscribir que una y otra lo fuesen al tiempo. La teleología de exigir, amén de la disolución, la liquidación de la sociedad conyugal, fue entonces rigurosamente económica o patrimonial: que quien a formar la unión marital llegue, no traiga consigo sociedad conyugal alguna; solo puede llegar allí quien la tuvo, pero ya no, para que, de ese modo, el nuevo régimen económico de los compañeros permanentes nazca a solas. No de otra manera pudiera entenderse cómo es que la ley tolera que aun los casados constituyan uniones maritales, por supuesto que nada más les exige sino que sus aspectos patrimoniales vinculados a la sociedad conyugal estén resueltos (…)”.

En la providencia CSJ SC, 4 Sep. 2006, Rad. 1998-00696-01, indicó:

“() la Corte dejó establecido que la liquidación de la sociedad conyugal no es condición esencial para que pueda comenzar la unión marital de hecho, para que de ahí pudiera nacer la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes.

Entonces, aunque la ausencia de impedimento para contraer matrimonio puede venir del estado de soltería, del divorcio o de la nulidad del matrimonio, en verdad en todos esos casos no se está indagando genuinamente por la suerte del vínculo matrimonial, sino que ellos se incluyen porque hay subyacente un común denominador: la sociedad conyugal ha quedado disuelta. No obstante, en los casos que acaban de citarse, es posible que a pesar de la ausencia de vínculo, los antiguos socios aún arrastren una sociedad sin liquidar, lo cual no empece, según se dijo en el precedente, para que se constituya la sociedad patrimonial a que alude la Ley 54 de 1990. Síguese de lo anterior, que desaparecida la exigencia de liquidación, porque esta norma de carácter legal ‘deviene insubsistente’ por la entrada en vigor de la nueva Constitución, no hay razón alguna para la diferencia entre quienes carecen de vínculos matrimoniales y quienes aún los tienen, pues en cualquier caso la única exigencia por hacer es la de que los convivientes que tuvieron sociedad conyugal la hayan disuelto, por cualquiera de las causas del artículo 1820 del Código Civil.

Y si el presupuesto es que la sociedad anterior haya sido disuelta, no hay diferencia importante entre las hipótesis a) y b) del artículo 2º de la Ley 54 de 1990, pues así como hay personas sin impedimento legal para contraer matrimonio, pero con la sociedad disuelta, también hay personas con impedimento legal para contraer matrimonio, igualmente con la sociedad conyugal disuelta. Por tanto, unos y otros cumplen con el ideario de la ley ‘porque si el designio fue, como viene de comprobarse a espacio, extirpar la concurrencia de sociedades, suficiente habría sido reclamar que la sociedad conyugal hubiese llegado a su término, para lo cual basta simplemente la disolución (...)’. Por consiguiente, si lo fundamental es la disolución, por qué imponer a quienes mantienen el vínculo, pero ya no tienen sociedad vigente, un año de espera que a los demás no se exige.

Síguese de lo dicho, que la indagación es una y muy sencilla: saber cuál era la situación de aquel que se apresta a iniciar la vida de pareja, y de él, de modo general y salvo contadas excepciones, solo interesa saber si tiene una sociedad conyugal vigente o si esta se ha disuelto. De quienes hállanse sin impedimento legal para contraer matrimonio, la respuesta es obvia, o bien jamás la han tenido: los solteros, o bien la tuvieron pero ya la disolvieron como los viudos, los divorciados y quienes lograron el decreto de nulidad de su matrimonio. Y al lado de ellos están todos quienes, aún con impedimento legal para contraer matrimonio por vínculo preexistente, ya no llevan consigo sociedad conyugal, como quienes la han disuelto voluntariamente (Rad. 069601).

En el pronunciamiento CSJ SC, 7 Mar. 2011, Rad. 2003-00412-01, explicó:

“En lo que concierne a las relaciones familiares, la ley ha establecido un régimen presunto de comunidad de bienes, presunción que puede ser alterada por voluntad de las partes expresada antes del matrimonio o durante su vigencia, en este último caso acudiendo a la disolución de la sociedad conyugal, dejando intacto el matrimonio. No obstante, en defensa de la sociedad conyugal y, por supuesto, mientras ella subsista, se desactiva la capacidad plena de los cónyuges, y conoce merma la autonomía de la voluntad, lo cual no implica que los casados, aún con sociedad conyugal vigente, no puedan emprender cualquier tipo de sociedad entre ellos o con terceros.

Así, solo a manera de ejemplo, los casados con sociedad conyugal vigente, pueden formar parte de todo tipo de compañías, pues la autonomía de la voluntad, la igualdad de derechos, la libre iniciativa privada y la libre administración de los bienes de cada cónyuge, les habilita para conjugar sus intereses del modo que más les convenga, eso sí, tomando en cuenta que no puede concurrir más de una comunidad de bienes a título universal, más por tratarse de un impedimento lógico que por disposición legal.

De ese modo, mientras subsista la sociedad conyugal, el cónyuge no puede constituir ninguna otra comunidad de bienes a título universal, pues dos universalidades jurídicas de este tipo son lógicamente excluyentes de modo simultáneo, aunque nada impide que a una siga otra, así la primera se halle en estado de liquidación.

Por esa circunstancia, el matrimonio en sí no es obstáculo para que se forme una sociedad, incluso la patrimonial entre compañeros permanentes, pues la ley solo exige que esté disuelta la sociedad conyugal precedente, justamente para evitar la confusión de dos comunidades de bienes a título universal, dado que causa verdadera molestia a la razón, presumir que todo lo que adquiere una persona casada ingrese al haber de la sociedad conyugal existente con su cónyuge y, al mismo tiempo, pueda incorporarse al acervo de la sociedad universal que tiene con otro sujeto.

La misma razón inspira la prohibición para que en caso de bigamia pueda surgir sociedad conyugal; este matrimonio nulo es fuente de casi todos los efectos, pero no se le reconoce potestad genética de la sociedad conyugal, por expresa prohibición del numeral 4º del artículo 1820 del Código Civil.

Sin embargo, es posible —a manera de excepción— que un matrimonio nulo, por preexistencia de otro, pueda generar sociedad conyugal, ya que si en el primer vínculo nupcial, el que conserva validez, se disolvió la sociedad conyugal, nada obstaría que en el segundo, a pesar de la nulidad, pudiera surgir la comunidad de bienes a título universal, pues lo que impide la segunda sociedad conyugal es la preexistencia de la primera y no el matrimonio antecedente, si es que en este, se repite, en aquel ya no hay sociedad conyugal vigente, pues no se rompería la imposibilidad de dos comunidades de bienes a título universal.

Esa misma circunstancia impone la unicidad y singularidad de la unión marital de hecho, pues de haber dos universalidades concurrentes en el mismo arco temporal, no habría cómo presumir a cuál de ellas ingresaron los bienes adquiridos por aquel compañero permanente que tiene dos lazos de convivencia simultáneos”.

Y en el fallo CSJ SC, 22 Mar. 2011, Rad. 2007-00091-01, precisó:

“La unión marital de hecho, bien se sabe, supuestos los elementos que la caracterizan, tiene la virtud de hacer presumir la sociedad patrimonial, siempre que aquella haya perdurado un lapso no inferior a dos años, con independencia de que exista impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos compañeros permanentes, pues si concurre, por ejemplo, un vínculo vigente de la misma naturaleza, lo único que se exige para que opere dicha presunción, es la disolución de las respectivas sociedades conyugales, que es cuando el estado abstracto en que se encontraban, por el simple hecho del matrimonio, se concretan y a la vez mueren, y no su liquidación.

Con ello, desde luego, lo que se propuso el legislador fue evitar la preexistencia de sociedades conyugales y patrimoniales entre compañeros permanentes, porque como lo tiene explicado la Corte, ‘si el designio fue, como viene de comprobarse a espacio, extirpar la eventual concurrencia de sociedades, suficiente habría sido reclamar que la sociedad conyugal hubiese llegado a su término, para lo cual basta simplemente la disolución. Es esta, que no la liquidación, la que le infiere la muerte a la sociedad conyugal’. Lo destacable, agrega, es que ‘cuando ocurre cualquiera de las causas legales de disolución, la sociedad conyugal termina sin atenuantes. No requiere de nada más para predicar que su vigencia expiró. En adelante ningún signo de vida queda(10).

(…)

Recapitulando, entonces, se tiene que es factible la existencia de uniones maritales sin la presunción de sociedad patrimonial, cual acontece en todos los casos en que la vida marital es inferior a dos años, o en los eventos en que pese a ser por un tiempo mayor, subsiste la limitante derivada del impedimento legal para contraer matrimonio, como es la vigencia de la sociedad conyugal. Por lo mismo, hay lugar a dicha presunción, supuesto el citado requisito temporal, cuando entre los compañeros permanentes no concurre tal impedimento, o existiendo, la respectiva sociedad conyugal llegó a su fin por el fenómeno de la disolución.

Desde luego, si en este último evento, lo relativo a la liquidación se entiende insubsistente, incluido el año de gracia, la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes debe presumirse existente a partir de la disolución de la sociedad conyugal derivada de un matrimonio anterior. Si lo ‘fundamental —dice la Corte— es la disolución, por qué imponer a quienes mantienen un vínculo, pero ya no tienen sociedad vigente, un año de espera que a los demás no se exige’, menos cuando es ‘imposible negar que la disolución tiene un carácter instantáneo claramente distinguible en un momento determinado, es decir por virtud de un solo acto la sociedad conyugal pasa el umbral que separa la existencia de la [disolución]. Y si ello es así, no hay lugar para indagar qué función puede cumplir algún plazo de espera antes de iniciar una nueva convivencia”(11) (Rad. 2007-00091).

La sociedad patrimonial entre compañeros permanentes solo surge, entonces, si la sociedad conyugal que uno de ellos o los dos tenían, ya se disolvió, sin importar que aún no se haya liquidado. Al disolverse, quedan definidos los activos y los pasivos del vínculo conyugal, delimitados los aportes que hicieron los conyugues, y claros los parámetros a partir de los cuales debe realizarse la liquidación subsecuente.

Como es natural, mientras la sociedad conyugal subsista, a su haber ingresan los bienes que la ley dispone, con sus respectivos condicionamientos. Por ello, formarán parte de aquella, según lo establece el artículo 1781 del Código Civil:

“(…) los salarios y emolumentos de todo género de empleos y oficios devengados durante el matrimonio», “los frutos, réditos, pensiones, intereses y lucros de cualquiera naturaleza que provengan, sea de los bienes sociales, sea de los bienes propios de cada uno de los cónyuges y que se devenguen durante el matrimonio”, el “dinero que cualquiera de los cónyuges aportare al matrimonio, o durante él adquiriere, obligándose la sociedad a la restitución de igual suma”, las “cosas fungibles y especies muebles que cualquiera de los cónyuges aportare al matrimonio, o durante él adquiere (sic); quedando obligada la Sociedad a restituir su valor según el que tuvieron al tiempo del aporte o de la adquisición”, “todos los bienes que cualquiera de los cónyuges adquiera durante el matrimonio a título oneroso”, “los bienes raíces que la mujer aporta al matrimonio, apreciados para que la sociedad le restituya su valor en dinero”.

Y la sociedad conyugal subsiste, evidentemente, hasta que se disuelve, lo que ocurre únicamente por los motivos señalados en el artículo 1820 ejusdem, y la existencia de unión marital en la que esté involucrado alguno de los consortes, no es uno de ellos.

En efecto, esa norma establece que la sociedad de bienes que surge por el hecho del matrimonio se disuelve por: i) la disolución del matrimonio; ii) la separación judicial de cuerpos, “salvo que fundándose en el mutuo consentimiento de los cónyuges y siendo temporal, ellos manifiesten su voluntad de mantenerla”; iii) la sentencia de separación de bienes; iv) la declaración de nulidad del matrimonio, “salvo en el caso de que la nulidad haya sido declarada con fundamento en lo dispuesto por el numeral 12 del artículo 140 de este Código (…)”, y v) mutuo acuerdo de los cónyuges capaces, “elevado a escritura pública, en cuyo cuerpo se incorporará el inventario de bienes y deudas sociales y su liquidación”.

Entonces, si al haber de la sociedad conyugal, antes de disolverse, ingresan por disposición legal los bienes y ganancias señalados en el artículo 1781 de la codificación civil, y este vínculo persiste hasta tanto no concurra alguna de las causales del artículo 1820 del mismo estatuto, no podría afirmarse, salvo que se quisiera ir en contra de toda lógica, que los activos de aquella pueden simultáneamente ingresar y hacer parte de otra universalidad, pues lo que existe en un lugar y período determinados no puede estar, al mismo tiempo, en otra parte.

Claro está que, aunque son incompatibles dos sociedades universales en un mismo lapso, nada impide que concurra una sociedad universal con una que no lo es, como la sociedad de hecho formada entre concubinos, pues estas últimas, a diferencia de aquellas, tienen su capital plenamente delimitado de manera precisa y concreta:

“(…) la preexistencia de una sociedad conyugal, no impide la formación de la sociedad de hecho entre ‘concubinos’, ni su vigencia excluye la posibilidad de otras sociedades entre consortes o entre estos y terceros, las cuales, por supuesto, son diferentes, por cuanto aquella surge ex legge por la celebración del matrimonio y es universal.

En cambio, las otras sociedades surgen de actos dispositivos, negociales o contractuales, aún de ‘hecho’, presuponen íntegros los elementos esenciales del tipo contractual y son de carácter singular, particular y concreto (cas. civ. sentencia de 18 de octubre de 1973, CXLVII, 92).

En cualquier caso, tiene dicho la Corte, ‘nada impide que una sociedad de hecho, como la formada entre concubinos, pueda concurrir con otras, civiles o comerciales legalmente constituidas, toda vez que lo que el legislador enfáticamente reprime es la concurrencia de sociedades universales’ (cas. civ. sentencia de 29 de septiembre de 2006, exp. 1100131030111999- 01683-01, reiterando las de 27 de junio de 2005, exp. 7188 y 26 de marzo de 1958)”(CSJ SC, 24 Feb. 2011, Rad. 2002-00084-01, citada en CSJ SC, 22 Jun. 2016, Rad. 2008-00129-01).

4.2. En el presente asunto, el quebranto directo de la ley por parte del tribunal no admite duda.

En efecto: el sentenciador advirtió que Edmundo Acevedo Rueda tiene una sociedad conyugal vigente, producto del matrimonio celebrado con María Adelina Prada en el año 1977, sin prueba alguna de su disolución, hecho respecto del cual no hubo discusión entre las partes. No obstante, pese a tal evidencia, consideró que simultáneamente nació una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes fruto de la unión marital de aquel con María Irma Cancino Galvis, cuya existencia declaró en la parte resolutiva de su providencia.

Es decir, desconoció la imposibilidad legal de la existencia coetánea de dos universalidades de bienes, y, más específicamente, de que surja una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes cuando la sociedad conyugal anterior de uno de los integrantes de la unión aún no se encuentra disuelta, tal y como se desprende del literal b) del artículo 2º de la Ley 54 de 1990, modificada por la Ley 979 de 2005.

La conclusión del ad quem, por ende, transgredió directamente las disposiciones sustanciales de esa ley invocadas en el cargo, al darle una errónea interpretación, y deducir lo que estas no consagran, al punto que le dio un alcance completamente distinto, y se permitió realizar una declaración que tales preceptos proscriben, razones que imponen la prosperidad de la censura.

Por consiguiente, se casará parcialmente el fallo impugnado, dado que dicha determinación recae sobre la declaratoria de la existencia de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, no así, en relación con la existencia de la unión marital de hecho, pues ese aspecto de la controversia no fue materia del reproche en esta vía extraordinaria.

De conformidad con lo estatuido en el artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, en sede de instancia, la Corte proferirá la decisión que debe reemplazarlo.

No hay lugar a imponer condena en costas del recurso de casación por haber sido exitoso.

IV. La sentencia sustitutiva

1. Los presupuestos jurídico-procesales que reclama la codificación adjetiva civil para dictar sentencia de mérito se cumplieron a plenitud.

2. Puesta la Corte en la posición de juzgadora de segunda instancia, debe precisar inicialmente que al no cuestionar el demandado la declaración de existencia de la unión marital de hecho “entre el mes de enero de 1993 y el 20 de febrero de 2010”, lo así resuelto permanece incólume.

Por lo tanto, se abordará el estudio de la apelación formulada por la demandante frente al pronunciamiento de primera instancia únicamente en lo concerniente a la pretensión segunda, esto es, la declaración de la existencia de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, y las órdenes consecuenciales.

3. La juez a - quo, en la sentencia apelada, declaró probadas las excepciones de “improcedencia de la declaratoria judicial de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, cuando la unión marital de hecho está conformada por personas con impedimento legal para contraer matrimonio y la sociedad conyugal anterior no ha sido disuelta y liquidada” y “prescripción”. En consecuencia, negó la declaratoria de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes.

Fueron dos las razones en que fundó tal determinación. La primera, que la unión marital finalizó el 28 de diciembre de 2009 y como la demanda se instauró el 7 de febrero de 2011, ya había transcurrido el término establecido en el artículo 8º de la Ley 54 de 1990. La segunda fue la imposibilidad del nacimiento de la sociedad patrimonial en razón a que el demandado no había liquidado la sociedad conyugal producto de un matrimonio anterior.

4. En su recurso de alzada, la demandante sostuvo frente a tales razones, de una parte, que las pruebas fueron indebidamente apreciadas, pues de ellas se podía deducir que la separación se produjo en abril de 2010, y por lo tanto no operó la prescripción; y de otra, que según pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, la existencia de una sociedad conyugal no impedía la formación de una sociedad de hecho entre concubinos, y lo que pretendía no era la declaración de una sociedad universal, sino singular.

En tal orden, y como quiera que uno de los argumentos de la censura salió avante en el fallo de segunda instancia, que negó la prosperidad de la excepción de prescripción, y, a su vez, dicha negativa fundada en que la unión marital perduró “entre el mes de enero de 1993 y el 20 de febrero de 2010” no fue materia del recurso extraordinario, se concluye que la misma quedó indemne.

Por lo tanto, lo que se impone determinar es si el juez de primera instancia acertó al negar la declaratoria de la sociedad patrimonial en razón a la existencia de una sociedad conyugal de Edmundo Acevedo Rueda, que no ha sido disuelta.

5. La actora, en su pretensión segunda, textualmente solicitó que “como consecuencia de la unión marital de hecho se declarare la existencia de la sociedad patrimonial entre los compañeros permanentes, señor Edmundo Acevedo Rueda y señora María Irma Cancino Galvis”. Y como causa de ese petitum, alegó la convivencia como pareja con su contraparte de manera pública, continua, permanente y singular. Pedimento que, por demás, fue ratificado en la audiencia en la que se fijaron los hechos y las pretensiones del litigio.

En el proceso no existió controversia en torno a la existencia de una sociedad conyugal en cabeza de Edmundo Acevedo Rueda, sin prueba de su disolución. En efecto, la demandante así lo confesó en el hecho segundo de su libelo, en donde refirió que aquel “(...) contrajo matrimonio con la señora María Adelina De Acevedo, por el rito católico, en el año de 1977(12) pero se separó de hecho de su esposa desde 1993, sin que a la fecha se sepa que haya liquidado su sociedad conyugal”.

Como se explicó al momento de resolver el recurso extraordinario de casación, la coexistencia de sociedades patrimoniales universales carece de asidero normativo, e, incluso, lógico. Para que la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes surja a la vida se requiere la previa disolución de las sociedades conyugales anteriores, tal y como lo ha sostenido la Corte, uniformemente, en los reiterados pronunciamientos ya citados y analizados con antelación, que deben entenderse incorporados en esta sentencia sustitutiva y, por tal motivo, no viene al caso repetir.

Así las cosas, la negativa del a quo de declarar la existencia de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes fue acertada y debe ratificarse, pues la sociedad conyugal de María Adelina Prada y Edmundo Acevedo Rueda, producto de su matrimonio, impedía el nacimiento de la primera.

Los argumentos de la apelación no desvirtúan los razonamientos en que la juez de primera instancia fundó su decisión.

En efecto, la demandante —se reitera— pidió clara y concretamente, que se declarara la existencia de una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, como consecuencia de la declaratoria de la existencia de la unión marital de hecho. Y el juez de primera instancia resolvió tal petitum.

No son de recibo, por ende, los argumentos soporte de la alzada, con los que pretende sustituir su pedimento y establecer un nuevo pleito por vía de dicho recurso. Ciertamente, en la impugnación —desconociendo lo que afirmó en la demanda— tal extremo ya no quiso que se declarara la sociedad patrimonial producto de la unión marital, y, por el contrario, refirió que “no se trata de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes regulada en la Ley 54 de 1990…», indicando más adelante que «la sociedad de hecho pretendida no es universal, sino singular e integrada por los aportes, bienes obtenidos con la colaboración y esfuerzos de la pareja en su consecución (…)”(13).

Tal postura, sin embargo, desconoce el principio establecido en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, según el cual:

La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este Código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en esta.

Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último.

En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión, y cuando este no proceda, antes de que entre el expediente al despacho para sentencia, o que la ley permita considerarlo de oficio”.

La citada regla se inspira en el respeto a la garantía de debido proceso a las partes e intervinientes en el trámite judicial, quienes encuentran en ella el respaldo de que su controversia será decidida dentro de los límites dentro de los cuales se circunscribió el debate, y respecto de los que pudieron desplegar su actividad, pidiendo pruebas y presentando sus alegaciones.

Un proceder contrario al que dicta la norma supondría un exceso de poder del funcionario judicial, que terminaría, por tal vía, pronunciándose sobre aspectos ajenos a la discusión de los litigantes.

Al respecto, esta corporación ha sostenido:

“La sentencia es el acto por medio de cual es Estado decide qué tutela jurídica le dispensa el derecho objetivo a un interés jurídico determinado; dicho acto ha de guardar estrecha armonía con la demanda, por cuanto esta contiene el límite del poder jurisdiccional; este no debe reducirse ni extenderse respecto de lo pedido en la demanda, porque, si lo primero, no resuelve la totalidad de la relación procesal que permanecerá trabada en cuanto la sentencia, por defecto, la deja insoluta, y si lo segundo, porque el Estado carece de jurisdicción para decidir oficiosamente controversias civiles cuyos posibles extremos personales no ha sometido a su decisión” (G.J. t. LXIV, p 46).

La conclusión que se impone para este asunto no puede ser otra que la desestimación del recurso de apelación, por cuanto la determinación de la juzgadora de primer grado de negar la declaración de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, fue acertada.

Además, porque los argumentos de la impugnación ninguna relación tuvieron con las pretensiones que se plantearon en la demanda, ya que, precisamente, fue la declaratoria de la existencia de tal tipo de sociedad universal lo que se pidió por la demandante y no, como equivocadamente lo expuso la impugnante, la existencia de una sociedad de hecho singular.

La existencia de la última fue un hecho nuevo introducido luego de que culminara el debate en la primera instancia; que no fue sometido al conocimiento y estudio de la juez a quo en las oportunidades que la ley contempla para su resolución, y respecto del cual, la parte demandada no tuvo la oportunidad de defenderse, por lo que al amparo del artículo 305 del estatuto adjetivo civil, esa falladora no debía incluirlo en su decisión.

En ese contexto, se descarta la equivocación endilgada a la sentencia reprochada, la cual ha de confirmarse en cuanto a la negativa de declarar la existencia de la sociedad patrimonial pretendida, por encontrarse probada la excepción que el demandado tituló “Improcedencia de la declaratoria judicial de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, cuando la unión marital de hecho está conformada por personas con impedimento legal para contraer matrimonio y la sociedad conyugal anterior no ha sido disuelta y liquidada”.

6. Circunscrito el pronunciamiento de la Corte a lo anterior, se reproducirán las determinaciones del tribunal que no resultaron afectadas con la impugnación extraordinaria, y se integrarán con las del fallo proferido en sede de segunda instancia.

No se condenará en costas de la alzada ante la prosperidad parcial de ese recurso.

V. Decisión

Por lo anteriormente expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia de 2 de mayo de 2013, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga. Sin costas en el recurso de casación.

Y en sede de instancia,

RESUELVE:

1. DECLARAR la existencia de la unión marital de hecho surgida por la convivencia de los señores MARÍA IRMA CANCINO GALVIS y EDMUNDO ACEVEDO RUEDA, entre el mes de enero de 1993 y el 20 de febrero de 2010”.

2. Declarar probada, exclusivamente, la excepción llamada “Improcedencia de la declaratoria judicial de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, cuando la unión marital de hecho está conformada por personas con impedimento legal para contraer matrimonio y la sociedad conyugal anterior no ha sido disuelta y liquidada”.

3. En lo demás, confirmar la sentencia apelada, proferida el 9 de julio de 2012 por el Juzgado Séptimo de Familia de Bucaramanga.

4. Sin condena en costas de la apelación ante la prosperidad parcial del recurso.

En su oportunidad, devuélvase el expediente a la corporación de origen.

Notifíquese».

5 Folios 23 y 24, c. Corte; el subrayado es del texto.

6 Folio 24, ib.

7 Folio 27, ib.

8 Modificada por la Ley 979 de 2005.

9 El aparte entre paréntesis fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-700 de 2013.

10 Sentencia 097 de 10 de septiembre de 2003, expediente 7603.

11 Sentencia 117 de 4 de septiembre de 2006, expediente 1998-00696.

12 Fecha aclarada en el escrito de subsanación de la demanda.

13 Folio 7, c. Tribunal.