Sentencia SC15172-2016/2015-01364 de octubre 24 de 2016

CORTESUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC15172-2016

Rad.: 11001-02-03-000-2015-01364-00

(Aprobado en Sala de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis)

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Armando Tolosa Villabona

Bogotá D. C., veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis.

Se decide la solicitud de exequátur presentada por Eyicel Avendaño Curaca, respecto de la Sentencia de 17 de julio de 2012, proferida por el Juzgado de Primera Instancia e instrucción número 1 de Daimiel, Provincia de Ciudad Real, España, mediante la cual declaró el divorcio del matrimonio civil contraído por la peticionaria con el señor Bonifacio Molina Zamora.

1. Antecedentes

1.1. La actora soporta la súplica de homologación en los hechos que a continuación se compendian:

1.1.1. El casamiento tuvo lugar el 8 de agosto de 2006 en la notaría cuarenta y uno del círculo de Bogotá.

1.1.2. La solicitante inició el trámite de disolución ante la autoridad española y en la audiencia final se dejó constancia sobre el “acuerdo alcanzado por ambas partes” para el efecto, junto con la “renuncia a la pensión compensatoria que le pudiera corresponder” a ella.

1.1.3. Finalmente, el juzgado de primera instancia e instrucción Nº 1 de Daimiel, Ciudad Real, España, el 17 de julio de 2012, decretó el divorcio.

1.2. Admitida la demanda, la procuradora delegada para asuntos civiles, se opuso a la prosperidad de las pretensiones pues la causal invocada «(…) no se encuentra prevista (…), de conformidad con lo previsto en el artículo 6º de la Ley 25 de 1992 (que modificó el artículo 154 del Código Civil colombiano, reformado por el 4º de la Ley 1ª de 1976)”.

1.3. Fenecido el término probatorio como el de alegaciones de conclusión, se procede a proferir fallo.

2. Consideraciones

2.1. Elevada la solicitud en cuestión en vigencia del Código de Procedimiento Civil, su ritualidad sigue el mismo ordenamiento, al tenor de los previsto en los artículos 624, modificatorio de la regla 40 de la Ley 153 de 1887, y 625, numerales 5º y 6º del Código General del Proceso (L. 1564/2012), en vigor de manera integral a partir del 1º de enero de 2016, según el Acuerdo PSAA15-10392 del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa.

2.2. Advierte la Corte, proferida la sentencia de divorcio objeto de convalidación con base en el mutuo acuerdo de las partes, no se imponía la citación a este asunto del ex cónyuge de la peticionaria.

2.3. Entendiendo la jurisdicción como una manifestación de la soberanía del Estado, a través de la cual éste se reserva la función de administrar justicia dentro de su territorio, resulta sensato que las sentencias u otras providencias revestidas de tal carácter y los laudos arbitrales proferidos por jueces foráneos no tengan eficacia jurídica en el territorio patrio; salvo, lo consagrado en la materia en tratados internacionales suscritos o adheridos por Colombia, respecto del país de origen, o en su defecto, el reconocido en el extranjero a las decisiones proferidas por los juzgadores colombianos en los mismos temas.

La reciprocidad diplomática, la legislativa y la judicial han sido reconocidas por esta Corporación, al decir que este sistema combinado “se traduce en que prioritariamente debe atenderse a las estipulaciones de los tratados que haya celebrado Colombia con el Estado de cuyos jueces provenga la sentencia que se pretenda ejecutar en nuestro territorio nacional; a falta de derecho convencional se impone, entonces, acoger las normas de la respectiva ley extranjera para darle al fallo la misma fuerza concebida por esa ley a las sentencias proferidas en Colombia por sus jueces”(1), motivo por el cual, en este último caso, es carga de la parte accionante acreditar la existencia de dicha legislación, para obtener por la Corte, de concurrir los demás requisitos previstos el artículo 694 del Código de Procedimiento Civil, la autorización solicitada.

2.4. La posición precedente conlleva al análisis previo de dichas reciprocidades, pues su acreditación en el plenario permite el examen de los restantes requisitos.

2.4.1. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la coordinación del grupo interno de trabajo de tratados de la dirección de asuntos jurídicos internacionales, informó que “el Convenio sobre ejecución de sentencias civiles entre la República de Colombia y el Reino de España” suscrito en Madrid el 30 de mayo de 1908, aprobado por el Congreso Nacional mediante la Ley 7ª de 13 de agosto del mismo año, vigente desde el 6 de abril de 1909, actualmente tiene plenos efectos para ambos Estados.

2.4.2. El mentado convenio prevé en el artículo 1º:

(…) Las sentencias civiles pronunciadas por los Tribunales comunes de una de las Altas partes contratantes, serán ejecutadas en la otra, siempre que reúnan los requisitos siguientes: Primero. Que sean definitivas y que estén ejecutoriadas como en derecho se necesitaría para ejecutarlas en el país en que se hayan dictado. Segundo. Que no se opongan a las leyes vigentes en el Estado en que se solicite su ejecución.

Para acreditar la firmeza de esos fallos la regla 2ª de ese instrumento exige un “certificado expedido por el Ministerio de Gobierno o de Gracia y Justicia, siendo la firma de éstos legalizada por el correspondiente Ministro de Estado o de Relaciones Exteriores y la de éste a su vez por el agente diplomático respectivo acreditado en el lugar de la legalización”.

La legalización requerida en precedencia fue modificada por la “Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros” suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961, a la cual adhirió el Estado colombiano, al aprobarla mediante Ley 455 de 1998, declarada exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-164 de 1999.

2.5. Verificada la reciprocidad diplomática entre ambas naciones [Colombia y España] se procede a establecer si las restantes exigencias para conceder lo impetrado, relacionadas con la evidencia de la determinación y su compatibilidad normativa interna, se encuentran cumplidas.

2.5.1. La Sentencia de divorcio objeto de homologación se encuentra debidamente ejecutoriada, y así lo certifica la “subdirectora general adjunta de cooperación jurídica internacional de la dirección general de cooperación jurídica internacional y relaciones con las confesiones” del Ministerio de Justicia del Reino de España, cuya firma fue autenticada con el certificado de apostille descrito en el artículo 4º de la normativa citada inmediatamente.

2.5.2. La determinación motivo de autorización, al referirse al divorcio del matrimonio celebrado entre la aquí peticionaria y Bonifacio Molina Zamora, no implica derechos reales constituidos en cosas situadas en territorio colombiano.

Habiéndose declarado la prosperidad del divorcio, según la audiencia final, por mutuo acuerdo de las partes, infiere la Corte que esta decisión extranjera no contraviene la legislación patria en la materia, en cuanto resulta coherente con la causal instituida en el artículo 6º-9 de la Ley 25 de 1992 modificatorio del artículo 154 del Código Civil, reformado por el 4º de la Ley 1ª de 1976, donde se habilita el divorcio por “consentimiento de ambos cónyuges, manifestado ante juez competente y reconocido por éste mediante sentencia”, quedando así desvirtuado lo aseverado por la delegada del Ministerio Público.

De otra parte, no se trata de un asunto de exclusiva competencia de la justicia colombiana, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1ª de 1976, en concordancia con el artículo 12 de la Ley 25 de 1992, donde se reconoce la eficacia al “divorcio decretado en el exterior”, siempre que la “causal respectiva sea admitida por la ley colombiana” y el “demandado haya sido notificado personalmente o emplazado según la ley de su domicilio”; con mayor razón cuando no aparece que ninguna de las partes tuviera radicado su domicilio o residencia en el territorio patrio.

Si bien el proceso instaurado en el exterior empezó como contencioso, para luego acogerse al “acuerdo alcanzado por ambas partes”, significa que en dicho trámite se guardaron los derechos de defensa y contradicción, respecto de ambas partes. Ergo, la debida citación, en principio, del allí convocado, fue observada, todo lo cual se presume con la constancia de ejecutoria de la providencia proferida.

Por último, no aparece evidencia de un juicio en curso o de fallo con sello de ejecutoria emitido por la justicia de Colombia en relación con similar asunto.

2.6. Por tanto, agotado el trámite del exequátur y verificadas las exigencias requeridas en la ley para otorgarlo, no queda opción diferente que proceder de conformidad.

3. Decisión

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONCEDER el exequátur a la Sentencia de 17 de julio de 2012, proferida por el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Daimiel, Provincia de Ciudad Real, España, mediante la cual se decretó el divorcio de Eyicel Avendaño Curaca y Bonifacio Molina Zamora, respecto del matrimonio civil contraído el 8 de agosto de 2006, en la notaría cuarenta y uno del círculo de Bogotá.

2. Para los efectos legales a que haya lugar, en especial lo previsto en los artículos 6º, 106 y 107 del Decreto 1260 de 1970, 13 del Decreto 1873 de 1971, se ordena la inscripción de la presente providencia, junto con la sentencia autorizada, en el folio correspondiente al registro civil de matrimonio y de nacimiento de las partes. Líbrense las comunicaciones a que haya lugar.

3. Sin costas por no aparecer causadas.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Álvaro Fernando García Restrepo—Margarita Cabello Blanco—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Luis Alonso Rico Puerta—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.

(1) G.J. CLXXVI, Nº 2415, 1984, pág. 309.