Sentencia SC15214-2017/2009-00479 de septiembre 26 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC15214-2017

Rad.: 11001-31-03-001-2009-00479-01

(Aprobado en sesión de dieciocho de julio de dos mil diecisiete)

Magistrado Ponente:

Dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo

Bogotá D.C., veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete.

Decídese el recurso de casación interpuesto por Clara Inés Romero de Zapata y Julio Antonio Zapata González frente a la Sentencia de 26 de abril de 2012, proferida por la Sala civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario que incoaron contra el Banco Davivienda S.A.

Antecedentes

1. Los accionantes solicitaron (fls. 36 a 70, cuaderno 1):

1.1. Se declare que el Banco Davivienda incumplió las sentencias C-383, C-700, C-747 de 1999 de la Corte Constitucional, el fallo de 21 de mayo del mismo año del Consejo de Estado, así como las providencias SU-846, C-955 y C-1140 de 2000; en la liquidación y el cobro del crédito hipotecario que concedió a los demandantes, a largo plazo, para la adquisición de vivienda, representado en el pagaré nº 008589038 y garantizado con la hipoteca contenida en la escritura pública nº 0148 del 20 de enero de 1997 otorgada en la Notaría 23 de Bogotá.

Pidieron, en consecuencia, se ordene la reliquidación del mutuo desde la primera cuota, de conformidad con lo establecido en las citadas providencias y en la Ley 546 de 1999; se condene a la demandada a efectuar la devolución de lo cobrado inconstitucional y excesivamente en cuantía de $ 150.000.000; a pagar los perjuicios materiales estimados en $ 116.000.000; a indemnizar los daños morales en el equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales; y, tras compensar esas sumas, se declare terminado el contrato de mutuo, sin perjuicio del saldo a su favor.

1.2. En subsidio, solicitaron se declare que la enjuiciada abusó de su posición dominante al modificar las condiciones del crédito en forma inconsulta, unilateral y autónoma, en perjuicio de los deudores, por lo cual debe indemnizarlos.

2. Tales pretensiones tuvieron como sustento fáctico el que a continuación se resume:

2.1. La Corporación Cafetera de Ahorro y Vivienda Concasa, el 6 de marzo de 1997, otorgó a favor de “Leonor González de Zapata” (sic) y Jairo Medina Martínez, un crédito a largo plazo para la adquisición de vivienda individual por $ 48.000.000, que debía ser liquidado bajo el sistema de unidad de poder adquisitivo constante (UPAC); sin embargo, el segundo deudor posteriormente fue sustituido por Julio Antonio Zapata González, con aprobación de la entidad financiera.

2.2. El crédito quedó representado en el pagaré nº 008589038 y en él se convino, además del pago de la corrección monetaria, intereses de plazo a la tasa del 15% anual y de mora a la máxima permitida.

2.3. Con el monto del crédito adquirieron la vivienda descrita en el libelo, que hipotecaron a favor de Concasa, hoy Davivienda S.A.

2.4. De conformidad con la información histórica del préstamo, desde la primera cuota el acreedor abonó al capital cantidades menores a las que correspondía conforme a la regulación legal, lo que generó, de allí en adelante, un incremento exagerado de lo adeudado, en razón del crecimiento excesivo de las obligaciones pactadas en UPAC. En consecuencia, “al inflarse absurdamente el capital adeudado, sobre el cual se siguieron aplicando en cada periodo las diferentes tasas de interés, hizo que el daño se originara y perfeccionara, en este caso, desde el comienzo, es decir desde la primera cuota y hasta la fecha de presentación de la demanda”.

2.5. Como lo determinó la Sentencia C-383 de 1999 de la Corte Constitucional, el cobro excesivo de que fueron objeto los promotores, los legitima para solicitar la reliquidación del crédito, pues estaba pactado en UPAC, unidad de cuenta que a su vez fue atada a la tasa del DTF, no al IPC, “y la aplicación de la corrección monetaria por el DTF sobre el capital capitalizado con intereses, —cuando dicha corrección monetaria estaba dada era para que el acreedor pudiera conocer la valoración diaria del dinero prestado—; sumándose de este modo, por parte del acreedor, el DTF más el incremento de los intereses del plazo, aplicándose a todo este conjunto la capitalización, al que se le aplicó nuevamente la tasa de interés, razón suficiente para demostrar la excesiva onerosidad de dicha obligación”.

2.6. Después que el Banco aplicó el alivio otorgado por el Estado, en cumplimiento a la Ley 546 de 1999, la Corte Constitucional expidió la Sentencia SU-846, en la que indicó cómo deberían realizarse las reliquidaciones y la aplicación retroactiva de tal abono; así como las sentencias C-955 y C-1140 de 2000, razón por la cual, afirman los peticionarios, la entidad financiera no ha cumplido con tal proceder.

2.7. El 1º de enero de 2000 dicho acreedor efectuó de forma unilateral la reestructuración del crédito, sin autorización ni consulta a los deudores. Tampoco cumplió lo ordenado por la Corte Constitucional, en el sentido de reliquidar el préstamo, devolver lo cobrado de más, y ajustarlo desde un comienzo. En consecuencia, por ende, siguió liquidándolo erradamente, con aumento desproporcionado del capital y tan sólo modificando el nombre de la unidad de cuenta utilizada, que pasó de UPAC al de UVR.

3. Una vez vinculada al pleito, la accionada se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones perentorias de “falta de legitimación en la causa por pasiva”, “aplicación indebida de la teoría de la imprevisión al contrato de mutuo, al pedir su revisión judicial”, “carencia e inexistencia de causa en las pretensiones solicitadas en la demanda por cuanto el banco cumplió con la ley”, “excepción de pago por la aplicación del alivio ordenado por la Ley 546 de 1999”, “improcedencia de la acción por ausencia de capitalización de intereses e intereses en exceso”, “cosa juzgada constitucional” y la “genérica” (fls. 115 a 138, ibídem).

4. El juzgado 1º civil del circuito de Bogotá negó las pretensiones con proveído de 13 de octubre de 2011 (fls. 412 a 418).

5. Al resolver la alzada interpuesta por los convocantes, el superior confirmó la decisión (fls. 38 a 50, cuaderno 9).

La sentencia del tribunal

De entrada, el juzgador ad quem indicó que no era necesario estudiar el problema jurídico planteado en la demanda, porque los reclamantes no podían incoar la presente acción, en la medida en que los hechos que le sirven de soporte son el fundamento de las excepciones de mérito que formularon en el juicio ejecutivo que el acreedor promovió en su contra.

Expresó que, conforme lo estableció la jurisprudencia de esta Corte, una ejecución iniciada contra quien ahora promueve la acción ordinaria, en la que son objeto de debate los mismos supuestos fácticos, impide que en el proceso declarativo sean examinadas las críticas que los deudores invocaron en aquel litigio.

Agregó que está acreditado el cobro compulsivo iniciado el 4 de mayo de 2006 por Granbanco S.A., como cesionario del Banco Cafetero S.A., contra Julio Antonio Zapata González, Clara Inés Romero de Zapata, Guillermo Zapata López y Leonor González de Zapata; el mandamiento de pago librado el 23 de junio de ese año; la notificación a los convocados y que tres (3) de estos —entre los que se cuentan los aquí demandantes— plantearon las excepciones que titularon “‘extinción de la obligación por pago’, ‘extinción de la obligación por compensación’, ‘pago en exceso de lo adeudado y de regulación o pérdida de intereses’, ‘falta de liquidación del crédito, mandato constitucional’, ‘indebida e inconstitucional instrumentación y denominación unilateral del crédito en UVR’, ‘no suspensión y terminación del proceso ejecutivo a la realización de la reliquidación del crédito’ y ‘pago de las cuotas vencidas que el banco dice que están en mora’”.

Dado los deudores soportaron los medios de defensa que allá invocaron en los mismos hechos que ahora sirven de fundamento a las súplicas del presente proceso, el desenlace de éste depende de la decisión que se tome en aquel litigio de naturaleza coactiva.

Añadió que no se trata, como lo sostienen los demandantes, de un reconocimiento oficioso de la excepción de cosa juzgada, porque no se tiene certeza sobre la expedición de fallo en el pleito ejecutivo, “sino de la preclusión de la oportunidad para proponer la réplica contra el título ejecutivo, pues si el demandado tiene excepciones que instaurar frente a este debe enarbolarlas todas en ese momento, sin que sea posible pretender reabrir el debate o acudir a un juez diferente para que estudie la misma obligación so pretexto de invocar pretensiones resarcitorias de perjuicios, pues en el evento de que en el trámite compulsivo la defensa sea exitosa y se demuestre la existencia de los mismos, en la Sentencia deberá hacerse la condena correspondiente como lo dispone el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil”.

La demanda de casación

Dos (2) cargos fueron planteados en el libelo extraordinario, de los cuales la Corte sólo admitió el inicial (fls. 29 a 42, cuaderno 10).

Cargo primero.

1. Fundado en la causal primera de casación prevista en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, adujo la vulneración, por vía directa, de los artículos 512 y 332 del Código de Procedimiento Civil, “al ser mal aplicados”.

2. En su desarrollo los recurrentes argumentaron que la primera de las disposiciones citadas otorga efectos de cosa juzgada a la sentencia que resuelve excepciones, dictada en proceso ejecutivo; al paso que la segunda los da a todo fallo ejecutoriado, truncando la instauración de otro pleito sobre el mismo objeto, causa y entre las mismas partes.

Seguidamente afirmaron que esos mandatos legales fueron conculcados por el fallador de última instancia, puesto que les dio un “alcance jurisprudencial restrictivo”, desconociendo “los principios hermenéuticos e interpretativos de la ley”; a pesar que, en un estado social de derecho, la supremacía de la Constitución Política impone la constitucionalización de todo el ordenamiento.

Por ende, la consideración según la cual precluyó la oportunidad para censurar el título ejecutivo base del proceso hipotecario, impidió la resolución del problema jurídico trazado por vía declarativa y, de paso, el derecho a la reliquidación del crédito, la restitución de las sumas pagadas en exceso y el resarcimiento de los perjuicios sufridos por los deudores.

Agregaron que si bien es deber del funcionario judicial aplicar los precedentes jurisprudenciales, también es forzoso escudriñar cada caso para determinar sus diferencias y no actuar de manera generalizada; por ende, si se ataca la administración de un crédito menester es analizar la calidad y condición del deudor, así como las demás características de la relación contractual, máxime cuando se trata de un préstamo concedido para la adquisición de vivienda a largo plazo, que tiene protección constitucional debido a que está de por medio el derecho a la vivienda digna.

También señalaron que la Sentencia C-955 de 2000 de la Corte Constitucional, aplicable al caso, autoriza a los deudores de empréstitos hipotecarios concedidos para la adquisición de vivienda a largo plazo, iniciar los procesos tendientes a obtener el resarcimiento de los perjuicios de que fueron víctimas por la inadecuada liquidación de la obligación.

Insistió que, erró el tribunal al “aplicar de forma restrictiva la cosa juzgada”, fundado en la preclusión de la oportunidad para cuestionar el desarrollo del contrato de mutuo a través de un proceso declarativo.

Consideraciones

1. Cuestión de primer orden es precisar que a pesar de entrar en vigencia de manera íntegra el Código General del Proceso desde el 1º de enero de 2016, al sub lite no resulta aplicable por consagrar, en el numeral 5º de su artículo 625, que los recursos ya interpuestos, entre otras actuaciones, deben surtirse empleando “las leyes vigentes cuando se interpusieron”.

Y como el que ahora ocupa la atención de la Sala fue iniciado bajo el imperio del Código de Procedimiento Civil, será este ordenamiento el que siga rigiéndolo, por el principio de la ultractividad de la vigencia de la ley en el tiempo.

2. La transgresión del ordenamiento sustancial por vía directa se da cuando el juzgador incurre en falsos juicios, bien sea porque no tuvo en cuenta los preceptos que gobernaban el caso, aplicó unos completamente ajenos o, a pesar de haber acertado en su selección, les dio un alcance del cual carecen.

Como en reiteradas oportunidades lo ha advertido la Corte:

‘…Corresponde, por ende, a una causal de pleno derecho, encaminada a develar una lesión producida durante el proceso intelectivo que realiza el fallador, por acción u omisión, en la labor de escogencia y exégesis de la regulación que considera aplicable, con un resultado ajeno al querer del legislador (…) En tal sentido ha precisado la Corte que la ‘violación directa de las normas sustanciales, que como motivo de casación contempla la causal primera del artículo 368 ibídem, acontece cuando el sentenciador, al margen de toda cuestión probatoria, deja de aplicar al caso controvertido la disposición sustancial a que debía someterse y, consecuentemente, hace actuar las que resultan extrañas al litigio, o cuando habiendo acertado en la disposición rectora del asunto, yerra en la interpretación que de ella hace…’ (SC, 17 de nov. 2005, rad. 7567, reiterada SC, 15 de nov. 2012, rad. 2008-00322).

3. Al tenor de la censura extraordinaria, el juzgador de segunda instancia se equivocó al interpretar los artículos 512 y 332 del Código de Procedimiento Civil, porque dio efectos de cosa juzgada al proceso ejecutivo que cursa entre las partes acá involucradas y en el cual, por vía de excepciones, fueron planteadas críticas sobre el desarrollo del contrato de mutuo, mismas que sirven de pilar fáctico al sub judice.

Conforme al aludido canon 332, la sentencia ejecutoriada proferida en un juicio contencioso surte efectos de cosa juzgada cuando, al contrastarla con un nuevo rito judicial, ambos versan sobre el mismo objeto, tienen como base idéntica causa y los sujetos enfrentados coinciden en uno y otro litigio.

Ese instituto tiende a proteger la inmutabilidad de los fallos judiciales, evitando que la discusión dirimida sea objeto de nuevo pronunciamiento, lo que de paso genera seguridad y estabilidad jurídica.

En tal orden de ideas, como regla de principio, si la triple identidad aludida se configura, la jurisdicción del Estado fue agotada y, por sustracción de materia, nada tiene que decidir en el segundo pleito.

Esa pauta de derecho se ve transgredida cuando el juez, en palabras de la Corte, “(…) al estudiar sobre el objeto de la demanda, contradice una decisión anterior, estimando un derecho negado o desestimando un derecho afirmado por la decisión precedente (…)”. (SC de 12 ago. 2003, rad. 7325, SC 5 jul. 2005, rad. 01493).

Pues bien, en el caso de autos las declaraciones demandadas no fueron desechadas porque se coligiera fundada la excepción de cosa juzgada.

De acuerdo con lo decidido por el tribunal, la oportunidad para que los promotores deprecaran las declaraciones contenidas en su libelo había expirado, en razón a que las elevaron en otro juicio, de carácter coactivo y por vía exceptiva.

Ciertamente, ese juez colegiado apuntó que “(n)o se trata entonces, como lo sostiene el apoderado de los demandantes, de una declaración oficiosa de la excepción de ‘cosa juzgada’ —cuando en el presente caso no se tiene certeza sobre la existencia o no de fallo en el proceso ejecutivo—, sino de la preclusión de la oportunidad para proponer la réplica contra el título ejecutivo, pues si el demandado tiene excepciones que instaurar frente a este debe enarbolarlas todas en ese momento, sin que sea posible pretender reabrir el debate o acudir a un juez diferente para que estudie la misma obligación (…)”.

Si esto es así, como en efecto lo es, al descubierto queda que como el instituto de la cosa juzgada no fue reconocido en la determinación impugnada, el tribunal no incurrió en un error iuris in iudicando en la aplicación de los artículos 332 y 512 del Código de Procedimiento Civil.

En otros términos, no se dio la vulneración del ordenamiento sustancial derivada de la errada interpretación de los preceptos de esa estirpe invocados en el libelo de casación, porque estos no fueron utilizados por el fallador en la decisión criticada, como tampoco lo fue la institución en ellos regulada.

4. No obstante que las precedentes consideraciones bastan para descartar el cargo bajo estudio, para abundar en razones, la Corte anota que, como ha tenido oportunidad de precisarlo, en los procesos ejecutivos existe una etapa prevista para que el deudor, si a bien lo tiene, cuestione el desenvolvimiento contractual génesis del título ejecutivo, entre otros aspectos, a través de la proposición de excepciones perentorias.

Se trata de la ocasión propicia para que, el deudor ejerza su derecho a la defensa —en desarrollo a la garantía fundamental del debido proceso—, prevalido de todas las herramientas que el ordenamiento jurídico le brinda. Por supuesto que sería un despropósito dejarlo desprovisto de ese escenario, tan sólo porque suscribió un documento que da cuenta de la prestación ejecutada.

Pero tampoco es de recibo que al margen de ese procedimiento, el deudor con posterioridad instaure otro de naturaleza declarativa para esgrimir los mismos argumentos que forjó en su defensa con el fin de desvirtuar la obligación ejecutada, pretendiendo de tal manera apartarse del debate propuesto en el cobro compulsivo e, incluso, de la sentencia que lo dirimió, si ésta ya fue dictada.

Este último proceder riñe con el deber de lealtad que los litigantes deben conservar en relación con su contendor, así como frente a la administración de justicia (art. 71, num. 1º C.P.C.), porque de lo contrario se otorgaría a los ciudadanos la facultad para replantear un litigio un sin número de veces, hasta tanto obtengan una decisión que los promulgue vencedores.

De ahí que, teniendo como mira el que los operadores de justicia no emitan distintas providencias para el mismo conflicto en orden a evitar fallos, contradictorios, han sido creados diversos mecanismos como la excepción previa de pleito pendiente, la mixta de cosa juzgada —que en el Código General del Proceso mutó a meritoria—, la suspensión del proceso por prejudicialidad (art. 170), el recurso extraordinario de revisión (causal 9ª del art. 380), etc.; lo que adicionalmente sobrepone el principio de economía procesal por encima de los intereses de las partes.

Efectivamente, sobre el punto la Sala indicó que:

(…) deviene inexorablemente la preclusión contra el ejecutado, impidiéndole invocar después en un proceso ordinario hechos que se hubieran podido alegar como tales excepciones en el trámite de la ejecución; si así no fuera, el proceso ejecutivo como instrumento auxiliar para hacer efectivo el pago de las obligaciones perdería su razón de ser, amén de que quedaría al talante del ejecutado optar por acudir allí a oponerse al cobro judicial; o guardar silencio, cualquiera fuera el motivo que hubiera inspirado su omisión, y dejar para ir después a la vía ordinaria a exponer sus defensas, proceder éste que no solo atentaría contra la seguridad jurídica y la lealtad procesal, sino que le otorgaría a la ejecución coactiva judicial un carácter meramente provisional, lo que, ni por asomo, permite la ley. (SC 10 sep. 2001 rad. 6771).

Y reiterando esa doctrina la Corte señaló que:

No está demás señalar que de conformidad con el artículo 512 del Código de Procedimiento Civil, la sentencia que resuelve las excepciones de mérito en el proceso ejecutivo hace tránsito a cosa juzgada, imperativo del cual no puede escapar el demandado con sólo dejar de proponer la excepción o haciéndolo de manera abstracta aludiendo a cualquier motivo enervante de la pretensión. El silencio del demandado sobre un medio de defensa que a su haber tenía contra el título ejecutivo, no puede quedar impune, ni deja abierta la jurisdicción para que dicha excepción sea discutida mediante proceso ordinario, pues darle tal valor al mutismo del ejecutado no sólo desconoce el alcance del artículo 512 del Código de Procedimiento Civil, sino que se erige en premio para la conducta omisa del demandado, la que podría afectar la lealtad procesal debida, a la par que colocaría en un ámbito bastante relativo la cosa juzgada. El tránsito de un negocio jurídico por el proceso de ejecución, en línea de principio, depura definitivamente la relación sustancial, porque nada justificaría que el deudor callara una excepción para luego poner en disputa el valor de la cosa juzgada y la seguridad jurídica que ella depara a las partes y a terceros. (SC 352 de 2005, rad. 1994-12835).

Así mismo, en otro pronunciamiento sentó:

En efecto, la evolución legislativa en Colombia, el estudio armónico de las instituciones del proceso, y la jurisprudencia de la Corte, permiten afirmar, en línea de principio, que el deudor debe proponer en el proceso ejecutivo todas las excepciones que pueda tener contra el título ejecutivo. Razones de lealtad, de economía procesal, pero fundamentalmente de seguridad jurídica, claman porque los reparos sobre la validez de un acto generador de obligaciones no sean resueltos por jueces distintos en escenarios procesales diferentes. Así, los institutos de la cosa juzgada, la suspensión por prejudicialidad y el pleito pendiente, vienen a ser el conjunto de instrumentos que la ley procesal ha establecido para garantizar que de una sola vez se ponga fin a la incertidumbre que se cierne sobre un contrato, pues si varios jueces de la misma jerarquía son puestos en la posibilidad de emitir dictámenes contradictorios al respecto, en este caso acerca de la validez del título hipotecario, el Derecho como herramienta social habrá perdido la función estabilizadora que está llamado a cumplir.

(…)

La razón de los anteriores precedentes está justificada también en que la fase de conocimiento dentro del proceso ejecutivo, por su amplitud e importancia en la definición de las relaciones jurídicas, excluye el aplazamiento del debate sobre la validez y los efectos del título ejecutivo presentado por el acreedor, de modo que tales materias quedan en principio reservadas al juez de la ejecución. (SC 019 de 2007, rad.1998-00339).

Así las cosas, ni siquiera en tratándose de un crédito concedido para la adquisición de vivienda, a largo plazo, es procedente hacer a un lado el ordenamiento jurídico mencionado, a través de la instauración de un litigio paralelo a aquél escenario natural para debatir el desenvolvimiento contractual.

No hay duda del componente social que tiene el derecho fundamental a la vivienda digna, pero él no se traduce en la inobservancia de las instituciones del ámbito procesal, porque de ser así se desquiciaría el rito establecido para dirimir las contiendas entre los ciudadanos, al generarse una justicia alterna, propósito que, por supuesto, ni siquiera ha sido concebido.

Con otras palabras, la facultad que la jurisdicción constitucional concedió a los deudores de las aludidas obligaciones, para deprecar la declaratoria de incumplimiento de los contratos de mutuo por el acreedor o la imputación a la deuda de los intereses cobrados en exceso, entre otras súplicas, no debe entenderse desligada del juicio coactivo, porque existiendo este, es allí donde los obligados deben desplegar su arsenal defensivo, el cual no culmina con la proposición de excepciones, sino mediante el uso de los diversos mecanismos de defensa como son la recolección de pruebas, interposición de recursos contras las providencias adversas, entre otros.

Si esto es omitido por los ejecutados o, si a pesar de realizar ese despliegue, después abandonan la causa, no podrán aseverar que carecieron de las oportunidades pertinentes para obtener la satisfacción de sus derechos.

Igual sucede si los solvens, a pesar de estar trabada la litis, se avienen con la satisfacción de la deuda, porque esto deja al descubierto su conformidad con el proceder del acreedor. Si el deudor paga lo cobrado significa, ni más ni menos, que acepta la liquidación que su contendor presentó.

Así lo decantó la Corte en un asunto de contornos similares, al señalar:

Para el efecto, se observa que el censor omite considerar que cuando ya se ha efectuado el pago por vía judicial, aquí por la venta en pública subasta del bien hipotecado, el proceso destinado a ese propósito concluye definitivamente con el pago, motivo por el cual posteriormente no se pueden desconocer los efectos extintivos de la obligación que fue objeto de recaudo por la vía de adelantar un proceso ordinario posterior, cualquiera sea la pretensión que se formule en la respectiva demanda para lograr ese objetivo…

Así, pues, la pretensión dirigida a revertir el pago hecho como resultado de un proceso ejecutivo hipotecario, de cualquier modo que se intente, no representa cosa distinta que el deseo de revocar el trámite ejecutivo que ya fue adelantado hasta su última consecuencia, el pago, el cual se halla revestido de total firmeza en cuanto éste se obtuvo de acuerdo con la ley procesal y pasada la oportunidad que tenía la sociedad demandada para proponer las excepciones de mérito, mediante las cuales bien pudo controvertir la validez del título ejecutivo, y no lo hizo; si así no fuera, se desconocerían en forma abrupta los principios básicos del derecho procesal que buscan impregnar de autoridad los trámites de la ejecución que se realizan con el fin de obtener la satisfacción de un crédito, en desmedro del principio de la seguridad jurídica, lo cual refulge inadmisible en este caso… (SC, 10 sep. 2001 rad. 6771).

En suma, no ocurrió la vulneración de la ley sustancial achacada a la sentencia de segundo grado, por lo que el cargo será declarado infundado.

5. De lo analizado emerge la frustración de la impugnación extraordinaria y, la imposición de costas a su proponente, según lo previsto en el inciso final del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, y junto al señalamiento de agencias en derecho como lo dispone el precepto 392 ibídem, modificado por el 19 de la Ley 1395 de 2010, para lo cual se tendrá en cuenta que fue replicada la demanda de casación.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de casación civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 26 de abril de 2012, por la Sala civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario que Clara Inés Romero de Zapata y Julio Antonio Zapata González incoaron contra el Banco Davivienda S.A.

Se condena en costas a los recurrentes en casación. Por secretaría inclúyase en la liquidación la suma de $ 6.000.000, por concepto de agencias en derecho.

Cumplido lo anterior devuélvase la actuación surtida al tribunal de origen.

Notifíquese,

Magistrados: Luis Alonso Rico Puerta—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.