Sentencia SCL5579-2016/2014-01123 de octubre 31 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.: 11001-02-03-000-2014-01123-00

Magistrado Ponente:

Dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo

(Aprobada en sesión de catorce de septiembre de dos mil dieciséis)

Bogotá D.C., treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis.

Se decide el recurso de revisión interpuesto por Raymundo Alfredo Rosales Jiménez, respecto de la sentencia de 13 de diciembre de 2011, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso ordinario instaurado por el recurrente, contra Compañía Ferretera Asturiana y Cía. S. en C., actualmente en liquidación.

I. Antecedentes

1. En el referido proceso, que por reparto correspondió al Juzgado 10 Civil del Circuito de Bogotá, el demandante pidió declarar que entre las partes hubo un contrato de compraventa de chatarra y maquinaria en desuso, y que se condenara a la demandada a pago $ 269.891.720, como saldo del negocio, junto con sus intereses e indexación.

Los hechos se sintetizan en que el demandante, le suministró unos equipos a Cemex Colombia S.A., quien pagó una fracción con dinero y otra parte del precio, con 2.826.000 kilos de chatarra varia y maquinaria en desuso. Dicha empresa impuso al actor, la condición que buscara una persona jurídica para facturar; partiendo de la base que esta no podía emitir orden de compra a persona natural, para lo cual el señor Rosales Jiménez, le presentó a la empresa demandada, quien recibió todo el material.

Sobre el material metal chatarra y maquinaria obsoleta, el señor Raymundo Alfredo y la Compañía Ferretera Asturiana, acordaron un valor promedio de $281,7 pesos por kilo, para un total de $ 796.084.200, de los cuales aquel recibió la suma de $ 526.192.480, quedando un saldo de $ 269.891.720, M/Cte, a favor del demandante.

2. Tramitada la primera instancia, con oposición de la demandada, el juzgado acogió las pretensiones mediante sentencia que, por recurso de apelación de esa parte, por decisión mayoritaria fue revocada por el Tribunal, el 13 de diciembre de 2011, que en su lugar denegó lo pedido.

II. El recurso de revisión

Se fundó este recurso extraordinario en la causal octava (8ª) del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, por nulidad originada en la sentencia, cuyo fundamento se sintetiza a continuación, con exclusión de aspectos relacionados con otras causales de revisión que fueron rechazadas desde el comienzo (causales primera y sexta).

Puede extraerse que el recurrente, en unos primeros apartes, justificó la deserción del recurso de casación que interpuso contra el fallo del Tribunal, aduciendo que la falta de sustentación se debió a carencia de medios económicos, partiendo de la base que contactó los servicios de un especialista en el tema, pero no fue posible cumplir los requerimientos económicos de pago anticipado (folio 7 del cuaderno de casación); otro argumento que se extrae relativo a la comentada omisión de la demanda de casación, es la citación de la Sentencia T-352 de 2012 de la Corte Constitucional(1), que tienen que ver con otras situaciones diferentes a la del presente caso.

Ya en la concreción de la causal invocada expresó, en resumen, que hubo menoscabo del derecho a la defensa porque el Tribunal no citó de oficio para la audiencia de alegaciones del artículo 360 del CPC, que era ineludible, para que se aclararan las dudas con la explicación de las pruebas del proceso, y fue así que en el fallo se habló luego que estas no eran suficientes para dar por probados los hechos.

La causal también se fundó en violación del debido proceso por falta de motivación, o «deficiencias graves de motivación», según jurisprudencia de la Corte que citó a espacio. En particular adujo que los hechos y pruebas no fueron analizados en conjunto, acorde con la ley, pues la sentencia no dio cuenta de pruebas para desvirtuar los indicios y la confesión de la demandada, que habían surgido de la falta de contestación de la demanda e inasistencia a la audiencia del artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, y omitió tener en cuenta hechos que estaban demostrados, como la existencia del convenio comercial entre las partes, conforme al cual, el demandante presentó a la demandada ante Cemex Colombia S. A., para que esta le facturara y entregara la chatarra y maquinaria en desuso, que era de su propiedad (del actor), así como el negocio en que la demandada le compró a él dicha mercancía, le hizo un primer pago y le quedó adeudando un saldo.

Agregó que esos hechos los había dado por probados el juzgado en la sentencia, que fue revocada por la corporación de segunda instancia «sin indicio ni prueba mínima en contrario, además, tomando como única fuente de motivación una apelación fraudulenta, ignorando la verdad jurídica evidente de los hechos».

En su cuestionamiento, el recurrente planteó varias premisas para mostrar desaciertos en la decisión del Tribunal, que resumidamente son: no considerar las pruebas sobre la propiedad del material recibido y demás negociaciones ya referidas, pero sí aceptar como ciertas las alegaciones de la compañía demandada para desvirtuar los indicios y confesión aludidos.

También expuso, el inconforme, un parangón entre las motivaciones de la sentencia aquí controvertida y la crítica jurídico-probatoria de parte suya, escrito a lo largo del que fue exponiendo los yerros de los considerandos que expresó el juez de segundo grado para tomar su decisión (folios 74 a 105 del cuaderno de revisión).

3. La demandada se opuso a la solicitud de revisión, con negación de los hechos invocados como causales, además de proponer las excepciones de falta de legitimación en la causa «frente a la causal 7ª revisión del artículo 380», prescripción, caducidad, ausencia de colusión por fraude y cualquier otra que se encuentre probada.

4. Surtidas las etapas correspondientes se corrió traslado para alegar, oportunidad en que el demandante presentó escrito reiterativo de los argumentos en torno a la causal invocada, de nulidad originada en la sentencia, con insistencia en la crítica probatoria que se resumió, así como enfatizar por qué el Tribunal ha debido confirmar el fallo apelado, trae como sustento el salvamento de voto de uno de los magistrados integrantes de la sala, del cual se consignan varios apartes. Todo para concluir que hubo menoscabo del derecho de defensa y falta de motivación en la decisión de la referida corporación.

III. Consideraciones

1. Debe estudiarse, antes que todo y por tratarse de un requisito de procedibilidad de la acción, la excepción de caducidad, que la parte demandada denominó así, aunque también la llamó prescripción, pero que en realidad es lo primero —caducidad—, ya que de no iniciarse en el tiempo legal este recurso de excepción, conlleva al decaimiento de la facultad para hacerlo, pues ha sostenido esta corporación, «cuando se trata de un término perentorio, que la ley señala para el ejercicio de una facultad o derecho, como el indicado para formular el recurso extraordinario de revisión, vencido el plazo sin que el interesado interponga el mencionado recurso se produce, por ministerio de la ley, la caducidad del derecho a formularlo (...)» (Sala de Casación Civil, Sentencia 217 del 19 de junio de 1989, reiterada en la de 3 de septiembre de 2013, Rad. 11001-02-03-000-2012-01526-00).

Se fundó esta figura extintiva en que, entre la fecha de notificación de la sentencia cuestionada y la radicación de la demanda de revisión, transcurrieron más de los dos años contemplados en el artículo 381 del Código de Procedimiento Civil.

Al respecto, no pudo correr el letal término planteado por la parte demandada, verificado que contra el fallo del Tribunal procedía y se formuló recurso de casación, que fue inicialmente tramitado pero se declaró desierto por carencia de sustentación, de tal manera que en el entretanto y hasta cuando no quedó en firme el auto que declaró esa deserción, no podía considerarse ejecutoriada la decisión de segunda instancia, aquí recurrida, conforme al artículo 331 del citado estatuto procesal, cuyo inciso primero establece que las providencias adquieren ejecutoria «y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. No obstante, en caso de que se pida aclaración o complementación de una providencia, su firmeza solo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva».

Con base en dicha norma, la jurisprudencia de la Corte tiene razón en señalar que la cosa juzgada en sentido formal de una sentencia, opera de varios modos:

i) Cuando la sentencia carece de recursos su ejecutoria se alcanza en el momento mismo de su notificación. “Si la sentencia no está sujeta a impugnaciones —explica Chiovenda— es por sí misma firme y produce sin más sus efectos”. Es decir que estas decisiones quedan ejecutoriadas por ministerio de la ley o, como refiere la doctrina, son ‘firmes por su naturaleza’. (Instituciones de Derecho Procesal Civil. Parte Tercera. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1940. Pág. 339)

De hecho, si la definición del concepto de ‘ejecutoriedad de la sentencia’ expresa que la misma no es susceptible de ataque por medio de ningún recurso ordinario, entonces resulta evidente que la providencia que no está sujeta a impugnaciones queda en firme “ipso iure”; salvo que se pida oportunamente su aclaración o adición, en cuyo caso se posterga su firmeza hasta la ejecutoria de la providencia que resuelva la respectiva solicitud.

ii) Una situación distinta se presenta cuando la sentencia está sometida a impugnaciones, pues en tal circunstancia se convierte en firme cuando “han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos” (se subraya)

De lo previsto en el artículo 331 del mismo código —sostiene la Corte— se infiere cómo los recursos que tienen la virtualidad de prolongar el término de ejecutoria de las providencias judiciales son únicamente los que fueren procedentes, de modo que si, de entrada, o a posteriori, se concluye que no lo eran, la firmeza de dichos pronunciamientos se retrotrae al momento del vencimiento de los tres días siguientes a su notificación o al del señalado para la interposición de los que fueren procedentes, pues “si determinado recurso no era procedente, es de entender que jamás se interpuso”. (Auto de 2 de mayo de 2007, Exp. 2007-00025-00) [Se subraya]. (Sentencia de 3 de septiembre de 2013, Rad. 11001-02-03-000-2012-01526-00).

Colígese de lo apuntado, acorde con la norma y la doctrina jurisprudencial, que cuando la providencia no es susceptible de recursos, así se propongan, o no se formulen en el término respectivo, inmediatamente en audiencia o en los tres días siguientes —cinco días para casación—, o no se pide aclaración o adición, la ejecutoria se agota ipso iure en el respectivo plazo, sin necesidad de declaración alguna, y la sentencia hace tránsito a cosa juzgada formal; al paso que si hay recursos procedentes y se formulan en tiempo, la ejecutoria de la providencia recurrida queda pospuesta hasta que se resuelven esos medios de impugnación. Hipótesis esta última dentro de la que puede enmarcarse la sentencia sub júdice, de advertir que, ya se dijo, contra ella se propuso el recurso de casación, que fue concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, aunque en esta sede fue declarado desierto; por supuesto que esa deserción debe tenerse como equivalente o similar a una decisión sobre el recurso, no como si este nunca se hubiese interpuesto, precisamente porque hubo un pronunciamiento concreto sobre el mismo.

2. Descartada la caducidad, recuérdese que para la jurisprudencia inveterada de esta corporación, el recurso de revisión surgió de la necesidad de disminuir en ciertos y estrictos casos la cosa juzgada material (res iudicata pro veritate habetur), para ofrecer a los respectivos afectados la facultad de cuestionar la presunción de legalidad y acierto de las sentencias definitivas, con tal de aceptar y buscar la enmienda de una iniquidad judicial, eso sí bajo precisas causas determinadas previamente en la ley.

Retomando la petición del recurrente, se ha reiterado que este remedio procesal, dado su carácter extraordinario y dispositivo, solo procede para casos igualmente extraordinarios, con el fin de que quien tenga interés jurídico en concreto, solicite «el reexamen de sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada, siempre que se presente uno cualquiera de los nueve casos enumerados de modo taxativo por el artículo 380 del C. de P. C. y con el exclusivo fin de proseguir el proceso para que pueda fallarse conforme a los dictados de la justicia y respetando, en su esencia, la garantía del debido proceso cuando esta ha sido quebrantada». Eso por cuanto la verdad pura emanada del fallo dotado de firmeza y con efectos de cosa juzgada, según ficción necesaria para la seguridad jurídica, «no puede mantenerse cuando, con posterioridad a la producción de la sentencia y con el carácter de auténtica novedad decisiva, aparece un hecho o circunstancia que por sí solo y de manera concluyente demuestra la ostensible injusticia del pronunciamiento, situación esta que la ley encara mediante el recurso de revisión». (Sentencia 237 de 1º de julio de I988, CXCII, Número 2431, págs. 7 y ss.).

En esa ocasión se destacó que dentro de las características que moldean esta herramienta procesal, dado el referido atributo, y que de ser desconocidos conllevan a su fracaso, se hallan:

a) Solo procede contra determinadas resoluciones judiciales, dentro de cierto término y por los motivos expresamente consagrados en la ley, ya que como fue puntualizado por la Corte en sentencia de 10 de diciembre de 1936 (GJ. Núm. 1920, pág. 652): “(...) Ante la naturaleza del recurso de revisión y en frente de la autoridad y seguridad de la cosa juzgada, el criterio que debe imperar en él es taxativo y ceñido estrictamente a las normas fijadas por el legislador, con criterio restrictivo (...)”.

b) Además de su forma extraordinaria, el recurso permite impugnar sentencias ejecutoriadas en los eventos especiales consagrados por la ley «(...) y de cuya ocurrencia debe dar cumplida prueba el recurrente, atendiendo así a precisas directrices también delineadas por la Corte en un buen número de providencias (...)», vale decir, que incumbe al interesado probar la respectiva causal de revisión, si aspira a destruir la fuerza de cosa juzgada de la decisión.

c) El recurso bajo comentario, es «de mero derecho; no constituye una nueva instancia judicial puesto que al órgano jurisdiccional llamado a resolverlo, en tanto conserve esta calidad y no haga el pronunciamiento rescisorio reclamado, no le compete conocer y decidir las cuestiones de hecho y de derecho ventiladas en el proceso anterior, sino que muy por el contrario su función ha de centrarse en constatar si existe o no la causal que, por mandato de la ley, le abre paso a esta modalidad impugnativa (...)» (subrayado fuera del texto original). Recalcó la Corte, en la misma sentencia citada, que el recurso de revisión es para casos de excepcional gravedad, «(...)en que la parte interesada ha estado jurídicamente imposibilitada para defenderse», pero de ninguna manera es para darle entrada «a una deficiente defensa en el primer litigio; se trata siempre de circunstancias que han sobrevenido después del fallo y que, por ende, no pudieron entonces ser conocidas y alegadas (...)».

3. De modo que este peculiar mecanismo de defensa judicial carece de fundamento cuando se utiliza para tratar de replantear el litigio, o para controvertir la fundamentación fáctica o jurídica que permitieron a los juzgadores respectivos, adoptar la decisión, porque es doctrina firme de esta Sala que se trata de un

(...) remedio excepcional frente a la inmutabilidad de la cosa juzgada material, para combatir las decisiones judiciales contrarias a la justicia y al derecho, el cual tiene determinadas características que lo distinguen de los demás medios de impugnación, como quiera que es un recurso extraordinario, formalista y restringido, cuya función es constatar la existencia o inexistencia de las causales taxativamente señaladas en la ley, y no para enmendar situaciones adversas que, con intervención de alguno de los sujetos procesales, hubieren podido evitarse o remediarse en donde se dictó la sentencia de la cual se implora revisión (…). ‘(...) basta leer las nueve causales erigidas por el art. 380 del C. de P. C. como motivo de revisión, para afirmar que este medio extraordinario de impugnación no franquea la puerta para tornar al replanteamiento de temas ya litigados y decididos en proceso anterior, ni es la vía normal para corregir los yerros jurídicos o probatorios que hayan cometido las partes en litigio precedente, ni es camino para mejorar la prueba mal aducida o dejada de aportar, ni sirve para encontrar una nueva oportunidad para proponer excepciones o para alegar hechos no expuestos en la causa petendi (....) Como ya se dijo por la Corte, el recurso de revisión no se instituyó para que los litigantes vencidos remedien los errores cometidos en el proceso en el que se dictó la sentencia que se impugna. El recurso de revisión tiende derechamente a la entronización de la garantía de la justicia, al derecho de defensa claramente conculcado y al imperio de la cosa juzgada material (...)’ (Sentencia de 24 de abril de 1980). (Sentencia de revisión civil de 3 de septiembre de 1996, Exp. Nº 5231).

Ya en el campo de la causal octava de revisión, que acontece por «existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso», se ha considerado que son cuatro los requisitos para que prospere: 1) que se haya incurrido en vicio de nulidad; 2) que el vicio se haya originado en la sentencia; 3) que la sentencia haya puesto fin al proceso; y 4) que el fallo no sea susceptible de recurso alguno.

4. De donde se viene como conclusión, sin necesidad de acudir a otros razonamientos, que se trunca la controversia aquí invocada, por faltar el requisito consistente en que el fallo atacado no sea susceptible de recurso alguno, toda vez que en el caso el pronunciamiento a que se refiere este expediente era pasible del recurso de casación y se utilizó pero se quedó a mitad de camino, de atender que el interesado lo formuló pero se le declaró desierto por falta de sustentación.

Así, el interesado incumplió con uno de los ya vistos requisitos de la causal octava (8ª) del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, que acontece cuando hay «nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso», esto es, que la citada providencia no admita recurso alguno, bien por ser de única instancia, o ya porque los que eran pertinentes se agotaron. Y es razonable exigencia que antes de acudir a esta especial forma de corrección procesal, el interesado hubiese concluido los recursos correspondientes, si tuvo la oportunidad de hacerlo, precisamente por tratarse de una vía extraordinaria y, como tal, de excepcional factibilidad.

Sobre este tópico ha enseñado la jurisprudencia de la Corte que la protección prevista en la causal octava de revisión gravita «sobre la base, en primer término, de que se incurra en una irregularidad estructurante de nulidad al proferirse la sentencia que puso fin al proceso; y en segundo lugar, de que dicha decisión no sea susceptible de recurso alguno» (Sentencia de 8 de abril de 2011, rad. 2009-00125-00). En la misma línea, de antaño ha esbozado:

(...) la mencionada causal se presenta, en general, ‘cuando en ella [la sentencia] se configura en verdad alguna de las causales de nulidad establecidas por la ley, protegiéndose de esta manera el derecho de defensa del litigante afectado quien, por exigencia del supuesto normativo previsto, solo podrá tener conocimiento de la irregularidad cuando conoce la sentencia’ (G.J. T. CCXLIX, pág. 170) y, en particular, ‘(…) cuando la sentencia presenta irregularidades capaces de constituir nulidad, lo cual sucede, (…) exceptuado el evento de indebida representación, notificación, o emplazamiento que configuran causal autónoma (la 7), cuando se dicta sentencia en proceso que había terminado por desistimiento, transacción o perención, o cuando se pronuncia estando suspendido el proceso, o cuando en el fallo se condena a quien no ha figurado como parte, o cuando se adopta por un número inferior a (sic) magistrados al previsto por la ley, a lo cual cabe agregar el caso de que se dicte la sentencia sin haberse abierto el proceso a pruebas o sin que se hayan corrido los traslados para alegar, cuando el procedimiento así lo exija, de donde se desprende que no cualquier irregularidad en el fallo, o cualquier incongruencia, tiene entidad suficiente para invalidar la sentencia.

Ha de tratarse de una irregularidad que pueda caber en los casos específicamente señalados por el legislador como motivos de anulación, puesto que en el punto rige en el procedimiento civil el principio de taxatividad, como es bien conocido’ (Sent. Rev. S-078 de 12 de marzo de 1991, sin publicar), lo cual significa que ‘los motivos de nulidad procesal de la sentencia son estrictamente aquellos que —a más de estar expresamente previstos en el Código de Procedimiento Civil, dado que campea en esta materia el principio de la taxatividad de las nulidades— se hayan configurado exactamente en la sentencia y no antes; es decir, ‘(…) no se trata, pues, de alguna nulidad del proceso nacida antes de proferir en este el fallo que decide el litigio, la que por tanto puede y debe alegarse antes de esa oportunidad, so pena de considerarla saneada; ni tampoco de indebida representación ni falta de notificación o emplazamiento, que constituye causal específica y autónoma de revisión, como lo indica el numeral 7º del texto citado, sino de las irregularidades en que, al tiempo de proferir la sentencia no susceptible de recurso de apelación o casación, pueda incurrir el fallador y que sean capaces de constituir nulidad (…)’. (CLVIII, 134), (sent. rev. de 29 de octubre de 2004, exp. No. 03001). (Sentencia de revisión civil de 15 de julio de 2008, Exp. Nº 11001-0203-000-2007-00037-00. Se subrayó).

Por supuesto que el recurso de casación era un dispositivo idóneo para cuestionar la sentencia de segundo grado, bien fuera por los puntos de vista jurídicos y probatorios de fondo, como también por los procesales relacionados con la audiencia de alegaciones del artículo 360 del Código de Procedimiento Civil, que a juicio del recurrente debió disponerse de oficio.

5. El recurrente, como ya se compendió, pretende excusar la deserción del recurso de casación en que la falta de sustentación obedeció a la carencia de medios económicos de su parte. Con todo, no resulta hacedero aceptar ese pretexto a estas alturas, pues lo cierto es que tuvo a su disposición el término respectivo para que, por intermedio de abogado, formulara la demanda de casación, pero no lo hizo, ocasión en que él mismo manifestó que por insinuación de su apoderada contactaron los servicios de un especialista en el tema, pero no fue posible cumplir los requerimientos económicos de pago anticipado, porque aquella consideró «que todavía no tiene la suficiente ilustración», además de que debió ausentarse de la ciudad, y por eso él solicitó «un plazo extra de 15 días hábiles para así poder tomar alternativas» y presentar la demanda (folio 7 del cuaderno de casación); en tanto que dicha apoderada renunció al poder «como quiera que no fue posible llegar a un acuerdo sobre el pago de honorarios establecidos (...)» (folio 8 ibídem).

Cumplido el término sin presentarse la demanda de casación, la Corte, tras recordar que los términos legales son improrrogables, por regla general, declaró desierto aquel recurso.

Sobre este tópico es pertinente recordar que si bien el ejercicio de la acción judicial es un derecho potestativo que cautela los derechos subjetivos y asegura la observancia del derecho como lo señala Enrique Barros Bourie, no se puede incurrir en abuso de tales acciones(2).

El derecho procesal como una herramienta de acción, en aras de la resolución de los conflictos jurídicos, establece las ritualidades del proceso en cada una de sus etapas y la forma en que deben concluir, adicionándole en caso de inconformidad de una de las partes, la posibilidad de acudir a otra instancia con las impugnaciones respectivas; pero cuando son omitidas esas réplicas, o usadas sin atender las cargas propicias para su cabal efecto, no pueden pretender los interesados mantener el ejercicio obstinado de nuevas acciones para justificar el propio descuido.

En cuanto al otro argumento, relativo a la comentada omisión de la demanda de casación por la eventual carencia de medios económicos, basado en la Sentencia T-352 de 2012 de la Corte Constitucional, lo cierto es que lo estimado en esa decisión para entender agotados los recursos, fue expuesto para aceptar la procedibilidad de la acción de tutela en uno de los expedientes bajo análisis en esa ocasión, razones que no muestran la misma aplicabilidad en este caso concreto para el recurso de revisión.

A más de que examinado lo ocurrido en este asunto, no puede verse que la deserción del recurso de casación ocurrió únicamente por la carencia de recursos económicos, pues conforme a lo anotado por la apoderada del demandante, se observa hubo entre ellos un desacuerdo alrededor de los honorarios pactados.

6. Ahora bien, si en gracia de discusión se pasara por alto el estudiado requisito de consumación del recurso de casación que cabía contra la sentencia, de todos modos el remedio procesal de revisión sería improcedente desde el umbral, sin necesidad de entrar en otras disquisiciones relacionadas con los tópicos de motivación, por cuanto la refriega de su proponente contra la sentencia del Tribunal de Bogotá, en realidad pretende es una instancia adicional, con superposición de su crítica jurídico-probatoria a la de esa corporación, es decir, que en buenas cuentas el recurso deja traslucir unas nuevas alegaciones, con miras a que de nuevo se decida la contienda de entonces, de manera que hay consenso en cuanto a que transita en contravía de la finalidad asignada a este recurso, insistida en las consideraciones de esta sentencia, porque la revisión no es para esos efectos, «no constituye una nueva instancia judicial», como ya fue apuntado.

De más no está reiterar, por ser apropiado para esta especie de litis, que «no es posible discutir en dicho recurso los problemas de fondo debatidos en el proceso fuente de la mencionada relación ni tampoco hay lugar a la fiscalización de las razones fácticas y jurídicas en ese mismo proceso ventiladas, sino que cobran vigencia motivaciones distintas y específicas que, constituyendo verdaderas anomalías, condujeron a un fallo erróneo o injusto, motivaciones que por lo tanto no fueron controvertidas anteriormente, por lo que valga repetirlo una vez más, la revisión no puede confundirse con una nueva instancia pues supone, según se dejó apuntado, el que se llegó a una definitiva situación de firmeza y ejecutoriedad creadora de la cosa juzgada material que solo puede ser desconocida ante la ocurrencia de una cualquiera de las anómalas circunstancias que en “numerus clausus” y por ello con un claro sentido de necesaria taxatividad, indica el art. 380 recién citado» (CCXLIX. Vol. I, 117; citada en Sentencia 182 de 29 de octubre de 2004 (Exp. No. 11001-02-03-000-2001-0030-01).

A la par, bajo igual supuesto de desdeñar el recurso de casación malgastado, por su ya comentada deserción, de cara al cuestionamiento procedimental por falta de convocación a la audiencia de alegatos prevista en el artículo 360 del Código de Procedimiento Civil, cabe anotar que tampoco le asiste razón al reclamante para la nulidad por la causal tipificada en el artículo 140, numeral 6º, de ese estatuto, porque no era obligatorio para el Tribunal convocar a esa diligencia, en la medida en que no fue solicitada, como es aceptado en la demanda venero de este trámite.

En el punto es oportuno recordar que la mencionada audiencia de alegatos en el trámite de segunda instancia ante jueces plurales, es viable «de oficio o a petición de parte», vale decir, que puede convocarse: a) directamente —de oficio— por la respectiva corporación judicial, si lo considera, eventualidad en que, contrario a lo planteado por el recurrente, no es ineludible u obligatoria; y b) a petición de parte, situación en que sí sería de imperiosa disposición, pero que no es invocada en esta revisión.

7. Total que por las anteriores razones, es infundado el recurso extraordinario de revisión basado en la causal 8ª del artículo 380 del estatuto procesal civil, por lo que así se declarará. Y no cabe analizar las excepciones distintas de la ya comentada caducidad, por sustracción de materia, pues si la pretensión de esta especie de control judicial no prospera, es innecesario el estudio de aquellas que, en general, son formas de defensa cualificada para atacar la pretensión con hechos distintos o nuevos que se traen a la litis, de tal manera que si esta no se estructura, queda sin motivo el análisis de aquellas, pues “antes de estudiar un medio exceptivo contra lo pretendido por el demandante, primero debe preguntarse si a este le asiste la razón. Cuando esa cuestión es respondida negativamente, dice la Corte, la 'absolución del demandado se impone; pero cuando se halle que la acción existe y que le asiste al actor, entonces sí es procedente estudiar si hay excepciones que la emboten, enerven o infirmen'.” (Casación civil de 15 de julio de 2008, Ref. C-1100131030061998-00579-01. Allí se cita la Sentencia 109 de 11 de junio de 2001, Exp. 6343, reiterando XLVI-623 y XCI-830).

Sin condena en costas por el amparo de pobreza decretado a favor del demandante (folio 153 del cuaderno de revisión).

IV. Decisión

Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve:

1. Declarar infundado el recurso de revisión invocado por Raymundo Alfredo Rosales Jiménez frente a la sentencia de 13 de diciembre de 2011, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso ordinario instaurado por el recurrente contra Compañía Ferretera Asturiana y Cía. S. en C., actualmente en liquidación.

2. Devuélvase el proceso revisado al despacho judicial de origen, agregando copia de esta providencia y, en su oportunidad archívese el expediente que recoge la actuación surtida ante esta corporación.

Magistrados: Álvaro Fernando García Restrepo, presidente De Sala—Margarita Cabello Blanco, ausencia justificada—Aroldo Wilson Quiroz MonsalvoLuis Alonso Rico PuertaAriel Salazar RamírezLuis Armando Tolosa Villabona.

1 Corte Constitucional (2012), Sentencia T-352, Proceso de filiación, acción de tutela instaurada por William de Jesús Restrepo contra la Sala Cuarta de Decisión de Familia del Tribunal Superior de Medellín y Juan contra la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá.

2 Barros Bourie Enrique (2009), Tratado de Responsabilidad Extracontractual, Capítulo IX Abuso de Derecho, Editorial Jurídica de Chile, Santiago-Chile.