Sentencia SC15747-2014 de noviembre 14 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC15747-2014

Radicación 11001-31-03-013-2007-00447-01

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Giraldo Gutiérrez

Bogotá, D.C., catorce de noviembre de dos mil catorce.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la demandante, frente a la sentencia de 17 de octubre de 2012, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP contra Inversiones Arévalo Chaves Cía. S. en C.

I. El litigio

1. La accionante pidió declarar que adquirió por prescripción “la servidumbre de conducción de energía eléctrica que va por la franja por donde transcurre la llamada “línea de transmisión a 230 KV corredor sur y sistema Bogotá, localizada en los departamentos del Meta y Cundinamarca y en Bogotá, D.C.””, en una extensión superficiaria de catorce mil quinientos metros cuadrados (14.500 m²) sobre el predio “Villa Lourdes II” de que es titular Inversiones Arévalo Chaves Cía. S. en C., identificado con folio de matrícula inmobiliaria 50S-194553.

En subsidio solicitó lo mismo respecto de la “servidumbre legal de conducción de energía eléctrica”.

2. Sustentó las aspiraciones en los hechos que se compendian así (fls. 94 al 102, cdno. 1):

a. La promotora diseño y construyó la línea de transmisión “a 230Kv corredor sur y sistema Bogotá”, individualizada en la Resolución 738 del 30 de abril de 2007 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

b. Esa obra se terminó de construir en 1993 y entró en funcionamiento un año después, atravesando doce municipios de Cundinamarca y Meta.

c. El inmueble objeto de reclamo soporta la servidumbre continua y aparente desde hace más de doce (12) años, con fundamento en los artículos 18 de la Ley 126 de 1938, 16 y 25 de la Ley 56 de 1981 y 56 de la Ley 142 de 1994.

d. A través de la escrituras públicas 768 de 24 de mayo de 1994, de la Notaría Única de Cáqueza, y 890 de 11 de marzo de 2000, de la Notaría Cincuenta y Ocho de Bogotá, el anterior propietario constituyó gravamen en favor de la empresa y se protocolizó el permiso de paso y la cancelación del precio estipulado, respectivamente.

e. Para las revisiones y reparaciones de la línea, se accede al predio sin ningún tipo de autorización u oposición, como consecuencia del “animus y corpus” que detenta.

3. Notificada Inversiones Arévalo Chaves Cía. S. en C., guardó silencio. El curador ad litem de las personas indeterminadas y el procurador agrario manifestaron estar a lo que se demostrare (fls. 124 al 125, 153, 159 al 187, cdno. 1).

4. El Juzgado Trece Civil del Circuito de Bogotá negó las pretensiones (fls. 268 al 274, cdno. 1).

5. El superior, al desatar la alzada interpuesta, la confirmó (fls. 15 al 29, cdno. 2).

II. Fundamentos del fallo impugnado

Se resumen de esta manera:

1. Es carga del interesado acreditar que “la cosa objeto de la pretensión es susceptible de ser adquirida por este medio”, “la posesión por el término legal con ánimo de señor y dueño de manera ininterrumpida” y que “el bien cuyo dominio se promete adquirir, se encuentre debidamente identificado dentro del proceso”.

2. La posesión del artículo 762 del Código Civil se manifiesta “con actos que impliquen dicho señorío” y su estructuración queda sujeta a la concurrencia del “animus o comportamiento subjetivo de estar vinculado a la cosa como si fuera su propietario o ánimo de señor y dueño, sin reconocer dominio ajeno y, el corpus, o sea la relación de hecho con la misma, lo que generalmente se manifiesta con actos externos que implique explotación”.

3. El derecho real de servidumbre se refleja en “un gravamen impuesto sobre un predio para uso y utilidad de otro perteneciente a distinta persona”, rigiéndose su adquisición por el artículo 939 del Código Civil, modificado por el 9º de la Ley 95 de 1890, así las continuas y aparentes pueden constituirse por título o prescripción de diez años, mientras que todas las discontinuas y las inaparentes ““solo pueden adquirirse por medio de un título”, toda vez que “ni aun el goce inmemorial bastará para constituirlas...””, lo que refuerzan los artículo 881 y 882 del Código Civil.

4. Para este caso en especial “exige la ley la continuidad y la apariencia, lo que significa que la posesión que conduce a la usucapión debe ser pública, pues es evidente que los actos de simple tenencia no fundan posesión ni prescripción” y “la servidumbre de conducción de energía eléctrica y sobre la cual se pretende la usucapión (...) tiene el carácter de discontinua y aparente”.

Además, “califica como de carácter legal conforme lo pregona el artículo 888 ejusdem y de utilidad pública a voces de los preceptos 16 y 25 de la Ley 56 de 1981, por lo que es evidente, que dicha imposición no opera ipso jure”, sino que debe obtenerse por medio de las vías judiciales consagradas en el artículo 18 de la Ley 126 de 1938 y la Ley 56 de 1981, esta última que “dicta normas sobre obras públicas de generación eléctrica, y acueductos, sistemas de regadío y otras y se regulan las expropiaciones y servidumbres de los bienes afectados por tales obras”.

5. Se trata, por ende, “de una servidumbre legal de interés público, consistente en la obligación que tienen los dueños de los predios de permitir el paso de las líneas de conducción de energía eléctrica”, por lo que son “más bien un gravamen al dominio o a la posesión en interés de la actividad energética, para el suministro, transmisión, distribución y conducción de este recurso” o “limitaciones al ejercicio del derecho de dominio por razones de interés público”, que no encajan dentro del concepto del artículo 879 del Código Civil.

6. A pesar de que existe un acuerdo de voluntades “plasmado en la escritura pública 768 del 24 de mayo de 1994, por medio de la cual se constituía a perpetuidad, sobre el predio “Villa Lourdes” el uso y el disfrute de la franja de terreno objeto de la servidumbre especial de conducción de energía eléctrica”, cuando la propietaria era “Comerandes Ltda.”, nunca se consolidó y no es “susceptible de adquirirse por esta vía”, debiendo acudir a los trámites administrativos o el proceso de imposición a que se refiere el artículo 117 de la Ley 142 de 1994.

7. Fuera de lo anterior “no se demostraron actos posesorios sobre la parte del inmueble descrita en la demanda”, ya que se dejaron de recaudar los testimonios al desistirse de ellos y “en la inspección judicial practicada solo se verificó el paso de la línea de transmisión sobre el inmueble afectado”.

III. La demanda de casación

Se formulan tres cargos por la primera causal de esta vía extraordinaria, los dos iniciales por la vía directa y el último por errores de hecho en la apreciación de las pruebas.

Se despacharán conjuntamente por estar relacionados.

Primer cargo

Acusa, recta senda, la vulneración de los artículos 881 y 939 inciso segundo del Código Civil, por interpretación errónea y falta de aplicación, respectivamente.

Lo hace consistir en que:

1. No se interpretaron y aplicaron correctamente las normas sustantivas que permiten la usucapión frente a las servidumbres continuas y aparentes, prohibiéndola en las discontinuas.

2. La existencia y funcionamiento del trazado de conducción eléctrica en el predio, desde 1993, no fue discutida, pero desconoció el ad quem que esa servidumbre es continua, distinción que tiene origen en la “necesidad de que para el ejercicio de la servidumbre, concurra o no un hecho del hombre”, siendo que para las de esta clase no se requiere participación actual o concomitante del titular, pues, “una vez instalada y puesta la infraestructura de conducción de energía eléctrica en el predio de manera permanente, todos los días, se ejerce dicha servidumbre, por lo cual, sin lugar a dudas, tiene el carácter de continua”, criterios de la ley y la doctrina particularmente relacionados con una actividad peligrosa como la mencionada.

3. Levantada la infraestructura y con el ejercicio perpetuo del servicio, se constituye “un verdadero gravamen a la propiedad del predio sirviente, que comienza con la construcción de la obra y se prolonga hasta que la misma dure de pie, todo lo cual se traduce en un verdadero acto posesorio”. La sola existencia de la torre en la franja, implica una acción permanente y perenne de servidumbre.

4. De haberse colegido que “la servidumbre de conducción de energía eléctrica es continua, según la clara definición del artículo 281 del Código Civil, habría llegado a la conclusión que la misma es susceptible de adquirirse por prescripción, como lo dispone el inciso segundo del artículo 939 de la misma obra”.

Segundo cargo

Indica vulnerados frontalmente los artículos 16, 25 y 27 al 31 de la Ley 56 de 1981 y el 117 de la Ley 142 de 1994, y la falta de aplicación de los artículos 881, 882, 939, 2518 y 2528 del Código Civil.

Expone, para demostrar la falencia, que:

1. Es reprochable la conclusión del juzgador sobre el origen legal del pedimento que imposibilita su prescripción, señalando que “la vía correcta para el nacimiento de este derecho es que la empresa respectiva de servicios públicos solicite su imposición mediante acto administrativo o mediante proceso de servidumbre regulado en la Ley 56 de 1981”, sin considerar que esta tiene como único propósito el diseño de un trámite expedito para “ingresar al predio y lograr sin mayores tropiezos construir la infraestructura”.

2. En el correcto entendimiento, la servidumbre eléctrica es legal, pero conserva la naturaleza de derecho real y, al igual que las voluntarias, “son gravámenes impuestos sobre un predio, con la diferencia de que en las servidumbres legales el gravamen es impuesto en beneficio de la prestación de un servicio público”.

3. El yerro es evidente al revisar lo dicho por la “Corte Constitucional en Sentencia C-831 de 2007”, que declaró exequibles varios preceptos de la Ley 56 de 1981, en donde se ratificó que su finalidad es “facilitar el adelantamiento e implementación de las obras necesarias para la adecuada prestación del servicio”, resultando inocuo si la estructura se encuentra instalada, como ocurre en este caso.

4. Olvidó el fallador que lo pretendido era adquirir el dominio del derecho real, según lo dispuesto en el artículo 2518 del Código Civil, estando autorizado ello, ante la falta de distinción del legislador, tratándose de servidumbres legales.

Tercer cargo

Pregona la transgresión indirecta, por falta de aplicación, de los artículos 665, 762, 764, 765, 769, 881 e inciso segundo del 939 del Código Civil y, aplicación indebida, del inciso primero del 939 ibídem, como consecuencia de errores de hecho en la apreciación “fáctica, objetiva y material de varios de los medios de prueba incorporados al expediente”.

Desarrolla la recriminación de esta manera:

1. Concluyó el sentenciador, de manera equivocada, que se trataba de una servidumbre discontinua y no se acreditaron actos de posesión, a pesar de que con el material obrante sí se demostraron.

2. Las pruebas omitidas son:

a) La escritura pública 768 de 24 de mayo de 1994 de la Notaría Única del Círculo de Cáqueza, donde consta que la sociedad para ese entonces dueña del inmueble constituyó en forma voluntaria a favor de la gestora, la servidumbre disputada. De allí se desprende la fecha de iniciación y los actos de dominio, consistentes en “la autorización del entonces propietario del predio para ingresar al mismo, construir la infraestructura y ejercer todos los actos propios para mantenerla y conservarla”.

b) Resolución 738 del 30 de abril de 2007 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que contiene previsiones técnicas del manejo ambiental del trazado energético y da cuenta que para abril de 2007 existía un flujo permanente e ininterrumpido de energía, lo que corrobora “un señorío permanente de la franja por parte de la empresa de energía” y “demuestra que el ejercicio de la servidumbre se daba sin necesidad de un hecho actual de mi mandante y sin solución de continuidad”.

c) La diligencia de inspección judicial, practicada por el a quo el 14 de febrero de 2011, que da fe sobre la presencia efectiva de la torre en esa época y que las líneas de conducción estaban en funcionamiento.

d) La falta de contestación y contradicción a los hechos del libelo, que dan cuenta de la ausencia de oposición del propietario del predio, la buena fe y justo título reconocido y consentido por los titulares, la posesión quieta, pacífica e ininterrumpida, y el carácter de continuo del derecho real.

3. Esos medios de convicción evidencian que desde 1994 y hasta la fecha, “ha hecho ejercicio continuo e ininterrumpido de la prerrogativa”, que acá se trata de una servidumbre continua y el flujo de energía constante por más de diez (10) años debe entenderse como un acto posesorio sobre la franja de terreno, sin que hubiese existido perturbación por parte del propietario.

4. Las equivocaciones son graves y notorias, pues, algunas probanzas no fueron mencionadas y otras fueron cercenadas en su contenido, lo que ocasionó que se confirmara la sentencia de primer grado, de donde fluye que la falta es trascendente.

Consideraciones

1. Buscó la demandante que se declarara la usucapión del derecho real de servidumbre de conducción de energía eléctrica, en una franja de terreno que hace parte de un inmueble de propiedad de la contradictora.

2. La sentencia del ad quem, confirmatoria de la de primera instancia, desestimó las reclamaciones porque se referían a un gravamen discontinuo de naturaleza legal y utilidad pública, que no podía obtenerse de esa manera, sin que, adicionalmente, se comprobaran los actos posesorios señalados.

3. La impugnante disiente de lo anterior de manera frontal, porque a su entender la prescripción de una servidumbre legal es viable, máxime cuando se contrae al servicio de energía eléctrica, ya que es continua. La acusación indirecta está encaminada a revelar que en las actuaciones no existe margen de duda de los actos posesorios.

4. Se justifica el estudio conjunto de los tres ataques, porque cada uno se dirige contra un aspecto concreto del fallo, que son complementarios. Además, el fracaso de alguno deja sin piso los restantes.

5. La violación directa de la ley sustancial ocurre cuando el fallador no tiene en cuenta los preceptos esenciales que gobiernan el caso concreto, aplica los que son completamente ajenos a la controversia o, a pesar de acertar y atinar en su selección o escogencia, les da un alcance o efecto que no acompasa ni se ajusta a la situación examinada.

Como el quebranto radica en la interpretación dada a las normas sustanciales, ningún reparo se admite en esta clase de embate a los aspectos fácticos y probatorios consignados en el fallo, que corresponden a la senda indirecta.

La Corte en SC de 15 de noviembre de 2012, rad. 2008-00322-01, reiterada el 4 de abril de 2013, rad. 2004-00457-01, sostuvo que en esta causal se

(...) requiere de la aceptación de todos los hechos que en ella se tuvieron por probados y sin que se pueda exteriorizar inconformidad con los medios de convicción obrantes en el plenario, toda vez que la labor argumentativa del censor solo puede estar orientada a descubrir los falsos juicios sobre las normas materiales que regulan el caso, ya sea por falta de aplicación, al no haberlas tenido en cuenta; por aplicación indebida, al incurrir en un error de selección que deriva en darles efectos respecto de situaciones no contempladas; o cuando se acierta en su escogencia pero se le da un alcance que no tienen, presentándose una interpretación errónea (...). Corresponde, por ende, a una causal de pleno derecho, encaminada a develar una lesión producida durante el proceso intelectivo que realiza el fallador, por acción u omisión, en la labor de escogencia y exégesis de la regulación que considera aplicable, con un resultado ajeno al querer del legislador.

6. Los cuestionamientos por la vía indirecta, cuando se estructura por la comisión de un error de facto manifiesto en la apreciación de las pruebas, requieren de una labor argumentativa encaminada a develar la relevancia de las equivocaciones, por existir disparidad evidente entre las conclusiones del fallo, con lo que arrojan los elementos recaudados para acreditar lo planteado por las partes en litigio.

La Corte sobre esta causal tiene dicho que

(...) al denunciarse en el punto la comisión de errores de hecho probatorios, pertinente resulta memorar que no cualquier yerro de esa estirpe es suficiente para infirmar un fallo en sede de casación, sino que se requiere que sea manifiesto, porque si se edifica a partir de un complicado proceso dialéctico, así sea acertado, frente a unas conclusiones también razonables del sentenciador, dejaría de ser evidente, pues simplemente se trataría de una disputa de criterios, en cuyo caso prevalecería la del juzgador, puesto que la decisión ingresa al recurso extraordinario escoltada de la presunción de acierto” (CSJ SC, 9 ago. 2010, rad. 2004-00524).

7. De conformidad con el artículo 879 del Código Civil, la “servidumbre predial o simple servidumbre, es un gravamen impuesto sobre un predio, en utilidad de otro predio de distinto dueño” y entre las diversas clasificaciones que admiten, el artículo 888 ibídem señala que son “o naturales, que provienen de la natural situación de los lugares, o legales, que son impuestas por la ley, o voluntarias, que son constituidas por un hecho del hombre”.

Esa diferenciación es fundamental por tratarse en últimas de diferentes clases de afectaciones, en la medida que las dos primeras están regidas por lo que sobre ellas se contemple en el marco normativo vigente. Las últimas son el producto del acuerdo que constituye la limitación al dominio y pueden provenir incluso de una cláusula testamentaria, una decisión judicial o ser adquirida por usucapión, según las reglas de los artículos 937 al 941 del Código Civil.

Bajo esta óptica, el artículo 939 ibídem que se refiere a la posibilidad de que “[l]as servidumbres continuas y aparentes pueden constituirse por título o por prescripción de diez años”, únicamente se aplica a las “servidumbres voluntarias”, sin que exista fundamento para que sus alcances se hagan extensivos a las otras clases aludidas.

Sobre el tema la doctrina tiene dicho que

Las servidumbres legales las autoriza la ley en atención a la conveniencia general, o sea, consultando los interese generales. Por lo mismo, no son unas mismas de acuerdo con todas las legislaciones, porque la conveniencia varía según las condiciones de cada país (...). Las servidumbres voluntarias no provienen únicamente de los contratos, sino que pueden establecerse por testamento, por destinación (art. 938) o por prescripción. Por esto, no tienen otra limitación que el orden público y las leyes (...). Se ha criticado la clasificación anterior de las servidumbres, observando que no hay razón para distinguir las naturales de las legales, puesto que ambas existen porque las reconoce la ley. Luego las servidumbres solo pueden ser legales o voluntarias, porque o provienen de la ley o de la voluntad del hombre. Sin embargo, la diferencia entre las servidumbres naturales y las legales se justifica notando que las primeras, como lo hemos dicho son hechos naturales que la ley se limita a reconocer y que no podría impedir, mientras que las segundas verdaderamente las crea la ley, porque sin esta no podrían existir (...). Otra crítica se ha hecho a la clasificación de las servidumbres. Se dice que las naturales y las legales verdaderamente no son servidumbres, o sea, limitaciones del dominio, porque constituyen el derecho común, desde que no hay predio ninguno exceptuando de ellas. Si el dominio consiste en gozar y disponer de las cosas no siendo contra ley o contra derecho ajeno (art. 699), aquellas servidumbres no constituyen limitación, porque al reconocerlas la ley, quiere decir que el dominio solo existe en ciertos términos para todos los individuos (Vélez, Fernando; Estudio sobre el derecho civil colombiano; Lito-Editorial Jurídica Colombiana; tomo III, pág. 358).

8. Incluso la naturaleza extraordinaria de las servidumbre legales fue objeto de pronunciamiento por la corporación en un asunto relacionado con la explotación petrolera, en el cual resaltó que

(...) con arreglo a los artículos 4º, del Decreto 1056 de 1953, y 1º, de la Ley 1274 de 2009, la industria de los hidrocarburos es concebida como de utilidad pública en sus ramos de exploración, producción, transporte, refinación y distribución, desde luego que a través de tales empresas (C. Co., art. 25) lo que existe es, al fin de cuentas, la explotación de un patrimonio que en sus orígenes más remotos es de propiedad pública, en tanto el dominio sobre él está radicado en cabeza del Estado, según viene de verse, así sea que alguna de dichas actividades o todas ellas resulten desarrolladas a través de los particulares mediante convenios de concesión; por consiguiente, dado que la industria de los hidrocarburos es de utilidad pública en los mencionados ramos, para su ejercicio el legislador ha diseñado ciertos instrumentos especiales, como las servidumbres petroleras, que, cual especie de servidumbre de utilidad pública, están llamadas a ofrecerle a su titular poderes directos sobre el predio sirviente y presuponen una verdadera desmembración del derecho de propiedad (...). De las susodichas servidumbres petroleras, merecen particular mención las de oleoducto y las de ocupación de terrenos; las primeras involucran los predios donde son operadas las estaciones de bombeo e instaladas las dependencias tendientes a procurar el funcionamiento de los oleoductos, al paso que las segundas conllevan la autorización a favor del empresario del petróleo para detentar en forma física los predios con miras a realizar las tareas que demande su industria, y que pueden estar asociadas con otros gravámenes adoptados por la legislación minera, según así lo prescriben las normas actualmente vigentes, contenidas en la Ley 1274 de 2009, acorde con la cual “los predios deberán soportar todas las servidumbres legales que sean necesarias para realizar las actividades de exploración, producción y transporte de los hidrocarburos”, lo que al tiempo incluye “el derecho a construir la infraestructura necesaria en campo e instalar todas las obras y servicios propios para beneficio del recurso de los hidrocarburos y del ejercicio de las demás servidumbres que se requieran” (art. 1º) ... Síguese de lo dicho que el derecho real de servidumbre petrolera normativamente ha sido establecido en orden a facilitarle a la industria del ramo la acometida de la gestión que le es propia, por supuesto que si la extracción, explotación, exploración y demás actividades correlacionadas tienen que llevarse a cabo mediante la utilización de terrenos de propiedad ajena, se necesita la imposición de un gravamen tal a efecto de que la respectiva empresa pueda cumplirse, bajo el entendido de que con su desarrollo se obtienen o es dable obtener recursos para favorecer a las personas asentadas en el territorio colombiano. A través de las mentadas servidumbres el legislador consagró un derecho sui generis, con el que ha pretendido adoptar un régimen relativamente autónomo para el cabal ejercicio del derecho real en comento, las cuales hoy cuentan, por lo mismo, con una regulación normativa particular, dirigida a salvaguardar su exploración, producción y transporte, o sea que ofrece un poder de uso especial al explorador, explotador o transportador de hidrocarburos sobre el fundo; ellas se caracterizan principalmente porque pueden ser legales o forzosas, lo que significa que no son reconocidas por la mera voluntad del dueño, poseedor, detentador o tenedor del predio, sino que su reconocimiento e imposición emerge de la misma ley (...). Tan peculiar es este régimen de servidumbre, que aunque es de utilidad pública, el industrial de hidrocarburos, por tener la calidad de titular de este derecho real sui generis, resulta obligado, respecto del dueño o poseedor de la cosa, a pagar la indemnización por el uso que haga de las áreas correspondientes, puesto que, según se sabe, el ordenamiento constitucional no solo no autoriza al legislador para imponer expropiaciones o extinciones al dominio al margen del marco señalado en los artículos 34, 58 y 59 de la Carta Política, sino que garantiza la propiedad privada, por cuanto, cual derecho fundamental sobre el que se fundan todas las instituciones sociales, es la piedra angular de la economía, el alma universal de toda la legislación y fundamento cardinal de la libre empresa, como se anotó en algunas de las comisiones de la Asamblea Nacional Constituyente, que dio origen a la actual Carta Política (CSJ SC 6 sep. 2010, rad. 2004-00085).

9. La conducción de energía eléctrica es una servidumbre de índole legal, en los términos del artículo 18 de la Ley 126 de 1938, que grava “los predios por los cuales deben pasar las líneas respectivas”, norma esta desarrollada por la Ley 56 de 1981 en la cual se estableció un procedimiento especial para la imposición del gravamen, como consta en el segundo capítulo del título II.

Normatividad esta que fue reglamentada por el Decreto 2580 de 1995, cuyo artículo primero señala que

Los procesos judiciales que sean necesarios para imponer y hacer efectivo el gravamen de servidumbre pública de conducción de energía eléctrica, serán promovidos, en calidad de demandante, por la entidad de derecho público que haya adoptado el respectivo proyecto y ordenado su ejecución, de acuerdo con los requisitos y el procedimiento, señalados en este decreto.

Ese precepto es claro y contundente en el sentido de que la única vía para “imponer y hacer efectivo el gravamen de servidumbre pública de conducción de energía eléctrica”, es la que allí se contempla, sin que sean de recibo acciones contempladas para situaciones que, aunque se refieran a la constitución de servidumbres, tratan materias completamente ajenas a las que consagra la ley de manera expresa y especializada.

10. Bajo esa perspectiva, que desvirtúa de entrada el segundo cargo propuesto por la impugnante, con las consecuencias desfavorables en relación con los restantes, no se evidencia la equivocación que se le endilga al tribunal al sustentar su decisión en que el gravamen cuya pertenencia se pretendió “califica como de carácter legal conforme lo pregona el artículo 888 [del Código Civil] y de utilidad pública a voces de los preceptos 16 y 25 de la Ley 56 de 1981, por lo que es evidente, que dicha imposición no opera ipso jure, sino que exige de la consecución de un proceso judicial”, pues, nada distinto arroja la normatividad sobre la materia.

Por iguales razones, tampoco admite reparo el que indicara que, al no consolidarse en forma adecuada “el acuerdo de voluntades contenido en la escritura 768 de 24 de mayo de 1994, por medio de la cual se constituía a perpetuidad, sobre el predio “Villa Lourdes” el uso y el disfrute de la franja de terreno objeto de la servidumbre especial de conducción de energía eléctrica” y al “no ser susceptible de adquirirse por esta vía, debe observarse lo previsto en la normatividad citada en precedencia, que tiene plena concordancia con lo señalado en el artículo 117 de la Ley 142 de 1994”.

Las normas referidas, por su especificidad, eran las que debía tener en cuenta el fallador, sin que se extraviara en la interpretación que de las mismas hizo, en conjunción con lo que regula el Código Civil sobre servidumbres.

No era de recibo, por ende, aplicar preceptos que solo se refieren a las servidumbres voluntarias y son completamente ajenos a la naturaleza del gravamen que se pretendía normalizar, por la vía ordinaria, con prescindencia de los procesos especiales instituidos con tal fin.

11. Por los anteriores razonamientos no prospera la acusación directa relacionada con el punto expuesto.

12. Como la solidez de los argumentos del juzgador, en relación con la improcedencia de la prescripción en las servidumbres legales, es suficiente para sustentar la decisión adversa, sin que ninguna incidencia tenga para el resultado la connotación de continuidad o discontinuidad del fenómeno estudiado, ni mucho menos fuera necesario establecer los actos posesorios, queda relevada la Sala de pronunciarse del primer y tercer ataques que planteó la censora.

13. Teniendo en cuenta que la decisión es desfavorable a la impugnante, de conformidad con el último inciso del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con el 19 de la Ley 1395 de 2010, se le condenará en costas.

14. Se fijarán en esta misma providencia las agencias en derecho. Para su cuantificación se tendrá en cuenta que la contraparte guardó silencio (fl. 101).

IV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 17 de octubre de 2012, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP contra Inversiones Arévalo Chaves Cía. S. en C.

Costas a cargo de la recurrente y a favor de la sociedad demandada, que serán liquidadas por la secretaría, e incluirá en estas la suma de tres millones de pesos ($ 3.000.000) por concepto de agencias en derecho.

Notifíquese y devuélvase.

Magistrados: Margarita Cabello BlancoÁlvaro Fernando García RestrepoFernando Giraldo GutiérrezAriel Salazar RamírezLuis Armando Tolosa Villabona.