Sentencia SC15751-2014 de noviembre 14 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.: 11001-02-03-000-2013-02780-00

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Giraldo Gutiérrez

(Aprobado en sesión de diez de septiembre de dos mil catorce)

Bogotá, D.C., catorce de noviembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

l. Como producto de la situación migratoria mundial, marcada por el interés de las personas en buscar un mejor horizonte para su desarrollo personal y profesional, así como la intervención de estos en trámites judiciales con repercusiones en diferentes países, se ha permitido de manera global que las decisiones adoptadas en un determinado Estado surtan efecto en otro.

Tal comportamiento no es ajeno a Colombia y es por ello que, en armonía con el artículo 693 del Código de Procedimiento Civil, se aceptan con fuerza vinculante aquellas sentencias o laudos pronunciados en un país extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria, por vía de “reciprocidad diplomática”, esto es, cuando cumplan con los requisitos establecidos en los tratados existentes con él, o en su defecto acudiendo a la “reciprocidad legislativa”, basada en la aceptación que allí se reconozca a las acá proferidas.

Así lo ha reiterado en múltiples oportunidades esta corporación al exponer que:

“(...) en primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane lo sentencia que se pretende ejecutar en el país. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia” (G. 3. T. LXXX, pág. 464; CLI, pág. 69; CLVIII, pág. 78 y CLXXVI, pág. 309, reiterado en sentencia del 26 de enero de 2011, Rad. 2007-00499-00, entre otras).

2. Pretende el accionante que se le confieran efectos en el país a una providencia de autoridad foránea que lo declaró hijo adoptivo de Alberto Tótero, con el propósito de regularizar su registro civil.

3. De conformidad con el artículo 694 del Código de Procedimiento Civil, para que la providencia extranjera “surta efectos en el país” no debe versar “sobre derechos reales constituidos en bienes que se encontraban en territorio colombiano en el momento de iniciarse el proceso en que (...) se profirió”, ni oponerse “a leyes u otras disposiciones (...) de orden público, exceptuadas las de procedimientos”, encontrarse “ejecutoriada de conformidad con la ley del país de origen”, presentarse “en copia debidamente autenticada y legalizada”, además de “que el asunto sobre el cual recae, no sea de competencia exclusiva ele los jueces colombianos”, “no exista proceso en curso ni sentencia ejecutoriada de jueces nacionales sobre el mismo asunto” y “que si se hubiere dictado en proceso contencioso, se haya cumplido el requisito de la debida citación y contradicción del demandado”.

4. Tienen incidencia en la resolución a tomar los hechos que pasan a enlistarse:

a. Que Juan Sebastián Góngora Pizarro nació en Bogotá el 20 de septiembre de 1986, donde fue registrado por sus progenitores, Silvia Ramírez Pizarro y Juan Guillermo Góngora García (fl. 2).

b. Que el 13 de diciembre de 1988 murió el padre biológico (fl. 3).

c. Que el Tribunale per i Minorenni di Roma, en sentencia de 27 de noviembre de 2001, aprobó la adopción de .uan Sebastián por parte de Alberto Tótero (fl. 5).

d. Que esa determinación adquirió firmeza (feb. 21/2002) y la copia se encuentra debidamente apostillada (fl. 6).

e. Que Il Ministero dell Interno, el 22 de noviembre de 2005, permitió modificar los apellidos del adoptado quedando como “Tótero Gónqora”.

f. Que los estados involucrados hacen parte del “Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopciones internacionales”, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores (fl. 206).

5. No es procedente la reclamación del promotor por las siguientes razones:

a. Si bien existe el tratado internacional antes referido, suscrito por Colombia e Italia, lo cierto es que el mismo no se ajusta al caso.

Como se precisa en el artículo segundo del pacto, los signatarios le darán aplicación cuando el niño, con residencia habitual en el país de origen, sea desplazado a otro, “bien después de su adopción en el Estado de origen por cónyuges o por una persona con residencia habitual en el Estado de recepción, bien con la finalidad de realizar tal adopción en el Estado de recepción o en el Estado de origen”.

Y el tercero agrega que culmina su uso si las autoridades centrales en materia de adopción de las dos naciones involucradas no otorgaron su asentimiento antes de que el menor alcance los dieciocho años (fl. 58).

De tal manera que sus alcances se dan bajo dos supuestos concurrentes, esto es, que el desplazamiento del menor del lugar de origen al de recepción debe tener como objetivo que se materialice la adopción y que en tal actuación participen las entidades de cada país encargadas del tema, para garantizar que los procedimientos se surtan conforme a la normatividad internacional.

Aquí no se adujo que la adopción fuera el motivo que generó la salida del país del peticionario, quien para ese entonces era menor de edad, ni obra medio de convicción que permita inferirlo. Además, no existió injerencia para el efecto de alguna “autoridad central” relacionada con ese aspecto.

En tal sentido la Sala, en pretérita oportunidad, advirtió que:

(...) el acuerdo internacional en cuestión versa sobre la adopción internacional, la cual presupone que el adoptado y los adoptantes tengan su residencia habitual en diferentes Estados (art. 2º), condición que no cumple la adopción decretada en la sentencia objeto de la homologación reclamada, pues tanto la niña adoptada como el padre adoptante residen en el país en que cursó el proceso en que fue adoptada dicha decisión —España—, sin que tal trámite hubiese determinado la estadía de la menor allí, pues esta viajó con el propósito de vivir con su madre, quien tiempo después contrajo matrimonio con el señor (...), el que luego de la convivencia matrimonial decidió adoptar la hija de su cónyuge” (CSJ SE, 4 oct. 2011, rad. 2010-00296).

b. Tampoco existe tratado internacional “bilateral” entre Italia y Colombia sobre validación recíproca de sentencias judiciales u otras providencias pronunciadas por las autoridades judiciales, en causas de adopción, siendo patente la ausencia de reciprocidad diplomática para los fines propuestos.

c. Queda relegada la efectividad de dicho fallo judicial extranjero al sucedáneo de la reciprocidad legislativa, que tampoco lo permite, como pasa a verse:

(i) La embajada de Italia certificó que “la ley del derecho internacional privado (n. 218/ 1995) establece, como regla general, la eficacia automática en Italia de las sentencias extranjeras que cumplan con ciertos requisitos para lo compatibilidad con el sistema jurídico italiano (básicamente que no sean en contra del orden y la moral pública)” (fl. 208).

Adicionalmente, el Título III de la Ley 184 de 1983 que regula los efectos “de la adopción internacional, indica que la sentencia extranjera tiene como efecto que el adoptado adquiere el estado de hijo legítimo de los adoptantes, asume y trasmite el apellido y concluyen sus relaciones con la familia de origen, previa verificación de los requisitos establecidos en el artículo 29 y siguientes (fls. 163-201).

Esa misma regulación, en cuanto a la permanencia de los efectos de esos proveídos, establece la “revocatoria” de la adopción en estos términos:

“51. La revoca (sic) de la adopción puede ser pronunciada por el tribunal a instancia del adoptante, cuando el adoptado mayor de 14 años haya atentado contra la vida de él o el de su cónyuge, de sus descendientes o ascendientes, o sea culpable hacia ellos de un delito punible con una pena restrictiva de la libertad personal no inferior al mínimo de tres años. Si el adoptante muere como consecuencia del atentado, la revoca (sic) de la adopción puede ser solicitada por aquellos a los cuales se destinaría la herencia en falta del adoptado y de sus descendientes (...)”. “52. Cuando los hechos previstos en el artículo anterior los haya cometido el adoptante contra el adoptado, o contra el cónyuge o los descendientes o los ascendientes de él, la revoca (sic) puede ser pronunciada a instancias del adoptado o del ministerio público (...)”. “53. La revoca (sic) de la adopción puede ser promovida por el público ministerio como consecuencia de la violación de los deberes que incumben a los adoptantes”. “54. Los efectos de la adopción cesan cuando la sentencia de revoca (sic) pasa a cosa juzgada (...)” (fls. 189-190).

Y la Ley 149 de 2001, que enmienda la 184 de 1983 “así como el Título VII del primer libro del Código Civil”, en su artículo 18 reza que ese nuevo estado “cesa además por revoca (sic)”, en interés del menor y por las hipótesis allí consagradas.

(ii) Por el contrario la adopción en Colombia, como lo establecía el artículo 88 del Código del Menor, vigente para la fecha de emisión de la providencia foránea, es “una medida de protección a través de la cual, bajo la suprema vigilancia del Estado, se establece de manera irrevocable, la relación paterno-filial entre personas que no la tienen por naturaleza”.

Esa premisa fue reproducida de manera textual en el artículo 61 del Código de la Infancia y la Adolescencia, norma esta última que derogó la anterior y en la actualidad permanece vigente.

(iii) La perennidad de las determinaciones sobre este tipo de parentesco en el país, como lo contemplan las normas de orden público enunciadas, riñe con la posibilidad de reconsiderarlo que contempla la legislación del estado donde se profirió el fallo, por lo que la homologación transgrediría principios de especial protección, lo que impide acceder a ella.

(iv) En situaciones semejantes la corporación se ha negado a prohijar decisiones judiciales con dicho carácter, porque:

“A este propósito vale resaltar que uno de los postulados de mayor interés para la ley doméstica es el que se refiere a que las sentencias de adopción sean irrevocables, pues tal medida salvaguarda el orden público nacional y refleja el querer del legislador respecto a que el estado civil se defina de manera permanente, y no esté sometido a repentinos cambios, porque la adopción decretada judicialmente tiene como efecto la creación de una nueva relación de padre e hijo, antes inexistente, entre el adoptante y el adoptivo, pues este entra a la familia de aquel y queda definitivamente separado de la consanguínea, de allí que la situación exija total estabilidad” (SCJ SE, 15 jun. 2006, rad. 2004-00464).

Y en otra oportunidad dijo,

“La sentencia extranjera dictada por un tribunal de Italia y que es ahora objeto de exequátur, no cumple con la exigencia, sine qua non, de no ser opuesta a las leyes colombianas de orden público, por cuanto contradice en forma manifiesta principios fundamentales en que se inspira el ordenamiento jurídico nacional respecto a la adopción. En efecto, mediante disposición oficiosa de esta corporación (fl. 39), se incorporó a la actuación copia auténtica de la parle pertinente de la ley italiana sobre adopción, que en su Título VIII del Libro I del Código Civil “de la adopción de personas mayores de edad”, establece que la adopción puede ser revocada por indignidad del adoptante o del adoptado, artículo 307 del Código Civil Italiano (fl. 113), en caso que el adoptado mayor de 14 años haya atentado contra la vida del adoptante o de su cónyuge, artículo 51 de la Ley 134 de 1983 (fl. 109), o promovida por el Ministerio Público por violación de los deberes que le corresponden a los adoptantes, artículo 53 de la misma ley (fl. 111), lo cual evidentemente se opone al régimen interno colombiano que consagra la institución de la adopción con el carácter de irrevocable, sin ninguna excepción, según lo preceptúa el artículo 88 del Código del Menor, aplicado igualmente cuando se trata de adopciones de mayores de edad, principio del cual emerge el carácter definitivo del lazo paterno-filial surgido con ocasión de esta filiación (...), ‘esta disparidad de criterios legislativos se opone, con rotundidad absoluta, a que pueda concederse el exequátur recabado. La irrevocabilidad de la adopción que consagra nuestra legislación, igual que todos los consagrados en el Código del Menor, es principio de orden público (art. 18) y por consecuencia tiene un carácter irrenunciable’ (Sent. 081 de 8 de noviembre de 1996)” (CSJ SE, 22 sept. 1999, rad. 6702, reiterada 15 jun. 2006 y 21 oct. 2010, rad. 2004-00464 y 2008-01649).

6. Consecuentemente, al no reunirse cabalmente los presupuestos de los artículos 693 y 694 del Código de Procedimiento Civil, no procedente otorgar efecto jurídico a la mencionada determinación, por reñir con las normas de orden público internas.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre ele la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Denegar el exequátur de Juan Sebastián Tótero Góngora frente a la providencia de 27 de noviembre de 2001, proferida por el Tribunale per i Minorenni di Roma, mediante la cual se aprobó su adopción por parte de Alberto Tótero.

2. No condenar en costas.

Notifíquese».