Sentencia SC15774-2014 de noviembre 18 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Armando Tolosa Villabona

SC15774-2014

Rad.: 54001-31-03-004-2004-00032-01

(Aprobado en sesión de nueve de septiembre de dos mil catorce)

Bogotá, D.C., dieciocho de noviembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «2. El recurso de casación

Cargo único

2.1. Denuncia la violación “directa” de los artículos 228 de la Constitución Política, 2341, 2344 y 2356 del Código Civil, y 4 y 57 del Código de Procedimiento Civil, a raíz del error de hecho en la apreciación de la demanda.

2.2. Lo anterior, según la censura, al no observarse en la integridad del libelo introductor que los hechos vienen acompañando las mismas pretensiones.

Como se indicó, la responsabilidad de José Trinidad Torres Galvis se atribuyó por ser “(…) propietario del vehículo (…) de servicio púbico (…)”. La de la Cooperativa de Transportadores de Cúcuta Limitada, al ser la “(…) empresa donde se encuentra afiliado el vehículo (…) conducido por el señor Juan de Dios Rodríguez Blanco (…)”.

Y el hecho común, al decirse que el “(…) 13 de marzo de 2002, siendo aproximadamente las ocho de la mañana, en la avenida 3 Este con calle 5 AN del Barrio Ceiba II del municipio de Cúcuta, la demandante Diana Carolina Beltrán Toscano, fue abruptamente atropellada cuando se movilizaba en una motocicleta por el vehículo de servicio público (…)”, al no respetarse la “(…) prelación de la vía como se prueba en el informe de accidente de tránsito (…)”.

Considera, por lo tanto, la afirmación sobre la falta del relato fáctico, respecto de la situación de cada uno de los convocados a juicio, es contraria al contenido objetivo de la demanda, y a las pruebas que ayudan a darle sentido y alcance, como son las referidas a la propiedad del automotor y a su vinculación a la empresa de transporte. Asimismo, tocante con la responsabilidad, desconoce el fallo penal condenatorio contra Juan de Dios Rodríguez Blanco y los dictámenes sobre la invalidez laboral de Diana Carolina Beltrán Toscano y el monto de los perjuicios.

2.3. Además, Liberty Seguro S.A., también fue llamada en garantía por el propietario del taxi, ante la existencia de un seguro amparando el riesgo, y su rebelde posición trae como consecuencia que sea condenada a pagar el valor de los daños causados a Diana Carolina Beltrán Toscano, hasta el valor del monto asegurado.

De otra parte, la situación asumida por la Aseguradora Solidaria de Colombia Limitada, Entidad Cooperativa, a quien se le garantizó el derecho de defensa, no impedía resolver de fondo, en favor o en contra, como así ha debido ocurrir con los otros demandados y la llamada en garantía.

2.4. Solicita, la recurrente, en consecuencia, se aniquile la sentencia del Tribunal, se revoque la del juzgado y se acceda a las pretensiones.

3. Consideraciones.

3.1. A propósito de uno de los escritos de réplica, si bien la censura habla de la violación “directa” de los preceptos citados, cuando a continuación refiere un típico error de hecho relacionado con la apreciación de la demanda y de unas pruebas dirigidas a precisar su sentido y alcance, considera la Sala, en el caso no se trata de un defecto formal o de técnica de la demanda de casación, sino de un simple lapsus calami, porque sin confusión de ninguna naturaleza se desarrolla por la vía indirecta.

Además, la polémica resulta intrascendente, puesto que inclusive en la hipótesis de suprimir el adjetivo arriba resaltado, el contenido del cargo se mantendría encauzado por el anotado camino. Prueba de esto, el mismo acusador de la supuesta inconsistencia, responde en forma adecuada al error de apreciación del escrito genitor, al considerar inexistente el error denunciado, cual lo explica, de donde interpretada la acusación por el cauce respectivo, no se atenta contra su contenido objetivo y se dejan indemnes los derechos fundamentales de defensa y contradicción.

De otra parte, si los juzgadores de instancia se abstuvieron de resolver la responsabilidad planteada, se advierte desde ya, los yerros denunciados no pudieron originarse en la omisión de las pruebas que, en sentir de la recurrente, conducían a una sentencia condenatoria. La equivocación, entonces, si la hubo, debe buscarse en las razones que obstaculizaron ese preciso estudio, y a ello la Corte, por lo tanto, limita su análisis.

3.2. Como la demanda constituye el acto de postulación más importante del proceso, en la misma se deben expresar en forma clara y precisa las pretensiones y sus hechos fundantes (CPC, art. 75, nums. 5 y 6), éstos, como allí se indica, “(…) debidamente, determinados, clasificados y numerados”, porque así se garantizan los derechos de defensa y de contradicción, y se permite no sólo establecer el origen del debate, sino trazar el límite dentro del cual la jurisdicción debe discurrir su actividad (art. 305, ibídem).

En esa dirección, tales exigencias de manera alguna deben mirarse con criterios sacramentales o formularios, propios de épocas superadas, para, pretextando su incumplimiento, evadir decisiones de fondo acerca de las controversias sometidas a composición de la jurisdicción.

Los defectos formales, siendo superables, por lo tanto, no pueden hacer nugatorio el derecho material discutido, cuando, por ejemplo, son aparentes, bien porque los requisitos brotan del mismo escrito genitor o en sí los contiene, al margen del lugar donde se hayan expuesto o se encuentren, ya al aparecer subsanados o disipados debido a la misma conducta procesal observada por las partes, verbi gratia, cuando alrededor de ellos se focalizaron los contenidos de defensa y contradicción.

Lo primero, por cuanto como tiene explicado la Corte, “(…) [a]l fin y al cabo, como componentes que son de un todo, los diversos acápites de ese escrito rector del proceso han de articularse, correlacionarse, porque sólo de esa conjunción puede brotar la voluntad que realmente quiso expresar su autor al estructurarla”(1).

Y lo segundo, puesto que si los sujetos en contienda se encuentran sintonizados sobre lo mismo, en los aspectos trascendentes del proceso, al trabarse dentro de un mismo marco dialéctico la controversia, esto supone, en palabras de esta Corporación, que “(…) el libelo fue claro y preciso, o que (…) su inteligencia no fue difícil superar (…)”(2).

3.3. En el caso, es cierto, en ninguna parte del acápite de los hechos de la demanda, tampoco en su reforma, se narra una circunstancia de imputación de responsabilidad contra José Trinidad Torres Galvis y la Cooperativa de Transportadores Cúcuta Limitada, mucho menos respecto de las sociedades aseguradoras, en cuanto únicamente se alude al accidente de tránsito, al nombre del conductor del vehículo de servicio público involucrado y a las lesiones sufridas por la motociclista.

El silencio, sin embargo, no es absoluto, dado que en el contexto del libelo sus nombres salen a relucir. En general, en la parte introductoria y en la redacción de las pretensiones, inclusive como fueron modificadas, la condena contra ellos se solicita, en su orden, por tratarse del propietario del vehículo causante de los hechos, ser la empresa donde se encuentra afiliado el automotor y existir pólizas de las aseguradoras amparando a la transportadora.

En las contestaciones, los vinculados enarbolaron, precisamente, esas calidades para oponerse a los pedimentos. José Trinidad Torres Galvis, aduce culpa de la víctima. La Cooperativa de Transportadores Cúcuta Limitada, alega no ser la guardiana material ni jurídica del taxi, pues su dueño era quien elegía el conductor y controlaba toda actividad de lucro. Y las aseguradoras, se ampararon en las pólizas para excluir de la cobertura el perjuicio moral y formular la excepción de prescripción.

3.4. Frente a todo ese panorama, los errores de hecho denunciados, respecto de la apreciación de los escritos genitores del proceso, surgen refulgentes.

3.4.1. La inhibición del tribunal, y con él, la del juzgado, no podía basarse en la ausencia de sustentación de las pretensiones contra las personas citadas, por ser una afirmación que no es cierta, toda vez que lo echado de menos aparece explícito, sin importar el capítulo o lugar donde se haya manifestado.

3.4.2. De otra parte, porque en la remota hipótesis de haberse incurrido en la falta, los contenidos de defensa y contradicción quedaron resguardados, pues los escritos de oposición, al apoyarse en las calidades dichas, así sea implícitamente, ayudaron a salvar la aparente irregularidad.

Las adiciones que aparecen en las pretensiones, explicativas de las razones para elevarlas contra cada uno de los demandados, parafraseando al mismo juzgador de segundo grado, en realidad son “(…) cuestiones legalmente propuestas y controvertidas (…)”.

3.5. Los errores son incidentes, y por tanto, trascendentes, porque amén de repercutir en la aplicación de las normas citadas como violadas, si el Tribunal hubiese visto cumplido lo echado de menos, o percatado la sintonización de las partes sobre lo mismo, no sólo habría estudiado la responsabilidad demandada, sino también cuanto a cada demandado cabía.

3.6. El cargo se abre paso, razón por la cual sería del caso proferir la sentencia de reemplazo. Sin embargo, antes de proceder a ello, estima necesario la Corte, en aplicación del artículo 372, inciso 2 del Código de Procedimiento Civil, decretar de oficio la práctica de pruebas.

4. Decisión.

4.1. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 22 de junio de 2011, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, Sala Civil-Familia, en el proceso ordinario promovido por Diana Carolina Beltrán Toscano, en conjunto con sus padres, Samuel Guillermo Beltrán y Myriam Belén Toscano de Beltrán, y hermanas, Mayra Alejandra, Heidi Mayerly y Johanna Sirlene Beltrán Toscano, contra José Trinidad Torres Galvis, la Cooperativa de Transportadores Cúcuta Limitada, la Aseguradora Solidaria de Colombia S.A. y Liberty Seguros S.A., también llamada en garantía.

4.2. Acorde con lo anunciado, se ordena:

a) Para los fines legales consiguientes, tener como elementos de convicción, (i) las copias auténticas de las sentencias penales condenatorias de primera y segunda instancia pronunciadas contra Juan de Dios Rodríguez Blanco, en su orden, proferidas el 5 de enero de 2007 y 9 de octubre de 2008, por los Juzgados Sexto Penal Municipal de Cúcuta y Segundo Penal del Circuito de Ocaña, así como del auto de 10 de febrero de 2010, mediante el cual la Sala Penal de la Corte, inadmitió el recurso de casación (fls. 91-122, cdno. 5); (ii) la certificación expedida por el DANE sobre el índice de precios al consumidor, desde abril de 2001, hasta febrero de 2008 (fls. 8-11, cdno. 5); (iii) los documentos relacionados con los estudios y el grado profesional de Diana Carolina Beltrán Toscano (fls. 3, cdno. 6, y 35-36, C-5); y (iv) el informe de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Cúcuta, sobre la inexistencia de licencia de conducción asociada con el número de identificación de la inmediatamente citada.

b) Del dictamen del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Dirección Regional Nororiente, Seccional Norte de Santander (folio 22-13, C-5), sobre la incapacidad definitiva de Diana Carolina Beltrán Toscano, se corre traslado a las partes por el término de tres días para su respectiva contradicción.

c) Oficiar a la Superintendencia Financiera para que remita a la Corte, documentada y actualizada, información sobre la expectativa de vida de la población colombiana y de

la tabla de mortalidad, con referencia a una persona de sexo femenino nacida el 10 de septiembre de 1983.

d) Remitir a Diana Carolina Beltrán Toscano al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Dirección Regional Nororiente, Seccional Norte de Santander, para que acompañada del resumen de su historia clínica y demás, según se exija, se dictamine, conforme a las lesiones y secuelas sufridas, la edad de esperanza de vida. Ofíciese.

e) Allegar a los autos, por la parte demandante, copia del registro civil de matrimonio de Samuel Guillermo Beltrán y Myriam Belén Toscano, y de nacimiento de Diana Carolina Beltrán Toscano.

f) Oficiar a la Corporación Universitaria de Santander, Udes, Cúcuta, para que informe si Diana Carolina Beltrán Toscano, se encontraba cursando estudios en ese centro educativo durante el primer semestre de 2001, en caso positivo, cuál el valor de la matrícula, cuándo fue pagada y su destino final.

g) Requerir a la parte actora para que haga llegar a los autos los comprobantes de pago de las resonancias, tac, tomografías, consultas con el neurocirujano, trasporte en ambulancia, en fin, mencionados en la demanda, acápite “perjuicios materiales”.

4.3. Sin costas en casación, ante la prosperidad del recurso.

Cópiese y notifíquese.

1 Sentencia 94 de 13 de julio de 2007, expediente 2000-00381.

2 Sentenciad de 16 de diciembre de 2010, expediente 00502.