Sentencia SC16250 de octubre 9 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Armando Tolosa Villabona

SC16250-2017

Radicación 88001-31-03-001-2011-00162-01

(Aprobado en Sala de quince de agosto de dos mil diecisiete)

Bogotá, D.C., nueve de octubre de dos mil diecisiete.

Se decide el recurso de casación de Mavle Peterson Forbes, respecto de la sentencia de 17 de abril de 2015, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Isla, Sala Única, en el proceso incoado por la recurrente contra Olsen Lennin Peterson Forbes y personas indeterminadas.

1. Antecedentes

1.1. El petitum. La demandante solicitó se declarara que adquirió, por el modo de la prescripción extraordinaria, el derecho de dominio del inmueble ubicado en la Isla de San Andrés, sector “Joe Wood Point”, el cual identifica.

1.2. La causa petendi. Lo anterior, al poseer el predio con ánimo de señora y dueña, durante más de treinta años, desde 1976, no obstante su residencia en el exterior, con visitas cada dos años, construyendo una casa de habitación y un apartamento inconcluso, pagando impuestos y arrendándolo directamente o por interpuestas personas.

1.3. El escrito de réplica. El convocado, hermano de la actora, se opuso a las pretensiones, argumentando que el único contacto de ella con el inmueble ha sido de visita, en tanto la posesión material la ejercitó su padre hasta el día cuando murió y, de ahí en adelante su progenitora, fallecida el 4 de septiembre de 2011, mientras vivió.

1.4. El fallo de primera instancia. Proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el 26 de septiembre de 2014, niega la declaración de pertenencia, pues pese a existir testimonios favoreciendo a la pretensora, no acreditó una posesión “independiente y exclusiva”; por el contrario, se demostró que en el inmueble habitaron los progenitores de los contendientes, en la segunda planta, hasta cuando fallecieron, quienes lo arrendaban en parte.

De ahí, el pago de servicios públicos, impuestos y reparaciones y el eventual arrendamiento, afirmados por algunos declarantes como ejecutados por la accionante, bien pudieron efectuarse a nombre de sus ascendientes. En el mejor de los casos, la posesión la podría alegar desde hace tres años, pero respecto del segundo piso, cuando lo ocupó su hijo, Fredy Vélez Paterson.

1.5. La sentencia de segundo grado. Confirma la anterior decisión. Según el Tribunal:

Si bien Eloy Hernández Ward Whithaker, Eucaris Telisford Myles, María Vélez Trujillo, Blanca Agudelo Barreto y Francis Archbold, señalaron a la actora como dueña del inmueble, “(...) no fueron concordantes al momento de precisar circunstancias de modo y tiempo durante el cual la misma venía detentando la posesión”.

Además, Duane Everad Francis Forbes, Cordell Forbes Lever y Avelino Manuel Watson, manifestaron que el interpelado Olsen Lennin Peterson Forbes, era el propietario del inmueble y que en el primer piso habitaban sus padres desde hace mucho tiempo, cuyos dichos, en todo caso, aparecían corroborados con el contrato de arrendamiento donde aquél fungió como arrendador.

En suma, los testimonios de la demandante “(...) fueron contraevidenciados (...) por los otros medios de prueba recaudados (...)”, razón por la cual “(...) era menester declarar la improsperidad de las pretensiones formuladas”.

1.6. La demanda de casación. En los dos cargos formulados, la recurrente denuncia al ad-quem de haber violado los artículos 2531 y 2532 del Código Civil, antes de la modificación introducida por la Ley 791 de 2002. La Corte los resolverá conjuntamente por las razones que en su momento se dirán.

1.6.1. En el primero, como consecuencia de errores de hecho al momento de apreciar las declaraciones de Eloy Hernández Ward Whithaker, Eucaris Telisford Myles, Alon Hawkins, María Vélez Trujillo, Miguel Enrique Toro Archbold, Blanca Leonor Agudelo Barreto, Ángela Trujillo Camacho y Francis Rutford Archbold, pues si los desestimó por no ser concordantes en circunstancias de tiempo y modo, omitió ver en los mismos, sobre lo primero, una posesión de 22, 30 y 35 años, y lo segundo, la presencia de la actora en el inmueble, inclusive por conducto de terceros.

Igualmente, al acoger las versiones de Rodolfo Manuel Christopher, pese a no conocer nada de la posesión, siendo arrendatario en el 2006, ni indicar la razón por la cual ubica a Alon Hawkis en el lugar por cuenta del convocado; de George Enrique Vásquez Eden, criticable por lo mismo del anterior y referir la simple condición de dueño del demandado; de Duane Everad Francis Forbes y Cordell Forbes Lever, cuando el último acepta animadversión con la actora, en tanto ambos sólo aluden al dominio; de Avelino Manuel Watson, pues excusándose en la tercera edad no recuerda un suceso, pero sí otro; y de Alon Abelardo Hawkins Peterson, al tener interés, pues vive en el predio y dice arrendar diputado por el propietario, sin presentar recibo de pago de impuestos realizado a nombre del mismo.

1.6.2. En el segundo, a raíz de la violación medio del artículo 217 del Código de Procedimiento Civil, al darle “(...) plena credibilidad (...)” a lo testificado por Avelino Manuel Watson, cuando es claro el interés de favorecer al interpelado. En efecto, al referirse a Alon Abelardo Hawkins Peterson viviendo en el predio, olvidó mencionar que al inicio lo hizo por “(...) aquiescencia de Mavle Peterson Forbes y recientemente por supuesta autorización de Olsen Lenin Peterson Forbes (...)”; además, pretextando ser una persona de la tercera edad, “(...) no se entiende cómo recuerda lo que conviene a la parte que lo citó al proceso y no lo que puede hacer dudar su declaración (...)”.

1.7. Solicita la recurrente, en consecuencia, casar la sentencia recurrida, revocar la del juzgado y declarar la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio.

2. Consideraciones

2.1. Ambos cargos, como se observa, se dirigen a desvirtuar la apreciación probatoria del juzgador de segunda instancia, respecto de los medios de convicción que, en su sentir, neutralizaban las pruebas traídas por la demandante para acreditar la posesión alegada sobre el inmueble controvertido, necesaria para adquirir su dominio por el modo de la prescripción extraordinaria.

2.1.1. El estudio aunado de las dos acusaciones, por tanto, se justifica, al estar interrelacionadas. En particular, porque antes de establecer si efectivamente quienes indicaron el ánimo de señorío de la pretensora, “(...) no fueron concordantes al momento de precisar circunstancias de modo y tiempo (...)”, se impone de antemano analizar si “(...) fueron contraevidenciados (...) por los otros medios de prueba recaudados (...)”.

2.1.2. Se precisa, sin embargo, pese a denunciarse en el cargo segundo la comisión de un error de eficacia probatoria, la Sala lo estudiará desde la óptica del de hecho, por cuanto el tema de la “credibilidad o imparcialidad” de un testigo (artículos 217 del Código de Procedimiento Civil y 211 del Código General del Proceso), frente al interés que pueda tener con alguna de las partes, atañe a la materialidad de la prueba y no a su contemplación jurídica.

Como tiene explicado la Corte, “(...) cuando el Tribunal deja de ver que un testigo es sospechoso, siéndolo, comete error de hecho porque deja de observar una circunstancia que atañe con la objetividad de la prueba que incide en su valoración (...)”(1). En otras palabras, porque“(...) si lo que en último resultado decrece el valor de un testimonio no es la sospecha en sí misma sino el cariz intrínseco de su declaración (...), el eventual error que se plantee no puede ser el de derecho, toda vez que es inevitable acudir entonces a la materialidad misma de la probanza (...)”(2).

2.2. Los yerros de hecho probatorios en el ámbito casacional, desde luego, suficientemente es conocido, se asocian con la presencia física de las pruebas en el proceso, ya al suponerse, ora al omitirse, o con la fijación de su contenido objetivo; claro está, luego de verificarse su existencia material, en el caso de haberse tergiversado, en las modalidades de adición, cercenamiento o alteración.

Se estructuran, en cualquier hipótesis, cuando son manifiestos, evidentes, producto del simple y llano parangón entre lo visto o dejado de otear por el juzgador y la materialidad u objetividad de los medios de convicción. En adición, cuando son incidentes, trascendentes, vale decir, en la medida que hayan sido determinantes de la decisión final, en una relación necesaria de causa a efecto.

2.3. La prescripción adquisitiva implica alterar el derecho real de dominio, porque al paso que para un sujeto de derecho se extingue o modifica, para otro se adquiere. Es una de las prerrogativas más importantes en la construcción de la historia de la humanidad y de la riqueza, al punto que cuenta con un decisivo raigambre legal en todos los códigos civiles modernos, con un registro inmobiliario autónomo, con acciones judiciales propias, e inclusive con estatura constitucional, como en el caso colombiano en el artículo 58 de la Carta de 1991.

Siendo la propiedad tan trascendente, toda mutación en la titularidad, y con mayor razón, cuando se edifica a partir de la posesión material, alegada por vía prescriptiva, hecho que forja y penetra como derecho; apareja comprobar certera y límpidamente la concurrencia de los componentes axiológicos que la integran: (i) posesión material actual en el prescribiente(3); (ii) que el bien haya sido poseído durante el tiempo exigido por la ley, en forma pública, pacífica e ininterrumpida(4); (iii) identidad de la cosa a usucapir(5); (iv) y que ésta sea susceptible de adquirirse por pertenencia(6).

A propósito de los señalados elementos, dijo esta Corte que “(...) para el éxito de la pretensión de pertenencia por prescripción extraordinaria, se deben comprobar cuatro requisitos: 1) Posesión material en el usucapiente. 2) Que esa posesión haya durado el término previsto en la ley. 3) Que se haya cumplido de manera pública e ininterrumpida. 4) Que la cosa o derecho sobre el que se ejerce la acción, sea [identificable y] susceptible de ser adquirido por usucapión (...)”(7).

De ahí, toda fluctuación o equivocidad, toda incertidumbre o vacilación en los medios de convicción para demostrar la prescripción, torna deleznable su declaración.

Por esto, con prudencia inalterable, la doctrina de esta corporación, mutatis mutandis, en forma uniforme ha postulado que “(...) [n]o en vano, en esta materia la prueba debe ser categórica y no dejar la más mínima duda, pues si ella se asoma no puede triunfar la respectiva pretensión. De allí la importancia capital que ella reviste en este tipo de causas judiciales, más aun cuando militan razones o circunstancias que tornen equívoca o ambigua la posesión, la que debe ser inmaculada, diáfana y exclusiva, rectamente entendida, de lo que se desprende que no debe arrojar la más mínima hesitación. En caso contrario, no podrá erigirse en percutor de derechos.

“Esta Corte, sobre el particular bien ha señalado que ‘del detenido análisis del art. 2531 del C.C. se llega a la categórica conclusión de que para adquirir por prescripción extraordinaria es (...) suficiente la posesión exclusiva y no interrumpida por el lapso exigido…sin efectivo reconocimiento de derecho ajeno y sin violencia o clandestinidad’ (LXVII, 466), posesión que debe ser demostrada sin hesitación de ninguna especie, y por ello ‘desde este punto de vista la exclusividad que a toda posesión caracteriza sube de punto (...); así, debe comportar, sin ningún género de duda, signos evidentes de tal trascendencia que no quede resquicio alguno por donde pueda colarse la ambigüedad o la equivocidad’ (cas. civ. 2 de mayo de 1990 sin publicar, reiterada en cas. civ. 29 de octubre de 2001, Exp. 5800)”(8).

Si la posesión material, por tanto, es equívoca o ambigua, no puede fundar una declaración de pertenencia, con las consecuencias que semejante decisión comporta, pues de aceptarse llevaría a admitir que el ordenamiento permite alterar el derecho de dominio, así respecto de la relación posesoria medie cierta dosis de incertidumbre. Por esto, para hablar de desposesión del dueño y privación de su derecho, el contacto material de la cosa con quien pretende serlo, aduciendo real o presuntamente “animus domini rem sibi habendi”(9), requiere que sea cierto y claro.

2.4. Frente a lo discurrido, pasa a estudiarse si en el campo fáctico, el tribunal se equivocó al apreciar las pruebas que lo llevaron a radicar la posesión material blandida como fuente de la declaración de pertenencia en cabeza distinta de la actora, Mavle Peterson Forbes.

Particularmente, si los “testimonios presentados por la demandante fueron contraevidenciados dentro del proceso por los otros medios de prueba recaudados (…)”. En concreto, según ambos cargos, por los testigos Rodolfo Manuel Christopher, George Enrique Vásquez Eden, Duane Everad Francis Forbes y Cordell Forbes Lever, Avelino Manuel Watson y Alon Abelardo Hawkins Peterson.

2.4.1. En esa dirección, lo primero que advierte la Corte es que el ad-quem, expresamente, no se refirió a todo ese acervo testifical, sino únicamente al integrado por “Duane Everad Francis Forbes, Cordell Forbes Lever y Avelino Manuel Watson”.

El Tribunal, por tanto, sin más, no pudo incurrir en error fáctico, respecto de la apreciación de los testimonios de Rodolfo Manuel Christopher, George Enrique Vásquez Eden y Alon Abelardo Hawkins Peterson. En la lógica de la acusación, porque si en general eran contradictorios o imprecisos, en fin, o su credibilidad o imparcialidad afectada, debe entenderse, implícitamente, que al no mencionarlos, esas fueron las razones por las cuales de su contenido no concluyó nada en contra de la recurrente.

2.4.2. Siguiendo la secuencia, todo se reduce a estudiar si el juzgador acusado incurrió en error de hecho al apreciar los testimonios de “Duane Everad Francis Forbes, Cordell Forbes Lever y Avelino Manuel Watson”.

2.4.2.1. Con ese propósito pertinente resulta señalar, como es conocido, en casación no valen las especulaciones, ni los subjetivismos, por más elaborados o argumentados que sean, pues esto sería el producto de reeditar la apreciación probatoria, todo lo cual corresponde a una actividad propia de las instancias.

En sede extraordinaria, por el contrario, los cargos deben fundamentarse en la certeza y no en la duda. La ratio legis estriba en que el blanco del recurso es la presunción de legalidad y acierto de la sentencia impugnada y no el proceso, y en correlación, en el campo de las pruebas, claro está, dentro de los confines de la acusación, verificar si la apreciación probatoria del Tribunal es o no equivocada.

2.4.2.2. Relativo a Avelino Manuel Watson, la censura, en ambos cargos, reprocha al Tribunal, de una parte, al no entender cómo el declarante recuerda lo favorable al demandado, por ejemplo, la fecha en que trabajó en la casa la testigo Eucaris Telesford, y “no lo que puede hacer dudar su declaración”, parapetado en su condición de persona de la tercera edad; y de otra, al darle credibilidad, no obstante, su interés evidenciado cuando el testigo olvidó señalar que quien ocupaba una parte del predio, lo “hizo inicialmente por aquiescencia de Mavle Peterson Forbes”.

Ninguno de los errores se estructura, puesto que como se aprecia, por ejemplo el referido a un kiosco, no atañe al contenido objetivo de la prueba, sino a lo que debió decir el deponente y no dijo. El otro, por cuanto la recurrente se limitó a oponer su propia apreciación del testimonio y no a desvirtuar la realizada por el ad-quem; además, al no ser cierto que el deponente, aduciendo su tercera edad, haya evocado lo favorable al extremo pasivo y manifestado que había olvidado lo demás, pues sobre el particular, en punto de un poder del dueño para la administración del inmueble, simplemente dijo que “(...) el año no lo recuerdo (...)”.

2.4.2.3. Si los terceros Duane Everad Francis Forbes y Cordell Forbes Lever, en sentir de la recurrente, aludieron únicamente la condición de dueño del demandado Olsen Lenin Peterson Forbes, esto es, su legitimación para que resistiera el pleito, significa que el tribunal les adicionó su contenido objetivo, al hacerles decir que “otra persona” distinta a la actora Mavle Peterson Forbes, tenía la calidad de poseedora material del inmueble.

Ahora, como los testigos historian los hechos, para de ahí asignarles la calificación que en derecho corresponda, en consecuencia, la tocante con la condición de dueño del predio, los citados declarantes no la pudieron referir a la calidad jurídica, sino a los fenómenos que percibían en la realidad. Los errores de hecho denunciados al respecto, consiguientemente, tampoco se configuran, puesto que los deponentes en efecto no ataron la relación material presente del inmueble con la demandante, o por lo menos, de manera exclusiva, sino con personas distintas.

Así, Duane Everad Francis Forbes, vecino y familia, señaló como tal al “papá de Olsen y de Mavle (...), sé que tienen arrendado, el primer piso” y la “señora madre de él o sea Olsen Lennin (...) subsistía del arriendo”; “la posesión ejercida por el señor Olsen Lennin Peterson Forbes (...) ha sido [e]n forma pacífica, son dos hermanos y el papá repartió los bienes entre los dos”; “si él está recibiendo una herencia de sus padres es lógico que él tiene que venir a recibir su escritura de sus bienes, tiene derecho a reclamarlo”.

De su lado, Cordell Forbes Lever, morador del sector y relacionado desde la juventud con los contendientes, entroncó el hecho desde la época del padre de los mismos: “eran dos casas que tenía”, “la parte de arriba o sea la segunda planta estaba habitada por la mamá”, “la primera planta (...) arrendada”, “[n]o sé exactamente durante cuánto tiempo el señor Olsen, está poseyendo ese inmueble”, “últimamente ha venido el sobrino y la hermana y quiere adueñarse de eso”, “las dos casas fueron construidas por el viejo Olsen Peterson Bent”, la “señora Mavle Peterson Forbes y el hijo vinieron (...) cuando murió la mamá”.

2.4.2.4. La credibilidad atribuida por el Tribunal a lo vertido por Duane Everad Francis Forbes, quien dijo pagaba los impuestos por cuenta de Una Forbes de Peterson, madre de las partes, igualmente se descalifica sobre la base de haberse omitido apreciar la animadversión hacia la demandante Mavle Peterson Forbes, al tratarlo de ladrón.

El testigo, es cierto, afirmó que había dejado de realizar esa diligencia, por cuanto en 1996, cuando vino la demandante “(...) me formó un escándalo diciendo que yo no estaba pagando los impuestos de la mamá, que yo había robado la plata, yo le dije que buscara los recibos que estaban guardados, días después vino a mi casa a pedirme perdón porque fue una equivocación (...)”.

No obstante, si el Tribunal otorgó valor persuasivo al dicho del declarante, se entiende que no existía ninguna causa de sospecha. El error de hecho en el punto, por tanto, se descarta por completo, inclusive en la hipótesis de haber pasado de largo sobre lo transcrito, porque de su contenido no puede concluirse la enemistad grave; por el contrario, se trata de un simple añejo reclamo de cuentas, causado por la demandante y no por el declarante, entre otras cosas superado, como él mismo lo manifiesta.

2.4.2.5. En ese orden de ideas, el tribunal no se equivocó ostensiblemente al concluir que otra persona, distinta a la demandante, tenía la calidad de poseedora material del inmueble pretendido, porque como quedó explicado, de manera alguna incurrió en los errores de hecho denunciados, específicamente, al apreciar los testimonios en los cuales fincó dicha conclusión.

2.4.3. Fallida, en consecuencia, la acusación, respecto de uno de los fundamentos nucleares de la decisión, esto, por sí, es suficiente para sostener en su integridad la decisión atacada.

Cuando la sentencia, tiene explicado esta Corporación, “(...) se basa en varios motivos jurídicos, independientes, pero cada uno con fuerza suficiente para sustentar la decisión jurisdiccional, no es difícil descubrir que si la censura en casación es ineficaz para desvirtuar todos los soportes del fallo, porque permanece en vigor alguno que le mantiene su firmeza en derecho, el recurso no es susceptible de prosperar, aún en el supuesto de que fueran destruidos los motivos restantes de la sentencia acusada”(10).

La Corte, por tanto, se ve relevada de estudiar si el juzgador de segundo grado se equivocó al apreciar los testimonios de Eloy Hernández Ward Whithaker, Eucaris Telisford Myles, Alon Hawkins, María Vélez Trujillo, Miguel Enrique Toro Archbold, Blanca Leonor Agudelo Barreto, Ángela Trujillo Camacho y Francis Rutford Archbold, en concreto, al no ver que los mismos indicaron las circunstancias de tiempo y modo sobre el ejercicio de la posesión por parte de Mavle Peterson Forbes.

Con todo, se observa, si el tribunal sobre el particular señaló que las declaraciones recabadas en ese sentido, “no fueron concordantes”, esto significa que tales versiones si fueron examinadas. El problema probatorio, entonces, no sería fáctico, sino de contemplación jurídica de las pruebas en conjunto, pues en últimas, dicho grupo de testigos fue excluido, precisamente, por no ser coherentes en los temas apuntados, lo cual es totalmente distinto.

De ahí que tratándose de situaciones como la ahora planteada, la Corte respeta la autonomía de los falladores de instancia, por cuanto, al “(...) enfrenta[rse] dos grupos de testigos, el juzgador puede inclinarse por adoptar la versión prestada por un sector de ellos, sin que por ello caiga en error colosal, pues ‘en presencia de varios testimonios contradictorios o divergentes que permitan conclusiones opuestas, corresponde a él dentro de su restringida libertad y soberanía probatoria y en ejercicio de las facultades propias de las reglas de la sana crítica establecer su mayor o menor credibilidad, pudiendo escoger a un grupo como fundamento de la decisión desechando otro’ (G.J. tomo CCIV, Nº 2443, 1990, segundo semestre, pág. 20) (...)”(11).

De otra parte, los citados deponentes, en general, refirieron que conocían a la demandante hace más de veintidós años, pero no diferenciaron si por ese tiempo ella poseyó el inmueble de manera exclusiva e independiente. Por el contrario, todos coincidieron en afirmar que eran sus padres quienes la ejercían, hasta su deceso; ocurrido, el de la madre, en el 2011; no sólo porque vivieron en el predio, sino porque lo arrendaban en parte. En fin, la aducida posesión, se tornó deleznable, porque los testigos tampoco discernieron si el pago de los servicios, impuestos, reparaciones y el alquiler, lo realizó la recurrente o a nombre de sus progenitores.

2.5. Así las cosas, ninguno de los cargos se abre paso.

3. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 17 de abril de 2015, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Isla, Sala Única, en el proceso incoado por Mavle Peterson Forbes contra Olsen Lennin Peterson Forbes y personas indeterminadas.

Las costas en casación corren a cargo de la recurrente, demandante en el litigio. En la liquidación, inclúyase la suma de tres millones de pesos ($3’000.000), por concepto de agencias en derecho, teniendo en cuenta que la demanda de casación no fue replicada.

Cópiese, notifíquese y cumplido lo anterior, devuélvase el expediente a la oficina de origen.

Magistrados: Luis Alonso Rico PuertaMargarita Cabello Blanco, ausencia justificada—Álvaro Fernando García RestrepoAroldo Wilson Quiroz MonsalvoAriel Salazar RamírezLuis Armando Tolosa Villabona.

1 CSJ. Civil. Sentencia 057 de 18 de mayo de 2000, expediente 5836.

2 CSJ. Civil. Sentencias de 19 de septiembre de 2001, expediente 6624; de 9 de septiembre de 2011, expediente 00108; y de 31 de julio de 2014, expediente 01147.

3 Según el canon 762 del Código Civil es “(…) la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño (…)”, urgiendo para su existencia dos elementos: el ánimus y el corpus. Entendidos, el primero, como elemento interno, psicológico, esto es, la intención de ser dueño; y el segundo, el componente externo, la detentación física o material de la cosa.

4 La posesión debe cumplirse de manera pública, pacífica e ininterrumpida, derivada de hechos ostensibles y visibles ante los demás sujetos de derecho. Se trata de la aprehensión física directa o mediata que ostente el demandante ejerciendo actos públicos de explotación económica, de uso, transformación acorde con la naturaleza del bien en forma continua por el tiempo exigido por la ley. Por supuesto, dicho requisito puede cumplirse también con la suma de posesiones.

5 El bien tiene que identificarse correctamente, y si fuera el caso, el globo de mayor extensión de conformidad con los artículos 76, 497, num. 10º, del Código de Procedimiento Civil, recogidos hoy en el canon 83 del Código General del Proceso, y en el num. 9º del precepto 375 ejúsdem. Muchas veces debe demostrarse la identidad de la parte y el todo, por ejemplo, cuando una porción a usucapir se desmembra de un globo de mayor extensión.

6 Deben ser apropiables (en cuanto puedan ingresar a un patrimonio, que no sean inapropiables como la alta mar); encontrarse en el comercio (por hallarse en el comercio, esto es, atribuibles de relaciones jurídicas privadas, siendo enajenables o transferibles), y no tratarse de bienes imprescriptibles o de propiedad de las entidades de derecho público (num. 4, art. 375 del Código General del Proceso); alienable o enajenable de conformidad con el artículo 1521 del Código Civil.

7 CSJ SC sentencia de 14 de junio de 1988, G. J. Tomo CXCII, pág. 278. Reiterada en sentencias 007 de 1 de febrero de 2000, rad. C-5135 y SC 8751 de 20 de junio de 2017, rad. 2002-01092-01.

8 CSJ. Civil. Sentencia 273 de 4 de noviembre de 2005 expediente 7665.

9 Ánimo de quedarse con la cosa.

10 CSJ. Civil. Sentencia de 14 de junio de 2014, reiterado fallo 134 de 27 de junio de 2005 y G. J. Tomos LXXXVIII-596 y CLI-199.

11 CSJ SC-12994, sentencia de 15 de septiembre de 2016, rad. 2010-00111-01. En el mismo sentido: CSJ SC, 15 May. 2001, Rad. 6562; CSJ SC, 14 Dic 2010, Rad. 2004-00170-01; 18 Dic. 2012, Rad. 2007-00313-01.