Sentencia SC16278-2016 de noviembre 11 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Ariel Salazar Ramírez

SC16278-2016

Rad. Nº 08001-31-03-012-2008-00193-01

(Aprobada en sesión de veinte de septiembre de dos mil dieciséis)

Bogotá, D.C., once (11) de noviembre de dos mil dieciséis (2016).

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el demandante contra la sentencia de veintiuno de junio de dos mil trece, proferida por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, dentro del proceso ordinario radicado con el número de la referencia.

I. ANTECEDENTES

A. La pretensión.

Fernando Anatolio Borda Aguirre pidió condenar a Aseguradora Colseguros S.A. al pago de $ 150’000.000, equivalentes al valor por pérdida del vehículo de placas SBK112; así como el lucro cesante y los intereses moratorios comerciales desde el 5 de agosto de 2006.

B. Los hechos.

1. La demandada expidió la póliza N° 12347089, contratada por el Ministerio de Hacienda Invías, para proteger el parque automotor público por alteraciones del orden o actos terroristas.

2. El 5 de agosto de 2006 el bus SBK112, afiliado a Expreso Brasilia S.A., fue incinerado por miembros de las FARC en la vía Carreto Calamar, como lo certificó la Armada Nacional.

3. Presentada reclamación formal la aseguradora objetó por no encontrar demostrado el siniestro.

C. El trámite de la primera instancia

1. El libelo se admitió el 5 de agosto de 2008 (fl. 107 cdno. 1).

2. La compañía de seguros, una vez notificada, se opuso y excepcionó la inexistencia de demostración del siniestro y su cuantía; ausencia de nexo causal entre lo que pasó y el riesgo asegurable; falta de legitimación en la causa por activa; límite de responsabilidad y temeridad de la acción (fls. 69 al 83 cdno. 1).

3. La sentencia de primera instancia declaró probada la «inexistencia de demostración de la ocurrencia del siniestro y de su cuantía de conformidad con las condiciones generales del seguro y de los artículos 1077 del Código de Comercio» y negó las pretensiones (fls. 254 al 261 cdno. 1).

4. La Sala Octava de Decisión Civil – Familia del Tribunal Superior de Barranquilla la confirmó el 21 de junio de 2013 (fls. 34 al 40 cdno. 3).

5. El promotor interpuso recurso de casación que le fue concedido (fls. 43, 76 y 77 cdno. 3).

D. La providencia impugnada

Se fundamenta en lo siguiente:

1. Aunque no existe un concepto único de terrorismo, si es elemento común en todas las concepciones que se tiene del mismo «el ataque a la sociedad en conjunto, que subyace como connatural al atentado terrorista».

2. En la póliza se exige que para la ocurrencia del siniestro el «acto terrorista» provenga de grupos subversivos, por lo que si no se prueba esa calidad se excluye la obligación de indemnizar.

3. Si bien se estableció el evento adverso y la existencia del contrato de seguro que amparaba al vehículo del gestor, era carga del reclamante demostrar que los sucesos encajaban dentro de lo convenido, sin lograrlo, ya que no está individualizado el «grupo subversivo» que lo realizó ni se reúnen las características de la jurisprudencia y la doctrina para tomarlo como terrorista, «pareciendo más un acto de mera delincuencia común».

4. Del acontecimiento y su denuncia no se determina quién lo ocasionó y la certificación de la Armada solo habla de que «en el sector tienen presencia grupos subversivos, pero nada singulariza respecto de ese hecho concreto», lo que da lugar a la confirmación de la decisión de primer grado.

II. LA DEMANDA DE CASACIÓN

Se formularon dos ataques por la vía indirecta de la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de yerros de factos en la valoración probatoria, que se conjuntan por estar relacionados y conformar uno solo.

PRIMER CARGO

Denuncia que no se tuvieron en cuenta la certificación expedida por la Armada Nacional y el testimonio de William Zuleta, que dan razón sobre la presencia de las FARC en la zona de lo acaecido, donde se han incinerado varios buses.

Eso a pesar de que la documental se aportó con los requisitos del artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el 252 ibidem, modificado por el artículo 26 de la Ley 794 de 2003.

SEGUNDO CARGO

Acusa la violación indirecta de los artículos 1036, 1037, 1041, 1053, 1062, 1072, 1074, 1077, 1079, 1080 y 1477 del Código de Comercio y 174 al 178, 183, 187, 194, 248, 249, 250, 305, 306 y 307 del Código de Procedimiento Civil, como consecuencia del «falso juicio de insistencia e identidad» en la apreciación de varios medios de convicción, a saber:

1. Se tergiversó lo declarado por William Zuleta Rodríguez y Fernando Anatolio Borda Aguirre, quienes relataron como ocurrió el siniestro.

2. Distorsionó el alcance de «tres hechos indicadores» ya que «se tomaron como indicio los siguientes hechos desconocer tajantemente que en la zona donde se produjo el siniestro no opera el grupo insurgente al margen de la ley F.A.R.C.» estando comprobado con la certificación de la Armada Nacional, pero se le dio un efecto contrario.

CONSIDERACIONES

1. Bien sabido es que el siniestro en materia de seguros es la realización del riesgo, cuya demostración le compete al asegurado, en los términos de los artículos 1072 y 1077 del Código de Comercio.

Esa carga comprende todos los aspectos convenidos en la póliza, donde se delimita su alcance y las circunstancias que dan lugar al pago de la indemnización, de ahí que no es suficiente con acreditar el daño sufrido sino, además, que la forma como se causó encaja dentro de las eventualidades previamente demarcadas.

2. No existe discusión en el debate sobre el pacto de seguro de automóviles póliza de terrorismo, ni que la cobertura se circunscribía a los actos de esa índole cometidos «únicamente por grupos subversivos».

Tampoco se hacen reparos a la connotación de temor generalizado que se busca infundir al cometerlos, que le dio el tribunal y corresponde a la noción que de «actos de terrorismo» trae el artículo 144 del Código Penal, donde se fijan las penas de prisión a quien «con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, realice u ordene llevar a cabo ataques indiscriminados o excesivos o haga objeto a la población civil de ataques, represalias, actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizarla».

Quiere decir que a esa clase de conductas le son inmanentes el empleo de armas con el fin de amedrentar a las víctimas directas y la finalidad de trascender, generando un ambiente de zozobra generalizado, desestabilizando de esta manera el orden público.

3. No tienen asidero los reparos del censor frente a la manera como sopesaron los medios de convicción, puesto que vistos bajo las reglas de la sana crítica el documento, la declaración y el interrogatorio en que radica la inconformidad del recurrente, son coincidentes con las conclusiones a que llegó el ad quem, esto es, que no se vislumbra la participación de las FARC en la quema del automotor ni que el ilícito correspondiera a un «acto terrorista», como pasa a verse:

a) La sola versión del demandante es suficiente para desdibujar cualquier duda al respecto, siendo que en el relato de como acontecieron los hechos narró que «llegando al kilómetro 130 me mandaron a detener el vehículo los pasajeros que llevaba, en forma airada, detuve el vehículo y uno de ellos se bajó primero, me bajé yo detrás de él y otro se quedó dentro, cuando voltie (sic) a mirar el carro explotó» y contestó negativamente, sin agregados o condicionantes, cuando se le preguntó si los responsables «los intimidaron con alguna clase de arma», «se identificaron como miembros de algún grupo subversivo al margen de la ley» o en esa fecha en «el lugar de los hechos o antes, se hubieran presenciado retenes ilegales por parte del algún grupo subversivo» (fls. 110 y 111 cdno. 1).

Incluso fue enfático en que «yo no estoy afirmando que son terroristas, cuando tomé la declaración en San Juan Nepomuceno, los detectives, policías, dijeron que en la forma de actuar hechos es de terroristas, porque hechos fueron los que pusieron terroristas, que quede claro que yo no fue que dije eso sino la policía» (fls. 112 y 113 cdno. 1).

Es patente la ausencia de artefactos de fuego y poca relevancia de la conflagración, así como la falta de propaganda, panfletos o cualquier alcance intimidatorio.

Es más, niega que se refiriera a que los autores fueran «terroristas», porque eso fue mera suposición de algunos «policías».

b) Lo manifestado por Wilman Enrique Zuleta Rodríguez, independientemente de su mérito por tratarse de una copia inauténtica de la declaración en la Unidad Investigativa Sijin de San Juan dentro de las diligencias penales que dieron lugar los hechos, sin que fuera objeto de ratificación en el trámite, nada diferente aportan a las precisiones de la víctima.

Es más, la única cita que hizo a movimientos insurgentes fue para cuestionar que existiera conexidad ya que «lo raro de todo esto es que para ser guerrilla kilómetros antes hay un bus varado desde ayer y no lo han quemado» (fl. 98 cdno. 1).

c) En cuanto a la certificación 00039 CFNC-OFJUR-702 expedida por el Comandante Fuerza Naval del Caribe de la Armada Nacional, a pesar de indicar que «en la zona delinque un reducto del frente 37-FARC- Compañía Pedro Góngora Chamorro bajo la Dirección del sujeto alias “Camacho”», allí mismo se destaca que no se «puede afirmar o desvirtuar por parte de este Comando que el hecho delictivo haya sido perpetrado por este grupo al margen de la ley, o que este sea el modo de operación del citado».

4. A pesar de que no se duda de la existencia de las FARC o su campo de acción en la Costa Atlántica, eso no quiere decir que todos los actos delincuenciales deban ser adjudicados a las células o subgrupos que la conforman, con mayor razón si la situación es ajena a su modus operandi.

Precisamente eso fue lo que dedujo el Tribunal al sopesar en conjunto las probanzas y concluir que

[e]l hecho mismo y la denuncia penal de su ocurrencia no demuestran nada diferente a la realización en el tiempo y el espacio del siniestro, pero para nada determina de donde previene dicho hecho y la certificación de la Armada tienen la misma entidad de traer la noción que en el sector tienen presencia grupos subversivos, pero nada singulariza respecto de ese hecho concreto, que es el que establecerá el desplazamiento del riesgo a la Aseguradora, cual es el que su autor sean grupos subversivos (sic).

En otras palabras un solo indicio, como era la presencia de un comando de las FARC en el área de influencia donde se produjo la quema del automotor, era insuficiente para dar por sentado que ese suceso en particular fuera el resultado de un «acto terrorista», con mayor razón si las circunstancias que lo rodearon distan de las que son determinantes de esa categorización.

Las especulaciones del promotor carecen de respaldo demostrativo sin lograr demeritar la labor del fallador, puesto que como se dijo en CSJ SC 19 dic. 2013, rad. 1998-15344-01,

[e]n materia de indicios, específicamente, el impugnante tiene la carga de demostrar que las inferencias elaboradas por el juzgador fueron manifiestamente erróneas, si es que la decisión se basó en ellas. En tal caso, sólo cuando el razonamiento del juez resulta contraevidente, hay lugar a la configuración de un error de hecho ostensible que tenga la virtualidad de quebrar el argumento que haya constituido la base fundamental del fallo censurado (…) En cambio, cuando —como ocurren en este caso— el fallador no cimenta su decisión en pruebas indirectas, entonces el cargo que se sustenta en una falta de apreciación del indicio, está abocado a demostrar que a partir de los hechos probados en el proceso y a la luz de los dictados de las máximas de la experiencia, se imponía al juez la obligación de elaborar unas hipótesis indiciarias que resultaban evidentes y que habrían variado sustancialmente el sentido del fallo, no obstante lo cual el funcionario judicial dejó de considerarlas al momento de dictar la sentencia. 

Como no se dieron por supuestas situaciones débilmente establecidas, ni mucho menos se dejaron de estimar aspectos incuestionables y determinantes que dieran paso a las aspiraciones indemnizatorias del gestor, siendo que por el contrario se contrapuso un criterio generalizado con lo que pasó en concreto sin hallarles conexidad, lejos está ese proceder de constituir la equivocación de facto que se endilga por desatender inferencias.

5. Fracasa, por lo expuesto, la acusación.

6. Conforme al inciso final del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, habrá de imponerse al opugnador el pago de las costas procesales en el trámite de la impugnación extraordinaria, y para la tasación de las agencias en derecho, se tomará en cuenta que la opositora no replicó.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 21 de junio de 2013, proferida por la Sala Octava de Decisión Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en el proceso ordinario antes referenciado.

Costas a cargo del accionante y a favor de la contradictora. Inclúyase la suma de $ 3’000.000 por concepto de agencias en derecho.

En su oportunidad, devuélvase el expediente a la Corporación de origen.

Notifíquese

Magistrados: Álvaro Fernando García Restrepo, Presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco, en comisión de servicios—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Luis Alonso Rico Puerta—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.