Sentencia SC16279-2016-2004-00197 de noviembre 7 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad. 5001-31-10-013-2004-00197-01

Magistrado Ponente:

Dr. Ariel Salazar Ramírez

Aprobado en sesión de diecisiete de agosto de dos mil dieciséis

Bogotá D.C., once de noviembre de dos mil dieciséis.

Procede la Corte, en sede de instancia, a proferir la sentencia sustitutiva correspondiente, dentro del proceso ordinario de la referencia.

I. Antecedentes

A. La pretensión

María Trinidad Gaviria de Ríos, María Seneth, María Nelly, José de Jesús y Roberto Antonio Ríos Gaviria demandaron a Julio Alberto Ríos Ruiz, para que se declarara que no es hijo de Dalmiro de Jesús Ríos Gaviria. (Fl. 24, cdno. 1)

B. Los hechos

1. El 9 de mayo de 1949, María Trinidad Gaviria y José de los Santos Ríos Ocampo contrajeron matrimonio católico. (Fl. 48, cdno. 1)

2. Ellos eran los progenitores de Dalmiro de Jesús Ríos Gaviria. (Fl. 61, cdno. 1)

3. María Seneth, María Nelly, José de Jesús y Roberto Antonio Ríos Gaviria son hermanos de quien fue inscrito como padre del demandado. (Fl.s 52 a 55)

4. María Cristina Ruiz Londoño y Dalmiro de Jesús Ríos Gaviria se casaron el 22 de agosto de 1977 en la Parroquia San José del municipio de Cimitarra, Santander. (Fl. 56, cdno. 1)

5. El demandado nació el 17 de septiembre de 1982, y fue registrado ante la Notaría Única del Círculo de San Andrés Islas el 15 de octubre siguiente, como hijo de los esposos. (Fl. 8, cdno. Corte)

6. Mediante sentencia de 13 de septiembre de 1984, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín decretó la separación de cuerpos, en forma indefinida, del matrimonio constituido entre Dalmiro de Jesús Ríos Gaviria y María Cristina Ruiz Londoño. (Fl. 169, cdno. 1)

7. En esa misma decisión se declaró disuelta la sociedad conyugal, y se estableció conforme al acuerdo entre los cónyuges que Julio Alberto Ríos Ruiz quedaría bajo el cuidado personal de su madre, y que la patria potestad continuaría siendo ejercida por sus padres de manera conjunta. (Fl. 169, cdno. 1)

8. El 3 de marzo de 1992, falleció Dalmiro de Jesús Ríos Gaviria. (Fl. 3, cdno. 1)

9. El difunto tuvo otros cuatro hijos: Santiago y Mauricio Ríos Velásquez que nacieron el 8 de enero de 1987 y el 29 de julio de 1988, respectivamente; Gandi Enid Ríos Montoya que nació el 14 de agosto de 1975 y Hernán Alonso Ríos Gómez. (Fl.s 127, 398-399, cdno. 1)

10. Mediante escritura pública 2037 de 3 de octubre de 2001 otorgada ante la Notaría Diecisiete del Círculo Notarial de Medellín, Hernán Alonso Ríos Gómez y Gandi Enid Ríos Montoya transfirieron a título de venta a favor de José de Jesús, María Nelly, Roberto Antonio y María Seneth Ríos Gaviria, los derechos y acciones que les pudieran corresponder en la sucesión testada de su abuelo José de Jesús Ríos Ocampo. (Fl. 112, cdno. 1)

11. A través del instrumento público 314 de 15 de febrero de 2002, protocolizado ante la Notaría Novena del Círculo Notarial de Medellín se liquidó la sucesión doble testada de José de Jesús Ríos Ocampo, siendo asignatarios María Seneth, María Nelly, José de Jesús y Roberto Antonio Ríos Gaviria en su calidad de hijos y subrogatarios de los derechos herenciales que le correspondían a Gandi Enid Ríos Montoya y Hernán Alonso Ríos Gómez, en representación de su padre Dalmiro de Jesús Ríos Gaviria. (Fl. 33 reverso, cdno. 1)

12. En ese mismo documento, aparecen también como asignatarios Santiago y Mauricio Ríos Velásquez, en su calidad de hijos del fallecido Ríos Gaviria y nietos del causante. (Fl. 33 envés, cdno. 1)

13. Julio Alberto Ríos Ruiz promovió acción de petición de herencia contra María Trinidad Gaviria de Ríos, María Seneth, María Nelly, José de Jesús y Roberto Antonio Ríos Gaviria y los menores Santiago y Mauricio Ríos Velásquez, para que se le reconociera su derecho como heredero en representación de su padre Dalmiro de Jesús Ríos Gaviria, en la sucesión de José de Jesús Ríos Ocampo. (Fl. 82, cdno. 1)

C. El trámite de la primera instancia

1. Mediante auto de 21 de mayo de 2004 se admitió la demanda, disponiéndose la notificación de esa providencia y el traslado al demandado. (Fl. 62, cdno. 1)

2. Al contestar dicho libelo, Julio Alberto Ríos Ruiz se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones de “caducidad”, “haber reafirmado el señor Dalmiro de Jesús Ríos Gaviria su paternidad” y “falta de legitimación en la causa por activa”. (Fl. 101, cdno. 1)

En sustento de esas defensas adujo que la acción no fue promovida dentro del plazo concedido en el artículo 221 del Código Civil, es decir, dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que los demandantes tuvieron conocimiento del nacimiento del hijo o del deceso del padre, acontecimientos que ocurrieron el 17 de septiembre de 1982 y el 3 de marzo de 1992, respectivamente. (Fl. 2, cdno. 2)

Por otra parte, Dalmiro de Jesús Ríos Gaviria lo reconoció como su hijo en la demanda de separación de cuerpos que promovió contra María Cristina Ruiz Londoño, motivo por el cual cesó el derecho a impugnar la paternidad; y los cesionarios María Seneth, María Nelly, José de Jesús y Roberto Antonio Ríos Gaviria no estaban legitimados para promover la acción, porque al presunto progenitor le sobrevivían sus hijos Mauricio y Santiago Ríos Velásquez, Hernán Alonso Ríos Gómez y Gandi Enid Ríos Montoya. (Fl. 102, cdno. 1)

3. En auto de 16 de noviembre de 2005, se ordenó integrar el litisconsorcio con los hijos del fallecido Dalmiro de Jesús Ríos Gaviria, quienes no hicieron pronunciamiento alguno frente a la demanda. (Fls. 106, 135, 146 y 150 cdno. 1)

4. Mediante providencia de 1º de agosto de 2007, el juez declaró no probada la excepción de caducidad, porque al 30 de marzo de 2004, fecha en que fue presentada la demanda, aún no había transcurrido el término establecido en la ley para acudir a la jurisdicción, dado que solo hasta el 2 de septiembre de ese año les surgió a los demandantes el interés para demandar, pues en esa fecha fueron notificados del auto que admitió a trámite la acción de petición de herencia instaurada en su contra por el demandado. (Fl. 14 reverso, cdno. 2)

5. El examen de ADN practicado en el proceso reveló que “con el análisis de los marcadores genéticos estudiados en los cuales se reconstruyeron los posibles perfiles genéticos del señor Dalmiro de Jesús Ríos Gaviria (Fallecido), se llega a la conclusión de que se excluye como padre biológico del (la) señor (a) Julio Alberto Ríos Ruiz”. (Fl. 216, cdno. 1)

6. En fallo dictado el 25 de mayo de 2010, el a quo declaró probada la excepción de “haber reafirmado el señor Dalmiro de Jesús Ríos Gaviria su paternidad”, porque encontró probado que Dalmiro de Jesús Ríos Gaviria reconoció ser el padre de Julio Alberto Ríos Ruiz en la demanda de separación de cuerpos que instauró, de lo cual se dejó constancia en la sentencia proferida en ese juicio. En consecuencia, negó las pretensiones de los actores. (Fl. 298, cdno. 1)

7. Los demandantes apelaron esa decisión con fundamento en que ante el resultado claro y contundente del análisis de ADN, no tenía cabida una supuesta reafirmación de la paternidad que jamás se produjo, pero que aún de aceptar que ese reconocimiento existió, debía primar la verdad biológica, respaldada por ese examen y por otras pruebas como los testimonios practicados, con los cuales se demostró que entre el presunto progenitor y el demandado jamás existió “un trato de padre a hijo como suele normalmente suceder”. (Fl. 300, cdno. 1)

D. La sentencia de segunda instancia

El 26 de junio de 2012, el ad quem revocó el fallo apelado y declaró la caducidad de la acción. (Fl. 26, cdno. 4)

En sustento de esa determinación, sostuvo que las normas aplicables a la controversia correspondían a los artículos 216, 217, 219, 221 y 222 del Código Civil sin la reforma introducida por la Ley 1060 de 2006, pues la demanda se presentó con anterioridad a su vigencia.

Por consiguiente, acorde con el artículo 221 ibídem, el término legal para incoar la acción de impugnación de la paternidad es de 60 días, contados desde que se tuvo conocimiento del óbito del padre o del nacimiento del hijo, y como dicho plazo debía iniciar el 3 de marzo de 1992, fecha en la que ocurrió el deceso de Dalmiro de Jesús Ríos Gaviria, era claro que para la fecha de presentación de la demanda (30 de marzo de 2004) había operado la caducidad, pues transcurrió más de un año.

E. El recurso de casación

Contra esa providencia, la parte demandante interpuso la impugnación extraordinaria, en la que planteó un solo cargo con apoyo en la causal primera del artículo 368 de la ley adjetiva, en el que alegó la violación directa, por falta de aplicación, del parágrafo transitorio del artículo 14 de la Ley 1060 de 2006.

Esa disposición -indicó- era aplicable a la controversia, dado que para la fecha en que comenzó a regir la mencionada ley, el proceso se hallaba en curso, circunstancia que el sentenciador desconoció.

En desarrollo del principio iura novit curia, era deber del Tribunal resolver la controversia a la luz del precepto citado. (Fls. 13 a 23)

F. La sentencia de casación

El 3 de octubre de 2014, la Corte casó el fallo impugnado al constatar que el ad quem incurrió en la transgresión directa de la norma citada, pues sus efectos eran inmediatos y tenía aplicación en los litigios iniciados antes de su vigencia, tanto aquellos en los que se hubiera declarado la caducidad, siempre que el nuevo trámite se iniciara entre el 26 de julio de 2006 y el 26 de enero de 2007, como en los que la acción había caducado, pero aún no se había proferido fallo.

Previo a dictar la decisión de reemplazo, ordenó oficiar a la Notaría Única del Círculo de San Andrés Islas, para que remitiera copia auténtica del registro civil de nacimiento del demandado, prueba que una vez allegada fue puesta en conocimiento de las partes para los correspondientes efectos legales.

II. Consideraciones

1. Es preciso convenir con el a quo en que los presupuestos jurídico-procesales que se requieren para fundamentar una decisión de mérito se acreditaron a plenitud en esta litis, por lo que nada encuentra la Corte, en sede de instancia, para disentir de esa apreciación.

2. Sobre el hijo concebido durante el matrimonio, o el que nace después de expirados los 180 días siguientes a su celebración o a la declaración de la unión marital de hecho, recae una presunción legal consistente en que aquel tiene por padres a los cónyuges o a los compañeros permanentes.

Dicha presunción conocida en el derecho romano con el aforismo “pater is est quod justae nupciae demostrant”, descansa sobre dos supuestos de hecho que el legislador da por establecidos: la cohabitación entre los esposos o compañeros permanentes, y la singularidad de la relación de pareja.

Entonces, el ordenamiento jurídico le atribuye al cónyuge o al compañero la condición de padre de los hijos que su consorte o pareja llegue a concebir durante la vigencia del vínculo marital o de aquellos que nazcan durante un específico lapso después de la celebración de las nupcias o del inicio de la vida en común, eventos en los cuales el infante adquiere la relación filial con el marido o compañero de la mujer que lo alumbró, y se producen todas las consecuencias jurídicas que de ella se derivan.

Sin embargo, puede acontecer que el parentesco presumido como existente entre el padre y el hijo de mujer casada o su compañera sea solo aparente. Para ese evento, el legislador ha establecido la posibilidad de enfrentar el falso estado civil que otorga al hijo una posición en la familia que ciertamente no tiene.

3. La acción de impugnación es uno de los mecanismos instituidos para reclamar contra la progenitura amparada en esa presunción legal, la cual debe desvirtuar el actor, si pretende que cesen los efectos que de ella dimanan.

No obstante, la legitimación para incoar dicha acción no ha sido reconocida a todas las personas, asunto este que ha dado lugar a discusiones en la jurisprudencia y en la doctrina.

La ley, incluso, ha adoptado diferentes posturas, de acuerdo con el contexto histórico en que se enmarca su aplicación, la protección de la unidad familiar y el respeto a las garantías de orden superior.

Precisamente, en este asunto, el demandado cuestionó la legitimación de los actores para impugnar la paternidad, dado que no tienen la condición de herederos de Dalmiro de Jesús Ríos Gaviria, sino de progenitora y hermanos suyos, estos últimos cesionarios de los derechos y acciones que correspondían a Hernán Alonso Ríos Gómez y Gandi Enid Ríos Montoya en la sucesión testada de su abuelo José de Jesús Ríos Ocampo.

3.1. El carácter de ese atributo, tal como lo ha sostenido esta Corporación en múltiples ocasiones, no es procesal, sino sustancial, en tanto está relacionado con la materia debatida en el litigio y no con los requisitos indispensables para la formación válida de la relación jurídico procesal y el normal desarrollo del proceso.

La prosperidad de la pretensión depende, entre otros requisitos, según la jurisprudencia de esta Sala, de que “se haga valer por la persona en cuyo favor establece la ley sustancial el derecho que se reclama en la demanda, y frente a la persona respecto de la cual ese derecho puede ser reclamado (…). Si el demandante no es titular del derecho que reclama o el demandado no es persona obligada, el fallo ha de ser adverso a la pretensión de aquél, como acontece cuando reivindica quien no es el dueño o cuando éste demanda a quien no es poseedor” (CSJ SC, 14 Ago. 1995, Rad. 4628, reiterado en CSJ SC, 26 Jul. 2013, Rad. 2004-00263-01).

3.2. En la doctrina procesal e incluso en la jurisprudencia, el concepto de legitimación en la causa ha sido muchas veces confundido con otros institutos como la legitimatio ad processum y el interés para obrar.

De los procesalistas nacionales, es tal vez la obra de Devis Echandía la que mejor explica sus diferencias y propone una definición cuya utilidad práctica es innegable en materia de efectos, alcance y contenido de la sentencia.

Según ese autor, la legitimatio ad processum, tal como lo explicó Couture(1), es “la aptitud para realizar actos jurídicos procesales válidos” y forma parte de lo que se ha conocido como “capacidad adjetiva”, la cual “mira a la adecuada representación y a la habilidad litigiosa de las partes”(2).

3.3. De mayor utilidad para el debate que asume la Corte en esta oportunidad es la diferenciación que aquel jurista propuso entre el interés para obrar al que también denominó “interés para la pretensión, o interés para la sentencia de fondo o mérito, o facultad para gestionar la sentencia de fondo”(3) y la legitimatio ad causam.

3.3.1. El primero que proviene de la sustantivación de la expresión latina “interesse”, que significa importar (importar a alguien algo), lo definió como “la utilidad o el perjuicio jurídico, moral o económico que para el demandante y el demandado puedan representar las peticiones incoadas en la demanda y la consiguiente decisión que sobre ellas se adopte en la sentencia”(4).

Ese interés sustancial en la sentencia de mérito sobre las peticiones del libelo que inicia el proceso, reclama que “el demandante tenga un interés subjetivo o particular, concreto y actual en las peticiones que formula en la demanda, esto es, en la pretensión incoada, y que el demandado tenga uno igual en contradecir esa pretensión”, y aunque es diferente de la legitimación en la causa, es “el complemento” de esta “porque se puede ser el titular del interés en litigio y no tener interés serio y actual en que se defina la existencia o inexistencia del derecho u obligación, como ocurriría v. gr. Cuando se trata de una simple expectativa futura y sin efectos jurídicos”(5).

De ahí que analizado desde la perspectiva del actor, equivale al motivo jurídico particular que lo induce a reclamar la intervención del órgano jurisdiccional, mientras que en el demandado, comporta el móvil personal que tiene para contradecir las pretensiones del demandante, y respecto de los terceros está dado por lo que específicamente motiva su intervención en el proceso.

En relación con el demandante, el interés para obrar ha de ser subjetivo, dado que no es el general que existe en relación con la solución del conflicto, la declaración o el ejercicio de los derechos, sino el particular o privado, que mira a la búsqueda de su propio beneficio.

Además, se exige que sea concreto, dado que es necesaria su existencia en cada caso especial respecto de la relación jurídica material debatida, es decir, atinente a las pretensiones formuladas en la demanda.

Se adiciona a las características mencionadas, las de que sea “serio y actual en obtener del proceso un resultado jurídico favorable”(6).

Lo primero puede deducirse del beneficio o perjuicio que derivaría de la sentencia de fondo, el cual no necesariamente es de índole patrimonial, sino que puede ser moral como aquel que aparece vinculado en ciertos asuntos relativos a la institución de la familia o en materia de derechos personalísimos, por señalar solo dos ejemplos, e inclusive, en algunos casos, puede concurrir con el económico.

Al respecto, Ugo Rocco, en cuya teoría dicho interés correspondería al que denominó “primario” o “de primer grado”, destacó que los de esa categoría “puedan ser, y hasta normalmente sean, de carácter patrimonial”, pero también puede estar relacionado con un perjuicio moral, como aquel presente en las controversias de Estado, en las que, según extractó de la jurisprudencia italiana, el interés de las partes “además de económico, puede ser simplemente moral…”(7), como el que tienen los ascendientes del padre o de la madre en la impugnación de la paternidad o la maternidad, si debido a la existencia de otros hijos del presunto progenitor, no tienen parte alguna en la sucesión de su hijo o hija. En ese caso, el interés no es otro que establecer la verdad acerca del estado civil.

Sobre lo precedente, indicó el doctrinante nacional citado: “Ese interés generalmente será material y económico, pero puede serlo simplemente moral o familiar, o consistir en la necesidad de darle certeza a una relación o situación jurídicas…”(8).

Por otra parte, la actualidad del interés alude a que, tal como lo explica la doctrina, aquel ha de existir “en el momento en que se constituye la litis contestatio” para que se justifique que “el órgano jurisdiccional se pronuncie sobre la existencia de la relación sustancial o del derecho subjetivo pretendido”, de modo que “Las simples expectativas o los eventuales y futuros derechos o perjuicios, que puedan llegar a existir si sucede algún hecho incierto, no otorgan interés serio y actual para su declaración judicial, puesto que no se hallan objetivamente tutelados; (...)”(9).

Modernamente la expresión “interés para obrar” ha sido sustituida por la de “interés jurídico para obrar”, a fin de evitar confusiones con el interés general en el ejercicio de las acciones judiciales como instrumento de composición de las controversias (interés para accionar).

A ella refirió esta corporación para destacar que:

(…) ‘en los casos en que la ley habla del interés jurídico para el ejercicio de una acción, debe entenderse que ese interés venga a ser la consecuencia de un perjuicio sufrido o que haya de sufrir la persona que alega el interés’; es más, con ese perjuicio ‘...es preciso que se hieran directa, real y determinadamente, los derechos del que se diga lesionado, ya porque puedan quedar sus relaciones anuladas, o porque sufran desmedro en su integridad’. Así se ha expresado ésta Corporación, añadiendo que ‘el derecho de donde se derive el interés jurídico debe existir, lo mismo que el perjuicio, al tiempo de deducirse la acción, porque el derecho no puede reclamarse de futuro ... en las acciones de esa naturaleza tales principios sobre el interés para obrar en juicio se concretan en el calificativo de legítimo o jurídico, para significar, en síntesis, que al intentar la acción debe existir un estado de hecho contrario al derecho’ (G. J. LXII P. 431)’ (Cas. Civ., sentencia del 17 de noviembre de 1998, expediente 5016;…).

Vistas así las cosas, es pertinente añadir que el interés por el que se indaga ‘no es distinto al presupuesto material del interés para obrar que debe exhibir cualquier demandante, entendiendo por este el beneficio o utilidad que se derivaría del despacho favorable de la pretensión, el cual se traduce en el motivo o causa privada que determina la necesidad de demandar, que además de la relevancia jurídico sustancial, debe ser concreto, o sea existir para el caso particular y con referencia a una determinada relación sustancial; serio en tanto la sentencia favorable confiera un beneficio económico o moral… y actual, porque el interés debe existir para el momento de la demanda, descartándose por consiguiente las meras expectativas o las eventualidades, tales como los derechos futuros’ (Cas. Civ., Sentencia 31 del 2 de agosto de 1999, expediente 4937;…) (CSJ SC, 18 Sep. 2013, Rad. 200500027-01, citada en CSJ SC2379, 26 Feb. 2016, Rad. 2002-00897-01; el subrayado es propio).

3.3.2. La legitimación en la causa -indicó Devis Echandía- es un instituto diferente del anterior, pues la parte puede tener esa legitimación, pero no un interés serio y actual en los resultados del juicio, lo que determinaría su falta de interés para obrar.

Como ejemplo de esa divergencia, señaló el del hijo legítimo de una persona, quien reclama para sí la herencia o parte de ella, pues si bien “tiene perfecta legitimación para la causa, por ser el titular del interés en la declaración de si le corresponde o no derecho a la herencia…si su padre no ha muerto o no ha sido declarado muerto presuntivamente, carece de interés serio y actual en la declaración solicitada, y por lo tanto, de interés para obrar”(10).

Por el contrario, el demandante que carezca de legitimación en la causa, no puede tener interés serio y actual en que se realicen las declaraciones consignadas en la demanda, al paso que aquel que sea titular de interés jurídico para obrar, necesariamente está legitimado para demandar, pues no es concebible la existencia de ese tipo de interés en el actor, sin ostentar el derecho de perseguir que sea satisfecho por el fallo de mérito.

Esa no es la situación del demandado, a quien aunque puede asistirle interés para obrar en la medida que su móvil para intervenir en el proceso sea el de evitar el perjuicio que para él derivaría de la declaración o condena pretendida por su contraparte, es posible que no esté legitimado en la causa, porque no es la persona obligada a responder por los hechos aducidos en la demanda.

En cuanto a la legitimación en la causa, es distinta la posición que ha adoptado la Corte de aquella planteada en una de las obras citadas de la doctrina nacional.

En efecto, esta Sala sobre el particular ha sostenido que aquella corresponde a “la identidad de la persona del actor con la persona a la cual la ley concede la acción (legitimación activa) y la identidad de la persona del demandado con la persona contra la cual es concedida la acción (legitimación pasiva)” (G.J. CCXXXVII, v1, Nº 2476, pág. 486. En igual sentido: G.J. LXXXI, Nº 2157-2158, pág. 48), aclarando que “el acceso a la administración de justicia como garantía de orden superior (artículo 229 de la Constitución Política), para su plena realización, requiere que quien reclama la protección de un derecho sea su titular, ya sea que se pida a título personal o por sus representantes, pues, no se trata de una facultad ilimitada. Ese condicionamiento, precisamente, es el que legitima para accionar y, de faltar, el resultado solo puede ser adverso, sin siquiera analizar a profundidad los puntos en discusión” (CSJ SC14658, 23 Oct. 2015, Rad. 2010-00490-01; en ese mismo sentido: CSJ SC, 1º Jul. 2008, Rad. 2001-06291-01).

Y añadió: “la legitimación en la causa es cuestión propia del derecho sustancial y no del procesal, en cuanto concierne con una de las condiciones de prosperidad de la pretensión debatida en el litigio y no a los requisitos indispensables para la integración y desarrollo válido de éste, motivo por el cual su ausencia desemboca irremediablemente en sentencia desestimatoria debido a que quien reclama el derecho no es su titular o porque lo exige ante quien no es el llamado a contradecirlo” (CSJ SC, 14 Mar. 2002, Rad. 6139).

En cambio, para Devis Echandía, a efectos de reconocer ese presupuesto de la pretensión “No se necesita ser el titular o el sujeto activo o pasivo del derecho o de la relación jurídica material (lo que supondría que ésta siempre existiera), sino del interés en que se decida si efectivamente existe (y por lo tanto, aun cuando en realidad no exista)”(11).

3.4. Tanto la doctrina como la jurisprudencia mencionadas, están de acuerdo en que entre la legitimario ad causam y el interés jurídico para obrar, ambos presupuestos de la pretensión para la sentencia de fondo o de mérito, existe una innegable relación, a tal punto que, en cuanto tiene que ver con el demandante, el segundo es necesariamente un complemento de la primera para el éxito de su pretensión.

En ese orden y retornando a la acción de impugnación de paternidad, es necesario verificar si respecto de los actores se cumplen los mencionados presupuestos de la pretensión, es decir, el de legitimación en la causa y el de interés jurídico para obrar, aspectos que cuestionó el demandado, aunque equivocadamente los integró en un solo concepto.

4. Establece el artículo 403 del Código Civil que “el legítimo contradictor en la cuestión de paternidad es el padre contra el hijo o el hijo contra el padre”.

4.1. En una etapa inicial de la evolución normativa del régimen de impugnación de la paternidad de los hijos legítimos, el legislador dispuso que “mientras viva el marido, nadie podrá reclamar contra la legitimidad del hijo concebido durante el matrimonio, sino el marido mismo” (C.C. art. 216); por ello, ninguno contra la voluntad del cónyuge, podía discutir que fuese el progenitor de los hijos que diera a luz su mujer. Al respecto esta Corporación sostuvo que “si el padre reconoce como suyo al hijo nacido durante el matrimonio, nadie puede sostener lo contrario; él es juez soberano en este asunto” (GJT XXVI, 235).

En la doctrina francesa se indicó que “Sería inconcebible que alguien que no fuera el marido pudiera ser juez de la legitimidad del hijo; no pertenece sino al marido decidir si conviene o no, en interés de la familia misma, no revelar que el hijo nacido de su mujer es el fruto de un adulterio (…) sea cual sea el interés que se una a la manifestación de la verdad y a la exactitud del estado civil, ese interés debe ceder ante el de la familia y el hijo, interés que debe poder determinar soberanamente el marido”(12).

Y el chileno Manuel Somarriva, explicó:

(…) La impugnación de la paternidad es algo de suyo delicado. Y si el marido no reclama la paternidad que le atribuye la ley, es porque no le asaltan dudas al respecto. No sería lógico que, si el marido está reconociendo tácitamente la paternidad al no impugnarla, pudiera hacerlo un tercero que jamás podrá estar en la misma situación del marido para apreciar la verdad de los hechos(13).

Con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 75 de 1968, mientras viviera el marido, nadie, ni el hijo, ni la madre podían reclamar contra la legitimidad presunta que ampara al hijo de mujer casada concebido durante el matrimonio.

4.2. Al comenzar a regir la mencionada normatividad, el inciso 2º del artículo 3º, extendió dicha facultad al hijo, de quien estableció que podía impugnar en cualquier tiempo la legitimidad presunta, siempre que su nacimiento hubiera ocurrido después del décimo mes siguiente al día en que el marido o la madre abandonaron definitivamente el hogar conyugal.

Sobre lo anterior, la Corte Constitucional, en sentencia que declaró exequible esa disposición, sujetó su constitucionalidad a que “se interprete que, además de esta causal, y en virtud del derecho que toda persona tiene de reclamar su verdadera filiación y del principio de igualdad de derechos dentro de las relaciones familiares, consagrados en la Constitución, el hijo de mujer casada cuenta con otras posibilidades para impugnar la presunción de paternidad, así: de un lado, si el hijo acumula la impugnación de paternidad con una acción de reclamación de paternidad, deberá darse aplicación preferente al artículo 406 del C.C; de otro lado, en todos los casos, el hijo contará con las causales previstas para el marido en los artículos 214 y 215 del Código Civil y en el artículo 5º de la Ley 95 de 1890” (C.C., C-109, 15 Mar. 1995, Rad. Demanda D-680).

Frente a la legitimación para impugnar la paternidad, mientras viviera el marido, esta Sala sostuvo que el estado civil del hijo estaba consolidado, era definitivo y no podía “ser cuestionado por terceras personas, ni bajo el argumento de que lo que se pretende es el establecimiento o la declaración de su verdadero vínculo o parentesco de sangre. En este caso, el legislador protege la familia, su construcción y la privacidad que debe reinar en el campo de la filiación” (CSJ SC, 9 nov. 2004, Rad. 2004-00115-01).

4.3. Con la expedición de la Ley 1060 de 2006, se extendió la presunción de paternidad al hijo concebido en la unión marital de hecho y no sólo dentro del matrimonio, en concordancia con lo cual se facultó al compañero permanente para impugnar la paternidad, y también se legitimó al padre biológico para presentar esa reclamación, tal como lo reconoció esta Corte al precisar que:

Quiere decir lo anterior que en ningún momento se contempló una intervención restringida del “padre o madre biológicos” dentro del proceso de impugnación, como si se tratara de unos convidados de piedra o sujetos pasivos meramente destinatarios de la acusación activa del respectivo estado civil consolidado, a cargo de las personas expresamente autorizadas para hacerlo.

Desde su génesis se les consideró como una parte más dentro de la litis, con la posibilidad de actuar como demandantes a fin de desvirtuar la presunción de paternidad o maternidad que les impedía reconocer al hijo, así como con una participación activa en caso de que llegaran a ser vinculados, en aquellos procesos en que iniciada la impugnación se pretendiera establecer de manera simultánea la verdadera filiación de aquel.

Adicionalmente, lo que en últimas motivó su exclusión dentro del texto que reemplazó el artículo 216 y que según el cambio al 217 puedan intervenir en la práctica de las pruebas científicas, no tiene una justificación diferente a la consideración de que “los padres biológicos” cuentan con una facultad expresa para pretender la impugnación de la paternidad, en acumulación al reconocimiento, en los términos del artículo 406 del Código Civil, que consagra la acción de reclamación del estado civil en cabeza tanto del hijo como de “quien se presente como verdadero padre o madre del que pasa por hijo de otros”.

En ese entendido, no queda asomo de duda a que la Ley 1060 de 2006 eliminó los escollos que inhibían que el padre biológico pudiera promover la acción de impugnación de paternidad, toda vez que, ciertamente, le asiste un interés propio y autónomo, siempre y cuando esté plenamente establecida su calidad, ya que de no ser así carecería de legitimación para hacerlo (CSJ SC, 24 abr. 2012, Rad. 2005-00078-01).

4.4. Ahora bien, los preceptos 219 y 222 del Código Civil establecen que muerto el presunto padre los herederos pueden impugnar la paternidad matrimonial y que también, lo pueden hacer los ascendientes del marido, aunque no tengan parte en la sucesión de este.

Por su parte, el artículo 220 de ese mismo estatuto también faculta “a cualquier persona que tenga interés actual en ello”, para impugnar la paternidad del hijo nacido después de expirados los trescientos días subsiguientes a la disolución del matrimonio; sin embargo, la impugnación no procede cuando el padre por acto testamentario o mediante otro instrumento público, reconoce al hijo como suyo, pues ese reconocimiento expreso impide a los terceros reclamar contra la paternidad del presunto hijo.

Luego, la paternidad o maternidad del hijo nacido durante el matrimonio o la unión marital de hecho, puede ser impugnada por el cónyuge, el compañero permanente o la madre, por el hijo, los herederos, los terceros con interés legítimo y los ascendientes del padre o de la madre.

Se colige, entonces, que las personas que pueden demandar la impugnación de la paternidad son los que a la par que son titulares de la relación jurídica debatida, tienen un interés jurídico para obrar subjetivo, concreto, serio y actual en las resultas del juicio, y ese interés puede, como se indicó en otro acápite de esta motiva, ser de índole puramente moral, pero también puede tener un contenido patrimonial o económico, e incluso pueden concurrir las dos clases de interés.

Así lo consideró esta Corte al indicar que “en las controversias sobre estado civil, el interés de la parte actora, además de poder ser económico, puede ser simplemente moral y abstracto; es decir, derecho a la tutela del bien inmaterial, al que corresponde el derecho subjetivo de acción” (CSJ SC, 26 ago. 1946).

4.5. En ese orden, el interés jurídico para obrar del demandante deriva del beneficio o utilidad que pueda reportarle la sentencia de mérito, ventaja que puede ser solo moral como en el caso del ascendiente que no tiene parte en la sucesión del progenitor presunto, o material si le representará un eventual incremento en su patrimonio, y aquel estará legitimado en la causa si existe identidad entre él y “la persona a la cual la ley concede la acción” (G.J. CCXXXVII, v1, Nº 2476, pág. 486; G.J. LXXXI, Nº 2157-2158, pág. 48).

Por eso, fallecido el presunto padre, sus herederos tienen interés jurídico para obrar de contenido moral y económico en que se declare que quien pasa por hijo del causante realmente no lo es, en razón de la ausencia de vínculo biológico entre aquel y este, pero también tienen un interés jurídico para obrar quienes adquieren los derechos económicos que en la sucesión del causante les puedan corresponder a los primeros.

Significa lo anterior que una vez que los herederos Gandi Enid Ríos Montoya y Hernán Alonso Ríos Gómez cedieron, a título de venta, los derechos patrimoniales que podría corresponderles en la sucesión testada de su abuelo José de Jesús Ríos Ocampo, los demandantes a favor de los cuales se hizo esa cesión, adquieren un interés jurídico para obrar en su condición de sucesores de los bienes del difunto, el cual a pesar de ser solo económico les faculta para perseguir la declaración de que el demandado no es hijo de Dalmiro de Jesús Ríos Gaviria.

Ese interés que tiene las características de ser subjetivo, concreto, serio y actual deriva de que la existencia de otro heredero de igual o mejor derecho que el de ellos, puede perjudicar el derecho patrimonial que adquirieron, y además de ello, esos cesionarios están legitimados en la causa porque respecto suyo el legislador ha facultado el ejercicio de la acción.

Ahora bien, aunque es cierto que en muchos casos los cesionarios son además herederos del presunto padre fallecido, la ausencia de esa condición no es un obstáculo insalvable que les impida promover la acción encaminada a remover el falso estado civil detentado por quien se presume hijo del causante, pero que biológicamente no lo es.

El interés jurídico para obrar de personas como los cesionarios de derechos herenciales ha sido reconocido por la doctrina francesa, que sobre el particular indicó:

Supuesto que la acción de desconocimiento, en manos de los herederos, es un derecho pecuniario, podrán ejercitarlo todos los que sean sucesores a los bienes del difunto; nada importará que no sean sus parientes, pues no se trata de derechos de familia, sino de derechos pecuniarios. De aquí resulta que si el heredero vende su porción hereditaria, en esta venta quedará incluida, para el comprador, la facultad” (se subraya)(14).

En ese sentido, quien acredite un interés económico, moral o ambos, podrá promover la impugnación de paternidad de quien realmente no tiene la condición biológica de hijo del causante, porque el legislador le ha concedido el ejercicio de la acción y le asiste interés jurídico para obrar, el cual dimana, si este es patrimonial, de que el falso parentesco le ocasiona perjuicios pecuniarios, pues afecta los derechos de ese orden que tiene en la sucesión del causante, o compromete sus derechos actuales y su futura situación, pues como consecuencia de ese vínculo familiar se le puede atribuir la obligación de cumplir con una prestación económica; y si es de orden moral por estar relacionado con la constitución de la familia, el falso estado civil puede representar una afectación del honor y aún de la misma tranquilidad del núcleo familiar. Tanto el interés económico como el moral son tutelados por el ordenamiento jurídico, de ahí que también tengan el carácter de legítimo.

Esta corporación sostuvo a ese respecto que “aquellas personas que tengan un interés actual, pecuniario o moral, según corresponda en cada situación, son quienes están autorizados legalmente para promover la respectiva impugnación, haciéndose una extensión por vía de excepción a esa regla general, consistente en permitir a los ascendientes legítimos del padre o madre reconociente accionar, explicable por razones que incluyen los conceptos de la institución familiar, de estirpe y descendencia” (CSJ SC, 11 abr. 2003, Rad. 6657).

De esa premisa se colige que fallecido el presunto padre, tendrá interés jurídico para obrar de orden económico, quienes sean sus herederos o cesionarios de derechos herenciales, y los que no tengan vocación hereditaria o parte alguna en la sucesión, tendrán un interés extrapatrimonial para impugnar la paternidad en protección del nombre familiar.

4.6. Lo discurrido conduce a concluir que los demandantes cesionarios de derechos herenciales tienen un interés económico en impugnar la paternidad del demandado, quien tenía en principio derecho a heredar en la sucesión de José de Jesús Ríos Ocampo, en representación de Dalmiro de Jesús Ríos Gaviria, circunstancia que repercute de manera directa en el trabajo de partición y en el porcentaje de distribución de los bienes que integraron la masa hereditaria, y respecto suyo la ley ha concedido el ejercicio de la acción.

En consecuencia, los adquirentes de los derechos sucesorales están legitimados para impugnar la paternidad de Julio Alberto Ríos Ruiz, porque de ser reconocido como heredero de Dalmiro de Jesús Ríos Gaviria, le correspondería una parte de los bienes que integraron la masa sucesoral del señor Ríos Ocampo, y esto afectaría la porción que se les adjudicó a dichos cesionarios.

Tampoco existe duda acerca del interés jurídico para obrar que asistía a la fallecida María Trinidad Gaviria de Ríos en su condición de progenitora del presunto padre, cuyo contenido es moral, dado que al remover el estado civil del demandado, pretendía restablecer la unidad familiar con los verdaderos integrantes de ese núcleo y recuperar la honra de su hijo afectada por la falsa imputación de paternidad; de otro lado, el artículo 222 del Código Civil le reconoce legitimación para demandar la impugnación aunque no tenga parte alguna en la sucesión de su descendiente.

5. Requisito adicional para que los terceros puedan impugnar la paternidad es que el marido o el compañero permanente no haya reconocido al hijo como suyo de manera expresa en un testamento, o en otro instrumento público.

Esa prohibición legal encuentra sustento en el deseo del legislador de respetar siempre la voluntad el esposo o del compañero, la cual no puede ser desconocida por otras personas, pues ese reconocimiento realizado por el padre comporta una renuncia al derecho de impugnación.

En efecto, realizado ese reconocimiento expreso del hijo, por parte del presunto padre, no sería natural que otros sujetos desconocieran esa paternidad, pues nadie está en mejor situación que el marido o el compañero permanente para saber que el hijo alumbrado por su esposa o compañera permanente, es realmente suyo.

En punto de filiación legitima —destacó la Corte— resultan lógicas las salvedades consignadas en el artículo 219, pues, si, en principio, los hijos concebidos por mujer casada repútase que son legítimos y que tienen por padre al marido de esta, no obstante esa legitimidad presunta puede ser impugnada por el marido mismo mientras viva, siempre que haga la reclamación, como regla general, dentro de los sesenta días contados desde cuando conoció el hecho del parto; pero si el marido muere antes de vencerse este plazo, podrán impugnar la legitimidad presunta sus herederos y toda persona a quien la pretendida legitimidad del hijo irrogare perjuicio actual, menos cuando el padre, por acto testamentario o mediante otro instrumento público, hubiere reconocido al hijo como suyo. En esta última circunstancia el legislador no da trascendencia al hecho de que aún no se haya extinguido el término que concede al marido para atacar la legitimidad presunta de su hijo, precisamente porque el reconocimiento expreso del padre entraña o comporta renuncia al derecho de impugnación, derecho que, en la familia legitima, mira a su propio interés.

La presunción legal de legitimidad que cobija al hijo concebido durante el matrimonio de sus padres y que tiene como fundamento otra presunción: la de fidelidad de las mujeres casadas, toma fuerza tal con el reconocimiento del hijo, en la hipótesis estudiada, que se hace inexpugnable frente a los herederos del marido, aunque éste haya fallecido sin fenecer el plazo que le otorga la ley para impugnar la pretendida legitimidad. Si el marido, pues, en cambio de ejercer el derecho de impugnación, por medio del reconocimiento reafirma esa paternidad, aceptándola así claramente, tal circunstancia cierra definitivamente a sus herederos la posibilidad de entrar a discutir el hecho de la paternidad legitima que está indisolublemente unido a la maternidad legitima (CSJ SC, 22 sep. 1978; se subraya).

5.1. En este caso, el demandado excepcionó que el presunto padre lo reconoció de manera expresa como su hijo, lo cual -indicó- se acreditó con la copia de la demanda de separación de cuerpos instaurada contra María Cristina Ruiz Londoño, y la del fallo proferido en ese juicio, el 13 de septiembre de 1984 por el Tribunal Superior de Medellín.

En relación con lo anterior, es necesario reparar en que de acuerdo con el artículo 262 de la normatividad adjetiva, son documentos públicos: “1. las certificaciones que expidan los jueces conforme a lo dispuesto en el artículo 116; 2. Las certificaciones que expidan los directores de otras oficinas públicas, sobre la existencia o estado de actuaciones o procesos administrativos; 3. Las certificaciones que expidan los registradores de instrumentos públicos, los notarios y otros funcionarios públicos, en los casos expresamente autorizados por la ley”, vale decir, aquellos expedidos con las formalidades legales por un funcionario público, en ejercicio de sus funciones.

Por ello, como el escrito con el que se dio inicio al proceso de separación de cuerpos no corresponde a un documento que tenga la calidad de público, porque no reúne los requisitos exigidos en la ley para que se le reconozca esa condición, las manifestaciones contenidas en él, no permiten inferir que el presunto padre haya reafirmado la paternidad de Julio Alberto Ríos Ruiz.

Ahora bien, la sentencia proferida en ese proceso, si bien es un documento público, emana del juzgador y, por lo tanto, no corresponde a una declaración de voluntad del presunto padre, de ahí que no puede atribuírsele las consecuencias jurídicas establecidas en el artículo 219 del Código Civil.

6. Por otra parte, como el demandado formuló también la excepción de caducidad de la acción de impugnación, es preciso señalar que la demanda fue interpuesta de manera tempestiva, pues al entrar en vigor el parágrafo transitorio del artículo 14 de la Ley 1060 de 2006(15), aún se encontraba en trámite la presente actuación judicial, motivo por el cual lo pertinente era proceder a su aplicación, pues no resultaba viable declarar la caducidad de la acción, cuando la norma concedía una nueva oportunidad a quienes como consecuencia de la caducidad, habían visto frustrada la posibilidad de remover un estado civil que no correspondía con el verdadero vínculo biológico.

Este fue, en síntesis, el razonamiento en el que se fundó la Corte para casar el fallo de segunda instancia, motivo por el cual en aras de la brevedad, esta Corporación se remite a las consideraciones hechas en dicha decisión, suficientes, por demás, para concluir que la acción ejercida no había caducado.

7. Desestimadas las excepciones propuestas, procede establecer si la parte actora demostró que Dalmiro de Jesús Ríos no es el padre biológico del demandado, pues debido a que éste último es hijo de mujer casada, el legislador presume que lo es también de su marido, presunción que, como atrás se dijo, puede ser desvirtuada.

Para remover dicha presunción, el artículo 214 del Código Civil establece que le corresponde a quien impugna, destruirla mediante prueba científica, o demostrar por cualquier medio que el presunto progenitor no es realmente el padre.

En ese orden, le bastaba a los demandantes acreditar a través de la prueba con marcadores genéticos de ADN que científicamente determinen un índice de probabilidad superior al 99.999%, que su paternidad se excluye, supuesto que también puede corroborar a través de otro elemento probatorio.

No obstante, ante los avances de la ciencia, la Ley 721 de 2001 en su artículo 1º(16), le confirió especial importancia a la prueba de ADN para determinar el parentesco biológico, pues tiene la capacidad de otorgarle al juez el convencimiento sobre su existencia, con lo cual cumple con la finalidad de hacer efectivo el derecho a conocer quiénes son los progenitores de una persona, —lo que resulta de enorme trascendencia para el individuo, la familia, la sociedad y el Derecho—, importancia que posteriormente reiteró la Ley 1060 de 2006.

Sobre la eficacia de la prueba científica para establecer la paternidad o la maternidad, la Sala señaló:

El juzgador en la actualidad tiene a su alcance valiosos instrumentos derivados de los avances científicos que le permiten reconstruir la verdad histórica, esto es, la paternidad biológica; por supuesto, que si las pruebas genéticas permiten no solo excluir sino incluir con grado cercano a la certeza la paternidad de un demandado resulta patente su relevancia en la definición de esta especie de litigios… (CSJ SC, 30 Ago. 2006, Rad. 7157, reiterada en CSJ SC, 1º nov. 2011, Rad. 2006-00092-01).

7.1. Dentro de las varias pruebas que fueron practicadas en el curso del proceso, la Corte fija su atención en el examen de ADN realizado por el Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Antioquia(17).

En el dictamen en cuestión se concluyó “Con el análisis de los Marcadores Genéticos estudiados se llega a la conclusión de que el señor Dalmiro de Jesús Ríos Gaviria se excluye como padre biológico del señor Julio Alberto Ríos Ruiz”.

La experticia cumplió los requisitos establecidos en la Ley 721 de 2001; ningún reparo formularon las partes frente a su resultado, y se encuentra debidamente fundamentada, motivo por el cual es suficiente y contundente para inferir que el fallecido Dalmiro de Jesús Ríos Gaviria no era el padre biológico del demandado.

Por consiguiente, si la filiación no es otra cosa que el hecho fisiológico de la generación, la prueba científica antes mencionada prueba de manera contundente que el causante no pudo ser el progenitor del demandado, y ello es suficiente para considerar que las pretensiones están llamadas a prosperar, sin que sea necesario referirse a la abundante prueba testimonial que fue rendida a petición de los contendientes, pues nada de lo dicho por los declarantes en apoyo de las posturas procesales adoptadas por las partes tiene la virtualidad de restar fuerza demostrativa al examen de ADN.

6. (sic) En consecuencia, se revocará el fallo apelado y, en su lugar, se declararan no probadas las excepciones propuestas y serán acogidas las pretensiones de la demanda. Las costas de ambas instancias se impondrán al demandado, de conformidad con el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil.

III. Decisión

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia apelada.

2. Tener por no probadas las excepciones de mérito propuestas.

3. DECLARAR que el demandado Julio Alberto Ríos Ruiz no es hijo del señor Dalmiro de Jesús Ríos Gaviria.

4. ORDENAR que se haga la modificación correspondiente en el registro civil de nacimiento del demandado. Ofíciese en tal sentido a la Notaría Única del Círculo de San Andrés Isla.

5. CONDENAR en costas de ambas instancias al demandado. Liquídense por la Secretaría las de segundo grado, incluyendo agencias en derecho por la suma de dos millones de pesos ($ 2.000.000).

En su oportunidad, devuélvase al Tribunal de origen.

Notifíquese.

Magistrados: Álvaro Fernando García Restrepo, presidente de la Sala—Margarita Cabello Blanco—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Luis Alonso Rico Puerta—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.

1 COUTURE, Eduardo. Estudios de derecho procesal civil, t. III, pág. 216.

2 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Tratado de derecho procesal civil, t. III, Bogotá: Editorial Temis, 1961, pág. 70.

3 DEVIS, Op. cit., t. I, pág. 447.

4 Ibídem, pág. 446.

5 Ibídem, pág. 440.

6 Ibídem, pág. 471.

7 ROCCO, Ugo. Tratado de derecho procesal civil, t. I, Editoriales Temis y De Palma, 1976, pág. 341, 347 y 349.

8 DEVIS, Op. cit., pág. 479.

9 DEVIS. Compendio de derecho procesal – teoría general del proceso, t. I, Bogotá: ABC, págs. 274.

10 DEVIS, Tratado de derecho procesal civil, t. I, pág. 475.

11 DEVIS, Compendio de derecho procesal: Teoría general del proceso, t. 1, págs. 269-270.

12 MAZEUD, Henri, Leon, Jean. Derecho Civil, parte I, volumen III, pág. 332.

13 SOMARRIVA UNDURRAGA, Manuel. Derecho de Familia. Santiago: Editorial Nascimento, 1963, pág. 402.

14 MAZEUD, Derecho Civil –Personas, v. 3, pág. 283.

15 “Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, las personas que hayan impugnado la paternidad o la maternidad y esta haya sido decidida adversamente por efectos de encontrarse caducada la acción, podrán interponerla nuevamente y por una sola vez, con sujeción a lo previsto en los incisos 2 y 3 del artículo 5o de la presente ley”.

16 En todos los procesos para establecer paternidad o maternidad, el juez, de oficio, ordenará la práctica de los exámenes que científicamente determinen índice de probabilidad superior al 99.9999%.

17 Folios 216 a 220, cdno. 1.