Sentencia SC16281-2016/2007-00005 de noviembre 11 de 2016 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad. 68081-31-03-002-2007-00005-01

Magistrado Ponente

Ariel Salazar Ramírez 

(Aprobada en sesión de veinte de septiembre de dos mil dieciséis)

Bogotá D.C., once de noviembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. La demanda de casación

Se plantean dos ataques, uno por inconsonancia y el otro endilgando errores de hecho en la apreciación de piezas procesales, los que se estudiarán en la forma indicada por corresponder al orden lógico.

A. Primer cargo 

Invocando la segunda causal del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, se acusa el fallo de incongruencia por mínima petita, toda vez que nada se dijo sobre las pretensiones ampliadas de la modificación que se introdujo al libelo y que superó el filtro de la admisión.

La litis quedó trabada «con parte de pretensiones en la demanda principal y parte en la reforma», pero en ambas instancias solo se pronunciaron sobre las iniciales, dejando las demás pendientes sin «dirimir por entero la controversia», ya que ni siquiera se refirió el ad quem a las «ventas posteriores que el demandado había hecho a la sazón» y de lo que se tenía noticia desde un comienzo, cuando se canceló parcialmente la medida cautelar dispuesta, por lo que «ha debido convocarse a los terceros que (…) habían comprado del demandado los bienes que ya estaban en la controversia judicial».

Es más, tampoco se manifestaron los falladores sobre las aspiraciones subsidiarias de nulidad absoluta, de lo que no hay una sola referencia en la parte motiva, quedando la causa decidida a medias.

Consideraciones 

El denunciado vicio de procedimiento por inconsonancia, en la categoría de «mínima petita», se manifiesta cuando la sentencia que es materia de reparo deja de resolver temas que eran objeto de la litis, tomando en consideración el planteamiento del debate, lo que se persigue con el mismo, las defensas esgrimidas por la contraparte y, de ser el caso, el establecimiento de circunstancias extintivas del derecho reclamado que ameriten pronunciamiento oficioso.

Esa variable, junto con los excesos por decidir sobre puntos ajenos a la controversia (extra petita) o imponer una condena más allá de lo perseguido (ultra petita), comporta una desatención de los preceptos adjetivos que enmarcan la actividad del juzgador, más concretamente el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, según el cual

[l]a sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este Código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta.

Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último.

En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión, y cuando éste no proceda, antes de que entre el expediente al despacho para sentencia, o que la ley permita considerarlo de oficio.

Todo juicio es el producto de una relación jurídico-procesal en virtud de la cual el desenvolvimiento de los intervinientes y los alcances del fallador para dirimirlo quedan delimitados por el contenido del escrito con que se inicia la contienda y su contestación, puesto que como se recordó en CSJ SC11331-2015:

[l]os hechos y las pretensiones de la demanda, y las excepciones del demandado —tiene dicho esta Corte— trazan en principio los límites dentro de los cuales debe el juez decidir sobre el derecho disputado en juicio; por consiguiente, la incongruencia de un fallo se verifica mediante una labor comparativa entre el contenido de lo expuesto en tales piezas del proceso y las resoluciones adoptadas en él, todo en armonía con el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil; de ese modo se podrá establecer si en verdad el juzgador se sustrajo, por exceso o por defecto, a tan precisas pautas (CSJ SC, 6 jul. 2005, Rad. 5214; CSJ SC, 1º Nov. 2006, Rad. 2002-01309-01).

Esa irregularidad no se configura, en principio, respecto de las determinaciones completamente adversas a los intereses del accionante o por una mera inconformidad del recurrente frente a un resultado que no satisfizo sus expectativas, pero estando ajustado a los parámetros de rigor.

En tales hipótesis, naturalmente, mal podría entenderse que se dejó de resolver sobre un extremo de la controversia, ya que como se precisó en CSJ SC 19 ene. 2005, rad. 7854,

(…) el referido error de procedimiento, como regla general, no puede edificarse frente a sentencias absolutorias, las cuales, como es obvio, traducen la negación del derecho pretendido, sin que interesen a esta causal los motivos que haya tenido el juzgador para arribar a esa decisión. "Siempre que el sentenciador resuelva sobre la totalidad del litigio -ha precisado la Sala-, no existe ninguna transgresión al principio de la congruencia entre lo pedido y lo resuelto, como quiera que, en tal caso, se cumple a plenitud con la función jurisdiccional en ese proceso, sin que para ello tenga trascendencia si al decidir se acogen o se deniegan las pretensiones de la demanda, pues, en el evento de que el fallo sea adverso al actor, éste no resulta incongruente, ya que ‘distinto de no decidir un extremo de la litis es resolverlo en forma adversa al peticionario. En el primer caso el fallo sería incongruente y, en consecuencia, podría ser atacado en casación con base en la causal segunda; en el otro no, puesto que el fallo adverso implica un pronunciamiento del sentenciador sobre la pretensión de la parte, que solo podría ser impugnado a través de la causal primera si con él se violó directa o indirectamente la ley sustancial. De lo contrario se llegaría a la conclusión de que el fallo solo sería congruente cuando fuera favorable a las pretensiones del demandante, lo que a todas luces es inaceptable’ (LII, 21; CXXXVIII, 396 y 397)” (CCXLIX, Vol. I, 748).

No obstante, esa regla general se quiebra cuando el fracaso de las exigencias es producto de un abuso en las potestades del fallador, ya sea porque se separa del contorno trazado por los litigantes o si da como establecido algún medio de defensa no propuesto por el contradictor, siendo de su exclusivo cargo, como la prescripción, compensación y nulidad relativa, a la luz del artículo 306 del estatuto procesal civil.

Así se expuso en CSJ 29 jul. 2009, rad. 2001-00770, donde se dijo que

(…) el criterio atinente a que la sentencia totalmente absolutoria no es susceptible de ser cuestionada por la vía de la inconsonancia se atempera en algunos casos, como cuando el fallador se aparta sustancialmente de la relación fáctica expuesta por las partes en la demanda o en su contestación para acoger sin fundamento alguno, su personal visión de la controversia, esto es, “al considerar la causa aducida, no hace cosa distinta que despreocuparse de su contenido para tener en cuenta únicamente el que de acuerdo con su personal criterio resulta digno de ser valorado”, o expresado de otra manera, corresponde a “un yerro por invención o imaginación judicial, producto de la desatención o prescindencia de los hechos de la demanda” (Sent. 225 de 27 de noviembre de 2000, expediente 5529); y, en segundo término, cuando, en tratándose de excepciones de fondo, declara probada alguna de las que por mandato legal deben ser invocadas expresamente por la demandada, como son la prescripción, la nulidad relativa y la compensación, ya que “no es factible descartar que un fallo de ese linaje sea el producto de haberse declarado una excepción respecto de la cual no operaba el principio inquisitivo, como la prescripción, la compensación o la nulidad relativa, excepciones estas que, como se sabe, para su estudio y reconocimiento deben ‘alegarse en la contestación de la demanda’ (artículo 306 del Código de Procedimiento Civil)”, sentencia de casación 7 de 7 de febrero de 2000, reiterada en la Nº 166 de 24 de noviembre de 2006, expediente 9188).

Con miras a establecer ese desvío, como se indicó en CSJ SC, 15 dic. 2006, rad. 2003-00217-01, es necesario

(…) el cotejo objetivo entre lo pedido por el actor, el fundamento fáctico de las súplicas, las excepciones aducidas por el demandado y las que, sin requerir ser invocadas, resulten probadas en el proceso, por una parte, y el contenido concreto de la decisión del juzgador, por la otra, en orden a determinar si evidentemente se ha materializado alguna distorsión, defecto o exceso que habilite al interesado para aducir esta causal en el recurso extraordinario.

Desde la anterior perspectiva carece de respaldo el reproche de los censores, puesto que se dirige contra el fallo del ad quem que «confirmó en su integridad la sentencia materia de apelación», donde precisamente se negaron «las pretensiones de la demanda», esto es, fue completamente desestimatoria.

En el libelo se formularon «pretensiones principales» de simulación absoluta y subsidiarias de nulidad, lo que se reformó para pedir una adición a «la pretensión primera de la demanda principal, en el sentido que la declaratoria de simulación se extienda a todas las ventas que el demandado, Roberto Ogliastri Rueda, haya podido hacer o haga respecto de cada uno y/o todos los bienes inmuebles cuya simulación se solicita sea declarada».

Todo ello fue tenido en cuenta por el a quo cuando señaló al comienzo de los antecedentes que los demandantes buscaron la «declaración de simulación absoluta y subsidiariamente la nulidad total de los actos escriturarios, por consiguiente sin valor o efecto», agregando más adelante que «se adicionó la pretensión primera de la demanda principal para que la declaratoria de simulación se extienda a todas las ventas que el demandado Roberto Ogliastri Rueda, haya podido realizar sobre cada uno de los bienes inmuebles cuya simulación se solicita».

Sin embargo, al fijar los alcances del pronunciamiento concluyó que del «lenguaje de la demanda, dada la claridad y precisión de la misma, sin duda alguna, la pretensión de la demandante, está dirigida a obtener la declaratoria de simulación absoluta, esto es, absolutamente nulos y sin ningún valor los negocios jurídicos señalados en escrito de demanda y su adición» (fl. 1256 cno. 2-3).

Quiere decir que luego de examinar todos los escritos donde se expusieron las aspiraciones de los promotores, dedujo el funcionario que todas ellas se circunscribían solo a la «simulación absoluta», con sus efectos consecuenciales, de ahí que esa fue la razón de ser de que resolviera «negar las pretensiones de la demanda», sin necesidad de discriminarlas por ser una misma frente a varios contratos.

Esa posición no fue objeto de reparo por los apelantes y por el contrario la acogieron cuando precisaron que las «compraventas simuladas, es decir aquellas en las que no ha existido realmente pago de precio sino que encubren una transmisión gratuita se consideran nulas de pleno derecho, con nulidad absoluta, de modo que cualquier persona con interés legítimo (…) están facultadas para demandar su nulidad» (fl. 30 cdno. 9), sin que se refiriera a alguna omisión u olvido en los puntos que sometió al escrutinio judicial.

Así lo entendió también el tribunal cuando procedió a delimitar su función a partir de «las específicas disquisiciones vertidas por los abogados de la parte censora plural al sustentar la alzada que atañen a los argumentos de discrepancia que en particular se plasman frente a la sentencia de primera instancia (…) al tenor de los artículos 352 parágrafo 1º y 357 del C.P.C.».

Bajo ese escenario, ninguna duda queda de que toda la discusión se centró precisamente en la «simulación absoluta» y que el decaimiento de la misma arrasaba con todo lo que le fuera accesorio, como aconteció, por lo que la trascendencia de ambas providencias definitorias fue total, sin que quedara algún tema pendiente o irresoluto.

Ahora bien, si la inconformidad deviene de la lectura que se le dio a la demanda y su reforma, no era la causal segunda de casación a la que se debía acudir sino a la vía indirecta de la primera, como se resaltó en CSJ SC 13 dic. 2001, rad. 6480, ya que

(…) si la incongruencia comporta un error circunscrito a la mecánica del proceso, un vicio in procedendo, solo lo que está dentro del “concepto puramente formal de desarmonía entre lo demandado y lo fallado es lo que puede estructurarla” (CXLII, págs 196 y 197), resultando extraña toda consideración sobre la gestión in iudicando, que fustigue las conclusiones del juzgador en torno a la inteligencia que le brindó al libelo introductorio y a su respuesta (…) Nótese que en esta última hipótesis, si el juez se abstuvo de resolver sobre alguna pretensión inicial, porque consideró que como resultado de una reforma, de ella se había declinado o su alcance había sido variado o morigerado, no podrá argumentarse que, en tales eventos, el juez incurrió en vicio de incongruencia, pues, claramente se advierte, si no efectuó pronunciamiento alguno sobre lo que inicialmente había sido solicitado, no fue por omisión, sino porque entendió que ya no formaba parte del tema a decidir. Así sucede, por vía de ejemplo, cuando el fallador entiende que, analizados los hechos alegados, debe pronunciarse sobre la simulación absoluta de un contrato y no sobre la nulidad absoluta del mismo, bien porque considera que ese era el real propósito del demandante; ora porque estima que así fue aclarado en las oportunidades previstas en los artículos 89 y 101 del Código de Procedimiento Civil. En esta hipótesis, el fallo no podrá acusarse de extra petita, puesto que se decidió sobre lo que fue considerado como tema a decidir. El ataque, entonces, debe perfilarse por la causal primera y, específicamente, por la vía indirecta, demostrando que al apreciar la demanda, el juez incurrió en error de hecho evidente y que, como consecuencia de ello, aplicó normas sustanciales que eran inaplicables, haciendo a un lado las que en realidad estaban llamadas a gobernar el litigio.

De todas maneras, la actitud asumida por los demandantes al fundamentar su descontento con lo decidido en primer grado, guardando silencio sobre los motivos en que se cimenta la censura, es suficiente para concluir que no les asiste interés actual en esta senda extraordinaria, donde resulta un argumento sorpresivo y novedoso.

Es más, existiendo la posibilidad contemplada en el artículo 311 del Código de Procedimiento Civil de adicionar la sentencia en caso de que se «omita la resolución de cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento», tanto de oficio como a petición de parte dentro del término de ejecutoria, era ese el momento para hacérselo saber al a quo.

Desperdiciadas las anteriores oportunidades, esto es la petición de «adición» a quien profirió la providencia y, en su defecto, al sustentar la alzada, sería sorpresivo que se acogiera un disentir al comportamiento en primera instancia como base sólida para cuestionar la confirmación del superior.

Por ende, ninguna recriminación admite que el sentenciador de segundo grado centrara sus esfuerzos en atender las observaciones concretas de los recurrentes, sin extenderse a lo que fue pacífico, como se lo impone la ley adjetiva.

En un caso similar, donde se acusó incongruencia en aspectos que fueron obviados en la apelación, CSJ SC, 2 feb. 2009, rad. 1995-11220, estimó la Corte que

(…) aflora paladino la falta de interés de la demandante para protestar en casación, y menos por la causal segunda del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, por el hecho de que el ad quem, al desatar la memorada impugnación por ella propuesta, no se hubiere pronunciado expresamente sobre las pretensiones subsidiarias, pues como queda destacado, la desestimación que en cuanto a ellas adoptó el juzgado del conocimiento, no fue cuestión controvertida a través de la alzada y, por ende, no podía recibir del tribunal una definición distinta (…) Si en el presente caso, tal y como ya se registró, la demandante al apelar el fallo de primera instancia circunscribió su inconformidad a la desestimación que en tal providencia se hizo de las simulaciones reclamadas en las pretensiones principales del libelo introductorio, propio es colegir que mal podía el tribunal en la sentencia con la que solucionó la alzada, superar el lindero así trazado por el recurrente y, por consiguiente, ocuparse de cuestión diversa, valga decir, del fracaso de las súplicas subsidiarias, que igualmente fueron negadas por el a quo (…) Fácil es comprender, entonces, que el silencio guardado por el sentenciador de segunda instancia en torno de las pretensiones subsidiarias incoadas en el escrito con el que se dio inicio al proceso, no constituyó quebranto a la regla de consonancia que, en relación con los fallos judiciales, establece el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, sino que, por el contrario, obedeció a las limitaciones que a la apelación le marcó la propia parte demandante recurrente.

El reproche, por lo visto, no prospera.

B. Segundo cargo 

Denuncia la violación indirecta de los artículos 1766, 1458 y 1746 del Código Civil, como consecuencia de errores de hecho en la apreciación de la demanda, otras piezas procesales y las pruebas, por estos motivos:

El desatino del fallador consistió en ignorar el alcance de los hechos narrados como origen de la afrenta «dejándose llevar no más por el nombre con que la demandante bautizó la estirpe de simulación deprecada» como absoluta, cuando en realidad se trataba de la relativa, con el propósito de afectar lo que correspondía a los demandantes en la sucesión del padre.

La sola exposición del «móvil o causa simulandi» desvirtúa la idea de que «la simulación que se llevó a los tribunales fuese absoluta», si se tiene en cuenta que «los demandantes vinieron ante los jueces sobre la base de considerar que los bienes pasaron efectivamente al patrimonio del comprador».

Incluso el opositor entendió a cabalidad la naturaleza del litigio cuando excepcionó la «simulación relativa», pero eso fue pasado de largo.

Y a pesar de que los recurrentes no explicitaron la expresión «simulación relativa», lo cierto fue que en sus alegatos de conclusión y ante el tribunal se refirieron a una transferencia gratuita que debió ser objeto de asignación testamentaria, sin afectar sus legítimas rigurosas.

Complementa lo anterior la defectuosa valoración de los medios de convicción que demostraban el fingimiento contractual, ya que al estimar el ad quem que «nada de simulación, ni absoluta ni relativa, hubo en el caso» los pretermitió o desfiguró su contenido material así:

a) El parentesco, aunado a la declaración de la madre del contradictor, dan a entender que «había más propensión para donar que para vender».

b) En el «breve lapso de siete años» se traspasaron 16 inmuebles y 1.500 cuotas de interés en la sociedad Arrendamientos Roberto Ogliastri Ltda., negocios que vistos globalmente permiten decir que «realmente obedeció a un deseo incontenible de favorecer al hijo».

c) Son varios los indicios de que el precio realmente no existió, como la forma de pago convenida, la renuncia sorpresiva al usufructo constituido sobre los bienes y la falta de claridad del destino dado a los dineros recibidos por el vendedor.

d) La solvencia económica del enajenante «palpita con fuerza en el expediente», desvirtuando que para la época de los hechos padeciera penurias y ahogos económicos.

e) A pesar de ser cierto que el avalúo de las cosas se hizo a 2009, de todas formas ese estimado no deja de evidenciar una ostensible diferencia con lo que figura pactado.

f) La avanzada edad del transferente, que pasaba de los ochenta años cuando empezó a vender, y su enfermedad, dan a entender que su «intención era traspasar de veras los bienes al patrimonio de su hijo favorito, simulando apenas la naturaleza jurídica de la transacción. Esto es, por vía de la simulación relativa».

g) Fue uniforme el «modelo contractual utilizado» revelando el «plan preconcebido de privilegiar a uno de los hijos».

h) El comprador no justificó el pago de lo adquirido, así fuera solvente, y «no se opone —reitero— a que el padre le hubiese donado».

i) Dudoso resulta el comportamiento del oponente que, mientras se gestionaban las medidas cautelares «de lo cual seguramente se enteró», traspasó algunos bienes a Eduardo Villegas e intentó salir de las cuotas de interés. Es más, la renuencia del nuevo comprador a declarar debió tenerse como indicio en contra de su amigo.

j) Mención aparte merece la admisión que se hizo de la «simulación relativa» por el demandado al excepcionar, constituyéndose en un allanamiento.

Si el juzgador hubiera entendido que la esencia del reclamo era la «simulación relativa», como lo asimiló el contradictor, debió declararla ya que fue suficientemente demostrada, pero al no hacerlo vulneró el artículo 1766 del Código Civil y, de paso, los artículos 1458 y 1746 ibídem que le imponían tener por nula la donación.

Consideraciones 

La acusación parte de admitir que no se dan los supuestos para tener por absolutamente simuladas las escrituras públicas objeto de la litis, y si bien se lamenta de una deficiente tasación probatoria, la condiciona en sus alcances a fortalecer el criterio de un fingimiento relativo, como se desprende al precisar que

(…) si el tribunal, cumpliendo con su deber de interpretar adecuadamente la cuestión táctica del litigio, no se deja llevar de los cabellos por la titulación jurídica de la acción dada por la actora, fácilmente habría entendido que la simulación que encuadra en el marco de los hechos es la relativa, cosa en la que por cierto está de acuerdo también el demandado. Y ha podido y debido declararla, ante la abundante prueba del fingimiento contractual; en lo que igualmente cometió gruesos errores fácticos, porque su criterio de que los contratos cuestionados fueron reales y serios, solo es dable sostenerlo omitiendo aquel puñado de indicios, cuya fuerza conjuntiva y asociativa se manifiesta de modo contundente en la causa litigiosa.

De ahí que resultando infructuosa la premisa mayor, consistente en una inadecuada lectura al querer de los accionantes plasmado en sus memoriales, pierde relevancia cualquier discusión sobre lo que arrojan las probanzas, porque a pesar de lo acertado o no de la propuesta de los opugnadores se mantendría la deducción a la que llegó el tribunal, en el sentido de que ninguno de los actos fue aparente en su integridad.

Es carga de quien pone en marcha el engranaje judicial exponer de forma clara y concisa las circunstancias fácticas constitutivas de vulneración o desconocimiento de sus derechos, así como la forma en que espera ser resarcido, cuyo incumplimiento es causal de inadmisión del libelo en los términos de los artículos 75 y 85 del Código de Procedimiento Civil.

De todas formas, cualquier defecto que se pase por alto en la etapa de calificación de suficiencia de ese texto no impide que el fallador haga uso de los deberes inmanentes al cargo, en aras de evitar nulidades, dilaciones o fallos inhibitorios que contraríen el propósito de brindar pronta y cumplida justicia.

Es así como el sentenciador está facultado para desentrañar el querer de las partes cuando están cubiertos con el manto de la duda o son confusos en el contenido, casos en los cuales debe acudir a sus conocimientos jurídicos y la experiencia adquirida en el ejercicio de su función.

Tal poder no es omnímodo, pues, si interpretar consiste en «declarar o exponer cualquier materia, doctrina o texto difícil, con palabras muy claras para hacerlos más perceptibles»(1), quiere decir que la lucidez y precisión no admite lugar a su ejercicio, so pena de incurrir en una falta de distorsión a lo que es materia de conflicto.

En CSJ 16 jun. 2016, rad. 13373, se dijo al respecto que

(…) la labor de interpretación de la demanda, desarrollada con el único propósito de descubrir la intención original de quien acude a la jurisdicción, el juez la podrá adelantar en la medida en que el libelo se lo permita sin desfigurar la realidad que por sí sola allí se patentice, esto es, en aquellos eventos en que al hacerlo no transforme la esencia de lo pedido ni de las circunstancias fácticas en que el demandante haya fundado esas súplicas; ya que, para expresarlo en sentido contrario, si el contenido integral del acto introductorio ostenta claridad y precisión meridianas o si, en cambio, su oscuridad y confusión es de tal magnitud que objetivamente se hace imposible encontrar ese verdadero horizonte, entonces el sentenciador no podrá más que sujetarse a la literalidad que le figure expuesta, con las consiguientes consecuencias para el promotor del proceso.

En el presente caso no se vislumbra la incursión en el desfase alegado, en la medida que lo resuelto fue una respuesta precisa y contundente a los expresos lineamientos de los interesados, que no ameritaban un escudriñamiento para su percepción.

Independientemente de las observaciones que se citan en forma aislada como determinantes del desacierto, resaltando el ánimo de Roberto Ogliastri Pradilla de defraudar a algunos de los descendientes pasando parte de su patrimonio al hijo favorito, lo cierto es que se omitió hacer relación a la insistencia en que éste «nunca entró en posesión y explotación de las cuotas sociales (…), como tampoco entró en posesión ni usufructo de los inmuebles», que es precisamente una de las inferencias de conservación del statu quo cuando el disfraz de la transacción es total.

Haciendo salvedad de ese aparte, basta con revisar las pretensiones principales consistentes en que se declarara «absolutamente simulada» cada venta cuestionada, con la consecuente cancelación de las inscripciones traslaticias del dominio y la precisión de que todos los bienes a que aluden «son de propiedad exclusiva y pertenecen al causante señor Roberto Ogliastri Pradilla, y por consiguiente a la sucesión del mismo», así como las subsidiarias de que esas transacciones son «absolutamente nulas» con idénticas secuelas, para concluir no solo lo diáfano de la fijación del pleito, sino la prescindencia de invocar la «simulación relativa» como supletoria de las anteriores, siendo viable.

Esa postura la ratificaron los impugnantes al descorrer el traslado de las excepciones, entre las cuales se planteó precisamente la «simulación relativa», cuando tajantemente dijeron que «[t]ampoco se pide como pretensión, y es absolutamente ilógico que ahora la parte demandada pretenda convertir una supuesta venta de unos inmuebles, por escritura pública debidamente registrada (…) en una donación irrevocable» (fl. 192 cdno. 1).

No queda duda de que lo que pusieron en juego los herederos inconformes para cada negociación era el «todo o nada», renunciando a cualquier favorecimiento derivado de las deficiencias que pudiera brindarles una «donación» irregular en beneficio de uno de los legitimarios.

La recia e inquebrantable manifestación de la voluntad de los censores cerraba el paso a cualquier hermenéutica que la desfigurara. De ninguna de las manifestaciones contenidas en los hechos y en las pretensiones de la demanda se colige que su intención fue la de que se declarara la simulación relativa de las enajenaciones. Es más, ni siquiera indicaron cuál era el negocio oculto, y el legítimo ejercicio del derecho de defensa del opositor no puede tomarse como una modificación de la naturaleza de la controversia, ni mucho menos es de recibo un sorpresivo cambio de posición de los litigantes al vaivén de los resultados de instancia.

4. Haciendo abstracción de lo anterior, ni siquiera se evidencia el desacierto en la forma como se sopesaron las probanzas y las inferencias que de ellas surgen, frente a los efectos perseguidos por los demandantes, ya que sus planteamientos no pasan de ser sugerencias condicionadas a la redirección del debate, pero sin demeritar el verdadero alcance que les dio el juzgador dentro del contexto sometido a su escrutinio.

Bien es sabido que en materia de indicios, si es que la decisión se basó en ellos, el impugnante tiene la carga de demostrar que las deducciones del sentenciador fueron manifiestamente erróneas por resultar contraevidentes, pero si la objeción consiste en que se pasaron por alto, debe explicar cómo a partir de lo verificado en el proceso y a la luz de los dictados de las máximas de la experiencia se imponía la obligación de elaborar unas conjeturas indiscutibles, que alterarían sustancialmente el sentido del fallo.

Ninguno de esos dos aspectos se logra con el ataque, por lo siguiente:

a) El parentesco entre los contratantes, cierto e indiscutido en este caso, es insuficiente para colegir el ánimo de defraudar con los acuerdos puestos en duda.

A pesar de que uno de los patrones de la simulación absoluta es que la titularidad del dominio se radique en una persona de confianza de quien ficticiamente transfiere, por lo que no es extraño que se acuda al grupo familiar cercano con ese fin, eso no quiere decir que toda negociación entre parientes quede cubierta con un manto de duda por esa sola razón.

Inclusive, los lazos de afecto pueden incidir en que los términos de las transacciones sean más benéficos de lo acostumbrado, en ellas se tomen menos precauciones de lo normal o estén encaminadas a brindar un apoyo o colaboración recíproco o unilateral, ya sea para facilitar la conformación de un capital o superar crisis financieras de un allegado, que antes que censurable se inspira en altos principios de orden superior, si se tiene en cuenta que el artículo 42 de la Constitución Política impone la «protección integral de la familia» por el Estado y la sociedad.

Es por esto que las ventas entre consanguíneos deben ser analizadas a fondo, sin que el ánimo favorecedor del enajenante se convierta en un determinante de desprendimiento total, eso sí, siempre y cuando no se rebasen los límites que impone la ley en el campo civil y mercantil.

Como se dijo en CSJ SC 15 feb. 2000, rad. 5438, es inaceptable

(…) que toda negociación deba ser satanizada, so pretexto de que se realizó entre parientes o familiares, como si el vínculo emergente de la consanguinidad se erigiera en patente de corso para eclipsar, invariablemente, la seriedad y sinceridad de las convenciones, sin que medie para ello ningún examen o fórmula de juicio individual y, lo que es más decisivo, su integración armónica y concatenada con otras probanzas, aún de raigambre indiciaria. No en vano, con innegable acierto, la doctrina especializada se ha preocupado por aclarar que la relación personal o familiar de los contratantes (coniunctio sanguinis et affectio contrahentium), aisladamente considerada, es impotente para acreditar el acuerdo simulatorio, pues como bien lo recuerda el profesor italiano Carlos Lessona, esta circunstancia “…no basta por sí sola, no habiéndose prohibido a tales personas contratar entre sí”. Incluso, en determinadas ocasiones - como lo relata el mismo profesor de la Universidad de Pisa - “el vínculo de parentesco puede tal vez probar la sinceridad del acto más bien que suministrar una conjetura de simulación” (Teoría General de la Prueba Civil, Reus, T. V., Madrid, 1964, pág., 420), todo lo cual confirma la imperiosa necesidad de ponderar, ex abundante cautela, cada prueba obrante en el proceso, en concordancia con otras del mismo o similar linaje (…) En consonancia con lo anotado -a fin de redondear el precitado comentario-, igualmente cumple destacar que, en la actualidad, por fuerza de novísimos mandatos constitucionales (arts. 42 y 83), el parentesco entre los contratantes no puede convertirse, por sí solo, esto es, ayuno de otro soporte adecuado de estirpe probatorio, en un indicio eficaz para deducir simulación, pues ello equivaldría, como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-068 del 10 de febrero de 1999, por medio de la cual fueron separadas del ordenamiento jurídico patrio las disposiciones que sancionaban con nulidad la venta entre cónyuges, a “dar por preestablecida la falta de rectitud, lealtad y probidad de quien así contrata, es decir su mala fe, lo que resulta contrario a la norma constitucional consagrada en el artículo 83 de la Carta Política que, precisamente, dispone lo contrario cuando en ella se instituye como deber proceder conforme a los postulados de la buena fe, sin que existan razones valederas para que pueda subsistir en la ley la presunción de que los contratantes, por ser casados entre sí, actúan de mala fe, como igualmente tampoco resulta admisible la suposición implícita de que, en tal caso, los cónyuges dejan de lado el cumplimiento del mandato constitucional consagrado en el artículo 95, numeral 1º, que impone como deberes de la persona y del ciudadano, entre otros, el de ‘respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios’”.

De ahí que no resulte descabellado, como lo dedujo el sentenciador, que en las escrituras materia de escrutinio se fijaran precios inferiores a los del mercado inmobiliario, se pactara el pago de los saldos con la conservación temporal del usufructo de los inmuebles por el vendedor o se asumiera el pago de créditos hipotecarios sin necesidad de gestionar subrogaciones.

Ni siquiera era revelador únicamente de que «había más ánimo para donar que para vender», como insinúan los recurrentes, porque esos comportamientos, desde la óptica del padre cuyo hijo menor nació cuando ya contaba con 57 años (fl. 42 con. 1), revelan su deseo de impulsar a su descendiente a conformar una fortuna desde joven que le garantizara su congrua subsistencia a futuro, teniendo en cuenta que por la brecha generacional existente entre ellos, no lo podría acompañar hasta la adultez.

Lo anterior se ratifica con el hecho de que al cumplir Roberto Ogliastri Rueda la mayoría de edad en 1994, ya contaba con un patrimonio líquido de $63’634.000 reportado en la declaración de renta por dicho período, que fue creciendo paulatinamente y no de manera abrupta. Asimismo, con la participación activa en los negocios inmobiliarios que desarrollaba el progenitor, con quien estuvo asociado y fueron a la par gerente y subgerente de Arrendamientos Roberto Ogliastri Ltda. desde su constitución en 1998, como consta en los certificados de existencia y representación legal protocolizados con las escrituras de cesión de cuotas de interés(2), hasta el 13 de septiembre de 2005 cuando se produjo el relevo y Ogliastri Rueda quedó como único representante de la sociedad (fls. 321 a 340, con. 2-19).

Quiere decir que no se trataba de una relación de dependencia sino de respaldo mutuo y aunque pudiera hablarse de favoritismo paterno hacía quien fue su colaborador en los últimos años de vida, fijando condiciones blandas y sin ánimo especulativo en las enajenaciones que le hizo de los activos a que se contrae el litigio, eso no da pie para afirmar que se querían sustraer bienes de la sucesión o perjudicar a los demás legitimarios cuando falleciera el patriarca.

Basta con observar que en los escritos que allegaron ambas partes en la diligencia de inventarios y avalúos dentro de la liquidación de la herencia de Roberto Ogliastri Pradilla ante el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja, los demandantes relacionan 35 inmuebles propios del causante y uno de la sociedad conyugal adquirido en 2002, fuera de otras inversiones (fls. 71 al 311 cdno. 2), lo que concuerda en su mayoría con lo reportado por el opositor (fls. 347 al 470 cdno. 2-1), constituyendo una considerable fortuna susceptible de repartición, que ni siquiera fue cuantificada para establecer sus verdaderas dimensiones frente a lo pretendido en esta controversia.

b). De la participación activa de los contratantes en el mercado inmobiliario, se deduce que el lapso transcurrido entre las diferentes operaciones no es muestra del «frenesí» de los pactantes como lo aduce la censura; por el contrario, el que dicho período haya fluctuado entre nueve y cuatro meses en los instrumentos otorgados el 3 de diciembre de 1998, 24 de septiembre de 1999, 4 de febrero y 24 de octubre de 2000, y algo más de dos años respecto de los firmados el 28 de mayo de 2003 y el 6 de septiembre de 2005, demuestra la falta de afán en dichas transacciones y aunque dichos términos no fueron muy largos, eso es lo acostumbrado en esa actividad económica, en la que se desenvolvían ambos.

c). De la forma como se acordó cancelar los saldos del precio de las propiedades, se deduce que al dejarse el derecho de usufructo al vendedor, los contratantes pretendieron garantizar su pago con los frutos civiles que aquellas generaban, y conservar el comprador su liquidez para atender otras negociaciones, por lo que la discusión sobre si se hicieron efectivos esos pagos, o si las ventajas lindaban con una lesión enorme, sin develar el que ese no fuera el verdadero querer de los contratantes, era propia de otras acciones ajenas a la simulación absoluta, e incluso a la relativa por donación.

d). En cuanto a las sumas de dinero que se afirman cubiertas a la firma de las escrituras no tiene sentido elucubrar sobre lo poco usual de trasladar altas cantidades de moneda en ciudades históricamente azotadas por la delincuencia, cuando nada se afirma respecto de que ese pago se hubiera materializado en la Notaría. Simplemente se relata que se «hizo efectivo», fue «pagado en efectivo» o «recibido a satisfacción», de lo cual únicamente se infiere que esa parte fue cancelada por el comprador.

e). En lo que atañe a la cancelación de los gravámenes de usufructo, a pesar de que en un comienzo se constituyeron de manera «vitalicia», lo cierto es que quedaron sujetos a responder por los faltantes del precio convenido, razón por la cual de dicha manifestación de voluntad en vida del acreedor se colige que tales montos fueron pagados, como lo sostuvo el sentenciador ad quem partiendo del principio de buena fe que no se logró desvirtuar, tan es así que esas escrituras que estaban íntimamente ligadas al objeto del litigio no fueron discutidas ni se pidió tenerlas por absolutamente simuladas.

f). La inexistencia de apremio económico del transferente, así como su «edad provecta y enfermedad», tampoco constituyen indicios de simulación en este caso, porque las enajenaciones estuvieron motivadas, como se indicó, por el impulso que quería darle el vendedor a su descendiente para que conformara un patrimonio propio y participara activamente en el mercado de inmuebles, asumiendo los esfuerzos económicos que eso implica.

5. En vista de que el querer expreso de los demandantes concuerda con el sentido de la providencia de segunda instancia, además de que la forma como se sopesaron las probanzas está acorde con la decisión tomada, sin que con el ataque se estructure la grave equivocación que se le endilga al ad quem, fracasa la acusación.

Conforme al inciso final del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, habrá de imponerse a los recurrentes el pago de las costas procesales en el trámite de la impugnación extraordinaria, y para la tasación de las agencias en derecho, se tomará en cuenta que el opositor presentó réplica.

III. Decisión 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 27 de febrero de 2014, proferida por la Sala Civil Familia del tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga en el proceso ordinario antes referenciado.

Costas a cargo de los impugnantes y a favor del contradictor. Inclúyase la suma de $ 6’000.000 por concepto de agencias en derecho.

En su oportunidad, devuélvase el expediente a la Corporación de origen.

Notifíquese».

1 Real Academia Española. Diccionario de la lengua española.

2 Folios 312 a 340, cdno. 2-19.