Sentencia SC16282-2016 de noviembre 11 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC16282-2016

Radicación: 25151-31-03-001-2006-00191-01

Magistrado Ponente:

Dr. Ariel Salazar Ramírez

(Aprobado en sesión de veintisiete de julio de dos mil dieciséis)

Bogotá, D.C., once de noviembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Las demandas de casación

El primer escrito con el cual se sustentó la impugnación extraordinaria, lo presentó por conducto de su apoderada, Rafael Amador Amaya Castro, y el segundo libelo de casación lo allegó personalmente Roberto Antonio Garzón Guevara, valiéndose de su condición de abogado inscrito, personas estas que intervinieron en calidad de accionados en la declaración de pertenencia, y actores en la reivindicación.

Cada demanda de casación se sustenta en un cargo fundado en la causal primera, consagrada en el numeral 1º del artículo 368 del estatuto procesal.

Se estudiarán de manera conjunta en razón de hallarse fundados en coincidentes argumentos jurídicos y fácticos, además porque ameritan similar respuesta.

Cargo único de la demanda de casación de Rafael Amador Amaya Castro

Se acusó la sentencia de violar de manera indirecta los artículos 4º, 37-4, 38, 101 parágrafos 5º y 6º, 174, 175, 177, 187, 194, 200, 252, 258, 262-3, 264, y 305 ídem; 26, 27, 28, 30, 31, 32, 946, 950, 952, 961, 962, 963, y 964 del Código Civil por falta de aplicación; y los preceptos 1, 4, y 7 de la Ley 270 de 1996, modificados los dos últimos por los artículos 1º y 2Å de la Ley 1285 de 2009; así como los artículos 2º y 58 de la Constitución Nacional, situación que derivó de evidentes y trascendentes errores en la apreciación de las pruebas, que condujeron al Tribunal a inferir unas premisas fácticas totalmente contraevidentes.

En efecto, el sentenciador no dio por acreditado, estándolo, que el terreno pretendido por Víctor Julio Sabogal Mora, se identifica plenamente con los inmuebles solicitados en reivindicación.

Lo anterior, porque pretirió la valoración de la escritura pública 5606 de 1996, en la cual consta la división material del predio conocido hasta ese momento con el nombre de «Verjón Tanavista y El Hoyo» de 2.531 hectáreas, y la formación jurídica del denominado «El Hoyo de Cruz Verde» con área de 2.100 hectáreas, ubicado en Ubaque, y «Tanavista» con extensión de 431 hectáreas, localizado en Choachí, título este registrado al folio de matrícula 152-442 de 19 de noviembre de 1996.

Ignoró, además, el oficio 1239 de 16 de noviembre de 2006, mediante el cual el Registrador de Instrumentos Públicos de Cáqueza informó al juzgado del conocimiento que la inscripción de la demanda en el referido folio de matrícula inmobiliaria no fue realizada, porque «el predio no existe, fue dividido por escritura 5606 de 1996 de la Notaría 42 de Bogotá».

El juzgador no tuvo en cuenta lo que se expresó en la contestación a la demanda inicial, en el libelo de reconvención, y en las enmiendas realizadas por el actor a la solicitud de declaración de pertenencia, en acatamiento a lo ordenado por la juez a quo, a fin de determinar los inmuebles objeto de dicha pretensión y sus matrículas inmobiliarias, que fueron aclaradas en el escrito de subsanación, indicando que el predio a usucapir hacía parte de los fundos «El Hoyo de Cruz Verde, Tanavista y Las Lagunas de Peña Azul Tanavista».

Tampoco apreció el acta de 7 de noviembre de 2008 sobre la conciliación y el saneamiento del proceso, donde se dispuso elaborar, fijar y publicar nuevamente edicto emplazatorio, tomando en cuenta las aclaraciones efectuadas en relación con el predio objeto de la declaración de pertenencia.

De haber sido apreciados los mapas y planchas arrimados al proceso, el ad quem hubiese podido comprender que lo que pretende adquirir Víctor Julio Sabogal Mora hace parte de los tres inmuebles reclamados por los reivindicantes.

Se incurrió en otro error de hecho —agregó— al no dar por probado, a pesar de hallarse demostrado, lo concerniente a la ubicación, alindamiento, y cabida superficiaria del extinto predio «Verjón Tanavista y El Hoyo», así como la individualización de los lotes de terreno formados luego de su división material, al igual que los remanentes o áreas sobrantes que quedaron después de las ventas parciales a los municipios de Ubaque y Choachí, «que en parte es lo que pretende el actor en pertenencia»

En relación con esos aspectos, el escrito de contestación presentado por Rafael Amador Amaya Castro, precisó lo relativo a la división material de lo que fue la finca «Verjón Tanavista y El Hoyo»; además de las ventas realizadas a los nombrados entes territoriales, quedando claro que «la porción de terreno pretendida por el actor, tomaba parte de diferentes predios con distintos propietarios, conforme a las siguientes segregaciones: Ubaque, adquirió La Hoya de Canoas (243 has), por escritura pública 253 del 31 de marzo de 1997 y La Hoya de Los Tunjos (283 has), por escritura pública 702 del 17 de agosto de 1999, ambas de la Notaría de Cáqueza; Choachí, compró Las Lagunas de Peña Azul y Tanavista (261 has), por escritura pública 154 del 31 de marzo de 1997 de la Notaría de Chocontá (…)».

Una correcta valoración de la escritura pública 5606 de 1996, le habría permitido al sentenciador advertir la ubicación, linderos, cabida y demás circunstancias que identificaban el fundo de mayor extensión así como la individualización de los lotes formados a partir de su división material, al igual que la de los terrenos segregados, y de haberse valorado la escritura pública 702 de 17 de agosto de 1999, donde consta la última venta efectuada por Amaya Castro y Garzón Guevara al municipio de Ubaque, «se habría comprendido la ubicación, cabida y alinderación actual del terreno denominado El Hoyo de Cruz Verde (1574 has.), del cual pretende una parte, no todo, el demandante inicial», y con base en la escritura 154 de 31 de marzo de 1997, se «habría vislumbrado la cabida y linderos actuales del predio Tanavista (170 has + 3.000 M2».

Debido a tales omisiones, el tribunal concluyó, de manera equivocada, la imposibilidad de «establecer la real extensión del predio con matrícula inmobiliaria 152-442, luego de las ventas parciales allí referidas, porque claramente no se adosaron documentos idóneos que certificaran esas ventas fraccionadas, porción de terreno detentada por el pretenso usucapiente».

Adicionalmente, no tuvo en cuenta que el señor Sabogal Mora «ha ejercido actividad posesoria, sobre los tres (3) inmuebles de mayor extensión, cuya reivindicación se pretende, por ubicarse el terreno que denomina y alindera como Parque Ecológico Matarredonda, dentro de estos inmuebles», lo cual se desprende de los títulos escriturarios y de los mapas allegados al proceso, al igual que de lo señalado en la demanda reivindicatoria, donde se informó en las pretensiones «que los linderos descritos por el actor en pertenencia fueron inventados o modificados y no corresponden a aquellos que se describen en los títulos de dominio (E.P. 154/96 y 702/99)».

En el acta de la inspección judicial practicada a los fundos objeto de la acción de dominio, se dejó constancia de no quedar duda alguna acerca de que «la porción de terreno que dice el señor Víctor Sabogal se encuentra en posesión hace parte del inmueble conocido como Hoyo de Cruz Verde, no solamente por lo que se evidencia desde este punto sino comparando las colindancias que se indican en el escrito de la demanda como las que delimitan el terreno pretendido en pertenencia», lo que no fue apreciado por el juzgador, quien también soslayó lo consignado en la continuación de la diligencia.

Allí se expresó:

(…) en el sector de Tanavista donde funciona la sede administrativa del parque Matarredonda cuenta con servicio de energía eléctrica al igual que la casa … Igualmente … se pudo observar la presencia de bastantes senderos que conducen a puntos diferentes, a tal punto que durante los 4 días que duró la diligencia los ingresos y recorridos como es obvio se hicieron por diferentes senderos, los cuales hacen presencia a lo largo y ancho de toda la porción de terreno que se dice está en posesión el señor Víctor Julio Sabogal Mora, la cual compromete los predios denominados Tanavista (…), Las Lagunas de Peña Azul y Tanavista (…) y parte de lo que se denomina Hoyo de Cruz Verde (…)».

El sentenciador dejó de lado la valoración de los contratos de arrendamiento sobre la estancia denominada «Puente del Barro», los testimonios recibidos, el interrogatorio al poseedor, el dictamen pericial, y las decisiones adoptadas en procesos incoados por Rafael Amaya Castro y Roberto Garzón Guevara contra Víctor Julio Sabogal Mora y sus familiares ante autoridades policivas y jurisdiccionales, en asuntos civiles y penales, por los intentos de invasión y usurpación de terrenos en el predio «Verjón Tanavista y El Hoyo», en inmediaciones de la primera, sector Matarredonda.

Tales probanzas demostraban que «el terreno poseído por el actor hace parte de los tres terrenos, cuya restitución se solicita, que si bien, jurídicamente son independientes y soberanos, geográficamente son contiguos, colindantes, adyacentes», los cuales hasta cuando se hizo la división material, formaron parte del mencionado predio de mayor extensión, y por esa razón resulta incomprensible e inaceptable la inferencia del juzgador relativa a la ausencia de identidad entre lo pretendido en declaración de pertenencia y lo reclamado en reivindicación.

Los reseñados yerros fácticos tuvieron tal incidencia en las conclusiones del ad quem, que lo condujeron a dirimir la litis revocando la decisión del juez sobre las pretensiones de la acción de dominio, razón por la cual, concluyó la censura, se impone casar el fallo y, en sede de instancia, confirmar lo resuelto por el juez a quo.

Cargo único de la demanda de casación de Roberto Antonio Garzón Guevara

El reproche planteó la violación indirecta, por falta de aplicación, de las mismas disposiciones legales relacionadas en el cargo de la anterior demanda de casación, como consecuencia de errores de hecho cometidos en la apreciación de las pruebas y de otras piezas procesales.

El primer yerro en que se incurrió consistió en no dar por demostrado, a pesar de estarlo, que tanto la declaración de pertenencia, como la acción reivindicatoria, tuvieron por objeto los mismos terrenos, lo que deriva de considerar que Víctor Sabogal Mora solicitó la prescripción adquisitiva respecto de un predio de aproximadamente 1.800 hectáreas denominado «Verjón Tanavista y El Hoyo» y en adelante conocido bajo el nombre de «Parque Ecológico Matarredonda», ubicado en Bogotá y Choachí; mientras que en la acción de dominio se aludió al fundo «El Hoyo de Cruz Verde» y «Tanavista», aquel perteneciente al territorio de Ubaque y este último al municipio de Choachí.

Tal inferencia derivó de una lectura equivocada de las piezas del proceso, porque el actor de la pertenencia, ante el requerimiento del juez para que aclarara la información suministrada en la demanda, manifestó que pretendía «una porción de terreno que denominó Parque Ecológico Matarredonda y que la misma ocupa terrenos de tres (3) predios denominados El Hoyo de Cruz Verde Tanavista y Las Lagunas de Peña Azul y Tanavista», y también tuvo incidencia en el error, la omisión de valorar las actas de la inspección judicial, el dictamen pericial, los testimonios recibidos, y la confesión vertida en el interrogatorio de parte que contestó Sabogal Mora; al igual que los folios de matrícula inmobiliaria de cada predio, las planchas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi relativas a los mismos, y el oficio del Registrador de Instrumentos Públicos de Cáqueza, donde informó sobre la inexistencia del folio correspondiente a la citada matrícula inmobiliaria, dada la división material del predio al que se había asignado la misma.

Era inútil, por lo tanto, el examen del folio de matrícula del predio «Verjón Tanavista y El Hoyo»; en cambio, el ad quem debió analizar los que fueron abiertos para los predios formados en virtud de su división material, correspondientes a «El Hoyo de Cruz Verde» y «Tanavista», al igual que «Las Lagunas de Peña Azul» y «Tanavista».

El sentenciador no debió tomar de referencia la extensión de 1.800 hectáreas mencionada por el demandante, quien señaló que «más o menos» esa era la superficie del predio, porque lo importante «no es el terreno en número de hectáreas, sino que la porción de terreno pretendida en usucapión se ubique dentro de las propiedades de los reivindicantes, sin importar el tamaño que ocupe dentro de estos». Además, el aludido poseedor no manifestó reclamar el predio «Verjón Tanavista y El Hoyo», tampoco «El Hoyo de Cruz Verde» y «Tanavista», ni «Lagunas de Peña Azul y Tanavista», pues solo dijo perseguir el área aproximada de terreno que indicó, y que en adelante él mismo denominó «Parque Ecológico Matarredonda», localizado en circunscripción territorial de Bogotá y del municipio de Choachí.

El Tribunal —añadió el casacionista— no tuvo en cuenta la confesión de Víctor Julio Sabogal Mora en la audiencia de interrogatorio, al manifestar del predio por él poseído que «(…) una parte se encuentra en jurisdicción del municipio de Choachí, otra parte corresponde a jurisdicción del municipio de Ubaque y otra parte corresponde a la jurisdicción del Distrito Capital donde ya se lleva el juicio de pertenencia…», y que tales hechos se corroboraron en la diligencia de inspección judicial, al constatar que «el actor ejerce actos de posesión sobre algunas partes de los mismos».

Desconoció también la posesión material de aquel sobre un área de, más o menos, 1.800 hectáreas, y no reparó en la cancelación de la matrícula matriz como consecuencia de la división material del predio «Verjón Tanavista y El Hoyo»; de otro lado, incurrió en yerro al omitir analizar las escrituras públicas 154 de 1996, 286 de 1997 y 702 de 1999, contentivas de las ventas parciales realizadas a favor de los municipios de Choachí y Ubaque, y las matrículas asignadas a los predios segregados.

De haber apreciado tales pruebas, el sentenciador «habría comprendido que lo que pretende el actor en pertenencia es el remanente en cabeza de los demandados Amaya y Garzón, además de la porción adquirida por el municipio de Choachí, denominada Las Lagunas de Peña Azul y Tanavista, cuya reivindicación pretenden los titulares».

Por la evidencia y trascendencia de los errores cometidos, solicitó casar la sentencia impugnada para, en su lugar, mantener el fallo del juez de la primera instancia.

Consideraciones

1. En la sustentación de los reproches, el censor le endilgó al juzgador ad quem la comisión de errores de hecho en la labor de valoración de los medios de prueba, por pretermisión o defectuosa apreciación, lo cual le impidió dar por satisfecho el presupuesto sustancial de identidad del inmueble pretendido en la acción de dominio con el poseído por el demandado.

2. Respecto de la mencionada acción, el artículo 946 del Código Civil estatuye que «es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla», procediendo también de conformidad con el precepto 949 ídem, respecto de «una cuota determinada pro indiviso de una cosa singular», y a tenor del artículo 950 ibídem, cuando se disputa el derecho de dominio, el autorizado para promover la señalada acción, es el titular de «la propiedad plena o nuda, absoluta o fiduciaria de la cosa», y de acuerdo con el 952 del citado ordenamiento, ha de convocarse para enfrentarla al «actual poseedor».

La jurisprudencia de la Corte Suprema ha reiterado que para el éxito de la «pretensión reivindicatoria» deben concurrir y demostrarse los siguientes supuestos: (i) «derecho de dominio» en cabeza del actor; (ii) posesión material ejercida por el demandado sobre «cosa corporal, raíz o mueble», y que la misma sea singular o una cuota determinada de ella susceptible de reivindicación; (iii) identidad entre el «bien mueble o inmueble» reclamado por quien acciona, y el detentado por el convocado al litigio (CSJ SC, abr. 8/2014, rad. 2006-00639-01).

3. Al confrontar las inferencias que el Tribunal extrajo del acervo probatorio con el contenido material de los medios de convicción, tomando en cuenta las críticas de la censura, se constata la existencia del error de hecho denunciado por los recurrentes, toda vez que en el proceso obran elementos de persuasión demostrativos del requisito de identidad entre la cosa reclamada por los reivindicantes y el bien que el convocado alegó poseer.

3.1. El mencionado requisito, tratándose de bienes inmuebles, se considera satisfecho cuando no exista duda acerca de que lo poseído por el accionado, corresponde total o parcialmente al predio de propiedad del actor en reivindicación, según la descripción contenida en el título registrado, y lo expresado en el libelo introductorio del juicio.

Sobre el particular, esta corporación sostuvo:

La identidad simplemente llama a constatar la coincidencia entre todo o parte del bien cuya restitución reclama el demandante en su condición de dueño, con el que efectivamente posee el demandado; y si apenas resulta afectada en esa correlación una porción del mismo, simplemente se impone aplicar lo dispuesto en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, según el cual ‘si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último’.

(…) Es decir, uniendo ambos requisitos, la cosa singular debe ser una misma, sea en todo o en parte, tanto aquella respecto de la cual el demandante alega dominio, como la que posee materialmente el demandado a quien aquél le reclama la restitución. La singularidad ni la identidad, pues, desmerece por el hecho de que el demandante haya singularizado un predio del cual apenas parcialmente ejerce posesión el demandado; tal presupuesto no se verifica entre lo que se demanda y lo que se otorga en la sentencia, sino entre la cosa de la cual afirma y demuestra dominio el actor y lo que respecto de ella posee el demandado (CSJ SC, nov. 25/2002, rad. 7698; CSJ SC, oct. 13/2011, rad. 2002-00530-01).

3.2. En la demanda de reconvención promovida de manera conjunta por los recurrentes, se constata que la pretensión reivindicatoria tuvo por objeto «dos lotes de terreno, uno denominado ‘El Hoyo de Cruz Verde’, ubicado en la vereda de San Roque, municipio de Ubaque, (…) folio de matrícula inmobiliaria 152-50674 y el otro, denominado ‘Tanavista’, ubicado en la vereda de Díaz, municipio de Choachí, (…) folio de matrícula inmobiliaria 152-50675, de aproximadamente 1.800 hectáreas en su conjunto, y que hicieron parte de uno de mayor extensión, denominado ‘Verjon, Tanavista, y El Hoyo’ (F.M.I. 152-442), cuyos linderos se copian ‘literalmente’ en la demanda de pertenencia (…), interpuesta por Víctor Julio Sabogal Mora (…) y que, al parecer, tocan algunas partes, no la totalidad, de los predios antes identificados …».

Y en el escrito aclaratorio de sus pretensiones, el actor en pertenencia manifestó que «el predio a usucapir hace parte de otros tres (3) de mayores extensiones denominados: a) El Hoyo de Cruz Verde distinguido con el folio de matrícula inmobiliaria 152-50674, ubicado en el municipio de Ubaque; b) Tanavista distinguido con el folio de matrícula inmobiliaria 152-50675, ubicado en el municipio de Choachí y c) Las Lagunas de Peña Azul y Tanavista distinguido con el folio de matrícula inmobiliaria 152-51964, ubicado en el municipio de Choachí».

Por otra parte, en la escritura pública 4879 de 15 de octubre de 1974 de la Notaría 3ª de Bogotá, consta la compraventa celebrada entre Irene S. Fajardo, Rosalía Fajardo Burpo de Yahn y «Fajardos Pinzón en El Páramo Ltda.» en calidad de vendedoras con Roberto Antonio Garzón Guevara y Rafael Amador Amaya Castro, respecto del predio rural denominado «Páramo de Verjón Tanavista y El Hoyo, situado en jurisdicción de los municipios de Ubaque y Choachí, y que anteriormente estuvo en las de Bogotá y Choachí», alinderado como allí aparece, «cubriendo una superficie de 2.531 hectáreas, de las cuales 2.100 corresponden al municipio de Ubaque y 431 al de Choachí», título que se inscribió en el folio de matrícula 152-442 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cáqueza.

Asimismo, en la escritura pública 5606 de 13 de noviembre de 1996 de la Notaría 42 de Bogotá, se consignó la división material realizada por los nombrados adquirentes respecto del fundo «Verjón Tanavista y El Hoyo», en virtud de la cual se formaron dos porciones de terreno: Una denominada «El Hoyo de Cruz Verde», perteneciente al municipio de Ubaque, y la otra «Tanavista», ubicada en Choachí, abriéndose para la primera la matrícula 152-50674 y para la segunda la 152-50675, ambas de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cáqueza.

Como consecuencia de dicho acto, se canceló el folio de matrícula 152-442, y es por ello que el Registrador con oficio 1239 de 16 de noviembre de 2006, le comunicó al juzgado del conocimiento que no inscribió allí la medida cautelar, porque «[el] predio no existe, fue dividido por escritura 5606 de 1996 Notaría 42 de Bogotá».

Según se consignó en la escritura pública 154 de 31 de marzo de 1997 de la Notaría de Chocontá, Rafael Amador Amaya Castro y Roberto Antonio Garzón Guevara enajenaron a favor del municipio de Choachí «un globo de terreno con cabida aproximada de doscientas sesenta y una hectáreas (261 has.), que en lo sucesivo se llamará ‘Las Lagunas de Peña Azul y Tanavista, que se segrega del de mayor extensión, situado en la vereda de Díaz, jurisdicción del municipio de Choachí», negocio jurídico inscrito en el folio 152-51964.

También se manifestó en dicho instrumento que «al segregarse la porción de terreno objeto del presente acto, queda en cabeza de los vendedores Amaya Castro y Garzón Guevara, la restante porción del predio Tanavista cuya cabida se reduce a ciento setenta hectáreas más tres mil metros cuadrados (170+3000 has.)», la cual se individualizó por sus linderos.

En el folio de matrícula 152-50674 del predio «El Hoyo de Cruz Verde» (anotación 4), aparece registrada una venta parcial realizada por Rafael Amador Amaya Castro y Roberto Antonio Garzón Guevara al municipio de Ubaque, según escritura pública 253 de 31 de marzo de 1997 de la Notaría de Cáqueza, respecto de una porción de terreno de 243 hectáreas denominada «La Hoya de Canoas», segregada del mencionado predio, transferencia que se registró en el folio 152-51942.

Y por medio de la escritura pública 702 de 17 de agosto de 1999 de la Notaría de Cáqueza, Rafael Amador Amaya Castro y Roberto Antonio Garzón Guevara, le transfirieron al mismo ente territorial mencionado, un «globo de terreno con cabida aproximada de doscientas ochenta y tres hectáreas (283 has.), que en lo sucesivo se llamará ‘La Hoya de Los Tunjos’, porción de terreno que se segrega del de mayor extensión denominado ‘El Hoyo de Cruz Verde’ situado en la vereda de San Roque, jurisdicción del municipio de Ubaque» del cual se describieron sus linderos, y se registró en el folio de matrícula 152-56097, habiéndose expresado que «al segregarse la porción de terreno objeto del presente acto, queda en cabeza de los vendedores Amaya Castro y Garzón Guevara la restante porción del predio ‘El Hoyo de Cruz Verde’ cuya cabida se reduce a 1.574 hectáreas», individualizada o singularizada por sus respectivos linderos.

En la inspección judicial iniciada el 12 de noviembre de 2009, se identificó el predio «Tanavista» por su ubicación y límites, encontrando allí construcciones utilizadas para el desarrollo de actividades relacionadas con el denominado «Parque Ecológico Matarredonda» y una vivienda, la cual contaba con el servicio de energía eléctrica, pues el agua era proveída por una manguera que se instaló en un nacimiento existente en la misma finca.

Igualmente se dejó constancia sobre el hecho de que «quien está en posesión de todo el predio descrito anteriormente es el señor Víctor Julio Sabogal Mora, quien manifiesta que después de haberlo explotado en actividades del agro hoy lo explota con una elaboración dirigida a la educación ambiental y programas de ecoturismo y enseñanza al ambiente, se ha venido restaurando el camino real y se ha hecho señalizaciones de las estaciones en las cuales tengo distribuido el predio, la vigilancia, y el cuidado y protección del medio ambiente porque por ley no se puede desarrollar ninguna otra actividad».

De la misma manera, se identificó el fundo «Las Lagunas de Peña Azul y Tanavista», en el cual no se hallaron construcciones, salvo un puente de madera procesada de aproximadamente 80 metros de largo, utilizado para el cruce de unos humedales, y los vestigios de unas construcciones; se reseñó el mojón ubicado en la parte de la caída de la quebrada El Rajadero, por fuera del predio «Tanavista», a la orilla de la carretera que de Bogotá conduce a Choachí, el cual tenía en la parte superior la leyenda «propiedad privada. Fundación Parque Ecológico Matarredonda. Víctor Julio Sabogal Mora», y avanzando por la vía Choachí - Bogotá como a unos 1.800 metros, se encontró otro mojón «localizado este sí en predio que se conoce como Tanavista, (…) con la misma leyenda, localizado como a 20 metros del portón (…) de madera de entrada de lo que se ha denominado Parque Ecológico Matarredonda, del cual se dice está en posesión el señor Víctor Sabogal Mora».

En los días posteriores durante los cuales continuó la aludida diligencia (nov. 13/2009, feb. 19 y mar. 5/2010), se inspeccionó el predio «El Hoyo de Cruz Verde», ubicado en el municipio de Ubaque, al cual se ingresó por el portón de acceso al «Parque Ecológico Matarredonda», aproximadamente en el kilómetro 18 de la carretera Bogotá - Choachí, y mediante el respectivo recorrido la juez dijo haber verificado los linderos, dejando como constancia que no había duda de que «la porción de terreno que dice el señor Víctor Sabogal se encuentra en posesión hace parte del inmueble conocido como Hoyo de Cruz Verde, no solamente por lo que se evidencia desde este punto sino comparando las colindancias que se indican en el escrito de la demanda como las que delimitan el terreno pretendido en pertenencia».

Igualmente, señaló la juzgadora que «las porciones de terreno que fueron vendidas por los señores Roberto Garzón y Amador Amaya al municipio de Ubaque, conocidas como Hoya de Los Tunjos y Hoya de Canoas, cuyos linderos empiezan hacia este sector de Hoya de Cruz Verde no se encuentran comprendidos en la porción de terreno que dice el actor en pertenencia, teniendo en cuenta lo que en viva voz ha escuchado el despacho en desarrollo de esta diligencia de parte del señor Víctor Sabogal y lo que dicen las escrituras que figuran en el expediente, cotejadas someramente con el plano (…)», y reseñó como única construcción existente en esa área, un quiosco en madera y chingle, con pisos en tierra, en el «Alto del Gavilán», el cual dijo el poseedor haberlo construido en el año 2002.

El dictamen pericial concerniente al avalúo de los frutos civiles también refirió que la extensión de terreno poseída por Sabogal Mora se encuentra dentro de los predios de propiedad de los demandantes en reivindicación, armonizando en ese sentido con aspectos reseñados en la inspección judicial, e hizo precisión sobre que la explotación económica se desarrolla mediante actividades relacionadas con el proyecto «Parque Ecológico Matarredonda», del cual encontró algunas construcciones levantadas para su funcionamiento además de una vivienda antigua.

Por otra parte, aunque algunas de las personas que rindieron declaración manifestaron que los integrantes de la familia Sabogal Mora son los dueños (Hugo Armando Jiménez Muñoz, Héctor Rodríguez Ángel, y José Libardo Vargas González), y otros expresaron que los conocieron como arrendatarios (José Álvaro Ramos Prieto, José Francisco Mora Ángel, y Pascual Ruiz González), todos coincidieron en afirmar que los terrenos por ellos ocupados hacen parte de la finca anteriormente denominada «Verjón Tanavista y El Hoyo», actualmente conocida como «Parque Ecológico Matarredonda», nombre que aparece en la parte superior del portón de acceso, aspecto evidenciado por la fotografía anexada al dictamen pericial.

Incluso, Víctor Julio Sabogal Mora, en el interrogatorio absuelto, en varias de sus respuestas enfatizó en que era el poseedor del mencionado inmueble, denominado inicialmente «Verjón Tanavista y El Hoyo» y después «Parque Ecológico Matarredonda», precisando que unas 700 hectáreas se encuentran en territorio del municipio de Choachí y unas 1.100 hectáreas en el de Ubaque; también afirmó: «la porción de terreno que poseo y que solicito en pertenencia es la que no se le entregó al municipio de Choachí, que hace parte de uno de mayor extensión», y tal como se dejó constancia en la inspección judicial, ratificó no pretender tampoco el fundo «La Hoya de Los Tunjos», de propiedad del municipio de Ubaque.

En todo caso, un aspecto muy significativo del cumplimiento del requisito de identidad echado de menos por el ad quem, es la posición de las partes asumida en el proceso, atinente a que en ningún momento discutieron que los terrenos pretendidos en la declaración de prescripción adquisitiva extraordinaria no coincidían, ni siquiera en parte, con los reclamados en la acción reivindicatoria.

4. En resumen, conforme a las escrituras públicas aportadas, y los folios de matrícula inmobiliaria donde se efectuó su registro, los demandantes en reivindicación compraron un predio rural denominado «Páramo Verjón Tanavista y El Hoyo», el cual dividieron materialmente en las porciones de terreno que formaron el fundo «El Hoyo de Cruz Verde» ubicado en Ubaque con un área de 2.100 hectáreas, y la heredad «Tanavista» localizada en Choachí, con extensión superficiaria de 431 hectáreas.

Actualmente los reivindicantes son propietarios de una porción de terreno de 170 hectáreas más 3.000 metros cuadrados que quedaron del predio «Tanavista», después de haber vendido al municipio de Choachí una franja de terreno de aproximadamente 261 hectáreas, y también son dueños del terreno sobrante de la finca «El Hoyo de Cruz Verde», equivalente a 1.574 hectáreas, área a la cual se redujo luego de las transferencias efectuadas al municipio de Ubaque, inicialmente 243 hectáreas, con las que se formó el predio «La Hoya de Canoas» y posteriormente 283 hectáreas, que dieron origen al fundo «La Hoya de Los Tunjos».

Lo anterior significa que sumada el área sobrante de los predios «Tanavista» y «El Hoyo de Cruz Verde», los promotores de la acción reivindicatoria continúan siendo titulares del derecho de dominio de un total de 1.744 hectáreas más 3.000 metros cuadrados, y dado que Víctor Julio Sabogal Mora manifestó que poseía un área de aproximadamente 1.800 hectáreas, mas no una cabida exacta, resulta arbitrario predicar la falta del requisito de identidad a que se ha hecho mención, más cuando la diferencia en la extensión superficiaria puede estar justificada, porque el poseedor incluyó en su pretensión de pertenencia, al menos una parte de la porción de terreno denominada «Las Lagunas de Peña Azul y Tanavista» transferida al municipio de Choachí, aunque —se memora— en la inspección judicial aclaró no estar ocupando la misma.

En cuanto a la circunstancia resaltada por el Tribunal, relativa a que en el folio de matrícula inmobiliaria 152-442 figuran varias segregaciones por ventas parciales, y que por ello no era posible establecer la real extensión del inmueble, este es un aspecto que carece de consistencia, porque las transferencias se tuvieron en cuenta en los títulos, y ello permitió asignarle una cabida real a las partes sobrantes de las dos porciones de terreno formadas, como anteriormente se especificó.

Ahora bien, el hecho de que el fundo objeto de la declaración de pertenencia fuera identificado por el prescribiente con el nombre de «Verjon Tanavista y El Hoyo y que en adelante se llamará Parque Ecológico Matarredonda» con matrícula 152-442; en tanto que, en la acción de dominio se reclamaran los predios «El Hoyo de Cruz Verde» y «Tanavista», cuyas matrículas son las 152-50674 y 152-50675 respectivamente, tal como se evidenciara, es una situación que aparece totalmente aclarada en la escritura pública 5606 de 13 de noviembre de 1996 de la Notaría 42 de Bogotá, donde consta la división material de la finca «Verjón Tanavista y El Hoyo», acto que dio lugar a la formación de los fundos «El Hoyo de Cruz Verde» y «Tanavista», y el nombre de «Parque Ecológico Matarredonda» fue asignado por el poseedor tal como se verificó durante la inspección judicial, y así figura en la parte superior de la puerta principal de acceso, ubicada al margen derecho de la vía que de Bogotá conduce al municipio de Choachí.

5. Los razonamientos expuestos imponen la prosperidad de los cargos fundamento de las demandas de casación promovidas por Rafael Amador Amaya Castro y Roberto Antonio Garzón Guevara, porque son manifiestos u ostensibles los errores de hecho cometidos por el sentenciador ad quem en la valoración de las probanzas.

Por consiguiente, se casará parcialmente el fallo recurrido, dado que tal decisión recae únicamente sobre la revocatoria de lo resuelto por la juzgadora de primer grado respecto de la acción de dominio promovida por Rafael Amador Amaya Castro y Roberto Antonio Garzón Guevara, y la consecuente improsperidad de sus pretensiones.

En lo demás, dicha providencia cobró firmeza, dado que al no interponer recurso de casación, Víctor Julio Sabogal Mora se mostró conforme con la decisión tomada en relación con la acción de pertenencia, esto es, la de confirmar la denegación del petitum de su demanda, situación jurídica consolidada que no puede ser modificada por la Corte, en razón de que la parte no recurrida del fallo se mantiene incólume.

Sería diferente si dicha providencia hubiera sido casada en su totalidad, porque en ese caso, sin lugar a dudas, a la Corte, constituida en juzgador ad quem, le correspondería resolver sobre todos los argumentos planteados por el apelante con independencia de si este formuló o no la impugnación extraordinaria.

De conformidad con lo estatuido en el artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, la Corte proferirá la decisión que, en la parte correspondiente, debe reemplazar a la del tribunal.

En razón de la prosperidad del recurso de casación, no se impondrá condena en costas a los impugnantes.

IV. Sentencia sustitutiva

1. Los presupuestos jurídico-procesales que reclama la codificación adjetiva civil para dictar sentencia de mérito se cumplieron a plenitud.

2. En sede de instancia, le corresponde a esta Sala resolver la apelación interpuesta por Víctor Julio Sabogal frente al pronunciamiento del juez a quo, únicamente en lo concerniente a su decisión de acceder a las pretensiones de la acción reivindicatoria promovida, mediante demanda de reconvención, por Rafael Amador Amaya Castro y Roberto Antonio Garzón Guevara.

3. La juez a quo, en relación con lo anterior, declaró que les pertenecía en dominio pleno y absoluto a los citados demandantes, los fundos «Tanavista» y «El Hoyo de Cruz Verde», identificados con las matrículas inmobiliarias 152-51965 y 152-50674.

En consecuencia, le ordenó a los demandados restituir dichos bienes, y los condenó a pagar la suma de $ 67’404.138 por concepto de frutos civiles; por tratarse de poseedores de mala fe, no les reconoció derecho al abono de mejoras, sino únicamente a su separación, siempre que no ocasione detrimento a los inmuebles y los propietarios rehúsen el pago de los materiales.

3.1. La sentenciadora fundó tales determinaciones en que se hallaban cumplidos los elementos axiológicos de la acción, toda vez que los demandantes demostraron ostentar el derecho de propiedad sobre los predios reclamados; la pretensión recae sobre cosas singulares; existe identidad entre los bienes poseídos por los demandados y aquellos respecto de los cuales se incoó la reivindicación, y los demandados ejercen la posesión, pero esta no es superior a veinte años, pues inicialmente ocuparon los predios como arrendatarios, reconociendo el derecho de propiedad de los actores.

En lo atinente a las prestaciones mutuas, atendió el concepto rendido en el dictamen pericial respecto de los frutos civiles percibidos, y en cuanto a las mejoras sostuvo que no fueron plantadas por los poseedores.

3.2. En su recurso de alzada, el impugnante no cuestionó de manera concreta las inferencias con base en las cuales la juez a quo estimó acreditados los requisitos para la prosperidad de la pretensión reivindicatoria, sino que frente a las razones expuestas en el fallo, sostuvo que la juez se equivocó al considerar que los demandantes ejercieron posesión sobre los predios a través de su explotación económica con los contratos de arrendamiento cedidos por los anteriores propietarios.

La razón de lo anterior es que no se demostraron dichos convenios, y el supuestamente celebrado por los actores con Víctor Sabogal González, tiene como arrendatario a una persona de nombre diferente (Víctor Sabogal Gutiérrez). Además, la posesión material siempre ha sido ejercida por Víctor Julio Sabogal Mora desde que la recibió de sus padres.

Respecto de la estimación de frutos civiles, cuestionó que no se hubiera dado traslado a la auxiliar de la justicia designada como perito para que se pronunciara sobre la objeción planteada.

4. Sobre lo debatido por el apelante, a lo cual debe ceñirse el estudio de la Sala, se encuentra que los reivindicantes acreditaron su condición de propietarios de los predios materia del litigio con la escritura pública 4879 de 15 de octubre de 1974 de la Notaría 3ª de Bogotá, la cual se registró en el folio de matrícula inmobiliaria 152-442 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cáqueza, donde consta la compra de la finca «Verjón Tanavista y El Hoyo», la cual con posterioridad dividieron en dos porciones de terreno, «El Hoyo de Cruz Verde», y «Tanavista», según consta en la escritura pública 5606 de 13 de noviembre de 1996 de la Notaría 42 de Bogotá, registrada en los nuevos folios de matrícula que se abrieron, correspondientes a los 152-50674 y 152-50675.

Ahora bien, con la contestación de la demanda se aportó una relación de los contratos de arrendamiento celebrados por distintos tenedores con los anteriores titulares del derecho de dominio, y según se acredita con la copia de la promesa de venta firmada por estos últimos y los demandantes en reconvención, tales convenios fueron cedidos a estos, incluido aquel que aparece suscrito el 4 de abril de 1956 por Víctor Sabogal González, quien el 18 de noviembre de 1981 procedió a acordar con los propietarios actuales un nuevo contrato para tomar en arriendo el terreno, el que fue firmado a ruego por su hijo Pablo Manuel Sabogal Mora, sin que exista duda alguna sobre la identidad del mero tenedor, pues el documento con el que allí se identificó(1) coincide con el que se consignó como suyo en el documento de cesión de la posesión a su hijo Víctor Sabogal Mora(2).

De otro lado, la juzgadora de primer grado no desconoció que este último tuviera la posesión de los predios objeto de la acción, pero precisó que aquella «no data desde hace más de veinte años»(3) en razón de los contratos de arrendamiento ya referidos.

Lo anterior deja en evidencia que la censura del apelante carece de fundamento, porque los medios probatorios que acaba de reseñar la Sala demuestran algo contrario a lo expuesto, y en lo que atañe a los frutos civiles, lo cierto es que el recurso no indicó si estimaba carente de sustento la estimación realizada en el dictamen, en tanto que haber omitido dar traslado de la objeción a la perito, amén de no constituir ninguna irregularidad porque ese acto de darle a conocer el reproche no está previsto en el ordenamiento adjetivo, no tiene capacidad ni aptitud para socavar ni desvirtuar los fundamentos de la experticia, los que aparecen claros, precisos y coherentes con el objeto de estudio, de ahí que en esta instancia no se modificará la tasación efectuada.

5. Por lo discurrido, se confirmará la sentencia impugnada.

Las costas del recurso se impondrán al apelante, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1º del artículo 392 del estatuto procesal civil.

V. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia de 30 de abril de 2012 proferida en este asunto por la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sin costas en el recurso de casación.

Y en sede de segunda instancia,

RESUELVE:

ÚNICO: Confirmar el fallo de 18 de julio de 2011 proferido por el Juzgado Civil del Circuito de Cáqueza.

Costas de la segunda instancia a cargo del apelante. Liquídense por la Secretaría incluyendo, por concepto de agencias en derecho, la suma de dos millones de pesos ($ 2’000.000).

Oportunamente, devuélvase el expediente a la corporación de origen.

Notifíquese.»

1 Folio 46, cuaderno 1.

2 Folio 567, ibídem.

3 Folio 1190, cuaderno 1.