Sentencia 16283 de noviembre 11 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIOA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.: 11001-02-03-000-2012-02237-00

SC16283-2016

(Aprobada en sesión de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis)

Magistrado Ponente:

Dr. Ariel Salazar Ramírez

Bogotá, D.C., once de noviembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: « I. Consideraciones

1. A pesar de hallarse vigente desde el 1º de enero de 2016 el Código General del Proceso, este asunto se rige por las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y con base en estas será resuelto, dado que el recurso extraordinario fue presentado en vigencia suya.

En ese sentido, el artículo 624 del primer estatuto citado, el cual modificó el precepto 40 de la Ley 153 de 1887 estatuyó que «los recursos interpuestos (…), se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron…».

2. Si bien el artículo 332 de la codificación adjetiva civil establece la cosa juzgada para las sentencias ejecutoriadas proferidas en procesos contenciosos, en su inciso final advierte que tal principio «no se opone al recurso extraordinario de revisión» de que tratan los artículos 379 y siguientes, constituyéndose este en una vía para restarle mérito.

Dicho instrumento responde a la necesidad de hacer prevalecer la justicia ante serias irregularidades que han conducido a un pronunciamiento lesivo de derechos protegidos por el ordenamiento jurídico y contrario a las reglas del debido proceso.

En estos eventos —ha referido la doctrina— «nada ofende en sí a la razón, que la ley admita la impugnación de la cosa juzgada; pues la autoridad misma de la cosa juzgada no es absoluta y necesaria, sino que se establece por consideraciones de utilidad y oportunidad; de tal suerte que esas mismas consideraciones pueden a veces aconsejar que sea sacrificada, para evitar la perturbación y el daño mayores que se producirían de conservarse una sentencia intolerablemente injusta.(1)

2. Sin embargo, como no se trata de una concesión para debatir el tema por la simple inconformidad de la parte a la cual le fueron resueltas sus aspiraciones de manera desfavorable, o una solución para la inercia y la desidia de los litigantes, tal mecanismo excepcional está restringido a los eventos expresamente consagrados en el artículo 380 ejusdem, buscando la protección de la buena fe (causales primera a sexta); el derecho de defensa (causales séptima y octava) y la preexistencia de una solución definitoria que es oponible a las partes (causal novena).

Como lo ha recordado esta Sala:

(…) el recurso que se analiza, precisamente por ser excepcional, requiere, al decir de la Corte, “de la colocación de precisos mojones delimitadores de su campo de acción para que esa naturaleza extraordinaria no se desvirtúe, con demérito de la inmutabilidad propia de las sentencias ejecutoriadas (…) Es por ello que la Corte, con especial empeño, ha destacado los aspectos que son vedados al recurso, y así, por ejemplo, ha dicho: “Este medio extraordinario de impugnación no franquea la puerta para tornar el replanteamiento de temas ya litigados y decididos en proceso anterior, ni es la vía normal para corregir los yerros jurídicos o probatorios que hayan cometido las partes en litigio precedente, ni es camino para mejorar la prueba mal aducida o dejada de aportar, ni sirve para encontrar una nueva oportunidad para proponer excepciones o para alegar hechos no expuestos en la causa petendi (…) Como ya se dijo por la Corte, el recurso de revisión no se instituyó para que los litigantes remedien errores cometidos en el proceso en que se dictó la sentencia que se impugna. El recurso de revisión tiende derechamente a la entronización de la Justicia, al derecho de defensa claramente conculcado y al imperio de la cosa juzgada material. (Sent. 16 sept. 1983, junio 30 de 1988, entre otras).” (CSJ. Sentencia 24 de nov. 1992)” (CSJ SC, 3 Sep. 2013, Rad. 2012-01526-00).

En virtud de las características que posee la revisión, el juez no puede ocuparse oficiosamente de la acreditación de los hechos alegados para fundarla; por esa razón «… corre por cuenta del recurrente la carga de la prueba, de modo que le corresponde demostrar que efectivamente se presenta el supuesto de hecho que autoriza la revisión de la sentencia, compromiso que sube de tono si se tiene en cuenta que el presente es un recurso extraordinario y que, con su auxilio, se pretende socavar el principio de la cosa juzgada formal». (CSJ SC, 2 Feb. 2009, Rad. 2000-00814-00).

3. El motivo aducido por el impugnante corresponde a una de las irregularidades en presencia de las cuales se autoriza la revisión de un fallo ejecutoriado, consistente en «haber existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dictó la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigación penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente», pero antes de constatar su configuración, es preciso establecer si el recurso extraordinario se formuló de manera tempestiva o en forma extemporánea, evento este que impediría el estudio del mérito de la censura en razón de haber operado la caducidad, cuyo decreto se impone aun sin alegación de parte.

El artículo 381 del Código de Procedimiento Civil establece que cuando la revisión se sustenta en la causal sexta «podrá interponerse dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia», requisito que está cumplido por cuanto la demanda fue presentada el 27 de septiembre de 2012 y la sentencia cuestionada se profirió el 29 de septiembre de 2010, lo que significa que el recurrente propuso la censura dentro del período bienal mencionado.

Según el artículo 90 ibídem ese hecho «impide que se produzca la caducidad, siempre que el auto admisorio (…) se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación al demandante de tales providencias, por estado o personalmente», exigencia que también fue atendida, toda vez que ese proveído es del 8 de mayo de 2013 y se notificó por anotación en estado el día 10 de ese mismo mes y año, lográndose que la opositora fuera notificada por aviso entregado el 20 de junio de esa anualidad, por lo que entre las indicadas notificaciones transcurrió apenas un mes y medio aproximadamente, de ahí que no se presentó la caducidad que se alegó como excepción de mérito.

4. La otra defensa planteada por Nercellys Sánchez Muñiz alude a la configuración del motivo de revisión, en relación con la cual el punto de partida del análisis de la Sala debe ser, obligatoriamente, el contenido y alcance de la previsión normativa.

4.1. La causal invocada alude a una divergencia entre la verdad material y la que fue acreditada en el proceso en el que se profirió la sentencia reprochada, como consecuencia de la «colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes… aunque no haya sido objeto de investigación penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente».

Esta Sala ha explicado que aquella «“…presupone que los hechos tenidos en cuenta por el juzgador para tomar la decisión correspondiente, no se ajustan a la realidad, y por ello su finalidad es subsanar esa deficiencia y por añadidura remediar así una notoria injusticia” (G.J. t. CCXII, pág. 311). La discrepancia en cuestión, en tratándose del motivo alegado, debe provenir de las maquinaciones o ardides fraguados bien por una de las partes, o de consuno por ambas, con el propósito de obtener un resultado dañino» (CSJ SC, 5 Jul. 2000, Rad. 7422).

La ley censura las artimañas que distan de ser estrategias idóneas para hacer valer derechos o el ejercicio de una acertada contradicción, por tener la firme intención de lesionar a toda costa a quienes se encuentran enfrentados.

Tales ardides están compuestos por «un elemento antecedente, que es el engaño como medio de llegar al fraude» y este último, que es «el fin u objeto a que da base el engaño». Dichos conceptos no son sinónimos «puesto que el primero es sólo la falta de verdad en lo que se dice, se cree o se piensa. Lo que sucede es que en el fraude el concepto de engaño va unido, como atributo que le pertenece por esencia (Corte Suprema. G. J. T. LV. 533)» (CSJ SC, 10 Sep. 2013, Rad. 2011-00949-01).

Con todo, no puede olvidarse que en desarrollo de la presunción constitucional de licitud y buena fe en el comportamiento de las personas, como se señala en ese mismo precedente, la causal de revisión «debe encontrarse plenamente probada para su prosperidad (artículo 177 y 384 del Código de Procedimiento Civil), so pena de que, en caso contrario, especialmente de duda, racionalmente seria que merezca credibilidad sobre las maniobras alegadas, se declare infundado el recurso» (CSJ SC, G. J. T. LV, 533)

Por tanto, ante la evidencia de que una de las partes o ambas violaron su deber de obrar con rectitud, lealtad y probidad en el proceso, logrando su propósito de confundir al fallador en detrimento de intereses particulares jurídicamente protegidos, es posible provocar que la misma jurisdicción intervenga y enmiende ese error o irregularidad que afecta garantías de orden superior.

Lo anterior, puesto que precisamente «con el objeto de combatir y, de suyo, erradicar ese tipo de conductas perversas y atentatorias de la plausible finalidad que inspira la ley en general, el legislador patrio acuñó esta causal sexta como arquetípica expresión de un control “ex post” -o “a posteriori”- a través del recurso extraordinario de revisión, para lo cual se requiere que la “discrepancia entre la verdad real y la que aparenta ser tal al tenor del expediente, ha de tener origen en una asechanza artificiosa y oculta, realizada con engaño y asimismo con el designio inconfesable de obtener un resultado procesal ilícito e injusto siempre que haya causado perjuicios al recurrente». (CSJ SC8448, 24 Jun. 2016, Rad. 2010-01759-01; el subrayado no es del texto).

Por maniobra fraudulenta debe entenderse, según la doctrina jurisprudencial de esta Sala, como «todo proyecto o asechanza oculta, engañosa y falaz que va dirigida ordinariamente a mal fin» (G.J. Tomo CLXV, pág. 27, jurisprudencia reiterada en sentencias de 11 de Marzo de 1.994 y del 3 de septiembre de 1996), de modo que para la prosperidad de la causal es necesario que «“los hechos aceptados por el juzgador para adoptar la decisión impugnada, no se ajusten a la realidad porque fueron falseados, a propósito, por alguna de las partes intervinientes en el proceso, mediante una actividad ilícita y positiva que persigue causar un perjuicio a la otra o a terceros; hechos fraudulentos que deben quedar plenamente probados en el recurso, por cuanto, en desarrollo del principio de la buena fe, se presume que el comportamiento adoptado por las personas está exento de vicio” (Sentencia del 3 de octubre de 1999)”» (CSJ SC, 14 Dic. 2000, Rad. 7269; se destaca).

4.2. El recurrente sostuvo que la maniobra fraudulenta de la demandante en el proceso de declaración de unión marital de hecho, consistió en haber afirmado que convivió con él bajo el mismo techo «en calidad de compañera permanente» cuando tal hecho no fue cierto, con lo cual, en compañía de las personas que le sirvieron de testigos, indujo en error al sentenciador de segunda instancia.

La vaguedad de ese planteamiento se circunscribe, según se lee en el libelo inicial inadmitido, a que ella aseguró, en su demanda, que «la mencionada sociedad marital de hecho se constituyó desde 1992 hasta el mes de noviembre del año 2008», sin demostrarlo.

Además, en el interrogatorio que se le practicó, las preguntas formuladas se limitaron a indagar «en qué fecha del año 1992 inició la convivencia», «la dirección exacta donde convivieron (…) entre el año 1992 y julio de 1995», la calidad en que ocuparon ese inmueble, el lugar de residencia del arrendador para esa época, quién fue el arrendatario y por qué la actora se encontraba afiliada al sistema de seguridad social en salud dentro del régimen subsidiado, si el demandado era cotizante en el contributivo.

4.3. No son necesarias extensas consideraciones para constatar la improcedencia del reproche, e incluso de aceptar las razones expuestas por el impugnante, estas serían inocuas frente al alcance de la sentencia recurrida.

En efecto, si bien la demanda del proceso mencionado enmarcó las aspiraciones declarativas de existencia de unión marital de hecho y de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, en un período superior a «quince años»(2), el fallo objeto de este recurso tuvo por acreditado dicho vínculo únicamente desde «julio de 1995» hasta «noviembre de 2008».(3)

Es más, para llegar a esa conclusión, el juzgador ad quem valoró únicamente las declaraciones rendidas por Luz Ena María Cantillo de Mejía y Oswaldo Alonso Conrado, en relación con los hechos de los cuales tuvieron conocimiento directo en virtud de la vecindad con las partes.

Quiere decir lo anterior que aun de comprobarse la objeción del recurrente en el sentido de que entre 1992 y 1995 (antes de julio), no existió la alegada vida en común con la demandante, eso en nada cambiaría el sentido de la determinación adoptada en segunda instancia.

Ni siquiera tendrían trascendencia para ese aspecto las versiones ofrecidas por los testigos, cuya confabulación con la beneficiada apenas insinuó el impugnante y no aparece demostrada, ya que los declarantes coincidieron en manifestar que los «compañeros permanentes» llegaron a ocupar el inmueble de la carrera 51 # 46-70, el cual según otras pruebas, fue adquirido por José Rubiel Muñoz López el 5 de julio de 1995 y no antes.

La manifestación de Nercellys Sánchez de que la unión marital comenzó antes de julio de 1995, contenida en el libelo con el que inició el proceso, quedó diluida y sin respaldo, de ahí que cierta o no, su atestación fue infructuosa, y por eso el Tribunal no la tuvo por demostrada.

En lo que atañe al período de convivencia reconocido (julio de 1995 a noviembre de 2008), ningún esfuerzo hizo el recurrente para revelar actos malintencionados fraguados por su contraparte a fin de alcanzar la prosperidad de sus pretensiones.

Ni siquiera las dudas que pueda generar la afiliación de la demandante al régimen subsidiado del sistema general de seguridad social en salud tienen tal alcance, pues, ese no fue tema de discusión en su momento, y surge como una alegación sorpresiva cuyo planteamiento debió hacerse desde un comienzo, amén de que la circunstancia de no ser beneficiaria del demandado en el régimen contributivo, no alcanza a tener la connotación que le da el recurrente de probar la inexistencia de la unión marital.

Por otra parte, la Sala no encuentra que las omisiones en su defensa dentro del proceso, que el impugnante atribuyó a la negligencia de su mandatario judicial, tengan relación alguna con el mal obrar que reprochó a su contraparte, y tampoco tal hipótesis corresponde a la prevista en el motivo de revisión que se invocó.

En relación con lo precedente, se reitera que las maniobras fraudulentas censuradas por el legislador suponen un «proyecto o asechanza oculta, engañosa y falaz que va dirigida ordinariamente a mal fin», el cual está presente «en todos los casos en que una de las partes en un proceso, o ambas, muestran una apariencia de verdad procesal con la intención de derivar un provecho judicial o se aprovechan, a sabiendas de esa aparente verdad procesal con el mismo fin. (CSJ SC243, 7 Dic. 2000, Rad. 007643)

Por consiguiente, «no son fraudulentos aquellos actos que han sido puestos a consideración del aparato judicial sin doblez o fingimiento alguno, y que los intervinientes han tenido la oportunidad de conocer y controvertir. En efecto: … no alcanzan a tener el carácter de maniobras engañosas las actuaciones propias del devenir del proceso promovidas por las partes en su transcurso y sin ninguna ocultación que, por lo mismo, fueron sometidas a consideración de los jueces y estuvieron sujetas a controversia, independientemente de cómo hayan sido finalmente tratadas o resueltas; ni las que resultan de procedimientos supuestamente irregulares, los cuales justamente por haber estado sometidos al escrutinio judicial excluyen la maquinación de las partes» (CSJ SC242, 13 Dic. 2001, Rad. 0160).

5. De lo discurrido hasta ahora dimana el fracaso del recurso extraordinario, en virtud de lo cual se impondrá condena en costas y perjuicios al impugnante, cuyo pago se hará efectivo con el dinero consignado como caución.

Las primeras se tasarán por Secretaría, incluyendo como agencias en derecho la suma de $3’000.000. La liquidación de los últimos se hará mediante incidente.

I. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero: DECLARAR INFUNDADO el recurso de revisión que formuló José Rubiel Muñoz López contra la sentencia proferida por la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior de Barranquilla el 29 de septiembre de 2010.

Segundo. Condenar al impugnante al pago de las costas y los perjuicios causados a Nercellys Sánchez Muñiz como consecuencia del presente recurso. Para su pago se hará efectiva la caución en efectivo prestada.

Tercero. La liquidación de los perjuicios se hará mediante incidente.

Cuarto. Fijar como agencias en derecho la suma de $3’000.000,oo.

Quinto. Devolver a la oficina judicial de origen el expediente que contiene el proceso dentro del cual se dictó la sentencia materia de revisión, agregando copia de la presente providencia y conservando las actuaciones de este cuaderno. Por secretaría líbrese el correspondiente oficio.

Sexto. Archivar las diligencias, una vez cumplidas las órdenes impartidas.

Oportunamente, devuélvase el expediente al despacho de origen.

Notifíquese».

1 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituciones de derecho procesal civil. Volumen III. Madrid: 1940, p. 406.

2 Folio 9, c. 2 exp. 2009-00073.

3 Folio 4, ibídem.