Sentencia SC16426-2015/2001-00247 de noviembre 27 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC16426-2015

Rad.: 08001-31-03-006-2001-00247-01

Magistrado Ponente

Dr. Ariel Salazar Ramírez

(Aprobado en sesión de cuatro de agosto de dos mil quince).

Bogotá, D. C., veintisiete de noviembre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. El normal desenvolvimiento del proceso impone la necesidad de que las reglas fijadas en la ley para su impulso y resolución no puedan ser desatendidas por los sujetos de derecho que intervienen en la contienda, ni por el funcionario judicial a quien se le ha encargado dirimir el litigio.

Calamandrei se refirió a ese «solemne aparato de formalidades» que regula el diálogo de las partes con el juzgador, que en esencia y -según sostuvo- es a lo que se reduce el proceso, como algo necesario en virtud de la «naturaleza especial de la providencia a la que están preordenadas todas las actividades procesales», porque la certeza que es «esencial del derecho» no existiría si «el individuo que pide justicia no supiera exactamente cuáles son los actos que debe realizar para obtenerla, cuáles son las vías que debe recorrer para llegar al juez para hacerse escuchar por él y para obtener en concreto aquella garantía constitucional que la norma en abstracto promete»(2).

La desatención de esas formas procedimentales preestablecidas que gobiernan las actuaciones judiciales, acarrea en ciertos casos, el decreto de la nulidad como una sanción, con la cual un acto o una serie de actos cumplidos de manera irregular, sufre la privación de los efectos que normalmente producirían, pues nulo proviene del latín nullus que significa falta de valor, carencia de fuerza para tener efecto.

La nulidad procesal, entonces, es el instrumento que permite restablecer el imperio de las garantías constitucionales y legales para la vigencia real del derecho, cuando en el procedimiento se han cometido infracciones que afectan la validez de los actos procesales.

1.1. El legislador erigió como causales de nulidad adjetiva únicamente aquellos hechos que constituyen un evidente quebrantamiento de las normas básicas de procedimiento, o que desconocen el derecho de las partes a ejercer su defensa, o las bases esenciales de la organización judicial.

Tales situaciones se encuentran contempladas en los artículos 140 y 141 del ordenamiento adjetivo, y también en el inciso final del artículo 29 de la Constitución Política, como motivos excepcionales que pueden conducir al juzgador a declarar nulo el proceso total o parcialmente.

1.2. Precisamente, con el propósito de corregir esas irregularidades, el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, estableció como motivo de casación en el numeral quinto, «haberse incurrido en alguna de las causales de nulidad consagradas en el artículo 140, siempre que no se hubiere saneado», como medio legal para obtener la invalidación de una sentencia dictada en un juicio en el que se han omitido las formas esenciales del procedimiento.

Ha dicho la doctrina que la misión de la nulidad «en efecto, no es propiamente asegurar la observancia de las formas procesales, sino el cumplimiento de los fines a ella confiados por la ley. Las formas son el medio o instrumento de que el legislador se vale para hacer efectiva la garantía constitucional de la defensa en juicio, lo cual constituye el fundamento de los llamados derechos procesales de las partes»(3).

En esta materia impera el principio de especificidad en virtud del cual no existe un defecto capaz de estructurar una nulidad sin ley que previamente la establezca (numerus clausus), de modo que no es permitido acudir a la analogía para extender la declaración de invalidez a hipótesis diferentes a las contempladas por el legislador.

El sistema de taxatividad ha estado presente desde el Código Judicial, en vigencia del cual la Corte precisó que es «posible que en el juicio se presenten situaciones que originen desviaciones más o menos importantes de normas que regulen las formas procesales, pero ello no implica que constituyan motivo de nulidad, la cual, se repite, únicamente puede emanar de las causales entronizadas por el legislador» (CSJ SC, 26 Ago 1959, GJ. XCL, 449, citada en CSJ SC, 24 Feb 1994, Rad. 4028).

Luego, si en sede del recurso extraordinario y a través de la causal quinta de casación, se alega una deficiencia procedimental o irregularidad que no está contemplada dentro de los motivos expresa y taxativamente enumerados en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, es manifiesta su improcedencia, de ahí que deba desestimarse la acusación.

Por ello, para invocar con éxito un motivo de nulidad procesal bajo el amparo de ese motivo casacional, es necesario que se cumplan varias condiciones, según lo ha definido la Corte de manera reiterada:

a) Que las irregularidades aducidas como constitutivas de nulidad general existan realmente; b) Que además de corresponder a realidades procesales comprobables, esas irregularidades estén contempladas taxativamente dentro de las causales de nulidad adjetiva que enumera el referido artículo 140; y por último, c) Que concurriendo los dos presupuestos anteriores y si son saneables, respecto de las nulidades así en principio caracterizadas no aparezca que fueron convalidadas por el asentimiento expreso o tácito de la persona legitimada para hacerlas valer (CSJ SC 053 1997, del 2 de oct. de 1997, rad. 4850)

2. En el caso presente, el casacionista aduce como motivo de nulidad el establecido en el inciso sexto del artículo 121 del Código General del Proceso, cuyo contenido describe la hipótesis en que para resolver la segunda instancia, el Tribunal deja transcurrir el término legal de seis meses o de su prórroga por otro plazo igual, contados desde la recepción del expediente en la secretaría de la Corporación, supuesto en el cual ese texto legal, establece como consecuencia procesal que la actuación posterior «es nula de pleno derecho», debido a la pérdida de competencia para emitir la sentencia.

Bajo esa perspectiva, según lo tiene definido la doctrina, la competencia es «el conjunto de las causas en que, con arreglo a la ley, puede un juez ejercer su jurisdicción, y la facultad de ejercerla dentro de los límites en que le esté atribuida»(4); y se determina conforme a los conocidos fueros por materia (ratione materia) y cuantía (lex rubria) del proceso (factor objetivo), la calidad de las partes (ratione personae, factor subjetivo), naturaleza de la función (factor funcional), conexidad, economía o unicidad procesal (fuero de atracción) y lugar (factor territorial), que puede ser personal, real y contractual. El primero atiende al lugar del domicilio o residencia de las partes, el segundo consulta el lugar de ubicación de los bienes o del suceso de los hechos, y el último tiene en cuenta el lugar de cumplimiento del contrato.

Sin embargo, para el caso de la norma en comentario, la pérdida de competencia no está determinada por esos foros, sino por el simple paso del tiempo y surge de manera sobreviniente, a pesar de que inicialmente ese funcionario judicial era a quien de acuerdo con la ley, le correspondía conocer del asunto y no desde el mismo momento en el que le fue asignado, de ahí que para proferir la sentencia, una vez excedido el término señalado en la norma, se remita el diligenciamiento «al juez o magistrado que le sigue en turno» y en caso de que en el lugar no exista otro juzgador «de la misma categoría y especialidad», el proceso pasará al juez que designe la Sala de Gobierno del tribunal superior correspondiente, lo que indica que el legislador no desconoció la competencia inicialmente radicada en el funcionario judicial que superó el plazo para dirimir la instancia, sino que fija una regla de distribución del trabajo entre los jueces de un mismo ramo y categoría, a manera de un procedimiento de reparto.

3. No obstante, ni la duración de las instancias, ni la pérdida de competencia estuvieron siempre reguladas en el ordenamiento positivo.

3.1. Hasta el 12 de julio de 2010, el artículo 124 del Código de Procedimiento Civil no contemplaba un plazo en el que el juzgador debiera proferir la decisión con la que culminaría el grado de conocimiento. Fue la Ley 1395 de 2010, que entró en vigencia en la señalada fecha, la que adoptó un conjunto de medidas con el objetivo principal de reducir el número de inventarios inactivos en los despachos judiciales del país que incidía directamente en los niveles de congestión de la Rama Judicial(5).

Entre ellas, buscando que el proceso contara con un término máximo para ser resuelto y que las partes pudieran tener certeza del plazo con el que cuentan los juzgadores para dirimir la controversia, el artículo 9° de dicha normatividad de descongestión adicionó un parágrafo a la citada disposición procesal, que es del siguiente tenor:

PARÁGRAFO. En todo caso, salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso superior a un (1) año para dictar sentencia de primera instancia, contado a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada, ni a seis (6) meses para dictar sentencia en segunda instancia, contados a partir de la recepción del expediente en la Secretaría del Juzgado o Tribunal.

Vencido el respectivo término sin haberse dictado la sentencia, el funcionario perderá automáticamente competencia para conocer del proceso, por lo cual, al día siguiente, deberá informarlo a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y remitir el expediente al Juez o Magistrado que le sigue en turno, quien proferirá la sentencia dentro del término máximo de dos (2) meses. Sin embargo, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura podrá asignar el proceso a otro Juez o Magistrado si lo considera pertinente. El Juez o Magistrado que recibe el proceso deberá informar a la misma Corporación la recepción del expediente y la emisión de la sentencia.

Cuando en el lugar no haya otro juez de la misma categoría y especialidad, el proceso pasará a un juez itinerante o al de un municipio o circuito cercano que señale la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Para la observancia de los términos señalados en el presente parágrafo, el Juez o Magistrado ejercerá los poderes de ordenación e instrucción, disciplinarios y correccionales establecidos en la ley.

3.2. Posteriormente y en la medida en que no se había solucionado la problemática de congestión que aquejaba a los despachos judiciales, situación que impactaba de manera negativa la prestación del servicio y la celeridad de los procesos, el Gobierno Nacional, bajo la consideración de que durante el cuatrienio 2010-2014 el camino a la «Prosperidad Democrática» debía basarse en unos pilares dentro de los cuales se encuentra el «funcionamiento eficaz de la Justicia», formuló como estrategias fundamentales a adoptar en forma coordinada con la Rama Judicial las de «la implementación gradual de la oralidad en las distintas jurisdicciones y especialidades, y la flexibilización y armonización de procedimientos».

Tales acciones, según se expuso en el documento denominado «Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014», debían repercutir en «tiempos procesales más reducidos y en una mayor capacidad del aparato de justicia para responder en forma oportuna a las demandas ciudadanas»(6).

En consonancia con esa premisa, en el artículo 166 del texto aprobado en primer debate del PND y a raíz de las dificultades hermenéuticas que se generaron en la comunidad jurídica con la aplicación del artículo 9° de la Ley 1395 de 2010 se planteó una regla que sirviera de «interpretación auténtica» de esa norma(7), decidiéndose en el segundo debate sustituir el nombre del artículo por el de «gestión de la administración de justicia» que se estimó acorde con el contenido del precepto, y aclarar las inquietudes presentadas en torno a la aplicación de los términos de duración de las instancias a los procesos tramitados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, disponiendo excluirlos(8).

Así las cosas, el artículo 200 de la Ley 1450 de 2011 por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo para la vigencia 2010-02014, estableció lo siguiente:

Para todos los efectos legal es, en los procesos en los que la parte demandada ya se hubiere notificado del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo, el plazo de duración de la primera instancia previsto en el artículo 9o de la Ley 1395 de 2010, comenzará a contarse a partir del día siguiente a la vigencia de esta ley.

Desde esta última fecha también comenzará a correr el plazo de duración de la segunda instancia para los procesos que ya se hubieren recibido en la Secretaría del juzgado o tribunal.

Para los demás procesos, los plazos de duración previstos en el artículo 9o de la Ley 1395 de 2010 comenzarán a contarse desde el momento en que se configure el presupuesto establecido en esa disposición.

El plazo de duración para los procesos de única instancia será el señalado para los de primera.

Vencido el respectivo término sin haberse dictado la sentencia, el expediente pasará a un Juez o Magistrado itinerante designado por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura o quien siga en turno según lo prevé el artículo 9o de la Ley 1395 de 2010.

Los términos a que se refiere el artículo 9o de la Ley 1395 de 2010 no aplican en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

De acuerdo con el artículo 276 de la ley, ésta entraba a regir a partir de su publicación, lo que ocurrió el 16 de junio de 2011 con su inserción en el Diario Oficial No. 48102, por lo que a partir del 17 de junio de ese mismo año y según lo consagró el precepto transcrito, se contabiliza el término de un (1) año para resolver la primera instancia en los procesos en que ya se hubiere notificado del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago a la parte demandada, y el de seis (6) meses de duración del segundo grado de conocimiento en los expedientes recibidos por la secretaría del juez o tribunal ad quem.

En tanto que, en los demás procesos, el plazo para que el a quo dicte sentencia corre a partir de la notificación de los autos mencionados a la parte accionada, y el de dirimir la segunda instancia desde que se reciba el plenario en la secretaría del superior funcional.

Ahora bien, el artículo 200 de la Ley 1450 de 2011 aún no ha perdido vigencia, pues el canon 267 de la Ley 1753 de 2015 por medio de la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 dispuso que los preceptos de la primera que no hubieran sido derogados expresamente se aplicarían hasta su supresión o reforma por normatividad posterior, y tal disposición no se encuentra dentro de las que esa misma norma eliminó del ordenamiento jurídico, ni otra ley la ha modificado o suprimido.

3.3. Por último, en el artículo 121 del Código General del Proceso, se consagró lo que sigue:

Salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso superior a un (1) año para dictar sentencia de primera o única instancia, contado a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada. Del mismo modo, el plazo para resolver la segunda instancia, no podrá ser superior a seis (6) meses, contados a partir de la recepción del expediente en la secretaría del juzgado o tribunal.

Vencido el respectivo término previsto en el inciso anterior sin haberse dictado la providencia correspondiente, el funcionario perderá automáticamente competencia para conocer del proceso, por lo cual, al día siguiente, deberá informarlo a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y remitir el expediente al juez o magistrado que le sigue en turno, quien asumirá competencia y proferirá la providencia dentro del término máximo de seis (6) meses. La remisión del expediente se hará directamente, sin necesidad de reparto ni participación de las oficinas de apoyo judicial. El juez o magistrado que recibe el proceso deberá informar a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura sobre la recepción del expediente y la emisión de la sentencia.

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, por razones de congestión, podrá previamente indicar a los jueces de determinados municipios o circuitos judiciales que la remisión de expedientes deba efectuarse al propio Consejo Superior de la Judicatura, o a un juez determinado.

Cuando en el lugar no haya otro juez de la misma categoría y especialidad, el proceso pasará al juez que designe la sala de gobierno del tribunal superior respectivo.

Excepcionalmente el juez o magistrado podrá prorrogar por una sola vez el término para resolver la instancia respectiva, hasta por seis (6) meses más, con explicación de la necesidad de hacerlo, mediante auto que no admite recurso.

Será nula de pleno derecho la actuación posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia.

Para la observancia de los términos señalados en el presente artículo, el juez o magistrado ejercerá los poderes de ordenación e instrucción, disciplinarios y correccionales establecidos en la ley.

El vencimiento de los términos a que se refiere este artículo, deberá ser tenido en cuenta como criterio obligatorio de calificación de desempeño de los distintos funcionarios judiciales.

PARÁGRAFO. Lo previsto en este artículo también se aplicará a las autoridades administrativas cuando ejerzan funciones jurisdiccionales. Cuando la autoridad administrativa pierda competencia, deberá remitirlo inmediatamente a la autoridad judicial desplazada.

En lo concerniente a la vigencia de esta norma, el artículo 627 fija dos reglas:

Según lo previsto en el numeral 2º, la «prórroga del plazo de duración del proceso prevista en el artículo 121 de este Código, será aplicable, por decisión de juez o magistrado, a los procesos en curso, al momento de promulgarse esta Ley»;

Y en virtud de lo establecido en el numeral 6º, los demás artículos de la Ley 1564 de 2012 «entrarán en vigencia a partir del primero (1º) de enero de dos mil catorce (2014), en forma gradual, en la medida en que se hayan ejecutado los programas de formación de funcionarios y empleados y se disponga de la infraestructura física y tecnológica, del número de despachos judiciales requeridos al día, y de los demás elementos necesarios para el funcionamiento del proceso oral y por audiencias, según lo determine el Consejo Superior de la Judicatura, y en un plazo máximo de tres (3) años, al final del cual esta ley entrará en vigencia en todos los distritos judiciales del país» (subrayas fuera del texto).

En consecuencia, si el numeral 2º del citado canon hizo referencia únicamente a la prórroga del término para resolver la instancia que, por una sola vez, puede disponer el juez o el magistrado «hasta por seis (6) meses más, con explicación de la necesidad de hacerlo…», en sana lógica se infiere que las demás previsiones contenidas en el artículo 121 quedaron excluidas de esa regla de vigencia y, por lo tanto, se sujetan a lo previsto en el numeral 6° del artículo 627.

Significa lo anterior que con la promulgación del Código General del Proceso, que tuvo lugar el 12 de julio de 2012, solo entró en vigor el inciso 5º del artículo 121, y los restantes (1° a 4° y 6° a 8°) así como el parágrafo de esa norma comenzaban a regir, en forma gradual, a partir del 1º de enero de 2014, debiéndose cumplir los requerimientos establecidos en el numeral 6º del artículo 627.

3.4. En ese orden de ideas, para el 16 de noviembre de 2012, fecha en la que se profirió la sentencia impugnada, no se encontraba vigente la sanción prevista en el inciso 6º del artículo 121 de la Ley 1564, conforme al cual será «nula de pleno derecho la actuación posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia».

Las disposiciones que regían lo atinente a la duración de las instancias y la pérdida de competencia del fallador, eran, en ese momento, el parágrafo del artículo 124 del Código de Procedimiento Civil, adicionado por el artículo 9º de la Ley 1395 de 2010 y el artículo 200 de la Ley 1450 de 2011, por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.

En virtud de esos preceptos, el término para dictar el fallo de segunda instancia era de seis meses, que corrían desde el 17 de junio de 2011, toda vez que -se reitera- de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 200 de la Ley 1450, el término de duración del proceso en las instancias previsto en el artículo 9º de la Ley 1395 de 2010, «comenzará a contarse a partir del día siguiente a la vigencia de esta ley», la que de conformidad con lo establecido en el artículo 276 corresponde a la fecha de su publicación, que tuvo lugar el 16 de junio de 2011.

Sin embargo, ni el artículo 124 del estatuto procesal con la adición introducida por la Ley 1395, ni el artículo 200 de la Ley 1450, contemplan la invalidación de las actuaciones posteriores a la pérdida automática de competencia del juzgador, de modo que si, en este caso, la sentencia fue proferida, como así ocurrió, después del vencimiento del plazo de seis meses previsto legalmente, tal situación no configura la causal de nulidad alegada.

3.5. Si en gracia de discusión se considerara que tal circunstancia puede configurar un motivo de anulación, aunque aún no haya entrado en vigor el inciso 6° del artículo 121 del Código General del Proceso, habría que concluir necesariamente que no es de aquellos insubsanables, porque el único vicio relacionado con la falta de competencia del juez que por mandato legal reviste tal carácter es el derivado del factor funcional según lo dispuesto en el inciso final del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, de ahí que la determinada por ese criterio «temporal» en función de los plazos establecidos para resolver las instancias del proceso es susceptible de saneamiento.

En el sub judice, la supuesta causa de nulidad habría sido convalidada por el recurrente, quien no la alegó en oportunidad, esto es, inmediatamente feneció el término para decidir la segunda instancia, y ni siquiera recurrió el auto de 25 de septiembre de 2012, mediante el cual el Tribunal prorrogó, hasta por seis meses más, su competencia para proferir el fallo.

4. La causal quinta de casación -ha dicho esta Corte- requiere que se haya incurrido en «alguno de los supuestos de nulidad previstos por el ordenamiento jurídico», razón por la cual es «completamente improcedente una acusación en la que se denuncien irregularidades que no han existido, o que, de haber existido, no se encuentran descritas clara e inequívocamente dentro de tal categoría» (se subraya), lo que impide que «cualquier anomalía del proceso pueda ser alegada como tal, habida cuenta que, se insiste, ella sigue estando presidida por el principio de especificidad o taxatividad» (CSJ SC, 24 Oct 2006, Rad. 2002-00058-01).

En este caso, y según las precedentes consideraciones, la irregularidad que se adujo como fundamento del recurso extraordinario, no está contemplada en las normas procesales vigentes como motivo de nulidad, de ahí que el ataque resulta inane, y si llegara a estimarse que se estructuró el aludido vicio, aquel habría sido saneado por la parte impugnante.

En consecuencia, el cargo no está llamado a prosperar.

Cargo segundo

Se acusó a la sentencia de ser indirectamente violatoria de los artículos 1857, 669, 675, 706, 765, 950, 951, 955 y 961 del Código Civil y de las Leyes 57, 153 de 1887 y 200 de 1936, como consecuencia de errores de derecho, pues el Tribunal no hizo uso de la facultad oficiosa para el decreto de pruebas, conforme lo previenen los artículos 179 y 180 de la normatividad adjetiva.

Con sustento en precedentes de la Corte, el impugnante sostuvo que cuando un medio persuasivo obra en el expediente y, el funcionario judicial decide no incorporarlo debiendo hacerlo, se configura un yerro jurídico.

El sentenciador incurrió en esa equivocación, porque no decretó de oficio la prueba correspondiente a la escritura pública nº 1 de 31 de diciembre de 1886, mediante la cual Manuel María Palacio vendió al Municipio de Tubará el predio de mayor extensión del que fueron segregados los pretendidos en reivindicación, con lo cual se desvirtuaba la conclusión del sentenciador acerca de que esos bienes eran baldíos.

No solicitó el decreto de ese medio probatorio, porque consideró que el derecho de dominio lo acreditó con la resolución emitida por el municipio de Tubará y el folio de matrícula inmobiliaria en el que fue registrado; sin embargo, como la demandada y el Tribunal sostuvieron que el terreno a reivindicar era baldío, le correspondía a esa Corporación respaldar dicha conclusión con medios de convencimiento suficientes, para lo cual era necesario incorporar al expediente el aludido documento público.

Ese medio de convicción que el ad quem optó por no decretar como prueba, resultaba indispensable para resolver la controversia, pues tal acto escriturario es el título antecedente del derecho de dominio de la sociedad demandante sobre el predio de mayor extensión denominado «Bajo de Bula» y del cual se desprendieron, entre otros, los lotes «Salvación I» y «Salvación II».

Consideraciones

1. La función del juez como director del proceso le exige un comportamiento activo para establecer la veracidad de los hechos que ante él se presentan, mediante el decreto oficioso de las pruebas, con el fin de obtener suficientes medios de convencimiento que le permitan resolver de la mejor forma posible el asunto sometido a su escrutinio, ya que, como lo expuso Chiovenda, «una vez determinados los hechos que hayan de ser establecidos, el modo de hacerlo no puede depender de la voluntad de las partes, pues no hay más que una verdad»(9).

Nuestro sistema jurídico consagró el deber del funcionario judicial de ordenar ex officio los medios probatorios. En el ámbito constitucional, los artículos 228 y 229 le asignan al juez la labor de esclarecer los hechos relacionados con el litigio, y alcanzar la certeza necesaria que permita la protección del derecho subjetivo conculcado o amenazado, o respecto del cual se haya demandado su reconocimiento, como medio para lograr la realización de la justicia en sentido material.

Específicamente, dentro del ordenamiento adjetivo civil, el numeral 4º artículo 37 impone a la autoridad judicial el deber de emplear “los poderes que este Código le concede en materia de pruebas, siempre que lo considere conveniente para verificar los hechos alegados por las partes y evitar nulidades y providencias inhibitorias”.

Por su parte, los artículos 179 y 180 ejusdem autorizan «decretar pruebas de oficio» con las finalidades señaladas «en los términos probatorios de las instancias y de los incidentes, y posteriormente, antes de fallar».

2. Ahora bien, el error de derecho como motivo de casación consiste, según se ha definido en la equivocada estimación de una determinada prueba desde el punto de vista de su valor formal, vale decir, que al respectivo medio de convicción se le atribuye un estatus legal que no tenía o se le dejó de dar la eficacia que la ley le concede. Tal yerro se configura cuando el sentenciador desatina en la estimación jurídica del medio de prueba por trasgredir las normas que rigen la aducción, incorporación, práctica o eficacia de tales medios de convicción.

La Corte también ha admitido que se configura el yerro bajo análisis cuando el funcionario judicial incumple su deber de decretar pruebas de oficio, siempre y cuando se reúnan los demás requisitos de procedibilidad de la causal primera de casación, y sea obligatorio el decreto y la práctica de los medios probatorios omitidos, como ocurre por ejemplo tratándose de la prueba genética en los procesos de filiación o impugnación de la paternidad o maternidad; la inspección judicial en los de declaración de pertenencia; el dictamen pericial en los divisorios; las indispensables para condenar en concreto al pago de frutos, intereses, mejoras o perjuicios, etc. De igual modo debe practicarlas para impedir fallos inhibitorios y evitar nulidades.

Pero además, se estructura en aquellas situaciones en las que con posterioridad a la presentación de la demanda, sobreviene un supuesto fáctico que altera o extingue la pretensión inicial, y éste es demostrado con una prueba idónea que no ha sido legal y oportunamente incorporada al proceso. (CSJ SC, 12 Sep 1994. Rad. 4293).

Igualmente, cuando existen elementos de juicio suficientes que indican, con gran probabilidad, la existencia de un hecho que reviste especial trascendencia para la decisión, con el fin de aclarar los puntos oscuros o confusos que interesan al juicio.

2.1. En ese sentido, en oportunidad anterior esta Corporación precisó que «no siempre resulta de recibo el ataque a un tribunal por cometer error de derecho como consecuencia de la omisión en el decreto de pruebas de oficio, porque, en todo caso, tal yerro no puede configurarse en el vacío, esto es, no tiene cabida sobre pruebas de contenido o alcance incierto, sino que -por regla general- su alcance debe aparecer sugerido o insinuado en el expediente, cual acontece con aquéllas que tienen la condición de incompletas…» (CSJ SC, 18 Ago. 2010, Rad. 00101-01).

En estos dos últimos casos, la Sala ha sostenido que para la prosperidad del motivo de casación que se analiza, por la omisión en el decreto oficioso de pruebas «es requisito inexcusable, insoslayable e imperativo que la misma obre en el expediente, pues, de no hallarse físicamente en él no es válido aceptar una acusación de dicho talante». (CSJ SC, 24 Nov. 2008, Rad. 1998-00529-01; CSJ SC, 15 Dic. 2009, Rad. 1999-01651-01 y 2006-00161-01).

2.2. Sin embargo, salvo para los casos acabados de reseñar, el decreto de pruebas de oficio no constituye un imperativo legal, sino una facultad reconocida al juez, en desarrollo de su autonomía para la instrucción del proceso, por ello la omisión en el empleo de esa prerrogativa, no conduce de manera necesaria y en todos los casos, a la configuración del yerro de derecho.

3. La omisión censurada por la parte impugnante no es constitutiva del defecto acusado, por las siguientes razones:

3.1. La controversia corresponde a una acción reivindicatoria y, por lo tanto, no se enmarca en alguna de las hipótesis en las cuales por expreso mandato del legislador sea obligatorio e ineludible el decreto de pruebas de oficio, de ahí que por ese aspecto no se estructure la deficiencia endilgada.

3.2. Además, si bien el Tribunal no emitió una decisión en la que decretara de oficio la incorporación al expediente de la escritura pública nº 1 de 31 de diciembre de 1886 otorgada ante la Notaría Primera del Círculo de Barranquilla, tal circunstancia no es constitutiva del yerro de derecho atribuido al sentenciador.

En efecto, el ad quem consideró que la sociedad demandante no era titular del derecho de dominio sobre los predios pretendidos en reivindicación, pues la escritura pública a través de la cual Pedro Socarrás Rivera dijo transferir a la sociedad Lamadrid & Cía Ltda el derecho de posesión sobre el predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria nº 040-65840, no transmitió el comentado derecho real, pues correspondió a lo que se ha denominado una «falsa tradición».

A su vez estimó que el municipio de Tubará no estaba facultado para emitir la resolución mediante la cual se adjudicó el mencionado inmueble a la sociedad demandante, pues esa decisión recayó sobre un predio baldío, motivo por el cual solo el entonces Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -INCORA- era el organismo competente para resolver sobre su adjudicación y, por lo tanto, ese acto administrativo no constituía un título válido para transferir la propiedad.

Para demostrar el error de iure, el impugnante aduce que la escritura pública nº 1 de 31 de diciembre de 1886, constituía una pieza probatoria fundamental, pues con base en ella se acreditaba que la accionante era la propietaria de los terrenos conocidos como «Salvación I» y «Salvación II», motivo por el cual debió de oficio ser incorporada como medio persuasivo.

3.3. Como ya se advirtió el yerro denunciado no se configuró, a pesar de que en el expediente no obra una decisión en la que se dispusiera de manera oficiosa el decreto de esa prueba documental, porque independientemente de la trascendencia que ese acto escriturario pudiera tener en la solución de la controversia y su utilidad para esclarecer puntos oscuros o confusos, el Tribunal la evaluó, como se desprende del siguiente pasaje del fallo:

«De otro lado, en el segundo título inscrito, el Municipio de Tubará adjudica a la sociedad Lamadrid & Cía. Ltda. el lote de terreno localizado en el sector Bajo de Bula, en la consideración de no haber salido el bien de la propiedad primaria del municipio, dado que Tubará es el dueño absoluto del llamado resguardo indígena como quiera que lo compró a Manuel Palacio y otros, según Escritura Pública del 1º de diciembre 31 de 1886, Notaría 1º del Círculo de Barranquilla.

Sin embargo, dicho acto jurídico antecedente no aparece registrado ni en el certificado de Libertad y Tradición del predio con matrícula 040-0065840, ni en documento anexo»(10) (las negrillas no son del texto).

Por consiguiente, la omisión de la que se acusa al Tribunal no existió, pues a pesar de que no se ordenó incorporar de manera oficiosa ese instrumento público a la actuación procesal, de todas maneras el sentenciador lo valoró en la providencia impugnada y, por lo tanto, resultaría inútil cualquier actividad probatoria dirigida a decretar, de oficio, su incorporación.

4. Son suficientes las razones expuestas, para negar el acogimiento del reproche analizado en este acápite.

Cargo tercero

Se acusó la sentencia por la transgresión indirecta de los artículos 1857, 669, 675, 706, 765, 950, 951, 955 y 961 del Código Civil y de la Ley 200 de 1936, por aplicación indebida, como consecuencia del error de hecho en el que incurrió el ad quem en la apreciación de las pruebas, pues cercenó algunas y alteró el contenido material de otras, desaciertos que dieron origen a concluir que los predios a reivindicar pertenecían a un resguardo indígena, cuando realmente no formaban parte de él.

Ese yerro se produjo -sostuvo el censor- porque el ad quem concluyó que los terrenos conocidos como «Salvación I» y «Salvación II» eran baldíos, motivo por el cual solo el INCORA estaba autorizado para adjudicarlos, de ahí que el municipio de Tubará realmente no le transfirió el derecho de dominio a la demandante.

El sentenciador confundió los conceptos de baldío, vacante y resguardo indígena, contradicción que fue producto de las equivocaciones de facto por preterición y tergiversación de los siguientes medios probatorios:

a) La copia de la escritura pública nº 1 otorgada el 31 de diciembre de 1886, con la que se demostró que el municipio de Tubará adquirió por compra al señor Manuel Palacios el terreno que posteriormente le adjudicó a la sociedad demandante, del cual fueron segregados los inmuebles objeto de la reivindicación, de ahí que estos no sean baldíos, como equivocadamente lo concluyó el sentenciador.

b) La resolución nº 2689 de 3 de junio de 1987 emitida por el INCORA, pues no vio que allí solo se hizo alusión al predio conocido como «La Bahía», diferente al denominado «Bajo de Bula», del cual se desprendieron los predios cuya reivindicación se persigue.

c) El dictamen pericial presentado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y su complementación, en el cual se concluyó que «no se trata de un mismo predio, ni el uno contiene al otro, sino de predios completamente distintos, con tradiciones distintas y colindantes entre sí», vale decir que los inmuebles «Bajo de Bula» y «La Bahía» son distintos, pero colindantes.

Por ello, este último puede corresponder a un terreno baldío, pues sobre él se realizó el proceso de clarificación de la propiedad por parte del INCORA, pero tal circunstancia no permitía hacer extensivas las condiciones de éste al terreno denominado «Bajo de Bula».

Es claro que son bienes vacantes aquellos inmuebles que tuvieron dueño, pero que se encuentran en estado de abandono, en tanto que los baldíos jamás tuvieron propietario y por esa razón pertenecen a la Nación, motivo por el cual respecto de los primeros se puede transmitir el derecho de propiedad.

Los fundos que se reclaman en la acción de dominio se declararon vacantes y, por lo tanto, podían ser adjudicados, distinción que fue establecida incluso desde la época colonial.

También se equivocó el Tribunal al concluir que los bienes reivindicados pertenecían a un resguardo indígena, pues aunque alguna vez tuvieron esa condición, en el año de 1886 se declararon vacantes y, como lo disponían las normas de esa época fueron objeto de remate, momento en el cual dejaron de pertenecer al resguardo indígena, por cuanto fueron adquiridos por Manuel María Palacios, quien después los vendió al municipio, tal como se demostró con la escritura pública nº 1 otorgada el 31 de diciembre de 1886.

Cargo cuarto

Se denunció la violación indirecta de los artículos 1857, 669, 675, 706, 765, 950, 951, 955 y 961 del Código Civil y de la Ley 200 de 1936, debido al desconocimiento de algunas pruebas y a la tergiversación material de otras.

El error de hecho se configuró -afirmó el casacionista- porque frente a la Resolución nº 007 de 28 de enero de 1998, expedida por el Alcalde Municipal de Tubará, «el Tribunal no lo (sic) tuvo en cuenta o al tenerlo fue para descalificarlo, lo excluyó como demostrativo de la propiedad de mi cliente»(11).

Concluyó el fallador que ese acto administrativo no acreditaba el derecho de dominio de la demandante, porque la adjudicación recayó sobre unos terrenos baldíos, cuando como se vio, esos predios no tienen dicha calidad, ni hacen parte de un resguardo indígena; por lo tanto, la resolución mencionada sí era idónea para acreditar el derecho de propiedad de la demandante sobre los terrenos objeto de la reivindicación.

Además, la escritura pública nº 284 de 5 de febrero de 1998, a través de la cual se protocolizó ese acto administrativo fue inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria nº 040-65840, cuyo análisis también omitió.

De no haber incurrido en esa equivocación, el sentenciador hubiese concluido que el bien no era baldío, sino que fue vacante y, por lo tanto, de propiedad de la actora. En consecuencia, el Tribunal debió proceder a confrontar los títulos de dominio para establecer quién tenía el derecho sobre el terreno, pues tanto la resolución emitida por el INCORA, como la proferida por el municipio de Tubará, se presumen «auténticas y sometidas a la legalidad».

Consideraciones

1. Cuando se denuncia una sentencia por incurrir en error de hecho en la apreciación de las pruebas, el recurrente tiene la carga no sólo de individualizar los medios de convicción sobre los cuales afirma que recae el equívoco, sino que, además, debe demostrar de qué manera se generó la supuesta preterición o cercenamiento, de tal suerte que la valoración realizada por el sentenciador se muestre ostensiblemente manifiesta, contraevidente, absurda, alejada de la realidad del proceso o sin ninguna justificación fáctica.

La prueba de demostrar el error de hecho imputable al juzgador -ha dicho la Sala- corresponde exclusivamente al impugnante por mandato del artículo 374 del C. de P. C., pero esa labor no puede reducirse a una simple exposición de puntos de vista antagónicos, fruto de razonamientos o lucubraciones meticulosas y detalladas, porque en tal evento el error dejaría de ser evidente o manifiesto conforme lo exige la ley, caso en el cual la Corte no podría tomar partido distinto al consignado en la sentencia combatida… (G.J. Tomo LXXVII, p. 972).

De igual modo, ha afirmado que no por existir «la posibilidad de que una de las partes traiga del acervo probatorio conclusiones diversas a la del sentenciador, esta última deviene sin más en contraevidente, y de ahí que, cual lo ha puntualizado con insistencia la Corte, sea necesario que la labor del recurrente se encamine a demostrar el error visiblemente grave del juzgador. (CSJ SC, 23 Feb. 2001, Rad. 6399)

Los jueces de instancia -sostuvo en otra oportunidad- para el cabal ejercicio de su labor, gozan de una discreta autonomía en la valoración de las pruebas, como facultad inherente a la función de determinar si un hecho alegado es susceptible o no, en razón de su prueba, de subsumirse en la hipótesis legal que el actor o el demandado pretenden. Esa discreta autonomía en la valoración de las pruebas, ha de ser respetada en casación, y por eso es que, conforme ya se indicó, la demostración del error de hecho en la apreciación del caudal probatorio debe hacer patente la equivocación del Tribunal hasta el punto de que dicho error ‘salte a la vista’, como ha sido usual describirlo (CSJ SC, 24 Oct. 2001. Rad. 6722).

De lo anterior se entiende la necesidad de señalar cada uno de los medios de prueba que el juzgador dejó de considerar o apreció de modo erróneo, para posteriormente hacer una comparación entre lo que manifestó en la decisión reprochada y lo que esas pruebas realmente dicen o dejan de decir, a fin de establecer que la desfiguración material de la realidad es innegable.

Cualquier argumento dirigido a volver a examinar la situación fáctica, por mostrar el recurrente una simple divergencia frente a la reflexión crítica del fallador, resultará infructuoso si no se deja al descubierto la magnitud y trascendencia del error que se produjo en la valoración de todas las pruebas en las que se sustentó la decisión.

2. Los razonamientos expuestos son pertinentes, porque el impugnante censuró el análisis efectuado por el ad quem respecto de los medios probatorios, de ahí que le corresponde a la Corte dilucidar si en verdad el juzgador de segundo grado incurrió en desaciertos de orden fáctico protuberantes y trascendentes, a tal punto que de no haber existido, la decisión sería distinta de la que aparece consignada en el fallo objeto del recurso extraordinario.

En opinión del casacionista, el Tribunal «desconoció» la escritura pública nº 1 de 31 de diciembre de 1886, documento que de haber evaluado, lo hubiese llevado a concluir que el municipio de Tubará compró al señor Manuel Palacios el terreno que posteriormente adjudicó a la actora, acto escriturario que -según el censor- era determinante para concluir que el predio no era baldío, pues estos corresponden a aquellas porciones del territorio de la Nación que pertenecen a ésta por no haber sido transmitidos a persona alguna, característica que no tiene el inmueble adjudicado, toda vez que estuvo bajo dominio privado.

Sin embargo, contrario a lo que sostiene el impugnante, el ad quem no ignoró ese documento público, sino que al valorarlo como título antecedente del derecho de dominio de la actora, encontró que no había sido inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria nº 040-0065840, correspondiente al predio que fue adjudicado a la demandante, motivo por el cual no era útil para acreditar que la sociedad accionante era la propietaria de los terrenos «Salvación I» y «Salvación II».

2.1. Por otra parte, afirma el censor que la corporación judicial soslayó que la decisión contenida en la Resolución nº 2689 de 3 de junio de 1987, emitida por el entonces Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -INCORA-, con base en la cual concluyó que los terrenos materia de la reivindicación eran baldíos, únicamente recayó sobre el inmueble «La Bahía» y que ninguna determinación fue adoptada en relación con el predio conocido como «Bajo de Bula», del cual fueron segregados los bienes raíces objeto de las peticiones de la demandante.

En lo pertinente, el mencionado acto administrativo resolvió:

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar que no han salido del patrimonio del Estado y por tanto, conservan la condición de baldíos, los terrenos que conforman el predio rural denominado LA BAHÍA, ubicado en jurisdicción del Municipio de TUBARA, Departamento del ATLÁNTICO, con una extensión total aproximada de ciento treinta y cinco (135) hectáreas y comprendido dentro de los siguientes linderos: (…)

ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al señor Procurador Agrario y a los interesados (…)

ARTÍCULO TERCERO.- Solicitar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, Seccional de Barranquilla la inscripción de esta providencia en el folio de Matrícula Inmobiliaria Nº 040-0158945, e inserte bajo la misma matrícula la siguiente anotación:

En los certificados que expida, el Registrador dejará constancia de la condición jurídica de BALDIOS que tienen los terrenos que conforman éste bien inmueble.

ARTÍCULO CUARTO.- Contra la presente resolución y por la vía gubernativa solo procede el recurso de reposición…

2.1. En esa decisión únicamente se declaró baldío el inmueble conocido como «La Bahía», identificado con la matrícula inmobiliaria nº 040-0158945, sin que una determinación similar se adoptara frente al inmueble denominado «Estrella del Carmen», cuyo número de matrícula inmobiliaria es 040-65840 y del cual se desprendieron los lotes «Salvación I» y «Salvación II».

Sin embargo, contrario al contenido material de esa probanza, el Tribunal señaló:

Extraña a la Sala que el Municipio de Tubará expida una Resolución (007 de Enero 28 de 1998) de adjudicación, once (11) años después de que el INCORA, mediante la Resolución nº 2689 de junio 3 de 1987, declarara como baldíos los predios.

Itera la Sala, el actor no ha demostrado ser el titular de dominio de los inmuebles que pretende reivindicar, puesto que los documentos anexos así lo prueban (…) ii) la adjudicación gratuita que en 1998 le hizo el Municipio de Tubará, mal podía ser realizada por tal ente, dado que tratándose de un baldío como viene demostrado, tal facultad de adjudicación estaba reservada al INCORA.

Respecto de los bienes objeto de la demanda, denominados por el demandante como Salvación I y Salvación II y que hacen parte del bien inmueble de mayor extensión matriculado con el Nº 040-65840 denominado Bajo de Bula, a su vez declarado baldío por el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria mediante Resolución nº 002689 de 1987…»(12).

En consecuencia es evidente el yerro cometido por el sentenciador al apreciar esa prueba, pues al evaluarla, tergiversó su contenido material, yerro que lo condujo a concluir que los predios objeto de la acción reivindicatoria, habían sido declarados baldíos por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, a través de la Resolución nº 2689 de 3 de junio de 1987.

2.2. En desarrollo de su acusación el impugnante señaló que el ad quem descartó por completo el dictamen pericial y su complementación, realizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con base en los cuales se acreditó que los predios conocidos como «Bajo de Bula» y «La Bahía» son diferentes, pero colindantes.

Si se repara en el mencionado trabajo, se observa que el experto conceptuó:

Según la cartografía del IGAC, los predios La Salvación I, se encuentra inscrito bajo la referencia catastral 00-03-0001-0576-000 y el Salvación II, con la referencia catastral 00-03-0001-0579-000, estos predios provienen de la referencia catastral 00-03-0001-0037-000, denominado Bajo de Bula y su colindante por el lado Occidental es el predio 00-03-0001-0038-000 denominado La Bahía, de propiedad de Inversionistas y Corredores de Bolsa RAUL ABUCHAIBE, hoy inscrito nombre de los diferentes adjudicatarios de INCORA.

Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que no se trata de un mismo predio, ni el uno contiene al otro, sino de predios completamente distintos, con tradiciones distintas y colindantes entre sí(13).

Esa prueba que el Tribunal pasó por alto, era determinante para establecer que los terrenos objeto de la reivindicación eran diferentes a los que el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria declaró baldíos y, posteriormente, adjudicó.

A su vez, esa omisión del sentenciador generó que le restara valor probatorio a la Resolución nº 007 de 28 de enero de 1998, expedida por el alcalde municipal de Tubará, así como a la escritura pública nº 284 de 5 de febrero de 1998 de la Notaría Décima del Círculo de Barranquilla, a través de la cual se protocolizó dicho acto administrativo, toda vez que en el fallo se consideró que como los predios adjudicados a la sociedad demandante por el municipio tenían la condición de baldíos, no era esa la autoridad competente para transferir la propiedad, sino el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.

3. Sin embargo, las mencionadas equivocaciones son intrascendentes para casar el fallo de segundo grado, toda vez que de situarse la Corte en sede de instancia ante este reconocimiento, tendría que concluir que la acción reivindicatoria está destinada al fracaso, porque no se cumple uno de los presupuestos para su prosperidad, específicamente, el de la identidad de los predios «Salvación I» y «Salvación II» con los que fueron adjudicados por el INCORA.

3.1. En efecto, entre los elementos esenciales cuya acreditación es requerida con miras al buen suceso de la acción reivindicatoria, se encuentran: a) derecho de dominio en cabeza del actor; b) posesión del bien materia de la reivindicación por parte del demandado; c) identidad del bien poseído con aquel cuya recuperación se pretende; y d) que se trate de una cosa singular o de cuota proindiviso de cosa singular.

En lo que respecta al tercero de los mencionados, no hay ninguna duda de que la identidad se refiere a la coincidencia que debe existir entre la cosa pretendida por el reivindicante y aquella que está siendo poseída por el demandado.

En la demanda se solicitó declarar que pertenecen al dominio pleno y absoluto de la sociedad actora los predios «Salvación I» y «Salvación II», identificados con los folios de matrícula inmobiliaria números 040-311-690 y 040-311-691 respectivamente, los cuales fueron segregados del globo de mayor extensión al que le corresponde el número de registro 040-65840, conocido como «Estrella del Carmen»¸ comprendido dentro de los siguientes linderos: «NORTE con predios de Manuel del Rosario Ariza y Rufino Corro. SUR: arroyo de pto Caimán y predio de Mariano Ariza. ESTE: con predios de Manuel Bolívar y Domingo Maury, OESTE, con predios de Carlos Llanos y Alberto Ariza»(14).

Por su parte, la entidad demandada declaró como baldío el predio denominado «La Bahía», al cual se le aisgnó la matrícula nº 040-158945, y cuyos linderos son los que siguen:

NORTE: en línea de ochocientos metros (800 mts) y azimut Nº 65ª30’ W linda con predios que son o fueron de Ángel María de la Cruz y sucesores de Pedro Mendoza; por el SUR: en línea de ochocientos ocho metros (808 mts) y azimut nº 30ª30’ E, linda con el predio que es o fue de los señores Ariza; por el ESTE en línea de ochocientos doce metros (812 mts) y azimut N 17ª30’W, linda con el antiguo camino público de Caimán a HIgueteral; por el OESTE: mide mil trescientos cuarenta metros (1.340 mts) con el Mar de las Antillas y en parte con predio que es o fue de Mariano Ariza. Por el NOROESTE: en línea de novecientos diez metros (910 mts) y azimut S 27 ª W con predios que son o fueron de sucesores de Pedro Mendoza.

3.2. Después de contrastar los linderos de los referidos predios, se advierte que no existe identidad alguna entre ellos, conclusión que también encuentra respaldo en el dictamen pericial rendido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, al que se hizo mención antes.

En consecuencia, los cargos conjuntados no prosperan.

Cargo quinto

Acusó el fallo con fundamento en la causal primera del artículo 368 de la normatividad adjetiva por violación indirecta de los artículos 1857, 669, 675, 706, 765, 950, 951, 955 y 961 del Código Civil y las leyes 200 de 1936 y 153 de 1887, como consecuencia del error de hecho en que incurrió en la apreciación de «varias pruebas» y al «haber mal interpretado la demanda presentada»(15), con lo cual incurrió en yerro fáctico, pues concluyó que el INCORA no tenía la calidad de poseedor.

El sentenciador estableció, con base en la contestación presentada por la convocada, que esa institución se dedicaba a «administrar bienes baldíos por así haberlo determinado la ley, para adjudicarlos cuando se cumplan las condiciones previstas»(16) y, por lo tanto, no era poseedora, sino tenedora del predio.

Sin embargo, pasó por alto la pretensión segunda del libelo con el que se promovió la acción, en la que solicitó dar aplicación al artículo 955 del Código Civil, pues si el terreno había sido enajenado, lo lógico era que se ordenara la restitución por el equivalente a su valor, pues se hacía imposible perseguirlo.

Al desconocer ese texto legal, el ad quem «violó las normas que regulan la reivindicación propiamente dicha, el derecho de dominio, el justo título y la transferencia de los bienes inmuebles»(17).

Consideraciones

1. Las acusaciones por transgresión de la ley sustancial -por vía directa o indirecta- planteadas con apoyo en la causal primera de casación, exigen del impugnante el cumplimiento de algunas cargas procesales relacionadas con la formulación y sustentación de la censura, cuya desatención acarrea irremediablemente la improsperidad del cargo.

Tratándose del error de facto, es necesario que el recurrente ponga de presente la manera en que el juzgador incurrió en tal violación, para lo cual es imperativo identificar los medios de convicción sobre los cuales recayó la equivocación del fallador y hacer evidente el cercenamiento o tergiversación, lo que se deberá señalar de manera manifiesta, de tal suerte que haga ver que la valoración realizada por el juzgador resulta absurda, alejada de la realidad del proceso o sin ninguna justificación.

En ese orden de ideas, no resulta suficiente que el impugnante se limite a manifestar su inconformidad con la apreciación probatoria contenida en el fallo, porque esa indicación apenas pone al descubierto la divergente interpretación de la parte; empero, nada aporta en punto de identificar con exactitud los desaciertos que se atribuyen al fallador.

Esos equívocos -según ha sostenido la Sala- «deben encarnar, por expresa exigencia legal, una gruesa deformación material de la prueba producida y hallarse en la base misma del razonamiento sobre el cual descansa la providencia impugnada; y deben inevitablemente apartarse de la verdad objetiva a cuya búsqueda tiende el proceso, de manera que lo manifiesto o notorio de aquella deformación dice relación a que son las propias circunstancias del expediente las que por fuerza de cualquier posible duda desmienten el sentido que el juzgador de instancia le atribuye a ciertos elementos demostrativos, así como también a la trascendencia que una premisa errónea de este linaje tiene frente a la decisión judicial adoptada» (CSJ SC, 19 Feb. 2002, Rad. 7162).

2. La censura dirigida a enrostrarle al juzgador la comisión de supuestos errores de hecho en la apreciación de algunas pruebas y en la interpretación de la demanda, no satisface los requisitos establecidos en el ordenamiento adjetivo en cuanto a la formulación técnica del reproche por violación indirecta de la ley sustancial.

En efecto, el censor no individualizó los medios probatorios respecto de los cuales se habría incurrido en la alegada equivocación y menos aún señaló su contenido, ni procedió a continuación a contrastarlos con las conclusiones del fallo, para dejar en evidencia su falta de concordancia con los primeros.

Tampoco identificó los pasajes de la demanda indebidamente interpretados, ni realizó una labor de comparación entre el contenido de ese escrito y las inferencias del sentenciador, de la cual pudiera colegirse que, ciertamente, éstas son equivocadas.

En suma, el cargo no fue planteado «en forma clara y precisa» tal como lo exige el numeral 3° del artículo 374 de la codificación procesal, pues el requisito que se comenta no puede tenerse por cumplido cuando, de forma genérica, se atribuye al fallador la comisión de errores fácticos en la apreciación de «varias pruebas» y por «haber mal interpretado la demanda presentada».

3. Es suficiente lo discurrido para negarle prosperidad al reproche analizado.

Ante el fracaso de la impugnación extraordinaria, se condenará a la recurrente al pago de las costas causadas en esta sede, y para la fijación de agencias en derecho se tomará en cuenta que el INCORA formuló oposición a la demanda de casación.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, NO CASA la sentencia de 16 de noviembre de 2012, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en el asunto referenciado.

Costas del recurso a cargo de la impugnante. En la liquidación inclúyase como agencias en derecho la suma de $6’000.000,oo a favor del Instituto Colombiano de Reforma Agraria -INCORA-, por cuanto formuló réplica a la demanda de casación.

Notifíquese».

(2) Instituciones de derecho procesal civil según el nuevo código. Vol. I. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, 1986, p. 321-322.

(3) Alsina, Hugo. Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial, Tomo I. 2da. Edición, Buenos Aires: Ediar. Soc. Anón. Editores, 1956, p. 652.

(4) CHIOVENDA, José. Derecho Procesal Civil, Tomo I, p. 621.

(5) Ponencia para primer debate en el Senado de la República del Proyecto de Ley No. 197 de 2008, por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial. Gaceta del Congreso. 10 de junio de 2009, Año XVIII - Nº 481.

(6) Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Departamento Nacional de Planeación, 2011. p. 406.

(7) Texto aprobado en primer debate por las Comisiones Terceras y Cuartas Constitucionales Permanentes de la Honorable Cámara de Representantes y del Senado de la República, en sesión conjunta del 17 de marzo de 2011 al Proyecto de Ley No. 179 de 2011 Cámara, 218 de 2011 Senado.

(8) Ponencia para segundo debate Proyecto de Ley 179 de 2011, Gaceta del Congreso No. 193 de 2011. El texto no fue modificado en los siguientes debates.

(9) CHIOVENDA, Giuseppe. Instituciones de derecho procesal civil. Tomo III. México: Editorial Jurídica Universitaria, 2002, p. 68.

(10) Folio 139, c. 9.

(11) Folio 47, c. Corte

(12) Folio 146, c. 9.

(13) Folio 356, c. 1.

(14) Folio 20, c. 1.

(15) Folio 53, c. Corte.

(16) Folio 54, ibídem.

(17) Folio 54, c. 1